Noticia:
Luego de dos años de negociaciones con un grupo de “vagoneros” del Metro y bajo ciertas condiciones de cumplimiento, el gobierno capitalino entregó los primeros locales comerciales y tarimas a unos 150 vendedores, incluyendo a un grupo de invidentes, de los poco más de 4 mil que a diario ofrecen sus productos en toda la red.
En la estación Hidalgo, de las líneas 2 y 3, el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, dijo que es un “primer paso” para la regularización de este fenómeno y aseguró que en los próximos siete meses se acabará con los vendedores informales del Metro.
Sin embargo, los “nuevos cooperativistas” condicionaron a los directivos de que si no cumplen con sacar a los demás vendedores, dejarán los locales que les dieron y regresarán a los vagones.
Ayer en una ceremonia se entregaron 120 tarimas —una especie de banco y mesa— para los invidentes y 320 locales para los demás trabajadores que ya formaron o están en proceso de conformarse en sociedades cooperativas.
El acto oficial se llevó a cabo en uno de los pasillo de la estación Hidalgo, donde hay 29 locales, pero sólo funcionó uno, con la venta de cuatro triángulos de Boing por 10 pesos.
Ponen condiciones
Juan Madariaga, presidente de la cooperativa Compromiso y Cooperación Social, formada por 25 “ex vagoneros”, dijo que es la primera vez en 40 años “que las autoridades nos reconocen”.
El dirigente aclaró que existe el compromiso de realizar las adecuaciones del programa conforme se vayan detectando las necesidades del mismo.
Ariel Ortega, líder de “vagoneros” invidentes, celebró que con este programa ya no estarán en riesgo de sufrir accidentes, incluso mortales, por pasar de un vagón a otro o acercarse en el andén. Dijo que el año pasado cuatro vendendores murieron por esta causa.
Sin embargo, señaló que el programa necesita ajustes y pidió apoyo físico y económico para acondicionar áreas musicales y “zonas de masaje” donde los agremiados ejerzan estas actividades.
Marisela Nava, “vagonera” invidente desde hace cinco años, confió en que con esta modalidad pueda seguir obteniendo aunque sea 300 de los 500 pesos que ganaba al día vendiendo discos de música “piratas”, para seguir manteniendo a sus dos hijas.
Reforzarán operativos
Francisco Bojórquez, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, aseguró que del total de “vagoneros”, unos 2 mil 500 no han tenido acercamiento con las autoridades para entrar en el programa, pero confió en que con este primer paso, entren en diálogo con ellos.
Sin embargo, adelantó que a partir de junio entrarán en funcionamiento 200 integrantes de la “policía de tren” para reforzar los operativos en contra de los “vagoneros” y, al mismo tiempo, disuadir la delincuencia entre los pasajeros.
Benito Mirón, secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, dijo que 109 “vagoneros” ya tomaron los cursos de capacitación para la formación de cooperativas, en las que participarán cinco personas por cada una para incorporarse a la venta formal en el Metro.
viernes, 7 de mayo de 2010
Cárcel, a quien instale espectaculares ilegales.
Noticia:
Todo aquel que instale un anuncio espectacular en la ciudad de México sin permiso de las autoridades tendrá una pena de cárcel, según la nueva Ley de Desarrollo Urbano que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe Leal, explicó que se elevó a delito la colocación de un anuncio autosoportado sin licencia, también el permitir que ocurra dentro de la propiedad privada, y se extiende a quienes podan árboles para que los anuncios sean visibles.
“Se castigará con cárcel a todos los responsables tanto al publicista, al propietario del inmueble donde se esté colocando y hasta la empresa contratada para hacerlo y a quien pode los árboles para que los espectaculares se vean”, dijo.
Leal indicó que el objetivo es sancionar la corresponsabilidad de quienes participan en la colocación de anuncios espectaculares sin permiso.
De acuerdo con el dictamen aprobado por diputados locales las penas de prisión irían desde los tres meses a los seis años, dependiendo de la gravedad de la falta.
EL UNIVERSAL publicó hace un año que los propietarios de los inmuebles donde se instala una estructura publicitaria obtienen, dependiendo la avenida, entre 4 mil y 40 mil pesos mensuales de renta.
“Hay un circuito claro, la empresa y publicista colocan en propiedad privada y el propietario o administrador del inmueble asume, en la práctica, la defensa de ese negocio irregular. Cuando llega la autoridad para retirar el anuncio, se opone y como es propiedad privada se ven en dificultades para poder retirarlo y se tiene que acudir a la policía”, expuso Jonathan Mostacero, director de Asuntos Jurídicos de Seduvi.
De acuerdo con un censo de la dependencia capitalina, en el DF hay 6 mil 400 anuncios espectaculares, de los cuales la mitad carecen de permiso.
Leal comentó que se decidió endurecer las penas porque “ha habido un abuso de los anunciantes” y las sanciones vigentes son laxas. Actualmente las multas van de los 65 mil a 85 mil pesos por instalar un espectacular sin permiso.
“Han proliferado una gran cantidad de anuncios fuera de la norma, de la Ley, sobre todo, las mantas y las vallas que han estado contaminando de forma perversa la imagen urbana de la ciudad”, detalló.
El secretario explicó que los años de prisión así como las sanciones serán determinados en la elaboración del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, para lo cual primero deberá publicarse la nueva Ley en la Gaceta Oficial del DF.
De acuerdo con el dictamen de la Ley de Desarrollo Urbano, aprobada en comisiones, se incluyó el Título Noveno que habla De los Delitos Contra el Ambiente, con cuatro artículos, y ahí se establece pena de cárcel de tres a seis años a quien ejecute o coadyuve en la instalación o modificación de un anuncio autosoportado.
Todo aquel que instale un anuncio espectacular en la ciudad de México sin permiso de las autoridades tendrá una pena de cárcel, según la nueva Ley de Desarrollo Urbano que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe Leal, explicó que se elevó a delito la colocación de un anuncio autosoportado sin licencia, también el permitir que ocurra dentro de la propiedad privada, y se extiende a quienes podan árboles para que los anuncios sean visibles.
“Se castigará con cárcel a todos los responsables tanto al publicista, al propietario del inmueble donde se esté colocando y hasta la empresa contratada para hacerlo y a quien pode los árboles para que los espectaculares se vean”, dijo.
Leal indicó que el objetivo es sancionar la corresponsabilidad de quienes participan en la colocación de anuncios espectaculares sin permiso.
De acuerdo con el dictamen aprobado por diputados locales las penas de prisión irían desde los tres meses a los seis años, dependiendo de la gravedad de la falta.
EL UNIVERSAL publicó hace un año que los propietarios de los inmuebles donde se instala una estructura publicitaria obtienen, dependiendo la avenida, entre 4 mil y 40 mil pesos mensuales de renta.
“Hay un circuito claro, la empresa y publicista colocan en propiedad privada y el propietario o administrador del inmueble asume, en la práctica, la defensa de ese negocio irregular. Cuando llega la autoridad para retirar el anuncio, se opone y como es propiedad privada se ven en dificultades para poder retirarlo y se tiene que acudir a la policía”, expuso Jonathan Mostacero, director de Asuntos Jurídicos de Seduvi.
De acuerdo con un censo de la dependencia capitalina, en el DF hay 6 mil 400 anuncios espectaculares, de los cuales la mitad carecen de permiso.
Leal comentó que se decidió endurecer las penas porque “ha habido un abuso de los anunciantes” y las sanciones vigentes son laxas. Actualmente las multas van de los 65 mil a 85 mil pesos por instalar un espectacular sin permiso.
“Han proliferado una gran cantidad de anuncios fuera de la norma, de la Ley, sobre todo, las mantas y las vallas que han estado contaminando de forma perversa la imagen urbana de la ciudad”, detalló.
El secretario explicó que los años de prisión así como las sanciones serán determinados en la elaboración del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, para lo cual primero deberá publicarse la nueva Ley en la Gaceta Oficial del DF.
De acuerdo con el dictamen de la Ley de Desarrollo Urbano, aprobada en comisiones, se incluyó el Título Noveno que habla De los Delitos Contra el Ambiente, con cuatro artículos, y ahí se establece pena de cárcel de tres a seis años a quien ejecute o coadyuve en la instalación o modificación de un anuncio autosoportado.
Legisladores piden a FCH actuar contra marea negra.
Noticia:
El Congreso de la Unión exhortó al gobierno federal a desarrollar un plan de acción que garantice el menor daño a las costas mexicanas por el hundimiento de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en el golfo de México, propiedad de British Petroleum.
En un punto de acuerdo, aprobado de urgente y obvia resolución, los legisladores llamaron al Ejecutivo a iniciar gestiones de colaboración con el gobierno de Estados Unidos para mitigar las afectaciones a los litorales mexicanos por la catástrofe.
A petición de los diputados del PAN, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberá entregar al Legislativo un informe “detallado” sobre las acciones que instrumentará la dependencia para evitar que el derrame afecte zonas ecológicas en el territorio nacional.
Los legisladores llamaron también al director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, a incrementar las medidas de seguridad en las plataformas que opera y evitar así accidentes de esta magnitud.
El pasado 22 de abril se hundió esta plataforma, explotada por la compañía British Petroleum. Según los cálculos, al 3 de mayo de 2010 se derramaron por lo menos 6 millones de litros de crudo al mar, lo que representa 5 mil barriles diarios, según la petrolera.
La Semarnat declaró alerta por el derrame y anunció un plan para evitar que la capa de crudo desemboque en costas mexicanas.
Sobre el tema, el coordinador del PT en el Senado, Ricardo Monreal, exhortó a la canciller Patricia Espinosa a establecer una línea de comunicación con el gobierno de Estados Unidos y con directivos de British Petroleum.
Dijo que “se trata de uno de los peores accidentes petroleros de la historia. Se estima que controlar la catástrofe ecológica derivada de la marea negra que amenaza la costa sur de EU puede demorar hasta tres meses”.
Recuerdan al Exxon Valdez
De acuerdo con el más reciente balance de las autoridades estadounidenses, la marea negra impactó los litorales de Lousiana, Misisipi, Alabama y Florida.
Los diputados argumentaron que el daño “es tan grande” que se calcula que en menos de dos meses podría alcanzar la magnitud del causado por el petrolero Exxon Valdez, en Alaska, en 1989.
“Como legisladores reconocemos la importancia de tomar medidas al respecto, pues nadie queda exento de resentir los efectos negativos que los ecosistemas marinos y terrestres sufrirán.
“Consideramos de vital importancia que el gobierno federal, a través de todas sus dependencias y entidades, realice las acciones necesarias para colaborar con Estados Unidos para detener y reducir el impacto”, explican los legisladores en el punto de acuerdo.
El PAN consideró necesario que el gobierno de Calderón actúe.
“México no debe quedar como espectador, pues aunque el derrame no fue en territorio nacional, debemos prever cualquier situación que pudiese afectar nuestros ecosistemas y la salud y bienestar de los mexicanos”.
El Congreso de la Unión exhortó al gobierno federal a desarrollar un plan de acción que garantice el menor daño a las costas mexicanas por el hundimiento de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en el golfo de México, propiedad de British Petroleum.
En un punto de acuerdo, aprobado de urgente y obvia resolución, los legisladores llamaron al Ejecutivo a iniciar gestiones de colaboración con el gobierno de Estados Unidos para mitigar las afectaciones a los litorales mexicanos por la catástrofe.
A petición de los diputados del PAN, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberá entregar al Legislativo un informe “detallado” sobre las acciones que instrumentará la dependencia para evitar que el derrame afecte zonas ecológicas en el territorio nacional.
Los legisladores llamaron también al director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, a incrementar las medidas de seguridad en las plataformas que opera y evitar así accidentes de esta magnitud.
El pasado 22 de abril se hundió esta plataforma, explotada por la compañía British Petroleum. Según los cálculos, al 3 de mayo de 2010 se derramaron por lo menos 6 millones de litros de crudo al mar, lo que representa 5 mil barriles diarios, según la petrolera.
La Semarnat declaró alerta por el derrame y anunció un plan para evitar que la capa de crudo desemboque en costas mexicanas.
Sobre el tema, el coordinador del PT en el Senado, Ricardo Monreal, exhortó a la canciller Patricia Espinosa a establecer una línea de comunicación con el gobierno de Estados Unidos y con directivos de British Petroleum.
Dijo que “se trata de uno de los peores accidentes petroleros de la historia. Se estima que controlar la catástrofe ecológica derivada de la marea negra que amenaza la costa sur de EU puede demorar hasta tres meses”.
Recuerdan al Exxon Valdez
De acuerdo con el más reciente balance de las autoridades estadounidenses, la marea negra impactó los litorales de Lousiana, Misisipi, Alabama y Florida.
Los diputados argumentaron que el daño “es tan grande” que se calcula que en menos de dos meses podría alcanzar la magnitud del causado por el petrolero Exxon Valdez, en Alaska, en 1989.
“Como legisladores reconocemos la importancia de tomar medidas al respecto, pues nadie queda exento de resentir los efectos negativos que los ecosistemas marinos y terrestres sufrirán.
“Consideramos de vital importancia que el gobierno federal, a través de todas sus dependencias y entidades, realice las acciones necesarias para colaborar con Estados Unidos para detener y reducir el impacto”, explican los legisladores en el punto de acuerdo.
El PAN consideró necesario que el gobierno de Calderón actúe.
“México no debe quedar como espectador, pues aunque el derrame no fue en territorio nacional, debemos prever cualquier situación que pudiese afectar nuestros ecosistemas y la salud y bienestar de los mexicanos”.
Legisladores trazarán plan con SRE contra ley Arizona.
Noticia:
Legisladores se reunirán la próxima semana con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el fin de diseñar una estrategia conjunta de rechazo a la Ley antiinmigrante de Arizona, que incluye viajar a ese estado para conformar acciones de protesta en conjunto con la red consular.
Ayer, en la primera reunión formal de trabajo de la Comisión Permanente, los legisladores distribuyeron botones de rechazo a la referida legislación. El botón de color rojo, con la leyenda “NO SB1070”, fue portado por los legisladores en el pleno.
El vicecoordinador del PRD en el Senado de la República, Silvano Aureoles, informó que la próxima semana se reunirán con el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Julián Ventura Valero, con el fin de analizar las acciones a seguir.
Encuentro con ciudadanos
El legislador no descartó ir a Arizona y hacer patente con la red consular el rechazo a la ley.
“Hemos planteado también que de inmediato vayamos a Phoenix, Arizona, a un encuentro con todas las representaciones consulares. Esto está previsto para la semana que entra, allá habremos de reunirnos con las representaciones consulares, reunirnos con los líderes del movimiento migrante, con organizaciones de derechos humanos, con ciudadanos en general que tienen opinión en torno al tema y que lo han expresado”.
Destacó que la UNAM canceló el convenio de colaboración con la Universidad de Arizona.
“Yo creo que es una respuesta contundente, yo les planteaba la semana pasada que se requerían hechos más concretos, puntuales, no solamente los pronunciamientos o los llamados puntos de acuerdo, que esos son como llamados a misa, se requiere que pasemos a las acciones concretas”, dijo el legislador.
Aureoles dijo que otra acción será convocar a las autoridades mexicanas de la frontera para saber cuál es el impacto que va a tener en sus respectivas entidades la ley. “Junto con ello vamos a implementar otras acciones que tienen que ver con resistencia”.
Se unirán para protestar
Explicó que buscan que la comisión de legisladores sea plural, con el fin de que tenga el peso necesario para manifestarse como Congreso de la Unión, “y poder escuchar a nuestros cónsules allá de todo Estados Unidos, que se convoque al cuerpo consular en el estado de Arizona”.
El senador perredista dijo que no está todavía definido un posible encuentro con la gobernadora de Arizona, Jan Brewer.
El coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se dijo de acuerdo en realizar las protestas. Indicó que buscan también que los legisladores de Estados Unidos tomen conciencia en torno a la magnitud del problema.
Legisladores se reunirán la próxima semana con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el fin de diseñar una estrategia conjunta de rechazo a la Ley antiinmigrante de Arizona, que incluye viajar a ese estado para conformar acciones de protesta en conjunto con la red consular.
Ayer, en la primera reunión formal de trabajo de la Comisión Permanente, los legisladores distribuyeron botones de rechazo a la referida legislación. El botón de color rojo, con la leyenda “NO SB1070”, fue portado por los legisladores en el pleno.
El vicecoordinador del PRD en el Senado de la República, Silvano Aureoles, informó que la próxima semana se reunirán con el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Julián Ventura Valero, con el fin de analizar las acciones a seguir.
Encuentro con ciudadanos
El legislador no descartó ir a Arizona y hacer patente con la red consular el rechazo a la ley.
“Hemos planteado también que de inmediato vayamos a Phoenix, Arizona, a un encuentro con todas las representaciones consulares. Esto está previsto para la semana que entra, allá habremos de reunirnos con las representaciones consulares, reunirnos con los líderes del movimiento migrante, con organizaciones de derechos humanos, con ciudadanos en general que tienen opinión en torno al tema y que lo han expresado”.
Destacó que la UNAM canceló el convenio de colaboración con la Universidad de Arizona.
“Yo creo que es una respuesta contundente, yo les planteaba la semana pasada que se requerían hechos más concretos, puntuales, no solamente los pronunciamientos o los llamados puntos de acuerdo, que esos son como llamados a misa, se requiere que pasemos a las acciones concretas”, dijo el legislador.
Aureoles dijo que otra acción será convocar a las autoridades mexicanas de la frontera para saber cuál es el impacto que va a tener en sus respectivas entidades la ley. “Junto con ello vamos a implementar otras acciones que tienen que ver con resistencia”.
Se unirán para protestar
Explicó que buscan que la comisión de legisladores sea plural, con el fin de que tenga el peso necesario para manifestarse como Congreso de la Unión, “y poder escuchar a nuestros cónsules allá de todo Estados Unidos, que se convoque al cuerpo consular en el estado de Arizona”.
El senador perredista dijo que no está todavía definido un posible encuentro con la gobernadora de Arizona, Jan Brewer.
El coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se dijo de acuerdo en realizar las protestas. Indicó que buscan también que los legisladores de Estados Unidos tomen conciencia en torno a la magnitud del problema.
Violencia deforma tejido social.
Noticia:
Con el estruendo llegó el silencio. También la muerte. La bala tuvo un efecto inmediato. El cuerpo de Rubén Villanueva Medina, de 47 años, se desplomó sobre el pasillo del camión de pasajeros. No seguir las indicaciones de los asaltantes lo puso en la mira. Un disparo canceló su viaje el 15 de mayo de 2009. La mano que accionó el gatillo tenía 24 años y varios asaltos en su biografía. Al asesino de Rubén —recuerdan testigos— lo acompañaban seis u ocho jóvenes más; el menor tenía 12 años, según las investigaciones de la policía. Dos de ellos, por lo menos, llevaban una pistola en sus manos.
En unos días se cumplirá un año del asesinato de Rubén. Este hombre de piel morena y cuerpo atlético trabajaba en la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (Setravi). Quién iba a decir que moriría en un transporte público. También era un viejo conocido entre los corredores que todos los días acuden a la Ciudad Deportiva de Magdalena Mixhuca, en el Distrito Federal. En ese mismo lugar, su esposa, Leticia González Aguirre recuerda cómo una bala le cambió la vida: “No sólo mataron a mi esposo, sino a toda una familia. Desde ese día, todos estamos muy mal. No hay paz en la casa. Todos mis hijos andan por su lado, algo que no sucedía antes. Estamos desubicados”.
Rubén y su familia son una muestra de las miles de víctimas que está dejando la violencia en México y que coloca al país entre las 15 naciones con más homicidios por armas de fuego, según la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA).
Hay otras cifras que ayudan a dar una dimensión de la violencia armada en México. En 2009, la Cruz Roja atendió a 15 mil 519 personas por herida de bala.
Datos del propio gobierno federal señalan que de 2006 a la fecha, 22 mil personas han muerto por la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Mientras que el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi) reporta que de 2000 a 2007 hubo 41 mil 765 homicidios por arma de fuego.
Refiere que 74% de esas muertes se registraron en sólo 10 entidades: estado de México, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Baja California y Puebla.
La violencia armada no sólo termina con historias como la de Rubén, cambia el rumbo de familias completas. Por ejemplo, sus hijos dejaron la escuela; tres estudiaban la preparatoria. Ahora luchan contra la depresión y tratan de sortear las dificultades económicas.
Los costos de la violencia
La pistola que mató a Rubén es una de las 15 millones de armas ilegales que circulan en México, de acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles. La proliferación de artefactos en un país “desincentiva la inversión extranjera y afecta las prospectivas de desarrollo económico”, advierte IANSA.
El economista Jorge A. Restrepo, investigador asociado del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos de Colombia, ha realizado varias estudios sobre el tema.
Sus análisis muestran que la violencia armada impone “altísimos” costos sobre el sistema de salud, de administración de justicia y, en general, “rompe los lazos para construir una sociedad”.
Documentó que, por lo menos en Colombia, la atención de una persona herida por arma de fuego cuesta cerca de 8 mil dólares al sistema de salud.
En la “Comparación internacional sobre el impacto social del uso de armas de fuego”, Alejandro Moreno, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, apunta que en Estados Unidos el costo anual de la atención médica por discapacidad prematura, muertes y lesiones por armas de fuego es de 100 mil millones de dólares, mientras que en Canadá es de 4 mil 700 millones de dólares.
Por otra parte, generalmente cuando la familia es víctima de violencia armada se queda sin uno de los sostenes del hogar, “por lo que hay una pérdida importante de bienestar de esa familia”.
En Colombia, la violencia armada hace que el país pierda 2% de su Producto Interno Bruto (PIB). “En México el impacto podría ser mayor, por el tamaño del país”, estima el economista.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera que la violencia armada cuesta a los países de América Latina cerca del 15% de su PIB.
En agosto de 2009, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) difundió el documento “Promoción del desarrollo mediante la reducción y la prevención de la violencia armada” y señala que, además de destruir vidas, daña la infraestructura y los bienes, limita la prestación de servicios públicos, perjudica las inversiones en capital humano, social y económico y genera gastos improductivos en servicios de seguridad.
Cuando está asociada con actividades delictivas de gran escala mina las instituciones del Estado, siembra miedo e inseguridad y crea un clima de impunidad, refiere el documento de la ONU.
Movilidad social
La violencia armada también tiene impacto directo en el tejido social, el disfrute de derechos, la movilidad y la asociación, resalta Ana Yancy Espinoza, de la Fundación Arias para la Paz de Costa Rica. La organización forma parte de las cerca de 600 agrupaciones civiles que existen en el mundo y que trabajan para combatir este tipo de violencia.
Según sus datos, entre 80% y 85% de las víctimas por violencia armada en Latinoamérica son hombres de entre 14 y 29 años. “Estamos terminando con el bono demográfico de nuestros países... Estamos perdiendo dos generaciones”.
En México, la Red por los Derechos de la Infancia busca combatir la violencia. Tiene motivos fuertes para hacerlo. En lo que va de 2010, ha contabilizado la muerte de más de 90 niños, niñas y adolescentes a manos de organizaciones criminales o del propio Ejército.
“Se calcula que este año ha muerto, en promedio, un niño o niña por día como consecuencia de armas de fuego o hechos violentos”, se destaca en el balance que realizó el 30 de abril, sobre los derechos de la infancia en México.
Juan Martínez Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia, señala que en el contexto de violencia armada que vive el país, “no sólo están muriendo los niños, sino que hasta en sus juegos prefieren los juguetes bélicos”. Ante esta situación, la Red impulsa la campaña “Desarma la violencia”, cuyo propósito es lograr, a nivel legislativo, una mayor restricción para la posesión, portación y empleo de las armas, “porque los niños son víctimas de la violencia armada no sólo porque mueren asesinados, sino cambian su estilo de vida”.
Chihuahua tiene el índice más alto de adolescentes asesinados con armas de fuego. Le siguen Michoacán y el estado de México. Eso ocurre —asegura Martínez— por la disponibilidad de armas, por la cultura de la violencia que se ha generado y que se está normalizando.
Responsabilidad olvidada
La Red por los Derechos de la Infancia es la única instancia que tiene en pie una campaña en contra del uso de las armas, aunque las mismas leyes mexicanas señalan que los gobiernos federal, estatales y municipales deberían hacerlo.
De acuerdo con el Artículo 5 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el “Ejecutivo federal, los gobiernos de los estados, del DF y los ayuntamientos realizarán campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo”. El reglamento de esta ley especifica que la “planeación de esta actividad a nivel nacional estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las de Gobernación y de la Defensa Nacional”.
Para Ana Yancy Espinoza, de la Fundación Arias para la Paz de Costa Rica, ante la ausencia de campañas oficiales, la sociedad civil tiene que tomar la batuta e impulsar acciones en contra del uso de armas. Sobre todo porque, señala, esta violencia armada “nos está dejando sin hijos, sin hermanos, sin padres”.
Los cinco hijos de Rubén Villanueva lo saben. El disparo que mató a su padre aquel 15 de mayo de 2009 les dejó también una cicatriz. Leticia González, su compañera durante 25 años, lamenta: “Ese día mataron a toda mi familia”.
Con el estruendo llegó el silencio. También la muerte. La bala tuvo un efecto inmediato. El cuerpo de Rubén Villanueva Medina, de 47 años, se desplomó sobre el pasillo del camión de pasajeros. No seguir las indicaciones de los asaltantes lo puso en la mira. Un disparo canceló su viaje el 15 de mayo de 2009. La mano que accionó el gatillo tenía 24 años y varios asaltos en su biografía. Al asesino de Rubén —recuerdan testigos— lo acompañaban seis u ocho jóvenes más; el menor tenía 12 años, según las investigaciones de la policía. Dos de ellos, por lo menos, llevaban una pistola en sus manos.
En unos días se cumplirá un año del asesinato de Rubén. Este hombre de piel morena y cuerpo atlético trabajaba en la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (Setravi). Quién iba a decir que moriría en un transporte público. También era un viejo conocido entre los corredores que todos los días acuden a la Ciudad Deportiva de Magdalena Mixhuca, en el Distrito Federal. En ese mismo lugar, su esposa, Leticia González Aguirre recuerda cómo una bala le cambió la vida: “No sólo mataron a mi esposo, sino a toda una familia. Desde ese día, todos estamos muy mal. No hay paz en la casa. Todos mis hijos andan por su lado, algo que no sucedía antes. Estamos desubicados”.
Rubén y su familia son una muestra de las miles de víctimas que está dejando la violencia en México y que coloca al país entre las 15 naciones con más homicidios por armas de fuego, según la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA).
Hay otras cifras que ayudan a dar una dimensión de la violencia armada en México. En 2009, la Cruz Roja atendió a 15 mil 519 personas por herida de bala.
Datos del propio gobierno federal señalan que de 2006 a la fecha, 22 mil personas han muerto por la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Mientras que el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi) reporta que de 2000 a 2007 hubo 41 mil 765 homicidios por arma de fuego.
Refiere que 74% de esas muertes se registraron en sólo 10 entidades: estado de México, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Baja California y Puebla.
La violencia armada no sólo termina con historias como la de Rubén, cambia el rumbo de familias completas. Por ejemplo, sus hijos dejaron la escuela; tres estudiaban la preparatoria. Ahora luchan contra la depresión y tratan de sortear las dificultades económicas.
Los costos de la violencia
La pistola que mató a Rubén es una de las 15 millones de armas ilegales que circulan en México, de acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles. La proliferación de artefactos en un país “desincentiva la inversión extranjera y afecta las prospectivas de desarrollo económico”, advierte IANSA.
El economista Jorge A. Restrepo, investigador asociado del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos de Colombia, ha realizado varias estudios sobre el tema.
Sus análisis muestran que la violencia armada impone “altísimos” costos sobre el sistema de salud, de administración de justicia y, en general, “rompe los lazos para construir una sociedad”.
Documentó que, por lo menos en Colombia, la atención de una persona herida por arma de fuego cuesta cerca de 8 mil dólares al sistema de salud.
En la “Comparación internacional sobre el impacto social del uso de armas de fuego”, Alejandro Moreno, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, apunta que en Estados Unidos el costo anual de la atención médica por discapacidad prematura, muertes y lesiones por armas de fuego es de 100 mil millones de dólares, mientras que en Canadá es de 4 mil 700 millones de dólares.
Por otra parte, generalmente cuando la familia es víctima de violencia armada se queda sin uno de los sostenes del hogar, “por lo que hay una pérdida importante de bienestar de esa familia”.
En Colombia, la violencia armada hace que el país pierda 2% de su Producto Interno Bruto (PIB). “En México el impacto podría ser mayor, por el tamaño del país”, estima el economista.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera que la violencia armada cuesta a los países de América Latina cerca del 15% de su PIB.
En agosto de 2009, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) difundió el documento “Promoción del desarrollo mediante la reducción y la prevención de la violencia armada” y señala que, además de destruir vidas, daña la infraestructura y los bienes, limita la prestación de servicios públicos, perjudica las inversiones en capital humano, social y económico y genera gastos improductivos en servicios de seguridad.
Cuando está asociada con actividades delictivas de gran escala mina las instituciones del Estado, siembra miedo e inseguridad y crea un clima de impunidad, refiere el documento de la ONU.
Movilidad social
La violencia armada también tiene impacto directo en el tejido social, el disfrute de derechos, la movilidad y la asociación, resalta Ana Yancy Espinoza, de la Fundación Arias para la Paz de Costa Rica. La organización forma parte de las cerca de 600 agrupaciones civiles que existen en el mundo y que trabajan para combatir este tipo de violencia.
Según sus datos, entre 80% y 85% de las víctimas por violencia armada en Latinoamérica son hombres de entre 14 y 29 años. “Estamos terminando con el bono demográfico de nuestros países... Estamos perdiendo dos generaciones”.
En México, la Red por los Derechos de la Infancia busca combatir la violencia. Tiene motivos fuertes para hacerlo. En lo que va de 2010, ha contabilizado la muerte de más de 90 niños, niñas y adolescentes a manos de organizaciones criminales o del propio Ejército.
“Se calcula que este año ha muerto, en promedio, un niño o niña por día como consecuencia de armas de fuego o hechos violentos”, se destaca en el balance que realizó el 30 de abril, sobre los derechos de la infancia en México.
Juan Martínez Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia, señala que en el contexto de violencia armada que vive el país, “no sólo están muriendo los niños, sino que hasta en sus juegos prefieren los juguetes bélicos”. Ante esta situación, la Red impulsa la campaña “Desarma la violencia”, cuyo propósito es lograr, a nivel legislativo, una mayor restricción para la posesión, portación y empleo de las armas, “porque los niños son víctimas de la violencia armada no sólo porque mueren asesinados, sino cambian su estilo de vida”.
Chihuahua tiene el índice más alto de adolescentes asesinados con armas de fuego. Le siguen Michoacán y el estado de México. Eso ocurre —asegura Martínez— por la disponibilidad de armas, por la cultura de la violencia que se ha generado y que se está normalizando.
Responsabilidad olvidada
La Red por los Derechos de la Infancia es la única instancia que tiene en pie una campaña en contra del uso de las armas, aunque las mismas leyes mexicanas señalan que los gobiernos federal, estatales y municipales deberían hacerlo.
De acuerdo con el Artículo 5 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el “Ejecutivo federal, los gobiernos de los estados, del DF y los ayuntamientos realizarán campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo”. El reglamento de esta ley especifica que la “planeación de esta actividad a nivel nacional estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las de Gobernación y de la Defensa Nacional”.
Para Ana Yancy Espinoza, de la Fundación Arias para la Paz de Costa Rica, ante la ausencia de campañas oficiales, la sociedad civil tiene que tomar la batuta e impulsar acciones en contra del uso de armas. Sobre todo porque, señala, esta violencia armada “nos está dejando sin hijos, sin hermanos, sin padres”.
Los cinco hijos de Rubén Villanueva lo saben. El disparo que mató a su padre aquel 15 de mayo de 2009 les dejó también una cicatriz. Leticia González, su compañera durante 25 años, lamenta: “Ese día mataron a toda mi familia”.
Acusan a recicladora de dañar salud en Apaxco.
Noticia:
La población de la comunidad Apaxco-Atotonilco, ubicada entre el estado de México e Hidalgo, presenta afectaciones en el sistema nervioso, así como la proliferación de cánceres y abortos espontáneos producto de la elevada presencia de sustancias tóxicas liberadas al ambiente por la empresa Ecoltec, denunciaron organizaciones ecológicas como Greenpeace y especialistas de la salud.
Explicaron, además, que la exposición de la gente a los contaminantes de esta empresa —subsidiaria de la cementera Holcim-Apasco— ha traído como consecuencia un incremento en nacimientos con diversas malformaciones genéticas.
Pero Ecoltec rechazó los señalamientos que la vinculan “explícita o implícitamente” con las afectaciones a la salud de los pobladores, e informó que se encuentra abierta al diálogo con vecinos y autoridades “dentro del marco del respeto a ley y al estado de derecho”.
En una carta, la empresa se comprometió a establecer un comité comunitario que, conjuntamente con personal de Ecoltec, mantenga comunicación y diálogo “para resolver y atender todas aquellas inquietudes, dudas y propuestas que nuestros vecinos pudieran tener”.
Trabajos con residuos “peligrosos”
Organizaciones sociales denunciaron que Ecoltec recicla residuos “peligrosos”, como llantas, para producir combustibles alternos que las cementeras de la región utilizan en lugar de gas o combustibles fósiles en sus procesos de producción.
El empleo de estos sustitutos proporcionados por Ecoltec, dijeron, genera Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) que se acumulan en la cadena alimenticia y se desplazan a grandes distancias.
En febrero pasado, EL UNIVERSAL publicó que la región que va de Tula, Hidalgo, hasta Apaxco, estado de México, concentra diversas industrias, incluyendo una refinería de Pemex, una termoeléctrica, algunas cementeras y caleras.
Sólo en el municipio de Apaxco, según su Plan de Desarrollo Urbano, hay 38 fuentes fijas de contaminación del aire.
Sobre el tema, Benjamín Ruiz Loyola, investigador de la Facultad de Química de la UNAM, explicó en ese entonces que la exposición a concentraciones muy altas y en forma prolongada al acrilato de metilo puede causar problemas en la sangre, pulmones, riñones y tracto respiratorio.
Exposición constante
A solicitud del grupo ambientalista Pro-Salud Apaxco-Atotonilco, el Centro de Diagnóstico y Alternativas para Afectados por Tóxicos (CEDAAT) realizó una serie de estudios y encuestas entre los habitantes de la comunidad para medir el impacto de las emanaciones del complejo.
En los resultados preliminares, presentados ayer en la Facultad de Medicina de la UNAM, se detalló que la comunidad ha estado expuesta de manera “crónica” a una mezcla compleja de contaminantes.
Los investigadores informaron que 11 localidades (cuatro de Hidalgo y siete del estado de México), que suman aproximadamente 30 mil habitantes en un área de 4 kilómetros, han sido impactadas por estas sustancias tóxicas.
Uno de los estudios se basó en determinar la expansión geográfica de los afectados por un accidente ocurrido en la empresa el 5 de mayo de 2009. La propia compañía reconoció que registró una fuga de acrilato de metilo.
Al día siguiente los pobladores cerraron los accesos a la empresa. El bloqueo cumplió ayer un año.
El acrilato de metilo, detallaron las organizaciones, fue causante de intoxicaciones agudas en la región, donde se presentaron cuadros de dolor de cabeza, irritación en ojos y garganta y desmayos.
Agregaron que, según datos aportados por encuestas realizadas a 305 pacientes de la localidad, 86% presentó cuadros de intoxicación aguda.
El CEDAAT detalló que de la población revisada tiene registros de que los casos de pérdida de conocimiento afectaron principalmente a niños, ancianos y mujeres embarazadas. Explicaron que en tres de ocho casos se registraron abortos.
Daños en la memoria
CEDAAT, Pro-Salud Apaxco-Atotonilco, Greenpeace México y el Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas, apoyados por médicos y sicólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicaron que tienen registros que muestran que las sustancias tóxicas en el ambiente de Apaxco-Atotonilco han limitado el desarrollo intelectual de los niños.
Informaron que se aplicó un estudió médico-sicológico a 35 escolares con edad promedio de 9 años.
Los resultados revelaron que 100% presentó afectaciones en la memoria. Además, en el rango para medir la atención, 46% demostró tener alguna afección.
La población de la comunidad Apaxco-Atotonilco, ubicada entre el estado de México e Hidalgo, presenta afectaciones en el sistema nervioso, así como la proliferación de cánceres y abortos espontáneos producto de la elevada presencia de sustancias tóxicas liberadas al ambiente por la empresa Ecoltec, denunciaron organizaciones ecológicas como Greenpeace y especialistas de la salud.
Explicaron, además, que la exposición de la gente a los contaminantes de esta empresa —subsidiaria de la cementera Holcim-Apasco— ha traído como consecuencia un incremento en nacimientos con diversas malformaciones genéticas.
Pero Ecoltec rechazó los señalamientos que la vinculan “explícita o implícitamente” con las afectaciones a la salud de los pobladores, e informó que se encuentra abierta al diálogo con vecinos y autoridades “dentro del marco del respeto a ley y al estado de derecho”.
En una carta, la empresa se comprometió a establecer un comité comunitario que, conjuntamente con personal de Ecoltec, mantenga comunicación y diálogo “para resolver y atender todas aquellas inquietudes, dudas y propuestas que nuestros vecinos pudieran tener”.
Trabajos con residuos “peligrosos”
Organizaciones sociales denunciaron que Ecoltec recicla residuos “peligrosos”, como llantas, para producir combustibles alternos que las cementeras de la región utilizan en lugar de gas o combustibles fósiles en sus procesos de producción.
El empleo de estos sustitutos proporcionados por Ecoltec, dijeron, genera Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) que se acumulan en la cadena alimenticia y se desplazan a grandes distancias.
En febrero pasado, EL UNIVERSAL publicó que la región que va de Tula, Hidalgo, hasta Apaxco, estado de México, concentra diversas industrias, incluyendo una refinería de Pemex, una termoeléctrica, algunas cementeras y caleras.
Sólo en el municipio de Apaxco, según su Plan de Desarrollo Urbano, hay 38 fuentes fijas de contaminación del aire.
Sobre el tema, Benjamín Ruiz Loyola, investigador de la Facultad de Química de la UNAM, explicó en ese entonces que la exposición a concentraciones muy altas y en forma prolongada al acrilato de metilo puede causar problemas en la sangre, pulmones, riñones y tracto respiratorio.
Exposición constante
A solicitud del grupo ambientalista Pro-Salud Apaxco-Atotonilco, el Centro de Diagnóstico y Alternativas para Afectados por Tóxicos (CEDAAT) realizó una serie de estudios y encuestas entre los habitantes de la comunidad para medir el impacto de las emanaciones del complejo.
En los resultados preliminares, presentados ayer en la Facultad de Medicina de la UNAM, se detalló que la comunidad ha estado expuesta de manera “crónica” a una mezcla compleja de contaminantes.
Los investigadores informaron que 11 localidades (cuatro de Hidalgo y siete del estado de México), que suman aproximadamente 30 mil habitantes en un área de 4 kilómetros, han sido impactadas por estas sustancias tóxicas.
Uno de los estudios se basó en determinar la expansión geográfica de los afectados por un accidente ocurrido en la empresa el 5 de mayo de 2009. La propia compañía reconoció que registró una fuga de acrilato de metilo.
Al día siguiente los pobladores cerraron los accesos a la empresa. El bloqueo cumplió ayer un año.
El acrilato de metilo, detallaron las organizaciones, fue causante de intoxicaciones agudas en la región, donde se presentaron cuadros de dolor de cabeza, irritación en ojos y garganta y desmayos.
Agregaron que, según datos aportados por encuestas realizadas a 305 pacientes de la localidad, 86% presentó cuadros de intoxicación aguda.
El CEDAAT detalló que de la población revisada tiene registros de que los casos de pérdida de conocimiento afectaron principalmente a niños, ancianos y mujeres embarazadas. Explicaron que en tres de ocho casos se registraron abortos.
Daños en la memoria
CEDAAT, Pro-Salud Apaxco-Atotonilco, Greenpeace México y el Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas, apoyados por médicos y sicólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicaron que tienen registros que muestran que las sustancias tóxicas en el ambiente de Apaxco-Atotonilco han limitado el desarrollo intelectual de los niños.
Informaron que se aplicó un estudió médico-sicológico a 35 escolares con edad promedio de 9 años.
Los resultados revelaron que 100% presentó afectaciones en la memoria. Además, en el rango para medir la atención, 46% demostró tener alguna afección.
Petróleo en Malvinas revive vieja disputa.
Noticia:
El anuncio de hallazgo de petróleo en las islas Malvinas, por parte de una empresa británica, produjo protestas de Argentina, que reclama la soberanía sobre el territorio.
La petrolera Rockhopper Exploration informó que encontró crudo en la cuenca norte, en lo que es el primer hallazgo del controvertido programa de exploración en el archipiélago.
Analistas coincidieron en que el hallazgo es muy positivo, pero advirtieron que falta más información acerca de la calidad de las reservas de crudo.
“Si la empresa consigue probar que las reservas son de buena calidad, estaremos ante un descubrimiento de un par de millones de barriles. Es muy significativo”, comentó el analista Richard Rose, de Oriel Securities.
El gobierno argentino de Cristina Kirchner denunció ayer los intentos de Gran Bretaña para adueñarse “de manera ilegal” de recursos naturales.
La cancillería explicó en un comunicado su rechazo “de la manera más enérgica al intento de apoderarse ilegalmente de recursos naturales no renovables, propiedad del pueblo argentino”.
Advirtió a las autoridades británicas, “que autorizan dicha exploración”, y a la empresa involucrada “en estas actividades ilegales”, que Argentina “continuará denunciando en todos los foros internacionales” estas acciones.
El anuncio de hallazgo de petróleo en las islas Malvinas, por parte de una empresa británica, produjo protestas de Argentina, que reclama la soberanía sobre el territorio.
La petrolera Rockhopper Exploration informó que encontró crudo en la cuenca norte, en lo que es el primer hallazgo del controvertido programa de exploración en el archipiélago.
Analistas coincidieron en que el hallazgo es muy positivo, pero advirtieron que falta más información acerca de la calidad de las reservas de crudo.
“Si la empresa consigue probar que las reservas son de buena calidad, estaremos ante un descubrimiento de un par de millones de barriles. Es muy significativo”, comentó el analista Richard Rose, de Oriel Securities.
El gobierno argentino de Cristina Kirchner denunció ayer los intentos de Gran Bretaña para adueñarse “de manera ilegal” de recursos naturales.
La cancillería explicó en un comunicado su rechazo “de la manera más enérgica al intento de apoderarse ilegalmente de recursos naturales no renovables, propiedad del pueblo argentino”.
Advirtió a las autoridades británicas, “que autorizan dicha exploración”, y a la empresa involucrada “en estas actividades ilegales”, que Argentina “continuará denunciando en todos los foros internacionales” estas acciones.
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