Noticia:
La calidad de la educación que se ofrece en México en primaria y secundaria es equivalente a una calificación de 6.5 en promedio, divulgó el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
Responsabilizó a los profesores por el bajo nivel educativo, y sostuvo que este problema “no se resuelve a billetazos”.
El director general del IMCO, Roberto Newell, afirmó que el problema de la calidad educativa en el país ocurre porque “muchos de los profesores no tienen el nivel que deben tener”.
Dijo que el sistema de educación mexicano está diseñado como las grandes franquicias, en donde el desempeño es todo, menos uniforme.
Sugirió consultar la página “Compara tu escuela” para encontrar el mejor centro educativo para los niños.
Al dar a conocer el portal “Compara tu escuela”, Armando Chacón, director de investigación del IMCO indicó que en el país existen escuelas privadas que cobran 165 mil pesos al año, y que los resultados académicos no corresponden al desembolso de los padres de familia.
Inversión en educación
Explicó que en el caso de la escuelas públicas, el gasto por alumno en educación básica oscila entre los mil 500 pesos en Baja California Sur, Campeche y Colima, y los 17 mil en el estado de México.
En el 2% de las escuelas privadas consideradas de “elite”, agregó, los padres de familia tienen que realizar una inversión de entre los 25 mil y 165 mil pesos al año.
“(Aún así) la calidad no siempre es la mejor. Hay casos, según los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), que no son muy diferentes de los que obtienen las escuelas públicas”.
Salvador Malo Álvarez, director de Investigación del IMCO admitió que “ante la falta de educación prefiero la mala educación”, para los niños, en referencia a las comunidades de mayor marginación y pobreza.
“Estamos perdiendo”
El ex director del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), comentó que “todos estamos perdiendo como país, estamos mal al interior y al exterior, dado que hay países que han superado a México en términos de la competitividad internacional”.
Mientras que el país duplicó su sistema educativo en diez años, Corea lo hizo en 3 años.
“Ante ese escenario, México tiene que correr en este tema de la educación”.
En el estudio se advierte que las escuelas públicas de 10 entidades, los gobiernos “gastan mucho sin tener resultados”.
Las entidades son Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, Colima, Campeche, San Luis Potosí, Veracruz , Nayarit e Hidalgo.
jueves, 12 de noviembre de 2009
La economía tendrá un bajo desempeño: BBVA.
Noticia:
La falta de cambios estructurales que doten de mayor competitividad y competencia propiciará que la economía de México reduzca su crecimiento potencial, ampliando la pobreza y desigualdad económica en el país.
Jorge Sicilia, economista en jefe para Norteamérica de BBVA Bancomer, estimó que en los próximos 20 años la economía mexicana crecerá 2.2% en promedio, debido a la falta de cambios estructurales, la excesiva regulación, la presencia de monopolios, la escasa competitividad y la ineficiencia del gasto, sobre todo el orientado a educación.
En conferencia, agregó que el crecimiento del ingreso por persona en el país es muy reducido, de apenas 0.6% en promedio desde 1981, por lo que sigue rezagándose respecto a economías emergentes como las de Chile y Corea, que han crecido cinco y 10 veces más que México, respectivamente.
El economista consideró que los cambios fiscales que se aprobaron recientemente son insuficientes para aumentar la recaudación tributaria desligada del petróleo, por lo que no ha desaparecido la posibilidad de que baje calificación de deuda del país.
Mencionó que de haberse aprobado la propuesta original no existiría la duda que actualmente hay sobre un posible cambio en la calificación de deuda del país. Aunque agregó que debido a que la deuda pública es sostenible no es probable que México pierda su grado de inversión.
Jorge Sicilia explicó que en el país todavía hay una amplia agenda de temas regulatorios por atender, entre los que se encuentra la reforma a las finanzas públicas, a los derechos de propiedad y estado de derecho, a la calidad educativa y de salud pública, al mercado energético, a las telecomunicaciones, a la seguridad pública, a la desregulación, y reformas a la eficiencia del sector público a nivel federal, estatal y municipal.
“México necesita más inyección de inversión pública, aumentar la infraestructura y solucionar los problemas relacionados con la calidad de la educación en términos de eficiencia más que de gasto”, expuso el economista de BBVA Bancomer.
La institución financiera dijo en su reporte Situación México que el uso eficiente de los recursos que implique mayor crecimiento económico con una distribución del ingreso más equilibrada requiere que los consumidores del país tengan el suficiente poder de negociación para equilibrar los intereses de los oferentes, como es el caso de monopolios y oligopolios; de los oferentes políticos, mediante la rendición de cuentas y la revocación del mandato; y de los oferentes sociales, en temas relativos a gremios laborales y acceso a la justicia.
“Debe generarse un entorno atractivo para la inversión y la actividad económica”, expresó el analista en conferencia de prensa.
Comentó que si bien “la recuperación de México ya está encima, en los próximos dos años no vamos regresar a los niveles de producción que teníamos antes de la crisis”.
El problema de la educación
Los escasos niveles de inversión derivados de la incertidumbre por la crisis financiera global y el incremento del desempleo estructural en México son las razones que se encuentran detrás del menor crecimiento potencial esperado para la economía nacional, desde el crecimiento potencial de 3.5% estimado en periodos previos.
Jorge Sicilia, economista en jefe de BBVA Bancomer, expuso que el empleo ha resistido mejor durante la presente crisis que en ciclos negativos anteriores; pero esto responde en gran medida a la sustitución entre el empleo informal y el formal.
“En un país donde no hay seguro de desempleo y se agotan los ahorros, es necesario buscar trabajo, aunque sea en el mercado informal, por lo que funciona como una válvula de escape ante la desaceleración económica”, refirió el especialista.
El empleo en sectores de baja productividad, sin ingresos fijos, sin prestaciones como asistencia de salud, pueden ser una solución parcial y de corto plazo ante la desocupación, pero no resuelve el problema, ya que incrementa el subempleo y la informalidad y contribuye poco a la productividad y al crecimiento económico, expuso BBVA Bancomer en su estudio.
Jorge Sicilia expresó a la prensa que faltan mejoras en infraestructura y en capacitación para que el país avance.
La falta de cambios estructurales que doten de mayor competitividad y competencia propiciará que la economía de México reduzca su crecimiento potencial, ampliando la pobreza y desigualdad económica en el país.
Jorge Sicilia, economista en jefe para Norteamérica de BBVA Bancomer, estimó que en los próximos 20 años la economía mexicana crecerá 2.2% en promedio, debido a la falta de cambios estructurales, la excesiva regulación, la presencia de monopolios, la escasa competitividad y la ineficiencia del gasto, sobre todo el orientado a educación.
En conferencia, agregó que el crecimiento del ingreso por persona en el país es muy reducido, de apenas 0.6% en promedio desde 1981, por lo que sigue rezagándose respecto a economías emergentes como las de Chile y Corea, que han crecido cinco y 10 veces más que México, respectivamente.
El economista consideró que los cambios fiscales que se aprobaron recientemente son insuficientes para aumentar la recaudación tributaria desligada del petróleo, por lo que no ha desaparecido la posibilidad de que baje calificación de deuda del país.
Mencionó que de haberse aprobado la propuesta original no existiría la duda que actualmente hay sobre un posible cambio en la calificación de deuda del país. Aunque agregó que debido a que la deuda pública es sostenible no es probable que México pierda su grado de inversión.
Jorge Sicilia explicó que en el país todavía hay una amplia agenda de temas regulatorios por atender, entre los que se encuentra la reforma a las finanzas públicas, a los derechos de propiedad y estado de derecho, a la calidad educativa y de salud pública, al mercado energético, a las telecomunicaciones, a la seguridad pública, a la desregulación, y reformas a la eficiencia del sector público a nivel federal, estatal y municipal.
“México necesita más inyección de inversión pública, aumentar la infraestructura y solucionar los problemas relacionados con la calidad de la educación en términos de eficiencia más que de gasto”, expuso el economista de BBVA Bancomer.
La institución financiera dijo en su reporte Situación México que el uso eficiente de los recursos que implique mayor crecimiento económico con una distribución del ingreso más equilibrada requiere que los consumidores del país tengan el suficiente poder de negociación para equilibrar los intereses de los oferentes, como es el caso de monopolios y oligopolios; de los oferentes políticos, mediante la rendición de cuentas y la revocación del mandato; y de los oferentes sociales, en temas relativos a gremios laborales y acceso a la justicia.
“Debe generarse un entorno atractivo para la inversión y la actividad económica”, expresó el analista en conferencia de prensa.
Comentó que si bien “la recuperación de México ya está encima, en los próximos dos años no vamos regresar a los niveles de producción que teníamos antes de la crisis”.
El problema de la educación
Los escasos niveles de inversión derivados de la incertidumbre por la crisis financiera global y el incremento del desempleo estructural en México son las razones que se encuentran detrás del menor crecimiento potencial esperado para la economía nacional, desde el crecimiento potencial de 3.5% estimado en periodos previos.
Jorge Sicilia, economista en jefe de BBVA Bancomer, expuso que el empleo ha resistido mejor durante la presente crisis que en ciclos negativos anteriores; pero esto responde en gran medida a la sustitución entre el empleo informal y el formal.
“En un país donde no hay seguro de desempleo y se agotan los ahorros, es necesario buscar trabajo, aunque sea en el mercado informal, por lo que funciona como una válvula de escape ante la desaceleración económica”, refirió el especialista.
El empleo en sectores de baja productividad, sin ingresos fijos, sin prestaciones como asistencia de salud, pueden ser una solución parcial y de corto plazo ante la desocupación, pero no resuelve el problema, ya que incrementa el subempleo y la informalidad y contribuye poco a la productividad y al crecimiento económico, expuso BBVA Bancomer en su estudio.
Jorge Sicilia expresó a la prensa que faltan mejoras en infraestructura y en capacitación para que el país avance.
Haremos justicia, dicen habitantes de Juchitepec.
Noticia:
Habitantes de la comunidad de San Matías Cuijingo, donde viven más de 10 mil personas, amanecieron con una idea firme: escarmentar a los delincuentes que detengan, porque no confían en las autoridades.
“Definitivamente, si hay más rateros que quieran robar o secuestrar, que lo piensen porque ya no se van vivos de aquí”, es la advertencia de un residente que se ha hecho colectiva en este municipio.
Los robos, secuestros y extorsiones que se padecen en la localidad ubicada en la región de los volcanes, acrecentaron su malestar contra los responsables de esos delitos y contra las autoridades, que no han podido garantizar la seguridad para sus habitantes.
“Vamos a buscar nuestra propia seguridad, y si con nuestras autoridades no contamos, no vamos a seguir contando. Vamos a tomar la justicia con nuestras propias manos y ya no vamos a permitir que gente de fuera nos vuelva a hacer daño”, amenazó Martha Villegas, otra vecina de Cuijingo.
Esa ira contenida se desató antier, cuando centenares de pobladores retuvieron por más de nueve horas a cuatro presuntos secuestradores que habían plagiado a un hombre que trabaja en una empresa de gas en Chalco.
La turba golpeó a los delincuentes y pretendió colgarlos y quemarlos. Un operativo de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) salvó la vida a los plagiarios.
Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) acudió ayer a la comunidad e inició una queja de oficio, la CODHEM/LP/1090/2009, para investigar si los elementos de la ASE, o de las policías ministerial y municipal, cometieron abusos en contra de la población.
El visitador general de la zona oriente, Gregorio Matías Duarte Olivares, explicó que se indagarán además las denuncias que han presentado los residentes por la inseguridad que se registra en ese lugar.
Dos secuestradores son policías federales
La Procuraduría estatal confirmó que fueron seis los presuntos plagiarios detenidos en Cuijingo: Gonzalo Galicia Delgado, de 34 años; Oscar Hernández Sandoval, de 34; José Luis López Gutiérrez, de 26 y Juan Antonio León Martínez, de 22.
Afirmó en un comunicado que otro detenido, José Ricardo Velázquez Escárcega, de 24 años, es policía federal adscrito a la Unidad para el Restablecimiento del Orden Publico (UROP). Otro de ellos, Juan Carlos Ortega Vaca, de 31 años, quien fue detenido después, “también es elemento en activo de la Secretaría de Seguridad Pública federal”.
Los seis integrantes de la banda de secuestradores fueron trasladados a instalaciones de la Procuraduría en Tlalnepantla y se inició la averiguación TOL/SPILDO/302/09.
El alcalde de Juchitepec, Gilberto Quiroz Silva, reconoció que en los últimos meses se agudizó la inseguridad en el municipio y el gobierno local no puede enfrentar a la delincuencia con 32 policías y ocho patrullas.
“Los delitos que más imperan son el robo de autos y a transeúnte, y en un mínimo el secuestro. En últimas fechas también las extorsiones vía telefónica”, dijo. Residentes aseguran que las extorsiones aumentaron porque La Familia Michoacana ha extendido sus dominios en la zona oriente de los volcanes.
La Secretaría de Seguridad Pública Federal negó que José Ricardo Velázquez Escárcega y Juan Carlos Ortega Vaca sean miembros en activo de la Policía Federal (PF).
Velázquez Escárcega, según la Secretaría, causó baja de la PF en octubre de 2008; Ortega Vaca salió de la corporación en septiembre pasado. Ambos fueron dados de baja por “abandono de servicios”.
Los dos pertenecían a las Unidades del Restablecimiento del Orden Público (UROP), dependiente de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal.
Habitantes de la comunidad de San Matías Cuijingo, donde viven más de 10 mil personas, amanecieron con una idea firme: escarmentar a los delincuentes que detengan, porque no confían en las autoridades.
“Definitivamente, si hay más rateros que quieran robar o secuestrar, que lo piensen porque ya no se van vivos de aquí”, es la advertencia de un residente que se ha hecho colectiva en este municipio.
Los robos, secuestros y extorsiones que se padecen en la localidad ubicada en la región de los volcanes, acrecentaron su malestar contra los responsables de esos delitos y contra las autoridades, que no han podido garantizar la seguridad para sus habitantes.
“Vamos a buscar nuestra propia seguridad, y si con nuestras autoridades no contamos, no vamos a seguir contando. Vamos a tomar la justicia con nuestras propias manos y ya no vamos a permitir que gente de fuera nos vuelva a hacer daño”, amenazó Martha Villegas, otra vecina de Cuijingo.
Esa ira contenida se desató antier, cuando centenares de pobladores retuvieron por más de nueve horas a cuatro presuntos secuestradores que habían plagiado a un hombre que trabaja en una empresa de gas en Chalco.
La turba golpeó a los delincuentes y pretendió colgarlos y quemarlos. Un operativo de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) salvó la vida a los plagiarios.
Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) acudió ayer a la comunidad e inició una queja de oficio, la CODHEM/LP/1090/2009, para investigar si los elementos de la ASE, o de las policías ministerial y municipal, cometieron abusos en contra de la población.
El visitador general de la zona oriente, Gregorio Matías Duarte Olivares, explicó que se indagarán además las denuncias que han presentado los residentes por la inseguridad que se registra en ese lugar.
Dos secuestradores son policías federales
La Procuraduría estatal confirmó que fueron seis los presuntos plagiarios detenidos en Cuijingo: Gonzalo Galicia Delgado, de 34 años; Oscar Hernández Sandoval, de 34; José Luis López Gutiérrez, de 26 y Juan Antonio León Martínez, de 22.
Afirmó en un comunicado que otro detenido, José Ricardo Velázquez Escárcega, de 24 años, es policía federal adscrito a la Unidad para el Restablecimiento del Orden Publico (UROP). Otro de ellos, Juan Carlos Ortega Vaca, de 31 años, quien fue detenido después, “también es elemento en activo de la Secretaría de Seguridad Pública federal”.
Los seis integrantes de la banda de secuestradores fueron trasladados a instalaciones de la Procuraduría en Tlalnepantla y se inició la averiguación TOL/SPILDO/302/09.
El alcalde de Juchitepec, Gilberto Quiroz Silva, reconoció que en los últimos meses se agudizó la inseguridad en el municipio y el gobierno local no puede enfrentar a la delincuencia con 32 policías y ocho patrullas.
“Los delitos que más imperan son el robo de autos y a transeúnte, y en un mínimo el secuestro. En últimas fechas también las extorsiones vía telefónica”, dijo. Residentes aseguran que las extorsiones aumentaron porque La Familia Michoacana ha extendido sus dominios en la zona oriente de los volcanes.
La Secretaría de Seguridad Pública Federal negó que José Ricardo Velázquez Escárcega y Juan Carlos Ortega Vaca sean miembros en activo de la Policía Federal (PF).
Velázquez Escárcega, según la Secretaría, causó baja de la PF en octubre de 2008; Ortega Vaca salió de la corporación en septiembre pasado. Ambos fueron dados de baja por “abandono de servicios”.
Los dos pertenecían a las Unidades del Restablecimiento del Orden Público (UROP), dependiente de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal.
Suprema Corte rechaza caso SME.
Noticia:
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, desechó por improcedente la solicitud que le hizo el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, para que el máximo tribunal creara una comisión que investigara las violaciones graves de garantías que, a su decir, cometió el gobierno al liquidar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
El lunes, Martín Esparza presentó un escrito en el que le solicitó al alto tribunal que ejerciera la facultad de investigación que le otorga el artículo 97 de la Constitución, que ha empleado en casos como el del incendio de la guardería ABC, en el conflicto magisterial en Oaxaca y los enfrentamientos en la comunidad de Atenco.
Pero Ortiz Mayagoitia la desechó porque los únicos que tienen atribuciones para pedirle al tribunal que ejerza este tipo de indagatorias son, entre otros, el Presidente, los gobernadores y el Congreso de la Unión.
El presidente de la SCJN le envió a sus compañeros ministros una copia de la solicitud del líder de los electricistas, por si alguno está interesado en hacer suya la petición del líder del SME. Aunque de acuerdo con fuentes del máximo tribunal, ninguno de los ministros está interesado en pedir que se cree una comisión investigadora para este caso.
El último recurso
Después de que el ministro José Ramón Cossío también desechara el martes la demanda de controversia que promovió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en contra del decreto que emitió el presidente Calderón para extinguir a la compañía de Luz y Fuerza del Centro, el único recurso legal que le queda al sindicato es el juicio de amparo que promovieron en contra de esta misma medida.
Este amparo está a cargo de la juez Guillermina Coutiño Mata, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región.
De acuerdo con el abogado del sindicato, Carlos de Buen, la juez fijó el 24 de noviembre como la fecha en la que se realizará la audiencia constitucional, después de la que determinará si les concede o no el amparo.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, desechó por improcedente la solicitud que le hizo el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, para que el máximo tribunal creara una comisión que investigara las violaciones graves de garantías que, a su decir, cometió el gobierno al liquidar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
El lunes, Martín Esparza presentó un escrito en el que le solicitó al alto tribunal que ejerciera la facultad de investigación que le otorga el artículo 97 de la Constitución, que ha empleado en casos como el del incendio de la guardería ABC, en el conflicto magisterial en Oaxaca y los enfrentamientos en la comunidad de Atenco.
Pero Ortiz Mayagoitia la desechó porque los únicos que tienen atribuciones para pedirle al tribunal que ejerza este tipo de indagatorias son, entre otros, el Presidente, los gobernadores y el Congreso de la Unión.
El presidente de la SCJN le envió a sus compañeros ministros una copia de la solicitud del líder de los electricistas, por si alguno está interesado en hacer suya la petición del líder del SME. Aunque de acuerdo con fuentes del máximo tribunal, ninguno de los ministros está interesado en pedir que se cree una comisión investigadora para este caso.
El último recurso
Después de que el ministro José Ramón Cossío también desechara el martes la demanda de controversia que promovió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en contra del decreto que emitió el presidente Calderón para extinguir a la compañía de Luz y Fuerza del Centro, el único recurso legal que le queda al sindicato es el juicio de amparo que promovieron en contra de esta misma medida.
Este amparo está a cargo de la juez Guillermina Coutiño Mata, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región.
De acuerdo con el abogado del sindicato, Carlos de Buen, la juez fijó el 24 de noviembre como la fecha en la que se realizará la audiencia constitucional, después de la que determinará si les concede o no el amparo.
Marchan menos... y más violentos.
Noticia:
El Sindicato Mexicano de Electricistas y decenas de organizaciones bloquearon las carreteras de acceso a la capital del país, cerraron escuelas de la UNAM e IPN, realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo y protestaron en diversas ciudades.
Durante el bloqueo a las vías de comunicación se dieron enfrentamientos entre simpatizantes del sindicato y policías federales.
El más grave ocurrió en la autopista México-Querétaro. Efectivos que pretendían impedir el cierre fueron atropellados por dos autos; cuatro de los seis elementos embestidos sufrieron heridas leves. Tres de los inconformes también tuvieron lesiones menores.
Según la Secretaría de Seguridad Pública los manifestantes dispararon contra los policías sin que hubiera heridos. El SME negó que sus seguidores hayan detonado armas de fuego.
Tras la escaramuza, fueron arrestadas 10 personas y asegurados dos vehículos.
Otro enfrentamiento se dio en la carretera México-Cuernavaca. Manifestantes y agentes se agredieron a golpes y empujones. Los electricistas fueron dispersados con gases.
En el Zócalo de la ciudad de México el dirigente sindical Martín Esparza llamó a sumarse a la lucha “para establecer un nuevo pacto social que lleve a un movimiento nacional pacífico que recupere el poder desde el pueblo”.
Esparza y otros dirigentes como el del sindicato de la UNAM, Agustín Rodríguez, propusieron la realización de una huelga nacional.
En entrevista, dijo que el paro cívico fue un éxito, por lo que la lucha de los electricistas continuará. Señaló que es importante agotar los canales legales, pero también lo son las movilización y el apoyo de organizaciones.
El Sindicato Mexicano de Electricistas y decenas de organizaciones bloquearon las carreteras de acceso a la capital del país, cerraron escuelas de la UNAM e IPN, realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo y protestaron en diversas ciudades.
Durante el bloqueo a las vías de comunicación se dieron enfrentamientos entre simpatizantes del sindicato y policías federales.
El más grave ocurrió en la autopista México-Querétaro. Efectivos que pretendían impedir el cierre fueron atropellados por dos autos; cuatro de los seis elementos embestidos sufrieron heridas leves. Tres de los inconformes también tuvieron lesiones menores.
Según la Secretaría de Seguridad Pública los manifestantes dispararon contra los policías sin que hubiera heridos. El SME negó que sus seguidores hayan detonado armas de fuego.
Tras la escaramuza, fueron arrestadas 10 personas y asegurados dos vehículos.
Otro enfrentamiento se dio en la carretera México-Cuernavaca. Manifestantes y agentes se agredieron a golpes y empujones. Los electricistas fueron dispersados con gases.
En el Zócalo de la ciudad de México el dirigente sindical Martín Esparza llamó a sumarse a la lucha “para establecer un nuevo pacto social que lleve a un movimiento nacional pacífico que recupere el poder desde el pueblo”.
Esparza y otros dirigentes como el del sindicato de la UNAM, Agustín Rodríguez, propusieron la realización de una huelga nacional.
En entrevista, dijo que el paro cívico fue un éxito, por lo que la lucha de los electricistas continuará. Señaló que es importante agotar los canales legales, pero también lo son las movilización y el apoyo de organizaciones.
PRI no apoyará el cierre de secretarías.
Noticia:
La bancada del PRI en el Senado no apoyará la propuesta de eliminar las secretarías de Turismo, ni de la Reforma Agraria, y sólo apostará a desaparecer la Secretaría de la Función Pública, mientras que en el PRD el asunto no se ve como una “prioridad”.
El senador de PRI, Adolfo Toledo Infanzón, informó que sólo apoyarán la desaparición de la secretaría de la Función Pública, del paquete enviado por el presidente Calderón.
Opinó que en el caso de la Reforma Agraria, esta dependencia podría mantenerse para reorientar algunas labores vitales del sector.
Dijo que el proyecto tendrá que ser discutido en las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.
“Ya hemos fijado posición, no estamos de acuerdo en la desaparición de Turismo. En el caso de la Reforma Agraria hay que revisarla, a lo mejor es necesaria una reorientación como coordinadora de funciones de la Reforma Agraria de algunos órganos que tienen que ver con el sector agrario. Como el Registro Agrario Nacional, como la Procuraduría Agraria, como el Coret, y en el caso específico de la Función Pública, creo que no tiene caso que exista”.
Se acaba el plazo
Esta semana ya es imposible que las comisiones en el Senado aprueben la desaparición de las secretarías; mientras tanto, la Cámara de Diputados tiene como plazo el domingo para aprobar el presupuesto 2010, el cual debe registrar la permanencia o no de esas instituciones.
Al respecto, Toledo Infanzón dijo que los recursos siguen existiendo y que la propuesta en los hechos contemplaba la desaparición de la oficina del secretario, y todas las subsecretarías y coordinaciones se transferían a la Secretaría de Economía, lo mismo que sucederá con la Reforma Agraria.
“Es una desaparición en el papel”, sentenció.
El senador del PRD, Tomás Torres, consideró que la propuesta del Ejecutivo no será aprobada, por lo que se mantendrán las tres secretarías.
Dijo que no es una prioridad en la agenda del Senado y que la Cámara de Diputados tendrá que asignarles presupuesto porque la desaparición no sería para 2010.
Aceptó que las opiniones se encuentran divididas, sobre todo en la permanencia o no de las secretarías de Turismo y de la Reforma Agraria.
Torres adelantó que no pasará la propuesta y por el momento podría quedar en la congeladora, pues hay otras prioridades como justicia penal, ley antisecuestro, y la ley de amparo.
El senador panista, Alejandro Zapata Perogordo, presidente de la comisión de Estudios Legislativos, adelantó que hasta la próxima semana buscarán sesionar en comisiones, junto con la de Gobernación, para avalar el proyecto de reforma.
El PAN apoya propuesta
Confirmó que la intención de su partido es apoyar la propuesta del presidente Felipe Calderón, de desaparecer las dependencias para 2010 por representar un ahorro.
“Nosotros tenemos que dictaminarla. No podemos estar con el término del presupuesto que es el día 15 de noviembre. Es obvio que ya no nos da tiempo, terminamos la miscelánea fiscal y ahora nos tenemos que meter en la iniciativa del presidente, donde desaparecen las tres secretarías, seguramente la semana que entra empezaremos a trabajar ya en un anteproyecto de dictamen. Es una situación compleja técnicamente, cada secretaría trae su propio grado, pero creo que debemos dictaminar las iniciativas propuestas por el presidente.
“La realidad de las cosas es que mientras no haya una reforma, la Cámara de Diputados tiene que sacar el presupuesto en términos normales, incluyéndolas porque existen, y si considera el Senado que deben desaparecer y trasladarse las facultades a otras secretarías, para eso son los artículos transitorios, para prever ese tipo de situaciones temporales. Ahí tendrían que considerarse si hay o no transferencias del presupuesto y cómo se hará”, dijo.
La bancada del PRI en el Senado no apoyará la propuesta de eliminar las secretarías de Turismo, ni de la Reforma Agraria, y sólo apostará a desaparecer la Secretaría de la Función Pública, mientras que en el PRD el asunto no se ve como una “prioridad”.
El senador de PRI, Adolfo Toledo Infanzón, informó que sólo apoyarán la desaparición de la secretaría de la Función Pública, del paquete enviado por el presidente Calderón.
Opinó que en el caso de la Reforma Agraria, esta dependencia podría mantenerse para reorientar algunas labores vitales del sector.
Dijo que el proyecto tendrá que ser discutido en las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.
“Ya hemos fijado posición, no estamos de acuerdo en la desaparición de Turismo. En el caso de la Reforma Agraria hay que revisarla, a lo mejor es necesaria una reorientación como coordinadora de funciones de la Reforma Agraria de algunos órganos que tienen que ver con el sector agrario. Como el Registro Agrario Nacional, como la Procuraduría Agraria, como el Coret, y en el caso específico de la Función Pública, creo que no tiene caso que exista”.
Se acaba el plazo
Esta semana ya es imposible que las comisiones en el Senado aprueben la desaparición de las secretarías; mientras tanto, la Cámara de Diputados tiene como plazo el domingo para aprobar el presupuesto 2010, el cual debe registrar la permanencia o no de esas instituciones.
Al respecto, Toledo Infanzón dijo que los recursos siguen existiendo y que la propuesta en los hechos contemplaba la desaparición de la oficina del secretario, y todas las subsecretarías y coordinaciones se transferían a la Secretaría de Economía, lo mismo que sucederá con la Reforma Agraria.
“Es una desaparición en el papel”, sentenció.
El senador del PRD, Tomás Torres, consideró que la propuesta del Ejecutivo no será aprobada, por lo que se mantendrán las tres secretarías.
Dijo que no es una prioridad en la agenda del Senado y que la Cámara de Diputados tendrá que asignarles presupuesto porque la desaparición no sería para 2010.
Aceptó que las opiniones se encuentran divididas, sobre todo en la permanencia o no de las secretarías de Turismo y de la Reforma Agraria.
Torres adelantó que no pasará la propuesta y por el momento podría quedar en la congeladora, pues hay otras prioridades como justicia penal, ley antisecuestro, y la ley de amparo.
El senador panista, Alejandro Zapata Perogordo, presidente de la comisión de Estudios Legislativos, adelantó que hasta la próxima semana buscarán sesionar en comisiones, junto con la de Gobernación, para avalar el proyecto de reforma.
El PAN apoya propuesta
Confirmó que la intención de su partido es apoyar la propuesta del presidente Felipe Calderón, de desaparecer las dependencias para 2010 por representar un ahorro.
“Nosotros tenemos que dictaminarla. No podemos estar con el término del presupuesto que es el día 15 de noviembre. Es obvio que ya no nos da tiempo, terminamos la miscelánea fiscal y ahora nos tenemos que meter en la iniciativa del presidente, donde desaparecen las tres secretarías, seguramente la semana que entra empezaremos a trabajar ya en un anteproyecto de dictamen. Es una situación compleja técnicamente, cada secretaría trae su propio grado, pero creo que debemos dictaminar las iniciativas propuestas por el presidente.
“La realidad de las cosas es que mientras no haya una reforma, la Cámara de Diputados tiene que sacar el presupuesto en términos normales, incluyéndolas porque existen, y si considera el Senado que deben desaparecer y trasladarse las facultades a otras secretarías, para eso son los artículos transitorios, para prever ese tipo de situaciones temporales. Ahí tendrían que considerarse si hay o no transferencias del presupuesto y cómo se hará”, dijo.
Exigen no subsidiar ProÁrbol ni Procampo.
Noticia:
Analistas, organismos empresariales y partidos demandaron la eliminación de programas sociales que no han funcionado, “y aquellos que continúen deben ser auditados y su padrón depurado”.
El especialista del Tecnológico de Monterrey, José Luis de la Cruz, advirtió que la petición de recursos para programas cuestionados —como ProÁrbol y Procampo— representa una falta de evaluación de sus resultados.
Para el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Pedro Núñez, los programas que deben ser apoyados son aquellos que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha demostrado que son efectivos.
Mauricio Merino, autor del análisis Los programas de subsidios al campo: Las razones y las sinrazones de una política mal diseñada, no consideró necesaria la desaparición de Procampo y ProÁrbol, pero exigió su corrección para conjurar el riesgo de que terminen capturados por los intereses de quienes se han adueñado de la mayor parte de esos subsidios: “Se debe evitar que los recursos de Procampo sean capturados por quienes no necesitan ese dinero para producir ni para salir adelante, al tiempo de limpiarlo de corruptelas y mantenerlo vigente”.
En enero y julio de este año la Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL publicó datos sobre la ineficiencia, irregularidades y corrupción que se presenta en los dos programas citados.
Para el presupuesto del año próximo, el gobierno federal pretende canalizar a ProÁrbol y Procampo más de 22 mil millones de pesos.
“Lo que debe proceder es que cada programa sea ampliado, eliminado o reducido en función de sus resultados”, apuntó el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Foncerrada.
Eugenio Salinas, del Consejo Mexicano de la Carne, mencionó que esos apoyos deben mantenerse con la condición de que sean perfectamente auditables y de que el padrón de beneficiarios sea depurado.
En el Senado, el priísta Heladio Ramírez López, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, dijo que los recursos deben estar supeditados a resultados positivos; además, “debe haber mucha transparencia”.
El perredista Rubén Velázquez y el coordinador del Partido Verde en la Cámara alta, Jorge Legorreta, afirmaron que están a favor de entregar recursos, pero debe ser requisito imponer candados a la entrega de dinero.
Analistas, organismos empresariales y partidos demandaron la eliminación de programas sociales que no han funcionado, “y aquellos que continúen deben ser auditados y su padrón depurado”.
El especialista del Tecnológico de Monterrey, José Luis de la Cruz, advirtió que la petición de recursos para programas cuestionados —como ProÁrbol y Procampo— representa una falta de evaluación de sus resultados.
Para el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Pedro Núñez, los programas que deben ser apoyados son aquellos que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha demostrado que son efectivos.
Mauricio Merino, autor del análisis Los programas de subsidios al campo: Las razones y las sinrazones de una política mal diseñada, no consideró necesaria la desaparición de Procampo y ProÁrbol, pero exigió su corrección para conjurar el riesgo de que terminen capturados por los intereses de quienes se han adueñado de la mayor parte de esos subsidios: “Se debe evitar que los recursos de Procampo sean capturados por quienes no necesitan ese dinero para producir ni para salir adelante, al tiempo de limpiarlo de corruptelas y mantenerlo vigente”.
En enero y julio de este año la Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL publicó datos sobre la ineficiencia, irregularidades y corrupción que se presenta en los dos programas citados.
Para el presupuesto del año próximo, el gobierno federal pretende canalizar a ProÁrbol y Procampo más de 22 mil millones de pesos.
“Lo que debe proceder es que cada programa sea ampliado, eliminado o reducido en función de sus resultados”, apuntó el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Foncerrada.
Eugenio Salinas, del Consejo Mexicano de la Carne, mencionó que esos apoyos deben mantenerse con la condición de que sean perfectamente auditables y de que el padrón de beneficiarios sea depurado.
En el Senado, el priísta Heladio Ramírez López, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, dijo que los recursos deben estar supeditados a resultados positivos; además, “debe haber mucha transparencia”.
El perredista Rubén Velázquez y el coordinador del Partido Verde en la Cámara alta, Jorge Legorreta, afirmaron que están a favor de entregar recursos, pero debe ser requisito imponer candados a la entrega de dinero.
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