Noticia:
Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí que estuvo presa tres años por supuesto secuestro de seis federales, dijo que aún cree en la justicia, pero hay muchos casos como el suyo, entre ellos, el de sus coacusadas Teresa González y Alberta Alcántara.
“En mi caso se hizo justicia, pero hay muchos todavía como el mío”, dijo en conferencia de prensa, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que llevó su defensa.
Acompañada de su esposo y dos de sus hijos, Jacinta manifestó su deseo de que sus compañeras, también de la etnia otomí, sean liberadas pronto, porque están presas injustamente.
Al respecto, Amnistía Internacional (AI) celebró la liberación de Jacinta, pero hizo un llamado al gobierno mexicano a hacer una revisión completa e imparcial de su proceso, que repare el daño causado e incluya a Teresa González y Alberta Alcántara.
Un día después de ser liberada, y acompañada de su esposo y dos de sus hijos, Jacinta explicó que los tres años que pasó en prisión fueron muy difíciles, sobre todo por su condición de indígena y la separación de su familia.
“Los primeros días, lloraba mucho, me sentía muy triste. Una de mis compañeras me trató mal, porque era indígena y era pobre. Eso nunca se me va a olvidar”, relató entre lágrimas.
Luis Arriaga, director del Centro Pro, y Leopoldo Maldonado, uno de sus abogados, dijeron que el caso de Jacinta muestra las deficiencias del sistema de procuración de justicia y la visión restringida que se tiene de los derechos de los pueblos indígenas.
Irregularidades del proceso
Entre las anomalías del proceso, Arriaga destacó la violación de los derechos de Jacinta a un traductor y el principio de presunción de inocencia, ya que fue juzgada en español, un idioma que no conocía, y enfrentó el proceso completo en prisión.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que la liberación de Jacinta es apenas un componente de la justicia esperada en su caso, y debe incluir la reparación integral del daño, la no repetición de los hechos y la sanción de los responsables de su encarcelamiento.
Andrés Díaz, otro de los abogados del organismo, reconoció que para obtener la reparación del daño la Procuraduría General de la República (PGR) tendría que reconocer plenamente la inocencia de Jacinta y las irregularidades que llevaron a su detención y enjuiciamiento.
El Centro Pro exigió también la liberación de sus coacusadas, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron inculpadas y puestas en proceso judicial “de un secuestro que nunca existió” con las mismas pruebas con que se inculpó a Jacinta.
Las tres mujeres indígenas, fueron acusadas de secuestrar a seis policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) en Querétaro, luego de que el 26 de marzo de 2006 un grupo de uniformados realizó un operativo en el tianguis del centro de Santiago Mexquititlán.
El operativo, realizado sin orden de cateo, se salió de todo tipo de control, generándose una confrontación entre los comerciantes y los policías, que concluyó con un convenio de conciliación. Sin embargo, cinco meses después, los agentes acusaron a las indígenas de secuestrarlos.
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viernes, 18 de septiembre de 2009
jueves, 17 de septiembre de 2009
Jacinta perdona a la PGR.
Noticia:
“A los agentes (federales) no puedo decirles nada más que si ellos ya reconocieron o saben sus errores, porque yo los perdono para que Dios me pueda perdonar”, dijo Jacinta Francisco Marcial poco después de llegar a su casa, en el barrio cuarto de la comunidad de Santiago Mexquititlán.
La indígena, madre de seis hijos, comentó que en la madrugada del miércoles platicó con su familia y “como les decía hace rato, yo no tengo ningún rencor a ellos —los agentes— ni nada; yo creo que solamente Dios sabe por qué pasaron las cosas; o por qué pasó esto, pero que Dios los perdone y que me perdone a mí también; que perdone a todos”.
Acompañada de su esposo Guillermo Francisco Prisciliano, de su suegra Lorena Nicolasa y de su hija menor —los otros salieron a vender raspados—, Jacinta dijo estar feliz de regresar a su casa, aunque “ya los tres años que pasé en la cárcel ya no se pueden recuperar ni con dinero”.
Reflexiona cuando se le cuestiona si fue justa su reclusión: “Pues no, pero la ley así es; aunque uno diga la verdad pero te toman como culpable. Ya ve usted, por un ratito que iba pasando (durante el operativo policial) me quedé tres años encerrada. Ellos (los ex afis) dijeron muchas cosas que no eran ciertas; les creyeron más a ellos porque eran agentes y nosotras siempre dijimos la verdad…”
Casi no durmió
A la una de la mañana de este miércoles, Jacinta abandonó el penal de San José el Alto, en la ciudad de Querétaro y se dirigió a su casa, en la región indígena ñhañhú, al sur de la entidad, colindante con el estado de México y a unos 100 kilómetros de la capital queretana.
Llegó a las dos y media de la madrugada pero casi no durmió pues aún no creía que estuviera en libertad y con su familia. “Trato de olvidar todo pero yo creo que nunca se me va a borrar de la mente, pero lo voy a recordar como un sueño”.
Relata que durmió unas tres o cuatro horas para luego atender a varios periodistas, a quienes les dice que de la emoción de estar libre hasta el hambre se le fue.
En medio del gusto de regresar a casa, Jacinta recuerda que en los días que pasó en la cárcel, lo que más le dolió fue su familia.
“Me dolió mucho; mucho más mis hijos porque yo nunca los dejaba solos. Y luego, cada visita los miércoles y los domingo venían hasta acá con su bolsita y se formaban una hora… eso me dolía, me dolió mucho mi familia”.
Difícil situación
Del futuro, Jacinta Francisco enfrenta, junto con su familia, una difícil situación económica pues se quedaron sin animales, sin bienes domésticos y sin dinero, por lo que ahora tienen que pensar cómo sobrevivir.
Planea también —con la ayuda de sus abogados— recuperar el dinero que su familia le pagó a un primer defensor, quien nunca le ayudó “y que conocí hasta que me llamaron para decir que era culpable; hasta entonces supe que Raúl Olvera Ochoa era mi abogado”, señala.
Y del castigo a los responsables de que ella hubiera pasado tantos años en la cárcel, Jacinta responde que solamente sus abogados saben de ese procedimiento. “Yo no entiendo… ellos saben qué piensan hacer o qué piensa… porque no entiendo qué es eso”, refirió.
—¿Qué le dice su corazón?
—Ya ni… como decía… aunque los castiguen ya no se pueden resolver las cosas. Ya lo que pasó, pasó, agregó.
“A los agentes (federales) no puedo decirles nada más que si ellos ya reconocieron o saben sus errores, porque yo los perdono para que Dios me pueda perdonar”, dijo Jacinta Francisco Marcial poco después de llegar a su casa, en el barrio cuarto de la comunidad de Santiago Mexquititlán.
La indígena, madre de seis hijos, comentó que en la madrugada del miércoles platicó con su familia y “como les decía hace rato, yo no tengo ningún rencor a ellos —los agentes— ni nada; yo creo que solamente Dios sabe por qué pasaron las cosas; o por qué pasó esto, pero que Dios los perdone y que me perdone a mí también; que perdone a todos”.
Acompañada de su esposo Guillermo Francisco Prisciliano, de su suegra Lorena Nicolasa y de su hija menor —los otros salieron a vender raspados—, Jacinta dijo estar feliz de regresar a su casa, aunque “ya los tres años que pasé en la cárcel ya no se pueden recuperar ni con dinero”.
Reflexiona cuando se le cuestiona si fue justa su reclusión: “Pues no, pero la ley así es; aunque uno diga la verdad pero te toman como culpable. Ya ve usted, por un ratito que iba pasando (durante el operativo policial) me quedé tres años encerrada. Ellos (los ex afis) dijeron muchas cosas que no eran ciertas; les creyeron más a ellos porque eran agentes y nosotras siempre dijimos la verdad…”
Casi no durmió
A la una de la mañana de este miércoles, Jacinta abandonó el penal de San José el Alto, en la ciudad de Querétaro y se dirigió a su casa, en la región indígena ñhañhú, al sur de la entidad, colindante con el estado de México y a unos 100 kilómetros de la capital queretana.
Llegó a las dos y media de la madrugada pero casi no durmió pues aún no creía que estuviera en libertad y con su familia. “Trato de olvidar todo pero yo creo que nunca se me va a borrar de la mente, pero lo voy a recordar como un sueño”.
Relata que durmió unas tres o cuatro horas para luego atender a varios periodistas, a quienes les dice que de la emoción de estar libre hasta el hambre se le fue.
En medio del gusto de regresar a casa, Jacinta recuerda que en los días que pasó en la cárcel, lo que más le dolió fue su familia.
“Me dolió mucho; mucho más mis hijos porque yo nunca los dejaba solos. Y luego, cada visita los miércoles y los domingo venían hasta acá con su bolsita y se formaban una hora… eso me dolía, me dolió mucho mi familia”.
Difícil situación
Del futuro, Jacinta Francisco enfrenta, junto con su familia, una difícil situación económica pues se quedaron sin animales, sin bienes domésticos y sin dinero, por lo que ahora tienen que pensar cómo sobrevivir.
Planea también —con la ayuda de sus abogados— recuperar el dinero que su familia le pagó a un primer defensor, quien nunca le ayudó “y que conocí hasta que me llamaron para decir que era culpable; hasta entonces supe que Raúl Olvera Ochoa era mi abogado”, señala.
Y del castigo a los responsables de que ella hubiera pasado tantos años en la cárcel, Jacinta responde que solamente sus abogados saben de ese procedimiento. “Yo no entiendo… ellos saben qué piensan hacer o qué piensa… porque no entiendo qué es eso”, refirió.
—¿Qué le dice su corazón?
—Ya ni… como decía… aunque los castiguen ya no se pueden resolver las cosas. Ya lo que pasó, pasó, agregó.
martes, 15 de septiembre de 2009
No declaran ex “afis” que acusaron a Jacinta.
Noticia:
“Nosotros no nos cansamos de pedirle a Dios que nos dé fuerzas para perdonar a los afis (agentes federales) que tienen a Jacinta en la cárcel”, dijo Guillermo Francisco Prisciliano, esposo de la indígena acusada de secuestrar a seis elementos policiacos.
Ayer, Guillermo Francisco junto con media docena de vecinos de Santiago Mexquititlán se presentaron ante el juez cuarto de distrito, Rodolfo Pedraza, a fin de rendir declaración y así concluir la reposición del proceso en contra de Jacinta.
El procedimiento se realizó sin la presencia de la indígena queretana Jacinta Francisco Marcial, quien fue acusada de haber secuestrado a media docena de elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI), cuando éstos realizaban un operativo de decomiso de productos pirata en la comunidad de Santiago Mexquititlán, en Querétaro.
Este lunes comparecieron ante el juez cuarto seis habitantes de Santiago Mexquititlán, además de cuatro de los seis ex agentes, que suman en total 22 declaraciones.
El abogado defensor de Jacinta, Andrés Díaz, comentó que su defendida prefirió no asistir a esta última comparecencia, pues “no quiere ver a esas personas”, refiriéndose a los agentes federales.
El agente perdido
De los seis policías que acusaron a la queretana de haberlos secuestrado, dos no concurrieron; Antonio Bautista, quien falleció hace casi un año y Jorge Cervantes, quien se dio de baja de la AFI, fecha desde la cual la Procuraduría General de la República no lo ha podido localizar y motivo por el cual no se ha presentado a declarar.
El defensor de Jacinta destacó que la ausencia de Cervantes podría considerarse una decisión para ya no intervenir en el caso, lo que podría favorecer a la acusada.
De confirmarse la inocencia de Jacinta Marcial, lo cual se asentará en las conclusiones del juez, ésta podría alcanzar su libertad en un lapso no mayor a 40 días.
El director general del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Cprodh), Luis Arriaga, refirió que una vez concluidos los 20 careos y declaraciones que faltaban, de los 60 que se ordenaron en la reposición del procedimiento, se estará en condiciones de que el juez cierre la instrucción.
“Cerrada la instrucción, procederá que la PGR presente las conclusiones no acusatorias para que, posteriormente, se dicte el sobreseimiento del juicio”.
Arriaga hizo un llamado a la PGR para que proceda tal pronunciamiento lo antes posible. “Una vez que se desahoguen estos careos y cierre la instrucción, la PGR puede presentar las conclusiones y ya no habrá delito que perseguir”, puntualizó, quien estuvo presente para seguir el procedimiento.
“Nosotros no nos cansamos de pedirle a Dios que nos dé fuerzas para perdonar a los afis (agentes federales) que tienen a Jacinta en la cárcel”, dijo Guillermo Francisco Prisciliano, esposo de la indígena acusada de secuestrar a seis elementos policiacos.
Ayer, Guillermo Francisco junto con media docena de vecinos de Santiago Mexquititlán se presentaron ante el juez cuarto de distrito, Rodolfo Pedraza, a fin de rendir declaración y así concluir la reposición del proceso en contra de Jacinta.
El procedimiento se realizó sin la presencia de la indígena queretana Jacinta Francisco Marcial, quien fue acusada de haber secuestrado a media docena de elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI), cuando éstos realizaban un operativo de decomiso de productos pirata en la comunidad de Santiago Mexquititlán, en Querétaro.
Este lunes comparecieron ante el juez cuarto seis habitantes de Santiago Mexquititlán, además de cuatro de los seis ex agentes, que suman en total 22 declaraciones.
El abogado defensor de Jacinta, Andrés Díaz, comentó que su defendida prefirió no asistir a esta última comparecencia, pues “no quiere ver a esas personas”, refiriéndose a los agentes federales.
El agente perdido
De los seis policías que acusaron a la queretana de haberlos secuestrado, dos no concurrieron; Antonio Bautista, quien falleció hace casi un año y Jorge Cervantes, quien se dio de baja de la AFI, fecha desde la cual la Procuraduría General de la República no lo ha podido localizar y motivo por el cual no se ha presentado a declarar.
El defensor de Jacinta destacó que la ausencia de Cervantes podría considerarse una decisión para ya no intervenir en el caso, lo que podría favorecer a la acusada.
De confirmarse la inocencia de Jacinta Marcial, lo cual se asentará en las conclusiones del juez, ésta podría alcanzar su libertad en un lapso no mayor a 40 días.
El director general del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Cprodh), Luis Arriaga, refirió que una vez concluidos los 20 careos y declaraciones que faltaban, de los 60 que se ordenaron en la reposición del procedimiento, se estará en condiciones de que el juez cierre la instrucción.
“Cerrada la instrucción, procederá que la PGR presente las conclusiones no acusatorias para que, posteriormente, se dicte el sobreseimiento del juicio”.
Arriaga hizo un llamado a la PGR para que proceda tal pronunciamiento lo antes posible. “Una vez que se desahoguen estos careos y cierre la instrucción, la PGR puede presentar las conclusiones y ya no habrá delito que perseguir”, puntualizó, quien estuvo presente para seguir el procedimiento.
viernes, 21 de agosto de 2009
Sólidas las pruebas contra Jacinta: PGR.
Noticia:
La delegada de la Procuraduría General de la República (PGR), Norma Patricia Valdés Argüelles, afirmó que fueron más de 200 personas y no sólo tres, las que secuestraron a media docena de elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).
“No fueron algunos indígenas… fueron 200 personas… no eran tres personas las que los secuestraron, fueron 200 personas de la comunidad de Amealco que se encontraban en el tianguis”, sostuvo la funcionaria.
También afirmó que de los hechos que se derivaron del operativo para decomisar mercancía pirata, que se realizó el 26 de marzo de 2006 en la localidad de Santiago Mexquititlán, hay pruebas suficientes para demostrar lo que han declarado los policías involucrados.
“Tenemos ahí la declaración de testigos, tenemos el reconocimiento de las personas y la confesión en la declaración preparatoria de Teresa (González), donde ella acepta que sí vieron el dinero y que lo aceptaron”, comentó la delegada de la PGR.
De acuerdo con dicha dependencia, cuando se presentaron los elementos policiales a decomisar la mercancía pirata, la gente los rodeó, incitados por Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes azuzaban a la población a lincharlos.
Refiere esta versión que para poder liberarse, los policías ofrecieron a la población el pago de un rescate, por lo que uno de ellos fue por dinero, mientras que otros permanecían en poder de la población y que fueron liberados hasta que pagaron lo exigido por la gente.
Sin embargo, tanto las declaraciones de las tres detenidas como la versión de Guillermo Francisco Prisciliano —esposo de Jacinta Francisco Marcial— discrepan de ella.
Otra versión
Refieren que los agentes federales llegaron al tianguis de la comunidad y sin identificarse ante la gente, destruyeron la mercancía pirata, por lo que la gente se enardeció y les exigió que se las pagaran.
Guillermo Francisco recuerda que los comerciantes pensaban que los policías eran ladrones y como no se identificaron, decidieron defenderse.
Los seis AFI aceptaron pagar los daños causados y por ende, decidieron ir por dinero para cubrir el monto de los destrozos.
Sin embargo, ninguna de las declaraciones y testimoniales de pobladores del lugar involucran como partícipe de la zacapela a la indígena Jacinta Francisco Marcial.
Norma Patricia Valdés Argüelles, delegada estatal de la PGR, sostuvo que los agentes actuaron conforme a lo marca su reglamento y en consecuencia les brinda su apoyo.
Manifestó también que la acusación en contra de dichas mujeres tiene fundamento, pues argumentó que entre las pruebas se encuentran testimonios e incluso una confesión, aunque destacó que la procuraduría será respetuosa de la valoración que se haga del caso.
“El Ministerio Público en su momento consignó los hechos al juez federal y el juez federal es quien ha estado valorando todas las pruebas; ellos decidirán cuáles pruebas sí fueron contundentes”, refirió.
La delegada de la Procuraduría General de la República (PGR), Norma Patricia Valdés Argüelles, afirmó que fueron más de 200 personas y no sólo tres, las que secuestraron a media docena de elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).
“No fueron algunos indígenas… fueron 200 personas… no eran tres personas las que los secuestraron, fueron 200 personas de la comunidad de Amealco que se encontraban en el tianguis”, sostuvo la funcionaria.
También afirmó que de los hechos que se derivaron del operativo para decomisar mercancía pirata, que se realizó el 26 de marzo de 2006 en la localidad de Santiago Mexquititlán, hay pruebas suficientes para demostrar lo que han declarado los policías involucrados.
“Tenemos ahí la declaración de testigos, tenemos el reconocimiento de las personas y la confesión en la declaración preparatoria de Teresa (González), donde ella acepta que sí vieron el dinero y que lo aceptaron”, comentó la delegada de la PGR.
De acuerdo con dicha dependencia, cuando se presentaron los elementos policiales a decomisar la mercancía pirata, la gente los rodeó, incitados por Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes azuzaban a la población a lincharlos.
Refiere esta versión que para poder liberarse, los policías ofrecieron a la población el pago de un rescate, por lo que uno de ellos fue por dinero, mientras que otros permanecían en poder de la población y que fueron liberados hasta que pagaron lo exigido por la gente.
Sin embargo, tanto las declaraciones de las tres detenidas como la versión de Guillermo Francisco Prisciliano —esposo de Jacinta Francisco Marcial— discrepan de ella.
Otra versión
Refieren que los agentes federales llegaron al tianguis de la comunidad y sin identificarse ante la gente, destruyeron la mercancía pirata, por lo que la gente se enardeció y les exigió que se las pagaran.
Guillermo Francisco recuerda que los comerciantes pensaban que los policías eran ladrones y como no se identificaron, decidieron defenderse.
Los seis AFI aceptaron pagar los daños causados y por ende, decidieron ir por dinero para cubrir el monto de los destrozos.
Sin embargo, ninguna de las declaraciones y testimoniales de pobladores del lugar involucran como partícipe de la zacapela a la indígena Jacinta Francisco Marcial.
Norma Patricia Valdés Argüelles, delegada estatal de la PGR, sostuvo que los agentes actuaron conforme a lo marca su reglamento y en consecuencia les brinda su apoyo.
Manifestó también que la acusación en contra de dichas mujeres tiene fundamento, pues argumentó que entre las pruebas se encuentran testimonios e incluso una confesión, aunque destacó que la procuraduría será respetuosa de la valoración que se haga del caso.
“El Ministerio Público en su momento consignó los hechos al juez federal y el juez federal es quien ha estado valorando todas las pruebas; ellos decidirán cuáles pruebas sí fueron contundentes”, refirió.
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