Noticia:
El retrato de la violencia y la inseguridad enmarcaron los dibujos de 95% de los 3 mil 480 niños de educación primaria que participaron en el Sexto Concurso de Dibujo Infantil Ilumina tus Derechos, que fue convocado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán, cuyo tema fue “El México que Yo Vivo”.
En total, 3 mil 206 alumnos de primaria se olvidaron de los temas tradicionales relativos a la familia, la escuela, el medio ambiente, los paisajes, los personajes de cuentos, los héroes de la Independencia o de la Revolución, así como los superhéroes de historietas.
En esta ocasión, los menores dibujaron lo que viven cotidianamente y perciben en su entorno, como asesinatos, asaltos, ejecuciones, tiroteos en la vía pública, persecuciones, capturas de delincuentes armados con rifles de alto poder (como el fusil AK-47), además de escenas con hombres atropellados, ahorcados y vehículos balaceados.
En la ceremonia de premiación, el presidente de la CEDH, Víctor Manuel Serrato Lozano, informó que los trabajos de los infantes invitan a la reflexión tanto a padres de familia como a maestros y a las autoridades.
El niño André Aguilar de la escuela Profesor Jesús Álvarez Constantino, quien obtuvo el primer lugar de la categoría B, refirió que su dibujo refleja lo que actualmente se vive en el país: asesinatos, secuestros y el hecho de que las autoridades hacen lo que quieren.
“No me animaba a hacer ese dibujo, pero pensé que serviría para que las autoridades cambiaran esto y para tener un mejor lugar. También por si la Comisión Estatal de los Derechos Humanos podía hacer algo para corregir cosas, y espero que lo pueda hacer”.
Menores plasman asesinatos
En presencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado, María Guadalupe Calderón Medina, el ombudsman michoacano, Serrato Lozano, explicó que de los 3 mil 480 dibujos que participaron este año, 3 mil 206 menores plasmaron asesinatos, ejecuciones, secuestros y enfrentamientos, que representa 95%.
El 5% restante, equivalente a 174 niños, dibujaron situaciones de intolerancia, contaminación, discriminación y cuestiones de salud y de educación.
Junto a los visitadores regionales Ada Elena Guevara Chávez, de Morelia; Adrián Sevilla Lizcano, de Lázaro Cárdenas; Luis Wilfrido Navarrete Virrueta, de Uruapan; Luis Alberto Montaño García, de Zamora, y Francisco Javier Flores Ramírez, de Apatzingán, Serrato Lozano se comprometió a brindar atención a las quejas que violenten o vulneren los derechos y libertades de los niños que viven en Michoacán.
La diputada Guadalupe Calderón Medina reconoció las bondades de este concurso que abre las puertas a los menores de todas las regiones del estado a plasmar sus inquietudes en materia de derechos humanos.
Premios de los ganadores
El Sexto Concurso de Dibujo Infantil se dividió en dos categorías: la A para menores de seis a nueve años y la B para niños de 10 a 12 años. Para los dos primeros lugares el premio fue de 3 mil pesos, un balón, un diploma y una bicicleta.
Para los dos segundos lugares fueron mil 500 pesos, un balón y un diploma; a los terceros lugares, que este año fueron cuatro, se les entregaron mil pesos, un balón y un diploma.
Los ganadores de la categoría A son, en el primer lugar, Fidel Manuel de la Cruz García, de la Escuela Mártires de la Revolución, de puerto Lázaro Cárdenas; en el segundo lugar, Fátima Monserrat Hernández Wences, de la Escuela Vicente Guerrero, también de Lázaro Cárdenas; y en tercer lugar hubo dos premiados: Richard Guillén Rea, de Zamora, y Luis Enrique Álvarez Marín, de la escuela Melchor Ocampo, de Apátzingán.
Respecto de la categoría B, el primer puesto lo ganó André Aguilar, de la Escuela Profesor Jesús Álvarez Constantino, de Morelia; mientras que el segundo lo logró Marcelo Valencia Neri, del Colegio Hidalgo de Uruapan; en tanto que el tercero fue para las hermanas Daniela y Katia Marín Medina, ambas de la Escuela Leona Vicario, de Zitácuaro.
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viernes, 25 de junio de 2010
Violencia no es culpa del Estado, afirma ONU
Noticia:
El representante regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc), Antonio Mazzitelli, aseguró que el Estado no es responsable del clima de violencia en el país sino las organizaciones del crimen organizado que han ejercido una amenaza indiscriminada contra la población.
“La violencia en México es muy focalizada. Frente a una amenaza de parte de las organizaciones criminales, son ellos los responsables de los muertos, no el Estado, esto hay que ponerlo bien claro”, aseguró.
“El Estado está en la calle para defender a los ciudadanos y frente a situaciones de alta violencia”, aseguró.
Según cifras de organizaciones civiles —como consecuencia de la lucha del gobierno federal contra el crimen organizado— han muerto más de 22 mil personas en los tres años del gobierno del presidente Felipe Calderón.
“Las tasas de homicidio en México de 2008 son las más bajas que cualquier país de América Latina, aquí se cometen 11.6 homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que en Guatemala 49 por cada cien mil personas”, dijo.
Mazzitelli advirtió que las bandas del crimen y el narcotráfico persisten en infiltrarse en las instituciones y en el sistema político, para garantizarse protección, no sólo judicial sino también en el sistema político.
“Este problema no es exclusivo de México, las organizaciones dedicadas a cualquier actividad ilícita siempre tiene como objetivo proteger su inversión. La mejor manera de hacerlo es infiltrando las instituciones, con corrupción directa y sobre todo garantizarse a través de protectores dentro del sistema político... eso puede seguirse a través de la compra de los candidatos políticos”, afirmó.
Dijo que el esfuerzo del gobierno federal al llevar a cabo una reforma al sistema de justicia y crear una Policía Única, con una línea de mando más clara y unificada, son acciones que se deben que realizar para detener este flagelo.
Sobre el Reporte Mundial de Drogas 2010, Mazzitelli dijo que uno de los puntos más relevantes es que en el caso mexicano se ha constatado que las bandas delictivas encontron un nicho de oportunidad de seis mil millones de dólares en el tráfico de personas de manera ilegal hacia Estados Unidos.
“Los servicios de facilitación a la inmigración irregular de México a Estados Unidos, teóricamente, ofrecen más provecho que la cocaína, este es un mercado de 6 mil millones de dólares a organizaciones criminales como Los Zetas o La Familia que facilitan el tránsito clandestino de más de tres millones de personas”, aseguró el funcionario.
El representante regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc), Antonio Mazzitelli, aseguró que el Estado no es responsable del clima de violencia en el país sino las organizaciones del crimen organizado que han ejercido una amenaza indiscriminada contra la población.
“La violencia en México es muy focalizada. Frente a una amenaza de parte de las organizaciones criminales, son ellos los responsables de los muertos, no el Estado, esto hay que ponerlo bien claro”, aseguró.
“El Estado está en la calle para defender a los ciudadanos y frente a situaciones de alta violencia”, aseguró.
Según cifras de organizaciones civiles —como consecuencia de la lucha del gobierno federal contra el crimen organizado— han muerto más de 22 mil personas en los tres años del gobierno del presidente Felipe Calderón.
“Las tasas de homicidio en México de 2008 son las más bajas que cualquier país de América Latina, aquí se cometen 11.6 homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que en Guatemala 49 por cada cien mil personas”, dijo.
Mazzitelli advirtió que las bandas del crimen y el narcotráfico persisten en infiltrarse en las instituciones y en el sistema político, para garantizarse protección, no sólo judicial sino también en el sistema político.
“Este problema no es exclusivo de México, las organizaciones dedicadas a cualquier actividad ilícita siempre tiene como objetivo proteger su inversión. La mejor manera de hacerlo es infiltrando las instituciones, con corrupción directa y sobre todo garantizarse a través de protectores dentro del sistema político... eso puede seguirse a través de la compra de los candidatos políticos”, afirmó.
Dijo que el esfuerzo del gobierno federal al llevar a cabo una reforma al sistema de justicia y crear una Policía Única, con una línea de mando más clara y unificada, son acciones que se deben que realizar para detener este flagelo.
Sobre el Reporte Mundial de Drogas 2010, Mazzitelli dijo que uno de los puntos más relevantes es que en el caso mexicano se ha constatado que las bandas delictivas encontron un nicho de oportunidad de seis mil millones de dólares en el tráfico de personas de manera ilegal hacia Estados Unidos.
“Los servicios de facilitación a la inmigración irregular de México a Estados Unidos, teóricamente, ofrecen más provecho que la cocaína, este es un mercado de 6 mil millones de dólares a organizaciones criminales como Los Zetas o La Familia que facilitan el tránsito clandestino de más de tres millones de personas”, aseguró el funcionario.
miércoles, 2 de junio de 2010
UNAM ofrece ayuda contra la violencia
Noticia:
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) requiere “entendimiento y comprensión”, porque es un “espacio plural, crítico y abierto”; también está dispuesta a aportar diagnósticos y soluciones en los problemas que nos aquejan, aseguró el rector José Narro Robles.
Previo a la clausura del segundo Encuentro Internacional de Rectores, José Narro en entrevista con EL UNIVERSAL dijo que los universitarios e investigadores pueden aportarle al gobierno del presidente Felipe Calderón planteamientos integrales para el combate a la violencia y el desarrollo del país”.
—¿En algún momento ha contactado con el presidente Felipe Calderón o la Secretaría de Gobernación para atender esto que usted calificaba como “las lacras de la modernidad”: el narcotráfico, la violencia, la inseguridad que tanto nos está afectando?
—No he promovido esa reunión, ese acercamiento. Voy a analizar si podemos ver cómo le hacemos. Soy de los que creen que México necesita tener planteamientos más integrales en materia de combate a la inseguridad y a la violencia.
Tenemos, otra vez lo digo, muchos expertos que podemos poner a la disposición para que den su punto de vista sobre la situación que vive el país como consecuencia de la violencia que genera, entre otros, el narco.
Narro recibió a periodistas de España, Brasil y México, lo mismo a rectores de México y Latinoamérica que se han interesado en establecer convenios con la UNAM que ha sido reconocida como la mejor de la región.
—En el discurso de apertura, habló de un problema de entendimiento de la universidad ¿A qué se refiere?
—Sí, de entendimiento, de comprensión. Las universidades de Iberoamérica, creo, las de México. Sin duda alguna, la UNAM requiere comprensión y apoyo presupuestal por supuesto. Comprensión para entender que se debe incorporar la voz de los académicos, no del rector, sino la voz de los expertos, para la configuración de políticas públicas.
—¿Se puede frenar por la falta ésta comprensión a la UNAM y de presupuesto?
—No creo, tengo la impresión, mi certeza, de que lo que nos está faltando son recursos para poder hacerlo y la determinación. Lo que necesitamos es convencer a nuestros gobiernos, al de México y al de otros 23 países.
Señaló que formar un espacio de intercambio, se abrirá la oportunidad para que 700 millones de seres puedan compartir su “cultura, historia y sueños”.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) requiere “entendimiento y comprensión”, porque es un “espacio plural, crítico y abierto”; también está dispuesta a aportar diagnósticos y soluciones en los problemas que nos aquejan, aseguró el rector José Narro Robles.
Previo a la clausura del segundo Encuentro Internacional de Rectores, José Narro en entrevista con EL UNIVERSAL dijo que los universitarios e investigadores pueden aportarle al gobierno del presidente Felipe Calderón planteamientos integrales para el combate a la violencia y el desarrollo del país”.
—¿En algún momento ha contactado con el presidente Felipe Calderón o la Secretaría de Gobernación para atender esto que usted calificaba como “las lacras de la modernidad”: el narcotráfico, la violencia, la inseguridad que tanto nos está afectando?
—No he promovido esa reunión, ese acercamiento. Voy a analizar si podemos ver cómo le hacemos. Soy de los que creen que México necesita tener planteamientos más integrales en materia de combate a la inseguridad y a la violencia.
Tenemos, otra vez lo digo, muchos expertos que podemos poner a la disposición para que den su punto de vista sobre la situación que vive el país como consecuencia de la violencia que genera, entre otros, el narco.
Narro recibió a periodistas de España, Brasil y México, lo mismo a rectores de México y Latinoamérica que se han interesado en establecer convenios con la UNAM que ha sido reconocida como la mejor de la región.
—En el discurso de apertura, habló de un problema de entendimiento de la universidad ¿A qué se refiere?
—Sí, de entendimiento, de comprensión. Las universidades de Iberoamérica, creo, las de México. Sin duda alguna, la UNAM requiere comprensión y apoyo presupuestal por supuesto. Comprensión para entender que se debe incorporar la voz de los académicos, no del rector, sino la voz de los expertos, para la configuración de políticas públicas.
—¿Se puede frenar por la falta ésta comprensión a la UNAM y de presupuesto?
—No creo, tengo la impresión, mi certeza, de que lo que nos está faltando son recursos para poder hacerlo y la determinación. Lo que necesitamos es convencer a nuestros gobiernos, al de México y al de otros 23 países.
Señaló que formar un espacio de intercambio, se abrirá la oportunidad para que 700 millones de seres puedan compartir su “cultura, historia y sueños”.
lunes, 31 de mayo de 2010
Alarma tendencia de violencia familiar
Noticia:
Durante el primer trimestre de este año se registraron en la ciudad de México 5 mil nuevas denuncias por violencia familiar, la mayoría de mujeres que viven en alta marginación, pobreza o que viven con un varón controlador.
Así lo dieron a conocer Martí Batres Guadarrama, secretario de Desarrollo Social capitalino, y María Elena Ortega, directora general de Igualdad y Diversidad Social, en conferencia de prensa.
De acuerdo con el funcionario capitalino, aunque la cifra se mantiene prácticamente sin cambios en cada trimestre, en este caso destaca el hecho de que en las delegaciones Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco se haya registrado un alto número de casos.
En Xochimilco, 489 personas acudieron a la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (Uapvif) de esta demarcación, mientras que a la de Cuajimalpa fueron 444 en busca de apoyo, y en Magdalena Contreras 408.
Batres explicó que aunque siempre se encuentra a la punta Iztapalapa, que ahora tuvo 449 casos, es algo que se considera hasta cierto punto normal, no así en las delegaciones periféricas.
El funcionario atribuyó este hecho a que el personal de las Uapvif han hecho una buena labor de concienciación entre las mujeres mediante los recorridos que realizan en las diferentes unidades territoriales. Existe una correlación importante, dijo, entre las condiciones de la zona y una mayor cantidad de denuncias, ya que sólo en Cuajimalpa los casos se concentran en colonias de alta y muy alta marginación.
Según Batres, 528 de los casos que se registraron en el trimestre corresponden a mujeres que vinieron de otros estados a solicitar ayuda o denunciar en la ciudad.
A decir de Ortega, en 96% de los casos la violencia se ejerce contra las mujeres, y en 4% contra adultos mayores, principalmente de zonas de alta marginación, donde se conjugan la falta de empleo, la pobreza y la existencia de parejas que tratan de tener el control absoluto.
De hecho, según los datos aportados por la funcionaria, 98% de la violencia en los hogares es ejercida por varones, y sus principales víctimas son esposas e hijos. Además de los nuevos casos reportados en el primer trimestre, hay 15 mil a los que se les da seguimiento y 13 mil que son atendidos en materia prevent
Durante el primer trimestre de este año se registraron en la ciudad de México 5 mil nuevas denuncias por violencia familiar, la mayoría de mujeres que viven en alta marginación, pobreza o que viven con un varón controlador.
Así lo dieron a conocer Martí Batres Guadarrama, secretario de Desarrollo Social capitalino, y María Elena Ortega, directora general de Igualdad y Diversidad Social, en conferencia de prensa.
De acuerdo con el funcionario capitalino, aunque la cifra se mantiene prácticamente sin cambios en cada trimestre, en este caso destaca el hecho de que en las delegaciones Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco se haya registrado un alto número de casos.
En Xochimilco, 489 personas acudieron a la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (Uapvif) de esta demarcación, mientras que a la de Cuajimalpa fueron 444 en busca de apoyo, y en Magdalena Contreras 408.
Batres explicó que aunque siempre se encuentra a la punta Iztapalapa, que ahora tuvo 449 casos, es algo que se considera hasta cierto punto normal, no así en las delegaciones periféricas.
El funcionario atribuyó este hecho a que el personal de las Uapvif han hecho una buena labor de concienciación entre las mujeres mediante los recorridos que realizan en las diferentes unidades territoriales. Existe una correlación importante, dijo, entre las condiciones de la zona y una mayor cantidad de denuncias, ya que sólo en Cuajimalpa los casos se concentran en colonias de alta y muy alta marginación.
Según Batres, 528 de los casos que se registraron en el trimestre corresponden a mujeres que vinieron de otros estados a solicitar ayuda o denunciar en la ciudad.
A decir de Ortega, en 96% de los casos la violencia se ejerce contra las mujeres, y en 4% contra adultos mayores, principalmente de zonas de alta marginación, donde se conjugan la falta de empleo, la pobreza y la existencia de parejas que tratan de tener el control absoluto.
De hecho, según los datos aportados por la funcionaria, 98% de la violencia en los hogares es ejercida por varones, y sus principales víctimas son esposas e hijos. Además de los nuevos casos reportados en el primer trimestre, hay 15 mil a los que se les da seguimiento y 13 mil que son atendidos en materia prevent
viernes, 7 de mayo de 2010
Violencia deforma tejido social.
Noticia:
Con el estruendo llegó el silencio. También la muerte. La bala tuvo un efecto inmediato. El cuerpo de Rubén Villanueva Medina, de 47 años, se desplomó sobre el pasillo del camión de pasajeros. No seguir las indicaciones de los asaltantes lo puso en la mira. Un disparo canceló su viaje el 15 de mayo de 2009. La mano que accionó el gatillo tenía 24 años y varios asaltos en su biografía. Al asesino de Rubén —recuerdan testigos— lo acompañaban seis u ocho jóvenes más; el menor tenía 12 años, según las investigaciones de la policía. Dos de ellos, por lo menos, llevaban una pistola en sus manos.
En unos días se cumplirá un año del asesinato de Rubén. Este hombre de piel morena y cuerpo atlético trabajaba en la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (Setravi). Quién iba a decir que moriría en un transporte público. También era un viejo conocido entre los corredores que todos los días acuden a la Ciudad Deportiva de Magdalena Mixhuca, en el Distrito Federal. En ese mismo lugar, su esposa, Leticia González Aguirre recuerda cómo una bala le cambió la vida: “No sólo mataron a mi esposo, sino a toda una familia. Desde ese día, todos estamos muy mal. No hay paz en la casa. Todos mis hijos andan por su lado, algo que no sucedía antes. Estamos desubicados”.
Rubén y su familia son una muestra de las miles de víctimas que está dejando la violencia en México y que coloca al país entre las 15 naciones con más homicidios por armas de fuego, según la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA).
Hay otras cifras que ayudan a dar una dimensión de la violencia armada en México. En 2009, la Cruz Roja atendió a 15 mil 519 personas por herida de bala.
Datos del propio gobierno federal señalan que de 2006 a la fecha, 22 mil personas han muerto por la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Mientras que el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi) reporta que de 2000 a 2007 hubo 41 mil 765 homicidios por arma de fuego.
Refiere que 74% de esas muertes se registraron en sólo 10 entidades: estado de México, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Baja California y Puebla.
La violencia armada no sólo termina con historias como la de Rubén, cambia el rumbo de familias completas. Por ejemplo, sus hijos dejaron la escuela; tres estudiaban la preparatoria. Ahora luchan contra la depresión y tratan de sortear las dificultades económicas.
Los costos de la violencia
La pistola que mató a Rubén es una de las 15 millones de armas ilegales que circulan en México, de acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles. La proliferación de artefactos en un país “desincentiva la inversión extranjera y afecta las prospectivas de desarrollo económico”, advierte IANSA.
El economista Jorge A. Restrepo, investigador asociado del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos de Colombia, ha realizado varias estudios sobre el tema.
Sus análisis muestran que la violencia armada impone “altísimos” costos sobre el sistema de salud, de administración de justicia y, en general, “rompe los lazos para construir una sociedad”.
Documentó que, por lo menos en Colombia, la atención de una persona herida por arma de fuego cuesta cerca de 8 mil dólares al sistema de salud.
En la “Comparación internacional sobre el impacto social del uso de armas de fuego”, Alejandro Moreno, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, apunta que en Estados Unidos el costo anual de la atención médica por discapacidad prematura, muertes y lesiones por armas de fuego es de 100 mil millones de dólares, mientras que en Canadá es de 4 mil 700 millones de dólares.
Por otra parte, generalmente cuando la familia es víctima de violencia armada se queda sin uno de los sostenes del hogar, “por lo que hay una pérdida importante de bienestar de esa familia”.
En Colombia, la violencia armada hace que el país pierda 2% de su Producto Interno Bruto (PIB). “En México el impacto podría ser mayor, por el tamaño del país”, estima el economista.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera que la violencia armada cuesta a los países de América Latina cerca del 15% de su PIB.
En agosto de 2009, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) difundió el documento “Promoción del desarrollo mediante la reducción y la prevención de la violencia armada” y señala que, además de destruir vidas, daña la infraestructura y los bienes, limita la prestación de servicios públicos, perjudica las inversiones en capital humano, social y económico y genera gastos improductivos en servicios de seguridad.
Cuando está asociada con actividades delictivas de gran escala mina las instituciones del Estado, siembra miedo e inseguridad y crea un clima de impunidad, refiere el documento de la ONU.
Movilidad social
La violencia armada también tiene impacto directo en el tejido social, el disfrute de derechos, la movilidad y la asociación, resalta Ana Yancy Espinoza, de la Fundación Arias para la Paz de Costa Rica. La organización forma parte de las cerca de 600 agrupaciones civiles que existen en el mundo y que trabajan para combatir este tipo de violencia.
Según sus datos, entre 80% y 85% de las víctimas por violencia armada en Latinoamérica son hombres de entre 14 y 29 años. “Estamos terminando con el bono demográfico de nuestros países... Estamos perdiendo dos generaciones”.
En México, la Red por los Derechos de la Infancia busca combatir la violencia. Tiene motivos fuertes para hacerlo. En lo que va de 2010, ha contabilizado la muerte de más de 90 niños, niñas y adolescentes a manos de organizaciones criminales o del propio Ejército.
“Se calcula que este año ha muerto, en promedio, un niño o niña por día como consecuencia de armas de fuego o hechos violentos”, se destaca en el balance que realizó el 30 de abril, sobre los derechos de la infancia en México.
Juan Martínez Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia, señala que en el contexto de violencia armada que vive el país, “no sólo están muriendo los niños, sino que hasta en sus juegos prefieren los juguetes bélicos”. Ante esta situación, la Red impulsa la campaña “Desarma la violencia”, cuyo propósito es lograr, a nivel legislativo, una mayor restricción para la posesión, portación y empleo de las armas, “porque los niños son víctimas de la violencia armada no sólo porque mueren asesinados, sino cambian su estilo de vida”.
Chihuahua tiene el índice más alto de adolescentes asesinados con armas de fuego. Le siguen Michoacán y el estado de México. Eso ocurre —asegura Martínez— por la disponibilidad de armas, por la cultura de la violencia que se ha generado y que se está normalizando.
Responsabilidad olvidada
La Red por los Derechos de la Infancia es la única instancia que tiene en pie una campaña en contra del uso de las armas, aunque las mismas leyes mexicanas señalan que los gobiernos federal, estatales y municipales deberían hacerlo.
De acuerdo con el Artículo 5 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el “Ejecutivo federal, los gobiernos de los estados, del DF y los ayuntamientos realizarán campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo”. El reglamento de esta ley especifica que la “planeación de esta actividad a nivel nacional estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las de Gobernación y de la Defensa Nacional”.
Para Ana Yancy Espinoza, de la Fundación Arias para la Paz de Costa Rica, ante la ausencia de campañas oficiales, la sociedad civil tiene que tomar la batuta e impulsar acciones en contra del uso de armas. Sobre todo porque, señala, esta violencia armada “nos está dejando sin hijos, sin hermanos, sin padres”.
Los cinco hijos de Rubén Villanueva lo saben. El disparo que mató a su padre aquel 15 de mayo de 2009 les dejó también una cicatriz. Leticia González, su compañera durante 25 años, lamenta: “Ese día mataron a toda mi familia”.
Con el estruendo llegó el silencio. También la muerte. La bala tuvo un efecto inmediato. El cuerpo de Rubén Villanueva Medina, de 47 años, se desplomó sobre el pasillo del camión de pasajeros. No seguir las indicaciones de los asaltantes lo puso en la mira. Un disparo canceló su viaje el 15 de mayo de 2009. La mano que accionó el gatillo tenía 24 años y varios asaltos en su biografía. Al asesino de Rubén —recuerdan testigos— lo acompañaban seis u ocho jóvenes más; el menor tenía 12 años, según las investigaciones de la policía. Dos de ellos, por lo menos, llevaban una pistola en sus manos.
En unos días se cumplirá un año del asesinato de Rubén. Este hombre de piel morena y cuerpo atlético trabajaba en la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (Setravi). Quién iba a decir que moriría en un transporte público. También era un viejo conocido entre los corredores que todos los días acuden a la Ciudad Deportiva de Magdalena Mixhuca, en el Distrito Federal. En ese mismo lugar, su esposa, Leticia González Aguirre recuerda cómo una bala le cambió la vida: “No sólo mataron a mi esposo, sino a toda una familia. Desde ese día, todos estamos muy mal. No hay paz en la casa. Todos mis hijos andan por su lado, algo que no sucedía antes. Estamos desubicados”.
Rubén y su familia son una muestra de las miles de víctimas que está dejando la violencia en México y que coloca al país entre las 15 naciones con más homicidios por armas de fuego, según la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA).
Hay otras cifras que ayudan a dar una dimensión de la violencia armada en México. En 2009, la Cruz Roja atendió a 15 mil 519 personas por herida de bala.
Datos del propio gobierno federal señalan que de 2006 a la fecha, 22 mil personas han muerto por la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Mientras que el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi) reporta que de 2000 a 2007 hubo 41 mil 765 homicidios por arma de fuego.
Refiere que 74% de esas muertes se registraron en sólo 10 entidades: estado de México, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Baja California y Puebla.
La violencia armada no sólo termina con historias como la de Rubén, cambia el rumbo de familias completas. Por ejemplo, sus hijos dejaron la escuela; tres estudiaban la preparatoria. Ahora luchan contra la depresión y tratan de sortear las dificultades económicas.
Los costos de la violencia
La pistola que mató a Rubén es una de las 15 millones de armas ilegales que circulan en México, de acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles. La proliferación de artefactos en un país “desincentiva la inversión extranjera y afecta las prospectivas de desarrollo económico”, advierte IANSA.
El economista Jorge A. Restrepo, investigador asociado del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos de Colombia, ha realizado varias estudios sobre el tema.
Sus análisis muestran que la violencia armada impone “altísimos” costos sobre el sistema de salud, de administración de justicia y, en general, “rompe los lazos para construir una sociedad”.
Documentó que, por lo menos en Colombia, la atención de una persona herida por arma de fuego cuesta cerca de 8 mil dólares al sistema de salud.
En la “Comparación internacional sobre el impacto social del uso de armas de fuego”, Alejandro Moreno, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, apunta que en Estados Unidos el costo anual de la atención médica por discapacidad prematura, muertes y lesiones por armas de fuego es de 100 mil millones de dólares, mientras que en Canadá es de 4 mil 700 millones de dólares.
Por otra parte, generalmente cuando la familia es víctima de violencia armada se queda sin uno de los sostenes del hogar, “por lo que hay una pérdida importante de bienestar de esa familia”.
En Colombia, la violencia armada hace que el país pierda 2% de su Producto Interno Bruto (PIB). “En México el impacto podría ser mayor, por el tamaño del país”, estima el economista.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera que la violencia armada cuesta a los países de América Latina cerca del 15% de su PIB.
En agosto de 2009, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) difundió el documento “Promoción del desarrollo mediante la reducción y la prevención de la violencia armada” y señala que, además de destruir vidas, daña la infraestructura y los bienes, limita la prestación de servicios públicos, perjudica las inversiones en capital humano, social y económico y genera gastos improductivos en servicios de seguridad.
Cuando está asociada con actividades delictivas de gran escala mina las instituciones del Estado, siembra miedo e inseguridad y crea un clima de impunidad, refiere el documento de la ONU.
Movilidad social
La violencia armada también tiene impacto directo en el tejido social, el disfrute de derechos, la movilidad y la asociación, resalta Ana Yancy Espinoza, de la Fundación Arias para la Paz de Costa Rica. La organización forma parte de las cerca de 600 agrupaciones civiles que existen en el mundo y que trabajan para combatir este tipo de violencia.
Según sus datos, entre 80% y 85% de las víctimas por violencia armada en Latinoamérica son hombres de entre 14 y 29 años. “Estamos terminando con el bono demográfico de nuestros países... Estamos perdiendo dos generaciones”.
En México, la Red por los Derechos de la Infancia busca combatir la violencia. Tiene motivos fuertes para hacerlo. En lo que va de 2010, ha contabilizado la muerte de más de 90 niños, niñas y adolescentes a manos de organizaciones criminales o del propio Ejército.
“Se calcula que este año ha muerto, en promedio, un niño o niña por día como consecuencia de armas de fuego o hechos violentos”, se destaca en el balance que realizó el 30 de abril, sobre los derechos de la infancia en México.
Juan Martínez Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia, señala que en el contexto de violencia armada que vive el país, “no sólo están muriendo los niños, sino que hasta en sus juegos prefieren los juguetes bélicos”. Ante esta situación, la Red impulsa la campaña “Desarma la violencia”, cuyo propósito es lograr, a nivel legislativo, una mayor restricción para la posesión, portación y empleo de las armas, “porque los niños son víctimas de la violencia armada no sólo porque mueren asesinados, sino cambian su estilo de vida”.
Chihuahua tiene el índice más alto de adolescentes asesinados con armas de fuego. Le siguen Michoacán y el estado de México. Eso ocurre —asegura Martínez— por la disponibilidad de armas, por la cultura de la violencia que se ha generado y que se está normalizando.
Responsabilidad olvidada
La Red por los Derechos de la Infancia es la única instancia que tiene en pie una campaña en contra del uso de las armas, aunque las mismas leyes mexicanas señalan que los gobiernos federal, estatales y municipales deberían hacerlo.
De acuerdo con el Artículo 5 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el “Ejecutivo federal, los gobiernos de los estados, del DF y los ayuntamientos realizarán campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo”. El reglamento de esta ley especifica que la “planeación de esta actividad a nivel nacional estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las de Gobernación y de la Defensa Nacional”.
Para Ana Yancy Espinoza, de la Fundación Arias para la Paz de Costa Rica, ante la ausencia de campañas oficiales, la sociedad civil tiene que tomar la batuta e impulsar acciones en contra del uso de armas. Sobre todo porque, señala, esta violencia armada “nos está dejando sin hijos, sin hermanos, sin padres”.
Los cinco hijos de Rubén Villanueva lo saben. El disparo que mató a su padre aquel 15 de mayo de 2009 les dejó también una cicatriz. Leticia González, su compañera durante 25 años, lamenta: “Ese día mataron a toda mi familia”.
miércoles, 5 de mayo de 2010
La violencia disminuirá a fin de año: Gómez Mont.
Noticia:
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pronosticó ayer que “el ciclo de la violencia en México disminuirá en los próximos meses”, y que esta baja se hará más patente “hacia fines de 2010”, lo que permitirá reforzar las instituciones y trabajar en favor de una paz más estable en el país.
El funcionario basó su optimismo en la convicción de que la larga y costosa lucha contra los cárteles de la droga “los ha debilitado” y en que, además, una buena parte de ellos se ha enfrascado “en un proceso muy autodestructivo.
“Hoy, la mayor parte de la violencia es producto de los enfrentamientos que se dan entre ellos”, aseguró Gómez Mont al enfatizar que el gobierno del presidente Felipe Calderón no cederá en la lucha por “restablecer la seguridad y el imperio de la ley en todo el país”.
El titular de Gobernación participó ayer en un diálogo con la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, en la sede de la Brookings Institution. El encuentro, con representantes de la academia y medios de comunicación, le permitió hablar sobre la seguridad fronteriza y el futuro de la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
“Somos una población pacífica. Somos un país próspero. Por muchos años, la seguridad no fue debidamente atendida, pero ahora sí lo es. Debemos enfrentar ahora el costo de lo que no hicimos en el pasado. Merece la pena. No tengo dudas”, dijo.
Durante el diálogo, Napolitano se mostró más prudente en su diagnóstico, al asegurar que la lucha de ambos países contra los cárteles de la droga “es un maratón y no una carrera de corto recorrido”, pero afirmó que “una cosa es segura: el fracaso no es una opción”.
El secretario de Gobernación añadió: “Somos dos naciones democráticas que creemos en la defensa de las libertades y en el imperio de la ley”.
Dijo que el gobierno no cederá en la lucha por “restablecer la seguridad y el imperio de la ley en todo el país”.
Expresan preocupación por migrantes
El encuentro, que dedicó gran parte del diálogo a temas de seguridad fronteriza y a la lucha que ambas naciones libran contra los cárteles, no pudo obviar otros asuntos que afectan la relación bilateral, como la recién promulgada legislación antiinmigrante en Arizona —la ley SB1070—, que criminaliza la presencia de indocumentados en ese estado.
“Al gobierno de México le preocupan las implicaciones que tendrá esta legislación en el terreno de los derechos humanos”, aseguró Gómez Mont al enfatizar que aunque reconoce que este es un asunto doméstico y soberano de Estados Unidos, al gobierno mexicano le inquietan que puedan darse brotes de intolerancia.
En México, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, dijo que “la experiencia internacional [...] en Italia, en Colombia, en Nueva York, en Chicago, en todos los casos la curva (de violencia) fue ascendente hasta los primeros cinco, 10 años”, a partir del momento en que se decide a enfrentar al crimen organizado. “Yo espero que en México sea antes”, dijo en el Foro de Reuters sobre Inversión en América Latina.
“En todos los casos, el promedio [para controlar al narco] es de seis a ocho años”, dijo. (Con información de Reuters)
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pronosticó ayer que “el ciclo de la violencia en México disminuirá en los próximos meses”, y que esta baja se hará más patente “hacia fines de 2010”, lo que permitirá reforzar las instituciones y trabajar en favor de una paz más estable en el país.
El funcionario basó su optimismo en la convicción de que la larga y costosa lucha contra los cárteles de la droga “los ha debilitado” y en que, además, una buena parte de ellos se ha enfrascado “en un proceso muy autodestructivo.
“Hoy, la mayor parte de la violencia es producto de los enfrentamientos que se dan entre ellos”, aseguró Gómez Mont al enfatizar que el gobierno del presidente Felipe Calderón no cederá en la lucha por “restablecer la seguridad y el imperio de la ley en todo el país”.
El titular de Gobernación participó ayer en un diálogo con la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, en la sede de la Brookings Institution. El encuentro, con representantes de la academia y medios de comunicación, le permitió hablar sobre la seguridad fronteriza y el futuro de la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
“Somos una población pacífica. Somos un país próspero. Por muchos años, la seguridad no fue debidamente atendida, pero ahora sí lo es. Debemos enfrentar ahora el costo de lo que no hicimos en el pasado. Merece la pena. No tengo dudas”, dijo.
Durante el diálogo, Napolitano se mostró más prudente en su diagnóstico, al asegurar que la lucha de ambos países contra los cárteles de la droga “es un maratón y no una carrera de corto recorrido”, pero afirmó que “una cosa es segura: el fracaso no es una opción”.
El secretario de Gobernación añadió: “Somos dos naciones democráticas que creemos en la defensa de las libertades y en el imperio de la ley”.
Dijo que el gobierno no cederá en la lucha por “restablecer la seguridad y el imperio de la ley en todo el país”.
Expresan preocupación por migrantes
El encuentro, que dedicó gran parte del diálogo a temas de seguridad fronteriza y a la lucha que ambas naciones libran contra los cárteles, no pudo obviar otros asuntos que afectan la relación bilateral, como la recién promulgada legislación antiinmigrante en Arizona —la ley SB1070—, que criminaliza la presencia de indocumentados en ese estado.
“Al gobierno de México le preocupan las implicaciones que tendrá esta legislación en el terreno de los derechos humanos”, aseguró Gómez Mont al enfatizar que aunque reconoce que este es un asunto doméstico y soberano de Estados Unidos, al gobierno mexicano le inquietan que puedan darse brotes de intolerancia.
En México, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, dijo que “la experiencia internacional [...] en Italia, en Colombia, en Nueva York, en Chicago, en todos los casos la curva (de violencia) fue ascendente hasta los primeros cinco, 10 años”, a partir del momento en que se decide a enfrentar al crimen organizado. “Yo espero que en México sea antes”, dijo en el Foro de Reuters sobre Inversión en América Latina.
“En todos los casos, el promedio [para controlar al narco] es de seis a ocho años”, dijo. (Con información de Reuters)
miércoles, 21 de abril de 2010
Embajador: violencia aleja las inversiones.
Noticia:
El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, advirtió que el clima de inseguridad amenaza con frenar la creación de nuevas empresas en el país.
En ciertas regiones es prácticamente imposible vivir con normalidad, lo que podría provocar que las empresas ya no consideren establecerse en suelo mexicano, dijo el diplomático.
Pascual participó como orador principal en la 37 Asamblea Anual de la Cámara Americana de Comercio.
“El costo de realizar negocios se ve incrementado por la violencia que generan organizaciones criminales”, expresó ante empresarios de los dos países.
Más tarde, en conferencia de prensa, mencionó que Estados Unidos ha capacitado a más de 5 mil 500 policías federales para luchar contra el narcotráfico y próximamente extenderá esa preparación a efectivos estatales y municipales.
“Estamos hablando de cómo seguir ahora ese modelo y extenderlo a niveles estatal y municipal”, precisó.
El embajador aclaró que antes debe definirse el modelo de Policía que tendrá México: “Si va a haber una policía única o si va a haber más, y entonces sobre eso estamos decidiendo cómo es que se pueden crear las capacidades y tomar las experiencias que tenemos de la Policía Federal y extenderla a estados y municipios”.
Aseguró que el gobierno estadounidense también capacita a jueces, procuradores y estudiantes para implementar un nuevo sistema judicial. En la lucha contra el crimen, dijo, es fundamental integrar el lado socioeconómico.
“En Ciudad Juárez trabajamos de dos maneras, analizando cuáles son las inversiones de corto plazo que se pueden hacer y trabajamos con grupos de negocios en los dos lados de la frontera, Juárez y El Paso, para invertir en la creación de empresas pequeñas que realmente puedan atraer a la juventud y alejarla de las actividades del crimen organizado”.
Agregó que su país pone énfasis en congelar las cuentas que tienen los cárteles mexicanos en EU para afectar su capacidad financiera y aislarlos.
El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, advirtió que el clima de inseguridad amenaza con frenar la creación de nuevas empresas en el país.
En ciertas regiones es prácticamente imposible vivir con normalidad, lo que podría provocar que las empresas ya no consideren establecerse en suelo mexicano, dijo el diplomático.
Pascual participó como orador principal en la 37 Asamblea Anual de la Cámara Americana de Comercio.
“El costo de realizar negocios se ve incrementado por la violencia que generan organizaciones criminales”, expresó ante empresarios de los dos países.
Más tarde, en conferencia de prensa, mencionó que Estados Unidos ha capacitado a más de 5 mil 500 policías federales para luchar contra el narcotráfico y próximamente extenderá esa preparación a efectivos estatales y municipales.
“Estamos hablando de cómo seguir ahora ese modelo y extenderlo a niveles estatal y municipal”, precisó.
El embajador aclaró que antes debe definirse el modelo de Policía que tendrá México: “Si va a haber una policía única o si va a haber más, y entonces sobre eso estamos decidiendo cómo es que se pueden crear las capacidades y tomar las experiencias que tenemos de la Policía Federal y extenderla a estados y municipios”.
Aseguró que el gobierno estadounidense también capacita a jueces, procuradores y estudiantes para implementar un nuevo sistema judicial. En la lucha contra el crimen, dijo, es fundamental integrar el lado socioeconómico.
“En Ciudad Juárez trabajamos de dos maneras, analizando cuáles son las inversiones de corto plazo que se pueden hacer y trabajamos con grupos de negocios en los dos lados de la frontera, Juárez y El Paso, para invertir en la creación de empresas pequeñas que realmente puedan atraer a la juventud y alejarla de las actividades del crimen organizado”.
Agregó que su país pone énfasis en congelar las cuentas que tienen los cárteles mexicanos en EU para afectar su capacidad financiera y aislarlos.
martes, 6 de abril de 2010
Atacan con granadas a un cuartel militar en Tampico.
Noticia:
La violencia en Tamaulipas dejó en las últimas 24 horas tres presuntos delincuentes muertos; dos policías ejecutados y dos desaparecidos, además de un ataque con granada al cuartel militar de Tampico.
El Centro de Información Oportuna del Gobierno del estado informó que a las 17:30 horas del lunes un grupo armado emboscó a policías de San Fernando, que patrullaban en la calle 5 de Mayo, salida a La Laguna, dos murieron y un comandante y un subordinado fueron levantados.
La noche del domingo, en ese municipio se enfrentaron sicarios con saldo de dos muertos.
En Tampico ocurrió otro enfrentamiento entre elementos de la Defensa Nacional y civiles armados, sin que se reportaran personas heridas o fallecidas.
Y en la carretera de Tampico, al poblado El Moralillo, fue localizado el cuerpo de un hombre asesinado a balazos.
Aunque la página de internet del gobierno de Tamaulipas tiene escasa información de estos hechos, a través de las redes sociales se dio a conocer que el enfrentamiento se originó a raíz de que sujetos que se trasladaban en una camioneta lanzaron una granada de fragmentación contra el cuartel militar que se ubica en la colonia Tancol, de Tampico.
Detallan que en el estado la violencia sigue escalando, “preferible quedarse en casa, aunque tampoco es un lugar seguro”.
En dos ataques a plena luz del día y en medio de cientos de vacacionistas, mueren seis personas en Mazatlán, Sinaloa.
Desconocidos rafaguearon a cinco que viajaban en una camioneta con placas VLC 5556, del estado de Sinaloa.
Esta masacre se registró en la carretera internacional México 15. El vehículo fue alcanzado por un grupo armado que disparó contra sus ocupantes: cuatro perdieron la vida en el lugar y uno más cuando recibía auxilio de paramédicos. Ninguna de las víctimas ha sido identificada.
Antes, en la colonia Villa Galaxia, una mujer y dos hombres que viajaban en una camioneta Cherokee, color blanca, fueron baleados desde otro vehículo.
Xóchitl Tapia Valle, de 25 años, murió y sus compañeros identificados como Juan Antonio Lizondo Coronado y Rufino Carrillo Rodríguez quedaron heridos.
En Badiraguato se reportó el asesinato de cuatro jóvenes; los restos de una mujer y dos hombres sepultados en forma clandestina fueron descubiertos en la comunidad de Cristo Rey; en los Mochis un comando mató a dos adolescentes; y en Culiacan, en las colonias Guadalupe Victoria e Infonavit Cañadas, fueron asesinados Daniel Martínez Beltrán y Roberto del Muro Pérez.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, ayer se reportaron cinco homicidios relacionados con la delincuencia organizada y el fin de semana una docena.
Matan a perito y a su esposa
El perito forense Luis Monroy Delenne, fundador de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato fue asesinado junto con su esposa, Julieta Macías, en el municipio de Salamanca.
El cuerpo del investigador en criminalística, de 85 años de dad, estaba en la sala de su casa y el de su cónyuge en la cocina.
Policías Ministeriales encontraron dos vehículos desvalijados en la colonia, que al parecer pertenecían a la pareja, por lo que se estableció el robo como una causa del crimen.
La violencia en Tamaulipas dejó en las últimas 24 horas tres presuntos delincuentes muertos; dos policías ejecutados y dos desaparecidos, además de un ataque con granada al cuartel militar de Tampico.
El Centro de Información Oportuna del Gobierno del estado informó que a las 17:30 horas del lunes un grupo armado emboscó a policías de San Fernando, que patrullaban en la calle 5 de Mayo, salida a La Laguna, dos murieron y un comandante y un subordinado fueron levantados.
La noche del domingo, en ese municipio se enfrentaron sicarios con saldo de dos muertos.
En Tampico ocurrió otro enfrentamiento entre elementos de la Defensa Nacional y civiles armados, sin que se reportaran personas heridas o fallecidas.
Y en la carretera de Tampico, al poblado El Moralillo, fue localizado el cuerpo de un hombre asesinado a balazos.
Aunque la página de internet del gobierno de Tamaulipas tiene escasa información de estos hechos, a través de las redes sociales se dio a conocer que el enfrentamiento se originó a raíz de que sujetos que se trasladaban en una camioneta lanzaron una granada de fragmentación contra el cuartel militar que se ubica en la colonia Tancol, de Tampico.
Detallan que en el estado la violencia sigue escalando, “preferible quedarse en casa, aunque tampoco es un lugar seguro”.
En dos ataques a plena luz del día y en medio de cientos de vacacionistas, mueren seis personas en Mazatlán, Sinaloa.
Desconocidos rafaguearon a cinco que viajaban en una camioneta con placas VLC 5556, del estado de Sinaloa.
Esta masacre se registró en la carretera internacional México 15. El vehículo fue alcanzado por un grupo armado que disparó contra sus ocupantes: cuatro perdieron la vida en el lugar y uno más cuando recibía auxilio de paramédicos. Ninguna de las víctimas ha sido identificada.
Antes, en la colonia Villa Galaxia, una mujer y dos hombres que viajaban en una camioneta Cherokee, color blanca, fueron baleados desde otro vehículo.
Xóchitl Tapia Valle, de 25 años, murió y sus compañeros identificados como Juan Antonio Lizondo Coronado y Rufino Carrillo Rodríguez quedaron heridos.
En Badiraguato se reportó el asesinato de cuatro jóvenes; los restos de una mujer y dos hombres sepultados en forma clandestina fueron descubiertos en la comunidad de Cristo Rey; en los Mochis un comando mató a dos adolescentes; y en Culiacan, en las colonias Guadalupe Victoria e Infonavit Cañadas, fueron asesinados Daniel Martínez Beltrán y Roberto del Muro Pérez.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, ayer se reportaron cinco homicidios relacionados con la delincuencia organizada y el fin de semana una docena.
Matan a perito y a su esposa
El perito forense Luis Monroy Delenne, fundador de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato fue asesinado junto con su esposa, Julieta Macías, en el municipio de Salamanca.
El cuerpo del investigador en criminalística, de 85 años de dad, estaba en la sala de su casa y el de su cónyuge en la cocina.
Policías Ministeriales encontraron dos vehículos desvalijados en la colonia, que al parecer pertenecían a la pareja, por lo que se estableció el robo como una causa del crimen.
miércoles, 31 de marzo de 2010
La violencia es menor a lo que se percibe: FCH.
Noticia:
El presidente Felipe Calderón admitió que México tiene un problema real de violencia, pero que no es tanta en comparación a otras naciones, e insistió en que todo se trata de un problema de percepción.
El mandatario dio estadísticas de la Brookings Institution, en el que se afirma que México tiene 11.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en Jamaica el registro es 67 muertes por cada 100 mil, y República Dominicana, 50 por el igual número de habitantes. “Y ahí nadie habla de la violencia”, dijo Felipe Calderón al inaugurar el hotel Hacienda Tres Ríos, en Quintana Roo.
También comparó a México con Brasil en el tema de la criminalidad, y dijo que el país sudamericano tenía 22 asesinatos por cada 100 mil habitantes, casi el doble de los que hay en nuestro país.
Expuso que los mexicanos tienen un problema de percepción, y recordó que pese a la violencia en Brasil, será sede de Juegos Olímpicos y de otro mundial de futbol.
El presidente Calderón negó que el país sea un estado fallido, tal como lo publicó una revista, y en la que se aseguraba que México no sería capaz de enfrentar la crisis económica y la lucha entre los cárteles de la droga.
Sin embargo, Calderón explicó que “no sólo resistimos la crisis internacional sino que tuvimos la del virus AH1N1, la de la sequía y de la violencia por la virulencia entre los grupos criminales”.
“Estamos superando simultáneamente estas crisis y de lo de fallido únicamente el pronóstico de esta revista”.
El Presidente dijo, además, que México realiza un esfuerzo para fortalecer la oferta energética del país y una de las metas es que para 2012, 26% de la energía provendrá de fuentes renovables.
Felipe Calderón expuso que en unos cuantos años se ha más que triplicado la inversión física en Pemex, en busca de proyectos rentables de exploración y explotación de petróleo y gas.
El presidente Felipe Calderón admitió que México tiene un problema real de violencia, pero que no es tanta en comparación a otras naciones, e insistió en que todo se trata de un problema de percepción.
El mandatario dio estadísticas de la Brookings Institution, en el que se afirma que México tiene 11.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en Jamaica el registro es 67 muertes por cada 100 mil, y República Dominicana, 50 por el igual número de habitantes. “Y ahí nadie habla de la violencia”, dijo Felipe Calderón al inaugurar el hotel Hacienda Tres Ríos, en Quintana Roo.
También comparó a México con Brasil en el tema de la criminalidad, y dijo que el país sudamericano tenía 22 asesinatos por cada 100 mil habitantes, casi el doble de los que hay en nuestro país.
Expuso que los mexicanos tienen un problema de percepción, y recordó que pese a la violencia en Brasil, será sede de Juegos Olímpicos y de otro mundial de futbol.
El presidente Calderón negó que el país sea un estado fallido, tal como lo publicó una revista, y en la que se aseguraba que México no sería capaz de enfrentar la crisis económica y la lucha entre los cárteles de la droga.
Sin embargo, Calderón explicó que “no sólo resistimos la crisis internacional sino que tuvimos la del virus AH1N1, la de la sequía y de la violencia por la virulencia entre los grupos criminales”.
“Estamos superando simultáneamente estas crisis y de lo de fallido únicamente el pronóstico de esta revista”.
El Presidente dijo, además, que México realiza un esfuerzo para fortalecer la oferta energética del país y una de las metas es que para 2012, 26% de la energía provendrá de fuentes renovables.
Felipe Calderón expuso que en unos cuantos años se ha más que triplicado la inversión física en Pemex, en busca de proyectos rentables de exploración y explotación de petróleo y gas.
jueves, 18 de marzo de 2010
Atizapán: dejan a 4 ejecutados.
Noticia:
Los cuerpos sin vida de una mujer y tres hombres, uno de ellos al parecer menor de edad, fueron hallados en el interior de un auto compacto en la colonia Lomas de San Miguel , en los límites con Cuautitlán Izcalli.
La mañana del miércoles, vecinos de la esquina Alhelí y Pirul, en Lomas de San Miguel, en la zona limítrofe con el municipio de Cuautitlán Izcalli, se percataron de que un auto tipo Derby, color plata había amanecido en su comunidad y en su interior se distinguían algunos cuerpos.
Al lugar llegó el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, quien al ordenar abrir el auto con placas 242 WVB del DF, confirmó que en su interior había cuatro personas muertas.
Las víctimas son una mujer y tres hombres, uno de ellos podría ser menor de edad dada su complexión física, relataron testigos del hallazgo. Al parecer fueron ejecutadas con armas de fuego, pues todas tenían impactos de bala en sus cuerpos.
Peritos de la Procuraduría mexiquense iniciaron estudios periciales para determinar no sólo la identidad de los ejecutados, sino además establecer algún vínculo familiar entre ellos. El tiempo que tenían de haber fallecido y la forma en que fueron asesinados así como algún indicio que permita identificar a los agresores.
Con este hallazgo, el número de ejecutados en el estado de México alcanza las 65 víctimas, de acuerdo con el procurador general de Justicia del estado de México, Alberto Bazbaz Sacal, hasta el pasado lunes eran 57 personas muertas en manos de las bandas del crimen organizado.
El martes aparecieron cuatro ejecutados, dos en el municipio de Tultitlán, una en Jaltenco, cuerpos que aparecieron con narcomensajes, además de otro en la autopista Chamapa-Lechería, en Naucalpan, lo que daba un total de 61 víctimas.
Los cuerpos sin vida de una mujer y tres hombres, uno de ellos al parecer menor de edad, fueron hallados en el interior de un auto compacto en la colonia Lomas de San Miguel , en los límites con Cuautitlán Izcalli.
La mañana del miércoles, vecinos de la esquina Alhelí y Pirul, en Lomas de San Miguel, en la zona limítrofe con el municipio de Cuautitlán Izcalli, se percataron de que un auto tipo Derby, color plata había amanecido en su comunidad y en su interior se distinguían algunos cuerpos.
Al lugar llegó el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, quien al ordenar abrir el auto con placas 242 WVB del DF, confirmó que en su interior había cuatro personas muertas.
Las víctimas son una mujer y tres hombres, uno de ellos podría ser menor de edad dada su complexión física, relataron testigos del hallazgo. Al parecer fueron ejecutadas con armas de fuego, pues todas tenían impactos de bala en sus cuerpos.
Peritos de la Procuraduría mexiquense iniciaron estudios periciales para determinar no sólo la identidad de los ejecutados, sino además establecer algún vínculo familiar entre ellos. El tiempo que tenían de haber fallecido y la forma en que fueron asesinados así como algún indicio que permita identificar a los agresores.
Con este hallazgo, el número de ejecutados en el estado de México alcanza las 65 víctimas, de acuerdo con el procurador general de Justicia del estado de México, Alberto Bazbaz Sacal, hasta el pasado lunes eran 57 personas muertas en manos de las bandas del crimen organizado.
El martes aparecieron cuatro ejecutados, dos en el municipio de Tultitlán, una en Jaltenco, cuerpos que aparecieron con narcomensajes, además de otro en la autopista Chamapa-Lechería, en Naucalpan, lo que daba un total de 61 víctimas.
martes, 16 de marzo de 2010
Segundo día de terror en Acapulco: 15 decesos.
Noticia:
En el segundo día consecutivo de mayor violencia en el año, autoridades policiacas reportaron tres balaceras en la zona suburbana de Acapulco, con saldo de 10 víctimas, entre ellas una mujer que transitaba en un taxi, así como el hallazgo de cuatro cuerpos y un descuartizado en distintos sitios del puerto.
La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia de Guerrero confirmaron los 15 decesos: nueve presuntos sicarios, una mujer muerta por una bala perdida, cuatro narcomenudistas y un hombre desmembrado.
Durante los enfrentamientos entre grupos delictivos fueron abandonados nueve vehículos y armas largas y cortas de diversos calibres. Con estos hechos, Guerrero ha registrado 43 muertes relacionadas con el crimen organizado en los últimos dos días, 32 de éstas en la periferia del puerto turístico de Acapulco.
El procurador Albertico Guinto Sierra reconoció que la dependencia y todas las corporaciones policiacas se mantiene en alerta por la doble jornada violenta, en la que han fallecido tres civiles, policías municipales y decenas de sicarios. Dijo que han sido identificadas 10 víctimas y que el resto se encuentra en el Servicio Médico Forense del puerto.
Informó que cruzó datos con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para coordinar la integración de las averiguaciones previas. El funcionario se reservó información y afirmó desconocer a qué cárteles o grupos pertenecen los sicarios que se enfrentaron el sábado y domingo.
“No quisiera hacer ninguna aseveración de que se trata de delincuencia organizada. Por la forma en que ocurrieron los homicidios, hay de alguna manera cuestiones especiales que investigar”.
Balaceras siembran pánico
Las balaceras registradas durante la madrugada de ayer sucedieron en el entronque de las calles Baja California y Michoacán, colonia Progreso, y dos más sobre el bulevar Vicente Guerrero.
Cerca de las 5:50 horas, sobre el bulevar Vicente Guerrero, a la altura del hospital del IMSS, ocurrió el primero de los enfrentamientos y una posterior persecución que dejaron un saldo de nueve sicarios asesinados y una ciudadana víctima de una bala perdida.
Las autoridades informaron que a la altura de las colonias La Venta, El Quemado y Arroyo Seco, sobre la carretera federal, se hallaron cuatro cuerpos y nueve vehículos abandonados (dos compactos y siete camionetas de lujo), algunos con cadáveres en el interior.
Sobre la avenida Escénica del puerto tiraron a dos decapitados; en un paraje cercano al poblado Metlapil se ubicaron dos cuerpos más cuerpos y uno en el canal de la colonia Coral. Durante la balacera murió de un impacto cerca de la cabeza Miriam Sánchez Manjarrez, de 23 años, quien transitaba a bordo de un taxi del servicio público con el número 30.
Antes, a las 4:30 horas se ubicaron tres cadáveres con balazos entre las calles La Nao y Lima Tambo, colonia Adolfo López Mateos. Un cuarto sujeto herido huyó hacia su domicilio en la colonia La Bocana, donde murió; su cuerpo fue llevado al Semefo. Estas cuatro víctimas fueron identificadas como presuntos narcomenudistas en la zona.
Después, la Policía Preventiva reportó el hallazgo de un sujeto descuartizado en la colonia La Garita de Juárez.
Más muertos en el país
En las últimas horas se reportaron 14 ejecuciones más y cuatro heridos en Ciudad Juárez, incluido el triple homicidio del personal vinculado al consulado de Estados Unidos. Entre estos hechos se encuentran otra triple ejecución en el billar Pocket y un cuádruple asesinato en San Agustín. En el municipio de Praxedis G. Guerrero, en el Valle de Juárez, fueron ejecutadas otras cuatro.
En Chihuahua hubo cinco homicidios; tres en los municipios de Mier, Abasolo y Río Bravo, según la página de internet de Tamaulipas. Una víctima más se registró sobre la carretera Topolobampo-Los Mochis, en Sinaloa, quien recibió más de 60 balazos y uno durante un tiroteo en un bar del Distrito Federal.
En el segundo día consecutivo de mayor violencia en el año, autoridades policiacas reportaron tres balaceras en la zona suburbana de Acapulco, con saldo de 10 víctimas, entre ellas una mujer que transitaba en un taxi, así como el hallazgo de cuatro cuerpos y un descuartizado en distintos sitios del puerto.
La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia de Guerrero confirmaron los 15 decesos: nueve presuntos sicarios, una mujer muerta por una bala perdida, cuatro narcomenudistas y un hombre desmembrado.
Durante los enfrentamientos entre grupos delictivos fueron abandonados nueve vehículos y armas largas y cortas de diversos calibres. Con estos hechos, Guerrero ha registrado 43 muertes relacionadas con el crimen organizado en los últimos dos días, 32 de éstas en la periferia del puerto turístico de Acapulco.
El procurador Albertico Guinto Sierra reconoció que la dependencia y todas las corporaciones policiacas se mantiene en alerta por la doble jornada violenta, en la que han fallecido tres civiles, policías municipales y decenas de sicarios. Dijo que han sido identificadas 10 víctimas y que el resto se encuentra en el Servicio Médico Forense del puerto.
Informó que cruzó datos con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para coordinar la integración de las averiguaciones previas. El funcionario se reservó información y afirmó desconocer a qué cárteles o grupos pertenecen los sicarios que se enfrentaron el sábado y domingo.
“No quisiera hacer ninguna aseveración de que se trata de delincuencia organizada. Por la forma en que ocurrieron los homicidios, hay de alguna manera cuestiones especiales que investigar”.
Balaceras siembran pánico
Las balaceras registradas durante la madrugada de ayer sucedieron en el entronque de las calles Baja California y Michoacán, colonia Progreso, y dos más sobre el bulevar Vicente Guerrero.
Cerca de las 5:50 horas, sobre el bulevar Vicente Guerrero, a la altura del hospital del IMSS, ocurrió el primero de los enfrentamientos y una posterior persecución que dejaron un saldo de nueve sicarios asesinados y una ciudadana víctima de una bala perdida.
Las autoridades informaron que a la altura de las colonias La Venta, El Quemado y Arroyo Seco, sobre la carretera federal, se hallaron cuatro cuerpos y nueve vehículos abandonados (dos compactos y siete camionetas de lujo), algunos con cadáveres en el interior.
Sobre la avenida Escénica del puerto tiraron a dos decapitados; en un paraje cercano al poblado Metlapil se ubicaron dos cuerpos más cuerpos y uno en el canal de la colonia Coral. Durante la balacera murió de un impacto cerca de la cabeza Miriam Sánchez Manjarrez, de 23 años, quien transitaba a bordo de un taxi del servicio público con el número 30.
Antes, a las 4:30 horas se ubicaron tres cadáveres con balazos entre las calles La Nao y Lima Tambo, colonia Adolfo López Mateos. Un cuarto sujeto herido huyó hacia su domicilio en la colonia La Bocana, donde murió; su cuerpo fue llevado al Semefo. Estas cuatro víctimas fueron identificadas como presuntos narcomenudistas en la zona.
Después, la Policía Preventiva reportó el hallazgo de un sujeto descuartizado en la colonia La Garita de Juárez.
Más muertos en el país
En las últimas horas se reportaron 14 ejecuciones más y cuatro heridos en Ciudad Juárez, incluido el triple homicidio del personal vinculado al consulado de Estados Unidos. Entre estos hechos se encuentran otra triple ejecución en el billar Pocket y un cuádruple asesinato en San Agustín. En el municipio de Praxedis G. Guerrero, en el Valle de Juárez, fueron ejecutadas otras cuatro.
En Chihuahua hubo cinco homicidios; tres en los municipios de Mier, Abasolo y Río Bravo, según la página de internet de Tamaulipas. Una víctima más se registró sobre la carretera Topolobampo-Los Mochis, en Sinaloa, quien recibió más de 60 balazos y uno durante un tiroteo en un bar del Distrito Federal.
lunes, 1 de marzo de 2010
Cruz Roja suspende atención en Sinaloa.
Noticia:
La Cruz Roja suspendió sus servicios en Culiacán y Navolato, luego de que un comando irrumpió en las instalaciones de la capital y en su intento por rematar a un paciente hirió a la operadora de radio Genoveva Roguer, quien falleció horas después.
El jefe de socorristas, José Vidal González Zamora, dijo que el cierre de las clínicas será al menos durante los próximos tres días, en espera de que el gobierno del estado les garantice seguridad para desempeñar su trabajo.
Personal del Cuerpo Voluntario de Bomberos de la ciudad y de Protección Civil municipal tomaron a su cargo las ambulancias de la Cruz Roja para apoyar en los servicios de urgencia. Incluso, las llamadas de emergencia fueron desviadas a la central de Bomberos.
Refirió que hay temor en el personal de la institución, sobre todo entre paramédicos y socorristas que auxilian a heridos en balaceras, porque los delincuentes les han arrebatado a los lesionados y los amagan. “Hemos solicitado protección a las autoridades policiacas, pero éstas han guardado silencio”.
La mañana de ayer, un grupo de sicarios baleó a un hombre que conducía un vehículo sobre el fraccionamiento Los Ángeles. La víctima, quien fue alcanzada por una bala, aceleró la marcha y se dirigió a las instalaciones de la Cruz Roja, distante a unos tres kilómetros del ataque.
Al llegar a la institución se bajó de su auto y corrió en busca de ayuda; detrás venían sus agresores, quienes dispararon con rifles de alto poder. Recibió dos balazos, pero no murió, y una más alcanzó a la radio operadora. El herido fue remitido al Hospital General, donde es atendido bajo vigilancia policiaca.
El pasado 17 de enero, sobre la carretera México-Nogales, un comando armado interceptó una ambulancia de la Cruz Roja, obligó al personal a descender y remató a una mujer herida de bala que era trasladada desde el municipio de Badiraguato.
Derivado de este evento, en el que murió María Armida Pérez Quintero, de 42 años, el personal voluntario reclamó a las autoridades policiacas el reciente retiro de la vigilancia en sus instalaciones, ante el temor de ser atacados.
Los socorristas de Mazatlán se solidarizaron con sus compañeros de Culiacán y Navolato, sin suspender sus servicios. Comentaron que por instrucciones de la Dirección Municipal de ese organismo, los pacientes heridos en enfrentamientos son trasladados desde hace un mes a hospitales distintos a la Cruz Roja, en prevención a este tipo de ataques.
Sicosis por balaceras
Febrero se caracterizó por la sicosis que desataron los enfrentamientos entre el Ejército y grupos delictivos, y los que protagonizaron bandas rivales. Los habitantes de Tamaulipas, Sinaloa y Coahuila, principalmente, modificaron sus actividades rutinarias ante los rumores de nuevas balaceras, muchas de ellas nunca se confirmaron.
En Nuevo León, San Luis Potosí y Nayarit también fueron presas de falsas alarmas y la desinformación.
Ante el incremento de mensajes de usuarios en redes sociales, como Facebook y Twitter, que alimentaron el temor entre la población, los gobiernos de Tamaulipas y Coahuila llamaron a la calma y a hacer un uso responsable de esas herramientas.
En un comunicado, la Fiscalía de Coahuila pidió ayer a la población “no hacer caso ni difundir rumores falsos que se hacen entorno a balaceras y enfrentamientos en distintas partes de la ciudad” de Saltillo.
En Nuevo León, autoridades de la Secretaría de Educación Pública informaron que las clases se habían suspendido en municipios vecinos a Tamaulipas, ya que se reportó la presencia de comandos armados y temían balaceras.
Autoridades de los gobiernos estatal y municipal reforzaron la vigilancia en corporaciones tras los ataques con granadas el sábado contra las sedes policiacas de San Nicolás, Cadereyta, Apodaca, Guadalupe y Escobedo.
En el mes ocurrieron 652 homicidios, un promedio de 23.28 cada día. La cifra bajó en comparación con enero, en que sumaron 933 ejecutados.
Ayer, un sicario murió y cinco militares quedaron heridos, tras un enfrentamiento a balazos sobre una carretera de Nuevo León. En Sinaloa se reportaron siete ejecuciones, cuatro en Chihuahua y tres en el estado de México.
La Cruz Roja suspendió sus servicios en Culiacán y Navolato, luego de que un comando irrumpió en las instalaciones de la capital y en su intento por rematar a un paciente hirió a la operadora de radio Genoveva Roguer, quien falleció horas después.
El jefe de socorristas, José Vidal González Zamora, dijo que el cierre de las clínicas será al menos durante los próximos tres días, en espera de que el gobierno del estado les garantice seguridad para desempeñar su trabajo.
Personal del Cuerpo Voluntario de Bomberos de la ciudad y de Protección Civil municipal tomaron a su cargo las ambulancias de la Cruz Roja para apoyar en los servicios de urgencia. Incluso, las llamadas de emergencia fueron desviadas a la central de Bomberos.
Refirió que hay temor en el personal de la institución, sobre todo entre paramédicos y socorristas que auxilian a heridos en balaceras, porque los delincuentes les han arrebatado a los lesionados y los amagan. “Hemos solicitado protección a las autoridades policiacas, pero éstas han guardado silencio”.
La mañana de ayer, un grupo de sicarios baleó a un hombre que conducía un vehículo sobre el fraccionamiento Los Ángeles. La víctima, quien fue alcanzada por una bala, aceleró la marcha y se dirigió a las instalaciones de la Cruz Roja, distante a unos tres kilómetros del ataque.
Al llegar a la institución se bajó de su auto y corrió en busca de ayuda; detrás venían sus agresores, quienes dispararon con rifles de alto poder. Recibió dos balazos, pero no murió, y una más alcanzó a la radio operadora. El herido fue remitido al Hospital General, donde es atendido bajo vigilancia policiaca.
El pasado 17 de enero, sobre la carretera México-Nogales, un comando armado interceptó una ambulancia de la Cruz Roja, obligó al personal a descender y remató a una mujer herida de bala que era trasladada desde el municipio de Badiraguato.
Derivado de este evento, en el que murió María Armida Pérez Quintero, de 42 años, el personal voluntario reclamó a las autoridades policiacas el reciente retiro de la vigilancia en sus instalaciones, ante el temor de ser atacados.
Los socorristas de Mazatlán se solidarizaron con sus compañeros de Culiacán y Navolato, sin suspender sus servicios. Comentaron que por instrucciones de la Dirección Municipal de ese organismo, los pacientes heridos en enfrentamientos son trasladados desde hace un mes a hospitales distintos a la Cruz Roja, en prevención a este tipo de ataques.
Sicosis por balaceras
Febrero se caracterizó por la sicosis que desataron los enfrentamientos entre el Ejército y grupos delictivos, y los que protagonizaron bandas rivales. Los habitantes de Tamaulipas, Sinaloa y Coahuila, principalmente, modificaron sus actividades rutinarias ante los rumores de nuevas balaceras, muchas de ellas nunca se confirmaron.
En Nuevo León, San Luis Potosí y Nayarit también fueron presas de falsas alarmas y la desinformación.
Ante el incremento de mensajes de usuarios en redes sociales, como Facebook y Twitter, que alimentaron el temor entre la población, los gobiernos de Tamaulipas y Coahuila llamaron a la calma y a hacer un uso responsable de esas herramientas.
En un comunicado, la Fiscalía de Coahuila pidió ayer a la población “no hacer caso ni difundir rumores falsos que se hacen entorno a balaceras y enfrentamientos en distintas partes de la ciudad” de Saltillo.
En Nuevo León, autoridades de la Secretaría de Educación Pública informaron que las clases se habían suspendido en municipios vecinos a Tamaulipas, ya que se reportó la presencia de comandos armados y temían balaceras.
Autoridades de los gobiernos estatal y municipal reforzaron la vigilancia en corporaciones tras los ataques con granadas el sábado contra las sedes policiacas de San Nicolás, Cadereyta, Apodaca, Guadalupe y Escobedo.
En el mes ocurrieron 652 homicidios, un promedio de 23.28 cada día. La cifra bajó en comparación con enero, en que sumaron 933 ejecutados.
Ayer, un sicario murió y cinco militares quedaron heridos, tras un enfrentamiento a balazos sobre una carretera de Nuevo León. En Sinaloa se reportaron siete ejecuciones, cuatro en Chihuahua y tres en el estado de México.
jueves, 25 de febrero de 2010
Mafia tiñe de rojo al país; mueren 56.
Noticia:
El recrudecimiento de la violencia en el país dejó 56 muertos en las últimas horas. Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa fueron escenario de balaceras y ejecuciones, donde destacan los homicidios de un jefe policiaco y dos agentes municipales.
Con esta jornada violenta, la ofensiva del narco sumó 150 crímenes en lo que va de esta semana, entre ellos el del alcalde de Mezquital, Durango, y la multiejecución la noche del martes de la familia oaxaqueña Maciel.
Las intensas balaceras en varios municipios de la frontera tamaulipeca han dejado desde el domingo pasado un saldo de 23 personas muertas, lo que disparó la alerta en los municipios colindantes con Nuevo León y Coahuila.
El procurador general de Justicia en Nuevo León, Alejandro Garza y Garza, informó que se reforzó la seguridad en la zona oriente, colindante con Tamaulipas. “La alerta es para China, Bravo, Cerralvo, Parás, Treviño, Agualeguas y Doctor Coss, luego de que se han registrado enfrentamientos entre cárteles”.
Ayer, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas confirmó que en las últimas horas se han presentado enfrentamientos entre militares y sicarios con saldo de 19 muertos. El subprocurador tamaulipeco Hernán de la Garza Tamez, dijo vía telefónica que las balaceras ocurrieron en Matamoros, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Reynosa y Ciudad Mier.
Aclaró que a estas muertes se sumó el hallazgo de cuatro jóvenes asesinados en la ciudad de Tampico, en el interior de una vivienda. En torno al incremento de la violencia en los últimos días, expresó: “Hoy (miércoles) hay calma”.
Militares contra sicarios en NL
Un enfrentamiento entre soldados e integrantes de la delincuencia organizada en Los Ramones, Nuevo León, dejó cuatro muertos. La balacera duró unos 30 minutos luego de que ambos bandos se encontraron en un negocio de comida en la avenida Libertades e Hidalgo.
Por la noche, pese al reforzamiento de la seguridad, un comando atacó el edificio municipal en China, unos 100 kilómetros al oriente de Monterrey, donde murieron dos policías de guardia.
Matan a 13 en Oaxaca
La noche del martes, más de 30 sujetos que se desplazaban en cinco o seis vehículos irrumpieron en la agencia de San Vicente Camalote, del municipio oaxaqueño de Acatlán de Pérez Figueroa. En los hechos, 13 personas murieron: siete eran civiles y seis uniformados.
El subprocurador de Justicia en Oaxaca, Netolín Chávez, informó que a su arribo a la población, tres agentes estatales intentaron detener a los pistoleros, pero fueron sometidos y trasladados a un domicilio en calle Otilio Mendoza, donde fueron asesinados junto con tres civiles. Luego, el grupo fue a un rancho de la familia Maciel, donde mataron a cuatro de sus integrantes.
En su huida, los sicarios fueron interceptados por una patrulla de la Policía Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, donde se originó un nuevo enfrentamiento en el que resultaron muertos tres policías municipales.
El gobierno de la entidad informó que el suboficial de la Policía Estatal, José Escobar Castro, destacamentado en la ciudad de Tuxtepec, fue levantado y se encuentra desaparecido.
En Chihuahua —entidad que mantiene el mayor número de ejecuciones en el año—, 10 personas fueron asesinadas, entre ellas el coordinador del Distrito Zapata de la policía municipal, Marco Antonio Olague, acribillado justo en la puerta de una escuela primaria de la capital, frente a decenas de niños que ingresaban al plantel.
Ayer, en el Distrito Federal se localizaron tres cuerpos humanos en una camioneta de lujo abandonada y cuatro en el estado de México.
En el estado de Guerrero se reportaron dos ejecuciones; en Nogales, Sonora, murió un niño de 13 años de edad, quien había sido herido de bala un día antes. En Jalisco se registraron dos homicidios y en Sinaloa otros cinco, uno de ellos en el puerto de Mazatlán.
La esposa de un agente ministerial de Michoacán fue asesinada en su vivienda y su madre, de 78 años de edad, fue herida de bala. En Apatzingán se localizaron los cuerpos de dos hombres, con huellas de tortura y uno en Zamora.
El recrudecimiento de la violencia en el país dejó 56 muertos en las últimas horas. Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa fueron escenario de balaceras y ejecuciones, donde destacan los homicidios de un jefe policiaco y dos agentes municipales.
Con esta jornada violenta, la ofensiva del narco sumó 150 crímenes en lo que va de esta semana, entre ellos el del alcalde de Mezquital, Durango, y la multiejecución la noche del martes de la familia oaxaqueña Maciel.
Las intensas balaceras en varios municipios de la frontera tamaulipeca han dejado desde el domingo pasado un saldo de 23 personas muertas, lo que disparó la alerta en los municipios colindantes con Nuevo León y Coahuila.
El procurador general de Justicia en Nuevo León, Alejandro Garza y Garza, informó que se reforzó la seguridad en la zona oriente, colindante con Tamaulipas. “La alerta es para China, Bravo, Cerralvo, Parás, Treviño, Agualeguas y Doctor Coss, luego de que se han registrado enfrentamientos entre cárteles”.
Ayer, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas confirmó que en las últimas horas se han presentado enfrentamientos entre militares y sicarios con saldo de 19 muertos. El subprocurador tamaulipeco Hernán de la Garza Tamez, dijo vía telefónica que las balaceras ocurrieron en Matamoros, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Reynosa y Ciudad Mier.
Aclaró que a estas muertes se sumó el hallazgo de cuatro jóvenes asesinados en la ciudad de Tampico, en el interior de una vivienda. En torno al incremento de la violencia en los últimos días, expresó: “Hoy (miércoles) hay calma”.
Militares contra sicarios en NL
Un enfrentamiento entre soldados e integrantes de la delincuencia organizada en Los Ramones, Nuevo León, dejó cuatro muertos. La balacera duró unos 30 minutos luego de que ambos bandos se encontraron en un negocio de comida en la avenida Libertades e Hidalgo.
Por la noche, pese al reforzamiento de la seguridad, un comando atacó el edificio municipal en China, unos 100 kilómetros al oriente de Monterrey, donde murieron dos policías de guardia.
Matan a 13 en Oaxaca
La noche del martes, más de 30 sujetos que se desplazaban en cinco o seis vehículos irrumpieron en la agencia de San Vicente Camalote, del municipio oaxaqueño de Acatlán de Pérez Figueroa. En los hechos, 13 personas murieron: siete eran civiles y seis uniformados.
El subprocurador de Justicia en Oaxaca, Netolín Chávez, informó que a su arribo a la población, tres agentes estatales intentaron detener a los pistoleros, pero fueron sometidos y trasladados a un domicilio en calle Otilio Mendoza, donde fueron asesinados junto con tres civiles. Luego, el grupo fue a un rancho de la familia Maciel, donde mataron a cuatro de sus integrantes.
En su huida, los sicarios fueron interceptados por una patrulla de la Policía Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, donde se originó un nuevo enfrentamiento en el que resultaron muertos tres policías municipales.
El gobierno de la entidad informó que el suboficial de la Policía Estatal, José Escobar Castro, destacamentado en la ciudad de Tuxtepec, fue levantado y se encuentra desaparecido.
En Chihuahua —entidad que mantiene el mayor número de ejecuciones en el año—, 10 personas fueron asesinadas, entre ellas el coordinador del Distrito Zapata de la policía municipal, Marco Antonio Olague, acribillado justo en la puerta de una escuela primaria de la capital, frente a decenas de niños que ingresaban al plantel.
Ayer, en el Distrito Federal se localizaron tres cuerpos humanos en una camioneta de lujo abandonada y cuatro en el estado de México.
En el estado de Guerrero se reportaron dos ejecuciones; en Nogales, Sonora, murió un niño de 13 años de edad, quien había sido herido de bala un día antes. En Jalisco se registraron dos homicidios y en Sinaloa otros cinco, uno de ellos en el puerto de Mazatlán.
La esposa de un agente ministerial de Michoacán fue asesinada en su vivienda y su madre, de 78 años de edad, fue herida de bala. En Apatzingán se localizaron los cuerpos de dos hombres, con huellas de tortura y uno en Zamora.
lunes, 15 de febrero de 2010
Opositores a Metrobús acusan agresión policiaca.
Noticia:
Habitantes de Tlatelolco y Buenavista interpusieron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por las supuestas agresiones que recibieron por parte de policías durante la manifestación efectuada el pasado viernes 12 de febrero en contra de la línea 3 del Metrobús.
Los inconformes narraron, mediante un comunicado, que a las 19:40 horas, alrededor de 300 personas caminaban por el estacionamiento del edificio Hidalgo, en Tlatelolco, y se disponían a manifestarse en la unidad habitacional.
De acuerdo con los testimonios, el grupo fue rodeado por granaderos, los vecinos señalan unos 200, y que los empujaron, incluidos niños y mujeres. “Nos encapsularon durante tres horas; se dedicaron a insultarnos y amenazarnos”, acusan.
Destacaron la supuesta agresión a un menor de ocho años, que padece de síndrome de down, y a su madre cuando intentaron salir del cerco policiaco.
David Mondragón, vecino de Buenavista, reveló que cuando habló con funcionarios del gobierno capitalino, éstos le respondieron que se pusieran de acuerdo y “que sólo la aceptación de la construcción del proyecto del Metrobús podría ser la causa para que parara la represión en contra de vecinos”.
Tras anunciar que interpondrán una queja ante la Procuraduría de Justicia del DF, responsabilizaron de la violencia que se registre en los próximos días al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard; al titular de la SSP-DF y al delegado en Cuauhtémoc.
Habitantes de Tlatelolco y Buenavista interpusieron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por las supuestas agresiones que recibieron por parte de policías durante la manifestación efectuada el pasado viernes 12 de febrero en contra de la línea 3 del Metrobús.
Los inconformes narraron, mediante un comunicado, que a las 19:40 horas, alrededor de 300 personas caminaban por el estacionamiento del edificio Hidalgo, en Tlatelolco, y se disponían a manifestarse en la unidad habitacional.
De acuerdo con los testimonios, el grupo fue rodeado por granaderos, los vecinos señalan unos 200, y que los empujaron, incluidos niños y mujeres. “Nos encapsularon durante tres horas; se dedicaron a insultarnos y amenazarnos”, acusan.
Destacaron la supuesta agresión a un menor de ocho años, que padece de síndrome de down, y a su madre cuando intentaron salir del cerco policiaco.
David Mondragón, vecino de Buenavista, reveló que cuando habló con funcionarios del gobierno capitalino, éstos le respondieron que se pusieran de acuerdo y “que sólo la aceptación de la construcción del proyecto del Metrobús podría ser la causa para que parara la represión en contra de vecinos”.
Tras anunciar que interpondrán una queja ante la Procuraduría de Justicia del DF, responsabilizaron de la violencia que se registre en los próximos días al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard; al titular de la SSP-DF y al delegado en Cuauhtémoc.
Crece violencia en escuelas: UNESCO.
Noticia:
Las amenazas y extorsiones del narcotráfico a los maestros de planteles en Ciudad Juárez, Durango, por las cuales seis escuelas cerraron durante casi un mes, así como la balacera en contra de un bachillerato en Guerrero y las agresiones de “paramilitares” en primarias y secundarias en Oaxaca, son una muestra para la UNESCO de que en México la violencia hacia centros de educación se ha incrementado y son escenarios crecientes de enfrentamiento.
Al dar a conocer el informe La educación, víctima de la violencia armada 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que “los grupos insurrectos toman como blanco a las instituciones docentes con el ánimo de atacar al Estado y, a la inversa, algunos Estados y organizaciones paramilitares tratan de silenciar a oponentes, reales o supuestos, ejerciendo violencia contra los universitarios en particular”.
En el documento de 250 páginas se señala que los ataques perpetrados por motivos políticos o ideológicos contra profesores, alumnos y centros docentes, está aumentando en el mundo.
Entre las recomendaciones que emite para contener la violencia armada y la que se presenta contra de maestros y estudiantes por parte del narcotráfico, está el incluir en los planes de estudio una educación basada en que se den a conocer los derechos que son afectados durante las agresiones.
Se trata, agrega, de fomentar que las escuelas sean vistas como zonas de paz y que pueden contribuir para que los estudiantes no sean reclutados por esas organizaciones o por grupos armados en el caso de los países que viven en situación de guerra. Se estima que alrededor de 250 mil niños en el mundo forman parte de grupos militares.
Si bien, el informe señala que es creciente el caso de escuelas que han sido escenario de enfrentamientos entre la policía y las organizaciones de la delincuencia, en México los casos que documenta corresponden más a agresiones en contra de los planteles, o bien de amenazas y extorsiones hacia los maestros.
Al revisar la situación de México, se encuentra que en noviembre de 2008 un grupo de maestros de seis escuelas en Ciudad Juárez, Durango fueron amenazados por miembros de cárteles de la droga. Relata que en las paredes de la escuela se amenazaba con secuestrar a los estudiantes si los maestros no les entregaban parte de su aguinaldo. Ante esa situación, las escuelas cerraron el resto de ese año, es decir, por más de tres semanas.
Refiere que en marzo de 2009, en la localidad de San Miguel Copola, Guerrero, fueron encontrados más de 20 cartuchos de alto calibre en las inmediaciones de un plantel; mientras que en Oaxaca, en abril de 2009, un grupo “paramiliatar” obligó a suspender las clases de escuelas primarias y secundarias.
El estudio revela que las destrucciones de escuelas, los asesinatos de profesores y alumnos no son obra exclusiva de los partidarios de los talibanes en Afganistán o en Paquistán.
Los secuestros de niños en contextos de conflictos armados suelen tener por objeto su enrolamiento forzoso en fuerzas combatientes, y los raptos de niñas son para esclavizarlas.
Irina Bokova, directora general de la UNESCO, manifestó que esas agresiones son preocupantes: “en primer lugar constituyen una amenaza contra el derecho a la vida; en segundo, atentan contra el derecho a la educación, que abre acceso a otros derechos y libertades; y por último ponen en peligro la consecución del objetivo del movimiento en pro de la educación para todos”.
Las amenazas y extorsiones del narcotráfico a los maestros de planteles en Ciudad Juárez, Durango, por las cuales seis escuelas cerraron durante casi un mes, así como la balacera en contra de un bachillerato en Guerrero y las agresiones de “paramilitares” en primarias y secundarias en Oaxaca, son una muestra para la UNESCO de que en México la violencia hacia centros de educación se ha incrementado y son escenarios crecientes de enfrentamiento.
Al dar a conocer el informe La educación, víctima de la violencia armada 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que “los grupos insurrectos toman como blanco a las instituciones docentes con el ánimo de atacar al Estado y, a la inversa, algunos Estados y organizaciones paramilitares tratan de silenciar a oponentes, reales o supuestos, ejerciendo violencia contra los universitarios en particular”.
En el documento de 250 páginas se señala que los ataques perpetrados por motivos políticos o ideológicos contra profesores, alumnos y centros docentes, está aumentando en el mundo.
Entre las recomendaciones que emite para contener la violencia armada y la que se presenta contra de maestros y estudiantes por parte del narcotráfico, está el incluir en los planes de estudio una educación basada en que se den a conocer los derechos que son afectados durante las agresiones.
Se trata, agrega, de fomentar que las escuelas sean vistas como zonas de paz y que pueden contribuir para que los estudiantes no sean reclutados por esas organizaciones o por grupos armados en el caso de los países que viven en situación de guerra. Se estima que alrededor de 250 mil niños en el mundo forman parte de grupos militares.
Si bien, el informe señala que es creciente el caso de escuelas que han sido escenario de enfrentamientos entre la policía y las organizaciones de la delincuencia, en México los casos que documenta corresponden más a agresiones en contra de los planteles, o bien de amenazas y extorsiones hacia los maestros.
Al revisar la situación de México, se encuentra que en noviembre de 2008 un grupo de maestros de seis escuelas en Ciudad Juárez, Durango fueron amenazados por miembros de cárteles de la droga. Relata que en las paredes de la escuela se amenazaba con secuestrar a los estudiantes si los maestros no les entregaban parte de su aguinaldo. Ante esa situación, las escuelas cerraron el resto de ese año, es decir, por más de tres semanas.
Refiere que en marzo de 2009, en la localidad de San Miguel Copola, Guerrero, fueron encontrados más de 20 cartuchos de alto calibre en las inmediaciones de un plantel; mientras que en Oaxaca, en abril de 2009, un grupo “paramiliatar” obligó a suspender las clases de escuelas primarias y secundarias.
El estudio revela que las destrucciones de escuelas, los asesinatos de profesores y alumnos no son obra exclusiva de los partidarios de los talibanes en Afganistán o en Paquistán.
Los secuestros de niños en contextos de conflictos armados suelen tener por objeto su enrolamiento forzoso en fuerzas combatientes, y los raptos de niñas son para esclavizarlas.
Irina Bokova, directora general de la UNESCO, manifestó que esas agresiones son preocupantes: “en primer lugar constituyen una amenaza contra el derecho a la vida; en segundo, atentan contra el derecho a la educación, que abre acceso a otros derechos y libertades; y por último ponen en peligro la consecución del objetivo del movimiento en pro de la educación para todos”.
domingo, 14 de febrero de 2010
Con el Ejército en las calles sólo se potencia la violencia.
Noticia:
El jurista Luigi Ferrajoli critica el uso que el gobierno mexicano está haciendo del Ejército en su “guerra contra el narcotráfico”, y advierte sobre la necesidad de que el país cuente con una secretaría de seguridad y una policía de investigación que no estén sometidos al poder político.
Además, juzga la penalización del aborto como un acto contrario a la libertad e igualdad de las mujeres, y argumenta sobre el tratamiento que los jueces deben otorgar a las adopciones de menores indistintamente de la sexualidad de sus tutores.
Luigi Ferrajoli (Florencia, 1940), es un veterano juez italiano e influyente jurista que ha desarrollado una amplia obra filosófica alrededor de las garantías democráticas.
Pocas doctrinas como la suya despiertan hoy más respeto dentro de las cortes y los tribunales latinoamericanos, particularmente en Brasil, Colombia y México.
¿Cómo valora el desempeño del Poder Judicial mexicano durante los últimos años?
La independencia del Poder Judicial debe ser real, no solamente de los jueces, sino también de los ministerios públicos y de la policía judicial.
¿A su juicio, el ministerio público mexicano continúa sometido a la voluntad política?
El ministerio público debería ser tan independiente como los jueces. Se trata de alguien que tiene la titularidad de la acción penal, es decir, de la llave que abre la puerta a la justicia. Un ministerio público dependiente del gobierno es muy difícil que pueda indagar sobre ilícitos y corrupción ligados a los poderes públicos.
¿Y la policía judicial?
Debe asegurarse que sus investigaciones sean imparciales con respecto a los poderosos. Esta policía no debería depender del ministerio público hasta que esa institución no sea independiente.
En México, contamos con un sistema penal a dos niveles: federal y local. ¿Cree que puede lograrse una acción eficaz de la justicia penal a partir de esta circunstancia?
Creo que el federalismo es una gran conquista de la democracia porque produce la separación de los poderes central y regionales; sin embargo, en materia penal no le veo sentido a la separación. En derecho penal la igualdad ante la ley debe ser un principio muy fuerte. Sería entonces necesario asegurar la igualdad de los ciudadanos con un código penal único y con un poder judicial igual para todos. La unificación de los códigos en materia penal es un factor de integración, un factor de igualdad, es también una garantía de la organización independiente del Poder Judicial. Tal situación reduce la posibilidad de confusión o el choque entre las esferas federal y las locales.
En este país nos encontramos en una guerra contra el crimen organizado; tal hecho ha llevado a que, por momentos, se presenten como incompatibles la defensa de los derechos humanos y esa cruzada del Estado mexicano.
El crimen organizado sólo puede ser combatido con el Derecho, con una fuerte y muy evidente asimetría entre la respuesta del Estado y la violencia criminal. Aunque incomode, en un estado de derecho, los criminales deben ser tratados como ciudadanos criminales, juzgados siempre con apego a las garantías. Esta asimetría derivada del uso de la ley es la única capaz de deslegitimar y derrotar social y políticamente a la violencia criminal.
Dado que las policías mexicanas no han sido capaces de enfrentar eficazmente a los criminales y tampoco han podido hacer que el estado de derecho se imponga, el gobierno tomó la decisión de hacer que el Ejército saliera a las calles. ¿Cómo valora esta política?
¿No le parece paradójico? Dado que la policía no tiene la capacidad para defender los derechos de los ciudadanos entonces se convoca al Ejército, que tampoco está institucionalmente diseñado para hacer esta tarea. El Ejército es una institución pensada para hacer la guerra, no para investigar delitos ni para desentrañar complicidades entre mafiosos, mucho menos para suplir las funciones de la policía. Si el Ejército está en las calles se produce una circunstancia indeseable para el estado de derecho, que no debería conocer de enemigos, sino sólo de ciudadanos (criminales y no criminales); con ello se potencia la guerra y la violencia entre los ciudadanos, se produce abdicación de la ley y se concluye deslegitimando al Estado.
El lenguaje de “la guerra al terrorismo,” o “al narcotráfico,” terminan legitimando la acción de unos criminales contra quienes sólo el Derecho debería luchar.
La respuesta militar no es coincidente con el estado de derecho. Esta política equivocada potencia la criminalidad, a través de ella se alimenta una lógica militar entre las organizaciones criminales.
Sacar a soldados a la calle es una respuesta demagógica que, con el tiempo, termina revelándose ineficaz. Si se quiere un estado de derecho lo que debe hacerse es reformar a la policía, volverla independiente del poder político, someterla a la legalidad, no sustituirla por otra institución cuya finalidad es muy distinta.
¿Qué otras soluciones considera que pudieran ayudar a desterrar la violencia en nuestro país?
Sería necesaria la legalización de las drogas porque cuando el monopolio del comercio de las drogas perteneciente a las mafias hace posible que los grandes criminales, con toda la riqueza que obtienen, contraten a los pequeños criminales que son los que más daño hacen a la sociedad. Por otra parte, creo que debería prohibirse terminantemente las armas en posesión de los ciudadanos. Las armas deberían ser prohibidas, su producción y su comercio, porque las armas —más que las drogas, que se usan contra uno mismo— se emplean para hacer daño al otro, para matarlo, para hacerle la guerra. Debería asegurarse el monopolio estatal, jurídico, policial de las armas. Ningún ciudadano debe tener armas. Cualquier ciudadano armado debería ser considerado fuera de la ley. La prohibición de las armas produciría, creo, una reducción muy importante frente a la criminalidad y la violencia.
En otro tema, recientemente quedó consagrado en la ciudad de México el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio. El asunto se halla ahora en la Suprema Corte de Justicia porque se dice que esta decisión se tomó de espaldas a la mayoría.
No es el consenso de la mayoría el que legitima los derechos fundamentales. Son legítimos porque garantizan igualdad. No importa que sean contramayoritarios si cumplen con esta función. Sería un absurdo hacer una encuesta o someter a referéndum a las garantías individuales.
Enojó a un sector de la sociedad mexicana la posibilidad de que las parejas de personas del mismo sexo pudieran adoptar.
La adopción es un acto jurídico decidido siempre por un juez tutelar. Y la ley debe permitir que sea ese juez quien juzgue si una familia formada por personas del mismo sexo es apta —en razón de su seriedad, honestidad, afecto— para hacerse cargo de un menor. Lo mismo que hará ese juez a la hora de valorar la adopción por una pareja heterosexual. No veo por qué dudar, de entrada, que una familia integrada por personas del mismo sexo fuese menos capaz que otra heterosexual. En uno y otro caso el juez deberá siempre velar porque los derechos del menor sean garantizados.
Dieciocho estados de México han legislado para endurecer penas contra el aborto. ¿Cuál es su opinión?
La legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra estrechamente vinculada al derecho de igualdad con el que la ley debe tratar a sus ciudadanos. Penalizar el aborto es absurdo porque promueve la desigualdad penal.
La penalización del aborto durante los primeros meses del embarazo combate un derecho fundamental: la libertad personal de la mujer. La criminalización a propósito del aborto impone sobre ella una inaceptable obligación de convertirse en madre.
Concebir, traer al mundo y amar a una persona es una potestad relativa al plano moral y es por tanto una decisión autónoma que jamás debería estar sometida a la amenaza de una pena jurídica, mucho menos al infierno que de ella puede derivarse. Esta pretensión deriva de la Iglesia católica y de sus creyentes que quieren imponer su propia moral a través de la ley.
Este tema y muchos otros están siendo resueltos en México por los ministros y magistrados pertenecientes al sistema judicial, ¿no le parece que podríamos caer en lo que ustedes los italianos critican como “el gobierno de los jueces”?
No existe la posibilidad de que surja un verdadero gobierno de jueces. Los juzgadores sólo se dedican a revisar las violaciones del Derecho y con este acto no es posible gobernar, producir normas, crearlas.
El juez aplica las normas existentes, censura los ilícitos y de ahí se deriva su fuerza, pero nada más.
La tarea del Poder Judicial es controlar la legalidad de los actos, combatir los ilícitos, enfrentar los actos inválidos del poder. Existen garantías suficientes para afirmar que esta facultad no puede convertirse en un acto de gobierno, en un acto político.
El jurista Luigi Ferrajoli critica el uso que el gobierno mexicano está haciendo del Ejército en su “guerra contra el narcotráfico”, y advierte sobre la necesidad de que el país cuente con una secretaría de seguridad y una policía de investigación que no estén sometidos al poder político.
Además, juzga la penalización del aborto como un acto contrario a la libertad e igualdad de las mujeres, y argumenta sobre el tratamiento que los jueces deben otorgar a las adopciones de menores indistintamente de la sexualidad de sus tutores.
Luigi Ferrajoli (Florencia, 1940), es un veterano juez italiano e influyente jurista que ha desarrollado una amplia obra filosófica alrededor de las garantías democráticas.
Pocas doctrinas como la suya despiertan hoy más respeto dentro de las cortes y los tribunales latinoamericanos, particularmente en Brasil, Colombia y México.
¿Cómo valora el desempeño del Poder Judicial mexicano durante los últimos años?
La independencia del Poder Judicial debe ser real, no solamente de los jueces, sino también de los ministerios públicos y de la policía judicial.
¿A su juicio, el ministerio público mexicano continúa sometido a la voluntad política?
El ministerio público debería ser tan independiente como los jueces. Se trata de alguien que tiene la titularidad de la acción penal, es decir, de la llave que abre la puerta a la justicia. Un ministerio público dependiente del gobierno es muy difícil que pueda indagar sobre ilícitos y corrupción ligados a los poderes públicos.
¿Y la policía judicial?
Debe asegurarse que sus investigaciones sean imparciales con respecto a los poderosos. Esta policía no debería depender del ministerio público hasta que esa institución no sea independiente.
En México, contamos con un sistema penal a dos niveles: federal y local. ¿Cree que puede lograrse una acción eficaz de la justicia penal a partir de esta circunstancia?
Creo que el federalismo es una gran conquista de la democracia porque produce la separación de los poderes central y regionales; sin embargo, en materia penal no le veo sentido a la separación. En derecho penal la igualdad ante la ley debe ser un principio muy fuerte. Sería entonces necesario asegurar la igualdad de los ciudadanos con un código penal único y con un poder judicial igual para todos. La unificación de los códigos en materia penal es un factor de integración, un factor de igualdad, es también una garantía de la organización independiente del Poder Judicial. Tal situación reduce la posibilidad de confusión o el choque entre las esferas federal y las locales.
En este país nos encontramos en una guerra contra el crimen organizado; tal hecho ha llevado a que, por momentos, se presenten como incompatibles la defensa de los derechos humanos y esa cruzada del Estado mexicano.
El crimen organizado sólo puede ser combatido con el Derecho, con una fuerte y muy evidente asimetría entre la respuesta del Estado y la violencia criminal. Aunque incomode, en un estado de derecho, los criminales deben ser tratados como ciudadanos criminales, juzgados siempre con apego a las garantías. Esta asimetría derivada del uso de la ley es la única capaz de deslegitimar y derrotar social y políticamente a la violencia criminal.
Dado que las policías mexicanas no han sido capaces de enfrentar eficazmente a los criminales y tampoco han podido hacer que el estado de derecho se imponga, el gobierno tomó la decisión de hacer que el Ejército saliera a las calles. ¿Cómo valora esta política?
¿No le parece paradójico? Dado que la policía no tiene la capacidad para defender los derechos de los ciudadanos entonces se convoca al Ejército, que tampoco está institucionalmente diseñado para hacer esta tarea. El Ejército es una institución pensada para hacer la guerra, no para investigar delitos ni para desentrañar complicidades entre mafiosos, mucho menos para suplir las funciones de la policía. Si el Ejército está en las calles se produce una circunstancia indeseable para el estado de derecho, que no debería conocer de enemigos, sino sólo de ciudadanos (criminales y no criminales); con ello se potencia la guerra y la violencia entre los ciudadanos, se produce abdicación de la ley y se concluye deslegitimando al Estado.
El lenguaje de “la guerra al terrorismo,” o “al narcotráfico,” terminan legitimando la acción de unos criminales contra quienes sólo el Derecho debería luchar.
La respuesta militar no es coincidente con el estado de derecho. Esta política equivocada potencia la criminalidad, a través de ella se alimenta una lógica militar entre las organizaciones criminales.
Sacar a soldados a la calle es una respuesta demagógica que, con el tiempo, termina revelándose ineficaz. Si se quiere un estado de derecho lo que debe hacerse es reformar a la policía, volverla independiente del poder político, someterla a la legalidad, no sustituirla por otra institución cuya finalidad es muy distinta.
¿Qué otras soluciones considera que pudieran ayudar a desterrar la violencia en nuestro país?
Sería necesaria la legalización de las drogas porque cuando el monopolio del comercio de las drogas perteneciente a las mafias hace posible que los grandes criminales, con toda la riqueza que obtienen, contraten a los pequeños criminales que son los que más daño hacen a la sociedad. Por otra parte, creo que debería prohibirse terminantemente las armas en posesión de los ciudadanos. Las armas deberían ser prohibidas, su producción y su comercio, porque las armas —más que las drogas, que se usan contra uno mismo— se emplean para hacer daño al otro, para matarlo, para hacerle la guerra. Debería asegurarse el monopolio estatal, jurídico, policial de las armas. Ningún ciudadano debe tener armas. Cualquier ciudadano armado debería ser considerado fuera de la ley. La prohibición de las armas produciría, creo, una reducción muy importante frente a la criminalidad y la violencia.
En otro tema, recientemente quedó consagrado en la ciudad de México el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio. El asunto se halla ahora en la Suprema Corte de Justicia porque se dice que esta decisión se tomó de espaldas a la mayoría.
No es el consenso de la mayoría el que legitima los derechos fundamentales. Son legítimos porque garantizan igualdad. No importa que sean contramayoritarios si cumplen con esta función. Sería un absurdo hacer una encuesta o someter a referéndum a las garantías individuales.
Enojó a un sector de la sociedad mexicana la posibilidad de que las parejas de personas del mismo sexo pudieran adoptar.
La adopción es un acto jurídico decidido siempre por un juez tutelar. Y la ley debe permitir que sea ese juez quien juzgue si una familia formada por personas del mismo sexo es apta —en razón de su seriedad, honestidad, afecto— para hacerse cargo de un menor. Lo mismo que hará ese juez a la hora de valorar la adopción por una pareja heterosexual. No veo por qué dudar, de entrada, que una familia integrada por personas del mismo sexo fuese menos capaz que otra heterosexual. En uno y otro caso el juez deberá siempre velar porque los derechos del menor sean garantizados.
Dieciocho estados de México han legislado para endurecer penas contra el aborto. ¿Cuál es su opinión?
La legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra estrechamente vinculada al derecho de igualdad con el que la ley debe tratar a sus ciudadanos. Penalizar el aborto es absurdo porque promueve la desigualdad penal.
La penalización del aborto durante los primeros meses del embarazo combate un derecho fundamental: la libertad personal de la mujer. La criminalización a propósito del aborto impone sobre ella una inaceptable obligación de convertirse en madre.
Concebir, traer al mundo y amar a una persona es una potestad relativa al plano moral y es por tanto una decisión autónoma que jamás debería estar sometida a la amenaza de una pena jurídica, mucho menos al infierno que de ella puede derivarse. Esta pretensión deriva de la Iglesia católica y de sus creyentes que quieren imponer su propia moral a través de la ley.
Este tema y muchos otros están siendo resueltos en México por los ministros y magistrados pertenecientes al sistema judicial, ¿no le parece que podríamos caer en lo que ustedes los italianos critican como “el gobierno de los jueces”?
No existe la posibilidad de que surja un verdadero gobierno de jueces. Los juzgadores sólo se dedican a revisar las violaciones del Derecho y con este acto no es posible gobernar, producir normas, crearlas.
El juez aplica las normas existentes, censura los ilícitos y de ahí se deriva su fuerza, pero nada más.
La tarea del Poder Judicial es controlar la legalidad de los actos, combatir los ilícitos, enfrentar los actos inválidos del poder. Existen garantías suficientes para afirmar que esta facultad no puede convertirse en un acto de gobierno, en un acto político.
viernes, 5 de febrero de 2010
Canadá alerta sobre viajes a México.
Noticia:
Ante la ola de violencia que se vive en México, el gobierno de Canadá actualizó esta semana su alerta de viajes y pidió a sus ciudadanos “un alto grado de precaución”, sobre todo en el norte del país, en zonas como Ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana, Baja California ante la presencia y operación de grupos del narcotráfico.
Otras naciones como Reino Unido e Italia, que modificaron en diciembre pasado sus alertas en las que advierten sobre el incremento preocupante del crimen organizado en territorio mexicano, poniendo énfasis en regiones como Chihuahua.
Desde mayo de 2009, Estados Unidos emitió un aviso sobre el aumento de la inseguridad en Chihuahua —que reiteró en su alerta general de agosto—, una zona que también es foco de preocupación para España.
Hasta el momento, sólo Canadá ha renovado su advertencia de viajes a México, luego de la masacre en Ciudad Juárez.
El 2 de febrero pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá clasificó con “alto grado de precaución” el nivel de su alerta de seguridad en México, de los cuatro que maneja para viajeros canadienses.
Canadá destaca que quienes viajan a México deben estar alertas “ante los altos niveles de actividad delictiva y la violencia”, y en particular sugiere a los viajeros “monitorear las noticias antes de viajar a las zonas afectadas por guerras territoriales”.
Alerta que el crimen organizado y la violencia urbana afectan a la seguridad y la guerra del narcotráfico ha aumentado también en entidades como Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia activó un aviso el 24 de diciembre del año pasado, en el que asegura que “el fenómeno de la delincuencia común y organizada tiene un aumento preocupante en el país, especialmente en la capital y otras ciudades como Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua y Morelia, Michoacán”.
La Cancillería del Reino Unido tiene vigente desde diciembre de 2009 un aviso para sus ciudadanos, a quienes informa que “la violencia del narcotráfico afecta a muchos estados y es un problema particular en Sinaloa, Chihuahua, estados fronterizos de Estados Unidos y el Pacífico”.
España tiene su alerta desde julio de 2009, y dice que “la situación de inseguridad que atraviesa México aconseja que quienes tengan previsto viajar a este país, adopten una serie de medidas preventivas”.
Ante la ola de violencia que se vive en México, el gobierno de Canadá actualizó esta semana su alerta de viajes y pidió a sus ciudadanos “un alto grado de precaución”, sobre todo en el norte del país, en zonas como Ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana, Baja California ante la presencia y operación de grupos del narcotráfico.
Otras naciones como Reino Unido e Italia, que modificaron en diciembre pasado sus alertas en las que advierten sobre el incremento preocupante del crimen organizado en territorio mexicano, poniendo énfasis en regiones como Chihuahua.
Desde mayo de 2009, Estados Unidos emitió un aviso sobre el aumento de la inseguridad en Chihuahua —que reiteró en su alerta general de agosto—, una zona que también es foco de preocupación para España.
Hasta el momento, sólo Canadá ha renovado su advertencia de viajes a México, luego de la masacre en Ciudad Juárez.
El 2 de febrero pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá clasificó con “alto grado de precaución” el nivel de su alerta de seguridad en México, de los cuatro que maneja para viajeros canadienses.
Canadá destaca que quienes viajan a México deben estar alertas “ante los altos niveles de actividad delictiva y la violencia”, y en particular sugiere a los viajeros “monitorear las noticias antes de viajar a las zonas afectadas por guerras territoriales”.
Alerta que el crimen organizado y la violencia urbana afectan a la seguridad y la guerra del narcotráfico ha aumentado también en entidades como Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia activó un aviso el 24 de diciembre del año pasado, en el que asegura que “el fenómeno de la delincuencia común y organizada tiene un aumento preocupante en el país, especialmente en la capital y otras ciudades como Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua y Morelia, Michoacán”.
La Cancillería del Reino Unido tiene vigente desde diciembre de 2009 un aviso para sus ciudadanos, a quienes informa que “la violencia del narcotráfico afecta a muchos estados y es un problema particular en Sinaloa, Chihuahua, estados fronterizos de Estados Unidos y el Pacífico”.
España tiene su alerta desde julio de 2009, y dice que “la situación de inseguridad que atraviesa México aconseja que quienes tengan previsto viajar a este país, adopten una serie de medidas preventivas”.
ONU indaga efectos de la violencia en la educación.
Noticia:
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) anunció que iniciará un estudio en México y otros países sobre los efectos de los conflictos violentos en la calidad de la educación.
A dos semanas de dar a conocer el Informe sobre Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, la UNESCO dio a conocer el inicio de este enfoque diagnóstico que permitirá "facilitar ayuda cuando los riesgos políticos, financieros y para la seguridad sean elevados".
Al presentar la temática sobre la cual trabajará esa organización durante los próximos meses, para identificar los factores que podrían impedir el cumplimiento de los objetivos del Milenio, lo que implica ampliar la cobertura escolar y mejorar la calidad del servicio educativo, la UNESCO asegura que “los conflictos violentos constituyen uno de los mayores problemas planteados al desarrollo que debe afrontar la comunidad internacional”.
En una ”nota conceptual” describe que además de los “sufrimientos humanos inmediatos que ocasionan (los conflictos violentos), generan empobrecimiento, desigualdades y estancamiento económico”.
El informe se centrará en aquellas situaciones en las que “el Estado o grupos organizados recurren al uso de las armas. Se abarcará tanto las guerras entre países como las guerras intestinas y los conflictos a nivel nacional, las matanzas y los genocidios”.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) anunció que iniciará un estudio en México y otros países sobre los efectos de los conflictos violentos en la calidad de la educación.
A dos semanas de dar a conocer el Informe sobre Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, la UNESCO dio a conocer el inicio de este enfoque diagnóstico que permitirá "facilitar ayuda cuando los riesgos políticos, financieros y para la seguridad sean elevados".
Al presentar la temática sobre la cual trabajará esa organización durante los próximos meses, para identificar los factores que podrían impedir el cumplimiento de los objetivos del Milenio, lo que implica ampliar la cobertura escolar y mejorar la calidad del servicio educativo, la UNESCO asegura que “los conflictos violentos constituyen uno de los mayores problemas planteados al desarrollo que debe afrontar la comunidad internacional”.
En una ”nota conceptual” describe que además de los “sufrimientos humanos inmediatos que ocasionan (los conflictos violentos), generan empobrecimiento, desigualdades y estancamiento económico”.
El informe se centrará en aquellas situaciones en las que “el Estado o grupos organizados recurren al uso de las armas. Se abarcará tanto las guerras entre países como las guerras intestinas y los conflictos a nivel nacional, las matanzas y los genocidios”.
viernes, 22 de enero de 2010
Alza en consumo de droga disparó la violencia: SSP.
Noticia:
El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ratificó ante el Congreso la estrategia federal contra el crimen organizado y destacó el papel del Ejército, que se ha constituido en un baluarte en las operaciones que ya ofrecen resultados históricos.
Por su parte, las fuerzas políticas de las cámaras de Diputados y de Senadores expresaron su disposición a consensuar con el gobierno federal una política de Estado en materia de seguridad, durante la comparecencia de García Luna ante la Comisión Permanente, en San Lázaro.
“La política de Estado para conquistar la seguridad pública necesita de la participación de los gobiernos de estados y municipios”, dijo el funcionario federal; los legisladores del PRI, PAN y PRD destacaron que se requiere también recuperar la confianza de la sociedad, perdida por la corrupción de la clase política.
García Luna y la representación de Acción Nacional formaron mancuerna ante una oposición que mostró su desconfianza ante las estadísticas de resultados contra el crimen organizado, y que de manera persistente, pero sin conseguirlo, pidió al secretario que aportara datos sobre las fallas en la guerra por la seguridad, para darle mejores instrumentos desde el Legislativo.
García Luna en ningún momento formuló comentarios directos o indirectos sobre las áreas vulnerables del sistema contra el crimen organizado, pese a que diputados y senadores del PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia preguntaron sobre las causas por las que han aumentado las muertes y los ataques de las bandas criminales, cuando las Fuerzas Armadas y las policías tienen más presupuestos, armas e integrantes.
Priístas ofrecen apoyo
La revisión del estado que guardan los programas en materia de seguridad pública abarcó más de cinco horas en el Salón Verde del Palacio Legislativo, y en diversas respuestas García Luna explicó que se necesita de la participación de las Fuerzas Armadas en las calles. Aseguró que se construye una estructura policial moderna, que requiere de una integración de las fuerzas locales dispersas, y explicó casos de contrapropaganda de los narcos para vulnerar al Estado.
Una dupla de diputados panistas —Roberto Gil y Javier Corral— abrió el camino a las coincidencias entre las fuerzas políticas, a favor de una política de Estado en materia de seguridad.
Roberto Gil dijo que al crimen organizado lo combate un Estado más fuerte, y llamó a librar las batallas que siguen, con los imperativos de la democracia, no de autoritarismos, y con un entorno de unidad nacional. Dijo que “no sólo con armas se enfrenta a los cárteles”.
Javier Corral dijo que se necesita una política pública que enfrente en este año electoral —en el que la mitad del país irá a las urnas— la tentación en los grupos partidistas de sacar raja política del problema de la inseguridad, y repartir culpas y responsabilidades cuando hay corresponsabilidad, y pidió blindar las campañas contra la infiltración del dinero de las mafias.
El diputado Jorge Carlos Ramírez (PRI) afirmó que aventar la pelota de un lado a otro no beneficia a la sociedad, y que su partido busca contribuir a resarcir las fallas: “No se trata de medrar, pero tampoco de ser obsequiosos y complacientes”. Ofreció el apoyo priísta, “en lo que se necesite”.
Estado del delito
García Luna afirmó que los crecientes niveles de violencia en México son consecuencia del crecimiento de los índices de consumo de droga, que a su vez generan un gran interés de los narcotraficantes por el mercado interno.
El funcionario dio a conocer las cifras oficiales sobre el mercado de drogas en México y en Estados Unidos.
Aseguró que los cárteles obtienen una utilidad de más de 95 mil dólares por cada kilogramo de cocaína colombiana que colocan en el mercado estadounidense. Según los datos, el valor del mercado de consumo de drogas al mayoreo en México es de 811 millones de dólares anuales, mientras que el mercado de EU tiene un valor de 17 mil millones al mayoreo, y de 64 mil millones al menudeo.
Informó que 1.7 millones de mexicanos consumen cocaína, y que el porcentaje de la población que usa esta droga pasó de 0.8%, en 2006, a 2.4%, en 2008. En el caso de la mariguana, más de 3 millones la consumen, y la cifra de usuarios creció de 3.1%, en 2006, a 4.2% en 2008.
El secretario de Seguridad Pública presentó un informe a los diputados y senadores en el que se destaca que los delitos federales representan 7%, mientras que 93% son del fuero común, es decir, de la incumbencia de las policías locales, a las que pretende unificar en 32 corporaciones que absorban más de 3 mil, como propuso en septiembre, sin haber presentado aún una iniciativa.
Sus estadísticas marcan que los homicidios dolosos representan 0.9% de los delitos, y ubicó a México en el décimo primer lugar entre los países más violentos del mundo, después de El Salvador, Venezuela, Colombia, Belice, Jamaica, Brasil, Ecuador y República Dominicana.
Revelan una caída en picada del delito de extorsión, de más de 53 mil casos, en 2007, a poco más de 35 mil, en 2009.
Robos quedan impunes
La radiografía incluyó la situación precaria e incapaz de las policías municipales, que dejan impune el delito de iniciación de los delincuentes —el robo—, quienes después serán sicarios y capos del crimen organizado.
La estadística de resultados de la guerra contra el narco también registra que, entre el primero de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2009, han sido detenidas 99 mil 115 personas.
Se han asegurado 26 mil 345 vehículos, así como 285 millones 609 mil 602 pesos en efectivo, y 383 millones 294 mil 141 millones de dólares.
En de decomisos de armas, estas suman 63 mil 229, y 4 mil 539 granadas.
Tachan cifras de “engañabobos”
El senador Ricardo Monreal (PT) dijo que las cifras presentadas por García Luna son “engañabobos”, mientras que la bancada del PRI previno que pudieran ser falsas. El panista Roberto Gil los enfrentó y comentó que, al contrario, el reporte representa “una buen noticia”.
Las fuerzas políticas coincidieron en que la guerra contra el narco necesita de la participación y confianza ciudadana.
Afirmaron que se deben atacar las prácticas de corrupción, complicidad e impunidad. “La situación aterrorizante que impera en el país (tiene entre sus causas) el hecho de que se ha corrompido desde lo más alto hasta lo más bajo”, dijo el priísta Jorge Carlos Ramírez, quien aseguró que “el Estado no quedará postrado ante los narcos”.
El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ratificó ante el Congreso la estrategia federal contra el crimen organizado y destacó el papel del Ejército, que se ha constituido en un baluarte en las operaciones que ya ofrecen resultados históricos.
Por su parte, las fuerzas políticas de las cámaras de Diputados y de Senadores expresaron su disposición a consensuar con el gobierno federal una política de Estado en materia de seguridad, durante la comparecencia de García Luna ante la Comisión Permanente, en San Lázaro.
“La política de Estado para conquistar la seguridad pública necesita de la participación de los gobiernos de estados y municipios”, dijo el funcionario federal; los legisladores del PRI, PAN y PRD destacaron que se requiere también recuperar la confianza de la sociedad, perdida por la corrupción de la clase política.
García Luna y la representación de Acción Nacional formaron mancuerna ante una oposición que mostró su desconfianza ante las estadísticas de resultados contra el crimen organizado, y que de manera persistente, pero sin conseguirlo, pidió al secretario que aportara datos sobre las fallas en la guerra por la seguridad, para darle mejores instrumentos desde el Legislativo.
García Luna en ningún momento formuló comentarios directos o indirectos sobre las áreas vulnerables del sistema contra el crimen organizado, pese a que diputados y senadores del PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia preguntaron sobre las causas por las que han aumentado las muertes y los ataques de las bandas criminales, cuando las Fuerzas Armadas y las policías tienen más presupuestos, armas e integrantes.
Priístas ofrecen apoyo
La revisión del estado que guardan los programas en materia de seguridad pública abarcó más de cinco horas en el Salón Verde del Palacio Legislativo, y en diversas respuestas García Luna explicó que se necesita de la participación de las Fuerzas Armadas en las calles. Aseguró que se construye una estructura policial moderna, que requiere de una integración de las fuerzas locales dispersas, y explicó casos de contrapropaganda de los narcos para vulnerar al Estado.
Una dupla de diputados panistas —Roberto Gil y Javier Corral— abrió el camino a las coincidencias entre las fuerzas políticas, a favor de una política de Estado en materia de seguridad.
Roberto Gil dijo que al crimen organizado lo combate un Estado más fuerte, y llamó a librar las batallas que siguen, con los imperativos de la democracia, no de autoritarismos, y con un entorno de unidad nacional. Dijo que “no sólo con armas se enfrenta a los cárteles”.
Javier Corral dijo que se necesita una política pública que enfrente en este año electoral —en el que la mitad del país irá a las urnas— la tentación en los grupos partidistas de sacar raja política del problema de la inseguridad, y repartir culpas y responsabilidades cuando hay corresponsabilidad, y pidió blindar las campañas contra la infiltración del dinero de las mafias.
El diputado Jorge Carlos Ramírez (PRI) afirmó que aventar la pelota de un lado a otro no beneficia a la sociedad, y que su partido busca contribuir a resarcir las fallas: “No se trata de medrar, pero tampoco de ser obsequiosos y complacientes”. Ofreció el apoyo priísta, “en lo que se necesite”.
Estado del delito
García Luna afirmó que los crecientes niveles de violencia en México son consecuencia del crecimiento de los índices de consumo de droga, que a su vez generan un gran interés de los narcotraficantes por el mercado interno.
El funcionario dio a conocer las cifras oficiales sobre el mercado de drogas en México y en Estados Unidos.
Aseguró que los cárteles obtienen una utilidad de más de 95 mil dólares por cada kilogramo de cocaína colombiana que colocan en el mercado estadounidense. Según los datos, el valor del mercado de consumo de drogas al mayoreo en México es de 811 millones de dólares anuales, mientras que el mercado de EU tiene un valor de 17 mil millones al mayoreo, y de 64 mil millones al menudeo.
Informó que 1.7 millones de mexicanos consumen cocaína, y que el porcentaje de la población que usa esta droga pasó de 0.8%, en 2006, a 2.4%, en 2008. En el caso de la mariguana, más de 3 millones la consumen, y la cifra de usuarios creció de 3.1%, en 2006, a 4.2% en 2008.
El secretario de Seguridad Pública presentó un informe a los diputados y senadores en el que se destaca que los delitos federales representan 7%, mientras que 93% son del fuero común, es decir, de la incumbencia de las policías locales, a las que pretende unificar en 32 corporaciones que absorban más de 3 mil, como propuso en septiembre, sin haber presentado aún una iniciativa.
Sus estadísticas marcan que los homicidios dolosos representan 0.9% de los delitos, y ubicó a México en el décimo primer lugar entre los países más violentos del mundo, después de El Salvador, Venezuela, Colombia, Belice, Jamaica, Brasil, Ecuador y República Dominicana.
Revelan una caída en picada del delito de extorsión, de más de 53 mil casos, en 2007, a poco más de 35 mil, en 2009.
Robos quedan impunes
La radiografía incluyó la situación precaria e incapaz de las policías municipales, que dejan impune el delito de iniciación de los delincuentes —el robo—, quienes después serán sicarios y capos del crimen organizado.
La estadística de resultados de la guerra contra el narco también registra que, entre el primero de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2009, han sido detenidas 99 mil 115 personas.
Se han asegurado 26 mil 345 vehículos, así como 285 millones 609 mil 602 pesos en efectivo, y 383 millones 294 mil 141 millones de dólares.
En de decomisos de armas, estas suman 63 mil 229, y 4 mil 539 granadas.
Tachan cifras de “engañabobos”
El senador Ricardo Monreal (PT) dijo que las cifras presentadas por García Luna son “engañabobos”, mientras que la bancada del PRI previno que pudieran ser falsas. El panista Roberto Gil los enfrentó y comentó que, al contrario, el reporte representa “una buen noticia”.
Las fuerzas políticas coincidieron en que la guerra contra el narco necesita de la participación y confianza ciudadana.
Afirmaron que se deben atacar las prácticas de corrupción, complicidad e impunidad. “La situación aterrorizante que impera en el país (tiene entre sus causas) el hecho de que se ha corrompido desde lo más alto hasta lo más bajo”, dijo el priísta Jorge Carlos Ramírez, quien aseguró que “el Estado no quedará postrado ante los narcos”.
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