Noticia:
La pornografía infantil registra un constante aumento en internet y otras plataformas, como los teléfonos móviles, y se calcula que unos 750 mil pederastas en el mundo están conectados permanentemente a la red, según revela un informe presentado ayer en Naciones Unidas.
La relatora de la ONU sobre venta, prostitución y pornografía infantil, Najat M’jid Maala, desveló cifras alarmantes sobre el desarrollo de este lucrativo crimen, al señalar que se estima que existen 4 millones de sitios web con contenidos pornográficos y que exponen a niños. Se trata de un fenómeno que ha drivado en una verdadera industria del delito, que genera “miles de millones de dólares” y que cada vez se extiende más debido al acceso generalizado de las poblaciones a las nuevas tecnologías.
Con los datos parciales de los que se dispone, se cree que la producción y distribución de imágenes pornográficas criminales abusando de niños podrían representar un negocio de hasta 20 mil millones de dólares por año.
La experta de Naciones Unidas explicó que uno de los mayores puntos débiles en la lucha contra la pornografía por internet u otras plataformas de comunicación es que todavía no está criminalizado a nivel internacional.
“Si hay diferentes legislaciones nacionales, entonces los pederastas pueden burlar las leyes utilizando niños de otros países”, sostuvo. Según las investigaciones realizadas por M’jid Maala, el número de “imágenes de explotación (sexual) grave de niños se cuadruplicó entre 2003 y 2007”. De otra parte, la relatora alertó del gran aumento del grooming, como se denomina a las acciones de adultos por entablar contacto con niños en internet, especialmente a través de las redes sociales y foros de discusión, una cuestión que aún no está considerada en las legislaciones.
Comentó el caso de una investigación realizada recientemente por la Policía británica, en la que un agente creó el perfil de una atractiva adolescente en una red social, que fue contactada por una treintena de pederastas y recibió 12 invitaciones para encuentros personales.
Esta situación, en su conjunto, “ofrece a los niños un modelo perverso de sexualidad”, por lo que consideró que no sólo es necesario “bloquear” el acceso a esos sitios, sino “educar y sensibilizar a niños y adolescentes” sobre los riesgos que corren. Maala se mostró contraria a colocar en internet fotografías de menores y recordó que “una foto que aparece en la red ya no le pertenece más (ni a la persona que la colgó ni a la que aparece en ella) y puede ser utilizada para montajes”. La lucha contra este tipo de crimen es muy difícil porque, entre otras cosas, requiere de medios tecnológicos, de información actualizada de los servidores que albergan los sitios pedopornográficos y una especialización policiaca en delitos cibernéticos.
viernes, 18 de septiembre de 2009
El muro cuesta caro y no es claro si sirve.
Noticia:
El gobierno de Estados Unidos calcula que el mantenimiento del muro en la frontera con México costará a los contribuyentes 6 mil 500 millones de dólares en los próximos 20 años, y que no está clara su eficacia contra la inmigración ilegal, de acuerdo con un informe que fue divulgado ayer.
El documento de la Oficina de la Contraloría (GAO, por sus siglas en inglés), difundido durante una audiencia en la Cámara de Representantes, establece que esa cifra no incluye el costo de construcción del muro, calculado en 2 mil 400 millones de dólares.
“Pese a esa inversión, la Oficina de Fronteras y Aduanas (CBP) no puede relatar por separado el impacto de la infraestructura”, dijo la GAO. La CBP ha completado un análisis sobre los tramos de la frontera en que sería más conveniente el muro en vez de otros métodos de contención, pero lo ha hecho principalmente a través de la información de agentes de la Patrulla Fronteriza.
“Hasta que la CBP determine cómo contribuye la infraestructura táctica (muro) a la seguridad fronteriza, no puede abordar el impacto de esta inversión”, señaló el informe.
El análisis, de 47 páginas, señala además que persisten las demoras en el despliegue de alta tecnología para mejorar la vigilancia fronteriza.
Estaba previsto que la instalación de esta tecnología debía terminar para finales del año fiscal en curso, pero ahora la fecha se ha postergado hasta 2016. “Como resultado de estas demoras, los agentes de la Patrulla Fronteriza continúan utilizando tecnologías que tienen limitaciones, como problemas de funcionamiento y mantenimiento”, dijo el informe.
Citó como ejemplo que a lo largo de la frontera suroeste, la Patrulla Fronteriza depende de cámaras montadas en torres de vigilancia que afrontan “problemas intermitentes”, e incluso pérdida de señal.
El informe de la GAO es “preocupante” y tanto el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como la empresa Boeing (a cargo del proyecto) tienen “un trecho considerable por recorrer para el despliegue de una eficaz tecnología e infraestructura para la seguridad fronteriza”, señaló Bennie G. Thompson, presidente del Comité de Seguridad Nacional.
La GAO, que es el brazo investigador del Congreso, indicó que, aunque el despliegue de la “infraestructura táctica” está casi completo, “su impacto en la seguridad fronteriza no se ha medido”. Para junio de 2009, se habían completado mil del total de mil 63 kilómetros de muro que debe construirse a lo largo de la frontera sur, según la agencia federal.
Hasta el 14 de mayo se habían registrado 3 mil 363 infracciones en la cerca, la reparación de cada una de las cuales cuesta unos mil 300 dólares, según la oficina.
La construcción del muro ha causado fricciones entre Estados Unidos y México.
El gobierno de Estados Unidos calcula que el mantenimiento del muro en la frontera con México costará a los contribuyentes 6 mil 500 millones de dólares en los próximos 20 años, y que no está clara su eficacia contra la inmigración ilegal, de acuerdo con un informe que fue divulgado ayer.
El documento de la Oficina de la Contraloría (GAO, por sus siglas en inglés), difundido durante una audiencia en la Cámara de Representantes, establece que esa cifra no incluye el costo de construcción del muro, calculado en 2 mil 400 millones de dólares.
“Pese a esa inversión, la Oficina de Fronteras y Aduanas (CBP) no puede relatar por separado el impacto de la infraestructura”, dijo la GAO. La CBP ha completado un análisis sobre los tramos de la frontera en que sería más conveniente el muro en vez de otros métodos de contención, pero lo ha hecho principalmente a través de la información de agentes de la Patrulla Fronteriza.
“Hasta que la CBP determine cómo contribuye la infraestructura táctica (muro) a la seguridad fronteriza, no puede abordar el impacto de esta inversión”, señaló el informe.
El análisis, de 47 páginas, señala además que persisten las demoras en el despliegue de alta tecnología para mejorar la vigilancia fronteriza.
Estaba previsto que la instalación de esta tecnología debía terminar para finales del año fiscal en curso, pero ahora la fecha se ha postergado hasta 2016. “Como resultado de estas demoras, los agentes de la Patrulla Fronteriza continúan utilizando tecnologías que tienen limitaciones, como problemas de funcionamiento y mantenimiento”, dijo el informe.
Citó como ejemplo que a lo largo de la frontera suroeste, la Patrulla Fronteriza depende de cámaras montadas en torres de vigilancia que afrontan “problemas intermitentes”, e incluso pérdida de señal.
El informe de la GAO es “preocupante” y tanto el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como la empresa Boeing (a cargo del proyecto) tienen “un trecho considerable por recorrer para el despliegue de una eficaz tecnología e infraestructura para la seguridad fronteriza”, señaló Bennie G. Thompson, presidente del Comité de Seguridad Nacional.
La GAO, que es el brazo investigador del Congreso, indicó que, aunque el despliegue de la “infraestructura táctica” está casi completo, “su impacto en la seguridad fronteriza no se ha medido”. Para junio de 2009, se habían completado mil del total de mil 63 kilómetros de muro que debe construirse a lo largo de la frontera sur, según la agencia federal.
Hasta el 14 de mayo se habían registrado 3 mil 363 infracciones en la cerca, la reparación de cada una de las cuales cuesta unos mil 300 dólares, según la oficina.
La construcción del muro ha causado fricciones entre Estados Unidos y México.
Ye Gon debe dar pruebas para impedir extradición.
Noticia:
Al considerar que el caso del empresario de origen chino y nacionalizado mexicano, Zhenli Ye Gon, es uno “con circunstancias únicas”, el juez John M. Facciola concedió ayer 20 días hábiles a su defensa para que ésta pueda recabar información y presentar una moción en favor de su libertad y contra la petición de extradición que ha presentado el gobierno de México.
La esperada audiencia para debatir la extradición de Zhenli Ye Gon, se convirtió ayer en un animada escaramuza legal entre una fiscalía que tiene ante sí la complicada misión de entregar al gobierno mexicano a un acusado que ya ha sido exonerado por la justicia de Estados Unidos, y una defensa que no desaprovechó su primera intervención para tratar de poner en evidencia la poca credibilidad y la corrupción del sistema judicial mexicano que, aseguraron, dificultarían un “proceso debido” a su defendido en caso de ser extraditado.
A manera de ejemplo, los abogados de la defensa cuestionaron la credibilidad de quienes instruyeron el caso contra Ye Gon desde México y apuntaron directamente contra Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y Jorge Joaquín Díaz López, ex coordinador de investigaciones de la SIEDO, ambos despedidos acusados de corrupción o por sus vínculos con el narco.
“El hecho de que el fiscal que ejecutó la declaración jurada en la que se apoya la petición de extradición haya sido acusado de corrupción levanta dudas sobre la credibilidad del proceso”, arguyó el abogado Manuel Retureta. En una audiencia que duró poco más de una hora, el juez Facciola escuchó además el argumento de la defensa que se quejó de que el gobierno de Estados Unidos había tenido en su posesión y durante aproximadamente 18 meses evidencia que habría permitido exculpar a Zhenli Ye Gon antes de que el juez Emmet Sullivan decidiera finalmente desestimar las acusaciones en su contra el pasado 28 de agosto.
Las argumentaciones de la defensa encontraron, sin embargo, la fulminante respuesta de la fiscal, Valinda Jones, quien se negó a permitir que el proceso de extradición sea aprovechado por la defensa para tratar de entrar en el fondo judicial del asunto y para distraer la atención de los medios de comunicación para cuestionar la credibilidad de las autoridades mexicanas.
“No podemos pretender que la justicia de EU imponga estándares a la justicia mexicana”, aseveró Jones al insistir, además, en que la obligación de la justicia es respetar el Tratado de Extradición que se tiene con México.
Al considerar que el caso del empresario de origen chino y nacionalizado mexicano, Zhenli Ye Gon, es uno “con circunstancias únicas”, el juez John M. Facciola concedió ayer 20 días hábiles a su defensa para que ésta pueda recabar información y presentar una moción en favor de su libertad y contra la petición de extradición que ha presentado el gobierno de México.
La esperada audiencia para debatir la extradición de Zhenli Ye Gon, se convirtió ayer en un animada escaramuza legal entre una fiscalía que tiene ante sí la complicada misión de entregar al gobierno mexicano a un acusado que ya ha sido exonerado por la justicia de Estados Unidos, y una defensa que no desaprovechó su primera intervención para tratar de poner en evidencia la poca credibilidad y la corrupción del sistema judicial mexicano que, aseguraron, dificultarían un “proceso debido” a su defendido en caso de ser extraditado.
A manera de ejemplo, los abogados de la defensa cuestionaron la credibilidad de quienes instruyeron el caso contra Ye Gon desde México y apuntaron directamente contra Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y Jorge Joaquín Díaz López, ex coordinador de investigaciones de la SIEDO, ambos despedidos acusados de corrupción o por sus vínculos con el narco.
“El hecho de que el fiscal que ejecutó la declaración jurada en la que se apoya la petición de extradición haya sido acusado de corrupción levanta dudas sobre la credibilidad del proceso”, arguyó el abogado Manuel Retureta. En una audiencia que duró poco más de una hora, el juez Facciola escuchó además el argumento de la defensa que se quejó de que el gobierno de Estados Unidos había tenido en su posesión y durante aproximadamente 18 meses evidencia que habría permitido exculpar a Zhenli Ye Gon antes de que el juez Emmet Sullivan decidiera finalmente desestimar las acusaciones en su contra el pasado 28 de agosto.
Las argumentaciones de la defensa encontraron, sin embargo, la fulminante respuesta de la fiscal, Valinda Jones, quien se negó a permitir que el proceso de extradición sea aprovechado por la defensa para tratar de entrar en el fondo judicial del asunto y para distraer la atención de los medios de comunicación para cuestionar la credibilidad de las autoridades mexicanas.
“No podemos pretender que la justicia de EU imponga estándares a la justicia mexicana”, aseveró Jones al insistir, además, en que la obligación de la justicia es respetar el Tratado de Extradición que se tiene con México.
AI solicita al gobierno reparar daño a Jacinta.
Noticia:
Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí que estuvo presa tres años por supuesto secuestro de seis federales, dijo que aún cree en la justicia, pero hay muchos casos como el suyo, entre ellos, el de sus coacusadas Teresa González y Alberta Alcántara.
“En mi caso se hizo justicia, pero hay muchos todavía como el mío”, dijo en conferencia de prensa, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que llevó su defensa.
Acompañada de su esposo y dos de sus hijos, Jacinta manifestó su deseo de que sus compañeras, también de la etnia otomí, sean liberadas pronto, porque están presas injustamente.
Al respecto, Amnistía Internacional (AI) celebró la liberación de Jacinta, pero hizo un llamado al gobierno mexicano a hacer una revisión completa e imparcial de su proceso, que repare el daño causado e incluya a Teresa González y Alberta Alcántara.
Un día después de ser liberada, y acompañada de su esposo y dos de sus hijos, Jacinta explicó que los tres años que pasó en prisión fueron muy difíciles, sobre todo por su condición de indígena y la separación de su familia.
“Los primeros días, lloraba mucho, me sentía muy triste. Una de mis compañeras me trató mal, porque era indígena y era pobre. Eso nunca se me va a olvidar”, relató entre lágrimas.
Luis Arriaga, director del Centro Pro, y Leopoldo Maldonado, uno de sus abogados, dijeron que el caso de Jacinta muestra las deficiencias del sistema de procuración de justicia y la visión restringida que se tiene de los derechos de los pueblos indígenas.
Irregularidades del proceso
Entre las anomalías del proceso, Arriaga destacó la violación de los derechos de Jacinta a un traductor y el principio de presunción de inocencia, ya que fue juzgada en español, un idioma que no conocía, y enfrentó el proceso completo en prisión.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que la liberación de Jacinta es apenas un componente de la justicia esperada en su caso, y debe incluir la reparación integral del daño, la no repetición de los hechos y la sanción de los responsables de su encarcelamiento.
Andrés Díaz, otro de los abogados del organismo, reconoció que para obtener la reparación del daño la Procuraduría General de la República (PGR) tendría que reconocer plenamente la inocencia de Jacinta y las irregularidades que llevaron a su detención y enjuiciamiento.
El Centro Pro exigió también la liberación de sus coacusadas, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron inculpadas y puestas en proceso judicial “de un secuestro que nunca existió” con las mismas pruebas con que se inculpó a Jacinta.
Las tres mujeres indígenas, fueron acusadas de secuestrar a seis policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) en Querétaro, luego de que el 26 de marzo de 2006 un grupo de uniformados realizó un operativo en el tianguis del centro de Santiago Mexquititlán.
El operativo, realizado sin orden de cateo, se salió de todo tipo de control, generándose una confrontación entre los comerciantes y los policías, que concluyó con un convenio de conciliación. Sin embargo, cinco meses después, los agentes acusaron a las indígenas de secuestrarlos.
Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí que estuvo presa tres años por supuesto secuestro de seis federales, dijo que aún cree en la justicia, pero hay muchos casos como el suyo, entre ellos, el de sus coacusadas Teresa González y Alberta Alcántara.
“En mi caso se hizo justicia, pero hay muchos todavía como el mío”, dijo en conferencia de prensa, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que llevó su defensa.
Acompañada de su esposo y dos de sus hijos, Jacinta manifestó su deseo de que sus compañeras, también de la etnia otomí, sean liberadas pronto, porque están presas injustamente.
Al respecto, Amnistía Internacional (AI) celebró la liberación de Jacinta, pero hizo un llamado al gobierno mexicano a hacer una revisión completa e imparcial de su proceso, que repare el daño causado e incluya a Teresa González y Alberta Alcántara.
Un día después de ser liberada, y acompañada de su esposo y dos de sus hijos, Jacinta explicó que los tres años que pasó en prisión fueron muy difíciles, sobre todo por su condición de indígena y la separación de su familia.
“Los primeros días, lloraba mucho, me sentía muy triste. Una de mis compañeras me trató mal, porque era indígena y era pobre. Eso nunca se me va a olvidar”, relató entre lágrimas.
Luis Arriaga, director del Centro Pro, y Leopoldo Maldonado, uno de sus abogados, dijeron que el caso de Jacinta muestra las deficiencias del sistema de procuración de justicia y la visión restringida que se tiene de los derechos de los pueblos indígenas.
Irregularidades del proceso
Entre las anomalías del proceso, Arriaga destacó la violación de los derechos de Jacinta a un traductor y el principio de presunción de inocencia, ya que fue juzgada en español, un idioma que no conocía, y enfrentó el proceso completo en prisión.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que la liberación de Jacinta es apenas un componente de la justicia esperada en su caso, y debe incluir la reparación integral del daño, la no repetición de los hechos y la sanción de los responsables de su encarcelamiento.
Andrés Díaz, otro de los abogados del organismo, reconoció que para obtener la reparación del daño la Procuraduría General de la República (PGR) tendría que reconocer plenamente la inocencia de Jacinta y las irregularidades que llevaron a su detención y enjuiciamiento.
El Centro Pro exigió también la liberación de sus coacusadas, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron inculpadas y puestas en proceso judicial “de un secuestro que nunca existió” con las mismas pruebas con que se inculpó a Jacinta.
Las tres mujeres indígenas, fueron acusadas de secuestrar a seis policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) en Querétaro, luego de que el 26 de marzo de 2006 un grupo de uniformados realizó un operativo en el tianguis del centro de Santiago Mexquititlán.
El operativo, realizado sin orden de cateo, se salió de todo tipo de control, generándose una confrontación entre los comerciantes y los policías, que concluyó con un convenio de conciliación. Sin embargo, cinco meses después, los agentes acusaron a las indígenas de secuestrarlos.
INAH limpia pinturas de hace mil años dañadas con grafiti.
Noticia:
Las autoridades mexicanas anunciaron hoy que han limpiado unas pinturas rupestres de mil años de antigüedad que habían sido dañadas con grafiti por vándalos en la zona de Cataviñá en el estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos, informaron fuentes oficiales.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) explicó en un comunicado que sus especialistas restauraron estos vestigios con diseños geométricos y figuras antropomorfas considerados los más importantes de la zona, testimonio de los pueblos primitivos que habitaron la península de Baja California hace siglos.
El INAH precisó que los trabajos de restauración se desarrollaron hace unas semanas y estuvieron a cargo del arqueólogo Juan Martín Rojas y la restauradora Mónika Pérez, del Museo Nacional de Antropología.
Los expertos trabajaron en la eliminación casi total de la tinta negra aplicada por los vándalos sobre las antiguas manifestaciones plasmadas sobre los frentes rocosos, que se vinculan a grupos aborígenes cochimíes.
Por su parte, la arqueóloga Julia Bendímez, directora del Centro INAH-Baja California, informó que se trata de alrededor de 50 manifestaciones artísticas rupestres resguardadas en el Desierto Central de Baja California, en las cercanías de la carretera transpeninsular Ensenada-La Paz.
Las pinturas son esquemáticas, elaboradas en colores rojo, blanco, negro y amarillo, de tamaño es variable, pero no sobrepasan los 50 centímetros.
Entre ellas se pueden apreciar representaciones alusivas a la llegada de los conquistadores españoles.
Bendímiz comentó que las pinturas de Cataviñá son muy conocidas por los viajeros del Desierto Central de Baja California, debido a que son de fácil acceso desde la carretera transpeninsular, lo que al mismo tiempo las hizo vulnerables.
La arqueóloga indicó que aunque la mayoría de las pinturas datan de hace diez siglos, hay zonas donde algunas están sobrepuestas a otras más antiguas.
Las autoridades mexicanas anunciaron hoy que han limpiado unas pinturas rupestres de mil años de antigüedad que habían sido dañadas con grafiti por vándalos en la zona de Cataviñá en el estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos, informaron fuentes oficiales.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) explicó en un comunicado que sus especialistas restauraron estos vestigios con diseños geométricos y figuras antropomorfas considerados los más importantes de la zona, testimonio de los pueblos primitivos que habitaron la península de Baja California hace siglos.
El INAH precisó que los trabajos de restauración se desarrollaron hace unas semanas y estuvieron a cargo del arqueólogo Juan Martín Rojas y la restauradora Mónika Pérez, del Museo Nacional de Antropología.
Los expertos trabajaron en la eliminación casi total de la tinta negra aplicada por los vándalos sobre las antiguas manifestaciones plasmadas sobre los frentes rocosos, que se vinculan a grupos aborígenes cochimíes.
Por su parte, la arqueóloga Julia Bendímez, directora del Centro INAH-Baja California, informó que se trata de alrededor de 50 manifestaciones artísticas rupestres resguardadas en el Desierto Central de Baja California, en las cercanías de la carretera transpeninsular Ensenada-La Paz.
Las pinturas son esquemáticas, elaboradas en colores rojo, blanco, negro y amarillo, de tamaño es variable, pero no sobrepasan los 50 centímetros.
Entre ellas se pueden apreciar representaciones alusivas a la llegada de los conquistadores españoles.
Bendímiz comentó que las pinturas de Cataviñá son muy conocidas por los viajeros del Desierto Central de Baja California, debido a que son de fácil acceso desde la carretera transpeninsular, lo que al mismo tiempo las hizo vulnerables.
La arqueóloga indicó que aunque la mayoría de las pinturas datan de hace diez siglos, hay zonas donde algunas están sobrepuestas a otras más antiguas.
Querétaro al alza en número de suicidios.
Noticia:
Querétaro es el estado con la tasa de crecimiento más alta del país por cuanto hace a suicidios, colocándose en el cuarto lugar en niños menores de 15 años, en el período de 2001 a 2007.
Investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) advirtieron que en los últimos años se han incremento los suicidios en niños y mujeres, en comunidades de alta marginalidad que en otras décadas no tenían este tipo de casos.
Amealco, Tolimán, Huimilpan y Pedro Escobedo son los municipios con mayor índice de muertes por esta causa, destacó el psicólogo Marco Antonio Macías López y la doctora Araceli Colín Cabrera.
Ambos investigadores dieron a conocer lo anterior, que forma parte de las conclusiones de un estudio pionero denominado "Accidentes, enfermedad y suicidio de menores en el Estado de Querétaro".
En este trabajo también se consigna que de todas las niñas del estado, son las indígenas de Amealco las que presentan la proporción más alta entre suicidio masculino y femenino, incluso superando la media nacional.
De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por Macías y Colín, la media nacional de suicidio es un femenino por cada ocho masculinos.
Sin embargo, en Amealco son seis en mujeres por cada ocho en hombres, y la forma más frecuente es el ahorcamiento, seguida del uso del arma de fuego.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Querétaro es el estado con la tasa de crecimiento más alta del país de dicho fenómeno, al tiempo que ocupa el cuarto lugar en niños menores de 15 años en el período de 2001 a 2007.
"Este acto es uno de los principales fenómenos que revelan el grado de deterioro moral de la sociedad y la destrucción del tejido social. En menores revela, además, la falta de esperanza que perciben los niños y jóvenes para tener un lugar tanto familiar como social que les permita dar sentido a su vida", expresó Colín Cabrera.
Querétaro es el estado con la tasa de crecimiento más alta del país por cuanto hace a suicidios, colocándose en el cuarto lugar en niños menores de 15 años, en el período de 2001 a 2007.
Investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) advirtieron que en los últimos años se han incremento los suicidios en niños y mujeres, en comunidades de alta marginalidad que en otras décadas no tenían este tipo de casos.
Amealco, Tolimán, Huimilpan y Pedro Escobedo son los municipios con mayor índice de muertes por esta causa, destacó el psicólogo Marco Antonio Macías López y la doctora Araceli Colín Cabrera.
Ambos investigadores dieron a conocer lo anterior, que forma parte de las conclusiones de un estudio pionero denominado "Accidentes, enfermedad y suicidio de menores en el Estado de Querétaro".
En este trabajo también se consigna que de todas las niñas del estado, son las indígenas de Amealco las que presentan la proporción más alta entre suicidio masculino y femenino, incluso superando la media nacional.
De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por Macías y Colín, la media nacional de suicidio es un femenino por cada ocho masculinos.
Sin embargo, en Amealco son seis en mujeres por cada ocho en hombres, y la forma más frecuente es el ahorcamiento, seguida del uso del arma de fuego.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Querétaro es el estado con la tasa de crecimiento más alta del país de dicho fenómeno, al tiempo que ocupa el cuarto lugar en niños menores de 15 años en el período de 2001 a 2007.
"Este acto es uno de los principales fenómenos que revelan el grado de deterioro moral de la sociedad y la destrucción del tejido social. En menores revela, además, la falta de esperanza que perciben los niños y jóvenes para tener un lugar tanto familiar como social que les permita dar sentido a su vida", expresó Colín Cabrera.
Desde 2007 se alertó inundación, aseguran.
Noticia:
El ex director de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán (Sapasa), Enrique Espinosa Olivar, manifestó desde 2007 a funcionarios de la Comisión Nacional del Agua su “inquietud por la disminución de la capacidad de conducción”, lo que originaba inundaciones en el municipio.
En oficio dirigido a José Luis Luege Tamargo, director general de Conagua, el ex director de Sapasa señaló que desde agosto de 2007 entregó fotografías sobre el azolve que obstruía el cauce del Emisor Poniente, en su derivación “Mario Colín”, por lo que solicitó trabajos urgentes de desazolve en la obra, “que representa un riesgo de inundación”.
Conagua respondió a Sapasa el 10 de julio de 2008 que el Emisor Poniente “tiene una capacidad hidráulica de más de 80% libre de azolve”; el oficio fue firmado por Efrén Villalón Figaredo, director del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.
Documentaron riesgos
El ex director de Sapasa acompañó su oficio con fotografías que mostraban el nivel de azolve, es decir tierra lodo y basura que cubría casi la mitad del tubo que conforma el Emisor Poniente.
El funcionario de Conagua, respondió que la sección de Emisor Poniente “no es circular sino es tipo herradura”.
Al tiempo que informó que tenía programado llevar a cabo el desazolve de 2008, obras que los organismos municipales del agua, tanto de los ayuntamientos de Tlalnepantla como de Atizapán desconocen si se llevaron a cabo estos trabajos de limpieza y mantenimiento del cauce.
Entre otras causas porque las nuevas autoridades de Sapasa y del organismo de agua de Tlalnepantla, asumieron sus cargos el 17 de agosto pasado, 20 días antes de la inundación que afectó 2 mil 500 familias de Valle Dorado por la ruptura del emisor.
EL UNIVERSAL solicitó la versión de autoridades del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de Conagua, sobre dichos oficios, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.
Urgen revisar causas
Se tendrá que realizar de forma urgente un proceso de revisión en los ocho kilómetros que tiene el Emisor Poniente, para poder detectar cualquier otro tipo de riesgo que pudiera existir en dicho sistema de conducción de agua, sostuvo David Korenfeld Federan, titular de la Secretaría del Agua estatal.
El funcionario dijo que se ordenó la realización de un peritaje que permitirá determinar que ocasionó la fractura en el Emisor Oriente en días pasados.
El ex director de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán (Sapasa), Enrique Espinosa Olivar, manifestó desde 2007 a funcionarios de la Comisión Nacional del Agua su “inquietud por la disminución de la capacidad de conducción”, lo que originaba inundaciones en el municipio.
En oficio dirigido a José Luis Luege Tamargo, director general de Conagua, el ex director de Sapasa señaló que desde agosto de 2007 entregó fotografías sobre el azolve que obstruía el cauce del Emisor Poniente, en su derivación “Mario Colín”, por lo que solicitó trabajos urgentes de desazolve en la obra, “que representa un riesgo de inundación”.
Conagua respondió a Sapasa el 10 de julio de 2008 que el Emisor Poniente “tiene una capacidad hidráulica de más de 80% libre de azolve”; el oficio fue firmado por Efrén Villalón Figaredo, director del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.
Documentaron riesgos
El ex director de Sapasa acompañó su oficio con fotografías que mostraban el nivel de azolve, es decir tierra lodo y basura que cubría casi la mitad del tubo que conforma el Emisor Poniente.
El funcionario de Conagua, respondió que la sección de Emisor Poniente “no es circular sino es tipo herradura”.
Al tiempo que informó que tenía programado llevar a cabo el desazolve de 2008, obras que los organismos municipales del agua, tanto de los ayuntamientos de Tlalnepantla como de Atizapán desconocen si se llevaron a cabo estos trabajos de limpieza y mantenimiento del cauce.
Entre otras causas porque las nuevas autoridades de Sapasa y del organismo de agua de Tlalnepantla, asumieron sus cargos el 17 de agosto pasado, 20 días antes de la inundación que afectó 2 mil 500 familias de Valle Dorado por la ruptura del emisor.
EL UNIVERSAL solicitó la versión de autoridades del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de Conagua, sobre dichos oficios, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.
Urgen revisar causas
Se tendrá que realizar de forma urgente un proceso de revisión en los ocho kilómetros que tiene el Emisor Poniente, para poder detectar cualquier otro tipo de riesgo que pudiera existir en dicho sistema de conducción de agua, sostuvo David Korenfeld Federan, titular de la Secretaría del Agua estatal.
El funcionario dijo que se ordenó la realización de un peritaje que permitirá determinar que ocasionó la fractura en el Emisor Oriente en días pasados.
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