Noticia:
Rusia y la Unión Europea no resolvieron este viernes sus discrepancias sobre energía, seguridad internacional y relaciones con sus vecinos comunes. Pero en su cumbre en Jabárovsk, en el Lejano Oriente ruso -nueve horas de diferencia horaria con Bruselas-, marcaron cauces para un debate que en esencia se centra en los deseos de Moscú de revisar radicalmente instituciones comunes surgidas en los 90 -el Tratado de la Carta de la Energía y una arquitectura de seguridad europea dominada por la OTAN- y la voluntad europea de mantenerlas con posibles adaptaciones a lo sumo.
El presidente de Rusia fue rotundo sobre el Tratado de la Carta de la Energía, que Rusia y otros 51 países firmaron en 1991, pero que Moscú no ha ratificado porque considera que es desequilibrada y perjudicial para los intereses de los países productores. Moscú, según dijo Dmitri Medvédev, no tiene intención de convertirse en miembro de la Carta de la Energía "en su redacción actual" ni tampoco de utilizar el protocolo de tránsito adjunto.
Este acuerdo regula, entre otras cosas, el transporte de energía para garantizar la seguridad del suministro de la UE y las disputas que puedan surgir, como la que enfrentó a Rusia y Ucrania en enero pasado y dejó sin gas a varios países de la UE.
Medvédev considera que no hay que "echar la Carta a la papelera", sino utilizarla para "un nuevo acuerdo" o para "una nueva versión". A este efecto, Medvédev presentó en abril en Helsinki sus propias propuestas. Los europeos, por su parte, defienden la Carta Energética, pero están dispuestos a considerar modificaciones. En el documento de Medvédev "hay cosas que podemos aceptar y otras no", dijo Javier Solana, el alto representante de la política exterior y de seguridad de la UE. "Han surgido elementos para discutir y eventualmente integrar propuestas rusas en una revisión global del acuerdo actual", manifestó Solana.
Seguridad y gas
Un proceso hasta cierto punto paralelo se abre también a los temas de seguridad. Medvédev, que en 2008 propuso en Berlín una nueva arquitectura de seguridad europea, insiste en que se celebre una conferencia internacional sobre este tema. La UE acepta la discusión que, de entrada, se canalizará a través de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y continuará con una reunión de ministros de Exteriores en Corfú en junio.
El diálogo no disuelve los huesos de la relación entre Moscú y Occidente, como la ampliación de la OTAN, el emplazamiento de elementos del escudo antimisiles norteamericano en Polonia y la República Checa. Pero en tiempos de crisis y con problemas tan graves como la situación en Afganistán, ni Moscú ni Bruselas quieren ahondar en las diferencias.
Una de ellas es saber quién tiene más interés en financiar las importaciones de gas de Ucrania. Medvédev pidió a la UE que ayude a sindicar un crédito para que Kiev pueda pagar a Gazprom los 4.000 millones de dólares que cuestan los 19.400 millones de metros cúbicos de gas que ha de bombear en sus depósitos para que los ucranios y también los europeos afronten el invierno con seguridad. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, pidió a Rusia y a Ucrania que eviten una nueva crisis el año próximo y subrayó que la UE ha propuesto un mecanismo para prevenirlas a tiempo.
En lo que se refiere a los países vecinos -los seis poscomunistas (Azerbaiyán, Bielorrusia, Ucrania, Armenia, Moldavia y Georgia) con los que la UE ha formado la Asociación Oriental-, el presidente ruso dijo que no ve del todo "claro" cómo se desarrollará la colaboración y señaló que algunos de los implicados la consideran una "asociación contra Rusia".
Rumania
El tono distendido de la cumbre no evitó que Medvédev planteara duramente su descontento por la política de Rumania, miembro de la UE, tanto sobre el reparto de pasaportes rumanos a ciudadanos moldavos como por las recientes declaraciones de su presidente, Traian Basescu, en las que comparaba la firma de un tratado fronterizo con Moldavia con el pacto Mólotov-Ribentropp, firmado en 1939 entre Alemania y la Unión Soviética.
La UE carece de instrumentos para contener el rumbo desestabilizador de Bucarest en Moldavia, pero fuentes europeas reconocían este viernes que Rumania se ha convertido en un serio problema para el que no se estaba preparado y del que "nadie se atreve a hablar claramente" en Bruselas. "No tenemos instrumentos para abordarlo", manifestaron.
Jabárovsk es la capital del distrito federal del Lejano Oriente (una de las siete agrupaciones administratativas de Rusia), y su elección para la cita anual con la UE situó como telón de fondo del evento a China, a 20 kilómetros de distancia y al otro lado del río Usuri, por el que los invitados europeos pasearon en barco el jueves por la noche. Medvédev insistió en que el Lejano Oriente es tan importante para Moscú como Europa y en que no en vano el "águila del escudo nacional es bicéfala".
El presidente instó a una mayor cooperación en materia energética con Pekín, que ya financia con 25.000 millones de dólares una rama del oleoducto desde Siberia oriental. El líder ruso no contrapuso Europa y Asia. En un mundo globalizado, la contraposición no era del todo actual, tanto más cuanto que la mayoría de los participantes europeos de la cumbre llegó en avión desde Pekín, tras celebrar una cumbre UE-China.
Comentario:
A segir con las pláticas hasta que haya un acuerdo. Es fundamental para ambas regiones.
sábado, 23 de mayo de 2009
Dimite el presidente de AIG designado por Obama.
Noticia:
El Gobierno estadounidense le sacó de la jubilación y ahora que considera que su trabajo ya está terminado, Edward Liddy, presidente y consejero delegado de AIG, ha decidido dejar su puesto. Su renuncia llega ocho meses después de que el Ejecutivo de Obama le pusiese al frente de la aseguradora para tratar de sacarla a flote.
"Con la ayuda financiera del Banco de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro", ha dicho Liddy, en referencia a la inyección de dinero público de 182.000 millones de dólares (163.000 millones de euros), "hemos logrado sustanciales avances en la estabilización de AIG, al reducir los riesgos internos que llevaron al rescate del Gobierno". Según Liddy, AIG, que en su día fue la aseguradora más importante del mundo, necesitará varios años para recuperar su posición y recomendó a su sucesor que "tenga ese mismo horizonte temporal".
En su comunicado de despedida, Liddy ha recomendado a los gestores de AIG que separen los cargos de presidente y consejero delegado de la aseguradora, algo a lo que el consejo se ha comprometido a hacer.
El consejero de la firma, Stephen Bollenbach, ha alabado la función de Liddy y ha recordado que "a mediados de septiembre de 2008, Liddy respondió a la llamada de su país y a las necesidades de AIG en medio de uno de los períodos más oscuras de la crisis financiera". Entonces, el ya ex presidente y consejero delegado salió de la jubilación y aceptó el reto, cobrando un salario simbólico de sólo un dólar al año.
Comentario:
¿No pudo con el paquete?
El Gobierno estadounidense le sacó de la jubilación y ahora que considera que su trabajo ya está terminado, Edward Liddy, presidente y consejero delegado de AIG, ha decidido dejar su puesto. Su renuncia llega ocho meses después de que el Ejecutivo de Obama le pusiese al frente de la aseguradora para tratar de sacarla a flote.
"Con la ayuda financiera del Banco de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro", ha dicho Liddy, en referencia a la inyección de dinero público de 182.000 millones de dólares (163.000 millones de euros), "hemos logrado sustanciales avances en la estabilización de AIG, al reducir los riesgos internos que llevaron al rescate del Gobierno". Según Liddy, AIG, que en su día fue la aseguradora más importante del mundo, necesitará varios años para recuperar su posición y recomendó a su sucesor que "tenga ese mismo horizonte temporal".
En su comunicado de despedida, Liddy ha recomendado a los gestores de AIG que separen los cargos de presidente y consejero delegado de la aseguradora, algo a lo que el consejo se ha comprometido a hacer.
El consejero de la firma, Stephen Bollenbach, ha alabado la función de Liddy y ha recordado que "a mediados de septiembre de 2008, Liddy respondió a la llamada de su país y a las necesidades de AIG en medio de uno de los períodos más oscuras de la crisis financiera". Entonces, el ya ex presidente y consejero delegado salió de la jubilación y aceptó el reto, cobrando un salario simbólico de sólo un dólar al año.
Comentario:
¿No pudo con el paquete?
Obama: "EE UU había perdido el rumbo".
Noticia:
Convocando a la unidad a una nación aún sacudida por el pasado, Barack Obama insistió este jueves en la necesidad de combatir el terrorismo con las armas de la Constitución, reafirmó su voluntad de cerrar la prisión de Guantánamo y acabar con la tortura como medidas imprescindibles para reconducir por el camino de la ley a una sociedad que "había perdido el rumbo" y a punto estaba de perder también sus "sagrados valores" democráticos.
Cuando se vio ante una amenaza desconocida, nuestro Gobierno tomó una serie de decisiones precipitadas. En lugar de recurrir al poder de nuestros principios, vimos esos principios como un lujo que ya no podíamos permitirnos. Y en esa época de miedo, demasiados de nosotros -demócratas y republicanos, políticos periodistas y ciudadanos- guardamos silencio. En otras palabras, perdimos el rumbo", dijo Obama en un discurso largo y solemne que trata de devolver a su punto original (la herencia de George Bush) el debate sobre los límites y las contradicciones de la política de seguridad de esta Administración.
El presidente aseguró que lo que él trata de hacer, con Guantánamo y otras medidas controvertidas, como la publicación del dossier sobre torturas y la prohibición de las fotos sobre interrogatorios, es "arreglar el lío" dejado por los anteriores gobernantes.
"Creo que las decisiones [del Gobierno anterior] estaban motivadas por el deseo sincero de proteger al pueblo estadounidense", dijo Obama. "Pero también creo que, con demasiada frecuencia, nuestro Gobierno tomó esas decisiones basado más en el miedo que en la previsión, y que, con demasiada frecuencia, se maquillaron los hechos para adecuarlos a las predisposiciones ideológicas".
La voluntad del presidente, según dijo, no es ahora renunciar a derrotar el terrorismo, sino hacerlo desde una nueva perspectiva, con la convicción de que "nunca, nunca más se dará la espalda a los principios con el pretexto de la eficacia".
Este discurso llega después de varios días en los que Obama ha estado sometido a diversas críticas desde los dos polos del ámbito político por las dificultades surgidas para el cierre de Guantánamo y por el posible riesgo que sus decisiones representan para la seguridad nacional. Este jueves, después de que Obama finalizara su intervención, tomó la palabra el que ha sido el más conspicuo crítico del presidente, el ex vicepresidente Dick Cheney . Ambos personajes vienen librando un duelo dialéctico que apasiona a los periodistas, pero distorsiona el equilibrio entre Gobierno y oposición.
El presidente eligió para su mensaje un escenario que hablaba por sí solo: los Archivos Nacionales, el custodio de los documentos que guían este país desde 1776, la Declaración de Independencia, la Constitución y la Declaración de Derechos. A ellos apeló Obama para defender su estrategia contra el terrorismo. "Desde Europa al Pacífico, hemos sido una nación que ha cerrado cámaras de tortura y ha reemplazado tiranías por el imperio de la ley", recordó. "Ahora, donde los terroristas ofrecen sólo la injusticia del desorden y la destrucción, EE UU tiene que demostrar que nuestros valores e instituciones son más sólidos que su ideología de odio".
Una de las formas de demostrarlo es cerrar la cárcel de Guantánamo. Obama se comprometió a ajustarse al plazo marcado de un año. Admitió que hay problemas, que no es fácil resolver el destino de los 240 presos que quedan. Pero recordó que esos problemas "no han sido causados por la decisión de cerrar esas instalaciones, sino por la decisión de abrir Guantánamo", y aseguró que, en todo caso, es mucho mayor el coste de dejarlo abierto.
El propósito de Obama es dividir a los presos en cinco categorías: un grupo que será juzgado por tribunales ordinarios estadounidenses y cumplirá la sentencia en EE UU, pese a la resistencia de una parte de la opinión pública; otro será juzgado por un sistema reformado de las comisiones militares; veintiún detenidos serán puestos en libertad atendiendo a la decisión de los tribunales; una cuarta categoría de presos (alrededor de medio centenar) serán trasladados a otros países; y un quinto grupo, el más polémico, de presos considerados peligrosos, pero sin pruebas formales contra ellos, que seguirán detenidos ilimitadamente sin juicio. Human Rights Watch rechaza esta última decisión.
"Nuestro objetivo", explicó, "es el de construir un marco legal para todos los detenidos de Guantánamo. Si decidimos que hay que retener a ciertos individuos para evitar que participen en actos de guerra, lo haremos dentro de un sistema que implique control judicial y parlamentario".
Uno de los propósitos de esta intervención era el de convencer al Congreso, que le ha negado a la Casa Blanca los fondos requeridos para el cierre de Guantánamo hasta ver un plan concreto sobre cómo hacerlo. No estaba claro que lo hubiera conseguido. La senadora demócrata Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Asuntos de Inteligencia, dijo haber echado en falta algunas medidas más precisas, pero no quiso anticipar la posición general.
Obama denunció en su discurso la excesiva politización de los asuntos de seguridad nacional. "Este debate ha sido oscurecido por dos visiones opuestas y absolutistas. Ambas coinciden en que el presidente puede hacer lo que le dé la gana siempre que sea el presidente con el que ellos están de acuerdo", afirmó.
Como su contribución particular a poner fin a ese enfrentamiento, Obama repitió su posición contraria a la creación de una comisión de la verdad para juzgar el periodo de Bush. "Ya hemos visto", recordó, "que ese tipo de acciones sólo llevan a que cada bando se culpe mutuamente y nos distraiga a todos de lo que importa en este momento y de los retos del futuro".
Comentario:
Y Estados Unidos necesitaba un líder como está resultando Obama.
Convocando a la unidad a una nación aún sacudida por el pasado, Barack Obama insistió este jueves en la necesidad de combatir el terrorismo con las armas de la Constitución, reafirmó su voluntad de cerrar la prisión de Guantánamo y acabar con la tortura como medidas imprescindibles para reconducir por el camino de la ley a una sociedad que "había perdido el rumbo" y a punto estaba de perder también sus "sagrados valores" democráticos.
Cuando se vio ante una amenaza desconocida, nuestro Gobierno tomó una serie de decisiones precipitadas. En lugar de recurrir al poder de nuestros principios, vimos esos principios como un lujo que ya no podíamos permitirnos. Y en esa época de miedo, demasiados de nosotros -demócratas y republicanos, políticos periodistas y ciudadanos- guardamos silencio. En otras palabras, perdimos el rumbo", dijo Obama en un discurso largo y solemne que trata de devolver a su punto original (la herencia de George Bush) el debate sobre los límites y las contradicciones de la política de seguridad de esta Administración.
El presidente aseguró que lo que él trata de hacer, con Guantánamo y otras medidas controvertidas, como la publicación del dossier sobre torturas y la prohibición de las fotos sobre interrogatorios, es "arreglar el lío" dejado por los anteriores gobernantes.
"Creo que las decisiones [del Gobierno anterior] estaban motivadas por el deseo sincero de proteger al pueblo estadounidense", dijo Obama. "Pero también creo que, con demasiada frecuencia, nuestro Gobierno tomó esas decisiones basado más en el miedo que en la previsión, y que, con demasiada frecuencia, se maquillaron los hechos para adecuarlos a las predisposiciones ideológicas".
La voluntad del presidente, según dijo, no es ahora renunciar a derrotar el terrorismo, sino hacerlo desde una nueva perspectiva, con la convicción de que "nunca, nunca más se dará la espalda a los principios con el pretexto de la eficacia".
Este discurso llega después de varios días en los que Obama ha estado sometido a diversas críticas desde los dos polos del ámbito político por las dificultades surgidas para el cierre de Guantánamo y por el posible riesgo que sus decisiones representan para la seguridad nacional. Este jueves, después de que Obama finalizara su intervención, tomó la palabra el que ha sido el más conspicuo crítico del presidente, el ex vicepresidente Dick Cheney . Ambos personajes vienen librando un duelo dialéctico que apasiona a los periodistas, pero distorsiona el equilibrio entre Gobierno y oposición.
El presidente eligió para su mensaje un escenario que hablaba por sí solo: los Archivos Nacionales, el custodio de los documentos que guían este país desde 1776, la Declaración de Independencia, la Constitución y la Declaración de Derechos. A ellos apeló Obama para defender su estrategia contra el terrorismo. "Desde Europa al Pacífico, hemos sido una nación que ha cerrado cámaras de tortura y ha reemplazado tiranías por el imperio de la ley", recordó. "Ahora, donde los terroristas ofrecen sólo la injusticia del desorden y la destrucción, EE UU tiene que demostrar que nuestros valores e instituciones son más sólidos que su ideología de odio".
Una de las formas de demostrarlo es cerrar la cárcel de Guantánamo. Obama se comprometió a ajustarse al plazo marcado de un año. Admitió que hay problemas, que no es fácil resolver el destino de los 240 presos que quedan. Pero recordó que esos problemas "no han sido causados por la decisión de cerrar esas instalaciones, sino por la decisión de abrir Guantánamo", y aseguró que, en todo caso, es mucho mayor el coste de dejarlo abierto.
El propósito de Obama es dividir a los presos en cinco categorías: un grupo que será juzgado por tribunales ordinarios estadounidenses y cumplirá la sentencia en EE UU, pese a la resistencia de una parte de la opinión pública; otro será juzgado por un sistema reformado de las comisiones militares; veintiún detenidos serán puestos en libertad atendiendo a la decisión de los tribunales; una cuarta categoría de presos (alrededor de medio centenar) serán trasladados a otros países; y un quinto grupo, el más polémico, de presos considerados peligrosos, pero sin pruebas formales contra ellos, que seguirán detenidos ilimitadamente sin juicio. Human Rights Watch rechaza esta última decisión.
"Nuestro objetivo", explicó, "es el de construir un marco legal para todos los detenidos de Guantánamo. Si decidimos que hay que retener a ciertos individuos para evitar que participen en actos de guerra, lo haremos dentro de un sistema que implique control judicial y parlamentario".
Uno de los propósitos de esta intervención era el de convencer al Congreso, que le ha negado a la Casa Blanca los fondos requeridos para el cierre de Guantánamo hasta ver un plan concreto sobre cómo hacerlo. No estaba claro que lo hubiera conseguido. La senadora demócrata Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Asuntos de Inteligencia, dijo haber echado en falta algunas medidas más precisas, pero no quiso anticipar la posición general.
Obama denunció en su discurso la excesiva politización de los asuntos de seguridad nacional. "Este debate ha sido oscurecido por dos visiones opuestas y absolutistas. Ambas coinciden en que el presidente puede hacer lo que le dé la gana siempre que sea el presidente con el que ellos están de acuerdo", afirmó.
Como su contribución particular a poner fin a ese enfrentamiento, Obama repitió su posición contraria a la creación de una comisión de la verdad para juzgar el periodo de Bush. "Ya hemos visto", recordó, "que ese tipo de acciones sólo llevan a que cada bando se culpe mutuamente y nos distraiga a todos de lo que importa en este momento y de los retos del futuro".
Comentario:
Y Estados Unidos necesitaba un líder como está resultando Obama.
"Los piratas dicen ser pescadores que defienden sus aguas".
Noticia:
A Francis Kadima se le acumula el trabajo. Se ha convertido en algo muy parecido al abogado oficial de los piratas somalíes. Desde el canje de notas del pasado 6 de marzo entre la Unión Europea y Kenia para que sean juzgados en ese país, se ha hecho con tres casos. En cuanto se entera de la llegada de un grupo, les ofrece sus servicios. De momento, defiende a 31 piratas en total. Entre ellos, los 13 capturados por España. Ninguno le ha pagado aún.
No es que a los piratas les falte el dinero. Según le han explicado sus clientes, no pueden pedirlo desde la cárcel. Kadima ha presentado un escrito en el juzgado de Mombasa pidiendo que se permita a los piratas tener un móvil en la prisión, "en primer lugar, para que puedan contactar con sus familias y en segundo, para que puedan recibir asistencia financiera para cubrir su defensa y su estancia en prisión". Los piratas tampoco pueden comunicarse por carta, "porque el servicio de correos no funciona en Somalia".
Por teléfono y correo electrónico, Kadima responde desde su despacho de Mombasa a las preguntas de EL PAÍS. Aclara que los "supuestos piratas" que ha visto no tienen nada que ver con la "imagen sofisticada" que arroja la literatura sobre el tema. "Uno piensa que son tipos duros, preparados para el combate. Pero son muy jóvenes, gente corriente".
Los 13 capturados por España -otro más sigue hospitalizado en Yibuti, con "heridas de diversa consideración y pronóstico reservado", según Exteriores- tienen entre 18 y 35 años. Kadima explica que aún no ha podido aclarar con ellos qué ocurrió exactamente cuando fueron capturados por el petrolero Marqués de la Ensenada. Pero sí le han asegurado que ellos son "pescadores", que "llevaban armas para defenderse", y que están "en contra de que haya otros países pescando en sus aguas territoriales y quitándoles su sustento". La juez que lleva el caso decidirá el martes si los deja en libertad bajo fianza, como ha pedido Kadima, o no.
El abogado abrió su bufete en 2003. Antes, durante 17 años, fue juez en Mombasa. Mantiene que jurídicamente el procesamiento de los piratas en Kenia "no está nada claro". Cree que el acuerdo con la UE debería haberse planteado en el Parlamento de su país antes "para ser debatido por los representantes de los ciudadanos, de forma que éstos estuvieran al corriente y sensibilizados sobre el tema". Añade que ese acuerdo debería haber contado con el Gobierno de transición de Somalia y que él no lo ha visto.
A cambio de procesar a los piratas, Kenia recibirá 1,7 millones de euros para sufragar gastos derivados de su enjuiciamiento y encarcelación. Kadima asegura que la justicia de su país es "dolorosamente lenta", que los magistrados "tienen a menudo listas de 30 casos por día para resolver", que ganan poco y que es común "ver al juez y a los acusados compartir el autobús".
Preguntado por la prisión en la que están los piratas capturados por España, Kadima responde que hasta los años noventa no daban en ella apenas comida y que podían dormir 100 presos en una celda para 40. En 2003 se empezaron a hacer reformas y mejoró la situación. Ahora hay en la cárcel de Shimo-la Tewa, en Mombasa, casi un centenar de piratas.
Comentario:
Ahora, parece que todo es parte de una batalla legal.
A Francis Kadima se le acumula el trabajo. Se ha convertido en algo muy parecido al abogado oficial de los piratas somalíes. Desde el canje de notas del pasado 6 de marzo entre la Unión Europea y Kenia para que sean juzgados en ese país, se ha hecho con tres casos. En cuanto se entera de la llegada de un grupo, les ofrece sus servicios. De momento, defiende a 31 piratas en total. Entre ellos, los 13 capturados por España. Ninguno le ha pagado aún.
No es que a los piratas les falte el dinero. Según le han explicado sus clientes, no pueden pedirlo desde la cárcel. Kadima ha presentado un escrito en el juzgado de Mombasa pidiendo que se permita a los piratas tener un móvil en la prisión, "en primer lugar, para que puedan contactar con sus familias y en segundo, para que puedan recibir asistencia financiera para cubrir su defensa y su estancia en prisión". Los piratas tampoco pueden comunicarse por carta, "porque el servicio de correos no funciona en Somalia".
Por teléfono y correo electrónico, Kadima responde desde su despacho de Mombasa a las preguntas de EL PAÍS. Aclara que los "supuestos piratas" que ha visto no tienen nada que ver con la "imagen sofisticada" que arroja la literatura sobre el tema. "Uno piensa que son tipos duros, preparados para el combate. Pero son muy jóvenes, gente corriente".
Los 13 capturados por España -otro más sigue hospitalizado en Yibuti, con "heridas de diversa consideración y pronóstico reservado", según Exteriores- tienen entre 18 y 35 años. Kadima explica que aún no ha podido aclarar con ellos qué ocurrió exactamente cuando fueron capturados por el petrolero Marqués de la Ensenada. Pero sí le han asegurado que ellos son "pescadores", que "llevaban armas para defenderse", y que están "en contra de que haya otros países pescando en sus aguas territoriales y quitándoles su sustento". La juez que lleva el caso decidirá el martes si los deja en libertad bajo fianza, como ha pedido Kadima, o no.
El abogado abrió su bufete en 2003. Antes, durante 17 años, fue juez en Mombasa. Mantiene que jurídicamente el procesamiento de los piratas en Kenia "no está nada claro". Cree que el acuerdo con la UE debería haberse planteado en el Parlamento de su país antes "para ser debatido por los representantes de los ciudadanos, de forma que éstos estuvieran al corriente y sensibilizados sobre el tema". Añade que ese acuerdo debería haber contado con el Gobierno de transición de Somalia y que él no lo ha visto.
A cambio de procesar a los piratas, Kenia recibirá 1,7 millones de euros para sufragar gastos derivados de su enjuiciamiento y encarcelación. Kadima asegura que la justicia de su país es "dolorosamente lenta", que los magistrados "tienen a menudo listas de 30 casos por día para resolver", que ganan poco y que es común "ver al juez y a los acusados compartir el autobús".
Preguntado por la prisión en la que están los piratas capturados por España, Kadima responde que hasta los años noventa no daban en ella apenas comida y que podían dormir 100 presos en una celda para 40. En 2003 se empezaron a hacer reformas y mejoró la situación. Ahora hay en la cárcel de Shimo-la Tewa, en Mombasa, casi un centenar de piratas.
Comentario:
Ahora, parece que todo es parte de una batalla legal.
La guerra al 'narco' multiplica las denuncias contra el Ejército mexicano.
Reportaje:
El País de España.
Nada más llegar a la presidencia de México, a finales de 2006, Felipe Calderón decidió plantarle cara al narcotráfico, pero apenas tenía con qué. Las distintas policías (hay 1.600 entre federales, estatales y locales) estaban infiltradas hasta el punto de formar parte del engranaje del crimen organizado. Así que Calderón decidió recurrir al Ejército. Más de 40.000 soldados luchan desde entonces contra el tráfico de drogas, desarrollando labores propias de policía, pero sin la cobertura legal ni el entrenamiento adecuado para tratar con civiles. Dos años y medio después, las alarmas empiezan a sonar en un doble sentido. Por un lado, las organizaciones de derechos humanos denuncian que los abusos contra la población se han triplicado; por otro, los militares exigen una ley que los blinde ante las denuncias.
Lo que sigue ocurrió en el Estado de Michoacán a principios del mes de mayo de 2007.
Ninguna de las cuatro muchachas había cumplido aún los 18 años. Los soldados las subieron a la fuerza a un helicóptero. Las amenazaron con tirarlas al mar para que confesaran sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Las insultaron, las golpearon, las violaron con el mayor de los desprecios: "Pinches putas, al final es lo que les gusta...". Uno de los soldados le quitó una estampita de la Virgen María a una de las jóvenes, hizo una bolita y se la introdujo por el ano mientras le decía: "Ni la Virgencita te va a salvar". En teoría, los militares buscaban a los responsables de una emboscada sufrida por un destacamento en la que fueron asesinados cinco soldados, pero en la práctica, la reacción se convirtió en una venganza indiscriminada contra la población. Además de violar a las cuatro menores, los soldados detuvieron ilegalmente a 36 personas más y asaltaron 30 casas, llevándose todos los objetos de valor que encontraron...
Es un caso. Pero el último informe de Human Rights Watch (HRW) -presentado en México durante el brote de gripe y por tanto sin apenas repercusión- describe con todo detalle otros 16 "crímenes atroces" cometidos por militares contra más de 70 víctimas. Su lectura es una auténtica pesadilla.
Lo más grave (según HRW) es que desde hace 10 años la justicia militar no ha condenado a ningún soldado u oficial por tales abusos. Tampoco permitió que lo hagan los tribunales ordinarios.
"Una de las principales causas", señala el informe, "de que estos abusos continúen es que los responsables no son sancionados. Y esa falta de sanciones se debe en gran parte a que la mayoría de estos casos terminan siendo investigados por los propios militares. Al permitir que las Fuerzas Armadas se investiguen a sí mismas mediante un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad, México está, en los hechos, permitiendo que los militares que participan en actividades de seguridad pública cometan violaciones atroces de derechos humanos impunemente".
Ante la gravedad de la denuncia, este periódico trasladó al Gobierno mexicano las mismas preguntas cuya falta de respuesta denuncia el informe de Human Rights Watch: ¿Es cierto que en los últimos 10 años no hay ninguna sentencia contra un soldado o un oficial por cometer abusos contra la población? ¿Es cierto que las denuncias se han triplicado coincidiendo con la guerra contra el narcotráfico? ¿Cuántos procedimientos, y por qué causas, se han abierto en los últimos años contra militares por abusos sexuales, torturas o detenciones ilegales desde que el presidente Felipe Calderón llegó al poder?...
La respuesta ha resultado ser la misma que la obtenida por HRW. "El Gobierno federal", explica José Antonio Guevara Bermúdez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, "está consciente de las preocupaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas. (...) Reiteramos el compromiso de las fuerzas de seguridad involucradas en la lucha contra el crimen organizado con el pleno respeto a todos los derechos humanos". Guevara Bermúdez no responde a las preguntas, pero a cambio asegura que los responsables de la reciente desaparición de tres civiles en Nuevo Laredo (Tamaulipas) y de unos incidentes en la costa de Oaxaca serán sancionados... Por sus superiores.
Y eso concuerda, precisamente, con uno de los fallos del sistema que más denuncian las organizaciones de derechos humanos: "Las Fuerzas Armadas se juzgan a sí mismas, y es muy grave el hecho de que no existe ningún escrutinio público ni información disponible sobre qué sucede realmente durante las investigaciones o los juicios militares".
Lo que sí se sabe, y lo recoge el informe, es qué sucede con las víctimas, muchas de las cuales son mujeres indígenas, incapaces siquiera de defenderse en el idioma de sus agresores: "Luego de la violación, el marido de Inés la obligó a abandonar el hogar, y desde entonces ha sido estigmatizada por los miembros de su comunidad. Inés continúa estando atemorizada por las Fuerzas Armadas".
Felipe Calderón llamó guerra a su lucha contra el narcotráfico. Y la cúpula militar, conocedora de que toda guerra conlleva bajas civiles, exige ahora al Gobierno que los blinde legalmente ante las denuncias que ya empiezan a llegar. Pero, dos años y medio después, lo único que hay es una propuesta del presidente al Senado para que reforme la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de regular la participación del Ejército en el combate contra el narcotráfico. Aun en el caso -no demasiado probable- de que los senadores otorgaran al Ejército cobertura legal a partir de ahora, quedaría en el aire la pregunta que más preocupa a los jefes militares: ¿quién les cubrirá de lo sucedido desde diciembre de 2006 hasta la fecha en que se apruebe la ley?
El País de España.
Nada más llegar a la presidencia de México, a finales de 2006, Felipe Calderón decidió plantarle cara al narcotráfico, pero apenas tenía con qué. Las distintas policías (hay 1.600 entre federales, estatales y locales) estaban infiltradas hasta el punto de formar parte del engranaje del crimen organizado. Así que Calderón decidió recurrir al Ejército. Más de 40.000 soldados luchan desde entonces contra el tráfico de drogas, desarrollando labores propias de policía, pero sin la cobertura legal ni el entrenamiento adecuado para tratar con civiles. Dos años y medio después, las alarmas empiezan a sonar en un doble sentido. Por un lado, las organizaciones de derechos humanos denuncian que los abusos contra la población se han triplicado; por otro, los militares exigen una ley que los blinde ante las denuncias.
Lo que sigue ocurrió en el Estado de Michoacán a principios del mes de mayo de 2007.
Ninguna de las cuatro muchachas había cumplido aún los 18 años. Los soldados las subieron a la fuerza a un helicóptero. Las amenazaron con tirarlas al mar para que confesaran sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Las insultaron, las golpearon, las violaron con el mayor de los desprecios: "Pinches putas, al final es lo que les gusta...". Uno de los soldados le quitó una estampita de la Virgen María a una de las jóvenes, hizo una bolita y se la introdujo por el ano mientras le decía: "Ni la Virgencita te va a salvar". En teoría, los militares buscaban a los responsables de una emboscada sufrida por un destacamento en la que fueron asesinados cinco soldados, pero en la práctica, la reacción se convirtió en una venganza indiscriminada contra la población. Además de violar a las cuatro menores, los soldados detuvieron ilegalmente a 36 personas más y asaltaron 30 casas, llevándose todos los objetos de valor que encontraron...
Es un caso. Pero el último informe de Human Rights Watch (HRW) -presentado en México durante el brote de gripe y por tanto sin apenas repercusión- describe con todo detalle otros 16 "crímenes atroces" cometidos por militares contra más de 70 víctimas. Su lectura es una auténtica pesadilla.
Lo más grave (según HRW) es que desde hace 10 años la justicia militar no ha condenado a ningún soldado u oficial por tales abusos. Tampoco permitió que lo hagan los tribunales ordinarios.
"Una de las principales causas", señala el informe, "de que estos abusos continúen es que los responsables no son sancionados. Y esa falta de sanciones se debe en gran parte a que la mayoría de estos casos terminan siendo investigados por los propios militares. Al permitir que las Fuerzas Armadas se investiguen a sí mismas mediante un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad, México está, en los hechos, permitiendo que los militares que participan en actividades de seguridad pública cometan violaciones atroces de derechos humanos impunemente".
Ante la gravedad de la denuncia, este periódico trasladó al Gobierno mexicano las mismas preguntas cuya falta de respuesta denuncia el informe de Human Rights Watch: ¿Es cierto que en los últimos 10 años no hay ninguna sentencia contra un soldado o un oficial por cometer abusos contra la población? ¿Es cierto que las denuncias se han triplicado coincidiendo con la guerra contra el narcotráfico? ¿Cuántos procedimientos, y por qué causas, se han abierto en los últimos años contra militares por abusos sexuales, torturas o detenciones ilegales desde que el presidente Felipe Calderón llegó al poder?...
La respuesta ha resultado ser la misma que la obtenida por HRW. "El Gobierno federal", explica José Antonio Guevara Bermúdez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, "está consciente de las preocupaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas. (...) Reiteramos el compromiso de las fuerzas de seguridad involucradas en la lucha contra el crimen organizado con el pleno respeto a todos los derechos humanos". Guevara Bermúdez no responde a las preguntas, pero a cambio asegura que los responsables de la reciente desaparición de tres civiles en Nuevo Laredo (Tamaulipas) y de unos incidentes en la costa de Oaxaca serán sancionados... Por sus superiores.
Y eso concuerda, precisamente, con uno de los fallos del sistema que más denuncian las organizaciones de derechos humanos: "Las Fuerzas Armadas se juzgan a sí mismas, y es muy grave el hecho de que no existe ningún escrutinio público ni información disponible sobre qué sucede realmente durante las investigaciones o los juicios militares".
Lo que sí se sabe, y lo recoge el informe, es qué sucede con las víctimas, muchas de las cuales son mujeres indígenas, incapaces siquiera de defenderse en el idioma de sus agresores: "Luego de la violación, el marido de Inés la obligó a abandonar el hogar, y desde entonces ha sido estigmatizada por los miembros de su comunidad. Inés continúa estando atemorizada por las Fuerzas Armadas".
Felipe Calderón llamó guerra a su lucha contra el narcotráfico. Y la cúpula militar, conocedora de que toda guerra conlleva bajas civiles, exige ahora al Gobierno que los blinde legalmente ante las denuncias que ya empiezan a llegar. Pero, dos años y medio después, lo único que hay es una propuesta del presidente al Senado para que reforme la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de regular la participación del Ejército en el combate contra el narcotráfico. Aun en el caso -no demasiado probable- de que los senadores otorgaran al Ejército cobertura legal a partir de ahora, quedaría en el aire la pregunta que más preocupa a los jefes militares: ¿quién les cubrirá de lo sucedido desde diciembre de 2006 hasta la fecha en que se apruebe la ley?
Biden visita Líbano para apoyar a los rivales de Hezbolá.
Noticia:
Estados Unidos sigue con gran atención las cruciales elecciones legislativas que celebrará Líbano en dos semanas. Unos comicios que se auguran reñidísimos, en los que el partido-milicia Hezbolá y sus aliados pueden obtener mayoría parlamentaria. El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, hizo ayer una visita tan fugaz como cargada de intención. "No vengo a apoyar a ningún partido político", aseguró Biden, que, sin embargo, dejó claro que sí prefiere la actual mayoría prooccidental al afirmar que la ayuda que el país árabe recibe de Washington dependerá de quién se siente en el nuevo Gobierno. Antes de que aterrizara en Beirut, Hezbolá le acusó de "entrometerse" en los asuntos libaneses.
Las tensiones resurgen en Líbano a medida que se aproxima el 7 de junio, cuando se votará el Parlamento que elegirá al Gabinete que sustituya el actual Gobierno de unidad nacional, encabezado por los antisirios, pero en el que Hezbolá tiene poder de veto. En las urnas se medirán los dos grandes bloques políticos en los que está fracturada la sociedad libanesa: los partidos prooccidentales antisirios -apoyados por EE UU y Arabia Saudí- que ahora ostentan una ajustada mayoría parlamentaria, y la alianza que encabeza el movimiento Hezbolá, respaldada por Siria e Irán.
Biden no mencionó a Hezbolá, al que EE UU tiene en su lista de organizaciones terroristas, pero su mensaje al electorado sonó nítido: "Pido encarecidamente a aquellos tentados a apoyar a los que estropean la paz que no pierdan esta oportunidad de alejarse de ellos". Biden tampoco se anduvo por las ramas al explicar que la actitud estadounidense no será la misma ganen unos u otros: "Evaluaremos nuestros programas de asistencia en función de la composición del Gobierno y de sus políticas". Washington ha ayudado al Ejército libanés desde 2006 -tras la guerra que enfrentó a Israel y Hezbolá- con 290 millones de euros para contrarrestar el poder de la resistencia chií.
La versión oficial de la Casa Blanca es que la visita es una muestra de apoyo a la "independencia y soberanía" de este pequeño país que siempre ha sido un tablero en el que se han jugado intereses extranjeros. Para Hezbolá, en cambio, la presencia de Biden justo ahora es un burdo intento de entrometerse en asuntos internos. En palabras de un diputado del partido-milicia chií, "parece que EE UU quiere supervisar la campaña de un partido que se siente políticamente amenazado" por una posible victoria de los islamistas. Muestra del interés estadounidense por lo que ocurra en Líbano es que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, estuvo hace sólo un mes y que desde George Bush padre, en 1983, ningún vicepresidente de EE UU había recalado allí.
Líbano ha vivido el último año una cierta estabilidad desde la elección como presidente de Michel Suleimán, el ex jefe del Ejército y hombre neutral, tras dos años de fortísimas tensiones que paralizaron las instituciones. Un mitin de Hezbolá reunió a decenas de miles de personas, antes de que Biden partiera, para celebrar el aniversario de la retirada israelí en 2000.
Comentario:
En política, siempre simpatizas con un gobierno determinado sobre otro. Todo depende de la posición que asuma el contrario.
Estados Unidos sigue con gran atención las cruciales elecciones legislativas que celebrará Líbano en dos semanas. Unos comicios que se auguran reñidísimos, en los que el partido-milicia Hezbolá y sus aliados pueden obtener mayoría parlamentaria. El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, hizo ayer una visita tan fugaz como cargada de intención. "No vengo a apoyar a ningún partido político", aseguró Biden, que, sin embargo, dejó claro que sí prefiere la actual mayoría prooccidental al afirmar que la ayuda que el país árabe recibe de Washington dependerá de quién se siente en el nuevo Gobierno. Antes de que aterrizara en Beirut, Hezbolá le acusó de "entrometerse" en los asuntos libaneses.
Las tensiones resurgen en Líbano a medida que se aproxima el 7 de junio, cuando se votará el Parlamento que elegirá al Gabinete que sustituya el actual Gobierno de unidad nacional, encabezado por los antisirios, pero en el que Hezbolá tiene poder de veto. En las urnas se medirán los dos grandes bloques políticos en los que está fracturada la sociedad libanesa: los partidos prooccidentales antisirios -apoyados por EE UU y Arabia Saudí- que ahora ostentan una ajustada mayoría parlamentaria, y la alianza que encabeza el movimiento Hezbolá, respaldada por Siria e Irán.
Biden no mencionó a Hezbolá, al que EE UU tiene en su lista de organizaciones terroristas, pero su mensaje al electorado sonó nítido: "Pido encarecidamente a aquellos tentados a apoyar a los que estropean la paz que no pierdan esta oportunidad de alejarse de ellos". Biden tampoco se anduvo por las ramas al explicar que la actitud estadounidense no será la misma ganen unos u otros: "Evaluaremos nuestros programas de asistencia en función de la composición del Gobierno y de sus políticas". Washington ha ayudado al Ejército libanés desde 2006 -tras la guerra que enfrentó a Israel y Hezbolá- con 290 millones de euros para contrarrestar el poder de la resistencia chií.
La versión oficial de la Casa Blanca es que la visita es una muestra de apoyo a la "independencia y soberanía" de este pequeño país que siempre ha sido un tablero en el que se han jugado intereses extranjeros. Para Hezbolá, en cambio, la presencia de Biden justo ahora es un burdo intento de entrometerse en asuntos internos. En palabras de un diputado del partido-milicia chií, "parece que EE UU quiere supervisar la campaña de un partido que se siente políticamente amenazado" por una posible victoria de los islamistas. Muestra del interés estadounidense por lo que ocurra en Líbano es que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, estuvo hace sólo un mes y que desde George Bush padre, en 1983, ningún vicepresidente de EE UU había recalado allí.
Líbano ha vivido el último año una cierta estabilidad desde la elección como presidente de Michel Suleimán, el ex jefe del Ejército y hombre neutral, tras dos años de fortísimas tensiones que paralizaron las instituciones. Un mitin de Hezbolá reunió a decenas de miles de personas, antes de que Biden partiera, para celebrar el aniversario de la retirada israelí en 2000.
Comentario:
En política, siempre simpatizas con un gobierno determinado sobre otro. Todo depende de la posición que asuma el contrario.
La policía mexicana detiene a un presunto jefe de las FARC.
Noticia:
La policía mexicana ha detenido este viernes a Miguel Ángel Beltrán Villegas, alias Jaime Cienfuegos, presunto miembro de la comisión internacional de las FARC. Su captura ha sido posible gracias a la información hallada en los ordenadores de Raúl Reyes, número dos del grupo terrorista, abatido en Ecuador en una operación militar del ejército colombiano en marzo de 2008. Tras su captura, el Gobierno mexicano ha ordenado la inmediata expulsión del jefe guerrillero a su país de origen.
El director de la policía colombiana, el general Oscar Naranjo, ha asegurado que tras su captura el detenido ha sido deportado a Colombia. Sin embargo, las autoridades mexicanas han contradicho esta información afirmando que Cienfuegos fue expulsado del país por no "cumplir con los requisitos migratorios". En cualquier caso, el presunto jefe tenía "un perfil terrorista bastante sofisticado", como ha sugerido Naranjo. Y es que Cienfuegos no era un guerrillero cualquiera. La Policía le acusa de gestionar recursos para las FARC en otros países y de escribir artículos de opinión a través de la página electrónica de Anncol, un portal de difusión del grupo terrorista. Además, según ha informado el diario colombiano El Tiempo, el presunto cabecilla ejercía como profesor en la Universidad Autónoma Nacional de México, al parecer con documentos falsos.
México fue un importante centro de operaciones para las FARC durante la década de los noventa. Sus principales líderes encontraron en el país norteamericano un lugar donde moverse con facilidad.
Comentario:
Un golpe muy importante y que bueno que fue aquí en México.
La policía mexicana ha detenido este viernes a Miguel Ángel Beltrán Villegas, alias Jaime Cienfuegos, presunto miembro de la comisión internacional de las FARC. Su captura ha sido posible gracias a la información hallada en los ordenadores de Raúl Reyes, número dos del grupo terrorista, abatido en Ecuador en una operación militar del ejército colombiano en marzo de 2008. Tras su captura, el Gobierno mexicano ha ordenado la inmediata expulsión del jefe guerrillero a su país de origen.
El director de la policía colombiana, el general Oscar Naranjo, ha asegurado que tras su captura el detenido ha sido deportado a Colombia. Sin embargo, las autoridades mexicanas han contradicho esta información afirmando que Cienfuegos fue expulsado del país por no "cumplir con los requisitos migratorios". En cualquier caso, el presunto jefe tenía "un perfil terrorista bastante sofisticado", como ha sugerido Naranjo. Y es que Cienfuegos no era un guerrillero cualquiera. La Policía le acusa de gestionar recursos para las FARC en otros países y de escribir artículos de opinión a través de la página electrónica de Anncol, un portal de difusión del grupo terrorista. Además, según ha informado el diario colombiano El Tiempo, el presunto cabecilla ejercía como profesor en la Universidad Autónoma Nacional de México, al parecer con documentos falsos.
México fue un importante centro de operaciones para las FARC durante la década de los noventa. Sus principales líderes encontraron en el país norteamericano un lugar donde moverse con facilidad.
Comentario:
Un golpe muy importante y que bueno que fue aquí en México.
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