Noticia:
El presidente Felipe Calderón dijo que la nueva estrategia de seguridad para Ciudad Juárez, Chihuahua, no se impondrá desde el centro, sino que se dialogará con la sociedad.
“Queremos proponer las medidas integrales a la sociedad juarense, porque tenemos, sí, un plan y una estrategia pero queremos dialogarla y proponerla a la sociedad juarense e implementarla de la mano con los juarenses, porque queremos atacar la inseguridad de raíz”.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que la solución a la violencia debe involucrar a la ciudadanía, porque “Ciudad Juárez debe ser salvado por los juarenses”.
Consideró que un esquema totalmente gubernamental no tendrá la eficacia suficiente para resolver un conflicto de esa magnitud. “Necesitamos comunicarnos con la gente, asumir compromisos con ella, que ellos asuman compromisos y recuperar la seguridad para Ciudad Juárez”, explicó el funcionario.
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viernes, 5 de febrero de 2010
lunes, 18 de enero de 2010
Tranquilidad de BCS atrae a narcotraficantes.
Noticia:
Un niño que pasa por ahí se acerca, la curiosidad le gana, detiene su paseo, se para frente a la puerta y luego se asoma por la ventana. Alcanza a observar la sala, el comedor y al fondo la alberca. “Aquí vivía un narco”, expresa antes de tomar su bicicleta y seguir pedaleando hasta perderse entre las residencias de políticos y empresarios, vecinos de El Teo, en el fraccionamiento Fidepaz, en Baja California Sur.
La captura en esta ciudad de Teodoro García Simental, ex miembro del cártel de Tijuana, causó revuelo desde las primeras horas del 12 enero, cuando los residentes comenzaron a escuchar los helicópteros y autobuses, y a observar a decenas de elementos de seguridad acordonar la zona residencial. Luego, vino la desinformación y el hermetismo de las autoridades locales. Hasta que al mediodía, el gobierno federal comunicó sobre el operativo y confirmó la detención.
La localización de El tres letras, a quien se atribuye haber ordenado disolver centenares de cuerpos en ácido, ocasionó críticas de políticos y especialistas, quienes aseguran que Baja California Sur se convirtió en “refugio de narcotraficantes o en zona de descanso”.
El senador panista Luis Coppola Joffroy y los comités directivos del PRI y PAN han afirmado que los narcotraficantes tomaron a la entidad como su lugar de resguardo, con la supuesta complicidad del gobernador Narciso Agúndez Montaño (PRD), bajo el argumento, incluso, que la detención del sicario ocurrió en una zona aledaña a la residencia del mandatario estatal.
En el fraccionamiento Fidepaz están las oficinas de la Secretaría de Turismo estatal, y a unos metros, del otro lado de las avenidas principales que llevan al malecón, se ubica un destacamento de la Armada. En el área también se localizan las instalaciones del Poder Judicial de la Federación. Éstas y otras referencias se han enumerado en los últimos días.
María Elba Lombera Romero, secretaria general del PAN en el estado, manifestó que la lucha por la seguridad “deja mucho que desear”, pues no se han reducido delitos como robo a casa habitación y narcomenudeo.
El líder del Comité Directivo del PRI, Ricardo Barroso Agramont, sostuvo que la detención de El Teo evidenció “el fracaso del programa de blindaje en seguridad pública”.
Ante las acusaciones de complicidad con la delincuencia organizada, Agúndez rechazó en conferencia de prensa que su administración proteja a grupos delictivos o que la entidad se haya convertido en “refugio” de narcos.
Con la reciente captura de García Simental, suman al menos tres las detenciones de grandes capos de la droga en Baja California Sur. En 2006 y 2008 fueron aprehendidos Francisco Javier El Tigrillo Arellano Félix y Gustavo Martínez Rivera El Gus.
“Nadie te vigila ni te molesta”
El historiador Homero Avilés dijo que en BCS de manera natural existen condiciones que lo convierten en un lugar muy atractivo de descanso y en donde la gente pasa inadvertida. Las personas que llegan encuentran una diversidad de ecosistemas y una calidad de vida bastante aceptable, una relativa tranquilidad, aunque con un ritmo acelerado ya de crecimiento en los últimos años sobre todo en el municipio de Los Cabos.
“La península tiene una cualidad geográfica: que somos México pero estamos separados de México”. Quienes logren llegar, bien podrían perderse entre sus 73 mil kilómetros cuadrados de territorio o a lo largo de 2 mil 500 kilómetros de litorales, o en alguna comunidad del centenar que se encuentran alejadas, incluso en el puerto de Los Cabos, donde a diferencia del resto de los municipios, el ajetreo es mayor. Puede ser fácil que cualquier persona que se encuentre en la entidad pase desapercibida. Si tú te vas a un pequeño pueblo como Todos Santos, tienes tu casa en una de las partes altas con vista al mar, nadie te dice nada, nadie te vigila, ni quién te moleste. Por eso resulta muy atractivo”.
Sin embargo, el investigador pidió analizar cómo un sujeto tan buscado, antes de poder disfrutar de lo que ofrece BCS, consiguió librar los filtros de seguridad que operan en terminales aéreas, marítimas y terrestres, en donde participan autoridades de los tres niveles de gobierno. El Teo vulneró el programa de blindaje que se implementa en el estado desde hace dos años, con una inversión inicial de 120 millones de pesos.
El programa “BCS, estado seguro”, incluye diversos puntos de revisión en la carretera transpeninsular, así como en las terminales portuarias de La Paz, Santa Rosalía y San Ignacio en Mulegé. El año pasado se anunció la instalación de 42 videocámaras en la capital y la construcción y entrada en operaciones del Centro Estatal de Videovigilancia.
“Habría que hacer una evaluación de estas acciones. Hoy BCS puede presumir de un clima de seguridad bueno, comparado con otras entidades, aunque los delitos van en aumento, a pesar de ser el estado menos poblado del país”.
Según la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, tiene una tasa de delitos de 15 mil por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 12 mil.
El crecimiento tardío de desarrollo —apenas acelerado en la última década— ha influido positivamente para que a la fecha no exista un brote de violencia, aunque la sociedad comienza a registrar casos de secuestros, y a percibir un incremento en la incidencia de delitos como narcomenudeo y pandillerismo.
En La Paz y principalmente en el puerto de Cabo San Lucas se han encendido los focos rojos por el aumento en el consumo de drogas y alcohol. “La detención de García Simental debería obligar a todas las autoridades a tomar medidas, entre ellas, apostar a la prevención.
De no tomar medidas urgentes, “BCS seguirá siendo un lugar cada vez más apetitoso, atractivo para el crimen organizado. Seguirá jugando el papel de punto intermedio entre EU y Sudamérica”.
Un niño que pasa por ahí se acerca, la curiosidad le gana, detiene su paseo, se para frente a la puerta y luego se asoma por la ventana. Alcanza a observar la sala, el comedor y al fondo la alberca. “Aquí vivía un narco”, expresa antes de tomar su bicicleta y seguir pedaleando hasta perderse entre las residencias de políticos y empresarios, vecinos de El Teo, en el fraccionamiento Fidepaz, en Baja California Sur.
La captura en esta ciudad de Teodoro García Simental, ex miembro del cártel de Tijuana, causó revuelo desde las primeras horas del 12 enero, cuando los residentes comenzaron a escuchar los helicópteros y autobuses, y a observar a decenas de elementos de seguridad acordonar la zona residencial. Luego, vino la desinformación y el hermetismo de las autoridades locales. Hasta que al mediodía, el gobierno federal comunicó sobre el operativo y confirmó la detención.
La localización de El tres letras, a quien se atribuye haber ordenado disolver centenares de cuerpos en ácido, ocasionó críticas de políticos y especialistas, quienes aseguran que Baja California Sur se convirtió en “refugio de narcotraficantes o en zona de descanso”.
El senador panista Luis Coppola Joffroy y los comités directivos del PRI y PAN han afirmado que los narcotraficantes tomaron a la entidad como su lugar de resguardo, con la supuesta complicidad del gobernador Narciso Agúndez Montaño (PRD), bajo el argumento, incluso, que la detención del sicario ocurrió en una zona aledaña a la residencia del mandatario estatal.
En el fraccionamiento Fidepaz están las oficinas de la Secretaría de Turismo estatal, y a unos metros, del otro lado de las avenidas principales que llevan al malecón, se ubica un destacamento de la Armada. En el área también se localizan las instalaciones del Poder Judicial de la Federación. Éstas y otras referencias se han enumerado en los últimos días.
María Elba Lombera Romero, secretaria general del PAN en el estado, manifestó que la lucha por la seguridad “deja mucho que desear”, pues no se han reducido delitos como robo a casa habitación y narcomenudeo.
El líder del Comité Directivo del PRI, Ricardo Barroso Agramont, sostuvo que la detención de El Teo evidenció “el fracaso del programa de blindaje en seguridad pública”.
Ante las acusaciones de complicidad con la delincuencia organizada, Agúndez rechazó en conferencia de prensa que su administración proteja a grupos delictivos o que la entidad se haya convertido en “refugio” de narcos.
Con la reciente captura de García Simental, suman al menos tres las detenciones de grandes capos de la droga en Baja California Sur. En 2006 y 2008 fueron aprehendidos Francisco Javier El Tigrillo Arellano Félix y Gustavo Martínez Rivera El Gus.
“Nadie te vigila ni te molesta”
El historiador Homero Avilés dijo que en BCS de manera natural existen condiciones que lo convierten en un lugar muy atractivo de descanso y en donde la gente pasa inadvertida. Las personas que llegan encuentran una diversidad de ecosistemas y una calidad de vida bastante aceptable, una relativa tranquilidad, aunque con un ritmo acelerado ya de crecimiento en los últimos años sobre todo en el municipio de Los Cabos.
“La península tiene una cualidad geográfica: que somos México pero estamos separados de México”. Quienes logren llegar, bien podrían perderse entre sus 73 mil kilómetros cuadrados de territorio o a lo largo de 2 mil 500 kilómetros de litorales, o en alguna comunidad del centenar que se encuentran alejadas, incluso en el puerto de Los Cabos, donde a diferencia del resto de los municipios, el ajetreo es mayor. Puede ser fácil que cualquier persona que se encuentre en la entidad pase desapercibida. Si tú te vas a un pequeño pueblo como Todos Santos, tienes tu casa en una de las partes altas con vista al mar, nadie te dice nada, nadie te vigila, ni quién te moleste. Por eso resulta muy atractivo”.
Sin embargo, el investigador pidió analizar cómo un sujeto tan buscado, antes de poder disfrutar de lo que ofrece BCS, consiguió librar los filtros de seguridad que operan en terminales aéreas, marítimas y terrestres, en donde participan autoridades de los tres niveles de gobierno. El Teo vulneró el programa de blindaje que se implementa en el estado desde hace dos años, con una inversión inicial de 120 millones de pesos.
El programa “BCS, estado seguro”, incluye diversos puntos de revisión en la carretera transpeninsular, así como en las terminales portuarias de La Paz, Santa Rosalía y San Ignacio en Mulegé. El año pasado se anunció la instalación de 42 videocámaras en la capital y la construcción y entrada en operaciones del Centro Estatal de Videovigilancia.
“Habría que hacer una evaluación de estas acciones. Hoy BCS puede presumir de un clima de seguridad bueno, comparado con otras entidades, aunque los delitos van en aumento, a pesar de ser el estado menos poblado del país”.
Según la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, tiene una tasa de delitos de 15 mil por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 12 mil.
El crecimiento tardío de desarrollo —apenas acelerado en la última década— ha influido positivamente para que a la fecha no exista un brote de violencia, aunque la sociedad comienza a registrar casos de secuestros, y a percibir un incremento en la incidencia de delitos como narcomenudeo y pandillerismo.
En La Paz y principalmente en el puerto de Cabo San Lucas se han encendido los focos rojos por el aumento en el consumo de drogas y alcohol. “La detención de García Simental debería obligar a todas las autoridades a tomar medidas, entre ellas, apostar a la prevención.
De no tomar medidas urgentes, “BCS seguirá siendo un lugar cada vez más apetitoso, atractivo para el crimen organizado. Seguirá jugando el papel de punto intermedio entre EU y Sudamérica”.
lunes, 11 de enero de 2010
Escoltas de Adame, ligados a los Beltrán Leyva.
Noticia:
La Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) indaga una denuncia que relaciona a escoltas del gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, con los cárteles del narcotráfico.
La acusación señala que dos elementos provenían de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cuyo ex director, Luis Ángel Cabeza de Vaca, fue detenido por presuntamente brindar protección y mantener nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
El expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009 refiere que los dos policías habilitados como escoltas utilizaban por las noches sus cargos y vehículos oficiales al servicio del gobernador, en tareas de apoyo a la delincuencia organizada.
Los nombres de los presuntos infiltrados del crimen no fueron revelados en la denuncia anónima, pero se señala que ambos estaban al cuidado de la familia del gobernador Adame.
La SIEDO ha abierto investigaciones sobre el narcotráfico a partir de denuncias anónimas que han culminado en amplios operativos contra la delincuencia.
En el mismo mes que recibió la denuncia anónima, en mayo, la Policía Federal realizó un despliegue en la quinta conocida como “El Limoncito”, a escasos 100 metros de la Casa de Gobierno de Morelos. En esa ocasión se detuvo a Salomón Pineda, padre de los extintos capos y hermanos, Alberto y Mario Pineda, El Borrado y El MP, respectivamente.
La Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) indaga una denuncia que relaciona a escoltas del gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, con los cárteles del narcotráfico.
La acusación señala que dos elementos provenían de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cuyo ex director, Luis Ángel Cabeza de Vaca, fue detenido por presuntamente brindar protección y mantener nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
El expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009 refiere que los dos policías habilitados como escoltas utilizaban por las noches sus cargos y vehículos oficiales al servicio del gobernador, en tareas de apoyo a la delincuencia organizada.
Los nombres de los presuntos infiltrados del crimen no fueron revelados en la denuncia anónima, pero se señala que ambos estaban al cuidado de la familia del gobernador Adame.
La SIEDO ha abierto investigaciones sobre el narcotráfico a partir de denuncias anónimas que han culminado en amplios operativos contra la delincuencia.
En el mismo mes que recibió la denuncia anónima, en mayo, la Policía Federal realizó un despliegue en la quinta conocida como “El Limoncito”, a escasos 100 metros de la Casa de Gobierno de Morelos. En esa ocasión se detuvo a Salomón Pineda, padre de los extintos capos y hermanos, Alberto y Mario Pineda, El Borrado y El MP, respectivamente.
jueves, 17 de diciembre de 2009
El Ejército no es “solución final” a inseguridad: Pascual.
Noticia:
El incremento de la violencia en México es una respuesta de los grupos del narcotráfico y del crimen organizado ante el éxito alcanzado en su combate, dijo Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos.
El diplomático declaró que “estamos empezando a tener un impacto (en la lucha contra los cárteles de las drogas) y ellos están reaccionando”.
Pero consideró que la presencia del Ejército mexicano en calles de algunas ciudades del país no es la “solución final” a los problemas de seguridad, aunque añadió que el aumento de la violencia causada por los narcotraficantes necesitaba tener una respuesta enérgica.
En un acto en la biblioteca Benjamín Franklin, donde presentó un balance de la relación bilateral, Pascual opinó que los militares no pueden quedar aislados en esta lucha, pues se requiere del apoyo de las corporaciones policiacas de todos los niveles, e incluso de la sociedad.
Al preguntarle sobre la escalada de violencia en México, el diplomático comentó que este fenómeno ocurre “cuando hemos empezado a tener un impacto contra los narcos, cuando hemos cortado su capacidad para exportar cocaína, o reducido el nivel de dinero que se está regresando a territorio mexicano”.
La lucha debe seguir
Dijo que “si entendemos que ese aumento de la violencia es en parte causada por los resultados, los éxitos y la presión que hemos empezado a tener, entonces tenemos que entender que se debe seguir (la lucha) en el futuro”.
Aclaró que si fuese por otra razón el motivo de la violencia, “entonces tuviésemos que hacer una evaluación y ver qué se está haciendo mal, (pero) no creo que estemos haciendo algo malo”.
El representante del gobierno de EU no descartó que estos grupos criminales estén en una competencia mayor por los cruces de México a Estados Unidos y por el control de las plazas, y que por ello han extendido sus operaciones delictivas a la extorsión, el robo y el secuestro.
El incremento de la violencia en México es una respuesta de los grupos del narcotráfico y del crimen organizado ante el éxito alcanzado en su combate, dijo Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos.
El diplomático declaró que “estamos empezando a tener un impacto (en la lucha contra los cárteles de las drogas) y ellos están reaccionando”.
Pero consideró que la presencia del Ejército mexicano en calles de algunas ciudades del país no es la “solución final” a los problemas de seguridad, aunque añadió que el aumento de la violencia causada por los narcotraficantes necesitaba tener una respuesta enérgica.
En un acto en la biblioteca Benjamín Franklin, donde presentó un balance de la relación bilateral, Pascual opinó que los militares no pueden quedar aislados en esta lucha, pues se requiere del apoyo de las corporaciones policiacas de todos los niveles, e incluso de la sociedad.
Al preguntarle sobre la escalada de violencia en México, el diplomático comentó que este fenómeno ocurre “cuando hemos empezado a tener un impacto contra los narcos, cuando hemos cortado su capacidad para exportar cocaína, o reducido el nivel de dinero que se está regresando a territorio mexicano”.
La lucha debe seguir
Dijo que “si entendemos que ese aumento de la violencia es en parte causada por los resultados, los éxitos y la presión que hemos empezado a tener, entonces tenemos que entender que se debe seguir (la lucha) en el futuro”.
Aclaró que si fuese por otra razón el motivo de la violencia, “entonces tuviésemos que hacer una evaluación y ver qué se está haciendo mal, (pero) no creo que estemos haciendo algo malo”.
El representante del gobierno de EU no descartó que estos grupos criminales estén en una competencia mayor por los cruces de México a Estados Unidos y por el control de las plazas, y que por ello han extendido sus operaciones delictivas a la extorsión, el robo y el secuestro.
México y EU abrirán oficina antinarco.
Noticia:
Un grupo de 70 funcionarios mexicanos y de Estados Unidos integrarán la primera oficina binacional de la Iniciativa Mérida, en la que trabajarán en el diseño de las estrategias de combate al narcotráfico y el crimen organizado, anunció Keith Mines, jefe de la Unidad de Apoyo Antinarcóticos de la embajada de EU en México.
Sobre el papel de los 45 funcionarios de su país que colaborarán en esta oficina, el embajador de EU, Carlos Pascual, dijo que será de intercambio de información y de definición de estrategias.
“Nosotros no tenemos operativos en México, tenemos consejeros que trabajan de manera expresa con socios y homólogos mexicanos para pasar información, platicar y realizar estrategias, pero no operativos”.
Expuso que todo el personal autorizado en México de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), sólo trabaja con sus contrapartes mexicanas en el intercambio de información.
Precisó que esta oficina permitirá estrechar la coordinación entre ambos países en materia de seguridad, y se trabajará en estrategias sobre los proyectos de Iniciativa Mérida, y se podrían extender a temas para reforzar el programa de testigo protegido.
En conferencia de prensa, Keith Mines explicó que la oficina que se instalará en el Distrito Federal, en la que laborarán al menos 25 funcionarios mexicanos comenzará a operar a más tardar en abril próximo.
Un reporte de la embajada de EU, que EL UNIVERSAL dio a conocer el 12 de septiembre, detalla que en esta oficina de implementación de la Iniciativa Mérida en el DF “los funcionarios de ambos países trabajarán conjuntamente para dar seguimiento a los programas y desarrollar nuevas estrategias para enfrentar los retos compartidos”.
En diciembre de 2008, el Grupo de Contacto de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida —al que pertenecen todos los titulares del gabinete de seguridad y de la Cancillería— eligieron al DF como sede que dará seguimiento a las acciones contra el narcotráfico.
Un grupo de 70 funcionarios mexicanos y de Estados Unidos integrarán la primera oficina binacional de la Iniciativa Mérida, en la que trabajarán en el diseño de las estrategias de combate al narcotráfico y el crimen organizado, anunció Keith Mines, jefe de la Unidad de Apoyo Antinarcóticos de la embajada de EU en México.
Sobre el papel de los 45 funcionarios de su país que colaborarán en esta oficina, el embajador de EU, Carlos Pascual, dijo que será de intercambio de información y de definición de estrategias.
“Nosotros no tenemos operativos en México, tenemos consejeros que trabajan de manera expresa con socios y homólogos mexicanos para pasar información, platicar y realizar estrategias, pero no operativos”.
Expuso que todo el personal autorizado en México de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), sólo trabaja con sus contrapartes mexicanas en el intercambio de información.
Precisó que esta oficina permitirá estrechar la coordinación entre ambos países en materia de seguridad, y se trabajará en estrategias sobre los proyectos de Iniciativa Mérida, y se podrían extender a temas para reforzar el programa de testigo protegido.
En conferencia de prensa, Keith Mines explicó que la oficina que se instalará en el Distrito Federal, en la que laborarán al menos 25 funcionarios mexicanos comenzará a operar a más tardar en abril próximo.
Un reporte de la embajada de EU, que EL UNIVERSAL dio a conocer el 12 de septiembre, detalla que en esta oficina de implementación de la Iniciativa Mérida en el DF “los funcionarios de ambos países trabajarán conjuntamente para dar seguimiento a los programas y desarrollar nuevas estrategias para enfrentar los retos compartidos”.
En diciembre de 2008, el Grupo de Contacto de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida —al que pertenecen todos los titulares del gabinete de seguridad y de la Cancillería— eligieron al DF como sede que dará seguimiento a las acciones contra el narcotráfico.
Muere “El Barbas”, jefe de los Beltrán.
Noticia:
Esta vez no pudo escapar, como ya lo había hecho. Lo cazaron durante seis días, lo trajeron a salto de mata. Primero dieron con él en Ahuatepec, Morelos. Arturo Beltrán Leyva, apodado El Barbas, de 48 años y nacido en Badiraguato, Sinaloa, estaba en una fiesta con dos bandas legendarias: Los Bravos del Norte de Ramón Ayala, y los Cadetes de Linares. Hasta allá llegó la Marina. Intentó capturarlo, pero huyó. Le siguió el rastro. Iba con varios pistoleros. Y ayer, a las 17:30 horas, dio con él. Estaba en Cuernavaca. Lo hostigaron durante más de 4 horas. Lo mataron.
Llegaron por tierra y por aire: las fuerzas especiales de la Armada de México bajaron a rapel desde los helicópteros que rodearon el exclusivo condominio en el que se escondía. Él y sus pistoleros respondieron con armas largas y con granadas. El traqueteo de las ametralladoras y las explosiones echaron en corrida a decenas de vecinos; parte de la ciudad quedó bajo un cerco.
Hermano de Héctor Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo; enemigo de Joaquín El Chapo Guzmán; buscado por los gobiernos de México y Estados Unidos, a El Barbas se le atribuyó un poder de convocatoria capaz de aliar a Los Zetas y al cártel de Juárez.
Ayer quedó tendido en el piso del condominio Altitude de Cuernavaca, Morelos. Seis leales murieron con él. Allí había establecido su feudo desde hace años. Desde allí traficaba con drogas. Allí mismo fue ubicado en años anteriores: el 7 de mayo de 2008, por ejemplo, fuerzas federales lo localizaron en la carretera y lo siguieron. Se les fue. Iba rumbo a Guerrero y se regresó a su santuario, a Morelos. Allí se hizo ojo de hormiga.
Arturo Beltrán, de acuerdo con información oficial difundida después, montó en cólera por ese “atrevimiento”. Ordenó ese mismo día la muerte de Édgar Millán Gómez, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal. Los sicarios dieron con Millán en su casa de la colonia Guerrero, en el DF. El oficial que condujo esa persecución fue ejecutado. El país entendió quién era El Barbas; el gobierno federal se sacudió.
Versiones dijeron anoche que con él murió Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, su jefe de sicarios. Hasta las primeras horas de hoy, la información no fue confirmada.
Esta vez no pudo escapar, como ya lo había hecho. Lo cazaron durante seis días, lo trajeron a salto de mata. Primero dieron con él en Ahuatepec, Morelos. Arturo Beltrán Leyva, apodado El Barbas, de 48 años y nacido en Badiraguato, Sinaloa, estaba en una fiesta con dos bandas legendarias: Los Bravos del Norte de Ramón Ayala, y los Cadetes de Linares. Hasta allá llegó la Marina. Intentó capturarlo, pero huyó. Le siguió el rastro. Iba con varios pistoleros. Y ayer, a las 17:30 horas, dio con él. Estaba en Cuernavaca. Lo hostigaron durante más de 4 horas. Lo mataron.
Llegaron por tierra y por aire: las fuerzas especiales de la Armada de México bajaron a rapel desde los helicópteros que rodearon el exclusivo condominio en el que se escondía. Él y sus pistoleros respondieron con armas largas y con granadas. El traqueteo de las ametralladoras y las explosiones echaron en corrida a decenas de vecinos; parte de la ciudad quedó bajo un cerco.
Hermano de Héctor Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo; enemigo de Joaquín El Chapo Guzmán; buscado por los gobiernos de México y Estados Unidos, a El Barbas se le atribuyó un poder de convocatoria capaz de aliar a Los Zetas y al cártel de Juárez.
Ayer quedó tendido en el piso del condominio Altitude de Cuernavaca, Morelos. Seis leales murieron con él. Allí había establecido su feudo desde hace años. Desde allí traficaba con drogas. Allí mismo fue ubicado en años anteriores: el 7 de mayo de 2008, por ejemplo, fuerzas federales lo localizaron en la carretera y lo siguieron. Se les fue. Iba rumbo a Guerrero y se regresó a su santuario, a Morelos. Allí se hizo ojo de hormiga.
Arturo Beltrán, de acuerdo con información oficial difundida después, montó en cólera por ese “atrevimiento”. Ordenó ese mismo día la muerte de Édgar Millán Gómez, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal. Los sicarios dieron con Millán en su casa de la colonia Guerrero, en el DF. El oficial que condujo esa persecución fue ejecutado. El país entendió quién era El Barbas; el gobierno federal se sacudió.
Versiones dijeron anoche que con él murió Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, su jefe de sicarios. Hasta las primeras horas de hoy, la información no fue confirmada.
Operativo en Cuernavaca es plausible: Isabel Wallace.
Noticia:
El operativo de la Secretaría de Marina en el que perdió la vida el capo Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel de Sinaloa "es loable y debemos aplaudir que el Gobierno federal hace lo posible por recuperar los espacios perdidos", aseguró en entrevista telefónica Isabel Miranda de Wallace.
"Todo que esté fuera de la ley y lesione la sociedad debe ser combatido" estimó la activista contra el secuestro y en cuanto a las dimensiones del golpe al crimen organizado, dijo a EL UNIVERSAL que "es un punto que no se observa de manera clara, pero se trabajó contra el crimen organizado indudablemente".
Los pendientes
Isabel Wallace, quien es además presidenta de la organización Alto al secuestro, aseguró además que a la par de los grandes operativos y decomisos, debe "haber un plan para prevenir el delito, así como una estructura para trabajar en los derechos de las víctimas" que actualmente no siempre son respetados a cabalidad.
El operativo de la Secretaría de Marina en el que perdió la vida el capo Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel de Sinaloa "es loable y debemos aplaudir que el Gobierno federal hace lo posible por recuperar los espacios perdidos", aseguró en entrevista telefónica Isabel Miranda de Wallace.
"Todo que esté fuera de la ley y lesione la sociedad debe ser combatido" estimó la activista contra el secuestro y en cuanto a las dimensiones del golpe al crimen organizado, dijo a EL UNIVERSAL que "es un punto que no se observa de manera clara, pero se trabajó contra el crimen organizado indudablemente".
Los pendientes
Isabel Wallace, quien es además presidenta de la organización Alto al secuestro, aseguró además que a la par de los grandes operativos y decomisos, debe "haber un plan para prevenir el delito, así como una estructura para trabajar en los derechos de las víctimas" que actualmente no siempre son respetados a cabalidad.
Golpe contundente, muerte de Beltrán Leyva: FCH.
Noticia:
El presidente Felipe Calderón Hinojosa consideró la muerte de Arturo Beltrán Leyva como un golpe contundente a una de las más peligrosas bandas criminales de México y del continente americano.
Al presumir ante periodistas extranjeros y mexicanos el hecho, el mandatario dijo que "en el marco de la estrategia integral de seguridad que hemos emprendido desde el inicio de mi administración esta acción representa un logro muy importante para el pueblo y el gobierno de México y un golpe contundente contra una de las organizaciones criminales más peligrosas de México y del continente".
Este hecho llevó al titular del Ejecutivo mexicano a refrendar que "el gobierno federal seguirá en esta lucha para hacer de México un país de leyes y de libertades donde las familias puedan vivir tranquilas y en paz en nuestro país".
En un mensaje a periodistas, sin preguntas de por medio, Calderón explicó que en el enfrentamiento entre delincuentes y personal de infantería de Marina en Cuernavaca, Morelos resultaron muertos siete integrantes del Cártel de Sinaloa y un integrante de la Armada de México, el marino Melquisedec Angulo Córdova.
"Entre los delincuentes está Arturo Beltrán Leyva, líder de cártel de Sinaloa, aliado del grupo de los zetas y uno de los tres delincuentes más buscados por el gobierno federal y por autoridades de otros países", precisó.
Dio a conocer aquí que el gobierno trabaja en la identificación del resto de los delincuentes fallecidos.
Confirmó que durante el enfrenamiento uno de los presuntos delincuentes se suicidó para evitar ser arrestado.
"Esta operación fue producto de una intensa labor de inteligencia de la Armada de México", dijo.
"Esta acción se suma a un número importante de logros alcanzados por cada una de las dependencias que componen al gabinete de seguridad del gobierno federal, las cuales han mostrado no sólo un trabajo coordinado y efectivo sino un profundo compromiso leal con nuestro país", añadió Calderón.
El presidente reconoció la labor de los marinos heridos y del fallecido, a cuya familia envió sus condolencias.
"Extiendo mi más sentidas condolencias a la familia del maestre Angulo Córdova, quien falleciera al servicio de México", declaró.
El presidente Felipe Calderón Hinojosa consideró la muerte de Arturo Beltrán Leyva como un golpe contundente a una de las más peligrosas bandas criminales de México y del continente americano.
Al presumir ante periodistas extranjeros y mexicanos el hecho, el mandatario dijo que "en el marco de la estrategia integral de seguridad que hemos emprendido desde el inicio de mi administración esta acción representa un logro muy importante para el pueblo y el gobierno de México y un golpe contundente contra una de las organizaciones criminales más peligrosas de México y del continente".
Este hecho llevó al titular del Ejecutivo mexicano a refrendar que "el gobierno federal seguirá en esta lucha para hacer de México un país de leyes y de libertades donde las familias puedan vivir tranquilas y en paz en nuestro país".
En un mensaje a periodistas, sin preguntas de por medio, Calderón explicó que en el enfrentamiento entre delincuentes y personal de infantería de Marina en Cuernavaca, Morelos resultaron muertos siete integrantes del Cártel de Sinaloa y un integrante de la Armada de México, el marino Melquisedec Angulo Córdova.
"Entre los delincuentes está Arturo Beltrán Leyva, líder de cártel de Sinaloa, aliado del grupo de los zetas y uno de los tres delincuentes más buscados por el gobierno federal y por autoridades de otros países", precisó.
Dio a conocer aquí que el gobierno trabaja en la identificación del resto de los delincuentes fallecidos.
Confirmó que durante el enfrenamiento uno de los presuntos delincuentes se suicidó para evitar ser arrestado.
"Esta operación fue producto de una intensa labor de inteligencia de la Armada de México", dijo.
"Esta acción se suma a un número importante de logros alcanzados por cada una de las dependencias que componen al gabinete de seguridad del gobierno federal, las cuales han mostrado no sólo un trabajo coordinado y efectivo sino un profundo compromiso leal con nuestro país", añadió Calderón.
El presidente reconoció la labor de los marinos heridos y del fallecido, a cuya familia envió sus condolencias.
"Extiendo mi más sentidas condolencias a la familia del maestre Angulo Córdova, quien falleciera al servicio de México", declaró.
miércoles, 16 de diciembre de 2009
Cárteles infestan como una plaga la frontera: EU.
Noticia:
Los cárteles de la droga “infestan” como una plaga a México y Estados Unidos, por lo que es crucial que ambos países trabajen en sociedad en la desarticulación de estas organizaciones criminales, consideró John Brennan, asesor del presidente Barack Obama en Seguridad y Contraterrorismo.
Admitió que su país es corresponsable en esta lucha que va más allá de la Iniciativa Mérida, y se comprometió a que su gobierno trabaje aún más para reducir la demanda de drogas, el flujo de armas y dinero hacia México, y contribuir en la construcción de una frontera más segura.
John Brennan hizo entrega junto con el general Victor E. Renuart, jefe del Comando norte, cinco helicópteros Bell-412 a México con un valor de 66 millones de dólares.
“En este momento, en que el gobierno mexicano se ha enfrentando valientemente a los cárteles de las drogas que infestan ambos lados de nuestra frontera común, es absolutamente crítico que Estados Unidos se una como un verdadero socio para tratar el asunto a través de proyectos como la Iniciativa Mérida, y de nuestro lado de la frontera”.
Un problema compartido
Dijo que Estados Unidos es corresponsable en enfrentar los retos sociales, internacionales y regionales impuestos por los cárteles del narcotráfico.
“Estos retos son desalentadores, pero los estamos enfrentando”, explicó John Brennan, en un acto realizado en el hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Dijo que ambos países han asumido el desafío de combatir al narcotráfico “a través de una sociedad nueva e histórica”, y que la entrega de las aeronaves son un símbolo de esa cooperación.
“Pero sólo son un eslabón dentro de una cadena de hitos importantes para enfrentar dichos retos”.
Recordó que su gobierno ha dado adiestramiento a más de 3 mil policías federales, en el marco de la Iniciativa Mérida, con una inversión de 6 millones de dólares.
También se refirió a la capacitación de 243 mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en detección de tráfico de armas, en inteligencia, cibercrimen, administración policial, medicina forense y tecnología.
Los helicópteros Bell-412 —que no están dotados con armamento— serán operados únicamente por el personal de la Fuerza Aérea Mexicana y serán utilizados principalmente para el transporte de personal militar y en tareas de reconocimiento.
A un año de que se liberaron los primeros recursos de la Iniciativa Mérida, cuatro dependencias han recibido equipos y tecnologías por una valor superior a los 82 millones de dólares.
El siguiente paso
En 2010 se prevé la entrega de insumos por más de 700 millones de dólares, que incluyen tres helicópteros Blakhawk UH-60 y una aeronave Casa 235 para la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.
Un documento de la embajada de Estados Unidos en México destaca que en el último año, mediante la Iniciativa Mérida, el Instituto Nacional de Migración recibió un laboratorio para la detección de documentos falsos y equipo biométrico con un costo de 3 millones 100 mil dólares.
La PGR recibió equipo de protección para sus servidores; a la SSP se le hizo entrega de cinco vehículos de rayos X valuados en más de 4.5 millones de dólares; y tecnología por más de un millón de dólares para la Plataforma México.
Los cárteles de la droga “infestan” como una plaga a México y Estados Unidos, por lo que es crucial que ambos países trabajen en sociedad en la desarticulación de estas organizaciones criminales, consideró John Brennan, asesor del presidente Barack Obama en Seguridad y Contraterrorismo.
Admitió que su país es corresponsable en esta lucha que va más allá de la Iniciativa Mérida, y se comprometió a que su gobierno trabaje aún más para reducir la demanda de drogas, el flujo de armas y dinero hacia México, y contribuir en la construcción de una frontera más segura.
John Brennan hizo entrega junto con el general Victor E. Renuart, jefe del Comando norte, cinco helicópteros Bell-412 a México con un valor de 66 millones de dólares.
“En este momento, en que el gobierno mexicano se ha enfrentando valientemente a los cárteles de las drogas que infestan ambos lados de nuestra frontera común, es absolutamente crítico que Estados Unidos se una como un verdadero socio para tratar el asunto a través de proyectos como la Iniciativa Mérida, y de nuestro lado de la frontera”.
Un problema compartido
Dijo que Estados Unidos es corresponsable en enfrentar los retos sociales, internacionales y regionales impuestos por los cárteles del narcotráfico.
“Estos retos son desalentadores, pero los estamos enfrentando”, explicó John Brennan, en un acto realizado en el hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Dijo que ambos países han asumido el desafío de combatir al narcotráfico “a través de una sociedad nueva e histórica”, y que la entrega de las aeronaves son un símbolo de esa cooperación.
“Pero sólo son un eslabón dentro de una cadena de hitos importantes para enfrentar dichos retos”.
Recordó que su gobierno ha dado adiestramiento a más de 3 mil policías federales, en el marco de la Iniciativa Mérida, con una inversión de 6 millones de dólares.
También se refirió a la capacitación de 243 mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en detección de tráfico de armas, en inteligencia, cibercrimen, administración policial, medicina forense y tecnología.
Los helicópteros Bell-412 —que no están dotados con armamento— serán operados únicamente por el personal de la Fuerza Aérea Mexicana y serán utilizados principalmente para el transporte de personal militar y en tareas de reconocimiento.
A un año de que se liberaron los primeros recursos de la Iniciativa Mérida, cuatro dependencias han recibido equipos y tecnologías por una valor superior a los 82 millones de dólares.
El siguiente paso
En 2010 se prevé la entrega de insumos por más de 700 millones de dólares, que incluyen tres helicópteros Blakhawk UH-60 y una aeronave Casa 235 para la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.
Un documento de la embajada de Estados Unidos en México destaca que en el último año, mediante la Iniciativa Mérida, el Instituto Nacional de Migración recibió un laboratorio para la detección de documentos falsos y equipo biométrico con un costo de 3 millones 100 mil dólares.
La PGR recibió equipo de protección para sus servidores; a la SSP se le hizo entrega de cinco vehículos de rayos X valuados en más de 4.5 millones de dólares; y tecnología por más de un millón de dólares para la Plataforma México.
jueves, 10 de diciembre de 2009
Atacan cuartel provisional en Michoacán.
Noticia:
Un civil muerto es el saldo del nuevo ataque armado al hotel Sol del Pacífico, uno de los dos cuarteles generales de agentes de la Policía Federal Preventiva, ocurrido alrededor de las 03:00 horas de este día, según reportaron autoridades ministeriales del gobierno del estado.
La víctima fue identificada como Juan Manuel Balderas Hernández, de 45 años de edad, quien transitaba por la calle Francisco I. Madero, a bordo de una camioneta Chevrolet tipo pick-up, de color morado, placas de circulación MX-40-516 de Michoacán, y al llegar a la esquina de Javier Mina, donde se ubica el citado hotel, quedó en medio de la balacera entre policías y sicarios.
La unidad presentaba por lo menos nuevo impactos de bala de grueso calibre.
El nuevo ataque a los cuarteles provisionales de agentes federales, ocurrió en el centro de la ciudad, pese a que varias calles aledañas a los hoteles están bloqueadas con patrullas y agentes de la PFP.
Los hoteles están a menos de medio kilómetro de distancia del palacio municipal y de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde recientemente el mando de la dependencia fue asumida por agentes federales.
Un civil muerto es el saldo del nuevo ataque armado al hotel Sol del Pacífico, uno de los dos cuarteles generales de agentes de la Policía Federal Preventiva, ocurrido alrededor de las 03:00 horas de este día, según reportaron autoridades ministeriales del gobierno del estado.
La víctima fue identificada como Juan Manuel Balderas Hernández, de 45 años de edad, quien transitaba por la calle Francisco I. Madero, a bordo de una camioneta Chevrolet tipo pick-up, de color morado, placas de circulación MX-40-516 de Michoacán, y al llegar a la esquina de Javier Mina, donde se ubica el citado hotel, quedó en medio de la balacera entre policías y sicarios.
La unidad presentaba por lo menos nuevo impactos de bala de grueso calibre.
El nuevo ataque a los cuarteles provisionales de agentes federales, ocurrió en el centro de la ciudad, pese a que varias calles aledañas a los hoteles están bloqueadas con patrullas y agentes de la PFP.
Los hoteles están a menos de medio kilómetro de distancia del palacio municipal y de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde recientemente el mando de la dependencia fue asumida por agentes federales.
Cruento día en guerra al narco.
Noticia:
El ataque a balazos a un autobús de pasajeros, que ocasionó la muerte a un menor de edad y heridas a cinco personas en Parral, Chihuahua, y el hallazgo de siete jóvenes ejecutados, 48 horas después de haber sido levantados de un bar en esa misma población, se sumaron a los choques que ayer en menos de cuatro horas sostuvieron fuerzas federales y delincuentes en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Tumbiscatío y Pátzcuaro, en Michoacán.
Esta jornada de violencia se registró luego de los granadazos sincronizados de la noche del lunes en sitios públicos de tres comunidades de Sonora, de los altercados del martes en Sinaloa, en donde grupos criminales se enfrentaron en tres poblaciones, así como de la confrontación entre agentes y secuestradores en Cuencamé, Durango, con saldo de 10 fallecidos.
Sólo en Chihuahua, en distintos hechos, se reportaron ayer 30 asesinatos, lo que representa uno de los días más negros que ha registrado esta entidad en el año. Además de las ocho muertes de Parral, en Ciudad Juárez ocurrieron 16 homicidios, tres en Camargo, dos en la capital y uno en Cuauhtémoc.
Los cinco enfrentamientos en Michoacán dejaron un saldo negativo para las corporaciones policiacas, con un agente muerto y 16 lesionados, tres de ellos de gravedad. En Morelia, dos civiles fueron heridos.
Camión entre balas
Al filo de las 14:30 horas del martes, el camión de la línea Rápidos Parral, con ruta Hidalgo del Parral-Guadalupe y Calvo, se detuvo en el paraje Cuesta del Chihuite, cuando dos autos atravesados en la carretera le marcaron el alto.
Testimonios de los pasajeros refirieron que de los automóviles bajaron seis hombres armados, se apostaron a un costado del transporte y sin motivo comenzaron a disparar. En instantes, los usuarios y el chofer fueron presas del pánico, algunos se tiraron al piso y otros saltaron por las ventanas para correr sin rumbo entre la sierra.
Un joven de 16 años quedó muerto en el pasillo del camión, mientras que de las 13 personas que huían, cinco cayeron heridas por las balas.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal detalló que en el autobús viajaban 25 pasajeros y que sólo hubo dos tiradores. Sin especificar, dijo que “a bordo de la unidad iban niños, mujeres y adultos mayores, los cuales salieron por las ventanas y corrieron hacia la serranía, sin embargo los sicarios les dispararon por la espalda”.
La persona muerta no está identificada. Las autoridades ministeriales informaron que se trata de un joven de unos 16 años, al parecer indígena.
Un niño de 12 años recibió varios impactos cuando corría para alejarse y se encuentra en condición crítica. Los demás lesionados son Graciela Mares Espinoza, de 30 años y ama de casa; Rigoberto Ubiña, chofer del camión, a quien se le desprendió el brazo derecho a causa de las balas; Juana Graciela Cota, de 67 años y ama de casa, y el estudiante Édgar Martínez, de 16 años.
Todos fueron trasladados a Parral en autos particulares de personas que pasaron por el lugar del atentado.
La tarde de ayer, la Policía Estatal capturó a Nicanor Rico Villanueva, presunto atacante, de 39 años, con domicilio en Parral. Fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de lesiones, daños, robo y uso de arma de fuego exclusiva del Ejército.
El inculpado dijo no recordar porqué atacó el autobús, junto con otros hombres, cuando iba muy drogado.
Cerca de Parral, municipio ubicado a 209 kilómetros al sur de la capital, en los límites con Durango, se localizaron los cuerpos de siete jóvenes ejecutados. Sería un grupo de ocho levantados el domingo de un centro de espectáculos de esa comunidad.
Los cadáveres tenían decenas de impactos de grueso calibre y presentaban huellas de tortura; estaban apilados a la altura del kilómetro 158 de la mencionada vía, cerca de la comunidad de Valle de Zaragoza. El pasado martes, uno de los adolescentes apareció decapitado, también a un costado de la carretera.
Ataques certeros contra policías
En cinco puntos de Michoacán y en un lapso de cuatro horas, policías federales del Operativo Conjunto fueron emboscados por sicarios, con saldo de un agente muerto y 18 heridos, de los que 16 son agentes y dos civiles.
El primer evento se registró a las 16:00 horas en la población de Guanajuatillo, municipio de Apatzingán. Fuentes oficiales informaron que en la zona serrana fue emboscado el convoy de las fuerzas federales, las balas hirieron a cinco agentes, quienes fueron trasladados a la clínica Santa Fe.
Una hora más tarde, un grupo de policías fue baleado frente al motel Casablanca de Morelia, donde pernoctan los agentes; tres guardias y dos civiles que pasaban por el lugar fueron heridos. A las 18:00 horas, los sicarios perpetraron un nuevo ataque contra un convoy de camionetas oficiales que se dirigían a la población La Mira, en el municipio de Lázaro Cárdenas. Murió un agente.
En la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Las Trojes, agentes que viajaban en dos patrullas fueron baleados; tres quedaron heridos. Otra patrulla fue rafagueada a las 20:00 horas en Las Cruces, municipio de Tumbiscatío, a 80 kilómetros del puerto. Guillermo Indalesio Galleja, miembro de las fuerzas federales, fue lesionado.
Sinaloa reportó cuatro crímenes, entre ellos un jefe policiaco de Mazatlán. En Tijuana localizaron el cuerpo de una mujer y un hombre. Cinco personas fueron asesinadas en Guerrero. Militares persiguieron a un auto, lo que ocasionó un choque entre tres vehículos en Coatzacoalcos, Veracruz. Ejecutaron a un policía en el DF.
El ataque a balazos a un autobús de pasajeros, que ocasionó la muerte a un menor de edad y heridas a cinco personas en Parral, Chihuahua, y el hallazgo de siete jóvenes ejecutados, 48 horas después de haber sido levantados de un bar en esa misma población, se sumaron a los choques que ayer en menos de cuatro horas sostuvieron fuerzas federales y delincuentes en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Tumbiscatío y Pátzcuaro, en Michoacán.
Esta jornada de violencia se registró luego de los granadazos sincronizados de la noche del lunes en sitios públicos de tres comunidades de Sonora, de los altercados del martes en Sinaloa, en donde grupos criminales se enfrentaron en tres poblaciones, así como de la confrontación entre agentes y secuestradores en Cuencamé, Durango, con saldo de 10 fallecidos.
Sólo en Chihuahua, en distintos hechos, se reportaron ayer 30 asesinatos, lo que representa uno de los días más negros que ha registrado esta entidad en el año. Además de las ocho muertes de Parral, en Ciudad Juárez ocurrieron 16 homicidios, tres en Camargo, dos en la capital y uno en Cuauhtémoc.
Los cinco enfrentamientos en Michoacán dejaron un saldo negativo para las corporaciones policiacas, con un agente muerto y 16 lesionados, tres de ellos de gravedad. En Morelia, dos civiles fueron heridos.
Camión entre balas
Al filo de las 14:30 horas del martes, el camión de la línea Rápidos Parral, con ruta Hidalgo del Parral-Guadalupe y Calvo, se detuvo en el paraje Cuesta del Chihuite, cuando dos autos atravesados en la carretera le marcaron el alto.
Testimonios de los pasajeros refirieron que de los automóviles bajaron seis hombres armados, se apostaron a un costado del transporte y sin motivo comenzaron a disparar. En instantes, los usuarios y el chofer fueron presas del pánico, algunos se tiraron al piso y otros saltaron por las ventanas para correr sin rumbo entre la sierra.
Un joven de 16 años quedó muerto en el pasillo del camión, mientras que de las 13 personas que huían, cinco cayeron heridas por las balas.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal detalló que en el autobús viajaban 25 pasajeros y que sólo hubo dos tiradores. Sin especificar, dijo que “a bordo de la unidad iban niños, mujeres y adultos mayores, los cuales salieron por las ventanas y corrieron hacia la serranía, sin embargo los sicarios les dispararon por la espalda”.
La persona muerta no está identificada. Las autoridades ministeriales informaron que se trata de un joven de unos 16 años, al parecer indígena.
Un niño de 12 años recibió varios impactos cuando corría para alejarse y se encuentra en condición crítica. Los demás lesionados son Graciela Mares Espinoza, de 30 años y ama de casa; Rigoberto Ubiña, chofer del camión, a quien se le desprendió el brazo derecho a causa de las balas; Juana Graciela Cota, de 67 años y ama de casa, y el estudiante Édgar Martínez, de 16 años.
Todos fueron trasladados a Parral en autos particulares de personas que pasaron por el lugar del atentado.
La tarde de ayer, la Policía Estatal capturó a Nicanor Rico Villanueva, presunto atacante, de 39 años, con domicilio en Parral. Fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de lesiones, daños, robo y uso de arma de fuego exclusiva del Ejército.
El inculpado dijo no recordar porqué atacó el autobús, junto con otros hombres, cuando iba muy drogado.
Cerca de Parral, municipio ubicado a 209 kilómetros al sur de la capital, en los límites con Durango, se localizaron los cuerpos de siete jóvenes ejecutados. Sería un grupo de ocho levantados el domingo de un centro de espectáculos de esa comunidad.
Los cadáveres tenían decenas de impactos de grueso calibre y presentaban huellas de tortura; estaban apilados a la altura del kilómetro 158 de la mencionada vía, cerca de la comunidad de Valle de Zaragoza. El pasado martes, uno de los adolescentes apareció decapitado, también a un costado de la carretera.
Ataques certeros contra policías
En cinco puntos de Michoacán y en un lapso de cuatro horas, policías federales del Operativo Conjunto fueron emboscados por sicarios, con saldo de un agente muerto y 18 heridos, de los que 16 son agentes y dos civiles.
El primer evento se registró a las 16:00 horas en la población de Guanajuatillo, municipio de Apatzingán. Fuentes oficiales informaron que en la zona serrana fue emboscado el convoy de las fuerzas federales, las balas hirieron a cinco agentes, quienes fueron trasladados a la clínica Santa Fe.
Una hora más tarde, un grupo de policías fue baleado frente al motel Casablanca de Morelia, donde pernoctan los agentes; tres guardias y dos civiles que pasaban por el lugar fueron heridos. A las 18:00 horas, los sicarios perpetraron un nuevo ataque contra un convoy de camionetas oficiales que se dirigían a la población La Mira, en el municipio de Lázaro Cárdenas. Murió un agente.
En la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Las Trojes, agentes que viajaban en dos patrullas fueron baleados; tres quedaron heridos. Otra patrulla fue rafagueada a las 20:00 horas en Las Cruces, municipio de Tumbiscatío, a 80 kilómetros del puerto. Guillermo Indalesio Galleja, miembro de las fuerzas federales, fue lesionado.
Sinaloa reportó cuatro crímenes, entre ellos un jefe policiaco de Mazatlán. En Tijuana localizaron el cuerpo de una mujer y un hombre. Cinco personas fueron asesinadas en Guerrero. Militares persiguieron a un auto, lo que ocasionó un choque entre tres vehículos en Coatzacoalcos, Veracruz. Ejecutaron a un policía en el DF.
Los narcos brincaron al terrorismo, alerta ONU.
Noticia:
El representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio L. Mazzitelli, afirmó que los cárteles mexicanos de la droga están recurriendo a actos de terrorismo, “ya que no tienen otra opción para tratar de obligar a la población civil, y en particular a las autoridades, a lograr pactos”.
El funcionario, experto en combate al crimen, se refirió en particular a los hechos de violencia registrados esta semana en Sonora, donde estallaron granadas en Hermosillo, Navojoa y Cananea.
Dijo que el terrorismo indiscriminado es síntoma de enorme debilidad del crimen. “Eso podría indicar que probablemente se están logrando resultados [en la lucha contra la delincuencia]”.
Mazzitelli se declaró en favor de los señalamientos del presidente Felipe Calderón, quien dijo que no claudicará en el combate al crimen organizado ni escuchará a las voces que pretenden que el Estado se retire de esa lucha.
“México no quiere claudicar ante el poder criminal. Los mexicanos, aun bajo presión y amenazas, no quieren que los criminales sean los que manden, porque los criminales sólo conocen la ley de la violencia, no saben de pactos ni reglas, son sus reglas y a quien no las respete, lo matan”, dijo.
Consideró preocupante los actos de violencia porque desde hace tres años se mantienen en los mismos niveles “y la población civil está en riesgo de enfrentarse a los criminales de manera involuntaria”. Dijo que el poderío del narcotráfico es resultado de subestimar en los últimos 20 años a esos grupos.
Desde su perspectiva, “es terrible” que amenazas de los cárteles hayan derivado en la renuncia de autoridades municipales en Tancítaro, Michoacán.
El representante de la ONU para México, Centroamérica y el Caribe mencionó que en esas situaciones es necesario fortalecer la presencia del Estado a través de los cuerpos de seguridad para que la gente y los civiles pueden retomar sus funciones.
“¿Si no es el Ejército, quién estaría listo para entrar por los que se han ido? ¿Los mismos criminales?”, cuestionó.
El representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio L. Mazzitelli, afirmó que los cárteles mexicanos de la droga están recurriendo a actos de terrorismo, “ya que no tienen otra opción para tratar de obligar a la población civil, y en particular a las autoridades, a lograr pactos”.
El funcionario, experto en combate al crimen, se refirió en particular a los hechos de violencia registrados esta semana en Sonora, donde estallaron granadas en Hermosillo, Navojoa y Cananea.
Dijo que el terrorismo indiscriminado es síntoma de enorme debilidad del crimen. “Eso podría indicar que probablemente se están logrando resultados [en la lucha contra la delincuencia]”.
Mazzitelli se declaró en favor de los señalamientos del presidente Felipe Calderón, quien dijo que no claudicará en el combate al crimen organizado ni escuchará a las voces que pretenden que el Estado se retire de esa lucha.
“México no quiere claudicar ante el poder criminal. Los mexicanos, aun bajo presión y amenazas, no quieren que los criminales sean los que manden, porque los criminales sólo conocen la ley de la violencia, no saben de pactos ni reglas, son sus reglas y a quien no las respete, lo matan”, dijo.
Consideró preocupante los actos de violencia porque desde hace tres años se mantienen en los mismos niveles “y la población civil está en riesgo de enfrentarse a los criminales de manera involuntaria”. Dijo que el poderío del narcotráfico es resultado de subestimar en los últimos 20 años a esos grupos.
Desde su perspectiva, “es terrible” que amenazas de los cárteles hayan derivado en la renuncia de autoridades municipales en Tancítaro, Michoacán.
El representante de la ONU para México, Centroamérica y el Caribe mencionó que en esas situaciones es necesario fortalecer la presencia del Estado a través de los cuerpos de seguridad para que la gente y los civiles pueden retomar sus funciones.
“¿Si no es el Ejército, quién estaría listo para entrar por los que se han ido? ¿Los mismos criminales?”, cuestionó.
martes, 8 de diciembre de 2009
Ciudad Juárez: el dolor por los abusos.
Noticia:
Los casos de tortura, desaparición forzada y asesinato que involucran a militares y policías federales no han terminado en esta ciudad, y se suman a los de extorsión y secuestro denunciados el domingo por empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil que marcharon para exigir un cambio profundo en la estrategia de combate al crimen organizado.
“La situación sigue siendo extremadamente grave y para ser realistas no veo signos de buena voluntad por parte de las autoridades militares ni de los gobiernos federal y del estado”, dice Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien tomó parte de la marcha Solución para Juárez.
El visitador de la CEDH despacha desde su exilio en Texas tras haber sido amenazado de muerte en múltiples ocasiones por revelar informes que implicaban a fuerzas federales en desapariciones, torturas y asesinatos, y después de que uno de sus escoltas fue detenido y torturado por elementos del Ejército en agosto pasado.
Los actos criminales atribuidos a elementos de las fuerzas federales se triplicaron desde el año pasado en esta frontera, de acuerdo con informes de Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Lo lamentable es que no vemos que hayan mejorado las condiciones de seguridad pública”.
La CNDH emitió hasta noviembre 20 recomendaciones a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y a la de Seguridad Pública (SSP), un porcentaje mínimo respecto al cúmulo de crímenes documentados por organizaciones civiles, cámaras empresariales, colegios de abogados y la CEDH durante los 21 meses transcurridos desde iniciado el Operativo Conjunto Chihuahua.
En 2008, del 31 de marzo hasta el 31 de diciembre, el organismo manejó expedientes en 160 casos de tortura y desaparición forzada. Este año, hasta septiembre en que debió huir ante las amenazas, De la Rosa, en conjunto con la Oficina Municipal de Quejas, recibió 725 denuncias, que incluyeron homicidios.
El 31 de julio, el visitador intentó —mediante un intermediario— enviarle copia de expedientes a mandos castrenses fuera de la quinta zona militar, a la que corresponde Chihuahua. El documento fue interceptado por oficiales a cargo de la Operación Conjunta y tras ello el nivel de las amenazas recrudeció. De la Rosa debió huir del país en septiembre, horas después de que fue acribillado el escolta que le asignó la Procuraduría estatal.
“No tengo indicios de que lo hayan asesinado como consecuencia de todo esto, pero de cualquier manera ya era demasiada la presión en contra”.
Parte del listado que finalmente pudo hacer llegar a oficiales de alto rango del Ejército (el visitador rechaza identificarlos) fue entregado a EL UNIVERSAL el fin de semana.
La lista refiere 39 expedientes, cuatro por tortura, 14 por desaparición forzada y el resto por homicidio. En ocho casos existe identificación de los responsables y en otros ocho indicios para establecer al autor intelectual.
De un total de 170 expedientes entregados a los mandos castrenses durante una reunión privada en Torreón, Coahuila, a finales de noviembre, sólo uno ameritó el inicio de una investigación de la Procuraduría de Justicia Militar, dice el visitador de la CEDH.
“Es un pequeño logro, muy pequeñito para el tamaño de lo que sucede, pero un logro al fin. Y si realmente siguen a fondo lo que menciona ese expediente, muchos (militares) irán al bote”.
Mantener tal compromiso no es fácil ni para él ni para el resto de los activistas de la ciudad fronteriza.
En los primeros meses del Operativo Conjunto Chihuahua, Cipriana Jurado, presidenta de la organización Movimiento Obrero, fue arrestada sin orden judicial por agentes federales que la esperaban afuera de su casa. Se le acusó de un delito viejo: haber tomado parte en el bloqueo de un cruce internacional año y medio atrás.
Jurado fue liberada en pocas horas, después de que intervino a su favor un diputado local y la procuradora de Chihuahua, Patricia González, además de académicos, políticos y activistas.
El 23 de noviembre, Cipriana Jurado sostuvo en un foro público que la desaparición forzada y la tortura cometidos por militares y federales siguen vigentes en colonias populares, donde reside la inmensa mayoría de jóvenes sin escuela ni empleo remunerado.
Descalificaciones contra civiles
La ciudad se ha nutrido durante dos años de este tipo de historias de “limpieza”. El desconsuelo ciudadano aumenta porque hasta ahora ningún funcionario ha sido castigado por los delitos que comete, dice Hugo Almada, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y miembro del Observatorio Juarense de Seguridad Pública y Seguridad Social AC.
“Cuando miles de ciudadanos son testigos de cómo se cometen excesos y no existe castigo ni voluntad siquiera de las autoridades para admitir tales ilegalidades, es muy difícil guardar algún tipo de esperanza”. Por el contrario, quienes señalan los excesos son acusados de ser cómplices de los narcotraficantes.
“Los señalamientos en su mayoría son ciertos y están documentados. Pero la posibilidad de que te acusen de trabajar para intereses de alguna organización criminal es grande; con ello descalifican o pretenden descalificar los señalamientos en contra”.
La política de rechazo a cualquier señalamiento en contra de la Operación Conjunta nace desde las más altas instancias de gobierno.
A mediados de noviembre, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, culpó a los juarenses de su situación. “La ola de violencia por la que atraviesa Juárez se debe atribuir a la apertura que algunos sectores sociales dieron a los negocios ‘lícitos’ del crimen organizado y a las relaciones de ‘cooperación’ con grupos delincuenciales que ahora se vuelven en contra de la ciudad”, declaró el 19 de noviembre.
Gómez Mont jamás hizo mención de excesos de las fuerzas federales, a pesar de las constantes denuncias, muchas presentadas ante el Ministerio Público.
En marzo, unos 50 agentes de la Policía Federal fueron acusados formalmente de extorsión por vendedores de autos usados y yonkeros de una zona comercial conocida como La Curva.
Los oficiales exigieron mil dólares a cada comerciante. La extorsión fue atestiguada por reporteros de un diario local que circunstancialmente entrevistaban a uno de los vendedores. Semanas después, sólo uno de los oficiales fue presentado ante el Ministerio Público.
Quienes han hecho señalamientos directos en contra de las fuerzas federales por lo regular son amedrentados mediante llamadas telefónicas, dice el visitador Gustavo de la Rosa. Esa es la causa predominante para que muchos de los afectados guarden silencio.
“Está cabrón, porque el mensaje es muy claro: si tú te atreves a denunciarme, te irá mal. ¿Qué se puede hacer cuando un sistema opera de tal forma para reprimir a una sociedad?”.
En julio, Javier González Mocken, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, denunció en entrevista con EL UNIVERSAL que jueces y ministerios públicos fabricaban juicios a inculpados presentados por los militares, así fueran inocentes.
Desaparición y tortura
Eran las tres de la madrugada del 11 de junio de 2008 cuando un comando de soldados irrumpió en la casa de Yolanda. “Estuvieron esculcando, vaciaron el refrigerador y encontraron mil 800 pesos en la mochila de mi hijo. En la casa no encontraron droga ni armas, pero de todas formas se llevaron a mi esposo”.
En el exterior, uno de sus hijos escuchó cuando un militar le decía al jefe del grupo: “No les encontramos nada, ¿para qué nos lo llevamos?”, a lo que el mando contestó: “Después vemos qué hacemos con él, algo ha de saber”.
Jesús fue presentado ante el Ministerio Público federal el 15 de junio. El parte militar reportó que el arresto se realizó el 14 de junio y que le decomisaron 3 kilos 200 gramos de mariguana.
En su denuncia Yolanda señala que su esposo estuvo incomunicado tres días en los que fue brutalmente golpeado. Sostiene que los vecinos del barrio fueron testigos de la detención militar. Sin embargo, a Jesús se le acusa de portación de drogas cuando en su casa no se encontró nada.
Hasta el 15 de septiembre pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Oficina Municipal de Quejas documentaron mil 200 quejas por cateos ilegales del Ejército como parte del Operativo Conjunto Chihuahua.
Adicionalmente mantienen abiertas investigaciones por presunta participación de militares en la muerte y desaparición de 21 personas —20 hombres y una mujer—, todos menores de 35 años. Entre ellos están dos hombres que desaparecieron el 31 de enero de 2009.
En la última comunicación de Carlos con su novia, éste le comentó que iba a encontrarse con unos militares que tenían retenido a un hombre por portación de mariguana y que le estaban pidiendo una fuerte cantidad de dinero para liberarlo, señala el expediente.
Carlos, en su calidad de gestor, intervendría legalmente en el caso. Pero su compañera sentimental, quien pide el anonimato por seguridad, señala que desde las 13:00 horas de ese día no ha vuelto a saber nada de él.
Un hombre, quien se identificó como Delta, denunció que en el cuartel militar, en la calle Barranco Azul, había dos detenidos muy golpeados quienes prácticamente no podían moverse. La descripción de estas dos personas coincide con la de Carlos y su amigo.
Mediante una llamada telefónica, Delta señaló que sentía lástima por las dos personas porque llevaban días sometidos a constantes interrogatorios y torturas. “Por favor traten de hacer algo por ellos”, dijo. Carlos y su amigo continúan desaparecidos.
Los casos de tortura, desaparición forzada y asesinato que involucran a militares y policías federales no han terminado en esta ciudad, y se suman a los de extorsión y secuestro denunciados el domingo por empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil que marcharon para exigir un cambio profundo en la estrategia de combate al crimen organizado.
“La situación sigue siendo extremadamente grave y para ser realistas no veo signos de buena voluntad por parte de las autoridades militares ni de los gobiernos federal y del estado”, dice Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien tomó parte de la marcha Solución para Juárez.
El visitador de la CEDH despacha desde su exilio en Texas tras haber sido amenazado de muerte en múltiples ocasiones por revelar informes que implicaban a fuerzas federales en desapariciones, torturas y asesinatos, y después de que uno de sus escoltas fue detenido y torturado por elementos del Ejército en agosto pasado.
Los actos criminales atribuidos a elementos de las fuerzas federales se triplicaron desde el año pasado en esta frontera, de acuerdo con informes de Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Lo lamentable es que no vemos que hayan mejorado las condiciones de seguridad pública”.
La CNDH emitió hasta noviembre 20 recomendaciones a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y a la de Seguridad Pública (SSP), un porcentaje mínimo respecto al cúmulo de crímenes documentados por organizaciones civiles, cámaras empresariales, colegios de abogados y la CEDH durante los 21 meses transcurridos desde iniciado el Operativo Conjunto Chihuahua.
En 2008, del 31 de marzo hasta el 31 de diciembre, el organismo manejó expedientes en 160 casos de tortura y desaparición forzada. Este año, hasta septiembre en que debió huir ante las amenazas, De la Rosa, en conjunto con la Oficina Municipal de Quejas, recibió 725 denuncias, que incluyeron homicidios.
El 31 de julio, el visitador intentó —mediante un intermediario— enviarle copia de expedientes a mandos castrenses fuera de la quinta zona militar, a la que corresponde Chihuahua. El documento fue interceptado por oficiales a cargo de la Operación Conjunta y tras ello el nivel de las amenazas recrudeció. De la Rosa debió huir del país en septiembre, horas después de que fue acribillado el escolta que le asignó la Procuraduría estatal.
“No tengo indicios de que lo hayan asesinado como consecuencia de todo esto, pero de cualquier manera ya era demasiada la presión en contra”.
Parte del listado que finalmente pudo hacer llegar a oficiales de alto rango del Ejército (el visitador rechaza identificarlos) fue entregado a EL UNIVERSAL el fin de semana.
La lista refiere 39 expedientes, cuatro por tortura, 14 por desaparición forzada y el resto por homicidio. En ocho casos existe identificación de los responsables y en otros ocho indicios para establecer al autor intelectual.
De un total de 170 expedientes entregados a los mandos castrenses durante una reunión privada en Torreón, Coahuila, a finales de noviembre, sólo uno ameritó el inicio de una investigación de la Procuraduría de Justicia Militar, dice el visitador de la CEDH.
“Es un pequeño logro, muy pequeñito para el tamaño de lo que sucede, pero un logro al fin. Y si realmente siguen a fondo lo que menciona ese expediente, muchos (militares) irán al bote”.
Mantener tal compromiso no es fácil ni para él ni para el resto de los activistas de la ciudad fronteriza.
En los primeros meses del Operativo Conjunto Chihuahua, Cipriana Jurado, presidenta de la organización Movimiento Obrero, fue arrestada sin orden judicial por agentes federales que la esperaban afuera de su casa. Se le acusó de un delito viejo: haber tomado parte en el bloqueo de un cruce internacional año y medio atrás.
Jurado fue liberada en pocas horas, después de que intervino a su favor un diputado local y la procuradora de Chihuahua, Patricia González, además de académicos, políticos y activistas.
El 23 de noviembre, Cipriana Jurado sostuvo en un foro público que la desaparición forzada y la tortura cometidos por militares y federales siguen vigentes en colonias populares, donde reside la inmensa mayoría de jóvenes sin escuela ni empleo remunerado.
Descalificaciones contra civiles
La ciudad se ha nutrido durante dos años de este tipo de historias de “limpieza”. El desconsuelo ciudadano aumenta porque hasta ahora ningún funcionario ha sido castigado por los delitos que comete, dice Hugo Almada, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y miembro del Observatorio Juarense de Seguridad Pública y Seguridad Social AC.
“Cuando miles de ciudadanos son testigos de cómo se cometen excesos y no existe castigo ni voluntad siquiera de las autoridades para admitir tales ilegalidades, es muy difícil guardar algún tipo de esperanza”. Por el contrario, quienes señalan los excesos son acusados de ser cómplices de los narcotraficantes.
“Los señalamientos en su mayoría son ciertos y están documentados. Pero la posibilidad de que te acusen de trabajar para intereses de alguna organización criminal es grande; con ello descalifican o pretenden descalificar los señalamientos en contra”.
La política de rechazo a cualquier señalamiento en contra de la Operación Conjunta nace desde las más altas instancias de gobierno.
A mediados de noviembre, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, culpó a los juarenses de su situación. “La ola de violencia por la que atraviesa Juárez se debe atribuir a la apertura que algunos sectores sociales dieron a los negocios ‘lícitos’ del crimen organizado y a las relaciones de ‘cooperación’ con grupos delincuenciales que ahora se vuelven en contra de la ciudad”, declaró el 19 de noviembre.
Gómez Mont jamás hizo mención de excesos de las fuerzas federales, a pesar de las constantes denuncias, muchas presentadas ante el Ministerio Público.
En marzo, unos 50 agentes de la Policía Federal fueron acusados formalmente de extorsión por vendedores de autos usados y yonkeros de una zona comercial conocida como La Curva.
Los oficiales exigieron mil dólares a cada comerciante. La extorsión fue atestiguada por reporteros de un diario local que circunstancialmente entrevistaban a uno de los vendedores. Semanas después, sólo uno de los oficiales fue presentado ante el Ministerio Público.
Quienes han hecho señalamientos directos en contra de las fuerzas federales por lo regular son amedrentados mediante llamadas telefónicas, dice el visitador Gustavo de la Rosa. Esa es la causa predominante para que muchos de los afectados guarden silencio.
“Está cabrón, porque el mensaje es muy claro: si tú te atreves a denunciarme, te irá mal. ¿Qué se puede hacer cuando un sistema opera de tal forma para reprimir a una sociedad?”.
En julio, Javier González Mocken, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, denunció en entrevista con EL UNIVERSAL que jueces y ministerios públicos fabricaban juicios a inculpados presentados por los militares, así fueran inocentes.
Desaparición y tortura
Eran las tres de la madrugada del 11 de junio de 2008 cuando un comando de soldados irrumpió en la casa de Yolanda. “Estuvieron esculcando, vaciaron el refrigerador y encontraron mil 800 pesos en la mochila de mi hijo. En la casa no encontraron droga ni armas, pero de todas formas se llevaron a mi esposo”.
En el exterior, uno de sus hijos escuchó cuando un militar le decía al jefe del grupo: “No les encontramos nada, ¿para qué nos lo llevamos?”, a lo que el mando contestó: “Después vemos qué hacemos con él, algo ha de saber”.
Jesús fue presentado ante el Ministerio Público federal el 15 de junio. El parte militar reportó que el arresto se realizó el 14 de junio y que le decomisaron 3 kilos 200 gramos de mariguana.
En su denuncia Yolanda señala que su esposo estuvo incomunicado tres días en los que fue brutalmente golpeado. Sostiene que los vecinos del barrio fueron testigos de la detención militar. Sin embargo, a Jesús se le acusa de portación de drogas cuando en su casa no se encontró nada.
Hasta el 15 de septiembre pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Oficina Municipal de Quejas documentaron mil 200 quejas por cateos ilegales del Ejército como parte del Operativo Conjunto Chihuahua.
Adicionalmente mantienen abiertas investigaciones por presunta participación de militares en la muerte y desaparición de 21 personas —20 hombres y una mujer—, todos menores de 35 años. Entre ellos están dos hombres que desaparecieron el 31 de enero de 2009.
En la última comunicación de Carlos con su novia, éste le comentó que iba a encontrarse con unos militares que tenían retenido a un hombre por portación de mariguana y que le estaban pidiendo una fuerte cantidad de dinero para liberarlo, señala el expediente.
Carlos, en su calidad de gestor, intervendría legalmente en el caso. Pero su compañera sentimental, quien pide el anonimato por seguridad, señala que desde las 13:00 horas de ese día no ha vuelto a saber nada de él.
Un hombre, quien se identificó como Delta, denunció que en el cuartel militar, en la calle Barranco Azul, había dos detenidos muy golpeados quienes prácticamente no podían moverse. La descripción de estas dos personas coincide con la de Carlos y su amigo.
Mediante una llamada telefónica, Delta señaló que sentía lástima por las dos personas porque llevaban días sometidos a constantes interrogatorios y torturas. “Por favor traten de hacer algo por ellos”, dijo. Carlos y su amigo continúan desaparecidos.
Diputado llama a crear ley para proteger testigos.
Noticia:
El presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, Alejandro Gertz Manero, urgió a crear leyes que brinden mayor seguridad a los testigos protegidos. Luego del asesinato de Édgar Bayardo, el diputado federal por Convergencia, consideró necesario que este tipo de personas tengan mayor protección y claridad en su situación jurídica. “Hubo una falta de control en la seguridad de esta persona que le causó la muerte. Pareciera que la ejecución es producto de un descuido”. (Notimex)
El presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, Alejandro Gertz Manero, urgió a crear leyes que brinden mayor seguridad a los testigos protegidos. Luego del asesinato de Édgar Bayardo, el diputado federal por Convergencia, consideró necesario que este tipo de personas tengan mayor protección y claridad en su situación jurídica. “Hubo una falta de control en la seguridad de esta persona que le causó la muerte. Pareciera que la ejecución es producto de un descuido”. (Notimex)
PAN propone cadena perpetua para narcos y funcionarios coludidos.
Noticia:
La fracción del PAN en el Congreso estatal propuso la implementación de la “cadena perpetua” como castigo contra secuestradores y a funcionarios coludidos con el crimen organizado. Se detalla que también aplicaría la condena vitalicia para homicidios premeditados y responsables de lesiones graves, cuando a estos se les relaciones con los cárteles de la droga.
Durante la sesión ordinaria de ayer, el diputado Omar Pérez dijo que la propuesta, turnada en carácter de urgente a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, deberá ser remitida al Congreso de la Unión, pues representa modificaciones a la Constitución mexicana. El viernes pasado, Nuevo León vivió un nuevo episodio de violencia donde perecieron 14 personas.
La fracción del PAN en el Congreso estatal propuso la implementación de la “cadena perpetua” como castigo contra secuestradores y a funcionarios coludidos con el crimen organizado. Se detalla que también aplicaría la condena vitalicia para homicidios premeditados y responsables de lesiones graves, cuando a estos se les relaciones con los cárteles de la droga.
Durante la sesión ordinaria de ayer, el diputado Omar Pérez dijo que la propuesta, turnada en carácter de urgente a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, deberá ser remitida al Congreso de la Unión, pues representa modificaciones a la Constitución mexicana. El viernes pasado, Nuevo León vivió un nuevo episodio de violencia donde perecieron 14 personas.
Van 7 mil muertos en 2009; la guerra es más sangrienta.
Noticia:
El saldo de la guerra entre los cárteles de la droga rebasó ayer los 7 mil muertos, con el ajusticiamiento de 31 personas en Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Sonora, Distrito Federal y estado de México.
De acuerdo con el recuento que EL UNIVERSAL realiza desde 2005, en el presente año Chihuahua es la entidad donde se ha registrado el mayor número de ejecuciones, con 2 mil 991. Únicamente Yucatán se mantiene con saldo blanco.
La cifra pasó de 6 mil a más de 7 mil víctimas en sólo 48 días.
El promedio de homicidios diarios vinculados al enfrentamiento entre grupos del crimen organizado se ubicó en 21.3 en lo que va del año. En el sexenio, los crímenes ligados al narcotráfico suman 15 mil 507.
Según una encuesta realizada por este diario en la ciudad de México, los capitalinos perciben un aumento en la inseguridad pública. En junio de 2006 se había registrado el nivel máximo (58%) en el indicador, pero este año el índice rompió las marcas previas y llegó a 59%.
El saldo de la guerra entre los cárteles de la droga rebasó ayer los 7 mil muertos, con el ajusticiamiento de 31 personas en Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Sonora, Distrito Federal y estado de México.
De acuerdo con el recuento que EL UNIVERSAL realiza desde 2005, en el presente año Chihuahua es la entidad donde se ha registrado el mayor número de ejecuciones, con 2 mil 991. Únicamente Yucatán se mantiene con saldo blanco.
La cifra pasó de 6 mil a más de 7 mil víctimas en sólo 48 días.
El promedio de homicidios diarios vinculados al enfrentamiento entre grupos del crimen organizado se ubicó en 21.3 en lo que va del año. En el sexenio, los crímenes ligados al narcotráfico suman 15 mil 507.
Según una encuesta realizada por este diario en la ciudad de México, los capitalinos perciben un aumento en la inseguridad pública. En junio de 2006 se había registrado el nivel máximo (58%) en el indicador, pero este año el índice rompió las marcas previas y llegó a 59%.
lunes, 7 de diciembre de 2009
Juarenses estallan contra la violencia.
Noticia:
Faltaban unos 20 minutos para el mediodía cuando los Cervantes, los Pérez, los Griensen, los Ochoa y los Montes llegaron a la plaza de la megabandera. Salieron de sus casas con el duelo a cuestas para tratar de recuperar, por unas horas, las calles de la ciudad. Una bala perdida, el secuestro y la desaparición forzada les arrebataron a sus seres queridos en este año en que la violencia se implantó como única ley.
Justo a las 12 del día empezó la caminata. En filas de 10, más de 2 mil 500 juarenses iniciaron el recorrido de cuatro kilómetros sobre la avenida Rafael Pérez Cerna. La desesperación hizo eco la mañana de este domingo cuando las familias gritaban: “Queremos paz hoy”, “fuera militares, federales y delincuentes de Juárez”.
A pesar de que desde marzo de 2008, más de 8 mil soldados y policías federales patrullan la ciudad y sus alrededores, 2 mil 340 personas han sido asesinadas en lo que va del año, entre ellas 135 mujeres, varios niños, maestros y estudiantes universitarios y hasta policías de todas las corporaciones.
Ni el aire, ni el frío impidieron la manifestación social. Convencidos pero tristes de que Juárez sea conocida como la ciudad más violenta del mundo, empresarios, obreros, mujeres, padres de familia, universitarios y ciudadanos se unieron en coro para exigir que las autoridades federales, estatales y municipales “repiensen la estrategia contra el crimen organizado, porque hasta ahora lo que han hecho no ha servido de nada”.
Comprando la vida
Federico Ziga, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera, es parte del contingente. Mientras avanza, lamenta que su gremio es uno de los más afectados por la inseguridad. En sus cifras, más de mil negocios del ramo están siendo extorsionados actualmente, otros tantos han sido víctimas de asaltos y robo a mano armada. “La ciudad está tomada por la delincuencia, cada vez que tenemos que pagar la cuota, sentimos que estamos comprando vida. Le pagamos a los criminales para que nos dejen vivir”.
Apoyada por un bastón y de la mano de su nieto de 15 años, Hilaria García de 77 años, dice: “Vengo a la marcha porque quiero volver a ir a misa o al mandado sin miedo”. A paso lento sigue al numeroso grupo porque quiere denunciar que hace dos meses la extorsionaron por teléfono. “Me dijeron que tenían secuestrado a un sobrino, que les depositara 20 mil pesos en diferentes cuentas de bancos, sólo junté 14 mil que me prestaron”.
Luto permanente
El más pequeño de Los Cervantes, un niño de nueve años, grita con fuerza, una y otra vez: “Paz para Juárez”. Su familia ha sufrido asaltos, extorsiones y el secuestro de un ser querido por el que pagaron el rescate pero al que nunca volvieron a ver. Siguen de luto y marchan para exigir justicia y alto a la impunidad. “Las autoridades no nos dicen nada sobre cómo va la investigación, estos meses han sido un infierno”.
Dos jóvenes universitarios se unen corriendo al contingente. Cargan una cartulina en la que piden: “El dinero que se gastan en la militarización, inviértanlo en educación”. Los dos salieron de sus casas a exigir que la delincuencia les regrese sus espacios de entretenimiento. “Ya no podemos salir, apenas mataron a un compañero en el antro en el que nos reuníamos”.
El padre Jesús de la parroquia del Espíritu Santo dice que en cuanto terminó la misa de las 10 se alistó para la marcha. “Venimos para exigir a las autoridades que apliquen la inteligencia y nos devuelvan la paz”. En los últimos meses le ha tocado dar los santos óleos y la extremaunción a jóvenes que son acribillados en las calles. “Nos mandaron al Ejército pero ellos no saben cómo imponer la paz, y estamos peor que nunca en la ciudad”.
Soledad Griensen se limpia las lágrimas, está vestida de negro. Su familia está de luto. Una bala perdida le quitó la vida a su sobrino. “Los muertos no son un número más en las cifras del gobierno, son padres de familia que caen víctimas de esta guerra sin sentido y sin control”.
Como integrante de una asociación civil que lucha contra la violencia hacia las mujeres, Soledad advierte que la ausencia de valores en los hogares ha generado el caos que se vive en la ciudad. “Las personas violentas provienen de familias disfuncionales, ahí los educan para matar por el abandono y la falta de atención”.
Con las fotos de sus hijas en una pancarta, madres de jóvenes desaparecidas marchan en la retaguardia del contingente. En lo que va de este año 36 mujeres, de entre 16 y 22 años, salieron de sus hogares y nunca volvieron. Nadie sabe de ellas.
Olga Esparza, mamá de Mónica Janeth Alanís, denuncia que desde el 26 de marzo su hija salió a la universidad y no supo nada de ella. “Las autoridades me preguntan a mí si yo he sabido algo de ella, porque ellos no. Imagínese cómo estamos”. Los Pérez y Ochoa van en el mismo grupo. Tampoco saben nada de sus hijas.
El colorido traje de la payasita Xixi, dan un toque infantil a la marcha. “Yo vengo porque estoy muy preocupada por los niños de Juárez. En las fiestas infantiles me dicen que sus papás son sicarios y que ellos son los que se encargan de matar a los malos de la ciudad”. Ella también ha perdido a dos amigos en el fuego cruzado entre bandas rivales del crimen organizado. “De justicia, ni hablar, no hay investigaciones sobre sus asesinatos, sólo tres huérfanos de padre de los que nadie se ocupa”.
Rosas blancas por las víctimas
El sol calienta y las chamarras van sobrando. Entre gritos y la caminata el contingente entra en calor. No paran de exigir “paz para Juárez” una y otra vez. Lentamente la explanada de la presidencia municipal va siendo ocupada por los ciudadanos. Docenas de rosas blancas son depositadas en el piso con una leyenda: “En memoria de las víctimas inocentes que fallecieron a causa de la violencia ¡Ya basta!”. Miembros de asociaciones civiles que participaron en la organización de la marcha empiezan los discursos.
Abajo los ciudadanos exigen la salida de las autoridades municipales y estatales. “Si no pueden renuncien”.
Hugo Almada, académico de la Universidad Autónoma de Juárez, hizo un llamado de auxilio al mundo y a las organizaciones internacionales de derechos humanos para que observen a Juárez y presionen al gobierno federal a que encuentre una solución que les devuelva la vida y la paz a los ciudadanos en esta frontera.
Al término de la marcha, a la que llamaron “Solución para Juárez”, los organizadores entregaron el pliego con el que pretenden aportar soluciones al problema de seguridad pública en la ciudad, el escrito lo recibió el alcalde José Reyes Ferríz.
Eduardo Güereque, presidente de la asociación civil Observatorio Juarense de Seguridad Pública y Seguridad Social, dice que demandan el diseño y la puesta en marcha de un pacto gobierno-sociedad, mediante la instalación de una asamblea permanente que tenga como punto de partida un plan de rescate de Juárez, basado en el reconocimiento de que la situación de violencia no es exclusivamente un problema de seguridad pública, sino una auténtica crisis de gobernabilidad, que no puede resolverse exclusivamente con estrategias tradicionales en manos de las policías y el Ejército.
La marcha culminó a las 15:00 horas; 120 minutos después de que en las calles se exigía paz, una mujer fue acribillada en su automóvil. El acto se tiñó de sangre: en las últimas horas 14 personas perdieron la vida a balazos en esta guerra que la sociedad juarense tanto rechaza.
Faltaban unos 20 minutos para el mediodía cuando los Cervantes, los Pérez, los Griensen, los Ochoa y los Montes llegaron a la plaza de la megabandera. Salieron de sus casas con el duelo a cuestas para tratar de recuperar, por unas horas, las calles de la ciudad. Una bala perdida, el secuestro y la desaparición forzada les arrebataron a sus seres queridos en este año en que la violencia se implantó como única ley.
Justo a las 12 del día empezó la caminata. En filas de 10, más de 2 mil 500 juarenses iniciaron el recorrido de cuatro kilómetros sobre la avenida Rafael Pérez Cerna. La desesperación hizo eco la mañana de este domingo cuando las familias gritaban: “Queremos paz hoy”, “fuera militares, federales y delincuentes de Juárez”.
A pesar de que desde marzo de 2008, más de 8 mil soldados y policías federales patrullan la ciudad y sus alrededores, 2 mil 340 personas han sido asesinadas en lo que va del año, entre ellas 135 mujeres, varios niños, maestros y estudiantes universitarios y hasta policías de todas las corporaciones.
Ni el aire, ni el frío impidieron la manifestación social. Convencidos pero tristes de que Juárez sea conocida como la ciudad más violenta del mundo, empresarios, obreros, mujeres, padres de familia, universitarios y ciudadanos se unieron en coro para exigir que las autoridades federales, estatales y municipales “repiensen la estrategia contra el crimen organizado, porque hasta ahora lo que han hecho no ha servido de nada”.
Comprando la vida
Federico Ziga, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera, es parte del contingente. Mientras avanza, lamenta que su gremio es uno de los más afectados por la inseguridad. En sus cifras, más de mil negocios del ramo están siendo extorsionados actualmente, otros tantos han sido víctimas de asaltos y robo a mano armada. “La ciudad está tomada por la delincuencia, cada vez que tenemos que pagar la cuota, sentimos que estamos comprando vida. Le pagamos a los criminales para que nos dejen vivir”.
Apoyada por un bastón y de la mano de su nieto de 15 años, Hilaria García de 77 años, dice: “Vengo a la marcha porque quiero volver a ir a misa o al mandado sin miedo”. A paso lento sigue al numeroso grupo porque quiere denunciar que hace dos meses la extorsionaron por teléfono. “Me dijeron que tenían secuestrado a un sobrino, que les depositara 20 mil pesos en diferentes cuentas de bancos, sólo junté 14 mil que me prestaron”.
Luto permanente
El más pequeño de Los Cervantes, un niño de nueve años, grita con fuerza, una y otra vez: “Paz para Juárez”. Su familia ha sufrido asaltos, extorsiones y el secuestro de un ser querido por el que pagaron el rescate pero al que nunca volvieron a ver. Siguen de luto y marchan para exigir justicia y alto a la impunidad. “Las autoridades no nos dicen nada sobre cómo va la investigación, estos meses han sido un infierno”.
Dos jóvenes universitarios se unen corriendo al contingente. Cargan una cartulina en la que piden: “El dinero que se gastan en la militarización, inviértanlo en educación”. Los dos salieron de sus casas a exigir que la delincuencia les regrese sus espacios de entretenimiento. “Ya no podemos salir, apenas mataron a un compañero en el antro en el que nos reuníamos”.
El padre Jesús de la parroquia del Espíritu Santo dice que en cuanto terminó la misa de las 10 se alistó para la marcha. “Venimos para exigir a las autoridades que apliquen la inteligencia y nos devuelvan la paz”. En los últimos meses le ha tocado dar los santos óleos y la extremaunción a jóvenes que son acribillados en las calles. “Nos mandaron al Ejército pero ellos no saben cómo imponer la paz, y estamos peor que nunca en la ciudad”.
Soledad Griensen se limpia las lágrimas, está vestida de negro. Su familia está de luto. Una bala perdida le quitó la vida a su sobrino. “Los muertos no son un número más en las cifras del gobierno, son padres de familia que caen víctimas de esta guerra sin sentido y sin control”.
Como integrante de una asociación civil que lucha contra la violencia hacia las mujeres, Soledad advierte que la ausencia de valores en los hogares ha generado el caos que se vive en la ciudad. “Las personas violentas provienen de familias disfuncionales, ahí los educan para matar por el abandono y la falta de atención”.
Con las fotos de sus hijas en una pancarta, madres de jóvenes desaparecidas marchan en la retaguardia del contingente. En lo que va de este año 36 mujeres, de entre 16 y 22 años, salieron de sus hogares y nunca volvieron. Nadie sabe de ellas.
Olga Esparza, mamá de Mónica Janeth Alanís, denuncia que desde el 26 de marzo su hija salió a la universidad y no supo nada de ella. “Las autoridades me preguntan a mí si yo he sabido algo de ella, porque ellos no. Imagínese cómo estamos”. Los Pérez y Ochoa van en el mismo grupo. Tampoco saben nada de sus hijas.
El colorido traje de la payasita Xixi, dan un toque infantil a la marcha. “Yo vengo porque estoy muy preocupada por los niños de Juárez. En las fiestas infantiles me dicen que sus papás son sicarios y que ellos son los que se encargan de matar a los malos de la ciudad”. Ella también ha perdido a dos amigos en el fuego cruzado entre bandas rivales del crimen organizado. “De justicia, ni hablar, no hay investigaciones sobre sus asesinatos, sólo tres huérfanos de padre de los que nadie se ocupa”.
Rosas blancas por las víctimas
El sol calienta y las chamarras van sobrando. Entre gritos y la caminata el contingente entra en calor. No paran de exigir “paz para Juárez” una y otra vez. Lentamente la explanada de la presidencia municipal va siendo ocupada por los ciudadanos. Docenas de rosas blancas son depositadas en el piso con una leyenda: “En memoria de las víctimas inocentes que fallecieron a causa de la violencia ¡Ya basta!”. Miembros de asociaciones civiles que participaron en la organización de la marcha empiezan los discursos.
Abajo los ciudadanos exigen la salida de las autoridades municipales y estatales. “Si no pueden renuncien”.
Hugo Almada, académico de la Universidad Autónoma de Juárez, hizo un llamado de auxilio al mundo y a las organizaciones internacionales de derechos humanos para que observen a Juárez y presionen al gobierno federal a que encuentre una solución que les devuelva la vida y la paz a los ciudadanos en esta frontera.
Al término de la marcha, a la que llamaron “Solución para Juárez”, los organizadores entregaron el pliego con el que pretenden aportar soluciones al problema de seguridad pública en la ciudad, el escrito lo recibió el alcalde José Reyes Ferríz.
Eduardo Güereque, presidente de la asociación civil Observatorio Juarense de Seguridad Pública y Seguridad Social, dice que demandan el diseño y la puesta en marcha de un pacto gobierno-sociedad, mediante la instalación de una asamblea permanente que tenga como punto de partida un plan de rescate de Juárez, basado en el reconocimiento de que la situación de violencia no es exclusivamente un problema de seguridad pública, sino una auténtica crisis de gobernabilidad, que no puede resolverse exclusivamente con estrategias tradicionales en manos de las policías y el Ejército.
La marcha culminó a las 15:00 horas; 120 minutos después de que en las calles se exigía paz, una mujer fue acribillada en su automóvil. El acto se tiñó de sangre: en las últimas horas 14 personas perdieron la vida a balazos en esta guerra que la sociedad juarense tanto rechaza.
Ven excesos en guerra al narco.
Noticia:
Organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, testimonios de familiares y declaraciones de detenidos refieren que el arraigo y la tortura se han convertido en las principales armas en la guerra del gobierno contra el crimen organizado.
El Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos (OCDH) ha documentado en esta ciudad fronteriza “arraigos masivos” y “una cifra histórica en los casos de tortura”.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera, advierte que lo que ocurre en Tijuana es una muestra de lo que está sucediendo en otras partes del país.
“Hay prácticas realmente preocupantes porque se violan los derechos mínimos de las personas, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia”, asegura.
Los grupos que han investigado diversos casos encontraron patrones similares, en los cuales la tortura se realiza al amparo del arraigo.
Sin tener órdenes de aprehensión, los militares detienen a las personas. Luego las trasladan a los cuarteles “Morelos” y “El aguaje de la tuna”, del 28 Batallón de Infantería.
“Ahí, los detenidos son golpeados e incomunicados por varios días. Se les trata de asfixiar con bolsas de plástico y les aplican descargas eléctricas”, explica Francisco Sánchez Corona, coordinador del OCDH.
Testimonios de las víctimas refieren que durante la tortura estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez; el director de Policía y Tránsito de la ciudad, capitán Gustavo Huerta; así como agentes del Ministerio Público Federal.
Leyzaola y Huerta están al frente de sus corporaciones desde diciembre de 2008.
Sánchez Corona considera que la presencia del Ejército en las calles no ha ayudado a disminuir la delincuencia, “al contrario la violencia sigue galopante y se han incrementado las violaciones a los derechos humanos”.
Además, destaca que Tijuana es una de las ciudades en donde el Ejército, en coordinación con autoridades estatales y municipales, realiza operativos mixtos, como parte de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada” que emprende el gobierno federal.
Para Humberto Guerrero Rosales, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la tortura está teniendo dos finalidades: “Que los detenidos se autoincriminen o que señalen a otros, porque mientras se les tortura les muestran fotografías de personas que ni siquiera conocen y se les pide que los identifiquen”.
Lo que vemos, agrega, es que se detiene para después investigar, lo cual va en contra del principio de presunción de inocencia.
Esta semana Amnistía Internacional emitirá un informe en el que documenta y denuncia casos de tortura realizados por militares en varias ciudades del país.
Organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, testimonios de familiares y declaraciones de detenidos refieren que el arraigo y la tortura se han convertido en las principales armas en la guerra del gobierno contra el crimen organizado.
El Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos (OCDH) ha documentado en esta ciudad fronteriza “arraigos masivos” y “una cifra histórica en los casos de tortura”.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera, advierte que lo que ocurre en Tijuana es una muestra de lo que está sucediendo en otras partes del país.
“Hay prácticas realmente preocupantes porque se violan los derechos mínimos de las personas, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia”, asegura.
Los grupos que han investigado diversos casos encontraron patrones similares, en los cuales la tortura se realiza al amparo del arraigo.
Sin tener órdenes de aprehensión, los militares detienen a las personas. Luego las trasladan a los cuarteles “Morelos” y “El aguaje de la tuna”, del 28 Batallón de Infantería.
“Ahí, los detenidos son golpeados e incomunicados por varios días. Se les trata de asfixiar con bolsas de plástico y les aplican descargas eléctricas”, explica Francisco Sánchez Corona, coordinador del OCDH.
Testimonios de las víctimas refieren que durante la tortura estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez; el director de Policía y Tránsito de la ciudad, capitán Gustavo Huerta; así como agentes del Ministerio Público Federal.
Leyzaola y Huerta están al frente de sus corporaciones desde diciembre de 2008.
Sánchez Corona considera que la presencia del Ejército en las calles no ha ayudado a disminuir la delincuencia, “al contrario la violencia sigue galopante y se han incrementado las violaciones a los derechos humanos”.
Además, destaca que Tijuana es una de las ciudades en donde el Ejército, en coordinación con autoridades estatales y municipales, realiza operativos mixtos, como parte de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada” que emprende el gobierno federal.
Para Humberto Guerrero Rosales, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la tortura está teniendo dos finalidades: “Que los detenidos se autoincriminen o que señalen a otros, porque mientras se les tortura les muestran fotografías de personas que ni siquiera conocen y se les pide que los identifiquen”.
Lo que vemos, agrega, es que se detiene para después investigar, lo cual va en contra del principio de presunción de inocencia.
Esta semana Amnistía Internacional emitirá un informe en el que documenta y denuncia casos de tortura realizados por militares en varias ciudades del país.
viernes, 4 de diciembre de 2009
Corrupción de Bayardo ayudó a atrapar narcos.
Noticia:
El extinto testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR), Edgar Enrique Bayardo del Villar, “Tigre”, sólo se quería ganar “una lanita extra” como policía corrupto, pero obtuvo más que eso.
Ganaba un sueldo de 25 mil dólares mensuales que le pagaban los narcos, un auto Mercedes Benz y hasta una camioneta blindada para su seguridad. Irónicamente fue más útil para combatir al narcotráfico como empleado del cártel de Sinaloa que como testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR), pues gracias a sus nexos con Jesús Zambada, “El Rey Zambada”, obtuvo de éste la información para capturar al capo colombiano, Eder Villafañe, y realizar el operativo en la narco mansión del Desierto de los Leones.
Después de descubrirse sus nexos con los jefes del cártel de Sinaloa y ser absuelto de toda responsabilidad por acogerse al programa de testigos protegidos de la PGR, Bayardo se sentía tan seguro que se movía con toda libertad por la ciudad de México, sin escolta alguno.
Tal seguridad tenía que ver con el blindaje nivel cinco de la camioneta que en 2008 le obsequió “El Rey Zambada”, como protección ante cualquier ataque, tras el fallido operativo para capturar a Arturo Beltrán Leyva en la carretera que conduce a Acapulco.
En sus propias palabras, Edgar reveló a fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que desde 1997 tuvo vínculos el cártel de Sinaloa. Dio por menores de reuniones, entregas de dinero, equipo de espionaje e información que le entregaban los miembros del narcotráfico, a cambio de protección.
Bayardo relató que en agosto de 2007 lo contactó el comandante Pedro Magaña, quien le dijo que a “El Rey Zambada” le urgía hablar con él por el cargo policiaco en el que se encontraba.
“Hablé con Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández García y les dije lo que estaba pasando. Les propuse que aprovecháramos para hacer un plan de trabajo para que Jorge Cruz llegara a jefe de División y si metíamos trabajos importantes lo podíamos lograr.
“La única manera, dijo, de meter trabajo importante es a través de estas personas (El Rey Zambada). Debemos aprovechar la información que nos puede dar para la captura de sus enemigos y capturarlo a él al final de todo esto”, les propuso Bayardo a sus subalternos.
“Vamos a llevarnos una lanita sin problemas”, les aseguró al tiempo que pactaron acudir a una cita con “El Rey Zambada” a una iglesia, en Bosques de las Lomas, cerca de Plaza Duraznos.
Sobre la cita que él y sus cómplices tuvieron con Jesús Zambada dijo que les “pidió apoyo para informarle cuando se hiciera un operativo en su contra; también nos ofreció ayuda para capturar a otros jefes del narcotráfico.
“Nos entregó sobres que contenían 25 mil dólares a cada uno de nosotros y nos anunció que esa cantidad iba a ser mensual”, reveló.
El tiempo siguió su curso, los pagos se fueron sucediendo y las entrevistas entre narcotraficantes y jefes policíacos se hicieron cada vez más estrechas.
“Como nos daba buena información, nunca molestamos al ‘Rey Zambada’ y tampoco le pedimos incrementar la paga. Los planes iban conforme a nuestros deseos de capturar primero a sus enemigos y después a el mismo”, dijo.
Sin embargo, el destino y la investigación policial torcieron la estrategia que seguía Bayardo del Villar. Se conoció de sus vínculos con el narcotráfico y se le detuvo, aunque su arresto fue momentáneo porque pidió ser testigo protegido y ello lo salvó de cualquier investigación en su contra por actos de corrupción.
El extinto testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR), Edgar Enrique Bayardo del Villar, “Tigre”, sólo se quería ganar “una lanita extra” como policía corrupto, pero obtuvo más que eso.
Ganaba un sueldo de 25 mil dólares mensuales que le pagaban los narcos, un auto Mercedes Benz y hasta una camioneta blindada para su seguridad. Irónicamente fue más útil para combatir al narcotráfico como empleado del cártel de Sinaloa que como testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR), pues gracias a sus nexos con Jesús Zambada, “El Rey Zambada”, obtuvo de éste la información para capturar al capo colombiano, Eder Villafañe, y realizar el operativo en la narco mansión del Desierto de los Leones.
Después de descubrirse sus nexos con los jefes del cártel de Sinaloa y ser absuelto de toda responsabilidad por acogerse al programa de testigos protegidos de la PGR, Bayardo se sentía tan seguro que se movía con toda libertad por la ciudad de México, sin escolta alguno.
Tal seguridad tenía que ver con el blindaje nivel cinco de la camioneta que en 2008 le obsequió “El Rey Zambada”, como protección ante cualquier ataque, tras el fallido operativo para capturar a Arturo Beltrán Leyva en la carretera que conduce a Acapulco.
En sus propias palabras, Edgar reveló a fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que desde 1997 tuvo vínculos el cártel de Sinaloa. Dio por menores de reuniones, entregas de dinero, equipo de espionaje e información que le entregaban los miembros del narcotráfico, a cambio de protección.
Bayardo relató que en agosto de 2007 lo contactó el comandante Pedro Magaña, quien le dijo que a “El Rey Zambada” le urgía hablar con él por el cargo policiaco en el que se encontraba.
“Hablé con Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández García y les dije lo que estaba pasando. Les propuse que aprovecháramos para hacer un plan de trabajo para que Jorge Cruz llegara a jefe de División y si metíamos trabajos importantes lo podíamos lograr.
“La única manera, dijo, de meter trabajo importante es a través de estas personas (El Rey Zambada). Debemos aprovechar la información que nos puede dar para la captura de sus enemigos y capturarlo a él al final de todo esto”, les propuso Bayardo a sus subalternos.
“Vamos a llevarnos una lanita sin problemas”, les aseguró al tiempo que pactaron acudir a una cita con “El Rey Zambada” a una iglesia, en Bosques de las Lomas, cerca de Plaza Duraznos.
Sobre la cita que él y sus cómplices tuvieron con Jesús Zambada dijo que les “pidió apoyo para informarle cuando se hiciera un operativo en su contra; también nos ofreció ayuda para capturar a otros jefes del narcotráfico.
“Nos entregó sobres que contenían 25 mil dólares a cada uno de nosotros y nos anunció que esa cantidad iba a ser mensual”, reveló.
El tiempo siguió su curso, los pagos se fueron sucediendo y las entrevistas entre narcotraficantes y jefes policíacos se hicieron cada vez más estrechas.
“Como nos daba buena información, nunca molestamos al ‘Rey Zambada’ y tampoco le pedimos incrementar la paga. Los planes iban conforme a nuestros deseos de capturar primero a sus enemigos y después a el mismo”, dijo.
Sin embargo, el destino y la investigación policial torcieron la estrategia que seguía Bayardo del Villar. Se conoció de sus vínculos con el narcotráfico y se le detuvo, aunque su arresto fue momentáneo porque pidió ser testigo protegido y ello lo salvó de cualquier investigación en su contra por actos de corrupción.
7 millones de “ni-nis”, bolsa de trabajo del narco.
Noticia:
El rector de la UNAM, José Narro Robles, advirtió ayer del riesgo que representa para el país tener a 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.
Ante el problema del narcotráfico, agregó, es necesario que los jóvenes cuenten con opciones laborales y escolares.
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México consideró necesario cambiar la perspectiva de que involucrarse en las organizaciones criminales forma personas exitosas.
“Si seguimos confundiendo lo que es el éxito para una persona, si queremos pensar que alguien exitoso es el que en menos tiempo hace más dinero estamos equivocándonos, y eso tiene que ver con el crimen organizado y tiene que ver con la búsqueda de salidas falsas que no llevan a ninguna parte”, aseguró previo al inicio de la sesión del Consejo Universitario.
Por esa razón, continuó, se requiere impulsar la educación y el empleo: “Necesitamos que nuestros jóvenes estén estudiando o estén trabajando y no que se encuentren en esa situación en lo que algunos han llamado las generaciones o los grupos ‘Ni-Ni’, ni estudian ni trabajan”.
Según el Instituto Mexicano de la Juventud, hay 7 millones de jóvenes que no estudian —desertaron de la escuela, no fueron seleccionados en los sorteos de colocación o no tienen interés en asistir a un colegio— ni trabajan —ninguna empresa les ha dado una primera oportunidad, fueron despedidos y no han podido colocarse de nuevo en el mercado laboral.
Narro Robles explicó que la infiltración del narcotráfico es uno de los asuntos que más le preocupan, “porque efectivamente hemos podido ver en la sociedad la extensión que ha tenido”.
Mencionó que para atender integralmente ese problema se requieren soluciones desde las perspectivas social y de valores. En la parte social la educación y el empleo son centrales, dijo.
El otro asunto, el de los valores, “suena como arar en el mar. En el siglo XXI parece que hablar de esos temas es algo que no tiene sentido, es algo del siglo XIX o del romanticismo de algunos cuantos”.
Se dijo convencido de que “lo que debemos hacer es transformar nuestra escala de valores, concederle mucho más fuerza, interés y prioridad a asuntos laicos como la solidaridad, el esfuerzo y el trabajo, así como a la honestidad y la lealtad”.
Esos valores se tienen que inculcar desde el hogar, y por supuesto, dijo Narro Robles, en las escuelas, desde la enseñanza preescolar hasta en las instituciones de educación superior.
El rector mencionó que la violencia y el narcotráfico no son situaciones exclusivas del norte del país, “y el verdadero combate, la verdadera erradicación, requiere de planteamientos integrales”.
El rector de la UNAM, José Narro Robles, advirtió ayer del riesgo que representa para el país tener a 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.
Ante el problema del narcotráfico, agregó, es necesario que los jóvenes cuenten con opciones laborales y escolares.
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México consideró necesario cambiar la perspectiva de que involucrarse en las organizaciones criminales forma personas exitosas.
“Si seguimos confundiendo lo que es el éxito para una persona, si queremos pensar que alguien exitoso es el que en menos tiempo hace más dinero estamos equivocándonos, y eso tiene que ver con el crimen organizado y tiene que ver con la búsqueda de salidas falsas que no llevan a ninguna parte”, aseguró previo al inicio de la sesión del Consejo Universitario.
Por esa razón, continuó, se requiere impulsar la educación y el empleo: “Necesitamos que nuestros jóvenes estén estudiando o estén trabajando y no que se encuentren en esa situación en lo que algunos han llamado las generaciones o los grupos ‘Ni-Ni’, ni estudian ni trabajan”.
Según el Instituto Mexicano de la Juventud, hay 7 millones de jóvenes que no estudian —desertaron de la escuela, no fueron seleccionados en los sorteos de colocación o no tienen interés en asistir a un colegio— ni trabajan —ninguna empresa les ha dado una primera oportunidad, fueron despedidos y no han podido colocarse de nuevo en el mercado laboral.
Narro Robles explicó que la infiltración del narcotráfico es uno de los asuntos que más le preocupan, “porque efectivamente hemos podido ver en la sociedad la extensión que ha tenido”.
Mencionó que para atender integralmente ese problema se requieren soluciones desde las perspectivas social y de valores. En la parte social la educación y el empleo son centrales, dijo.
El otro asunto, el de los valores, “suena como arar en el mar. En el siglo XXI parece que hablar de esos temas es algo que no tiene sentido, es algo del siglo XIX o del romanticismo de algunos cuantos”.
Se dijo convencido de que “lo que debemos hacer es transformar nuestra escala de valores, concederle mucho más fuerza, interés y prioridad a asuntos laicos como la solidaridad, el esfuerzo y el trabajo, así como a la honestidad y la lealtad”.
Esos valores se tienen que inculcar desde el hogar, y por supuesto, dijo Narro Robles, en las escuelas, desde la enseñanza preescolar hasta en las instituciones de educación superior.
El rector mencionó que la violencia y el narcotráfico no son situaciones exclusivas del norte del país, “y el verdadero combate, la verdadera erradicación, requiere de planteamientos integrales”.
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