Noticia:
La crisis de inseguridad que enfrenta Nuevo León añadió un nuevo episodio con la detención de los ex secretarios de Seguridad de este municipio, Amador Medina Flores; de Montemorelos, Alejandro Esparza Contreras; y de Guadalupe, José Santos Almaraz Ornelas, así como de cuatro policías activos y seis inactivos, quienes de acuerdo con el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz están vinculados con actividades delictivas.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en conjunto con agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y de la Agencia Estatal de Investigaciones, realizaron un operativo en 12 municipios, para cumplir órdenes de aprehensión otorgadas por un juez federal.
Los ex mandos fueron detenidos el 2 de junio pasado y puestos en libertad 24 horas después al no comprobarse que hubieran incurrido en algún delito.
Durante esa semana, del 1 al 6 de junio, fueron detenidos 29 policías de las corporaciones municipales de Guadalupe, Apodaca, Escobedo, Monterrey, San Nicolás, Santa Catarina y Santiago. De éstos, nueve fueron liberados por falta de pruebas en su contra y a 20 se les abrió proceso bajo los cargos de vender protección al crimen organizado.
Un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR) precisa que los 13 aprehendidos están vinculados con Los Zetas y que serán ingresados a un penal federal. “Valiéndose de su cargo público otorgaban protección y proporcionaban información de los operativos en su contra en los municipios en los que estaban asignados”.
Tolerancia cero
La acción se realizó por la mañana y derivó en la detención de los jefes policiacos de diversos municipios, dijo en conferencia de prensa el gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz.
“El gobierno del estado no tolerará la participación de ningún funcionario en actividades delictivas, como ya se les está comprobando a estas personas detenidas y que serán trasladadas a la ciudad de México para su interrogatorio en las oficinas de la SIEDO”. Ofreció que su gobierno va a “seguir trabajando para dar con presuntos responsables, pero sobre todo en el caso de los funcionario públicos o policías que estén inmiscuidos en actividades delictivas”.
El procurador de Justicia del estado, Alejandro Garza y Garza, informó que en el municipio de Apodaca se detuvo a los uniformados Armandina Mendoza Gómez (activo) y Noé Manuel Blanco Gallegos (inactivo).
En Juárez se arrestó a los agentes Mario Martínez Luévano (activo) y Érick Iván Moreno Suárez (inactivo), mientras que en Lampazos a Guadalupe Cruz Ramírez (inactivo).
En Monterrey fue arrestado Rafael Domínguez Sifuentes y en General Treviño a José María Oyervidez Martínez. Los inactivos Eduardo Alejandro Morales Ocañas, Federico Baldemar Treviño Rayas y Raúl Camacho Vigil, de Santiago, Sabinas Hidalgo y Apodaca, respectivamente, fueron detenidos.
En el operativo participaron 80 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en 30 unidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Del Ejército, un centenar de militares en 12 camiones, así como investigadores de la SIEDO, en busca de elementos ligados con el crimen organizado.
La “narcoguerra”
El 31 de octubre, al asumir el cargo de alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández declaró la guerra frontal a los grupos del crimen organizado. Anunció la creación de un grupo rudo de limpieza que actuaría aun fuera de sus facultades.
El 4 de noviembre fue asesinado el secretario de Seguridad de García, general brigadier en retiro Juan Arturo Esparza, junto con sus cuatro escoltas.
El militar apenas llevaba tres días en el cargo municipal, cuando fue emboscado y acribillado por un comando de al menos 30 zetas, de acuerdo con la Procuraduría de Justicia del estado.
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jueves, 19 de noviembre de 2009
jueves, 27 de agosto de 2009
BC, Chihuahua y Sinaloa, los más inseguros.
Noticia:
Chihuahua y Juárez son la entidad y la ciudad más inseguras del país, calificación en la que superaron al Distrito Federal que se ubicó en el cuarto sitio, de acuerdo con la Sexta encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) cuyos resultados se dieron a conocer ayer.
El segundo sitio lo ocupa Sinaloa, seguido de Baja California, el Distrito Federal y Guerrero, y la percepción de inseguridad está entre 85% y 86% según la encuesta aplicada en 71 mil 370 viviendas por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.
La medición se realizó a partir de tres indicadores: incidencia delictiva, delitos cometidos a mano armada y los homicidios dolosos (termómetro del delito), dijo Luis de la Barreda Solórzano, presidente del organismo, al presentar los resultados de la ENSI.
La ENSI reveló que Yucatán es la entidad más segura, con índices de prevalencia (tasa de víctimas), incidencia delictiva y de homicidios dolosos similares a los de los países más seguros del mundo, aunque su población se siente tan insegura como la de Chihuahua.
Eso es resultado de lo que Federico Reyes Heroles, presidente del consejo rector de Transparencia Mexicana, definió como “el narcoterror”.
Chihuahua y Sinaloa se ubicaron como las entidades más inseguras, ya que registraron un incremento notable en su tasa de homicidios en un año. La primera pasó de 18 a 42 por cada 100 mil habitantes y la segunda de 28 a 43, “colocándolas en un rango similar al de países como Sudáfrica y Venezuela”, explicó De la Barreda.
Un dato relevante de la ENSI fue que, tras estar 12 años a la baja, la tasa de homicidios dolosos aumentó en el año de realización de la encuesta, al pasar de 10 por cada 100 mil habitantes en 2007, a 12 por cada 100 mil en el 2008, dijo el director del Icesi.
El dato contradice las cifras difundidas por el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, luego de asegurar que la tasa de homicidios dolosos en México disminuyó en los últimos 15 años, pasando de 18 por cada 100 mil habitantes en 1994 a 10.7 en 2008.
De la Barrera precisó que las ejecuciones se incrementaron en este año a 18 por cada 100 mil habitantes.
Destacó que en el país sólo se denuncia uno de cada cinco delitos y que, según la encuesta, uno de cada cuatro se comete a mano armada, modalidad en la que el estado de México ocupa el primer sitio.
El reducido nivel de denuncia se debe a que la mayoría de los encuestados (39%) considera una pérdida de tiempo acudir al Ministerio Público, o siente desconfianza hacia esta institución (16%) y que sólo en 65 de los delitos denunciados el presunto delincuente fue consignado al juez.
Según la ENSI, nueve de cada 10 mexicanos aprueban los operativos del gobierno contra el crimen organizado, aunque el temor a la inseguridad ha obligado a que en seis de cada 10 hogares ya no se permita a los menores salir y, por el mismo motivo, la mitad de los mexicanos evita salir de noche.
La ENSI se realizó con apoyo del INEGI en 16 zonas urbanas y 32 entidades. Se omitieron los resultados de Tabasco por problemas técnicos al levantar los datos; también de Tamaulipas, ya que las encuestas no se realizaron en condiciones adecuadas.
Chihuahua y Juárez son la entidad y la ciudad más inseguras del país, calificación en la que superaron al Distrito Federal que se ubicó en el cuarto sitio, de acuerdo con la Sexta encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) cuyos resultados se dieron a conocer ayer.
El segundo sitio lo ocupa Sinaloa, seguido de Baja California, el Distrito Federal y Guerrero, y la percepción de inseguridad está entre 85% y 86% según la encuesta aplicada en 71 mil 370 viviendas por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.
La medición se realizó a partir de tres indicadores: incidencia delictiva, delitos cometidos a mano armada y los homicidios dolosos (termómetro del delito), dijo Luis de la Barreda Solórzano, presidente del organismo, al presentar los resultados de la ENSI.
La ENSI reveló que Yucatán es la entidad más segura, con índices de prevalencia (tasa de víctimas), incidencia delictiva y de homicidios dolosos similares a los de los países más seguros del mundo, aunque su población se siente tan insegura como la de Chihuahua.
Eso es resultado de lo que Federico Reyes Heroles, presidente del consejo rector de Transparencia Mexicana, definió como “el narcoterror”.
Chihuahua y Sinaloa se ubicaron como las entidades más inseguras, ya que registraron un incremento notable en su tasa de homicidios en un año. La primera pasó de 18 a 42 por cada 100 mil habitantes y la segunda de 28 a 43, “colocándolas en un rango similar al de países como Sudáfrica y Venezuela”, explicó De la Barreda.
Un dato relevante de la ENSI fue que, tras estar 12 años a la baja, la tasa de homicidios dolosos aumentó en el año de realización de la encuesta, al pasar de 10 por cada 100 mil habitantes en 2007, a 12 por cada 100 mil en el 2008, dijo el director del Icesi.
El dato contradice las cifras difundidas por el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, luego de asegurar que la tasa de homicidios dolosos en México disminuyó en los últimos 15 años, pasando de 18 por cada 100 mil habitantes en 1994 a 10.7 en 2008.
De la Barrera precisó que las ejecuciones se incrementaron en este año a 18 por cada 100 mil habitantes.
Destacó que en el país sólo se denuncia uno de cada cinco delitos y que, según la encuesta, uno de cada cuatro se comete a mano armada, modalidad en la que el estado de México ocupa el primer sitio.
El reducido nivel de denuncia se debe a que la mayoría de los encuestados (39%) considera una pérdida de tiempo acudir al Ministerio Público, o siente desconfianza hacia esta institución (16%) y que sólo en 65 de los delitos denunciados el presunto delincuente fue consignado al juez.
Según la ENSI, nueve de cada 10 mexicanos aprueban los operativos del gobierno contra el crimen organizado, aunque el temor a la inseguridad ha obligado a que en seis de cada 10 hogares ya no se permita a los menores salir y, por el mismo motivo, la mitad de los mexicanos evita salir de noche.
La ENSI se realizó con apoyo del INEGI en 16 zonas urbanas y 32 entidades. Se omitieron los resultados de Tabasco por problemas técnicos al levantar los datos; también de Tamaulipas, ya que las encuestas no se realizaron en condiciones adecuadas.
jueves, 20 de agosto de 2009
Ejército y la PF patrullan Ecatepec.
Noticia:
Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal (PF) iniciaron desde ayer patrullajes en el municipio más poblado del país, debido a los altos índices de delincuencia que se registran.
El alcalde priísta Eruviel Ávila Villegas confirmó que 100 elementos y 100 de la PF, empezaron a vigilar en las zonas donde más delitos se cometen. De acuerdo al nuevo edil, Ecatepec es el municipio del estado de México donde más ejecuciones relacionadas con el crimen organizado se han cometido en 2009.
Aclaró que aún no se determina si la presencia del Ejército será permanente.
El martes, el cabildo de Ecatepec designó como director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal al general de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Alberto Espinosa Ramírez.
Durante las primeras horas de la presencia del Ejército y la Policía Federal se detuvo a cuatro delincuentes; tres asalta transportistas y un narcomenudista. En los operativos participa también la Agencia de Seguridad Estatal y la Policía Municipal.
Suspenden multas
El ayuntamiento priísta inició un programa de 100 días en el que no se multará a los automovilistas que cometan faltas menores, con lo que las nuevas autoridades locales pretender abatir los actos de corrupción de los elementos de la corporación.
El alcalde durante su toma de protesta el lunes pasado, anunció que una de sus primeras acciones de gobierno será no sancionar a conductores para reducir las denuncias que hay en contra de los agentes de Tránsito.
Este miércoles la medida entró en vigor en la localidad donde residen más de 3 millones de habitantes.
El edil explicó que los policías de Tránsito sólo podrán amonestar de manera verbal a los infractores.
Según el nuevo alcalde, de cada 100 pesos del presupuesto familiar siete los destinan para el pago de sobornos y mordidas.
Ayer, tras cinco días de estar estacionadas las patrullas por el cambio de administración, reanudaron sus rondines al dotarlas de gasolina las nuevas autoridades.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal (PF) iniciaron desde ayer patrullajes en el municipio más poblado del país, debido a los altos índices de delincuencia que se registran.
El alcalde priísta Eruviel Ávila Villegas confirmó que 100 elementos y 100 de la PF, empezaron a vigilar en las zonas donde más delitos se cometen. De acuerdo al nuevo edil, Ecatepec es el municipio del estado de México donde más ejecuciones relacionadas con el crimen organizado se han cometido en 2009.
Aclaró que aún no se determina si la presencia del Ejército será permanente.
El martes, el cabildo de Ecatepec designó como director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal al general de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Alberto Espinosa Ramírez.
Durante las primeras horas de la presencia del Ejército y la Policía Federal se detuvo a cuatro delincuentes; tres asalta transportistas y un narcomenudista. En los operativos participa también la Agencia de Seguridad Estatal y la Policía Municipal.
Suspenden multas
El ayuntamiento priísta inició un programa de 100 días en el que no se multará a los automovilistas que cometan faltas menores, con lo que las nuevas autoridades locales pretender abatir los actos de corrupción de los elementos de la corporación.
El alcalde durante su toma de protesta el lunes pasado, anunció que una de sus primeras acciones de gobierno será no sancionar a conductores para reducir las denuncias que hay en contra de los agentes de Tránsito.
Este miércoles la medida entró en vigor en la localidad donde residen más de 3 millones de habitantes.
El edil explicó que los policías de Tránsito sólo podrán amonestar de manera verbal a los infractores.
Según el nuevo alcalde, de cada 100 pesos del presupuesto familiar siete los destinan para el pago de sobornos y mordidas.
Ayer, tras cinco días de estar estacionadas las patrullas por el cambio de administración, reanudaron sus rondines al dotarlas de gasolina las nuevas autoridades.
miércoles, 19 de agosto de 2009
Reportan 6% más exposición a delitos.
Noticia:
Casi 70% de los mexicanos considera que la situación actual de seguridad pública en el país es peor que hace un año y tienen un mayor temor al delito, señalan los resultados de la Encuesta sobre percepción de seguridad presentada por Consulta Mitofsky.
Aplicada a 3 mil mexicanos mayores de 18 años, la encuesta reveló que 68.4% de ellos considera que la seguridad pública es peor o igual que hace un año y 28.7% la evaluó como mejor o igual de bien que hace un año.
Además, se incrementó en seis puntos el porcentaje de ciudadanos que reportaron haber estado cerca de un delito en los últimos tres meses, pues llegó a 24.4%, frente a 18.3% que en julio de 2008 respondió que él o alguien de su familia había sido víctima de algún delito.
Los grupos que reportan mayor incremento en la cercanía con los delitos son los de nivel alto y los que se ubican en el Bajío, destacó Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, al presentar la encuesta.
“A un año del acuerdo nacional y más allá del cumplimiento de los objetivos, las razones ciudadanas que convocaron a los firmantes siguen vigentes: un gran sentimiento de inseguridad y un ambiente creciente de preocupación ciudadana”, dijo Campos.
El indicador de temor al delito registró una ligera baja este año; sin embargo, el porcentaje de mexicanos que vive “con mucho temor” a ser víctimas de un secuestro sigue siendo muy alto, pues pasó de 57% a 55%, y 20.7% dijo tener “algo” de miedo.
Los entrevistados que reportaron tener “mucho miedo” a robo a mano armada fueron 58.9%; 23.4% dijo sentir “algo” de temor y menos de 1% indicó no tener miedo.
La encuesta reveló también una disminución en el porcentaje de ciudadanos que dijeron estar dispuestos a denunciar si fueran víctimas de un delito; este indicador pasó de 59% en julio de 2008, a 54% en 2009.
Roy Campos destacó que en el último año, la percepción de los ciudadanos sobre la facilidad de conseguir un cigarro de mariguana creció de manera importante, pues pasó de 41% a 48% la cifra de entrevistados que respondió “muy fácil”.
Explicó que la ciudadanía considera más sencillo el acceso a la mariguana en el norte y centro del país, además de reportarse los mayores niveles de inseguridad.
El analista destacó que pese a estas respuestas, los entrevistados mantienen su respaldo a los operativos federales de combate al crimen organizado.
Casi 70% de los mexicanos considera que la situación actual de seguridad pública en el país es peor que hace un año y tienen un mayor temor al delito, señalan los resultados de la Encuesta sobre percepción de seguridad presentada por Consulta Mitofsky.
Aplicada a 3 mil mexicanos mayores de 18 años, la encuesta reveló que 68.4% de ellos considera que la seguridad pública es peor o igual que hace un año y 28.7% la evaluó como mejor o igual de bien que hace un año.
Además, se incrementó en seis puntos el porcentaje de ciudadanos que reportaron haber estado cerca de un delito en los últimos tres meses, pues llegó a 24.4%, frente a 18.3% que en julio de 2008 respondió que él o alguien de su familia había sido víctima de algún delito.
Los grupos que reportan mayor incremento en la cercanía con los delitos son los de nivel alto y los que se ubican en el Bajío, destacó Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, al presentar la encuesta.
“A un año del acuerdo nacional y más allá del cumplimiento de los objetivos, las razones ciudadanas que convocaron a los firmantes siguen vigentes: un gran sentimiento de inseguridad y un ambiente creciente de preocupación ciudadana”, dijo Campos.
El indicador de temor al delito registró una ligera baja este año; sin embargo, el porcentaje de mexicanos que vive “con mucho temor” a ser víctimas de un secuestro sigue siendo muy alto, pues pasó de 57% a 55%, y 20.7% dijo tener “algo” de miedo.
Los entrevistados que reportaron tener “mucho miedo” a robo a mano armada fueron 58.9%; 23.4% dijo sentir “algo” de temor y menos de 1% indicó no tener miedo.
La encuesta reveló también una disminución en el porcentaje de ciudadanos que dijeron estar dispuestos a denunciar si fueran víctimas de un delito; este indicador pasó de 59% en julio de 2008, a 54% en 2009.
Roy Campos destacó que en el último año, la percepción de los ciudadanos sobre la facilidad de conseguir un cigarro de mariguana creció de manera importante, pues pasó de 41% a 48% la cifra de entrevistados que respondió “muy fácil”.
Explicó que la ciudadanía considera más sencillo el acceso a la mariguana en el norte y centro del país, además de reportarse los mayores niveles de inseguridad.
El analista destacó que pese a estas respuestas, los entrevistados mantienen su respaldo a los operativos federales de combate al crimen organizado.
Deben renunciar aquellos que fallaron, reafirma Martí.
Noticia:
A un año del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Alejandro Martí sostiene que “deben renunciar” los funcionarios que no cumplieron con el compromiso de encarar y frenar la inseguridad que sacude al país.
El empresario y presidente de la fundación México SOS afirma categórico que las familias mexicanas siguen sufriendo “enormemente” por la zozobra que genera este clima hostil y clama por acciones más contundentes para derrotar este flagelo.
Alejandro Martí, con su demanda: “si no pueden, renuncien”, sacudió a la sociedad y al gobierno ante la inseguridad en México, de la que le tocó ser víctima con el secuestro y asesinato de su hijo Fernando.
“No soy yo quien deba dar los nombres y apellidos de esos funcionarios”, dice quien ya es ícono en la lucha por la seguridad. Sin embargo, explica que por este flagelo el país vive una verdadera “emergencia nacional”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el también empresario advierte: “Son muchos los gobernadores, presidentes municipales, delegados, policías y secretarios de seguridad que no han hecho un esfuerzo rotundo para ofrecer seguridad a la ciudadanía”.
Asevera que los nombres de funcionarios que no saldaron el compromiso con la sociedad se conocerán luego de que organizaciones sociales emitan informes en el tema que se divulgarán en medios de comunicación; con estos análisis “serios y profundos” se verá claramente quiénes no han cumplido.
Alejandro Martí mantiene una cruzada contra la violencia y una intensa labor para exigir, junto con organizaciones sociales, que legisladores, jueces y funcionarios asuman el reto de devolver la seguridad a la sociedad mexicana o dejen sus cargos.
Martí explica que la renuncia de funcionarios sería resultado de la autocrítica y reconocimiento personal de que han fallado. La propuesta en las pasadas elecciones de “mi voto por tu compromiso” llevaba implícita la recompensa y el castigo para quien sí trabaja o no en esta materia, acotó.
De ahí que impulsa cambios legislativos para reelegir a funcionarios eficientes y retirar a los ineficientes bajo formas como la revocación de mandato o el plebiscito.
Por eso, critica que muchos servidores públicos sólo sirvan a intereses de partido y no a los mexicanos, y sostiene que hoy existe una extrapolación del poder, al pasar de un partido único, a cinco.
“Igual pasamos de un Presidente monarca a un Presidente debilitado, de un Congreso manejado por el Presidente a un Congreso manejado por políticos. Todo eso debe cambiar”, explica Martí, quien considera que lo hecho en un año en materia de seguridad es a todas luces insuficiente.
“La mejor prueba es que en las calles siguen los problemas de delincuencia, siguen los secuestros. No hay registros de delincuentes y siguen los focos de infección fundamentales, como en el sistema penitenciaro que es un rotundo fracaso”, expone.
Opina que es indispensable una mayor profundidad en acciones de gobierno, pese a reconocer que la inseguridad es mucho más grande de lo que todos imaginamos.
“Se ha logrado la ley de extinción de dominio, el registro de los celulares y están en proceso muchísimas cosas, pero no es suficiente”, dice el empresario.
Sostiene que en el sistema carcelario hay un fracaso rotundo, y lo ejemplifica con capturas en casos de secuestro recientes.
Comenta que hay casos en que delincuentes preliberados siguen secuestrando e, incluso, desde dentro del penal planean y ejecutan plagios o extorsionan.
Explica que aun cuando hay autoridades que han logrado crear sus departamentos antisecuestros, éstos son insuficientes en inteligencia, geolocalización, tecnología y estrategias para enfrentra al secuestro.
Ante esta realidad, Alejandro Martí está empeñado en seguir con la promoción de los observatorios ciudadanos y la transparencia en la acción gubernamental.
A un año del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Alejandro Martí sostiene que “deben renunciar” los funcionarios que no cumplieron con el compromiso de encarar y frenar la inseguridad que sacude al país.
El empresario y presidente de la fundación México SOS afirma categórico que las familias mexicanas siguen sufriendo “enormemente” por la zozobra que genera este clima hostil y clama por acciones más contundentes para derrotar este flagelo.
Alejandro Martí, con su demanda: “si no pueden, renuncien”, sacudió a la sociedad y al gobierno ante la inseguridad en México, de la que le tocó ser víctima con el secuestro y asesinato de su hijo Fernando.
“No soy yo quien deba dar los nombres y apellidos de esos funcionarios”, dice quien ya es ícono en la lucha por la seguridad. Sin embargo, explica que por este flagelo el país vive una verdadera “emergencia nacional”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el también empresario advierte: “Son muchos los gobernadores, presidentes municipales, delegados, policías y secretarios de seguridad que no han hecho un esfuerzo rotundo para ofrecer seguridad a la ciudadanía”.
Asevera que los nombres de funcionarios que no saldaron el compromiso con la sociedad se conocerán luego de que organizaciones sociales emitan informes en el tema que se divulgarán en medios de comunicación; con estos análisis “serios y profundos” se verá claramente quiénes no han cumplido.
Alejandro Martí mantiene una cruzada contra la violencia y una intensa labor para exigir, junto con organizaciones sociales, que legisladores, jueces y funcionarios asuman el reto de devolver la seguridad a la sociedad mexicana o dejen sus cargos.
Martí explica que la renuncia de funcionarios sería resultado de la autocrítica y reconocimiento personal de que han fallado. La propuesta en las pasadas elecciones de “mi voto por tu compromiso” llevaba implícita la recompensa y el castigo para quien sí trabaja o no en esta materia, acotó.
De ahí que impulsa cambios legislativos para reelegir a funcionarios eficientes y retirar a los ineficientes bajo formas como la revocación de mandato o el plebiscito.
Por eso, critica que muchos servidores públicos sólo sirvan a intereses de partido y no a los mexicanos, y sostiene que hoy existe una extrapolación del poder, al pasar de un partido único, a cinco.
“Igual pasamos de un Presidente monarca a un Presidente debilitado, de un Congreso manejado por el Presidente a un Congreso manejado por políticos. Todo eso debe cambiar”, explica Martí, quien considera que lo hecho en un año en materia de seguridad es a todas luces insuficiente.
“La mejor prueba es que en las calles siguen los problemas de delincuencia, siguen los secuestros. No hay registros de delincuentes y siguen los focos de infección fundamentales, como en el sistema penitenciaro que es un rotundo fracaso”, expone.
Opina que es indispensable una mayor profundidad en acciones de gobierno, pese a reconocer que la inseguridad es mucho más grande de lo que todos imaginamos.
“Se ha logrado la ley de extinción de dominio, el registro de los celulares y están en proceso muchísimas cosas, pero no es suficiente”, dice el empresario.
Sostiene que en el sistema carcelario hay un fracaso rotundo, y lo ejemplifica con capturas en casos de secuestro recientes.
Comenta que hay casos en que delincuentes preliberados siguen secuestrando e, incluso, desde dentro del penal planean y ejecutan plagios o extorsionan.
Explica que aun cuando hay autoridades que han logrado crear sus departamentos antisecuestros, éstos son insuficientes en inteligencia, geolocalización, tecnología y estrategias para enfrentra al secuestro.
Ante esta realidad, Alejandro Martí está empeñado en seguir con la promoción de los observatorios ciudadanos y la transparencia en la acción gubernamental.
lunes, 3 de agosto de 2009
Robos y violencia alertan a la banca.
Noticia:
Alejandro Valenzuela, director general de Banorte, admitió que la inseguridad que se vive en algunas zonas del país tiene costos importantes para las instituciones financieras.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el directivo mencionó que si bien en este momento no hay un encarecimiento o restricción de los préstamos en regiones con alta violencia, “si la situación se agrava será una cuestión que nos replantearemos”.
En el caso específico de Banorte, dijo el directivo, existe un impacto por el creciente robo de cajeros automáticos en el país.
Pese a ello, mencionó que no hay un encarecimiento en ciertas zonas ni se limita la colocación de productos y servicios.
No obstante, aseguró que una de las condiciones esenciales para el buen manejo de una economía es el tema de la seguridad.
Alejandro Valenzuela abundó que entre los costos que tienen que absorber las instituciones por la criminalidad se vincula el de reparaciones, sustituciones de mobiliario y cristales tanto en oficinas como en cajeros.
De acuerdo con información de la Asociación de Bancos de México (ABM), ante el avance de la inseguridad, las instituciones han reforzado la protección en sucursales de todas las entidades de la República Mexicana.
Durante el primer trimestre del año, el organismo registró un incremento de 50% en asaltos. En este periodo, en el país se reportaron 181 robos, mientras que en los primeros tres meses de 2008 sumaron 121.
En monto, el incremento fue de 28%. Entre enero y marzo se robaron 8.1 millones de pesos y en igual lapso de 2008 el saldo fue de 6.3 millones de pesos.
Entre las plazas que encabezan este delito figuran los estados de México, Chihuahua, Sinaloa y Baja California.
Refuerzan seguridad
La ABM detalló que en los últimos cinco años, las entidades invirtieron 200 millones de dólares en reforzar la seguridad.
El director general de Banorte comentó que los intermediarios hacen inversiones permanentes para mejorar la seguridad tanto de sus instalaciones como de empleados y sus clientes.
Respecto al impacto que tendrá la eliminación de algunas comisiones bancarias, Valenzuela comentó que en el caso de Banorte el impacto será de 50 millones de pesos en lo que resta del año, mientras que para 2010 será de entre 100 y 150 millones de pesos adicionales.
Informó que las medidas que aplicarán las autoridades entrarán en vigor a partir del 21 de agosto, por lo que la institución se prepara para hacerles frente.
Entre las comisiones que se eliminarán destacan: la cancelación de cuentas de depósito, de tarjetas de crédito y débito.
También desaparecerán los cargos por la cancelación de la domiciliación del pago de bienes y servicios y por suspender el servicio de banca por internet que usan los clientes.
En cuentas de depósitos a la vista, como cheques y la nómina, los intermediarios no podrán cobrar por manejo de cuenta ni por mantener un saldo mínimo.
Alejandro Valenzuela, director general de Banorte, admitió que la inseguridad que se vive en algunas zonas del país tiene costos importantes para las instituciones financieras.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el directivo mencionó que si bien en este momento no hay un encarecimiento o restricción de los préstamos en regiones con alta violencia, “si la situación se agrava será una cuestión que nos replantearemos”.
En el caso específico de Banorte, dijo el directivo, existe un impacto por el creciente robo de cajeros automáticos en el país.
Pese a ello, mencionó que no hay un encarecimiento en ciertas zonas ni se limita la colocación de productos y servicios.
No obstante, aseguró que una de las condiciones esenciales para el buen manejo de una economía es el tema de la seguridad.
Alejandro Valenzuela abundó que entre los costos que tienen que absorber las instituciones por la criminalidad se vincula el de reparaciones, sustituciones de mobiliario y cristales tanto en oficinas como en cajeros.
De acuerdo con información de la Asociación de Bancos de México (ABM), ante el avance de la inseguridad, las instituciones han reforzado la protección en sucursales de todas las entidades de la República Mexicana.
Durante el primer trimestre del año, el organismo registró un incremento de 50% en asaltos. En este periodo, en el país se reportaron 181 robos, mientras que en los primeros tres meses de 2008 sumaron 121.
En monto, el incremento fue de 28%. Entre enero y marzo se robaron 8.1 millones de pesos y en igual lapso de 2008 el saldo fue de 6.3 millones de pesos.
Entre las plazas que encabezan este delito figuran los estados de México, Chihuahua, Sinaloa y Baja California.
Refuerzan seguridad
La ABM detalló que en los últimos cinco años, las entidades invirtieron 200 millones de dólares en reforzar la seguridad.
El director general de Banorte comentó que los intermediarios hacen inversiones permanentes para mejorar la seguridad tanto de sus instalaciones como de empleados y sus clientes.
Respecto al impacto que tendrá la eliminación de algunas comisiones bancarias, Valenzuela comentó que en el caso de Banorte el impacto será de 50 millones de pesos en lo que resta del año, mientras que para 2010 será de entre 100 y 150 millones de pesos adicionales.
Informó que las medidas que aplicarán las autoridades entrarán en vigor a partir del 21 de agosto, por lo que la institución se prepara para hacerles frente.
Entre las comisiones que se eliminarán destacan: la cancelación de cuentas de depósito, de tarjetas de crédito y débito.
También desaparecerán los cargos por la cancelación de la domiciliación del pago de bienes y servicios y por suspender el servicio de banca por internet que usan los clientes.
En cuentas de depósitos a la vista, como cheques y la nómina, los intermediarios no podrán cobrar por manejo de cuenta ni por mantener un saldo mínimo.
sábado, 20 de junio de 2009
Calderón: la crisis es de seguridad.
Noticia:
La tarea primordial del gobierno no es la crisis económica sino la lucha contra el crimen organizado, del cual el narcotráfico es sólo una parte, aclaró el presidente Felipe Calderón, quien acusó que la indiferencia de los gobiernos ante este problema “es inadmisible e intolerable”.
Justo cuando 27 funcionarios de Michoacán fueron trasladados a un penal de Nayarit por sus presuntos nexos con el crimen organizado, el mandatario precisó que el objetivo de su gobierno es reconstruir las instituciones copadas por el crimen, “porque estamos decididos a recomponer las estructuras que han sido copadas de tiempo atrás o recientemente, eso no importa, en todo el país y en todos los niveles de gobierno”.
Aceptó que la labor no ha sido fácil de entender. “Ésta no ha sido una tarea fácil ni de entenderla ni de ejecutarla; sé que enfrentamos obstáculos e inercias acumuladas a lo largo de muchos años, enfrentamos a un enemigo que creció durante décadas al amparo de la impunidad y de la corrupción en todos los niveles”.
El mensaje de Calderón tuvo lugar en la comida anual con la comunidad judía en México. Ahí señaló que la crisis económica es coyuntural; por ello, su administración está enfocada a enfrentar al crimen y asumir los costos que conlleve, pues le apuesta a un sistema donde se aplique la ley y no a una paz ficticia.
Acompañado por su esposa Margarita Zavala y por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el mandatario no tocó el tema que fue planteado por Óscar Gorodsinsky, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México: el voto en blanco, el cual, dijeron, no avalan.
Calderón se enfocó en los temas de economía y y seguridad al destacar: “Quiero subrayarlo claramente: nuestra prioridad es la seguridad. Independientemente de la coyuntura económica, el reto de México es de seguridad. Nuestro objetivo principal no es el narcotráfico por sí mismo, nuestro objetivo más importante como gobierno es el crimen y el crimen organizado”.
Criticó la tolerancia, corrupción e indiferencia que cobijaron al crimen porque por décadas se pensó que así se estaría a salvo, pero más pronto o más tarde, eso afectó y la delincuencia llegó a áreas “que alguien supuso que no traspasaría.”
Comentario:
La lucha contra el crimen organizado será mucho más larga y penosa.
La tarea primordial del gobierno no es la crisis económica sino la lucha contra el crimen organizado, del cual el narcotráfico es sólo una parte, aclaró el presidente Felipe Calderón, quien acusó que la indiferencia de los gobiernos ante este problema “es inadmisible e intolerable”.
Justo cuando 27 funcionarios de Michoacán fueron trasladados a un penal de Nayarit por sus presuntos nexos con el crimen organizado, el mandatario precisó que el objetivo de su gobierno es reconstruir las instituciones copadas por el crimen, “porque estamos decididos a recomponer las estructuras que han sido copadas de tiempo atrás o recientemente, eso no importa, en todo el país y en todos los niveles de gobierno”.
Aceptó que la labor no ha sido fácil de entender. “Ésta no ha sido una tarea fácil ni de entenderla ni de ejecutarla; sé que enfrentamos obstáculos e inercias acumuladas a lo largo de muchos años, enfrentamos a un enemigo que creció durante décadas al amparo de la impunidad y de la corrupción en todos los niveles”.
El mensaje de Calderón tuvo lugar en la comida anual con la comunidad judía en México. Ahí señaló que la crisis económica es coyuntural; por ello, su administración está enfocada a enfrentar al crimen y asumir los costos que conlleve, pues le apuesta a un sistema donde se aplique la ley y no a una paz ficticia.
Acompañado por su esposa Margarita Zavala y por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el mandatario no tocó el tema que fue planteado por Óscar Gorodsinsky, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México: el voto en blanco, el cual, dijeron, no avalan.
Calderón se enfocó en los temas de economía y y seguridad al destacar: “Quiero subrayarlo claramente: nuestra prioridad es la seguridad. Independientemente de la coyuntura económica, el reto de México es de seguridad. Nuestro objetivo principal no es el narcotráfico por sí mismo, nuestro objetivo más importante como gobierno es el crimen y el crimen organizado”.
Criticó la tolerancia, corrupción e indiferencia que cobijaron al crimen porque por décadas se pensó que así se estaría a salvo, pero más pronto o más tarde, eso afectó y la delincuencia llegó a áreas “que alguien supuso que no traspasaría.”
Comentario:
La lucha contra el crimen organizado será mucho más larga y penosa.
sábado, 21 de marzo de 2009
La inseguridad frena crecimiento del país.
Noticia:
El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reconocieron que la inseguridad que se vive en México es un factor que ha frenado el crecimiento del país y ya está afectando al peso.
“El tema de seguridad, que ha sido prominente en cuanto a la imagen de México en el mundo, evidentemente ha tenido repercusiones en el comportamiento de los inversionistas y en el peso”, aseguró Ortiz Martínez.
En torno al debilitamiento de la moneda mexicana, el titular de Hacienda matizó las consecuencias, al señalar que “en la medida en que la inseguridad afecte la inversión, sí podría llegar a tener un impacto sobre la cotización”.
Durante la 72 Convención Bancaria, Carstens no consideró que la falta de seguridad sea el factor que determine el valor de la moneda.
En su opinión, la inseguridad sí ha impactado en el crecimiento económico, “pero se está administrando y es previsible que en los próximos años se vaya a reducir”.
Explicó que la apuesta del gobierno es seguir adelante.
“Hay diferentes mediciones que explican que en el mediano y largo plazos este factor, de resolverse, podría dar un brío adicional al crecimiento económico de cuando menos 1%”, concluyó.
En el mismo foro, Ortiz Martínez mencionó que México será de las primeras economías emergentes en abandonar la actual recesión, toda vez que Estados Unidos será también de las primeras potencias en salir de la crisis.
Al respecto, Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de la Unión Americana, advirtió que su país necesitará de una mayor inyección de capitales para que los créditos vuelvan a fluir a la economía y se pueda iniciar un proceso de recuperación.
Subrayó que la economía estadounidense sigue teniendo un hueco enorme en el financiamiento de las instituciones crediticias.
Por otra parte, el gobernador del Banco de México dijo que se busca que la línea de crédito que la Reserva Federal de EU puso a disposición de México por 30 mil millones de dólares se flexibilice para que puedan utilizarse estos recursos no sólo para la banca, sino también para refinanciar al sector privado.
Comentario:
Se trata de "un paquete" que tiene que enfrentar el gobierno sólo, porque el resto de los actores politicos sólo buscan el poder por el poder y no aportan soluciones.
miércoles, 18 de marzo de 2009
Calderón urge a aprobar iniciativas de seguridad.
Noticia:
El presidente Felipe Calderón lanzó un exhorto al Congreso de la Unión para aprobar las iniciativas que envió y siguen pendientes de avalarse en materia de seguridad porque, dijo, no debe haber resquicios que sean aprovechados por el crimen organizado.
Fue durante la toma de protesta del nuevo consejo directivo de la organización México Unido Contra la Delincuencia donde Calderón demandó a alcaldes y gobernadores a hacer su parte, pues lo mínimo es contar con cuerpos policiacos honestos y confiables en sus localidades. “Sé que no es mucho pedir”, dijo.
Calderón les recordó a los gobiernos estatales y municipales que los operativos en los que participa la Policía Federal y el Ejército son temporales, al tiempo que admitió que no en todos los lugares donde se han implementado han dado los resultados deseados, por ello debemos ser capaces de revisar la estrategia las veces que sean necesarias, comentó.
Después de convocar también a los integrantes de los tres poderes del país a trabajar al mismo ritmo contra los delincuentes, Calderón pidió se analicen, enriquezcan y aprueben la ley de extinción de dominio, la ley contra el narcomenudeo, las reformas que imponen penas más severas para secuestradores y la iniciativa que reforma a la PGR y a la PFP.
El titular del Ejecutivo, acompañado por los procuradores del DF, del estado de México y el general de la República, así como por el secretario de Seguridad Pública Federal, pidió superar inercias, obstáculos y adversidades:
“La división de competencias ya no debe ser utilizada por la delincuencia como un resquicio para la impunidad. Desde este foro hago un muy respetuoso llamado a las señoras y a los señores legisladores de todos los partidos, para que en el marco de sus atribuciones discutan, enriquezcan y aprueben las iniciativas que el Ejecutivo ha enviado al Congreso.
México no tiene tiempo que perder, es importante que los Poderes de la Unión sigamos trabajando juntos y al mismo ritmo para abordar lo que se tiene que hacer en materia de seguridad.
Comentario:
Los partidos de oposición respondieron que no actuarán bajo presión. Definitivamente, les falta madurez política, porque no es cuestión de que presione el presidente Calderón, sino todos los mexicanos que sufrimos la inseguridad. ¿Les importaremos a los partidos de oposición como PRI y PRD?
domingo, 1 de marzo de 2009
Durango: cuarto ataque a comuna.
Noticia:
Hombres armados atacaron por cuarta ocasión en el año una alcaldía de Durango. Ayer, unos 20 sujetos dispararon contra la sede del gobierno municipal de Guanaceví, donde también se ubica la comandancia de Policía; después, robaron un cajero automático, sin reporte de muertos, ni lesionados.
Personal de la Dirección de Seguridad Pública informó que el hecho ocurrió a las 4 de la mañana del sábado. Guanaceví, al norte de Durango, colinda con Parral, Chihuahua. De forma similar ha ocurrido en Pánuco de Coronado, Suchil y San Bernardo.
Luego del ataque, Toribio Lazcano Fileto, de 45 años, chofer de un camión que fue usado por los sicarios como guía, fue acribillado en el camino Agua de Pino, de esa misma demarcación serrana.
También en Durango, José del Socorro Amaya, de 27 años y policía de Santiago Papasquiaro, herido de bala el pasado lunes, murió por las lesiones. Tres cadáveres más fueron encontrados en el poblado Los Ángeles, de Poanas.
En Zihuatanejo, Guerrero, tras dos días de desaparecido, fue encontrado en un taxi el síndico municipal de La Unión, Rolando Landa Hernández. Tenía huellas de tortura y disparos en manos y cabeza.
Dos policías municipales, uno mujer, y otro más estatal, fueron asesinados en la franja fronteriza de Chihuahua, pese al Operativo Conjunto. En Praxedis G. Guerrero hallaron a los agentes municipales Jeanette Paulina Mares, de 22 años, y Luis Fernando Porras Fuentes, de 38, informó la Subprocuraduría de Justicia del estado.
Además, dos policías de la Agencia Estatal de Investigaciones, un hombre y una mujer, fueron acribillados en la zona centro de Juárez, presuntamente por militares tras marcar el alto y éstos ignorar la orden; en el lugar murió el agente Manuel Delgado y una oficial de apellido Ochoa resultó lesionada.
En otros hechos, se reportaron otras cuatro ejecuciones en Juárez. La Procuraduría informó sobre un triple homicidio en el municipio de Huejotitán. Mientras que en Chihuahua capital se conoció de un asesinato y otro más en Delicias.
En Culiacán, Sinaloa, hubo dos ejecuciones, la primera de un hombre de 87 años, la tercera persona de avanzada edad que es asesinada a tiros en menos de 24 horas. Además, en Mocorito fue hallado un sujeto calcinado. El agente municipal de Acuña, Coahuila, Guillermo Quiroz, fue degollado. En Torreón, policías municipales fueron emboscados, sin reporte de muertos. Otras dos personas fueron asesinadas en Reynosa, Tamaulipas
Hombres armados atacaron por cuarta ocasión en el año una alcaldía de Durango. Ayer, unos 20 sujetos dispararon contra la sede del gobierno municipal de Guanaceví, donde también se ubica la comandancia de Policía; después, robaron un cajero automático, sin reporte de muertos, ni lesionados.
Personal de la Dirección de Seguridad Pública informó que el hecho ocurrió a las 4 de la mañana del sábado. Guanaceví, al norte de Durango, colinda con Parral, Chihuahua. De forma similar ha ocurrido en Pánuco de Coronado, Suchil y San Bernardo.
Luego del ataque, Toribio Lazcano Fileto, de 45 años, chofer de un camión que fue usado por los sicarios como guía, fue acribillado en el camino Agua de Pino, de esa misma demarcación serrana.
También en Durango, José del Socorro Amaya, de 27 años y policía de Santiago Papasquiaro, herido de bala el pasado lunes, murió por las lesiones. Tres cadáveres más fueron encontrados en el poblado Los Ángeles, de Poanas.
En Zihuatanejo, Guerrero, tras dos días de desaparecido, fue encontrado en un taxi el síndico municipal de La Unión, Rolando Landa Hernández. Tenía huellas de tortura y disparos en manos y cabeza.
Dos policías municipales, uno mujer, y otro más estatal, fueron asesinados en la franja fronteriza de Chihuahua, pese al Operativo Conjunto. En Praxedis G. Guerrero hallaron a los agentes municipales Jeanette Paulina Mares, de 22 años, y Luis Fernando Porras Fuentes, de 38, informó la Subprocuraduría de Justicia del estado.
Además, dos policías de la Agencia Estatal de Investigaciones, un hombre y una mujer, fueron acribillados en la zona centro de Juárez, presuntamente por militares tras marcar el alto y éstos ignorar la orden; en el lugar murió el agente Manuel Delgado y una oficial de apellido Ochoa resultó lesionada.
En otros hechos, se reportaron otras cuatro ejecuciones en Juárez. La Procuraduría informó sobre un triple homicidio en el municipio de Huejotitán. Mientras que en Chihuahua capital se conoció de un asesinato y otro más en Delicias.
En Culiacán, Sinaloa, hubo dos ejecuciones, la primera de un hombre de 87 años, la tercera persona de avanzada edad que es asesinada a tiros en menos de 24 horas. Además, en Mocorito fue hallado un sujeto calcinado. El agente municipal de Acuña, Coahuila, Guillermo Quiroz, fue degollado. En Torreón, policías municipales fueron emboscados, sin reporte de muertos. Otras dos personas fueron asesinadas en Reynosa, Tamaulipas
lunes, 23 de febrero de 2009
Ofrece rueda de prensa el gobernador de Chihuahua.
Noticia:
Minutos antes de la medianoche del domingo, el gobernador José Reyes Baeza ofreció una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del ataque que sufrió por parte de un comando armando, en el que perdió la vida un guardia personal del mandatario, Alejandro Chaparro Coronel.
El funcionario estuvo acompañado de la procuradora de Justicia, Patricia González, y el secretario general, Sergio Granados
Comentario:
La inseguridad alcanza a los altos niveles.
Minutos antes de la medianoche del domingo, el gobernador José Reyes Baeza ofreció una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del ataque que sufrió por parte de un comando armando, en el que perdió la vida un guardia personal del mandatario, Alejandro Chaparro Coronel.
El funcionario estuvo acompañado de la procuradora de Justicia, Patricia González, y el secretario general, Sergio Granados
Comentario:
La inseguridad alcanza a los altos niveles.
domingo, 15 de febrero de 2009
Comando asesina a 11 hombres en Montegrande, Tabasco.
Noticia:
Un total de 11 personas muertas fue el saldo de una presunta ejecución que realizó un grupo de personas armadas en la comunidad de Montegrande, alrededor de las 20:00 horas de este sábado.
Según informes preliminares de la Policía Municipal, la masacre se registró en la casa de la familia de un agente de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, quien vive en la ranchería de Montegrande, casi en los límites del municipio de Jonuta, a unos 100 kilómetros al sur de Villahermosa.
El comando armado llegó directamente al domicilio para perpetrar el múltiple homicidio. Esta es la primera ocasión que en Tabasco se registra una ejecución de estas características.
Hasta la medianoche, las autoridades aún no detallaban los nombres de las 11 personas acribilladas ni el del oficial fallecido.
De acuerdo con la Policía Municipal de Macuspana existe la posibilidad de que se trate de una venganza por la detención de un grupo de sicarios y la muerte de cuatro más durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad registrado el martes pasado.
Comentario:
Y siguen reprobando las autoridades en materia de seguridad. No importa de que nivel, ni de que partido gobernando. El resultado es el mismo: reprobados.
Un total de 11 personas muertas fue el saldo de una presunta ejecución que realizó un grupo de personas armadas en la comunidad de Montegrande, alrededor de las 20:00 horas de este sábado.
Según informes preliminares de la Policía Municipal, la masacre se registró en la casa de la familia de un agente de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, quien vive en la ranchería de Montegrande, casi en los límites del municipio de Jonuta, a unos 100 kilómetros al sur de Villahermosa.
El comando armado llegó directamente al domicilio para perpetrar el múltiple homicidio. Esta es la primera ocasión que en Tabasco se registra una ejecución de estas características.
Hasta la medianoche, las autoridades aún no detallaban los nombres de las 11 personas acribilladas ni el del oficial fallecido.
De acuerdo con la Policía Municipal de Macuspana existe la posibilidad de que se trate de una venganza por la detención de un grupo de sicarios y la muerte de cuatro más durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad registrado el martes pasado.
Comentario:
Y siguen reprobando las autoridades en materia de seguridad. No importa de que nivel, ni de que partido gobernando. El resultado es el mismo: reprobados.
sábado, 7 de febrero de 2009
Giran orden de aprehensión contra Herrera Valles.
Noticia:
Un juez federal concedió a la Procuraduría General de la República una orden de aprehensión contra Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, quien será trasladado en la próximas horas al Penal Federal de Tepic, informó Eduardo Herrera, hijo del ex mando policiaco.
Herrera Valles durante varios meses criticó la gestión del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, denunciando irregularidades como corrupción y tráfico de influencias.
La consignación se da cuatro días antes de vencer el arraigo al que está sujeto Herrera Valles, quien está detenido desde el 17 de noviembre de 2008, acusado de recibir pagos de grupos vinculados con el crimen organizado.
Eduardo Herrera reiteró que la consignación de su padre es una represalia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues Herrera Valles criticó por varios meses la gestión del funcionario al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal denunciando en dos cartas al presidente Felipe Calderón irregularidades como corrupción y tráfico de influencias.
Durante el arraigo, Herrera Valles expresó que teme por su vida, la de sus familiares y colaboradores, y responsabilizo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de cualquier cosa que les ocurra.
La defensa del ex coordinador de Seguridad Regional ha asegurado desde su detención que no existen pruebas en su contra, incluso a las pocas semanas de ser arraigado, el testigo principal de la PGR, Víctor Manuel Martínez Rocha se retractó de las acusasiones en las que aseguró haber presenciado reuniones de Herrera Valles con líderes de organizaciones criminales.
Eduardo Herrera dijo que la abogada de su padre fue informada de que la Secretaría de Seguridad Pública envió de última hora un escrito supuestamente con más elementos de acusación, y que fue con base en ese documento con el que se otorgó la orden de aprehensión.
"Es una maniobra del secretario García Luna, lo mismo ocurrió en el caso de mi tío Arturo preso actualmente en el penal de máxima seguridad de occidente en Jalisco, el subsecretario Facundo Rosas envió un escrito solicitando que se le internara en un penal de alta seguridad por su peligrosidad".
Agregó que el día de hoy no ha podido hablar con su padre, quien hace unas semanas solicitó a la PGR el levantamiento de su arraigo por no existir pruebas en su contra, pero que tiene información de que se le está practicando el examen médico previo al traslado.
"Estamos muy desconcertados e indignados, la abogada estaba segura de que iba a salir libre porque no hay elementos en su contra" , manifestó.
Comentario:
¿Cómo pueden ofrecer seguridad a la ciudadanía, si se aprovechan de su cargo para formar parte de la delincuencia organizada?
Un juez federal concedió a la Procuraduría General de la República una orden de aprehensión contra Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, quien será trasladado en la próximas horas al Penal Federal de Tepic, informó Eduardo Herrera, hijo del ex mando policiaco.
Herrera Valles durante varios meses criticó la gestión del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, denunciando irregularidades como corrupción y tráfico de influencias.
La consignación se da cuatro días antes de vencer el arraigo al que está sujeto Herrera Valles, quien está detenido desde el 17 de noviembre de 2008, acusado de recibir pagos de grupos vinculados con el crimen organizado.
Eduardo Herrera reiteró que la consignación de su padre es una represalia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues Herrera Valles criticó por varios meses la gestión del funcionario al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal denunciando en dos cartas al presidente Felipe Calderón irregularidades como corrupción y tráfico de influencias.
Durante el arraigo, Herrera Valles expresó que teme por su vida, la de sus familiares y colaboradores, y responsabilizo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de cualquier cosa que les ocurra.
La defensa del ex coordinador de Seguridad Regional ha asegurado desde su detención que no existen pruebas en su contra, incluso a las pocas semanas de ser arraigado, el testigo principal de la PGR, Víctor Manuel Martínez Rocha se retractó de las acusasiones en las que aseguró haber presenciado reuniones de Herrera Valles con líderes de organizaciones criminales.
Eduardo Herrera dijo que la abogada de su padre fue informada de que la Secretaría de Seguridad Pública envió de última hora un escrito supuestamente con más elementos de acusación, y que fue con base en ese documento con el que se otorgó la orden de aprehensión.
"Es una maniobra del secretario García Luna, lo mismo ocurrió en el caso de mi tío Arturo preso actualmente en el penal de máxima seguridad de occidente en Jalisco, el subsecretario Facundo Rosas envió un escrito solicitando que se le internara en un penal de alta seguridad por su peligrosidad".
Agregó que el día de hoy no ha podido hablar con su padre, quien hace unas semanas solicitó a la PGR el levantamiento de su arraigo por no existir pruebas en su contra, pero que tiene información de que se le está practicando el examen médico previo al traslado.
"Estamos muy desconcertados e indignados, la abogada estaba segura de que iba a salir libre porque no hay elementos en su contra" , manifestó.
Comentario:
¿Cómo pueden ofrecer seguridad a la ciudadanía, si se aprovechan de su cargo para formar parte de la delincuencia organizada?
martes, 3 de febrero de 2009
Ráfaga contra multitud en la carrera de caballos.
Noticia:
Uno de los pasatiempos de las familias de este municipio (Namiquipa, Chihuahua), es ir a las carreras de caballos los domingos. Pero esta vez el desenlace fue diferente a ocasiones anteriores.
Un comando de casi 40 hombres, encapuchados y armados, abrieron fuego para enfrentar a una banda rival. Unos 300 asistentes corrieron en medio de las ráfagas, muchos de ellos mujeres y niños.
Los sicarios llegaron en cuatro camionetas y asesinaron a tres sujetos.
El enfrentamiento duró unos 20 minutos y continuó en brechas de la comunidad de El Terrero, donde se realizaba la competencia ecuestre.
En el ataque dos policías resultaron heridos. El resto de los elementos de la corporación municipal abandonaron sus puestos; ninguno acudió a trabajar, incluso las oficinas se quedaron abiertas y una televisión permanecía encendida.
Ayer, las calles lucieron semivacías, y la poca gente que salió de sus casas caminaba de prisa. Los negocios tuvieron poca afluencia.
Este municipio, enclavado en la sierra, se caracteriza por la presencia de grupos del crimen organizado.
Comentario:
La inseguridad hasta en los poblados más tranquilos.
Uno de los pasatiempos de las familias de este municipio (Namiquipa, Chihuahua), es ir a las carreras de caballos los domingos. Pero esta vez el desenlace fue diferente a ocasiones anteriores.
Un comando de casi 40 hombres, encapuchados y armados, abrieron fuego para enfrentar a una banda rival. Unos 300 asistentes corrieron en medio de las ráfagas, muchos de ellos mujeres y niños.
Los sicarios llegaron en cuatro camionetas y asesinaron a tres sujetos.
El enfrentamiento duró unos 20 minutos y continuó en brechas de la comunidad de El Terrero, donde se realizaba la competencia ecuestre.
En el ataque dos policías resultaron heridos. El resto de los elementos de la corporación municipal abandonaron sus puestos; ninguno acudió a trabajar, incluso las oficinas se quedaron abiertas y una televisión permanecía encendida.
Ayer, las calles lucieron semivacías, y la poca gente que salió de sus casas caminaba de prisa. Los negocios tuvieron poca afluencia.
Este municipio, enclavado en la sierra, se caracteriza por la presencia de grupos del crimen organizado.
Comentario:
La inseguridad hasta en los poblados más tranquilos.
Matan al jefe policiaco del pueblo sublevado.
Noticia:
El pueblo de Villanueva, que a finales de enero levantó la voz y decidió bloquear carreteras para protestar contra la ola de secuestros que se registraba en la comunidad, se encuentra ahora en medio del temor y la incertidumbre.
Ayer, a las 10:30 horas el director de la Policía Municipal, Rómulo Madrid Olave, ex militar de 41 años de edad y originario de Chihuahua, fue asesinado al salir de su domicilio particular.
A raíz de las protestas, el Ejército tomó el control de la vigilancia de la población y desarmó a la policía local, incluido Madrid Olave.
La muerte del mando policiaco vino a incrementar la psicosis. Habitantes entrevistados vía telefónica, quienes pidieron omitir su nombre, manifestaron que en el poblado hay un temor colectivo.
“Pareciera que es un mensaje a todo el pueblo que decidió protestar, o quizá va para las corporaciones y los militares. Con vigilancia o sin vigilancia, el crimen organizado sigue dando su firma”, expresó uno de los consultados.
Tras los hechos, el secretario general de Gobierno, Carlos Pinto Núñez, leyó un documento e informó que se tiene en calidad de testigo a Antonio de la Torre Quiroz, chofer del presidente municipal, Antonio de la Torre del Río.
Explicó que de acuerdo con testigos, el chofer del alcalde acudió minutos antes de la ejecución a la casa del jefe policiaco para que éste revisara mecánicamente una camioneta.
Mientras el mando revisaba el vehículo, arribaron unos sujetos en un automóvil y dispararon en 25 ocasiones con armas calibre 9 milímetros en contra del funcionario. Las autoridades estatales mencionaron que tienen retratos hablados de los agresores.
El gobierno del estado informó que el Consejo Estatal de Seguridad Pública coordina las investigaciones.
Comentario:
No es posible que ocurran este tipo de fenómenos. La inseguridad va para arriba y la ineptitud de las autoridades también.
El pueblo de Villanueva, que a finales de enero levantó la voz y decidió bloquear carreteras para protestar contra la ola de secuestros que se registraba en la comunidad, se encuentra ahora en medio del temor y la incertidumbre.
Ayer, a las 10:30 horas el director de la Policía Municipal, Rómulo Madrid Olave, ex militar de 41 años de edad y originario de Chihuahua, fue asesinado al salir de su domicilio particular.
A raíz de las protestas, el Ejército tomó el control de la vigilancia de la población y desarmó a la policía local, incluido Madrid Olave.
La muerte del mando policiaco vino a incrementar la psicosis. Habitantes entrevistados vía telefónica, quienes pidieron omitir su nombre, manifestaron que en el poblado hay un temor colectivo.
“Pareciera que es un mensaje a todo el pueblo que decidió protestar, o quizá va para las corporaciones y los militares. Con vigilancia o sin vigilancia, el crimen organizado sigue dando su firma”, expresó uno de los consultados.
Tras los hechos, el secretario general de Gobierno, Carlos Pinto Núñez, leyó un documento e informó que se tiene en calidad de testigo a Antonio de la Torre Quiroz, chofer del presidente municipal, Antonio de la Torre del Río.
Explicó que de acuerdo con testigos, el chofer del alcalde acudió minutos antes de la ejecución a la casa del jefe policiaco para que éste revisara mecánicamente una camioneta.
Mientras el mando revisaba el vehículo, arribaron unos sujetos en un automóvil y dispararon en 25 ocasiones con armas calibre 9 milímetros en contra del funcionario. Las autoridades estatales mencionaron que tienen retratos hablados de los agresores.
El gobierno del estado informó que el Consejo Estatal de Seguridad Pública coordina las investigaciones.
Comentario:
No es posible que ocurran este tipo de fenómenos. La inseguridad va para arriba y la ineptitud de las autoridades también.
lunes, 2 de febrero de 2009
Ola de plagios subleva a zacatecanos.
Noticia:
Escuchar la voz de un padre desesperado en un perifoneo callejero que, por ser prestamista, pedía el urgente pago a sus deudores con el objetivo de recaudar dinero para el rescate de sus hijos, indignó a un grupo de ciudadanos que decidió bloquear carreteras y exigir la presencia del Ejército mexicano, al desconfiar de la policía local.
Es la tierra del extinto cantautor Antonio Aguilar, 59 kilómetros al sur de la capital del estado, con 32 mil 215 habitantes y con fuerte vocación migratoria hacia Estados Unidos.
No era la primera vez que se sabía de un secuestro en Villanueva. Noviembre de 2008 fue realmente el detonante, cuando un centenar de habitantes de cinco comunidades optó por sitiar la carretera federal 54 que conduce a Guadalajara, Jalisco.
En aquella ocasión, los pobladores de la comunidad Felipe Ángeles denunciaban la creciente ola de secuestros y extorsiones, así como la presencia de grupos delictivos que actuaban en complicidad con policías municipales, a quienes culpaban de acabar con la tranquilidad de este pueblo.
La gente reveló asimismo que una de las personas secuestradas era Francisco Villa, conocido productor acuícola y propietario de una granja en el rancho Santa Rosa, por quien se pagó una fuerte suma en efectivo junto con la entrega de los títulos de propiedad de un espacio ecoturístico.
Aun con vigilancia, secuestran a maestro
Después de esa primera manifestación comenzaron los operativos especiales de la Base de Operación Mixta (BOM), integrada por corporaciones de la Federación, estado y municipios. La psicosis entre los pobladores disminuía. Pareciera que se trató de una tregua navideña, pues luego el temor de nueva cuenta abatió a los villanovenses.
Algunos habitantes relatan que en la primera quincena de enero se supo del secuestro del maestro jubilado de nombre Roberto García Cárdenas, quien aparte de ser comerciante es prestamista. Sus captores irrumpieron en un billar donde se encontraba y se lo llevaron.
Luis Medina Lizalde, columnista de un diario local, refirió el caso y confirmó los hechos, ya que conoce bien al secuestrado. Menciona que el profesor fue sometido a brutales golpizas y liberado tras el pago de un rescate de más de medio millón de pesos.
A los pocos días, los habitantes de Villanueva comenzaron a escuchar en las calles la voz del profe en un perifoneo por medio del cual pedía la comprensión de quienes le debían dinero. Anunciaba la condonación de intereses, incluso la venta de sus negocios. Refería que era urgente recuperar ese dinero porque su familia estaba en peligro.
Fue así como se supo que sus dos hijos habían sido plagiados. Esto enardeció a muchos y nuevamente levantaron la voz. Este pueblo no aguantó más, ya que veía y vivía la ola de inseguridad que padece el país y el estado.
Alzan de nuevo la voz
El 24 de enero pasado, centenares de villanovenses decidieron bloquear la carretera federal Zacatecas-Guadalajara. No sólo reclamaban la presencia exclusiva del Ejército, sino la destitución de los 42 elementos de la policía municipal, al denunciar la complicidad entre éstos y los grupos delincuenciales.
En un escrito público se alertaba que Villanueva vive “la peor situación de su historia en materia de seguridad”, toda vez que 50 delincuentes mantienen cautivo a todo un pueblo, ya que se cometen hasta siete secuestros por semana, a cambio “de altas cantidades”.
El reto plasmado rezaba: “Si la señora (la gobernadora Amalia García) no es capaz de brindar seguridad al pueblo que la eligió, que renuncie”.
Desde ese día, militares desarmaron a la policía local y mantienen bajo su custodia aproximadamente 14 armas (largas y cortas), mientras unos 15 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) atienden los reportes ciudadanos y unos 35 soldados realizan operativos de vigilancia.
Personal del Consejo Estatal de Seguridad Pública aplica exámenes de confianza a los agentes municipales de Villanueva y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) las pruebas antidoping.
En libertad
El cautiverio de los jóvenes hijos del maestro se prolongó unos días más, y el pasado 30 de enero trascendió en forma extraoficial que fueron liberados y de inmediato abandonaron el estado por su seguridad.
Sin embargo, el político y comunicólogo Luis Medina asegura que tiene contabilizados unos 30 casos de desaparecidos en la región. Entre ellos están 10 personas de apellido Herrera, víctimas del levantón masivo que ocurrió en octubre en el municipio de Jiménez del Téul, así como otros secuestros de personas muy conocidas en esta zona. Afirma, incluso, que en algunos casos se pagaron los rescates, pero las víctimas jamás han sido devueltas a sus familiares.
El éxodo
Las autoridades municipales reconocen que desde hace medio año se registraron los primeros secuestros en Villanueva, situación que paulatinamente origina el éxodo de la gente del pueblo “por miedo y para cuidar su integridad”.
Juan Vera Flores, secretario de este ayuntamiento, admitió que los secuestros y extorsiones han provocado la retirada de familias enteras de la cabecera municipal y de varias comunidades cercanas, así como el cierre de un sinfín de comercios.
Agrega: “Tal vez tienen miedo de que llegue esta gente (delincuentes) a cobrarles y les quiten lo poco o mucho que ganan. La economía ha bajado. Ya no hay quién quiera construir para no llamar su atención. Es una cadenita: si no construyen ya no le compran al materialista, el albañil se queda sin trabajo, éstos no tienen para comprar herramientas ni para ir al mercado. Así sucesivamente”.
Describe las movilizaciones en frases concretas: “Creo que la gente despertó. Ya no aguantó más. Es una acción de total rechazo a la inseguridad”.
Puntualiza además que desde que supieron de los primeros secuestros lo notificaron a las autoridades estatales, quienes enviaron operativos. “Nosotros creímos en el gobierno, pero para la gente no fue suficiente”.
Luego de que la ciudadanía en sus manifestaciones denunció que hay policías coludidos con los grupos armados, el alcalde Antonio de la Torre respaldó el reclamo de los gobernados y puso a consideración de las autoridades correspondientes a la corporación policiaca.
El secretario aclara: “No se trata de meter o no las manos al fuego por ellos (policías). Queremos que se abran investigaciones previas a los elementos de seguridad pública señalados como cómplices de la delincuencia organizada”.
Añade que 70% de los policías son originarios de Villanueva y el resto de los municipios vecinos de Tabasco, Guadalupe y Zacatecas. “No son contrataciones al vapor. Se hacen bajo el perfil y el aval del Consejo Estatal de Seguridad Pública”.
Por lo pronto, las autoridades municipales están por realizar una sesión extraordinaria de cabildo para determinar el futuro de los policías.
Cuestionado sobre si en el municipio opera el crimen organizado, el secretario expresó: “Es una pregunta muy directa, no quisiera aceptarla o rechazarla, pues todo esto es un efecto que se ha dado a nivel estatal y federal. No creo que Villanueva sea la excepción”.
Comentario:
La inseguridad sigue en aumento, al mismo tiempo que la incapacidad de nuestras autoridades. Eso es un verdadero drama.
Escuchar la voz de un padre desesperado en un perifoneo callejero que, por ser prestamista, pedía el urgente pago a sus deudores con el objetivo de recaudar dinero para el rescate de sus hijos, indignó a un grupo de ciudadanos que decidió bloquear carreteras y exigir la presencia del Ejército mexicano, al desconfiar de la policía local.
Es la tierra del extinto cantautor Antonio Aguilar, 59 kilómetros al sur de la capital del estado, con 32 mil 215 habitantes y con fuerte vocación migratoria hacia Estados Unidos.
No era la primera vez que se sabía de un secuestro en Villanueva. Noviembre de 2008 fue realmente el detonante, cuando un centenar de habitantes de cinco comunidades optó por sitiar la carretera federal 54 que conduce a Guadalajara, Jalisco.
En aquella ocasión, los pobladores de la comunidad Felipe Ángeles denunciaban la creciente ola de secuestros y extorsiones, así como la presencia de grupos delictivos que actuaban en complicidad con policías municipales, a quienes culpaban de acabar con la tranquilidad de este pueblo.
La gente reveló asimismo que una de las personas secuestradas era Francisco Villa, conocido productor acuícola y propietario de una granja en el rancho Santa Rosa, por quien se pagó una fuerte suma en efectivo junto con la entrega de los títulos de propiedad de un espacio ecoturístico.
Aun con vigilancia, secuestran a maestro
Después de esa primera manifestación comenzaron los operativos especiales de la Base de Operación Mixta (BOM), integrada por corporaciones de la Federación, estado y municipios. La psicosis entre los pobladores disminuía. Pareciera que se trató de una tregua navideña, pues luego el temor de nueva cuenta abatió a los villanovenses.
Algunos habitantes relatan que en la primera quincena de enero se supo del secuestro del maestro jubilado de nombre Roberto García Cárdenas, quien aparte de ser comerciante es prestamista. Sus captores irrumpieron en un billar donde se encontraba y se lo llevaron.
Luis Medina Lizalde, columnista de un diario local, refirió el caso y confirmó los hechos, ya que conoce bien al secuestrado. Menciona que el profesor fue sometido a brutales golpizas y liberado tras el pago de un rescate de más de medio millón de pesos.
A los pocos días, los habitantes de Villanueva comenzaron a escuchar en las calles la voz del profe en un perifoneo por medio del cual pedía la comprensión de quienes le debían dinero. Anunciaba la condonación de intereses, incluso la venta de sus negocios. Refería que era urgente recuperar ese dinero porque su familia estaba en peligro.
Fue así como se supo que sus dos hijos habían sido plagiados. Esto enardeció a muchos y nuevamente levantaron la voz. Este pueblo no aguantó más, ya que veía y vivía la ola de inseguridad que padece el país y el estado.
Alzan de nuevo la voz
El 24 de enero pasado, centenares de villanovenses decidieron bloquear la carretera federal Zacatecas-Guadalajara. No sólo reclamaban la presencia exclusiva del Ejército, sino la destitución de los 42 elementos de la policía municipal, al denunciar la complicidad entre éstos y los grupos delincuenciales.
En un escrito público se alertaba que Villanueva vive “la peor situación de su historia en materia de seguridad”, toda vez que 50 delincuentes mantienen cautivo a todo un pueblo, ya que se cometen hasta siete secuestros por semana, a cambio “de altas cantidades”.
El reto plasmado rezaba: “Si la señora (la gobernadora Amalia García) no es capaz de brindar seguridad al pueblo que la eligió, que renuncie”.
Desde ese día, militares desarmaron a la policía local y mantienen bajo su custodia aproximadamente 14 armas (largas y cortas), mientras unos 15 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) atienden los reportes ciudadanos y unos 35 soldados realizan operativos de vigilancia.
Personal del Consejo Estatal de Seguridad Pública aplica exámenes de confianza a los agentes municipales de Villanueva y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) las pruebas antidoping.
En libertad
El cautiverio de los jóvenes hijos del maestro se prolongó unos días más, y el pasado 30 de enero trascendió en forma extraoficial que fueron liberados y de inmediato abandonaron el estado por su seguridad.
Sin embargo, el político y comunicólogo Luis Medina asegura que tiene contabilizados unos 30 casos de desaparecidos en la región. Entre ellos están 10 personas de apellido Herrera, víctimas del levantón masivo que ocurrió en octubre en el municipio de Jiménez del Téul, así como otros secuestros de personas muy conocidas en esta zona. Afirma, incluso, que en algunos casos se pagaron los rescates, pero las víctimas jamás han sido devueltas a sus familiares.
El éxodo
Las autoridades municipales reconocen que desde hace medio año se registraron los primeros secuestros en Villanueva, situación que paulatinamente origina el éxodo de la gente del pueblo “por miedo y para cuidar su integridad”.
Juan Vera Flores, secretario de este ayuntamiento, admitió que los secuestros y extorsiones han provocado la retirada de familias enteras de la cabecera municipal y de varias comunidades cercanas, así como el cierre de un sinfín de comercios.
Agrega: “Tal vez tienen miedo de que llegue esta gente (delincuentes) a cobrarles y les quiten lo poco o mucho que ganan. La economía ha bajado. Ya no hay quién quiera construir para no llamar su atención. Es una cadenita: si no construyen ya no le compran al materialista, el albañil se queda sin trabajo, éstos no tienen para comprar herramientas ni para ir al mercado. Así sucesivamente”.
Describe las movilizaciones en frases concretas: “Creo que la gente despertó. Ya no aguantó más. Es una acción de total rechazo a la inseguridad”.
Puntualiza además que desde que supieron de los primeros secuestros lo notificaron a las autoridades estatales, quienes enviaron operativos. “Nosotros creímos en el gobierno, pero para la gente no fue suficiente”.
Luego de que la ciudadanía en sus manifestaciones denunció que hay policías coludidos con los grupos armados, el alcalde Antonio de la Torre respaldó el reclamo de los gobernados y puso a consideración de las autoridades correspondientes a la corporación policiaca.
El secretario aclara: “No se trata de meter o no las manos al fuego por ellos (policías). Queremos que se abran investigaciones previas a los elementos de seguridad pública señalados como cómplices de la delincuencia organizada”.
Añade que 70% de los policías son originarios de Villanueva y el resto de los municipios vecinos de Tabasco, Guadalupe y Zacatecas. “No son contrataciones al vapor. Se hacen bajo el perfil y el aval del Consejo Estatal de Seguridad Pública”.
Por lo pronto, las autoridades municipales están por realizar una sesión extraordinaria de cabildo para determinar el futuro de los policías.
Cuestionado sobre si en el municipio opera el crimen organizado, el secretario expresó: “Es una pregunta muy directa, no quisiera aceptarla o rechazarla, pues todo esto es un efecto que se ha dado a nivel estatal y federal. No creo que Villanueva sea la excepción”.
Comentario:
La inseguridad sigue en aumento, al mismo tiempo que la incapacidad de nuestras autoridades. Eso es un verdadero drama.
lunes, 26 de enero de 2009
En Uruguay se está privatizando la seguridad.
Noticia:
La sociedad uruguaya vive un marco de delitos que vienen acompañados por un grado de violencia extrema. Ante este aumento, los ciudadanos se sienten desprotegidos por el Estado y para defenderse han comenzado a armarse, a colocar más sistemas de vigilancia y a agruparse, cuando no a hacer justicia por mano propia. En consecuencia el sector privado ha aumentado el gasto en seguridad.
Esta realidad fue analizada por el sociólogo, y candidato a la presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres. A su entender, la sociedad uruguaya está asistiendo a un espiral de violencia cada vez mayor, producto del vacío existente en materia de seguridad.
Mieres dijo que los delincuentes también viven una situación nueva: ahora la víctima esta armada. Como consecuencia, cuando se comete el crimen, se realiza con mayor violencia. Estas circunstancias han llegado al "punto más extremo", al punto que para el profesional consultado la única solución posible pasa por la revalorización de la institución policial y de la seguridad pública.
"En Uruguay se vive una parajoda", afirmó. Esto es porque en las concepciones más liberales en material estatal se reivindica el rol de la gendarmería como un rol del Estado; pero en Uruguay se asiste a una privatización de la seguridad, donde los vecinos deben armarse y actuar colectivEl profesional agregó que a través de los diferentes gobiernos la eficacia de la seguridad es cada vez menor y propuso una comparación entre el gasto privado y el público en materia de seguridad.
Mientras que el gasto público no ha crecido significativamente, "porque los sueldos de los policías no son nada interesantes y cada vez se les permite entrar con menores requisitos de formación", el gasto privado ha aumentado considerablemente, ya sea por la contratación de empresas de seguridad, colocación de rejas y alarmas o compra de armas.
En la última rendición de cuentas, los gastos destinados a la seguridad incluyen US$ 20:, que van directamente al Ministerio del Interior y otros US$ 18:, que se destinan a la reforma del Estado, con los cuales se financiará la Agencia de Gobierno Electrónico y los centros de Atención Ciudadana, entre otras cosas.
MEDIDAS. Desde el punto de vista político, Mieres adelantó que el Partido Independiente ha elaborado un documento sobre la seguridad, el cual se basa en dos claves principales. La anteriormente mencionada, dignificación de la institución policial, y la eliminación del servicio privado 222.
Respecto al primer punto Mieres dijo que el Estado uruguayo debe priorizar el valor de la seguridad en el presupuesto. "Si los uruguayos queremos seguridad, hay que tener claro que debemos pagar por ella", puntualizó.
En cuanto a la eliminación del "222" argumentó que la supresión de este servicio no debe hacerse en base a la reducción del salario del policía, sino que por el contrario el mismo debe mejorar.
"No puede ser que el policía para tener un salario realmente digno, trabaje ocho horas como funcionario policial y otras ocho horas en el 222", criticó. De esta manera, además de no descansar, procurará preservar su trabajo en el servicio privado —de donde puede ser despedido— y descuidará su función policial —de donde no lo pueden echar— ya que es un funcionario público, manifestó el líder político.
Mieres también destacó la urgencia de reorganizar los límites geográficos de las seccionales, los cuales están vigentes desde hace medio siglo. Explicó que los procesos demográficos de distribución de la población han variado considerablemente y, por tanto, zonas que antes estaban vacías hoy están densamente pobladas.
También subrayó la necesidad de terminar con el círculo del delito, conformado por receptores o reducidores, a quien el ladrón vende la mercadería robada. Según el líder del Partido Independiente, la policía seguramente sabe quienes son los reducidores. Si se los elimina, el delincuente ya no tiene donde vender su mercadería, explicó.
Como última medida mencionó la recuperación de la dimensión local de la policía. "Cada comisario debe ser una referencia para el barrio", que esté basada en una relación social fuerte de la policía con la comunidad, así como la tienen hoy el centro comunal o los directores de las escuelas.
"¿En qué quedó el plan de seguridad?"
Mieres indicó que otro problema es que la gestión de la ministra del Interior "poco y nada ayuda" a resolver estos dilemas. Ha tenido una serie de conductas "la descalifican como autoridad" y le quitan capacidad para dar órdenes, agregó.
A su vez, señaló que el Ministerio del Interior no tiene ningún plan para combatir la inseguridad. "El año pasado nos tuvo a todos en vilo con el nuevo plan de seguridad y ¿en qué quedó el plan que se anunció con bombos y platillos?", se preguntó. "La única medida que recuerdo es el aumento del patrullaje, una medida obvia, simple y sin capacidad de tener efectos", agregó.
El País Digital
Comentario:
Un fenómeno de cuidarse y hacerse justicia por propia mano, frente a la incompetencia de la autoridad.
La sociedad uruguaya vive un marco de delitos que vienen acompañados por un grado de violencia extrema. Ante este aumento, los ciudadanos se sienten desprotegidos por el Estado y para defenderse han comenzado a armarse, a colocar más sistemas de vigilancia y a agruparse, cuando no a hacer justicia por mano propia. En consecuencia el sector privado ha aumentado el gasto en seguridad.
Esta realidad fue analizada por el sociólogo, y candidato a la presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres. A su entender, la sociedad uruguaya está asistiendo a un espiral de violencia cada vez mayor, producto del vacío existente en materia de seguridad.
Mieres dijo que los delincuentes también viven una situación nueva: ahora la víctima esta armada. Como consecuencia, cuando se comete el crimen, se realiza con mayor violencia. Estas circunstancias han llegado al "punto más extremo", al punto que para el profesional consultado la única solución posible pasa por la revalorización de la institución policial y de la seguridad pública.
"En Uruguay se vive una parajoda", afirmó. Esto es porque en las concepciones más liberales en material estatal se reivindica el rol de la gendarmería como un rol del Estado; pero en Uruguay se asiste a una privatización de la seguridad, donde los vecinos deben armarse y actuar colectivEl profesional agregó que a través de los diferentes gobiernos la eficacia de la seguridad es cada vez menor y propuso una comparación entre el gasto privado y el público en materia de seguridad.
Mientras que el gasto público no ha crecido significativamente, "porque los sueldos de los policías no son nada interesantes y cada vez se les permite entrar con menores requisitos de formación", el gasto privado ha aumentado considerablemente, ya sea por la contratación de empresas de seguridad, colocación de rejas y alarmas o compra de armas.
En la última rendición de cuentas, los gastos destinados a la seguridad incluyen US$ 20:, que van directamente al Ministerio del Interior y otros US$ 18:, que se destinan a la reforma del Estado, con los cuales se financiará la Agencia de Gobierno Electrónico y los centros de Atención Ciudadana, entre otras cosas.
MEDIDAS. Desde el punto de vista político, Mieres adelantó que el Partido Independiente ha elaborado un documento sobre la seguridad, el cual se basa en dos claves principales. La anteriormente mencionada, dignificación de la institución policial, y la eliminación del servicio privado 222.
Respecto al primer punto Mieres dijo que el Estado uruguayo debe priorizar el valor de la seguridad en el presupuesto. "Si los uruguayos queremos seguridad, hay que tener claro que debemos pagar por ella", puntualizó.
En cuanto a la eliminación del "222" argumentó que la supresión de este servicio no debe hacerse en base a la reducción del salario del policía, sino que por el contrario el mismo debe mejorar.
"No puede ser que el policía para tener un salario realmente digno, trabaje ocho horas como funcionario policial y otras ocho horas en el 222", criticó. De esta manera, además de no descansar, procurará preservar su trabajo en el servicio privado —de donde puede ser despedido— y descuidará su función policial —de donde no lo pueden echar— ya que es un funcionario público, manifestó el líder político.
Mieres también destacó la urgencia de reorganizar los límites geográficos de las seccionales, los cuales están vigentes desde hace medio siglo. Explicó que los procesos demográficos de distribución de la población han variado considerablemente y, por tanto, zonas que antes estaban vacías hoy están densamente pobladas.
También subrayó la necesidad de terminar con el círculo del delito, conformado por receptores o reducidores, a quien el ladrón vende la mercadería robada. Según el líder del Partido Independiente, la policía seguramente sabe quienes son los reducidores. Si se los elimina, el delincuente ya no tiene donde vender su mercadería, explicó.
Como última medida mencionó la recuperación de la dimensión local de la policía. "Cada comisario debe ser una referencia para el barrio", que esté basada en una relación social fuerte de la policía con la comunidad, así como la tienen hoy el centro comunal o los directores de las escuelas.
"¿En qué quedó el plan de seguridad?"
Mieres indicó que otro problema es que la gestión de la ministra del Interior "poco y nada ayuda" a resolver estos dilemas. Ha tenido una serie de conductas "la descalifican como autoridad" y le quitan capacidad para dar órdenes, agregó.
A su vez, señaló que el Ministerio del Interior no tiene ningún plan para combatir la inseguridad. "El año pasado nos tuvo a todos en vilo con el nuevo plan de seguridad y ¿en qué quedó el plan que se anunció con bombos y platillos?", se preguntó. "La única medida que recuerdo es el aumento del patrullaje, una medida obvia, simple y sin capacidad de tener efectos", agregó.
El País Digital
Comentario:
Un fenómeno de cuidarse y hacerse justicia por propia mano, frente a la incompetencia de la autoridad.
martes, 16 de diciembre de 2008
CNDH advierte de espiral de violencia.
Noticia:
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, consideró que después de una década de programas rebasados se debe rediseñar la estrategia nacional de seguridad pública a fin de contener la crisis de inseguridad y violencia que se vive en el país, pues las cifras de los delitos de alto impacto —secuestros y homicidios— se han incrementado en el último año, sólo 1% de las víctimas acceden a la justicia y la población vive atemorizada.
Al presentar en esta ciudad el segundo Informe Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Seguridad Pública, el ombudsman indicó que además de las policías, el Ejército ha cometido excesos y violaciones y se ha generado una “militarización” de las tareas de seguridad pública sin una razón clara que justifique la intervención militar, por lo que al replantear la estrategia se debe garantizar el uso de las Fuerzas Armadas sólo cuando esté en riesgo la seguridad nacional.
Durante la presentación del informe destacó que la espiral de violencia y agresividad es de tal magnitud que sólo en este 2008 han ocurrido 5 mil 585 ejecuciones atribuidas al crimen organizado —las mismas que se registraron durante todo el sexenio del ex presidente Vicente Fox—, un promedio de siete secuestros diarios y en general, desde hace tres años, 43 mil 835 mexicanos han sido afectados cada día por crímenes del fuero común y federal.
Además, detalló que debido a la impunidad, la corrupción y la incapacidad de las autoridades, existe 75% de probabilidades de que un delincuente no sea detenido aunque haya una orden de aprehensión en su contra.
Y todo ello, señaló, “se verá reflejado en las urnas” en el proceso electoral de 2009.
Indicó que los estados que encabezan este año la lista de ejecuciones son Chihuahua (mil 878), Sinaloa (853) y Baja California (535), y noviembre fue el mes en el que se registró el mayor número de homicidios.
Con relación a los secuestros, la CNDH señaló que de 2001 a noviembre del 2008 han tenido un desarrollo preocupante, pues en ese periodo se registraron 5 mil 140.
“Pero si consideramos la cifra negra de este delito, se traduce que uno de cada cuatro secuestros se denuncia, lo que significa que en realidad se cometieron 20 mil secuestros en dicho periodo, un promedio de 2 mil 500 por año y siete secuestros por día, a pesar de la existencia de una Estrategia Nacional contra el Secuestro”, detalló el ombudsman nacional.
En el informe de 117 páginas se señala que en los últimos tres años aumentó la incidencia delictiva, ya que hubo 48 millones de víctimas a nivel nacional, es decir, un promedio de 43 mil 835 mexicanos resultaron afectados cada día por crímenes del fuero común y federal.
Soberanes Fernández dijo que sólo 1% de las víctimas aspira a recibir justicia y probablemente a que se les repare el daño causado, “frente a un 99% de delincuentes que ante la falta de eficacia de las políticas de seguridad pública han hecho del delito una forma de vida con la alta expectativa de que si son aprehendidos rápidamente serán liberados si se enfrentan a policías corruptos, ministerios públicos que no conocen su función o que si la conocen la pervierten, así como un sistema judicial con grandes deficiencias”.
Destacó la urgencia de modificar los planes de seguridad pública, pues éstos son los mismos que los de hace 10 años y ya fueron rebasados. “Si no se cambia de actitud y continúan programas que se quedan en buenas intenciones, esta espiral de violencia irá para arriba”, advirtió el presidente de la CNDH.
El primer visitador general de la CNDH, Raúl Plascencia, explicó que de una muestra de 7 entidades federativas, se deduce que el nivel de ineficiencia de las autoridades para ejecutar órdenes de aprehensión alcanza hasta el 82%, lo que garantiza a la mayor parte de los delincuentes que no sean llevados ante la justicia.
En el contexto de combate a la delincuencia y el crimen organizado, el informe de la CNDH señala que en los últimos tres años ha recibido 3 mil 975 quejas del ámbito federal, mientras que 17 entidades recibieron 24 mil 81 quejas de ciudadanos contra elementos de seguridad pública por detención arbitraria, ejercicio indebido de la función pública, violación al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica y trato cruel, inhumano y degradante.
Comentario:
El problema no es que se hayan rebasado los programas, sino que más bien o no se aplicaron o se aplicaron mal. La corrupción es el elemento principal para que no funcionen los programas. El problema no es el programa, es la corrupción. Además, se cuenta con un personal no capacitado y de ahí la violación a los derechos más elementales. La incompetencia provoca ejercicio indebido de la función pública.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, consideró que después de una década de programas rebasados se debe rediseñar la estrategia nacional de seguridad pública a fin de contener la crisis de inseguridad y violencia que se vive en el país, pues las cifras de los delitos de alto impacto —secuestros y homicidios— se han incrementado en el último año, sólo 1% de las víctimas acceden a la justicia y la población vive atemorizada.
Al presentar en esta ciudad el segundo Informe Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Seguridad Pública, el ombudsman indicó que además de las policías, el Ejército ha cometido excesos y violaciones y se ha generado una “militarización” de las tareas de seguridad pública sin una razón clara que justifique la intervención militar, por lo que al replantear la estrategia se debe garantizar el uso de las Fuerzas Armadas sólo cuando esté en riesgo la seguridad nacional.
Durante la presentación del informe destacó que la espiral de violencia y agresividad es de tal magnitud que sólo en este 2008 han ocurrido 5 mil 585 ejecuciones atribuidas al crimen organizado —las mismas que se registraron durante todo el sexenio del ex presidente Vicente Fox—, un promedio de siete secuestros diarios y en general, desde hace tres años, 43 mil 835 mexicanos han sido afectados cada día por crímenes del fuero común y federal.
Además, detalló que debido a la impunidad, la corrupción y la incapacidad de las autoridades, existe 75% de probabilidades de que un delincuente no sea detenido aunque haya una orden de aprehensión en su contra.
Y todo ello, señaló, “se verá reflejado en las urnas” en el proceso electoral de 2009.
Indicó que los estados que encabezan este año la lista de ejecuciones son Chihuahua (mil 878), Sinaloa (853) y Baja California (535), y noviembre fue el mes en el que se registró el mayor número de homicidios.
Con relación a los secuestros, la CNDH señaló que de 2001 a noviembre del 2008 han tenido un desarrollo preocupante, pues en ese periodo se registraron 5 mil 140.
“Pero si consideramos la cifra negra de este delito, se traduce que uno de cada cuatro secuestros se denuncia, lo que significa que en realidad se cometieron 20 mil secuestros en dicho periodo, un promedio de 2 mil 500 por año y siete secuestros por día, a pesar de la existencia de una Estrategia Nacional contra el Secuestro”, detalló el ombudsman nacional.
En el informe de 117 páginas se señala que en los últimos tres años aumentó la incidencia delictiva, ya que hubo 48 millones de víctimas a nivel nacional, es decir, un promedio de 43 mil 835 mexicanos resultaron afectados cada día por crímenes del fuero común y federal.
Soberanes Fernández dijo que sólo 1% de las víctimas aspira a recibir justicia y probablemente a que se les repare el daño causado, “frente a un 99% de delincuentes que ante la falta de eficacia de las políticas de seguridad pública han hecho del delito una forma de vida con la alta expectativa de que si son aprehendidos rápidamente serán liberados si se enfrentan a policías corruptos, ministerios públicos que no conocen su función o que si la conocen la pervierten, así como un sistema judicial con grandes deficiencias”.
Destacó la urgencia de modificar los planes de seguridad pública, pues éstos son los mismos que los de hace 10 años y ya fueron rebasados. “Si no se cambia de actitud y continúan programas que se quedan en buenas intenciones, esta espiral de violencia irá para arriba”, advirtió el presidente de la CNDH.
El primer visitador general de la CNDH, Raúl Plascencia, explicó que de una muestra de 7 entidades federativas, se deduce que el nivel de ineficiencia de las autoridades para ejecutar órdenes de aprehensión alcanza hasta el 82%, lo que garantiza a la mayor parte de los delincuentes que no sean llevados ante la justicia.
En el contexto de combate a la delincuencia y el crimen organizado, el informe de la CNDH señala que en los últimos tres años ha recibido 3 mil 975 quejas del ámbito federal, mientras que 17 entidades recibieron 24 mil 81 quejas de ciudadanos contra elementos de seguridad pública por detención arbitraria, ejercicio indebido de la función pública, violación al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica y trato cruel, inhumano y degradante.
Comentario:
El problema no es que se hayan rebasado los programas, sino que más bien o no se aplicaron o se aplicaron mal. La corrupción es el elemento principal para que no funcionen los programas. El problema no es el programa, es la corrupción. Además, se cuenta con un personal no capacitado y de ahí la violación a los derechos más elementales. La incompetencia provoca ejercicio indebido de la función pública.
miércoles, 19 de noviembre de 2008
Aumentan reclamos ciudadanos por inseguridad.
Noticia:
En entidades del norte, como Chihuahua y Zacatecas, importantes sectores privados y ciudadanos empezaron a movilizarse y a exigir a autoridades federales, estatales y municipales que den respuesta a sus reclamos encaminados a garantizar la seguridad pública y frenar la escalada de violencia, sin mayor éxito en el caso de la primera.
En Chihuahua, autoridades federales no han respondido al desplegado dominical en el que representantes de sectores sociales de la comunidad urgieron a que se convoque a una reunión del gabinete de seguridad nacional, para revisar las acciones en esta materia, informaron algunos de los convocantes al llamado conjunto.
Luego de que el pasado domingo, alcaldes, rectores de instituciones de educación superior, líderes gremiales y obispos de varias iglesias publicaran un desplegado en todos los periódicos del estado, instando al presidente Felipe Calderón a que replanteara la estrategia contra el crimen organizado, debido a los niveles “inaceptables de violencia”, que en Chihuahua acumulan mil 820 ejecuciones este año, empresarios locales afirmaron no haber entablado comunicación con la oficina presidencial o de las secretarías involucradas para conocer a fondo su solicitud.
Movilizaciones
Unas 100 personas de las comunidades Colonia Felipe Ángeles, Malpaso, Santa Rosa, Francisco Murguía y El Vergel, del municipio Villanueva, bloquearon por cuatro horas la carretera federal 54, para protestar por la inseguridad que viven y exigir la presencia del Ejército.
El pasado fin de semana, en Jerez, aledaño a Villanueva, comerciantes hicieron circular un volante en el que convocan a no participar en el desfile conmemorativo al aniversario del inicio de la Revolución, el 20 de noviembre.
En Chihuahua, el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Maurilio Ochoa Millán, y principal promotor del desplegado, comentó que continuarán realizando gestiones para que las instancias nacionales accedan a modificar la forma en que se ha enfrentado la ola de violencia que azota a la entidad.
Incluso el gobernador José Reyes Baeza gestiona con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, un encuentro con el gabinete federal, pero aún no se confirma que esa reunión pueda efectuarse, dijo el secretario general de Gobierno, Sergio Granados.
El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Carlos González, detalló que esta dependencia no ha emprendido acciones nuevas a raíz de la manifestación en los medios. Manifestó que se mantendrán las reuniones semanales con la cúpula empresarial de Ciudad Juárez, como se ha hecho en los últimos meses, por ser aquella frontera un “punto rojo” en el área de seguridad. (Con información de Irma Mejía)
Comentario:
La sociedad también tiene que participar en las soluciones. Por ejemplo, crear módulos de vigilancia o simplemente hacer denuncias. Pero ¿qué tal funcionan las denuncias anónimas?
En entidades del norte, como Chihuahua y Zacatecas, importantes sectores privados y ciudadanos empezaron a movilizarse y a exigir a autoridades federales, estatales y municipales que den respuesta a sus reclamos encaminados a garantizar la seguridad pública y frenar la escalada de violencia, sin mayor éxito en el caso de la primera.
En Chihuahua, autoridades federales no han respondido al desplegado dominical en el que representantes de sectores sociales de la comunidad urgieron a que se convoque a una reunión del gabinete de seguridad nacional, para revisar las acciones en esta materia, informaron algunos de los convocantes al llamado conjunto.
Luego de que el pasado domingo, alcaldes, rectores de instituciones de educación superior, líderes gremiales y obispos de varias iglesias publicaran un desplegado en todos los periódicos del estado, instando al presidente Felipe Calderón a que replanteara la estrategia contra el crimen organizado, debido a los niveles “inaceptables de violencia”, que en Chihuahua acumulan mil 820 ejecuciones este año, empresarios locales afirmaron no haber entablado comunicación con la oficina presidencial o de las secretarías involucradas para conocer a fondo su solicitud.
Movilizaciones
Unas 100 personas de las comunidades Colonia Felipe Ángeles, Malpaso, Santa Rosa, Francisco Murguía y El Vergel, del municipio Villanueva, bloquearon por cuatro horas la carretera federal 54, para protestar por la inseguridad que viven y exigir la presencia del Ejército.
El pasado fin de semana, en Jerez, aledaño a Villanueva, comerciantes hicieron circular un volante en el que convocan a no participar en el desfile conmemorativo al aniversario del inicio de la Revolución, el 20 de noviembre.
En Chihuahua, el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Maurilio Ochoa Millán, y principal promotor del desplegado, comentó que continuarán realizando gestiones para que las instancias nacionales accedan a modificar la forma en que se ha enfrentado la ola de violencia que azota a la entidad.
Incluso el gobernador José Reyes Baeza gestiona con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, un encuentro con el gabinete federal, pero aún no se confirma que esa reunión pueda efectuarse, dijo el secretario general de Gobierno, Sergio Granados.
El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Carlos González, detalló que esta dependencia no ha emprendido acciones nuevas a raíz de la manifestación en los medios. Manifestó que se mantendrán las reuniones semanales con la cúpula empresarial de Ciudad Juárez, como se ha hecho en los últimos meses, por ser aquella frontera un “punto rojo” en el área de seguridad. (Con información de Irma Mejía)
Comentario:
La sociedad también tiene que participar en las soluciones. Por ejemplo, crear módulos de vigilancia o simplemente hacer denuncias. Pero ¿qué tal funcionan las denuncias anónimas?
miércoles, 15 de octubre de 2008
Alerta EU sobre riesgos de viajar a México.
Noticia:
La agresión con armas de fuego y una granada, que no estalló, perpetrada el fin de semana al Consulado de Estados Unidos en Monterrey, que se suma a una ola de asaltos en las inmediaciones del consulado en Ciudad Juárez, así como actos de hostigamiento a sus ciudadanos en zonas fronterizas, son factores que propiciaron que el gobierno de ese país emitiera una nueva alerta de los riesgos de viajar a México.
La alerta de seguridad, que estará vigente hasta abril de 2009, incluye la advertencia a los ciudadanos estadounidenses sobre el incremento de la violencia ligada al narcotráfico, sobre todo en estados fronterizos, que se ha traducido en ejecuciones y balaceras en sitios públicos a plena luz.
También se recuerda el atentado del 15 de septiembre pasado en Michoacán, aunque en contraste a la alerta emitida por el Departamento de Estado, el procurador de Justicia de ese país, Michael Mukasey, aseguró la semana pasada que a pesar de ese tipo de ataques, México no vive una crisis de seguridad.
En un mensaje, Antonio O. Garza, embajador de Estados Unidos en México, dijo ayer que es importante que los millones de ciudadanos de su país que viajan a México cada año tengan “información precisa y vigente que les permita tomar decisiones prudentes y evitar situaciones potencialmente peligrosas”.
El diplomático señaló que “por el aumento de la violencia relacionada con los cárteles de las drogas, la más reciente alerta para México ahora contiene información más específica sobre los hechos en la región fronteriza. El reciente ataque a la medianoche contra nuestro consulado en Monterrey realza aún más la relevancia de esta actualización”.
“La situación en Ciudad Juárez es motivo de especial preocupación”, reconoce, no sólo por los más de mil asesinatos este año, sino por recientes atracos cerca de su consulado en Ciudad Juárez, donde las víctimas han sido solicitantes de visas.
Y se afirma: “Aunque la mayoría de las víctimas de delitos son ciudadanos mexicanos, la incierta situación de seguridad también plantea riesgos para los ciudadanos de Estados Unidos”.
Comentario:
Algo radical tiene que hacer el gobierno mexicano ante esa decisión estadounidense. Una mala recomendación se triplica, corre como pólvora.
La agresión con armas de fuego y una granada, que no estalló, perpetrada el fin de semana al Consulado de Estados Unidos en Monterrey, que se suma a una ola de asaltos en las inmediaciones del consulado en Ciudad Juárez, así como actos de hostigamiento a sus ciudadanos en zonas fronterizas, son factores que propiciaron que el gobierno de ese país emitiera una nueva alerta de los riesgos de viajar a México.
La alerta de seguridad, que estará vigente hasta abril de 2009, incluye la advertencia a los ciudadanos estadounidenses sobre el incremento de la violencia ligada al narcotráfico, sobre todo en estados fronterizos, que se ha traducido en ejecuciones y balaceras en sitios públicos a plena luz.
También se recuerda el atentado del 15 de septiembre pasado en Michoacán, aunque en contraste a la alerta emitida por el Departamento de Estado, el procurador de Justicia de ese país, Michael Mukasey, aseguró la semana pasada que a pesar de ese tipo de ataques, México no vive una crisis de seguridad.
En un mensaje, Antonio O. Garza, embajador de Estados Unidos en México, dijo ayer que es importante que los millones de ciudadanos de su país que viajan a México cada año tengan “información precisa y vigente que les permita tomar decisiones prudentes y evitar situaciones potencialmente peligrosas”.
El diplomático señaló que “por el aumento de la violencia relacionada con los cárteles de las drogas, la más reciente alerta para México ahora contiene información más específica sobre los hechos en la región fronteriza. El reciente ataque a la medianoche contra nuestro consulado en Monterrey realza aún más la relevancia de esta actualización”.
“La situación en Ciudad Juárez es motivo de especial preocupación”, reconoce, no sólo por los más de mil asesinatos este año, sino por recientes atracos cerca de su consulado en Ciudad Juárez, donde las víctimas han sido solicitantes de visas.
Y se afirma: “Aunque la mayoría de las víctimas de delitos son ciudadanos mexicanos, la incierta situación de seguridad también plantea riesgos para los ciudadanos de Estados Unidos”.
Comentario:
Algo radical tiene que hacer el gobierno mexicano ante esa decisión estadounidense. Una mala recomendación se triplica, corre como pólvora.
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