Dimite el presidente de AIG designado por Obama.

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El Gobierno estadounidense le sacó de la jubilación y ahora que considera que su trabajo ya está terminado, Edward Liddy, presidente y consejero delegado de AIG, ha decidido dejar su puesto. Su renuncia llega ocho meses después de que el Ejecutivo de Obama le pusiese al frente de la aseguradora para tratar de sacarla a flote.

"Con la ayuda financiera del Banco de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro", ha dicho Liddy, en referencia a la inyección de dinero público de 182.000 millones de dólares (163.000 millones de euros), "hemos logrado sustanciales avances en la estabilización de AIG, al reducir los riesgos internos que llevaron al rescate del Gobierno". Según Liddy, AIG, que en su día fue la aseguradora más importante del mundo, necesitará varios años para recuperar su posición y recomendó a su sucesor que "tenga ese mismo horizonte temporal".

En su comunicado de despedida, Liddy ha recomendado a los gestores de AIG que separen los cargos de presidente y consejero delegado de la aseguradora, algo a lo que el consejo se ha comprometido a hacer.

El consejero de la firma, Stephen Bollenbach, ha alabado la función de Liddy y ha recordado que "a mediados de septiembre de 2008, Liddy respondió a la llamada de su país y a las necesidades de AIG en medio de uno de los períodos más oscuras de la crisis financiera". Entonces, el ya ex presidente y consejero delegado salió de la jubilación y aceptó el reto, cobrando un salario simbólico de sólo un dólar al año.


Comentario:

¿No pudo con el paquete?

Ejecutivos de AIG regresan 50 mdd de bonos, dice fiscal.

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El fiscal de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció ayer que empleados de la filial financiera de AIG que recibieron recientemente bonificaciones han decidido devolver alrededor de 50 millones de dólares de los 165 millones entregados.

El fiscal explicó que hasta el momento nueve de los 10 empleados en la filial Productos Financieros que recibieron compensaciones más elevadas han estado de acuerdo en devolver las cantidades recibidas y en total son 15 entre los 20 con compensaciones más altas.

El fiscal neoyorquino investiga la entrega reciente de compensaciones millonarias a directivos y empleados de la subsidiaria financiera, que ha suscitado fuertes críticas por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y de los legisladores, así como entre la ciudadanía. Cuomo reveló que alrededor de 47% de la cantidad total o unos 80 millones de dólares fueron concedidos a empleados estadounidenses.

El fiscal anunció la pasada semana que la aseguradora American International Group (AIG) había pagado bonificaciones de al menos un millón de dólares a 73 empleados, de los que 11 ya no trabajan en la empresa.

El fiscal exigió a la compañía que le entregase toda la información relativa a las compensaciones abonadas a individuos empleados en su problemática filial, que puso a la aseguradora al borde de la bancarrota y necesitada de fondos públicos con urgencia.

Cuomo constató que un individuo a quien no identificó obtuvo más de 6.4 millones de dólares en compensaciones y que los siete más premiados se llevaron más de 4 millones cada uno.

Veintidós directivos recibieron primas de al menos 2 millones de dólares y entre los 11 millonarios que ya no trabajan para la empresa, uno de ellos recibió 4.6 millones de dólares en bonificaciones, según la fiscalía.

“Han hecho lo que es correcto”, manifestó Cuomo en un comunicado de prensa dirigiéndose a aquellos que devuelven las cantidades.

“Han hecho lo que este país necesita y exige en estos momentos”, agregó Cuomo y les agradeció su decisión de devolver las bonificaciones y por “dar un ejemplo al resto de la compañía”.

AIG alegó en su momento que no tenía más remedio que pagar esas sumas debido a los términos inalterables del plan que establecía las compensaciones.

El fiscal neoyorquino explicó que ha trabajado con AIG y sus empleados para determinar la situación de los 165 millones de dólares que se pagaron el pasado día 15, y afirmó que prosigue su investigación.

La aseguradora ha recibido ya más de 170 mil millones de dólares de las arcas públicas y está controlada en 80% por el gobierno.


Comentario:

Al menos, tuvieron la decencia de regresar el bono.

"¡Que dimitan o se suiciden!".

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"Matón de patio de colegio". Con este titular se despachaba Breakingviews.com, una de las webs más influyentes del mundo financiero, contra Barack Obama por su actitud timorata en el caso de las primas millonarias que han recibido ejecutivos de American Internacional Group (AIG), la aseguradora que ha tenido que ser salvada de la quiebra con una inyección de dinero público de 173.000 millones de dólares (126.000 millones de euros).

Cuando hace una semana se destapó el escándalo, el presidente de EE UU se puso al frente de la manifestación y prometió que bloquearía los pagos o haría devolver el dinero a los directivos. Pronto desde la propia Administración se advirtió que no era tan sencillo, porque se trataba de unos contratos firmados y nadie puede saltarse la legalidad.

Los directivos hicieron efectivas sus primas el 13 de marzo y a Obama no le bastó su recriminación teórica hacia los directivos, muy en su línea con alguno de sus discursos clamando por una nueva era para América. Esa era se ha transformado en ira, en ira del pueblo. El ciudadano de Main Street, como popularmente se conoce en EE UU al hombre de a pie, clama contra unos ejecutivos que siendo generosamente recompensados con un dinero que, al fin y al cabo, ha salido de sus maltrechos bolsillos, vía impuestos, para salvar AIG y otras tantas empresas financieras, tras ser desvalijadas por la avaricia de los villanos de Wall Street.

Para calmar el clamor popular y frenar la primera crisis de popularidad de Obama, el Partido Demócrata ha tenido que dar un golpe de mano legislativo. Ha forzado la aprobación de una ley -conocida ya como la ley anticodicia- que grava con un impuesto del 90% las primas otorgadas a ejecutivos de empresas que hayan recibido más de 5.000 millones de dólares (3.660 millones de euros). Se trata de una resolución con carácter retroactivo, expresamente diseñada para los ejecutivos de AIG, por lo que tendrá problemas para pasar el filtro del Tribunal Constitucional en un sistema tan garantista -sobre todo para los que más tienen- como el estadounidense.

Puede que esta ley sea oportunista, pero también es ejemplarizante. Estados Unidos enfrenta este año el mayor déficit de su historia (1,2 billones de dólares) para apuntalar el sistema financiero, un esfuerzo que recaerá sobre los contribuyentes, que no verían con buenos ojos que se despilfarre el dinero público en prebendas para los ejecutivos.

Había que hacer algo y rápido porque los republicanos se estaban adueñando de esa bandera de indignación popular. "AIG significa arrogancia, incompetencia y avaricia" ("arrogance, incompetente and greed"), decía el republicano Paul Hodes jugando con las siglas de la firma. El senador Charles Grassley, también republicano, exigió a los beneficiarios una solución a la japonesa: "Que dimitan o se suiciden". Los directivos han recibido correos electrónicos con amenazas de muerte, incluyendo una que pedía que ellos y sus familias sean estrangulados con una cuerda de piano, según desveló el consejero delegado de AIG, Edward Liddy, en su declaración ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

La furia tiene su explicación. Del contribuyente han salido los 173.000 millones de dólares que tanto la Administración de Bush como la de Obama, y la Reserva Federal, han inyectado en la aseguradora para impedir su quiebra. AIG ha recibido más dinero público que cualquier otra entidad, incluyendo los bancos como Citigroup o Merrill Lynch. Ese enorme maná no ha impedido que 418 directivos y empleados recibieran hace una semana 218 millones en forma de primas (en principio se pensaba que eran 165 millones de dólares, pero ayer se supo que la cantidad era mayor).

Tan irritante como ese dinero es el hecho de que se pagara como prima de retención, es decir, para evitar que los ejecutivos se fueran de la firma a la competencia, lo que no ha impedido que 52 de ellos dejaran la compañía, llevándose cheques por 33,6 millones de dólares. O que quienes han recibido esos bonus formen parte de la división de productos financieros, que reportó unos números rojos de 40.000 millones de dólares en 2008, convirtiéndose en la mayor fuente de pérdidas de la aseguradora.

Para más laceración del contribuyente, ese "toma el dinero y corre" es, por ahora, anónimo, porque la compañía se ha negado a facilitar la lista de beneficiarios, pese a que el Estado, merced a las inyecciones de dinero público, es el máximo accionista con el 80% del capital. El fiscal general de Nueva York, Andrew M. Cuomo, que ha abierto una investigación, consiguió con requerimiento judicial la lista con los únicos datos que se han hecho públicos: 73 ejecutivos recibieron más de un millón de dólares; la prima más alta fue de 6,4 millones de dólares; otras seis eran de cuatro millones de dólares; a 15 directivos les otorgaron más de dos millones; y otros 51 ejecutivos se llevaron entre uno y dos millones. La ley aprobada prevé que se aplique la retención del 90% solamente a los empleados que ganen más de 250.000 dólares.

Edward Liddy, el máximo responsable de la aseguradora, se ha convertido en el blanco de todas las críticas. En su comparencia ante el Congreso, y rodeado de pancartas de activistas en las que leían lindezas como "delincuentes" o "devolved el dinero, chorizos", reconoció que algunos de los pagos a los directivos eran de "mal gusto", pero defendió su legalidad e incluso su idoneidad, apelando a las leyes de la competencia y a que los incentivos mejoraban la buena marcha de la compañía, que en 2008 batió todos los récords de pérdidas (99.000 millones de dólares).

Presionado por los congresistas, Liddy apenas hizo una concesión: pedirá a los directivos que han cobrado más de 100.000 dólares que devuelvan la mitad de las bonificaciones. Pero ha denegado la petición de entregar la lista de los beneficiarios tanto al Congreso y al Gobierno, que le puso en el cargo en septiembre del año pasado cuando salió en rescate de la aseguradora.

Algunos datos se han filtrado a la prensa. El plan de bonus fue presentado para su aprobación ante el Consejo de Administración de la unidad de Productos Financieros en marzo de 2008 por William Dooley, un ejecutivo que se hizo cargo de la división cuando las pérdidas de ésta se dispararon hasta los 5.300 millones de dólares trimestrales. Pese a la constancia de ese desastre financiero, el Consejo de Administración de la matriz, informado del plan, no lo paró, y ni siquiera lo sometió a votación.

Y no lo hizo porque, en realidad las primas de la unidad financiera eran sólo la punta del iceberg de un gigantesco plan de incentivos de 1.000 millones de dólares para 4.600 empleados, como desveló Bloomberg el pasado mes de enero.

Dooley había sucedido al frente de la ruinosa división financiera a Joseph Cassano, el considerado máximo responsable del agujero contable de AIG, que fue despedido en febrero de 2008 tras reportar unas pérdidas de 11.000 millones de dólares.

Curiosamente, algunos de los ejecutivos de confianza de Cassano son los máximos beneficiarios del plan que ha puesto en un brete a la Administración. James Haas, Jon Liebergall y Douglas Poling, están entre ellos. Estos tres ejecutivos han remitido una carta a Liddy para que disponga si deben o no devolver las primas. En el caso de Poling, vicepresidente de la división de energía, ya habría devuelto los 6,4 millones que recibió como máximo beneficiario del plan.

La Administración también tiene que entonar su mea culpa. El polémico plan estaba específicamente incluido en el contrato firmado por el Tesoro y AIG que entró en vigor en noviembre pasado, merced al Programa de Rescate de Activos en Dificultades, el instrumento legal del que se ha dotado el Gobierno para inyectar fondos en empresas en dificultades.

Para más inri, la propia AIG informó hace tres meses a la Reserva Federal (Fed), el banco central estadounidense, que ejecutaría los bonus en marzo, pero ni la Fed ni el Tesoro informaron a la Casa Blanca, ni hicieron absolutamente nada por parar los pagos, según adelantó The Washington Post. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, ha reconocido que debía haber tenido conocimiento del hecho en razón de su cargo, pero se ha excusado señalando que no era consciente de la elevada cuantía ni la fecha en que se iba a pagar.

Supo todo ello el pasado 10 de marzo, y convocó una reunión de urgencia con su equipo, aunque decidió que no se podían modificar los contratos ya suscritos, y que la única medida que podían adoptar era la de deducir esos 218 millones de la próxima inyección de fondos de 30.000 millones de dólares. Una iniciativa ciertamente pírrica teniendo en cuenta que el Estado va a quedarse prácticamente con el 100% del capital.

Geithner informó el día 12 del escándalo a Obama, quien sólo tuvo tiempo para hacer una declaración de intenciones. Al día siguiente, se hicieron efectivos los pagos.

Ahora los ejecutivos y, sobre todo los de las firmas bajo paraguas públicos, miran con recelo a AIG. Entre los más preocupados están los de Merrill Lynch, el extinto banco de negocios adquirido por Bank of America, a costa de provocar casi la quiebra de este último. Inmediatamente antes de que se hiciera efectiva la fusión en enero pasado, 700 directivos de Merrill Lynch cobraron un total de 3.500 millones de dólares, evitando así el control de las autoridades, puesto que Bank of America ya había solicitado el rescate público que llegó con una inyección de 45.000 millones de dólares.

Las firmas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, rescatadas por el Estado, también han comunicado a las autoridades que tienen previsto pagar primas de retención a máximos ejecutivos por más de seis millones de dólares. Y lo mismo sucede con antiguos directivos de Wachovia, comprada por Wells Fargo. Algunos directivos no están tan preocupados, Vikram Pandit, el jefe de Citigroup, ha mandado convertir un piso de las oficinas en una lujosa suite con todas las comodidades, con un coste de 10 millones de dólares.

No parece un gasto políticamente correcto en un país, con 12,5 millones de parados, y que acaba de anunciar un plan de 75.000 millones para evitar que miles de familias se queden sin casa.


Comentario:

No es que Obama sea timorato, más bien está frente a un problema de gran magnitud. El sistema financiero está en juego y regularlo no es cosa de "juegos".

AIG México mantendrá operaciones normales en el país.

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Ante los problemas que ha observado AIG en Estados Unidos, su subsidiaria mexicana, AIG México Seguros Interamericana, subrayó que continúa operando normalmente en México.

De acuerdo con la firma las versiones de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy F. Geithner, habría anunciado la "liquidación ordenada" de AIG, son una interpretación y traducción errónea.

"Lo que efectivamente fue expresado por el secretario del Tesoro, en una carta dirigida a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue que buscará que AIG se reorganice y pueda pagar los créditos recibidos al Departamento del Tesoro".

De ninguna manera se mencionó la posibilidad de una "liquidación ordenada" de AIG, como desafortunadamente se ha publicado en algunos medios, subrayó la firma.

En ese sentido, aclaró que las empresas subsidiarias de AIG, como lo es AIG México Seguros Interamericana, cuentan con capital y reservas independientes en cumplimiento a los requerimientos locales de cada país.

Resaltó que AIG México Seguros Interamericana no ha tenido cambios en su posición financiera, por lo que continuará en cumplimiento de la suscripción de contratos de seguro y pago de siniestros a sus asegurados, ya que su capital está protegido por las leyes y autoridades mexicanas.

En ese sentido, resaltó que cumple con todas las regulaciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México.

Según palabras del director General de AIG México, Ed Mena, la posición de la empresa en el país es sólida y el compromiso con asegurados y socios comerciales se mantiene.


Comentario:

Sólo se exige que cumplan con los requisitos de ley.

El Congreso rechaza las explicaciones de AIG y exige recuperar las primas.

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Mientras el Gobierno trata de contener una crisis que amenaza toda su estrategia económica y está poniendo contra las cuerdas al propio secretario del Tesoro, el Congreso rechazó las explicaciones dadas ayer por el consejero delegado de AIG, Edward Liddy, y exigió la devolución del dinero entregado como primas a los ejecutivos de la empresa aseguradora, al mismo tiempo que amenazó con impedir cualquier ayuda futura al sector financiero.

Tratando de recuperar la iniciativa en este asunto, el presidente Barack Obama anunció ayer que está negociando con el Congreso sobre la rápida elaboración de "instrumentos legales que garanticen que nunca más vamos a tener que hacer frente a una situación como ésta". Obama recordó que las primas de AIG son "un uso inapropiado del dinero del contribuyente", pero añadió que ahora lo más importante es corregir las causas que han permitido esta práctica y trabajar en estabilizar el sistema financiero.

"Wall Street debe de entender claramente", declaró Obama, "que las prácticas del pasado se han acabado, que no se van a seguir haciendo las cosas como se han hecho siempre". Para ello, entre otras medidas, el presidente garantizó una mayor transparencia en la forma en que se retribuye a los ejecutivos, al tiempo que insistió en sus planes de una regulación más amplia para el sector financiero. Obama dio su pleno respaldo al secretario del Tesoro, cuestionado por este caso.

La presencia ayer de Edward Liddy ante un comité de la Cámara de Representantes fue la escenificación perfecta del estado de indignación en que se encuentra el país ante los abusos cometidos en Wall Street. Acorralado, asaeteado a preguntas y quejas de los congresistas, el jefe de AIG, convertido de repente en el símbolo del fracaso de toda una era, intentó explicar la difícil situación de su negocio y prometió resarcir a los contribuyentes del esfuerzo que ahora están haciendo para sostener a su compañía. "Comparto su rabia", dijo Liddy, quien desveló que ha pedido a los ejecutivos que devuelvan al menos la mitad de la paga de 165 millones de dólares en sobresueldos y que algunos han aceptado devolverla íntegra.

"Nadie mejor que yo sabe que AIG ha sido receptora de generosas cantidades de dinero de ayuda financiera del Estado", dijo Liddy. "Hemos sido beneficiarios de la tolerancia y la paciencia del pueblo norteamericano... pero tenemos que seguir manejando nuestro negocio como un negocio, teniendo en cuenta la fría realidad de la competencia, por nuestros clientes, por nuestros beneficios y por nuestros empleados". "Por esas razones", explicó, "AIG ha tenido que hacer recientemente una serie de pagos de retribuciones, algunos de los cuales encuentro desagradables".

Liddy no se atribuyó personalmente la responsabilidad de esos pagos, que se hicieron durante su mandato pero se acordaron antes de que él asumiera el cargo, la primavera pasada. Él mismo no ha cobrado bonos. El jefe de AIG prometió a los congresistas que la compañía "está trabajando todo lo que puede para ejecutar un plan de reestructuración que sea capaz ofrecer a los contribuyentes norteamericanos [propieta-rios del 80% de la firma] los mejores beneficios posibles".

No fue suficiente esto para contener la furia de los congresistas, que no es más que el reflejo de la cólera nacional por este asunto. El Congreso estudiaba ayer distintas opciones legales para conseguir la devolución de los bonos de AIG. Inicialmente se contemplaba la posibilidad de imponer una tasa del 100% sobre esos sobresueldos, pero eso iba perdiendo fuerza ayer y se iba abriendo camino la alternativa de crear un impuesto permanente y muy alto -en torno al 90%- para todas las primas pagadas por empresas que reciban ayudas del Estado. Al mismo tiempo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mencionó la necesidad de otorgar al fiscal general de la nación poderes especiales para actuar en los tribunales contra los beneficiarios de esos tipos de bonos.

Uno de los problemas actuales es que, aunque AIG devuelva el dinero de los bonos, no va a ser fácil conseguir que quienes recibieron personalmente la paga renuncien a ella. Ni siquiera una tasación del 100% lo garantizaría porque algunos de los afectados son extranjeros y no están sometidos al régimen fiscal norteamericano. Once de los que cobraron primas dejaron ya la compañía.

Comentario:

Qué bueno que se le pone un alto a este tipo de abusos.

El consejero delegado de AIG reconoce que las primas son "de mal gusto".

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Nuevo capítulo de la polémica por el cobro de 165 millones de dólares en primas por parte de los ejecutivos de la sección de derivados de la aseguradora AIG, rescatada de la quiebra por la inversión multimillonaria del gobierno de EE UU. Mientras el presidente Barack Obama y su equipo tratan de evitar el cobro de estas primas o, al menos, limitar sus beneficios y con las críticas contra el gobierno arreciando desde distintos frentes, hoy ha comparecido ante el subcomité de asuntos financieros del Congreso el hombre que rige los destinos de la compañía desde el pasado mes de septiembre: Edward Liddy.

En una comparecencia muy esperada y en la que ha tenido que afrontar los ataques de congresistas republicanos y demócratas, Liddy, que llegó al frente de la compañía cuando ya se habían firmado los contratos que recogen estas primas, ha asegurado que su pago es inevitable pero "de mal gusto" y que nadie mejor que ellos sabe que "AIG ha sido el receptor de generosas cantidades de ayuda gubernamental".

Liddy ha reconocido que "los errores cometidos en AIG son de una escala que pocos pueden imaginar" pero que AIG está trabajando "por el bien de los contribuyentes estadounidenses intentando maximizar la cantidad de dinero que le devolvemos al gobierno de EE UU".

Críticas de los congresistas

Paul Kanjorski, demócrata de Pensilvania que preside el subcomité, ha pedido al consejero delegado de la aseguradora que "acepte responsabilidades y no dé más excusas". Liddy también ha criticado a algunos congresistas y en concreto a al senador republicano Charles Grassley, que ayer invitó a los responsables de AIG a resolver este caso a la japonesa "dimitiendo o suicidándose".

No han sido las únicas críticas que ha tenido que oír. La demócrata Carolyn Maloney ha dicho, por ejemplo, que las bonificaciones son algo "reprobable", especialmente al estar destinadas a los directivos que "hicieron caer" a la empresa, por sus inversiones en los mercados de derivados de crédito. Maloney ha propuesto imponer un gravamen del cien por cien sobre esas primas para que vuelvan al erario público. "Queremos que nos devuelvan el dinero", ha coincidido la republicana Judy Biggert, informa Efe.

El 80% de la aseguradora está en manos del Gobierno, que ha inyectado 170.000 millones en AIG desde el pasado mes de septiembre.

Comentario:

Da gobierno de EU nueva ayuda a AIG.

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El gobierno de Estados Unidos suministró el lunes una nueva asistencia por 40 mil millones de dólares para sacar de apuros financieros a la enorme aseguradora American International Group, que a cambio aceptará la nacionalización de una parte de la empresa.

La medida fue anunciada conjuntamente por la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro. La nueva aportación, dijeron, elevará a unos 150 mil millones de dólares la ayuda total a la compañía.

El inyección de 40 mil millones de dólares proviene del paquete de rescate financiero por 700 mil millones de dólares recientemente puesto en marcha. A cambio del dinero, el gobierno recibe en propiedad una parte de acciones preferentes de la empresa.

Según el nuevo acuerdo, la Reserva Federal redujo a 60 mil millones de dólares un préstamo por 85 mil millones que había puesto a disposición de AIG. La Fed también reinstaló otro crédito por 37 mil 800 millones de dólares a la aseguradora con un paquete de ayuda por 52 mil millones de dólares.

El gobierno dijo que las medidas eran necesarias para "mantener fuerte a la compañía y facilitar su capacidad para completar con éxito su proceso de reestructuración".

El anuncio representó la primera ocasión que del paquete de rescate por 700 mil millones de dólares se entrega dinero a una compañía que no es banco.

Comentario:

Este tipo de rescates son necesarios, para evitar que la situación económica global empeore