Noticia:
La disputa electoral en Zacatecas contaminó la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Legisladores perredistas y priístas debatieron por el operativo que realizó la Procuraduría General de Justicia de ese estado (PGJE) en una bodega donde presuntamente estaban autos nuevos robados para apoyar a candidatos priístas.
El vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Fernando Castro Trenti, denunció en tribuna el nepotismo del gobierno de la perredista Amalia García, pues quien giró la orden del operativo fue la subprocuradora Concepción García Medina, hermana de la mandataria local.
De inmediato, la hija de Amalia García, la senadora Claudia Corichi, intentó desde su escaño defender la decisión del gobierno perredista, pero como no pasó lista al principio de la sesión, el presidente de la Mesa Directiva en turno, el panista José González Morfín, le quitó palabra.
La Policía Ministerial del Estado (PME) ingresó el martes a una bodega de pisos y azulejos para confiscar 14 automóviles nuevos y dos autobuses destinados a la campaña del candidato por la coalición Primero Zacatecas (PRI-PVEM y Nueva Alianza), Miguel Alonso Reyes.
El secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, acudió al Senado de la República para denunciar que la gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, instauró un estado de “terror” para frenar el apoyo al tricolor rumbo a las elecciones del 4 de julio.
Jesús Murillo Karam apareció con el propietario de la bodega, Hugo Díaz, para asegurar que amedrentaron al empresario con armas para que declarara esta relación de apoyo, y aseguró que en Zacatecas no existe el respeto al estado de derecho: “No hay recato alguno”.
PRD acusa a NL y Coahuila
La dirigencia nacional del PRD demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) intervenir en Zacatecas e investigar a fondo, “ante indicios claros”, el apoyo millonario que canalizan los gobiernos de Nuevo León y Coahuila para la campaña del tricolor.
Hortensia Aragón, secretaria general del PRD, sostuvo que 40 vehículos utilitarios y dos autobuses de pasajeros, con permisos de circulación avalados por un municipio de Nuevo León, fueron llevados por ambos gobiernos para apoyar la campaña del candidato priísta.
En declaraciones a EL UNIVERSAL la perredista dijo que además de los vehículos se ha detectado el envío de cemento, despensas y mercancía para favorecer al PRI. Adelantó que se ha interpuesto una queja ante las autoridades electorales y envió un mensaje al secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam:
“No tiene vergüenza, debió ocultarse estos días mientras pasaba esto, pero al viejo estilo de gritar ‘al ladrón al ladrón’ intenta despistar a la opinión pública y llamarse acosado por el gobierno de Zacatecas cuando él sabe que le están metiendo mucho dinero de otros gobiernos a esa elección.
“Así como podemos comprobar esto por las primeras declaraciones del empresario (dueño de la bodega donde se encontraron los vehículos), que con la asesoría de los abogados (del PRI) modificó después. Pero después van a salir otros elementos porque en Zacatecas está circulando mucho dinero, hay mucha mercancía que se entrega en actos del PRI”.
jueves, 13 de mayo de 2010
Ombudsman pide a Peña cautela en sus declaraciones
Noticia:
El Ombudsman capitalino Luis González Plascencia exhortó al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto a ser cauteloso al hablar sobre la presencia de cárteles del narcotráfico en el estado de México y Distrito Federal.
“Me parece que hay que tener mucha responsabilidad a la hora de hacerlas (las declaraciones), aunque efectivamente sabemos que hay evidencias de que algunos de los grupos que trabajan para el narcotráfico hacen ya presencia en algunos lugares cercanos al DF, lo cierto es que hay que tener cautela a la hora de hacer declaraciones”, expresó. Dijo que hay que impulsar actividades para prevenir que los jóvenes se involucren en el narcotráfico.
El Ombudsman capitalino Luis González Plascencia exhortó al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto a ser cauteloso al hablar sobre la presencia de cárteles del narcotráfico en el estado de México y Distrito Federal.
“Me parece que hay que tener mucha responsabilidad a la hora de hacerlas (las declaraciones), aunque efectivamente sabemos que hay evidencias de que algunos de los grupos que trabajan para el narcotráfico hacen ya presencia en algunos lugares cercanos al DF, lo cierto es que hay que tener cautela a la hora de hacer declaraciones”, expresó. Dijo que hay que impulsar actividades para prevenir que los jóvenes se involucren en el narcotráfico.
Ebrard: urgente, abrir créditos de viviendas
Noticia:
El jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, reconoció que la política de vivienda tiene un defecto muy grande, que impide acceder a un crédito a quienes tienen como ingreso menos de cinco salarios mínimos, es decir, al 40% de la población.
El mandatario local destacó que si no se da acceso a esta población a una vivienda, “si no se cambia la política, si no se usan los recursos para lograr estos objetivos, pues entonces no vamos a poder progresar como país”.
Y se refirió a naciones avanzadas, en donde la gente más marginada ha dejado de serlo: “Se corrige en algún momento, se les da acceso, se les da apoyo, tienen vivienda, tienen acceso a la escuela, tienen acceso a la salud y entonces qué sucede: los países prosperan”, afirmó el mandatario capitalino.
Consideró que para saber esto, uno tiene que ser economista, ya que basta con ver la historia de varios países del mundo y la del propio México.
En ese sentido, se refirió al general Lázaro Cárdenas como el hombre que se preocupó por repartir la tierra y con eso generó cambios positivos.
En la actualidad, lo que se tiene que hacer, dijo, es garantizar que la mayoría de la población que no tiene acceso a una vivienda digna, lo tenga.
Unidad sustentable
Ebrard destacó que en su administración se construyó un conjunto habitacional de interés social con 154 departamentos, 70 cajones de estacionamiento y tecnología sustentable.
En la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, en la delegación Tlalpan, entregó las llaves de sus departamentos a personas de escasos recursos, 70% mujeres jefas de hogar, que contarán con espacios superiores a los que tradicionalmente se tienen en este tipo de construcciones, que son de interés social
Las nuevas viviendas miden entre 59 y 63 metros cuadrados, y tienen un valor de 670 mil pesos. Incluyen el cajón de estacionamiento y cuentan con calentadores solares y de gas, ventanas grandes, focos ahorradores, aditamentos que disminuyen el consumo de agua, así como sistemas de captación de agua de lluvia para luego ser reutilizada en la unidad.
En la construcción, que tuvo lugar en un predio de 5 mil metros cuadrados, el gobierno del Distrito Federal invirtió 47 millones 182 mil pesos, es decir 350 mil pesos en promedio por vivienda con todo y cajón de estacionamiento.
Marcelo Ebrard destacó que hasta hace unos años se hacían viviendas de 40 metros cuadrados y con los años pasaron a 45 metros, hasta que se llegó a las de 50 metros, y ahora se han comenzado a edificar departamentos de interés social de 63 metros.
Dijo que en el proyecto que se construyó se cuidaron también los acabados de la vivienda: “Hemos estado exigiendo a las empresas y cumplieron, que haya calidad en el trabajo que se hace”, afirmó el mandatario.
El funcionario dijo que le gustaría tener más recursos para invertirlos en vivienda, pero con lo que se tiene se han comenzado a construir departamentos de 63 metros cuadrados, para ofrecerlas a la población a la mitad del precio comercial y con tecnologías avanzadas.
Aseguró que se trabajarán más proyectos de este tipo para que la población tenga viviendas dignas y eso genere un cambio positivo en la sociedad.
El jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, reconoció que la política de vivienda tiene un defecto muy grande, que impide acceder a un crédito a quienes tienen como ingreso menos de cinco salarios mínimos, es decir, al 40% de la población.
El mandatario local destacó que si no se da acceso a esta población a una vivienda, “si no se cambia la política, si no se usan los recursos para lograr estos objetivos, pues entonces no vamos a poder progresar como país”.
Y se refirió a naciones avanzadas, en donde la gente más marginada ha dejado de serlo: “Se corrige en algún momento, se les da acceso, se les da apoyo, tienen vivienda, tienen acceso a la escuela, tienen acceso a la salud y entonces qué sucede: los países prosperan”, afirmó el mandatario capitalino.
Consideró que para saber esto, uno tiene que ser economista, ya que basta con ver la historia de varios países del mundo y la del propio México.
En ese sentido, se refirió al general Lázaro Cárdenas como el hombre que se preocupó por repartir la tierra y con eso generó cambios positivos.
En la actualidad, lo que se tiene que hacer, dijo, es garantizar que la mayoría de la población que no tiene acceso a una vivienda digna, lo tenga.
Unidad sustentable
Ebrard destacó que en su administración se construyó un conjunto habitacional de interés social con 154 departamentos, 70 cajones de estacionamiento y tecnología sustentable.
En la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, en la delegación Tlalpan, entregó las llaves de sus departamentos a personas de escasos recursos, 70% mujeres jefas de hogar, que contarán con espacios superiores a los que tradicionalmente se tienen en este tipo de construcciones, que son de interés social
Las nuevas viviendas miden entre 59 y 63 metros cuadrados, y tienen un valor de 670 mil pesos. Incluyen el cajón de estacionamiento y cuentan con calentadores solares y de gas, ventanas grandes, focos ahorradores, aditamentos que disminuyen el consumo de agua, así como sistemas de captación de agua de lluvia para luego ser reutilizada en la unidad.
En la construcción, que tuvo lugar en un predio de 5 mil metros cuadrados, el gobierno del Distrito Federal invirtió 47 millones 182 mil pesos, es decir 350 mil pesos en promedio por vivienda con todo y cajón de estacionamiento.
Marcelo Ebrard destacó que hasta hace unos años se hacían viviendas de 40 metros cuadrados y con los años pasaron a 45 metros, hasta que se llegó a las de 50 metros, y ahora se han comenzado a edificar departamentos de interés social de 63 metros.
Dijo que en el proyecto que se construyó se cuidaron también los acabados de la vivienda: “Hemos estado exigiendo a las empresas y cumplieron, que haya calidad en el trabajo que se hace”, afirmó el mandatario.
El funcionario dijo que le gustaría tener más recursos para invertirlos en vivienda, pero con lo que se tiene se han comenzado a construir departamentos de 63 metros cuadrados, para ofrecerlas a la población a la mitad del precio comercial y con tecnologías avanzadas.
Aseguró que se trabajarán más proyectos de este tipo para que la población tenga viviendas dignas y eso genere un cambio positivo en la sociedad.
Tarjeta con chip enoja a diputados
Noticia:
El grupo parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa analiza presentar un amparo o una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para impedir que sea obligatorio el cambio de tarjeta de circulación, mientras que el PRI pidió la renuncia de Armando Quintero, secretario de Transportes y Vialidad del DF, al considerar que es un funcionario “incompetente, corrupto y prepotente”.
Luego de que el gobierno capitalino informara el pasado lunes que los automovilistas tendrán que cambiar su tarjeta de circulación, la cual tendrá un costo de 220 pesos, el legislador panista Federico Manzo Sarquis dijo que su bancada promoverá una reunión de trabajo con los secretarios Armando Quintero, de Transportes y Vialidad, y Mario Delgado, de Finanzas, para que expliquen en qué van a utilizar los 700 millones de pesos que obtendrán.
“Si el Jefe de Gobierno espera que respaldemos esta decisión, que decrete la eliminación de la tenencia a partir de 2011 y nosotros estaremos impulsando la renovación de la tarjeta, pero no vamos a permitir un atropello más contra la población”, advirtió.
En tanto, diputados del PRI encabezados por su coordinador Israel Betanzos, dijeron que están en contra del terrorismo fiscal, por lo que no se vale que el gobierno busque recursos extraordinarios con miras al proceso vecinal de octubre y del proceso electoral de 2012.
Sobre la renuncia de Armando Quintero, Betanzos recordó que el funcionario presentó hace dos años una denuncia en contra de su hermano Guadalupe Quintero, a quien se le acusó de tener sitios de taxis piratas.
“Fue una llamarada de petate con tintes mediáticos, ya que ahora está en el archivo esperando que prescriba”, dijo.
Comentó además que durante la gestión de Quintero el Metro dejó de ser el transporte más seguro y eficiente del mundo, para convertirse en el espacio donde imperan robos, secuestros express, prostitución y el mal servicio.
Aunado a ello, dijo, se suma el Metrobús que es un medio considerado de alto riesgo y ni qué decir de los miles de trámites que ha inventado sin resolver ningún problema. “Se encuentra en esa silla, no por su capacidad, sino como pago de una cuota política a su tribu, la cual ya está desmembrada”.
En tanto, el también priísta Cristian Vargas adelantó que si continúan los funcionarios del gobierno de Marcelo Ebrard con medidas en contra de la población, “vamos a pedir al PRI que hagamos movilizaciones”.
Más cauta, Valentina Batres, legisladora del PRD, dijo que el cambio de tarjeta de circulación es un programa polémico, pero favorece la seguridad de los capitalinos.
La presidenta de la Comisión de Hacienda de la ALDF señaló que si el gobierno capitalino tuviera transferencias federales en la proporción de lo que contribuye el DF no habría este tipo de problemas. “Es un tema controversial y más en este periodo de crisis pues resulta un poco difícil, un tanto difícil”, recalcó.
Por su parte, el dirigente del PAN-DF, Obdulio Ávila Mayo, señaló que el gobierno de Marcelo Ebrard está mostrando su verdadero rostro que es poco sensible a la situación económica de millones de capitalinos, al cargarle la mano con un nuevo impuesto disfrazado para cubrir parte de la caída recaudatoria y el sobregiro de varias dependencias y órganos desconcentrados.
“Está claro que esta medida anunciada por el gobierno local no va a tapar ningún hoyo deficitario y por ello debería pensar en otras medidas como alentar la ampliación de la base de contribuyentes, replantear el cobro del predial y rediseñar las políticas en el agua”, apuntó.
El grupo parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa analiza presentar un amparo o una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para impedir que sea obligatorio el cambio de tarjeta de circulación, mientras que el PRI pidió la renuncia de Armando Quintero, secretario de Transportes y Vialidad del DF, al considerar que es un funcionario “incompetente, corrupto y prepotente”.
Luego de que el gobierno capitalino informara el pasado lunes que los automovilistas tendrán que cambiar su tarjeta de circulación, la cual tendrá un costo de 220 pesos, el legislador panista Federico Manzo Sarquis dijo que su bancada promoverá una reunión de trabajo con los secretarios Armando Quintero, de Transportes y Vialidad, y Mario Delgado, de Finanzas, para que expliquen en qué van a utilizar los 700 millones de pesos que obtendrán.
“Si el Jefe de Gobierno espera que respaldemos esta decisión, que decrete la eliminación de la tenencia a partir de 2011 y nosotros estaremos impulsando la renovación de la tarjeta, pero no vamos a permitir un atropello más contra la población”, advirtió.
En tanto, diputados del PRI encabezados por su coordinador Israel Betanzos, dijeron que están en contra del terrorismo fiscal, por lo que no se vale que el gobierno busque recursos extraordinarios con miras al proceso vecinal de octubre y del proceso electoral de 2012.
Sobre la renuncia de Armando Quintero, Betanzos recordó que el funcionario presentó hace dos años una denuncia en contra de su hermano Guadalupe Quintero, a quien se le acusó de tener sitios de taxis piratas.
“Fue una llamarada de petate con tintes mediáticos, ya que ahora está en el archivo esperando que prescriba”, dijo.
Comentó además que durante la gestión de Quintero el Metro dejó de ser el transporte más seguro y eficiente del mundo, para convertirse en el espacio donde imperan robos, secuestros express, prostitución y el mal servicio.
Aunado a ello, dijo, se suma el Metrobús que es un medio considerado de alto riesgo y ni qué decir de los miles de trámites que ha inventado sin resolver ningún problema. “Se encuentra en esa silla, no por su capacidad, sino como pago de una cuota política a su tribu, la cual ya está desmembrada”.
En tanto, el también priísta Cristian Vargas adelantó que si continúan los funcionarios del gobierno de Marcelo Ebrard con medidas en contra de la población, “vamos a pedir al PRI que hagamos movilizaciones”.
Más cauta, Valentina Batres, legisladora del PRD, dijo que el cambio de tarjeta de circulación es un programa polémico, pero favorece la seguridad de los capitalinos.
La presidenta de la Comisión de Hacienda de la ALDF señaló que si el gobierno capitalino tuviera transferencias federales en la proporción de lo que contribuye el DF no habría este tipo de problemas. “Es un tema controversial y más en este periodo de crisis pues resulta un poco difícil, un tanto difícil”, recalcó.
Por su parte, el dirigente del PAN-DF, Obdulio Ávila Mayo, señaló que el gobierno de Marcelo Ebrard está mostrando su verdadero rostro que es poco sensible a la situación económica de millones de capitalinos, al cargarle la mano con un nuevo impuesto disfrazado para cubrir parte de la caída recaudatoria y el sobregiro de varias dependencias y órganos desconcentrados.
“Está claro que esta medida anunciada por el gobierno local no va a tapar ningún hoyo deficitario y por ello debería pensar en otras medidas como alentar la ampliación de la base de contribuyentes, replantear el cobro del predial y rediseñar las políticas en el agua”, apuntó.
Piden transparentar padrón magisterial
Noticia:
En la nómina se encontró a un maestro que ganaba 96 millones de pesos, pero su Registro Federal de Causantes no correspondía a ninguna persona real. Otro docente cobraba un salario por doble plaza, sólo que en la mañana daba clases en Quintana Roo y por la tarde era en Sinaloa.
Hay casos de secretarias e intendentes que por años han recibido un salario de maestros, escuelas sin maestros y otras donde sobran los profesores, además de un sinnúmero de comisionados que realizan actividades extraescolares, electorales. Por estas causas, organizaciones de la sociedad civil demandaron hacer público el padrón nacional de maestros.
Una treintena de organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al presidente Felipe Calderón, al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, a los gobernadores y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hacer público el padrón de trabajadores del ramo para que termine la corrupción y opacidad que existe en el sistema educativo, ante el pago de supuestos profesores que se encuentran en escuelas inexistentes o autorizados como comisionados para tareas meramente electorales.
A unos días del festejo del Día del Maestro, organizaciones como Mexicanos Primero, México Unido contra la Delincuencia y Causa en Común encabezaron una conferencia de prensa bajo el nombre Felicidades a nuestros maestros, pero... ¿quiénes son?, en la que llamaron a los jefes del Ejecutivo federal y estatales, así como a los legisladores a establecer el mecanismo que haga cumplir lo ordenado por el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el artículo 9 fracción IV, de hacer público a partir del 30 de junio el número de profesores en el aula, directores, su formación profesional, la categoría que ocupan y los años de formación docente o capacitación recibida.
Participación ciudadana
Al mismo tiempo lanzaron la página de internet www.dondeestamimaestro.org.mx, en la que se convoca a los ciudadanos a formar parte de los auditores sociales del padrón una vez que se haga público.
Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, aseguró que los ciudadanos “tenemos derecho a verificar que nuestros impuestos se usen para bien de la sociedad a través de la instrucción pública de calidad y no para pagar a simuladores y aviadores que han privatizado y usufructuado las plazas públicas para su bien personal o perseguir fines no educativos”.
En una carta que la Secretaría de Educación Pública (SEP) envió el martes pasado a cada una de esas organizaciones, señala que el padrón se hará público en los próximos días.
El documento, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, señala que “la tarea ha sido compleja debido a que las entidades administran sus propios sistemas de información con características y criterios heterogéneos, lo que hizo necesario realizar un diagnóstico de los mismos”.
Explica que hasta ahora sólo se contará con la información de los maestros que han participado en el programa de Carrera Magisterial —más de 500 mil docentes—, lo que arroja la prueba ENLACE y los que han obtenido una plaza vía el Concurso Nacional de Asignación.
Consultado al respecto, el oficial mayor de la Secretaría, Guillermo Bernal, dijo que todos los estados entregaron su información y “estamos revisando esas bases de datos, depurándolas, platicando con ellos en el caso de que haya dudas”.
Informó que no se ha identificado el número de comisionados del SNTE, porque “la palabra comisionado identifica no solamente a las personas que están trabajando en labores sindicales, sino también hay comisionados hacia otras plazas en el mismo sector o hacia afuera de otro sector.
—¿Hacia partidos políticos?
—No necesariamente, generalmente son a puestos de elección popular, pero también hay que definirlos, porque son comisionados con goce de sueldo.
Desajustes administrativos
Ayer, las organizaciones insistieron en que hay “desajustes administrativos” que necesitan ser aclarados ya que impactan la operación del sistema.
“No podemos permitir prácticas corruptas, no podemos permitir que parezca que estamos pagando por la educación y, sin embargo, nuestro dinero se vaya a otros lugares, cuando necesitamos ese dinero para formar mejores maestros, para tener mejores escuelas, para tener niños más preparados”, dijo María Elena Morera, de Causa en Común.
David Calderón, de Mexicanos Primero, dijo que en la primera auditoría que se realizó para conocer el número de maestros que hay en el país, lo cual “es increíble que no se sepa”, se detectaron “condiciones atípicas” en las que se destinaron 37 mil 174 millones de pesos para el pago de 90 mil 754 registros “incompletos”, 501 personas que recibieron salarios superiores a 100 mil pesos y hay otras 92 mil 647 personas en puestos no justificados.
Claudio X. González llamó a la presidenta del SNTE, Elba Ester Gordillo, a involucrarse en la transparencia y rendición de cuentas del sector educativo.
En la nómina se encontró a un maestro que ganaba 96 millones de pesos, pero su Registro Federal de Causantes no correspondía a ninguna persona real. Otro docente cobraba un salario por doble plaza, sólo que en la mañana daba clases en Quintana Roo y por la tarde era en Sinaloa.
Hay casos de secretarias e intendentes que por años han recibido un salario de maestros, escuelas sin maestros y otras donde sobran los profesores, además de un sinnúmero de comisionados que realizan actividades extraescolares, electorales. Por estas causas, organizaciones de la sociedad civil demandaron hacer público el padrón nacional de maestros.
Una treintena de organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al presidente Felipe Calderón, al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, a los gobernadores y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hacer público el padrón de trabajadores del ramo para que termine la corrupción y opacidad que existe en el sistema educativo, ante el pago de supuestos profesores que se encuentran en escuelas inexistentes o autorizados como comisionados para tareas meramente electorales.
A unos días del festejo del Día del Maestro, organizaciones como Mexicanos Primero, México Unido contra la Delincuencia y Causa en Común encabezaron una conferencia de prensa bajo el nombre Felicidades a nuestros maestros, pero... ¿quiénes son?, en la que llamaron a los jefes del Ejecutivo federal y estatales, así como a los legisladores a establecer el mecanismo que haga cumplir lo ordenado por el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el artículo 9 fracción IV, de hacer público a partir del 30 de junio el número de profesores en el aula, directores, su formación profesional, la categoría que ocupan y los años de formación docente o capacitación recibida.
Participación ciudadana
Al mismo tiempo lanzaron la página de internet www.dondeestamimaestro.org.mx, en la que se convoca a los ciudadanos a formar parte de los auditores sociales del padrón una vez que se haga público.
Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, aseguró que los ciudadanos “tenemos derecho a verificar que nuestros impuestos se usen para bien de la sociedad a través de la instrucción pública de calidad y no para pagar a simuladores y aviadores que han privatizado y usufructuado las plazas públicas para su bien personal o perseguir fines no educativos”.
En una carta que la Secretaría de Educación Pública (SEP) envió el martes pasado a cada una de esas organizaciones, señala que el padrón se hará público en los próximos días.
El documento, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, señala que “la tarea ha sido compleja debido a que las entidades administran sus propios sistemas de información con características y criterios heterogéneos, lo que hizo necesario realizar un diagnóstico de los mismos”.
Explica que hasta ahora sólo se contará con la información de los maestros que han participado en el programa de Carrera Magisterial —más de 500 mil docentes—, lo que arroja la prueba ENLACE y los que han obtenido una plaza vía el Concurso Nacional de Asignación.
Consultado al respecto, el oficial mayor de la Secretaría, Guillermo Bernal, dijo que todos los estados entregaron su información y “estamos revisando esas bases de datos, depurándolas, platicando con ellos en el caso de que haya dudas”.
Informó que no se ha identificado el número de comisionados del SNTE, porque “la palabra comisionado identifica no solamente a las personas que están trabajando en labores sindicales, sino también hay comisionados hacia otras plazas en el mismo sector o hacia afuera de otro sector.
—¿Hacia partidos políticos?
—No necesariamente, generalmente son a puestos de elección popular, pero también hay que definirlos, porque son comisionados con goce de sueldo.
Desajustes administrativos
Ayer, las organizaciones insistieron en que hay “desajustes administrativos” que necesitan ser aclarados ya que impactan la operación del sistema.
“No podemos permitir prácticas corruptas, no podemos permitir que parezca que estamos pagando por la educación y, sin embargo, nuestro dinero se vaya a otros lugares, cuando necesitamos ese dinero para formar mejores maestros, para tener mejores escuelas, para tener niños más preparados”, dijo María Elena Morera, de Causa en Común.
David Calderón, de Mexicanos Primero, dijo que en la primera auditoría que se realizó para conocer el número de maestros que hay en el país, lo cual “es increíble que no se sepa”, se detectaron “condiciones atípicas” en las que se destinaron 37 mil 174 millones de pesos para el pago de 90 mil 754 registros “incompletos”, 501 personas que recibieron salarios superiores a 100 mil pesos y hay otras 92 mil 647 personas en puestos no justificados.
Claudio X. González llamó a la presidenta del SNTE, Elba Ester Gordillo, a involucrarse en la transparencia y rendición de cuentas del sector educativo.
Exhortan a FCH rechazar la SB 1070 en gira por EU
Noticia:
El Congreso de la Unión exhortó al Presidente Felipe Calderón que en su próxima gira a EU proteste en el capitolio de Washington contra la Ley SB 1070, promulgada en Arizona.
El exhorto se suma a la serie de acciones que emprenderán los legisladores mexicanos para intentar frenar la entrada en vigor de esta ley. Además, el Legislativo y Ejecutivo delinean una estrategia común para defender a los connacionales.
El presidente del Senado, Carlos Navarrete (PRD), anunció que él y un grupo de senadores se reunirán el lunes con la canciller Patricia Espinosa para diseñar un plan de acción en la frontera mexicana y una serie de reuniones con gobernadores de la zona fronteriza del país.
El senador perredista reveló la intención de diputados y senadores de acudir a EU a plantarse en protesta por la aprobación del ordenamiento en Arizona que criminaliza a los indocumentados.
Y explicó que tiene conocimiento de que leyes como la de Arizona podrían promulgarse en otras entidades de la zona fronteriza y, en consecuencia, enfriar la relación diplomática entre México y Estados Unidos.
“Es una legislación ominosa, es un nubarrón que amenaza con extenderse a otros estados de la Unión Americana, sino logramos pararla con esfuerzos diplomáticos, legislativos, políticos y movilizaciones sociales en Estados Unidos corremos el riesgo de que el efecto Arizona se nos disemine por toda la frontera, lo cual generará una situación de tensión en la relación bilateral”, explicó el senador perredista.
El punto de acuerdo también solicita a todos los legisladores federales mexicanos a hablar sobre la Ley SB 1070 en todas las reuniones, giras y encuentros nacionales e internacionales en los que participen y así defender a los indocumentados.
Con un botón rojo colocado en la solapa del saco con la leyenda “No a la SB 1070”, Navarrete encabezó el inicio de la sesión de la Permanente, donde se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo de condena a la ley antiinmigrante de Arizona, promovido por el senador Manlio Fabio Beltrones (PRI). El presidente Felipe Calderón realizará una visita oficial a EU, el 19 y 20 de mayo, donde se entrevistará con el presidente, Barack Obama.
El Congreso de la Unión exhortó al Presidente Felipe Calderón que en su próxima gira a EU proteste en el capitolio de Washington contra la Ley SB 1070, promulgada en Arizona.
El exhorto se suma a la serie de acciones que emprenderán los legisladores mexicanos para intentar frenar la entrada en vigor de esta ley. Además, el Legislativo y Ejecutivo delinean una estrategia común para defender a los connacionales.
El presidente del Senado, Carlos Navarrete (PRD), anunció que él y un grupo de senadores se reunirán el lunes con la canciller Patricia Espinosa para diseñar un plan de acción en la frontera mexicana y una serie de reuniones con gobernadores de la zona fronteriza del país.
El senador perredista reveló la intención de diputados y senadores de acudir a EU a plantarse en protesta por la aprobación del ordenamiento en Arizona que criminaliza a los indocumentados.
Y explicó que tiene conocimiento de que leyes como la de Arizona podrían promulgarse en otras entidades de la zona fronteriza y, en consecuencia, enfriar la relación diplomática entre México y Estados Unidos.
“Es una legislación ominosa, es un nubarrón que amenaza con extenderse a otros estados de la Unión Americana, sino logramos pararla con esfuerzos diplomáticos, legislativos, políticos y movilizaciones sociales en Estados Unidos corremos el riesgo de que el efecto Arizona se nos disemine por toda la frontera, lo cual generará una situación de tensión en la relación bilateral”, explicó el senador perredista.
El punto de acuerdo también solicita a todos los legisladores federales mexicanos a hablar sobre la Ley SB 1070 en todas las reuniones, giras y encuentros nacionales e internacionales en los que participen y así defender a los indocumentados.
Con un botón rojo colocado en la solapa del saco con la leyenda “No a la SB 1070”, Navarrete encabezó el inicio de la sesión de la Permanente, donde se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo de condena a la ley antiinmigrante de Arizona, promovido por el senador Manlio Fabio Beltrones (PRI). El presidente Felipe Calderón realizará una visita oficial a EU, el 19 y 20 de mayo, donde se entrevistará con el presidente, Barack Obama.
Prevalece el uso de fuerza en la estrategia mexicana
Noticia:
La guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal en esta administración, ha requerido ajustes —sobre todo durante este año— en zonas como Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo un enfoque social, aunque sin el repliegue del Ejército de las calles.
Una batalla que apostó a la ofensiva con el despliegue de las Fuerzas Armadas para recuperar los territorios controlados por los cárteles, y derivó en una ola de violencia sin precedente en el país, también se ha caracterizado por una nueva relación de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.
La Iniciativa Mérida es el eje rector de esta nueva sociedad, que se traduce en fondos por mil 400 millones de dólares aportados por el gobierno estadounidense para el combate al crimen organizado y el narcotráfico en México, además del reconocimiento desde la Casa Blanca de que ese país provee 90% de las armas que poseen los cárteles y el mayor consumidor de las drogas que venden los narcos mexicanos.
Más de 22 mil ejecuciones en lo que va del sexenio, 151 enfrentamientos del Ejército contra delincuentes sólo en enero y abril de 2010 —de acuerdo con reportes de la Sedena—, el despliegue de más de 48 mil militares en zonas más conflictivas para hacer frente a los cárteles, dan cuenta de la dimensión de una guerra que no tiene fecha de término.
Declaro la guerra en contra de…
El 11 de diciembre de 2006, el presidente Calderón da el primer paso en su declaratoria de guerra contra el narco y el crimen organizado. Anuncia el Operativo Conjunto Michoacán, entidad que era uno de los bastiones del poder del cártel del Golfo y escenario de decapitaciones autoría de La Familia.
Fue el inicio de una ofensiva, en la que el mandatario reconoció que abría bajas. Un escenario al que después se sumaron una decena más de operaciones conjuntas en Tamaulipas, Tijuana, Guerrero, Coahuila, Durango y Sinaloa.
El 3 de enero de 2007, portando una casa y gorra militar, Calderón no dudó en dejar en claro el papel protagónico de las Fuerzas Armadas en su estrategia de seguridad. En la Zona Militar 43 del Ejército en Michoacán, aseguró que “vengo hoy como comandante supremo a reconocer su trabajo, a exhortarlos a seguir adelante con firmeza, entrega y a decirles que estamos con ustedes”.
La ofensiva incluyó la extradición de jefes del narcotráfico a EU para ser juzgados en ese país. El 19 de enero de 2007, capos insignia como Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo; Gilberto Higuera Guerrero, El Gilillo y su hermano Ismael, El Mayel, quienes fueron los principales operadores del cártel de Tijuana, así como Héctor El Güero Palma Salazar, fundador del cártel de Sinaloa, fueron entregados a ese país.
La respuesta del crimen organizado fue inmediata e inició una escalada de violencia. En septiembre de 2007, Calderón, al detallar sus acciones ante organizaciones que desafiaron al Estado, reconoció que “la batalla contra el crimen organizado está aún lejos de concluir”.
Para diciembre de 2008, en Chilpancingo, Guerrero, fueron decapitados ocho militares. El Presidente reaccionó: “No daremos un paso atrás en esta lucha ni habrá tregua para los enemigos”.
En ese momento, ya había salido a la luz la traición institucional. La Operación Limpieza puso al descubierto que altos funcionarios de la PGR y la SSP colaboraban con el narco, incluyendo a mandos de la Interpol, y el entonces zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano.
Luchas internas por el poder
Las organizaciones delictivas mantienen los embates contra las autoridades pero se disputan “a sangre y fuego” el control de las rutas para el trasiego de drogas, así como los mercados de distribución. Estos son algunos de los factores que explican la violencia creciente en el país y la ola de ejecuciones y enfrentamientos que ha derivado en la muerte de civiles en fuego cruzado, de acuerdo con reportes oficiales federales.
El cártel de los Beltrán Leyva se escindió. Héctor Beltrán —el heredero natural del liderzgo— con el apoyo de su lugarteniente Sergio Villareal Barragán, El Grande, desde diciembre de 2009, se disputa el control de la organización con Édgar Valdéz Villareal, La Barbie.
El cártel del Golfo encabezado por Ezequiel Cárdenas Guillén fue traicionado por Los Zetas, bajo la batuta de Heriberto Lazcano, Miguel Ángel Treviño Morales, El 40, e Iván Velázquez Caballero, El Talibán, que ahora buscan asociarse en algunas regiones del país con el creciente poderío de La Familia Michoacana, que está bajo la jefatura de José de Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez y Nazario Moreno, El Loco.
Sólo el cártel de Sinaloa está unido pero sus líderes Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada e Ignacio El Nacho Coronel, están en pugna con el resto de los cárteles.
Ajustes de estrategia
El 31 de enero de 2010 un comando ejecuta a 15 estudiantes en Ciudad Juárez a los que se confunde con integrantes del crimen organizado, eslabón en una cadena de ejecuciones que se dispararon en esa ciudad en los últimos meses. Un hecho que obligó al viraje de la estrategia, en una entidad a la que en febrero de 2009 se enviaron 5 mil elementos del Ejército y mil policías federales.
Todos Somos Juárez, Reconstruyamos Nuestra Ciudad fue anunciado el 11 de febrero por Calderón, como la estrategia que incluye 160 compromisos que apuestan a reconstruir el tejido social.
En ese mes la Policía Federal anunció que reforzaría sus trabajos de inteligencia bajo “cero tolerancia”. Sin embargo, el asesinato en marzo de personas ligadas al consulado de EU en Juárez, imprimió otro rumbo a las acciones.
La guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal en esta administración, ha requerido ajustes —sobre todo durante este año— en zonas como Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo un enfoque social, aunque sin el repliegue del Ejército de las calles.
Una batalla que apostó a la ofensiva con el despliegue de las Fuerzas Armadas para recuperar los territorios controlados por los cárteles, y derivó en una ola de violencia sin precedente en el país, también se ha caracterizado por una nueva relación de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.
La Iniciativa Mérida es el eje rector de esta nueva sociedad, que se traduce en fondos por mil 400 millones de dólares aportados por el gobierno estadounidense para el combate al crimen organizado y el narcotráfico en México, además del reconocimiento desde la Casa Blanca de que ese país provee 90% de las armas que poseen los cárteles y el mayor consumidor de las drogas que venden los narcos mexicanos.
Más de 22 mil ejecuciones en lo que va del sexenio, 151 enfrentamientos del Ejército contra delincuentes sólo en enero y abril de 2010 —de acuerdo con reportes de la Sedena—, el despliegue de más de 48 mil militares en zonas más conflictivas para hacer frente a los cárteles, dan cuenta de la dimensión de una guerra que no tiene fecha de término.
Declaro la guerra en contra de…
El 11 de diciembre de 2006, el presidente Calderón da el primer paso en su declaratoria de guerra contra el narco y el crimen organizado. Anuncia el Operativo Conjunto Michoacán, entidad que era uno de los bastiones del poder del cártel del Golfo y escenario de decapitaciones autoría de La Familia.
Fue el inicio de una ofensiva, en la que el mandatario reconoció que abría bajas. Un escenario al que después se sumaron una decena más de operaciones conjuntas en Tamaulipas, Tijuana, Guerrero, Coahuila, Durango y Sinaloa.
El 3 de enero de 2007, portando una casa y gorra militar, Calderón no dudó en dejar en claro el papel protagónico de las Fuerzas Armadas en su estrategia de seguridad. En la Zona Militar 43 del Ejército en Michoacán, aseguró que “vengo hoy como comandante supremo a reconocer su trabajo, a exhortarlos a seguir adelante con firmeza, entrega y a decirles que estamos con ustedes”.
La ofensiva incluyó la extradición de jefes del narcotráfico a EU para ser juzgados en ese país. El 19 de enero de 2007, capos insignia como Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo; Gilberto Higuera Guerrero, El Gilillo y su hermano Ismael, El Mayel, quienes fueron los principales operadores del cártel de Tijuana, así como Héctor El Güero Palma Salazar, fundador del cártel de Sinaloa, fueron entregados a ese país.
La respuesta del crimen organizado fue inmediata e inició una escalada de violencia. En septiembre de 2007, Calderón, al detallar sus acciones ante organizaciones que desafiaron al Estado, reconoció que “la batalla contra el crimen organizado está aún lejos de concluir”.
Para diciembre de 2008, en Chilpancingo, Guerrero, fueron decapitados ocho militares. El Presidente reaccionó: “No daremos un paso atrás en esta lucha ni habrá tregua para los enemigos”.
En ese momento, ya había salido a la luz la traición institucional. La Operación Limpieza puso al descubierto que altos funcionarios de la PGR y la SSP colaboraban con el narco, incluyendo a mandos de la Interpol, y el entonces zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano.
Luchas internas por el poder
Las organizaciones delictivas mantienen los embates contra las autoridades pero se disputan “a sangre y fuego” el control de las rutas para el trasiego de drogas, así como los mercados de distribución. Estos son algunos de los factores que explican la violencia creciente en el país y la ola de ejecuciones y enfrentamientos que ha derivado en la muerte de civiles en fuego cruzado, de acuerdo con reportes oficiales federales.
El cártel de los Beltrán Leyva se escindió. Héctor Beltrán —el heredero natural del liderzgo— con el apoyo de su lugarteniente Sergio Villareal Barragán, El Grande, desde diciembre de 2009, se disputa el control de la organización con Édgar Valdéz Villareal, La Barbie.
El cártel del Golfo encabezado por Ezequiel Cárdenas Guillén fue traicionado por Los Zetas, bajo la batuta de Heriberto Lazcano, Miguel Ángel Treviño Morales, El 40, e Iván Velázquez Caballero, El Talibán, que ahora buscan asociarse en algunas regiones del país con el creciente poderío de La Familia Michoacana, que está bajo la jefatura de José de Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez y Nazario Moreno, El Loco.
Sólo el cártel de Sinaloa está unido pero sus líderes Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada e Ignacio El Nacho Coronel, están en pugna con el resto de los cárteles.
Ajustes de estrategia
El 31 de enero de 2010 un comando ejecuta a 15 estudiantes en Ciudad Juárez a los que se confunde con integrantes del crimen organizado, eslabón en una cadena de ejecuciones que se dispararon en esa ciudad en los últimos meses. Un hecho que obligó al viraje de la estrategia, en una entidad a la que en febrero de 2009 se enviaron 5 mil elementos del Ejército y mil policías federales.
Todos Somos Juárez, Reconstruyamos Nuestra Ciudad fue anunciado el 11 de febrero por Calderón, como la estrategia que incluye 160 compromisos que apuestan a reconstruir el tejido social.
En ese mes la Policía Federal anunció que reforzaría sus trabajos de inteligencia bajo “cero tolerancia”. Sin embargo, el asesinato en marzo de personas ligadas al consulado de EU en Juárez, imprimió otro rumbo a las acciones.
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