Noticia:
“Aquí lo único disfuncional es el gobierno de Felipe Calderón, que no ha sabido satisfacer la necesidad de seguridad de las familias mexicanas”, fustigaron el diputado local del PRD, Víctor Quintana; el investigador Servando Pineda Jaimes y miembros de la Cámara de Comercio al censurar las afirmaciones del Presidente y del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el sentido de que las familias disfuncionales son corresponsables del incremento de violencia en Ciudad Juárez.
“No se puede culpar a las familias de ser disfuncionales cuando la crisis económica obliga a los padres y madres a trabajar dobles jornadas y a estar todo el día fuera de sus casa buscando el sustento”, dijo Quintana.
“Lo que están haciendo Calderón y Gómez Mont es tratar de justificar acciones represivas que emprendieron con el Ejército y que no han funcionado”.
El miércoles, el presidente Calderón afirmó que Juárez es el caso más emblemático por la violencia en sus calles, no sólo en contra de las mujeres, sino de hombres, en su mayoría adolescentes y jóvenes de familias disfuncionales.
“En esa violencia estructurada dentro del hogar germina, crece y florece la violencia social que tanto se está padeciendo en las calles de México”, dijo el Ejecutivo en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La semana pasada, el secretario de Gobernación afirmó que el gobierno busca la “reconstrucción del tejido social” en Juárez, donde diversos sectores sociales establecieron relaciones de “cooperación lícita” con grupos del crimen organizado que ahora se han vuelto en contra de ellos mismos.
El diputado Víctor Quintana dijo que el gobierno federal endosa su responsabilidad a la sociedad ante la falta de resultados en materia de seguridad.
“Que no traten de echar la culpa a las familias de la incapacidad de un modelo de crecimiento económico erróneo. No se puede hablar de familias disfuncionales cuando los jóvenes tienen que dejar de estudiar para buscar un empleo y ayudar a sostener a sus hermanos”.
El investigador y coordinador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Servando Pineda Jaimes, señaló que la sociedad juarense podría reconocer que toleró la existencia de bandas delincuenciales, pero fue el propio gobierno quien permitió su desarrollo y que acumulara poder, ya que decenas de elementos policiacos y militares se coludieron con los cárteles del narcotráfico.
Comerciantes consideraron que la diferencia entre la sociedad y las autoridades es que la primera no puede hacer nada en contra de las bandas organizadas, aún y cuando sepa de su existencia. En tanto que las corporaciones policiacas y el aparato gubernamental están obligados a prevenir, perseguir y castigar las conductas ilícitas de esos grupos.
Dirigentes del sector comercial de la frontera expresaron que el gobierno no puede corresponsabilizar a la gente de la calle por conocer los lugares donde existen “las tienditas” en las que se vende droga y no lo denuncie, “ya que todos sabemos también que la propia policía pasa dicha información a los delincuentes, quienes luego asesinan a los soplones”.
La Asociación Chihuahua por la Paz calificó de irresponsable que a dos años de declarada la guerra al narcotráfico, el gobierno federal esté redefiniendo el origen y la forma de atacar el problema.
Dijeron que no es correcto que ahora se atribuya a la familia y a la descomposición de la sociedad la magnitud del crimen organizado.
viernes, 27 de noviembre de 2009
Iglesia ocultó abusos a menores en Irlanda.
Noticia:
La Iglesia católica irlandesa gozó de inmunidad durante décadas para ocultar, en connivencia con el Estado, los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes de la Arquidiócesis de Dublín, reveló ayer un informe elaborado por una comisión gubernamental. Los delitos, aseguró el gobierno, no quedarán impunes.
La comisión presidida por la juez Yvonne Murphy expuso las conclusiones de un documento presentado públicamente por el ministro irlandés de Justicia, Dermot Ahern, quien prometió que los sacerdotes pederastas serán llevados ante la Justicia, al tiempo que calificó su “reino de terror”, de “sistemático y calculado”. En esos mismo términos se expresó un “avergonzado y apenado” arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, tras conocer el escandaloso contenido del informe, de 700 páginas.
La connivencia entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado, entre ellas la propia policía y la Fiscalía, sirvió, dice el texto, para encubrir los esfuerzos de cuatro obispos dublineses por mantener el “prestigio de la Iglesia, proteger a los pederastas y los bienes de la Iglesia, y evitar escándalos”.
Un religioso admitió haber abusado de más de 100 menores. Otro dijo que cometió abusos cada dos semanas durante 25 años, según el reporte.
El gobierno de Irlanda se ha visto obligado, por segunda vez en lo que va del año, a pedir perdón públicamente e insistir en que los años de “abuso y secretismo” han acabado, por lo que anunció que la versión completa del informe se publicará próximamente.
También el arzobispo Martin recordó que el abuso sexual de menores “es y siempre fue un delito en la ley civil y la canónica”, así como un “pecado grave”. Todos los arzobispos en el periodo de 1975 a 2004 cubierto por el informe estaban al corriente de algunas de las quejas y la Arquidiócesis de Dublín estaba más preocupada por proteger la reputación de la Iglesia que por el bienestar de los niños, dijo el reporte.
El informe reveló que la Iglesia Católica irlandesa estaba obsesionada con mantener el secretismo y operó ante los abusos con base en la política de “no preguntar, no contar”.
“Lamentablemente, puede ser que el rol muy destacado que la Iglesia ha jugado en la vida irlandesa sea la razón del por qué fue permitido que no se investigaran los abusos de una minoría de sus miembros”, dijo. El reporte, diseñado para mostrar cómo la Iglesia y el Estado respondieron a las acusaciones de abuso de menores, indicó que una muestra representativa de 46 sacerdotes deja “absolutamente claro” que se trató de una conducta extendida.
La investigación, que llega seis meses después de divulgarse un reporte denunciando abusos similares en escuelas industriales y reformatorios administrados por la Iglesia, acusó de encubrimiento a funcionarios del gobierno.
Mecanismo de encubrimiento
Mientras el llamado “Informe Ryan” presentó hace seis meses un catálogo de horrores cometidos por sacerdotes, monjas y personal seglar contra miles de niños en centros educativos públicos administrados por la Iglesia, la Comisión sobre Abusos en la Arquidiócesis de Dublín enfocó sus investigaciones en los mecanismos seguidos durante décadas por las autoridades irlandesas para ocultar lo ocurrido.
Más del doble de las quejas documentadas refieren a niños en lugar de a niñas, y el informe también señaló que era “risible” cuando un arzobispo defendía un caso diciendo que surgió simplemente del “‘asombro’ (de un sacerdote) ante la anatomía femenina”.
La Iglesia católica irlandesa gozó de inmunidad durante décadas para ocultar, en connivencia con el Estado, los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes de la Arquidiócesis de Dublín, reveló ayer un informe elaborado por una comisión gubernamental. Los delitos, aseguró el gobierno, no quedarán impunes.
La comisión presidida por la juez Yvonne Murphy expuso las conclusiones de un documento presentado públicamente por el ministro irlandés de Justicia, Dermot Ahern, quien prometió que los sacerdotes pederastas serán llevados ante la Justicia, al tiempo que calificó su “reino de terror”, de “sistemático y calculado”. En esos mismo términos se expresó un “avergonzado y apenado” arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, tras conocer el escandaloso contenido del informe, de 700 páginas.
La connivencia entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado, entre ellas la propia policía y la Fiscalía, sirvió, dice el texto, para encubrir los esfuerzos de cuatro obispos dublineses por mantener el “prestigio de la Iglesia, proteger a los pederastas y los bienes de la Iglesia, y evitar escándalos”.
Un religioso admitió haber abusado de más de 100 menores. Otro dijo que cometió abusos cada dos semanas durante 25 años, según el reporte.
El gobierno de Irlanda se ha visto obligado, por segunda vez en lo que va del año, a pedir perdón públicamente e insistir en que los años de “abuso y secretismo” han acabado, por lo que anunció que la versión completa del informe se publicará próximamente.
También el arzobispo Martin recordó que el abuso sexual de menores “es y siempre fue un delito en la ley civil y la canónica”, así como un “pecado grave”. Todos los arzobispos en el periodo de 1975 a 2004 cubierto por el informe estaban al corriente de algunas de las quejas y la Arquidiócesis de Dublín estaba más preocupada por proteger la reputación de la Iglesia que por el bienestar de los niños, dijo el reporte.
El informe reveló que la Iglesia Católica irlandesa estaba obsesionada con mantener el secretismo y operó ante los abusos con base en la política de “no preguntar, no contar”.
“Lamentablemente, puede ser que el rol muy destacado que la Iglesia ha jugado en la vida irlandesa sea la razón del por qué fue permitido que no se investigaran los abusos de una minoría de sus miembros”, dijo. El reporte, diseñado para mostrar cómo la Iglesia y el Estado respondieron a las acusaciones de abuso de menores, indicó que una muestra representativa de 46 sacerdotes deja “absolutamente claro” que se trató de una conducta extendida.
La investigación, que llega seis meses después de divulgarse un reporte denunciando abusos similares en escuelas industriales y reformatorios administrados por la Iglesia, acusó de encubrimiento a funcionarios del gobierno.
Mecanismo de encubrimiento
Mientras el llamado “Informe Ryan” presentó hace seis meses un catálogo de horrores cometidos por sacerdotes, monjas y personal seglar contra miles de niños en centros educativos públicos administrados por la Iglesia, la Comisión sobre Abusos en la Arquidiócesis de Dublín enfocó sus investigaciones en los mecanismos seguidos durante décadas por las autoridades irlandesas para ocultar lo ocurrido.
Más del doble de las quejas documentadas refieren a niños en lugar de a niñas, y el informe también señaló que era “risible” cuando un arzobispo defendía un caso diciendo que surgió simplemente del “‘asombro’ (de un sacerdote) ante la anatomía femenina”.
Torturador del Jemer Rojo pide absolución.
Noticia:
El torturador jefe del Jemer Rojo, Kaing Guek Eav, alias "Duch", pidió hoy la absolución en el tribunal internacional que auspiciado por la ONU le juzga por crímenes contra la Humanidad desde hace nueve meses en Phnom Penh.
"Solicito a la Corte que me ponga en libertad", dijo Duch, de 66 años, al cerrar su última intervención en su defensa, antes de que el panel de jueces, tres camboyanos y dos extranjeros, deje el proceso visto para sentencia.
La acusación, que hace dos días pidió una condena de 40 años durante la presentación de sus argumentos finales, dijo que Duch desaprovechó su última oportunidad para confesar su verdadera participación en el régimen del Jemer Rojo.
El acusado dirigió el centro de tortura de Tuol Sleng, en la actualidad convertido en el Museo del Genocidio, y ha confesado durante este juicio que ordenó ejecutar a reos, que torturó personalmente y que cometió los otros crímenes que le imputan.
En su descarga, el antiguo profesor de matemáticas que alcanzó notoriedad al frente del cuerpo de torturadores de Pol Pot ha alegado que se limitó a obedecer porque el Jemer Rojo castigaba la desobediencia con la muerte.
Duch, que abandonó el budismo y se convirtió al cristianismo, también ha expresado su arrepentimiento y pedido perdón a los supervivientes y los familiares de sus víctimas en varias ocasiones desde que comenzaron las vistas.
Se prevé que la Corte emita la sentencia a principios del año que viene.
El acusado es el ex oficial de menor rango del Jemer Rojo que juzgará este tribunal organizado por la ONU y Camboya tras largas y tortuosas negociaciones que comenzaron en 1997.
Esperan su turno Khieu Samphan, ex presidente de la República Democrática de Kampuchea; Nuon Chea, "hermano número dos" e ideólogo de la organización; Ieng Sary, ex ministro de Exteriores, y su esposa, Ieng Thirit, ex titular de Asuntos Sociales.
Pol Pot, el "hermano número uno", murió en la jungla camboyana en 1998.
El torturador jefe del Jemer Rojo, Kaing Guek Eav, alias "Duch", pidió hoy la absolución en el tribunal internacional que auspiciado por la ONU le juzga por crímenes contra la Humanidad desde hace nueve meses en Phnom Penh.
"Solicito a la Corte que me ponga en libertad", dijo Duch, de 66 años, al cerrar su última intervención en su defensa, antes de que el panel de jueces, tres camboyanos y dos extranjeros, deje el proceso visto para sentencia.
La acusación, que hace dos días pidió una condena de 40 años durante la presentación de sus argumentos finales, dijo que Duch desaprovechó su última oportunidad para confesar su verdadera participación en el régimen del Jemer Rojo.
El acusado dirigió el centro de tortura de Tuol Sleng, en la actualidad convertido en el Museo del Genocidio, y ha confesado durante este juicio que ordenó ejecutar a reos, que torturó personalmente y que cometió los otros crímenes que le imputan.
En su descarga, el antiguo profesor de matemáticas que alcanzó notoriedad al frente del cuerpo de torturadores de Pol Pot ha alegado que se limitó a obedecer porque el Jemer Rojo castigaba la desobediencia con la muerte.
Duch, que abandonó el budismo y se convirtió al cristianismo, también ha expresado su arrepentimiento y pedido perdón a los supervivientes y los familiares de sus víctimas en varias ocasiones desde que comenzaron las vistas.
Se prevé que la Corte emita la sentencia a principios del año que viene.
El acusado es el ex oficial de menor rango del Jemer Rojo que juzgará este tribunal organizado por la ONU y Camboya tras largas y tortuosas negociaciones que comenzaron en 1997.
Esperan su turno Khieu Samphan, ex presidente de la República Democrática de Kampuchea; Nuon Chea, "hermano número dos" e ideólogo de la organización; Ieng Sary, ex ministro de Exteriores, y su esposa, Ieng Thirit, ex titular de Asuntos Sociales.
Pol Pot, el "hermano número uno", murió en la jungla camboyana en 1998.
Polanski, seguirá preso por no pagar fianza.
Noticia:
El cineasta franco-polaco Roman Polanski permanecerá en la prisión de Zúrich hasta el lunes al no haber depositado aún la fianza solicitada, según confirmó el portavoz del Ministerio de Justicia suizo, Folco Galli.
El portavoz no quiso dar más detalles sobre cómo se procedería a la excarcelación, y precisó que el Ministerio informará en el momento preciso.
El Tribunal Penal Federal decidió el miércoles liberar a Polanski bajo pago de 4,5 millones de francos (3 millones de euros), la obligación de portar un brazalete electrónico y de permanecer bajo vigilancia en su chalet, en la exclusiva estación de esquí de Gstaad.
Además de las medidas citadas, el realizador deberá también depositar sus documentos para evitar cualquier riesgo de fuga.
El cineasta, de 76 años, fue detenido el pasado 26 de septiembre a su llegada al aeropuerto de Zúrich, por un caso de abuso de menores en EU que data de 1977, y desde entonces está encarcelado.
Decenas de periodistas y fotógrafos montan guardia ante las puertas de la prisión con la esperanza de ver salir a Polanski, que se enfrenta a una pena máxima de hasta dos años si es devuelto a EU para rendir cuentas ante la Justicia por este caso pendiente.
El cineasta franco-polaco Roman Polanski permanecerá en la prisión de Zúrich hasta el lunes al no haber depositado aún la fianza solicitada, según confirmó el portavoz del Ministerio de Justicia suizo, Folco Galli.
El portavoz no quiso dar más detalles sobre cómo se procedería a la excarcelación, y precisó que el Ministerio informará en el momento preciso.
El Tribunal Penal Federal decidió el miércoles liberar a Polanski bajo pago de 4,5 millones de francos (3 millones de euros), la obligación de portar un brazalete electrónico y de permanecer bajo vigilancia en su chalet, en la exclusiva estación de esquí de Gstaad.
Además de las medidas citadas, el realizador deberá también depositar sus documentos para evitar cualquier riesgo de fuga.
El cineasta, de 76 años, fue detenido el pasado 26 de septiembre a su llegada al aeropuerto de Zúrich, por un caso de abuso de menores en EU que data de 1977, y desde entonces está encarcelado.
Decenas de periodistas y fotógrafos montan guardia ante las puertas de la prisión con la esperanza de ver salir a Polanski, que se enfrenta a una pena máxima de hasta dos años si es devuelto a EU para rendir cuentas ante la Justicia por este caso pendiente.
Huelga en el diario "Le Parisien" por recorte.
Noticia:
El diario francés "Le Parisien", la cabecera de tirada nacional de mayor difusión, no llegó hoy a los kioscos del país por una huelga en protesta por el plan de reducción de personal anunciado por la dirección.
Los trabajadores del rotativo votaron un paro de una jornada tras conocer la intención de los propietarios de prescindir en un primer momento de 25 de los 200 periodistas que componen su plantilla, dentro del primer episodio de un plan social que continuará el año próximo.
El director general de "Le Parisien", Jean Hornain, desveló que en un primer momento la reducción de puestos afectará a la edición nacional del diario y que, además de los 25 periodistas, incluirá a otros 10 trabajadores y ejecutivos.
Con ese plan, que se hará en forma de bajas voluntarias, la dirección espera ahorrar entre 3 y 4 millones de euros el año próximo.
Próximamente se anunciará un nuevo programa de reducción de efectivos que afectará a las redacciones locales, que emplean a otros 150 trabajadores.
Aunque la dirección no precisó a cuantos trabajadores afectará, los sindicatos calculan que estará entre 80 y 90.
Además, la dirección del diario popular negociará en los próximos meses una suavización de la semana laboral de 35 horas que en la actualidad se traduce en 22 días suplementarios para cada trabajador.
En total, "Le Parisien" aspira a ahorrar 10 millones de euros al año con estos planes, una forma de atajar la caída de las ventas y de los ingresos publicitarios.
En lo que va de año, el diario ha reducido sus ventas 6.3%, mientras que en el primer semestre la facturación de publicidad cayó 10%.
El grupo augura que será deficitario en 2009 por segundo año consecutivo, tras haber perdido en el anterior 9.6 millones de euros.
Aunque el resultado operativo será positivo en unos 818 mil euros, estará lejos de los 6.1 millones de 2008.
Simultáneamente al plan de ahorro, "Le Parisien" lanzará una nueva maqueta a partir de enero próximo, con más color, con lo que espera recuperar lectores.
El diario francés "Le Parisien", la cabecera de tirada nacional de mayor difusión, no llegó hoy a los kioscos del país por una huelga en protesta por el plan de reducción de personal anunciado por la dirección.
Los trabajadores del rotativo votaron un paro de una jornada tras conocer la intención de los propietarios de prescindir en un primer momento de 25 de los 200 periodistas que componen su plantilla, dentro del primer episodio de un plan social que continuará el año próximo.
El director general de "Le Parisien", Jean Hornain, desveló que en un primer momento la reducción de puestos afectará a la edición nacional del diario y que, además de los 25 periodistas, incluirá a otros 10 trabajadores y ejecutivos.
Con ese plan, que se hará en forma de bajas voluntarias, la dirección espera ahorrar entre 3 y 4 millones de euros el año próximo.
Próximamente se anunciará un nuevo programa de reducción de efectivos que afectará a las redacciones locales, que emplean a otros 150 trabajadores.
Aunque la dirección no precisó a cuantos trabajadores afectará, los sindicatos calculan que estará entre 80 y 90.
Además, la dirección del diario popular negociará en los próximos meses una suavización de la semana laboral de 35 horas que en la actualidad se traduce en 22 días suplementarios para cada trabajador.
En total, "Le Parisien" aspira a ahorrar 10 millones de euros al año con estos planes, una forma de atajar la caída de las ventas y de los ingresos publicitarios.
En lo que va de año, el diario ha reducido sus ventas 6.3%, mientras que en el primer semestre la facturación de publicidad cayó 10%.
El grupo augura que será deficitario en 2009 por segundo año consecutivo, tras haber perdido en el anterior 9.6 millones de euros.
Aunque el resultado operativo será positivo en unos 818 mil euros, estará lejos de los 6.1 millones de 2008.
Simultáneamente al plan de ahorro, "Le Parisien" lanzará una nueva maqueta a partir de enero próximo, con más color, con lo que espera recuperar lectores.
Osuna rechaza ser parcial con televisoras.
Noticia:
Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), retó a quienes lo acusan de favorecer los intereses de las televisoras a probar el señalamiento. “El que acusa debe probar, y yo sí tengo manera de probar que no es cierto”, aseguró.
El funcionario dijo que las pruebas que ofrece para refutar los señalamientos en su contra son los documentos que ha emitido la Cofetel, los cuales son resoluciones colegiadas, además de que hay un órgano interno de control que vigila sus actuaciones. “Nuestros actos son públicos, están firmados con el sustento de una decisión colegiada a partir de un análisis técnico de toda la Comisión”, sostuvo.
Cuestionado desde que fue propuesto al Senado por el presidente Vicente Fox para integrar a la Cofetel por supuestos vínculos con Televisa y TV Azteca, Osuna aseguró que esto no ha afectado “en lo más mínimo” el trabajo del órgano ni sus decisiones.
Estos señalamientos resurgieron esta semana luego de que la Suprema Corte de Justicia resolvió que sólo Cofetel, no el secretario de Comunicaciones y Transportes, tiene la facultad de otorgar, refrendar, modificar o revocar las concesiones de radio y televisión, así como de aprobar el cuadro nacional de frecuencias.
Cofetel, dijo Héctor Osuna, no tiene autonomía plena, pues es un órgano desconcentrado de la administración pública, cuyo jefe del sector es el secretario de Comunicaciones y Transportes y con directrices claras del titular del Ejecutivo.
Aseveró que su relación con el Presidente de la República es de trabajo y respeto, y responsabilidad para colaborar con los objetivos en telecomunicaciones y radiodifusión que ha trazado el titular.
“Siempre estamos en condiciones de, a la brevedad posible, informarle al Presidente de la República de cualquier asunto que esté en el seno de la Cofetel, que esté por discutirse, que se discuta o que se haya discutido en el pasado”, indicó.
Osuna dijo que será hasta que el máximo tribunal emita el engrose de su resolución sobre las atribuciones de la Cofetel y de la SCT en la industria de la radiodifusión cuando se podrán definir los alcances de la responsabilidad de este órgano en la materia.
“Nosotros entendíamos que (las de radiodifusión) eran las facultades de la Cofetel, pero dijimos que quien interpreta la ley es el secretario; la SCT lo hizo y nos lo dieron por escrito, por lo que actuamos en consecuencia; ahora regresamos a la realidad de antes del 8 de enero de 2009”, cuando se publicó el reglamento interior de la dependencia, dijo.
La relación con SCT, cordial
El presidente de Cofetel dijo que su relación con el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, es cordial, al igual que con los comisionados Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar, quienes llegaron a sus puestos luego de ganar el amparo promovido contra la objeción del Senado para ser integrantes del órgano regulador.
Su periodo como presidente de Cofetel concluye en mayo de 2010, y puede reelegirse; sin embargo, Osuna dijo que no está pensando en eso ahora debido a que hay temas más importantes que atender como las licitaciones del espectro.
Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), retó a quienes lo acusan de favorecer los intereses de las televisoras a probar el señalamiento. “El que acusa debe probar, y yo sí tengo manera de probar que no es cierto”, aseguró.
El funcionario dijo que las pruebas que ofrece para refutar los señalamientos en su contra son los documentos que ha emitido la Cofetel, los cuales son resoluciones colegiadas, además de que hay un órgano interno de control que vigila sus actuaciones. “Nuestros actos son públicos, están firmados con el sustento de una decisión colegiada a partir de un análisis técnico de toda la Comisión”, sostuvo.
Cuestionado desde que fue propuesto al Senado por el presidente Vicente Fox para integrar a la Cofetel por supuestos vínculos con Televisa y TV Azteca, Osuna aseguró que esto no ha afectado “en lo más mínimo” el trabajo del órgano ni sus decisiones.
Estos señalamientos resurgieron esta semana luego de que la Suprema Corte de Justicia resolvió que sólo Cofetel, no el secretario de Comunicaciones y Transportes, tiene la facultad de otorgar, refrendar, modificar o revocar las concesiones de radio y televisión, así como de aprobar el cuadro nacional de frecuencias.
Cofetel, dijo Héctor Osuna, no tiene autonomía plena, pues es un órgano desconcentrado de la administración pública, cuyo jefe del sector es el secretario de Comunicaciones y Transportes y con directrices claras del titular del Ejecutivo.
Aseveró que su relación con el Presidente de la República es de trabajo y respeto, y responsabilidad para colaborar con los objetivos en telecomunicaciones y radiodifusión que ha trazado el titular.
“Siempre estamos en condiciones de, a la brevedad posible, informarle al Presidente de la República de cualquier asunto que esté en el seno de la Cofetel, que esté por discutirse, que se discuta o que se haya discutido en el pasado”, indicó.
Osuna dijo que será hasta que el máximo tribunal emita el engrose de su resolución sobre las atribuciones de la Cofetel y de la SCT en la industria de la radiodifusión cuando se podrán definir los alcances de la responsabilidad de este órgano en la materia.
“Nosotros entendíamos que (las de radiodifusión) eran las facultades de la Cofetel, pero dijimos que quien interpreta la ley es el secretario; la SCT lo hizo y nos lo dieron por escrito, por lo que actuamos en consecuencia; ahora regresamos a la realidad de antes del 8 de enero de 2009”, cuando se publicó el reglamento interior de la dependencia, dijo.
La relación con SCT, cordial
El presidente de Cofetel dijo que su relación con el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, es cordial, al igual que con los comisionados Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar, quienes llegaron a sus puestos luego de ganar el amparo promovido contra la objeción del Senado para ser integrantes del órgano regulador.
Su periodo como presidente de Cofetel concluye en mayo de 2010, y puede reelegirse; sin embargo, Osuna dijo que no está pensando en eso ahora debido a que hay temas más importantes que atender como las licitaciones del espectro.
GDF retoma propuesta de instituto verificador.
Noticia:
El gobierno de la ciudad entregó a la Asamblea Legislativa capitalina (ALDF) un paquete de iniciativas de dos nuevas leyes y tres reformas legales con el que se busca facilitar la operación de establecimientos mercantiles y simplificar la apertura de negocios.
El conjunto de leyes establece la imposición de mayores multas y hasta la posibilidad de enfrentar un proceso penal en caso de falsear información sobre la operación de un negocio.
Además se concentra en un solo organismo, el nuevo Instituto de Verificación Administrativa del DF, las atribuciones de supervisión de establecimientos que hoy tienen las 16 delegaciones políticas, y por lo menos seis secretarías del gobierno local.
Dentro de este paquete legal, el gobierno capitalino propuso una nueva redacción de la Ley de Establecimientos Mercantiles del DF, que incorpora multas de hasta 25 mil días de salario mínimo —un millón 370 mil pesos— y clausura permanente de los negocios que, por ejemplo, violen la ley antitabaco, no cumplan con los horarios de operación establecidos, vendan bebidas alcohólicas a menores o sin el permiso correspondiente, funcionen con un giro distinto y hasta por hacer promociones como la barra libre.
En todos los casos en los que el dueño haya otorgado información falsa para la apertura de un negocio, las autoridades darán vista al Ministerio Público, que iniciará un proceso penal por el delito de falsedad en declaraciones.
La actual Ley de Establecimientos Mercantiles establece rangos de multas que van de los 25 hasta los 2 mil 500 días de salario mínimo. La iniciativa de ley mantiene esos parámetros, pero también incluye nuevos y mayores montos de sanciones.
Así, se imponen de 3 mil a 10 mil días de salario de multa —hasta 548 mil pesos— a establecimientos dedicados al hospedaje, la educación, talleres mecánicos, estacionamientos, billares, tiendas de abarrotes y locales de café internet que no hayan dado aviso de la apertura del negocio, que no eviten las aglomeraciones en puntos de entrada y salida, por no contar con seguro o por bloquear la vía pública con enseres.
Esa iniciativa de Ley de Establecimientos Mercantiles elimina conceptos, trámites y obligaciones que se encuentran en la actual legislación, como la licencia de funcionamiento, el permiso de operación y autorizaciones que aún expiden las delegaciones.
Bastará con que los interesados en abrir y operar un negocio presenten un aviso de apertura —bajo protesta de decir verdad— a través de un sistema informático que pondrá en funcionamiento la Secretaría de Desarrollo Económico del DF (Sedeco). En ese aviso, el particular manifestará que cumple los requisitos previstos para la apertura de un establecimiento.
Los negocios que ya operan en la ciudad no tendrán la obligación de presentar ese aviso de apertura, salvo que cambien de giro, traspasen el negocio, hagan adecuaciones físicas o quieran colocar enseres en la vía pública.
El instrumento de verificación
Una de las nuevas leyes propuestas por el GDF contempla la creación del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal que tendrá atribuciones de supervisión en materia de protección civil, medio ambiente, estacionamientos, establecimientos mercantiles, anuncios, mobiliario urbano, desarrollo urbano, uso de suelo, mercados y abasto, espectáculos públicos, salud, turismo y servicios de alojamiento.
De acuerdo con ese proyecto de ley, ese organismo practicará visitas domiciliarias, auditorías, revisión de dictámenes , así como visitas de inspección y verificación para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia fiscal por la operación del negocio.
Además, tendrá atribuciones para imponer las sanciones que correspondan por infracciones a las disposiciones fiscales del Distrito Federal, y a las de carácter federal cuya aplicación esté encomendada al gobierno local.
De esta manera, las delegaciones políticas perderán todas sus facultades de verificación administrativa, aunque no quedarán relegadas de todas las decisiones, pues los jefes delegacionales tendrán atribuciones para solicitar la remoción de directores ejecutivos territoriales que trabajarán para el nuevo instituto de verificación local.
Esos directores territoriales no son un cargo menor, pues estarán facultados para ordenar visitas de verificación en el territorio de la delegación al que estén asignados, así como imponer sanciones y multas a establecimientos mercantiles que violen las normas.
Los jefes delegaciones también podrán participar en un Consejo General del Instituto de Verificación, el cual fungirá como el órgano máximo de dirección de ese ente público.
El segundo intento
Esta es la segunda ocasión en que el gobierno de la ciudad propone a la ALDF la creación de ese organismo de verificación. Durante la pasada Legislatura, los diputados desecharon la iniciativa, en rechazo a que el GDF centralizara la verificación administrativa.
Lo que el gobierno local ha argumentado y lo reitera en este proyecto de ley es que el Instituto de Verificación será un organismo dirigido por ciudadanos, con autonomía del gobierno central.
Pero en los artículos octavo y noveno de esa iniciativa se señala que el jefe de Gobierno tendrá la atribución de designar al consejero presidente, a los cuatro consejeros ciudadanos del instituto y a un director general que le rendirá cuentas al Consejo General.
Sólo en el caso del presidente de ese nuevo organismo, el mandatario capitalino tendrá que solicitar su ratificación ante la Asamblea capitalina.
En sus artículos transitorios, la iniciativa establece que los actuales verificadores de las delegaciones políticas podrán trabajar en el instituto si cumplen con requisitos como aprobar exámenes de conocimientos y aptitudes que les aplique la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, no haber sido condenados por un delito y no enfrentar una inhabilitación.
El gobierno de la ciudad entregó a la Asamblea Legislativa capitalina (ALDF) un paquete de iniciativas de dos nuevas leyes y tres reformas legales con el que se busca facilitar la operación de establecimientos mercantiles y simplificar la apertura de negocios.
El conjunto de leyes establece la imposición de mayores multas y hasta la posibilidad de enfrentar un proceso penal en caso de falsear información sobre la operación de un negocio.
Además se concentra en un solo organismo, el nuevo Instituto de Verificación Administrativa del DF, las atribuciones de supervisión de establecimientos que hoy tienen las 16 delegaciones políticas, y por lo menos seis secretarías del gobierno local.
Dentro de este paquete legal, el gobierno capitalino propuso una nueva redacción de la Ley de Establecimientos Mercantiles del DF, que incorpora multas de hasta 25 mil días de salario mínimo —un millón 370 mil pesos— y clausura permanente de los negocios que, por ejemplo, violen la ley antitabaco, no cumplan con los horarios de operación establecidos, vendan bebidas alcohólicas a menores o sin el permiso correspondiente, funcionen con un giro distinto y hasta por hacer promociones como la barra libre.
En todos los casos en los que el dueño haya otorgado información falsa para la apertura de un negocio, las autoridades darán vista al Ministerio Público, que iniciará un proceso penal por el delito de falsedad en declaraciones.
La actual Ley de Establecimientos Mercantiles establece rangos de multas que van de los 25 hasta los 2 mil 500 días de salario mínimo. La iniciativa de ley mantiene esos parámetros, pero también incluye nuevos y mayores montos de sanciones.
Así, se imponen de 3 mil a 10 mil días de salario de multa —hasta 548 mil pesos— a establecimientos dedicados al hospedaje, la educación, talleres mecánicos, estacionamientos, billares, tiendas de abarrotes y locales de café internet que no hayan dado aviso de la apertura del negocio, que no eviten las aglomeraciones en puntos de entrada y salida, por no contar con seguro o por bloquear la vía pública con enseres.
Esa iniciativa de Ley de Establecimientos Mercantiles elimina conceptos, trámites y obligaciones que se encuentran en la actual legislación, como la licencia de funcionamiento, el permiso de operación y autorizaciones que aún expiden las delegaciones.
Bastará con que los interesados en abrir y operar un negocio presenten un aviso de apertura —bajo protesta de decir verdad— a través de un sistema informático que pondrá en funcionamiento la Secretaría de Desarrollo Económico del DF (Sedeco). En ese aviso, el particular manifestará que cumple los requisitos previstos para la apertura de un establecimiento.
Los negocios que ya operan en la ciudad no tendrán la obligación de presentar ese aviso de apertura, salvo que cambien de giro, traspasen el negocio, hagan adecuaciones físicas o quieran colocar enseres en la vía pública.
El instrumento de verificación
Una de las nuevas leyes propuestas por el GDF contempla la creación del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal que tendrá atribuciones de supervisión en materia de protección civil, medio ambiente, estacionamientos, establecimientos mercantiles, anuncios, mobiliario urbano, desarrollo urbano, uso de suelo, mercados y abasto, espectáculos públicos, salud, turismo y servicios de alojamiento.
De acuerdo con ese proyecto de ley, ese organismo practicará visitas domiciliarias, auditorías, revisión de dictámenes , así como visitas de inspección y verificación para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia fiscal por la operación del negocio.
Además, tendrá atribuciones para imponer las sanciones que correspondan por infracciones a las disposiciones fiscales del Distrito Federal, y a las de carácter federal cuya aplicación esté encomendada al gobierno local.
De esta manera, las delegaciones políticas perderán todas sus facultades de verificación administrativa, aunque no quedarán relegadas de todas las decisiones, pues los jefes delegacionales tendrán atribuciones para solicitar la remoción de directores ejecutivos territoriales que trabajarán para el nuevo instituto de verificación local.
Esos directores territoriales no son un cargo menor, pues estarán facultados para ordenar visitas de verificación en el territorio de la delegación al que estén asignados, así como imponer sanciones y multas a establecimientos mercantiles que violen las normas.
Los jefes delegaciones también podrán participar en un Consejo General del Instituto de Verificación, el cual fungirá como el órgano máximo de dirección de ese ente público.
El segundo intento
Esta es la segunda ocasión en que el gobierno de la ciudad propone a la ALDF la creación de ese organismo de verificación. Durante la pasada Legislatura, los diputados desecharon la iniciativa, en rechazo a que el GDF centralizara la verificación administrativa.
Lo que el gobierno local ha argumentado y lo reitera en este proyecto de ley es que el Instituto de Verificación será un organismo dirigido por ciudadanos, con autonomía del gobierno central.
Pero en los artículos octavo y noveno de esa iniciativa se señala que el jefe de Gobierno tendrá la atribución de designar al consejero presidente, a los cuatro consejeros ciudadanos del instituto y a un director general que le rendirá cuentas al Consejo General.
Sólo en el caso del presidente de ese nuevo organismo, el mandatario capitalino tendrá que solicitar su ratificación ante la Asamblea capitalina.
En sus artículos transitorios, la iniciativa establece que los actuales verificadores de las delegaciones políticas podrán trabajar en el instituto si cumplen con requisitos como aprobar exámenes de conocimientos y aptitudes que les aplique la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, no haber sido condenados por un delito y no enfrentar una inhabilitación.
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