Noticia:
El gobierno federal ganó un juicio en el que estaba en litigio la propiedad de una isla, con una superficie de 91 mil 803 metros cuadrados, ubicada en las costas de Quintana Roo.
La propiedad de la isla Tizikipal, Tizipal o Ziquipal, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, era reclamada por el empresario, ex legislador y ex funcionario local Gastón Alegre López.
El empresario contaba con una escritura pública que lo acreditaba como dueño de la propiedad, en la que se afirmaba que se le habían cedido los derechos de la isla desde 1943, cuando Quintana Roo todavía no era considerado un estado sino un territorio federal.
Con base en dicha cesión de derechos, Gastón Alegre logró que un juez local, en 1998, le acreditara “la posesión pacífica, continua, pública e ininterrumpida de la isla de Tzipal”, localizada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.
En respuesta a dicha decisión, las secretarías de Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Función Pública, además de la PGR, promovieron un juicio ordinario civil federal para que se declarara la nulidad de la escritura pública que se le había otorgado al empresario.
Las demandas del gobierno federal prosperaron. Primero un juez federal y después un Tribunal Unitario anularon la escritura y todas las actuaciones que acreditaban a Gastón Alegre como dueño de la isla.
Como última opción, para tratar de revertir los fallos en su contra, el empresario solicitó un amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde los ministros rechazaron protegerlo.
La Corte emitió esta decisión al interpretar el artículo 48 de la Constitución que dispone que las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, y demás, dependerán directamente del gobierno de la Federación.
En dicho artículo se establece una excepción —en cuanto a la pertenencia a la Federación— respecto a aquellas islas sobre las que los estados habían ejercido jurisdicción antes de la reforma de 1917.
La Corte dijo que la excepción a la regla contenida en el artículo 48 constitucional no es aplicable a Quintana Roo, porque al momento de la expedición de dicha reforma no era un estado del país.
jueves, 27 de agosto de 2009
BC, Chihuahua y Sinaloa, los más inseguros.
Noticia:
Chihuahua y Juárez son la entidad y la ciudad más inseguras del país, calificación en la que superaron al Distrito Federal que se ubicó en el cuarto sitio, de acuerdo con la Sexta encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) cuyos resultados se dieron a conocer ayer.
El segundo sitio lo ocupa Sinaloa, seguido de Baja California, el Distrito Federal y Guerrero, y la percepción de inseguridad está entre 85% y 86% según la encuesta aplicada en 71 mil 370 viviendas por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.
La medición se realizó a partir de tres indicadores: incidencia delictiva, delitos cometidos a mano armada y los homicidios dolosos (termómetro del delito), dijo Luis de la Barreda Solórzano, presidente del organismo, al presentar los resultados de la ENSI.
La ENSI reveló que Yucatán es la entidad más segura, con índices de prevalencia (tasa de víctimas), incidencia delictiva y de homicidios dolosos similares a los de los países más seguros del mundo, aunque su población se siente tan insegura como la de Chihuahua.
Eso es resultado de lo que Federico Reyes Heroles, presidente del consejo rector de Transparencia Mexicana, definió como “el narcoterror”.
Chihuahua y Sinaloa se ubicaron como las entidades más inseguras, ya que registraron un incremento notable en su tasa de homicidios en un año. La primera pasó de 18 a 42 por cada 100 mil habitantes y la segunda de 28 a 43, “colocándolas en un rango similar al de países como Sudáfrica y Venezuela”, explicó De la Barreda.
Un dato relevante de la ENSI fue que, tras estar 12 años a la baja, la tasa de homicidios dolosos aumentó en el año de realización de la encuesta, al pasar de 10 por cada 100 mil habitantes en 2007, a 12 por cada 100 mil en el 2008, dijo el director del Icesi.
El dato contradice las cifras difundidas por el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, luego de asegurar que la tasa de homicidios dolosos en México disminuyó en los últimos 15 años, pasando de 18 por cada 100 mil habitantes en 1994 a 10.7 en 2008.
De la Barrera precisó que las ejecuciones se incrementaron en este año a 18 por cada 100 mil habitantes.
Destacó que en el país sólo se denuncia uno de cada cinco delitos y que, según la encuesta, uno de cada cuatro se comete a mano armada, modalidad en la que el estado de México ocupa el primer sitio.
El reducido nivel de denuncia se debe a que la mayoría de los encuestados (39%) considera una pérdida de tiempo acudir al Ministerio Público, o siente desconfianza hacia esta institución (16%) y que sólo en 65 de los delitos denunciados el presunto delincuente fue consignado al juez.
Según la ENSI, nueve de cada 10 mexicanos aprueban los operativos del gobierno contra el crimen organizado, aunque el temor a la inseguridad ha obligado a que en seis de cada 10 hogares ya no se permita a los menores salir y, por el mismo motivo, la mitad de los mexicanos evita salir de noche.
La ENSI se realizó con apoyo del INEGI en 16 zonas urbanas y 32 entidades. Se omitieron los resultados de Tabasco por problemas técnicos al levantar los datos; también de Tamaulipas, ya que las encuestas no se realizaron en condiciones adecuadas.
Chihuahua y Juárez son la entidad y la ciudad más inseguras del país, calificación en la que superaron al Distrito Federal que se ubicó en el cuarto sitio, de acuerdo con la Sexta encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) cuyos resultados se dieron a conocer ayer.
El segundo sitio lo ocupa Sinaloa, seguido de Baja California, el Distrito Federal y Guerrero, y la percepción de inseguridad está entre 85% y 86% según la encuesta aplicada en 71 mil 370 viviendas por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.
La medición se realizó a partir de tres indicadores: incidencia delictiva, delitos cometidos a mano armada y los homicidios dolosos (termómetro del delito), dijo Luis de la Barreda Solórzano, presidente del organismo, al presentar los resultados de la ENSI.
La ENSI reveló que Yucatán es la entidad más segura, con índices de prevalencia (tasa de víctimas), incidencia delictiva y de homicidios dolosos similares a los de los países más seguros del mundo, aunque su población se siente tan insegura como la de Chihuahua.
Eso es resultado de lo que Federico Reyes Heroles, presidente del consejo rector de Transparencia Mexicana, definió como “el narcoterror”.
Chihuahua y Sinaloa se ubicaron como las entidades más inseguras, ya que registraron un incremento notable en su tasa de homicidios en un año. La primera pasó de 18 a 42 por cada 100 mil habitantes y la segunda de 28 a 43, “colocándolas en un rango similar al de países como Sudáfrica y Venezuela”, explicó De la Barreda.
Un dato relevante de la ENSI fue que, tras estar 12 años a la baja, la tasa de homicidios dolosos aumentó en el año de realización de la encuesta, al pasar de 10 por cada 100 mil habitantes en 2007, a 12 por cada 100 mil en el 2008, dijo el director del Icesi.
El dato contradice las cifras difundidas por el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, luego de asegurar que la tasa de homicidios dolosos en México disminuyó en los últimos 15 años, pasando de 18 por cada 100 mil habitantes en 1994 a 10.7 en 2008.
De la Barrera precisó que las ejecuciones se incrementaron en este año a 18 por cada 100 mil habitantes.
Destacó que en el país sólo se denuncia uno de cada cinco delitos y que, según la encuesta, uno de cada cuatro se comete a mano armada, modalidad en la que el estado de México ocupa el primer sitio.
El reducido nivel de denuncia se debe a que la mayoría de los encuestados (39%) considera una pérdida de tiempo acudir al Ministerio Público, o siente desconfianza hacia esta institución (16%) y que sólo en 65 de los delitos denunciados el presunto delincuente fue consignado al juez.
Según la ENSI, nueve de cada 10 mexicanos aprueban los operativos del gobierno contra el crimen organizado, aunque el temor a la inseguridad ha obligado a que en seis de cada 10 hogares ya no se permita a los menores salir y, por el mismo motivo, la mitad de los mexicanos evita salir de noche.
La ENSI se realizó con apoyo del INEGI en 16 zonas urbanas y 32 entidades. Se omitieron los resultados de Tabasco por problemas técnicos al levantar los datos; también de Tamaulipas, ya que las encuestas no se realizaron en condiciones adecuadas.
En riesgo, calificación del país por mayor déficit: Amcham.
Noticia:
Un mayor déficit público puede afectar la calificación crediticia que tiene México, alertó Deborah Riner, economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio en México (Amcham).
La 61 Legislatura, que inicia el 1 de septiembre, enfrentará el reto de decidir cómo soportar los programas públicos.
Y hay tres opciones: cobrar más impuestos, recortar el gasto o incrementar el déficit público. “El problema del déficit no es tanto un problema de 2010, sino es una pregunta de qué implica para el futuro del país y el uso de los recursos”, apuntó Riner durante el foro de análisis “Conformación de la 61 Legislatura”, organizado por la Amcham.
El nivel de déficit público, precisó, es un dato que trasciende para el inversionista extranjero que coloca capital en el mercado de renta fija o en acciones, no para el que destina sus recursos a la producción.
Entrevistado por separado, Alfredo Coutiño, economista senior de Moody’s, consideró que el gobierno federal planteará un déficit “decente” de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) para el próximo año.
“Este nivel no debería considerarse como un elemento de riesgo mientras se planteen las medidas de corrección en el futuro”, detalló Coutiño.
Sideny Weintraub, especialista en economía mexicana del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos, coincidió en que la inversión sobre el mercado bursátil en México no está en peligro con un déficit público de 2% del PIB. Sin embargo, mencionó que una tasa de 3 o 4% sí sería arriesgada.
“La fortaleza de la economía mexicana es una estructura financiera muy sólida, y eso es lo que impulsará la recuperación”, destacó Weintraub, aunque matizó que el mayor peso para la reactivación económica de México está en el desempeño del mercado de Estados Unidos.
Impacto para todos
Para Deborah Riner, las ventajas del déficit tienen condiciones. “No estoy en contra del déficit gubernamental si el estímulo fiscal juega un papel contracíclico”, matizó la especialista.
Riner agregó que el incremento en el déficit público también tiene repercusiones para los contribuyentes pues “tarde o temprano se paga”.
Por lo que consideró pertinente vigilar la calidad en el ejercicio del gasto.
Además existe un subejercicio de los recursos en el gobierno federal, subrayó Marco Antonio Michel, presidente ejecutivo del organismo Políticas Públicas y Asesoría Legislativa en su intervención en el foro.
Para el presupuesto público de 2010 no habrá una omisión de 300 mil millones de pesos, como lo anunció la Secretaría de Hacienda, manifestó.
En realidad hay un subejercicio de 200 mil millones de pesos en el gasto que asigna el Congreso, destacó, por lo que de facto sólo hace falta recaudar 100 mil millones de pesos y fue pesimista sobre la aprobación de una reforma fiscal integral en el Congreso para 2010.
Un mayor déficit público puede afectar la calificación crediticia que tiene México, alertó Deborah Riner, economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio en México (Amcham).
La 61 Legislatura, que inicia el 1 de septiembre, enfrentará el reto de decidir cómo soportar los programas públicos.
Y hay tres opciones: cobrar más impuestos, recortar el gasto o incrementar el déficit público. “El problema del déficit no es tanto un problema de 2010, sino es una pregunta de qué implica para el futuro del país y el uso de los recursos”, apuntó Riner durante el foro de análisis “Conformación de la 61 Legislatura”, organizado por la Amcham.
El nivel de déficit público, precisó, es un dato que trasciende para el inversionista extranjero que coloca capital en el mercado de renta fija o en acciones, no para el que destina sus recursos a la producción.
Entrevistado por separado, Alfredo Coutiño, economista senior de Moody’s, consideró que el gobierno federal planteará un déficit “decente” de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) para el próximo año.
“Este nivel no debería considerarse como un elemento de riesgo mientras se planteen las medidas de corrección en el futuro”, detalló Coutiño.
Sideny Weintraub, especialista en economía mexicana del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos, coincidió en que la inversión sobre el mercado bursátil en México no está en peligro con un déficit público de 2% del PIB. Sin embargo, mencionó que una tasa de 3 o 4% sí sería arriesgada.
“La fortaleza de la economía mexicana es una estructura financiera muy sólida, y eso es lo que impulsará la recuperación”, destacó Weintraub, aunque matizó que el mayor peso para la reactivación económica de México está en el desempeño del mercado de Estados Unidos.
Impacto para todos
Para Deborah Riner, las ventajas del déficit tienen condiciones. “No estoy en contra del déficit gubernamental si el estímulo fiscal juega un papel contracíclico”, matizó la especialista.
Riner agregó que el incremento en el déficit público también tiene repercusiones para los contribuyentes pues “tarde o temprano se paga”.
Por lo que consideró pertinente vigilar la calidad en el ejercicio del gasto.
Además existe un subejercicio de los recursos en el gobierno federal, subrayó Marco Antonio Michel, presidente ejecutivo del organismo Políticas Públicas y Asesoría Legislativa en su intervención en el foro.
Para el presupuesto público de 2010 no habrá una omisión de 300 mil millones de pesos, como lo anunció la Secretaría de Hacienda, manifestó.
En realidad hay un subejercicio de 200 mil millones de pesos en el gasto que asigna el Congreso, destacó, por lo que de facto sólo hace falta recaudar 100 mil millones de pesos y fue pesimista sobre la aprobación de una reforma fiscal integral en el Congreso para 2010.
Cifras de empleo tocan su peor nivel.
Noticia:
El desempleo en el país se situó en julio en su máximo nivel en el año, al reportar una tasa de 6.12% de la Población Económicamente Activa (PEA), con lo que cerca de 2.8 millones de personas se encontraron sin trabajo.
Este nivel no se veía desde la crisis de 1995, en particular desde marzo de 2006, cuando la tasa de desempleo fue de 6%.
En junio pasado la tasa de desempleo fue de 5.17% de la PEA, es decir, que el desempleo aumentó en cerca de 400 mil personas entre junio y julio.
Por su parte, la tasa de desempleo en el séptimo mes de 2008 fue de 4.15% de la PEA, lo que representa que en un año casi un millón de personas más formaron parte de las filas del desempleo en el país.
“La caída del PIB en el primer semestre está afectando al empleo en la segunda parte del año y el dato de desempleo de julio captura esta información”, dijo José Luis de la Cruz, investigador del Tecnológico de Monterrey.
Gran pérdida
En el último año, cerraron más de 6 mil 700 empresas en el país, lo que se traduce en pérdidas de fuentes de trabajo.
“Lo que estamos observando es que la tendencia de la tasa de desempleo se incrementa, y que muy probablemente estamos viendo un escenario para el resto del año, en el que, si bien existirá una menor contracción de la actividad económica, no necesariamente se traducirá en una generación de empleos”, agregó José Luis de la Cruz.
El empleo es el indicador económico que se ajusta de forma más lenta al ciclo de la economía, es decir, que tarda más en recuperarse al finalizar las crisis.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estimó que el próximo año el desempleo en México alcanzará una tasa de 6.9%, pese a que prevé un crecimiento de la economía doméstica de 2.5% en 2010, debido al rezago que hay entre la reactivación de la economía y el empleo, pues las recontrataciones ocurren posterior a la recuperación.
Buscan opciones
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desocupación aumentó 0.08 puntos porcentuales respecto a junio, de acuerdo con cifras desestacionalizadas, al pasar de 5.62% a 5.70% en julio pasado.
Al considerar solamente el conjunto de 32 principales áreas urbanas del país, la desocupación en este ámbito significó 7.68% de la PEA en el mes que se reporta, 2.47 puntos por arriba de la tasa observada durante julio de 2008.
Cifras del INEGI a junio muestran que en el transcurso de un año 380 mil personas que laboraron en grandes establecimientos perdieron su empleo; seguido por 328 mil empleos menos en los micronegocios y también en las empresas medianas.
De acuerdo con la información estadística difundida, la población que buscó empleo adicional para compensar sus ingresos representó 8.3% de la población ocupada, tasa superior a la del mismo mes de un año antes, de 7.4% de los ocupados.
Este indicador se redujo 1.13 puntos porcentuales en julio pasado respecto a junio, según cifras desestacionalizadas dadas a conocer por el INEGI.
El desempleo en el país se situó en julio en su máximo nivel en el año, al reportar una tasa de 6.12% de la Población Económicamente Activa (PEA), con lo que cerca de 2.8 millones de personas se encontraron sin trabajo.
Este nivel no se veía desde la crisis de 1995, en particular desde marzo de 2006, cuando la tasa de desempleo fue de 6%.
En junio pasado la tasa de desempleo fue de 5.17% de la PEA, es decir, que el desempleo aumentó en cerca de 400 mil personas entre junio y julio.
Por su parte, la tasa de desempleo en el séptimo mes de 2008 fue de 4.15% de la PEA, lo que representa que en un año casi un millón de personas más formaron parte de las filas del desempleo en el país.
“La caída del PIB en el primer semestre está afectando al empleo en la segunda parte del año y el dato de desempleo de julio captura esta información”, dijo José Luis de la Cruz, investigador del Tecnológico de Monterrey.
Gran pérdida
En el último año, cerraron más de 6 mil 700 empresas en el país, lo que se traduce en pérdidas de fuentes de trabajo.
“Lo que estamos observando es que la tendencia de la tasa de desempleo se incrementa, y que muy probablemente estamos viendo un escenario para el resto del año, en el que, si bien existirá una menor contracción de la actividad económica, no necesariamente se traducirá en una generación de empleos”, agregó José Luis de la Cruz.
El empleo es el indicador económico que se ajusta de forma más lenta al ciclo de la economía, es decir, que tarda más en recuperarse al finalizar las crisis.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estimó que el próximo año el desempleo en México alcanzará una tasa de 6.9%, pese a que prevé un crecimiento de la economía doméstica de 2.5% en 2010, debido al rezago que hay entre la reactivación de la economía y el empleo, pues las recontrataciones ocurren posterior a la recuperación.
Buscan opciones
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desocupación aumentó 0.08 puntos porcentuales respecto a junio, de acuerdo con cifras desestacionalizadas, al pasar de 5.62% a 5.70% en julio pasado.
Al considerar solamente el conjunto de 32 principales áreas urbanas del país, la desocupación en este ámbito significó 7.68% de la PEA en el mes que se reporta, 2.47 puntos por arriba de la tasa observada durante julio de 2008.
Cifras del INEGI a junio muestran que en el transcurso de un año 380 mil personas que laboraron en grandes establecimientos perdieron su empleo; seguido por 328 mil empleos menos en los micronegocios y también en las empresas medianas.
De acuerdo con la información estadística difundida, la población que buscó empleo adicional para compensar sus ingresos representó 8.3% de la población ocupada, tasa superior a la del mismo mes de un año antes, de 7.4% de los ocupados.
Este indicador se redujo 1.13 puntos porcentuales en julio pasado respecto a junio, según cifras desestacionalizadas dadas a conocer por el INEGI.
Hasta $15 mil de multa por lavar auto con manguera.
Noticia:
El gobierno del Distrito Federal aplicará a partir de finales de septiembre multas de entre mil 500 y 15 mil pesos a los capitalinos que realicen prácticas consideradas de desperdicio de agua como lavar autos o banquetas con manguera o regar jardines durante el día.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México contará con un grupo de vigilancia que recorrerá las calles en motocicleta para ubicar a los derrochadores.
El titular del organismo, Ramón Aguirre, explicó que tomarán fotografías y video de quienes desperdicien el líquido. “Se le mandará una notificación para avisarle que vamos a aplicarle una multa y que puede alegar lo que a su derecho convenga, aunque las pruebas van a ser fehacientes”, agregó.
El gobierno del Distrito Federal aplicará a partir de finales de septiembre multas de entre mil 500 y 15 mil pesos a los capitalinos que realicen prácticas consideradas de desperdicio de agua como lavar autos o banquetas con manguera o regar jardines durante el día.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México contará con un grupo de vigilancia que recorrerá las calles en motocicleta para ubicar a los derrochadores.
El titular del organismo, Ramón Aguirre, explicó que tomarán fotografías y video de quienes desperdicien el líquido. “Se le mandará una notificación para avisarle que vamos a aplicarle una multa y que puede alegar lo que a su derecho convenga, aunque las pruebas van a ser fehacientes”, agregó.
En duda, beneficios de la reelección legislativa.
Noticia:
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) —que considera una muestra de 16 mil entrevistas en todo el país—, un número importante de mexicanos es escéptico con sus legisladores, e incluso cree que su reelección no serviría de nada y que seguirían trabajando igual.
Los entrevistados creen que el salario que los legisladores obtienen es “excesivo”, y que poco representan los intereses reales de los ciudadanos.
Otra arista de la encuesta revela que la mayoría de los mexicanos estaría dispuesta a pagar más impuestos a cambio de que los recursos se manejen con transparencia, haya rendición de cuentas y se apliquen de manera exacta en solucionar problemas claves de la comunidad.
Precisa que 40% de las personas consultadas rechaza más impuestos, pero 23% dice que sí y 32.5% los acepta a cambio de tener acceso al reporte de gastos.
Agrega que más de 82% de la muestra —realizada con 500 entrevistas en cada entidad federativa— rechaza gravar con IVA medicinas y alimentos, y al preguntar por qué la gente no quiere cubrir este gravamen la respuesta fue la siguiente:
El 23.2% considera que es debido a que las autoridades se roban el dinero; 18.6%, porque las autoridades malgastan el dinero; 26.6%, porque las autoridades no informan en qué utilizan el dinero, y 24.7% por las tres razones anteriores.
Al preguntar a la gente si estaría dispuesta a pagar IVA en alimentos si a cambio el dinero recaudado se gastara en obras públicas de la comunidad como pavimentación, alumbrado y caminos; servicios a la comunidad como hospitales y escuelas, así como apoyo a los necesitados, respondieron a favor 41%, 54.5% y 51.3%, en forma respectiva.
Cuando se pregunta cuánto estarían dispuestos a pagar de IVA, se precisa que 56.7% pagaría menos de 5%; 15.3% pagaría de 6% a 10% y 1.3% de los entrevistados se dijo dispuesto a contribuir con más de 15%.
El 55.5% de los encuestados prefiere que sean los gobiernos estatales los que recauden los impuestos y no la Secretaría de Hacienda; al hacer el estudio por entidad, Sonora es la que más rechaza el cobro a cargo de autoridades federales, con sólo 22% de apoyo, y Morelos la que más a favor, con 33.6% de opiniones positivas.
Presidente ideal
El ejercicio estadístico destaca además que el presidente Felipe Calderón es mejor visto por los estados gobernados por el PRI que en la mayoría de las entidades administradas por el PAN, con una calificación nacional sobre el “presidente ideal” de 2.6, en una escala de 1 a 4.
Gabinete de Comunicación Estratégica preguntó a la muestra qué tanto se parece el presidente Felipe Calderón a un presidente ideal, considerando que éste sería una persona honesta, trabajadora, carismática, preparada, que cumpliría lo que promete y sería tolerante a las distintas ideas que hay en México. Estos fueron los resultados:
En la evaluación más alta, Nuevo León y Tamaulipas le dieron una calificación de 2.8 al presidente Calderón, en una escala de 1 a 4; Tlaxcala le da la segunda peor calificación, con 2.3, sólo por encima del DF, que le da 2.2. Sobre el cumplimiento de deberes del Ejecutivo, en una escala de 5 a 10, Calderón obtiene una calificación de 7.4. Quienes califican mejor a Calderón son Nayarit, con 7.9, seguido de Tamaulipas, Colima, Nuevo León y Sonora.
El mejor gobernador
Con las mismas características de las preguntas, el gobernador más popular es el de Coahuila, seguido por los mandatarios estatales de Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, México y Campeche. En un siguiente grupo, los de Quintana Roo, Tabasco, Nayarit, Durango, Sonora y Yucatán.
En la búsqueda del “gobernador ideal”, que reúna el perfil de una persona honesta, trabajadora, carismática, preparada, que cumpla lo que promete y es tolerante a las distintas ideas que hay en México, siguen con una calificación de 2.6 los mandatarios de Colima, Querétaro y Chihuahua.
Nuevo León, al igual que Baja California, San Luis Potosí y Distrito Federal, con 2.5; los gobernadores de Baja California Sur y Sinaloa alcanzan una calificación de 2.3; los de Guanajuato, Puebla y Guerrero, 2.3; los de Jalisco, Morelos y Zacatecas, 2.1, y los peores calificados son los de Michoacán, Tlaxcala, Aguascalientes y Oaxaca, con 2.1.
Al poner en una balanza la gestión de cada gobernador, los entrevistados consideran que sólo los de Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Yucatán, Campeche y Nuevo León privilegiarían a la gente sobre su partido; el resto pondría por delante los intereses partidistas que los de la población. De estos últimos destacan los mandatarios de Michoacán, Oaxaca y Puebla, donde 70%, 69% y 65% de los encuestados creen que privilegiarían a su partido sobre la población.
Rumbo al 2012
En distintos escenarios rumbo a la elección presidencial del 2012, la encuesta ubica a Enrique Peña Nieto con 60.9% de simpatías, por encima de 6.7% de Alonso Lujambio y 16.1% de Marcelo Ebrard; en otro segmento le otorga al mexiquense 57.9% por 15.9% de Andrés Manuel López Obrador y 13.2% de Santiago Creel.
Al preguntar quién cree que será el candidato del PAN, Santiago Creel es el mejor posicionado, con 29.6%; le sigue Josefina Vázquez Mota, con 21.6%; Manuel Espino tiene 13.8% y Alonso Lujambio, 4.3%. En el PRD, Ebrard tiene 43.7%; López Obrador, 26.3%, y Jesús Ortega, 12.6%.
En el caso del PRI, 72.2% de los encuestados piensa que Peña Nieto será el candidato presidencial, 13.9% optó por Beatriz Paredes, 3.6% por Manlio Fabio Beltrones y 2% por el veracruzano Fidel Herrera.
En otros escenarios, GCE plantea al entrevistado que si Creel, Peña y Ebrard fueran sus vecinos, con quién se sentaría a el futbol o a tomar un café, y el que gana es el mexiquense, con 49.7% del total; pregunta que si un pariente fuera secuestrado, a quién le pediría mediar, y nuevamente gana Peña, con 48.7%, contra 14.7% de Ebrard y 14.2% de Creel. Y si escogería a alguno de ellos como compadre, gana el mexiquense con 40.2%, pero 30.9% dice que no escogería a ninguno.
La encuesta destaca que la mayoría de los mexicanos encuestados considera que las elecciones del 2009 fueron confiables. Resalta que la mayoría desconoce cuántos diputados hay en el Congreso de la Unión (500) o cuánto ganan, pero en cambio no se siente satisfecha con su desempeño.
Escepticismo
Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) encontró que 87.3% de los encuestados considera excesivo el salario que obtiene un diputado federal (de unos 152 mil pesos).
Del total, 42.7% opinó que, de haber reelección inmediata de diputados federales en México, éstos trabajarían igual, e incluso 31.2% consideró que se desempeñarían de peor manera.
Sobre el trabajo que desarrollarán los representantes populares que acaban de elegirse el pasado 5 de julio, se halló que 41.6% cree que será igual al de sus antecesores, y 35.4% señaló que peor.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) —que considera una muestra de 16 mil entrevistas en todo el país—, un número importante de mexicanos es escéptico con sus legisladores, e incluso cree que su reelección no serviría de nada y que seguirían trabajando igual.
Los entrevistados creen que el salario que los legisladores obtienen es “excesivo”, y que poco representan los intereses reales de los ciudadanos.
Otra arista de la encuesta revela que la mayoría de los mexicanos estaría dispuesta a pagar más impuestos a cambio de que los recursos se manejen con transparencia, haya rendición de cuentas y se apliquen de manera exacta en solucionar problemas claves de la comunidad.
Precisa que 40% de las personas consultadas rechaza más impuestos, pero 23% dice que sí y 32.5% los acepta a cambio de tener acceso al reporte de gastos.
Agrega que más de 82% de la muestra —realizada con 500 entrevistas en cada entidad federativa— rechaza gravar con IVA medicinas y alimentos, y al preguntar por qué la gente no quiere cubrir este gravamen la respuesta fue la siguiente:
El 23.2% considera que es debido a que las autoridades se roban el dinero; 18.6%, porque las autoridades malgastan el dinero; 26.6%, porque las autoridades no informan en qué utilizan el dinero, y 24.7% por las tres razones anteriores.
Al preguntar a la gente si estaría dispuesta a pagar IVA en alimentos si a cambio el dinero recaudado se gastara en obras públicas de la comunidad como pavimentación, alumbrado y caminos; servicios a la comunidad como hospitales y escuelas, así como apoyo a los necesitados, respondieron a favor 41%, 54.5% y 51.3%, en forma respectiva.
Cuando se pregunta cuánto estarían dispuestos a pagar de IVA, se precisa que 56.7% pagaría menos de 5%; 15.3% pagaría de 6% a 10% y 1.3% de los entrevistados se dijo dispuesto a contribuir con más de 15%.
El 55.5% de los encuestados prefiere que sean los gobiernos estatales los que recauden los impuestos y no la Secretaría de Hacienda; al hacer el estudio por entidad, Sonora es la que más rechaza el cobro a cargo de autoridades federales, con sólo 22% de apoyo, y Morelos la que más a favor, con 33.6% de opiniones positivas.
Presidente ideal
El ejercicio estadístico destaca además que el presidente Felipe Calderón es mejor visto por los estados gobernados por el PRI que en la mayoría de las entidades administradas por el PAN, con una calificación nacional sobre el “presidente ideal” de 2.6, en una escala de 1 a 4.
Gabinete de Comunicación Estratégica preguntó a la muestra qué tanto se parece el presidente Felipe Calderón a un presidente ideal, considerando que éste sería una persona honesta, trabajadora, carismática, preparada, que cumpliría lo que promete y sería tolerante a las distintas ideas que hay en México. Estos fueron los resultados:
En la evaluación más alta, Nuevo León y Tamaulipas le dieron una calificación de 2.8 al presidente Calderón, en una escala de 1 a 4; Tlaxcala le da la segunda peor calificación, con 2.3, sólo por encima del DF, que le da 2.2. Sobre el cumplimiento de deberes del Ejecutivo, en una escala de 5 a 10, Calderón obtiene una calificación de 7.4. Quienes califican mejor a Calderón son Nayarit, con 7.9, seguido de Tamaulipas, Colima, Nuevo León y Sonora.
El mejor gobernador
Con las mismas características de las preguntas, el gobernador más popular es el de Coahuila, seguido por los mandatarios estatales de Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, México y Campeche. En un siguiente grupo, los de Quintana Roo, Tabasco, Nayarit, Durango, Sonora y Yucatán.
En la búsqueda del “gobernador ideal”, que reúna el perfil de una persona honesta, trabajadora, carismática, preparada, que cumpla lo que promete y es tolerante a las distintas ideas que hay en México, siguen con una calificación de 2.6 los mandatarios de Colima, Querétaro y Chihuahua.
Nuevo León, al igual que Baja California, San Luis Potosí y Distrito Federal, con 2.5; los gobernadores de Baja California Sur y Sinaloa alcanzan una calificación de 2.3; los de Guanajuato, Puebla y Guerrero, 2.3; los de Jalisco, Morelos y Zacatecas, 2.1, y los peores calificados son los de Michoacán, Tlaxcala, Aguascalientes y Oaxaca, con 2.1.
Al poner en una balanza la gestión de cada gobernador, los entrevistados consideran que sólo los de Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Yucatán, Campeche y Nuevo León privilegiarían a la gente sobre su partido; el resto pondría por delante los intereses partidistas que los de la población. De estos últimos destacan los mandatarios de Michoacán, Oaxaca y Puebla, donde 70%, 69% y 65% de los encuestados creen que privilegiarían a su partido sobre la población.
Rumbo al 2012
En distintos escenarios rumbo a la elección presidencial del 2012, la encuesta ubica a Enrique Peña Nieto con 60.9% de simpatías, por encima de 6.7% de Alonso Lujambio y 16.1% de Marcelo Ebrard; en otro segmento le otorga al mexiquense 57.9% por 15.9% de Andrés Manuel López Obrador y 13.2% de Santiago Creel.
Al preguntar quién cree que será el candidato del PAN, Santiago Creel es el mejor posicionado, con 29.6%; le sigue Josefina Vázquez Mota, con 21.6%; Manuel Espino tiene 13.8% y Alonso Lujambio, 4.3%. En el PRD, Ebrard tiene 43.7%; López Obrador, 26.3%, y Jesús Ortega, 12.6%.
En el caso del PRI, 72.2% de los encuestados piensa que Peña Nieto será el candidato presidencial, 13.9% optó por Beatriz Paredes, 3.6% por Manlio Fabio Beltrones y 2% por el veracruzano Fidel Herrera.
En otros escenarios, GCE plantea al entrevistado que si Creel, Peña y Ebrard fueran sus vecinos, con quién se sentaría a el futbol o a tomar un café, y el que gana es el mexiquense, con 49.7% del total; pregunta que si un pariente fuera secuestrado, a quién le pediría mediar, y nuevamente gana Peña, con 48.7%, contra 14.7% de Ebrard y 14.2% de Creel. Y si escogería a alguno de ellos como compadre, gana el mexiquense con 40.2%, pero 30.9% dice que no escogería a ninguno.
La encuesta destaca que la mayoría de los mexicanos encuestados considera que las elecciones del 2009 fueron confiables. Resalta que la mayoría desconoce cuántos diputados hay en el Congreso de la Unión (500) o cuánto ganan, pero en cambio no se siente satisfecha con su desempeño.
Escepticismo
Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) encontró que 87.3% de los encuestados considera excesivo el salario que obtiene un diputado federal (de unos 152 mil pesos).
Del total, 42.7% opinó que, de haber reelección inmediata de diputados federales en México, éstos trabajarían igual, e incluso 31.2% consideró que se desempeñarían de peor manera.
Sobre el trabajo que desarrollarán los representantes populares que acaban de elegirse el pasado 5 de julio, se halló que 41.6% cree que será igual al de sus antecesores, y 35.4% señaló que peor.
Partidos coinciden: SFP se volvió inútil.
Noticia:
PAN, PRI y PRD demandaron la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por su inutilidad en el combate a la corrupción.
Plantearon que las atribuciones de la dependencia las asuma la Auditoría Superior de la Federación, lo que disminuiría la estructura y gasto gubernamentales.
En el Senado, el líder de la fracción priísta, Manlio Fabio Beltrones, sugirió al presidente Felipe Calderón la eliminación de la Secretaría, ya que “fue pensada para otro momento de la vida del país y nació como contraloría para evitar excesos, abusos y corrupción de otros tiempos”.
De acuerdo con el PRI, el gobierno ahorraría mil 500 millones de pesos.
Beltrones consideró que el instrumento anticorrupción debe pasar al Legislativo.
En la Cámara, el panista Juan José Rodríguez Prats apoyó la propuesta de replantear la función de la SFP. Se declaró en favor de que la Auditoría Superior (ASF) tenga más atribuciones en la supervisión de las tareas del gobierno.
En entrevista, Juan N. Guerra (PRD) expresó que la Secretaría ha sido “tan inútil” que es candidata a desaparecer en la actual época de escasos recursos.
En coincidencia con las bancadas panista y priísta, sugirió reforzar a la ASF en lugar de conservar la Función Pública, que ha servido “para mantener a amigos en dicho cargo”.
Desde su perspectiva, la dependencia es utilizada para ajustes y contradicciones internas en el partido gobernante, “es decir, para amenazarse”.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, el priísta César Horacio Duarte Jáquez, se manifestó también por replantear la dependencia, cuyo titular, Salvador Vega Casillas, “no ha servido”.
Dijo que deben desaparecer instituciones que sólo generan gasto y no tienen productividad ni resultados.
Especialistas en materia de transparencia expusieron ayer en este diario que las pretensiones de alcanzar grados de eficiencia y legalidad en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón fracasaron, debido a que la SFP no ha logrado abatir ni sancionar prácticas de corrupción e impunidad.
Mencionaron que desde la época de Francisco Barrio, primer contralor panista, hasta llegar a Germán Martínez y Salvador Vega, la supervisión ha sido una farsa.
PAN, PRI y PRD demandaron la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por su inutilidad en el combate a la corrupción.
Plantearon que las atribuciones de la dependencia las asuma la Auditoría Superior de la Federación, lo que disminuiría la estructura y gasto gubernamentales.
En el Senado, el líder de la fracción priísta, Manlio Fabio Beltrones, sugirió al presidente Felipe Calderón la eliminación de la Secretaría, ya que “fue pensada para otro momento de la vida del país y nació como contraloría para evitar excesos, abusos y corrupción de otros tiempos”.
De acuerdo con el PRI, el gobierno ahorraría mil 500 millones de pesos.
Beltrones consideró que el instrumento anticorrupción debe pasar al Legislativo.
En la Cámara, el panista Juan José Rodríguez Prats apoyó la propuesta de replantear la función de la SFP. Se declaró en favor de que la Auditoría Superior (ASF) tenga más atribuciones en la supervisión de las tareas del gobierno.
En entrevista, Juan N. Guerra (PRD) expresó que la Secretaría ha sido “tan inútil” que es candidata a desaparecer en la actual época de escasos recursos.
En coincidencia con las bancadas panista y priísta, sugirió reforzar a la ASF en lugar de conservar la Función Pública, que ha servido “para mantener a amigos en dicho cargo”.
Desde su perspectiva, la dependencia es utilizada para ajustes y contradicciones internas en el partido gobernante, “es decir, para amenazarse”.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, el priísta César Horacio Duarte Jáquez, se manifestó también por replantear la dependencia, cuyo titular, Salvador Vega Casillas, “no ha servido”.
Dijo que deben desaparecer instituciones que sólo generan gasto y no tienen productividad ni resultados.
Especialistas en materia de transparencia expusieron ayer en este diario que las pretensiones de alcanzar grados de eficiencia y legalidad en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón fracasaron, debido a que la SFP no ha logrado abatir ni sancionar prácticas de corrupción e impunidad.
Mencionaron que desde la época de Francisco Barrio, primer contralor panista, hasta llegar a Germán Martínez y Salvador Vega, la supervisión ha sido una farsa.
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