Comentario:
La investigación científica de excelencia sobre diabetes, cáncer, infecciones diarreicas y enfermedades neurodegenerativas que caracterizaba al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está paralizada desde 2007.
Los recursos para éstos y otros 600 proyectos semejantes, que superan 230 millones de pesos, se bloquearon al cancelarse el fondo que los regía, quedando inaccesibles en un nuevo fideicomiso. En diferentes niveles, alrededor de 300 científicos han visto interrumpido su trabajo.
La tortuosa creación de un nuevo fondo de administración de esos recursos, que ha demorado más de 18 meses, provocó la cancelación de proyectos ganados por los científicos del IMSS ante la Comisión Europea, los institutos nacionales de Salud de Estados Unidos y la Universidad de California, lo cual consta en documentos oficiales a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL.
Costosos equipos sin utilizar, reclamos internacionales por proyectos truncos y científicos frustrados en unidades de investigación del Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, así como de otros centros a lo largo del país, conforman el panorama de la investigación del IMSS, que hace 20 años era vanguardia en el campo de la ciencia para la salud.
Una de las peores consecuencias de esta prolongada abstinencia presupuestal, confirma Rosaura Ruiz, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, es el deterioro de la infraestructura, pues en los laboratorios del IMSS muchos de los equipos no han recibido mantenimiento adecuado o están averiados, además de que no han podido comprarse reactivos ni otras sustancias.
A través de la Coordinación de Comunicación Social fue solicitada una entrevista con Santiago Echevarría Zuno, director de Prestaciones Médicas, u otro funcionario que pudiera aportar la versión oficial. La petición fue negada expresamente, arguyendo “cambios en diversas áreas” por la reciente llegada de Daniel Karam a la Dirección General del IMSS.
Surge el embrollo
En el primer trimestre de 2006, el Consejo Técnico del Seguro Social autorizó que el Fondo para el Fomento de la Investigación Médica —que administraba los ingresos concedidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el IMSS y otras fuentes de financiamiento nacionales y extranjeras— cambiara su normatividad, para regirse por la Ley de Ciencia y Tecnología, considerando que eso facilitaría el desarrollo y consolidación de la investigación en salud, al simplificar los procesos de acceso a dichos recursos.
En mayo del año 2008 se constituyó el Fondo de Investigación en Salud (FIS) —en sustitución del anterior—, aunque la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, a cargo de Echevarría Zuno, transfirió el dinero (el que se tenía y el que fue llegando) a este nuevo fondo hasta noviembre, creando así un limbo que impidió su utilización.
Investigadores del IMSS, que prefirieron el anonimato, explican que, debido a esto, 2008 fue un “viacrucis”; la falta de acceso al dinero les impidió continuar proyectos como el de obtención de células humanas de la sangre del cordón umbilical para generar células y tejidos con fines de trasplante, entre otros cientos de estudios enfocados a la atención clínica de enfermedades que aquejan a los mexicanos.
Reclamo internacional
Representantes de la comunidad científica mexicana han denunciado lo que consideran el desmantelamiento de los laboratorios del IMSS. Durante el foro “La ciencia en México”, en abril pasado, Juan Ramón de la Fuente, ex secretario de Salud y presidente del Instituto de Estudios Latinoamericanos, calificó de “alarma nacional” el que estuviera suspendida la investigación científica en el Seguro Social.
Recordó además que hace 20 años aquella era la institución con más avances en biomedicina y salud, aun por encima de la UNAM, pero “nos la hemos ingeniado para desmantelar ese proceso que costó muchísimo trabajo construir... debemos exigir que se reinicie de inmediato la investigación científica en el Seguro Social; no podemos permitir que el país no desarrolle ciencia propia”.
Juan Pedro Laclette, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, dice por su parte que durante la administración de Juan Molinar Horcasitas se creó una comisión para analizar la parálisis de la investigación en el instituto, de la cual no hubo resultados. Luego, “desde que entró Daniel Karam a la dirección, le hemos solicitado un encuentro para expresarle nuestra preocupación por el funcionamiento del sistema científico, porque tenemos información alarmante, como el entorpecimiento o bloqueo de los fondos que los investigadores han conseguido de afuera, incluso los de Conacyt. Hasta la fecha no hemos sido recibidos”.
El reclamo por la parálisis de la investigación en el IMSS traspasó fronteras. En noviembre de 2008, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió una petición formal de la Comisión Europea para conseguir la liberación de recursos otorgados a un investigador del IMSS dedicado a estudiar infecciones estomacales en niños de zonas marginadas.
Aquel organismo había asignado más de 200 mil euros a México, depositando la primera mitad en enero de 2007. Dado que el dinero no fue liberado durante un año a causa de la supuesta reestructuración administrativa en el área de investigación, suspendió la segunda entrega.
Mediante el oficio URE/02256/08, del 14 de noviembre de 2008, bajo la firma de Nathán Wolf Lustbader, de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Molinar Horcasitas, entonces director de IMSS, fue notificado de que la no liberación de los fondos ponía en riesgo el desarrollo de la investigación en su conjunto, donde estaban “involucradas diez instituciones más tanto de Europa como de América Latina”.
En el mismo documento se advierte que “una consecuencia de que este problema no se resuelva será que no sólo el IMSS no esté en posibilidad de recibir más fondos para posteriores proyectos, sino que también se verán afectadas otras instituciones de investigación mexicanas y, por ende, el prestigio de nuestro país”.
Rosaura Ruiz, de la Academia Mexicana de Ciencias, opina que este “panorama para la ciencia en un instituto de salud como el Seguro Social se puso de manifiesto con las declaraciones de su anterior director, al señalar que la investigación sólo se iba a practicar en el IMSS si era negocio. Este asunto ideológico pone en peligro la salud de los mexicanos”.
Uno de los científicos consultados comenta enfadado que “lo que está pasando con la investigación en el Seguro Social se ve mal en el extranjero, entre las instituciones que quieren participar con México; estamos dando una imagen espantosa. Las autoridades no ven que la próxima colaboración que pidan nuestros colegas de la UNAM o del Politécnico se las van a negar, porque todos los proyectos que están haciendo con el IMSS están cayéndose”.
El 21 de abril anterior, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para solicitar al actual director general del IMSS, Daniel Karam, un informe detallado sobre la investigación en el Seguro Social.
El perredista Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, considera que “hay una incapacidad administrativa para poder ejercer los recursos, la cual proviene de una idea mal enfocada de los directivos del Seguro Social de que en la institución no se debe hacer investigación”.
Burocracia, inhibidor de la ciencia
El Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal otorgó 2 millones de pesos en 2007 a un investigador del IMSS para realizar un estudio sobre las bases genéticas del síndrome metabólico, relacionado con obesidad, diabetes e hipertensión. El dinero tuvo que ser devuelto a principios de este año a la Tesorería capitalina porque la Coordinación de Investigación en Salud del IMSS, después de 18 meses de creado el fideicomiso FIS, no había emitido siquiera sus recibos fiscales.
En enero pasado, por su parte, el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, del Conacyt, anunció la cancelación de 50 millones de pesos para proyectos en el instituto, también porque no habían entregado los recibos fiscales correspondientes. Más tarde, a instancias de los investigadores, el organismo amplió el plazo para que le fueran entregados.
Investigadores que pidieron anonimato por temor a ser despedidos informan que a causa de la presión que ejercieron hacia la Coordinación de Investigación en Salud les entregaron al menos diez chequeras a los directores de proyectos para pagar a proveedores y empleados, pero no tenían fondos porque la cuenta del FIS —el nuevo fondo— no había sido liberada.
Y está el caso de un científico al que le fueron desbloqueados hace dos semanas recursos de uno de sus proyectos, pero no ha podido ejercerlos porque a causa de los cambios administrativos en la Coordinación de Investigación en Salud tendrán que ser validadas las firmas ante el banco y elaborarse nuevas chequeras.
Por otra parte, empresas como Distribuidora Diana, Acceso Lab y Sigma aguardan que el instituto liquide deudas con retraso de meses. Amplibio, por ejemplo, entregó el 1 de junio de 2008 un equipo para amplificar secuencias de ADN de virus o bacterias, cuyo costo entonces era de 804 mil pesos. El pago sigue pendiente, no obstante que el aparato alcanza ya un costo superior a un millón 200 mil pesos.
Sistema de salud, imposible sin ciencia
En sus laboratorios a lo largo del país, el IMSS tiene contratados a más de 300 investigadores mexicanos, formados muchos de ellos en prestigiosas universidades de Estados Unidos y Europa, que desde 2007 no han podido proseguir plenamente su trabajo.
Denuncias de los mismos investigadores exponen que tales laboratorios funcionan al 50% de su capacidad, y esto es gracias al apoyo de colegas de otras instituciones que han proporcionado reactivos y materiales, como parte de proyectos en colaboración.
Científicos consultados coinciden en que “concebir un sistema proveedor de servicios de salud desvinculado de la investigación científica es algo de lo que ya estamos pagando con el impacto social del virus de la influenza A-H1N1, que no estuvimos en posibilidad de detectar y analizar”.
Comentario:
Es una situación alarmante, ¿reaccionará el gobierno?
jueves, 11 de junio de 2009
Detienen a lugarteniente de El Teo.
Noticia:
Elementos del Ejército detuvieron a uno de los principales lugartenientes de Teodoro García Simental "El Teo" o "el Tres Letras", mientras realizaba ejercicios físicos en un gimnasio ubicado a escasos metros del Centro de Mando de la policía municipal.
Aunque la versión no ha sido confirmada oficialmente, fuentes policíacas dieron a conocer que el detenido es presuntamente Filiberto Parra Ramos "La Perra", quien fue trasladado a las instalaciones del Cuartel Morelos de esta ciudad.
Representantes de los medios de comunicación se presentaron en las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana donde presuntamente sería enviado el detenido para su traslado a la Ciudad de México.
Un militar que se encontraba de guardia en las instalaciones castrenses anotó los nombres de los periodistas, a quienes solicitó información sobre los medios de comunicación que representan, pero no confirmó ni negó la versión.
En abril del 2008, elementos del Ejército y la Policía Federal detuvieron a 62 personas que festejaban un bautizo en un salón de fiestas. Según el entonces comandante de la II Región Militar, Sergio Aponte Polito, entre los arrestados se encontraba Parra Ramos.
Sin embargo, el funcionario castrense afirmó que "las autoridades correspondientes" se encargarían de confirmar la identidad del presunto narcotraficante.
Elementos del Ejército detuvieron a uno de los principales lugartenientes de Teodoro García Simental "El Teo" o "el Tres Letras", mientras realizaba ejercicios físicos en un gimnasio ubicado a escasos metros del Centro de Mando de la policía municipal.
Aunque la versión no ha sido confirmada oficialmente, fuentes policíacas dieron a conocer que el detenido es presuntamente Filiberto Parra Ramos "La Perra", quien fue trasladado a las instalaciones del Cuartel Morelos de esta ciudad.
Representantes de los medios de comunicación se presentaron en las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana donde presuntamente sería enviado el detenido para su traslado a la Ciudad de México.
Un militar que se encontraba de guardia en las instalaciones castrenses anotó los nombres de los periodistas, a quienes solicitó información sobre los medios de comunicación que representan, pero no confirmó ni negó la versión.
En abril del 2008, elementos del Ejército y la Policía Federal detuvieron a 62 personas que festejaban un bautizo en un salón de fiestas. Según el entonces comandante de la II Región Militar, Sergio Aponte Polito, entre los arrestados se encontraba Parra Ramos.
Sin embargo, el funcionario castrense afirmó que "las autoridades correspondientes" se encargarían de confirmar la identidad del presunto narcotraficante.
IVA a alimentos, ¿sí o no? Más impuestos lesionan al consumo.
Noticia:
Respuestas dispares, desde que su discusión le compete a la Cámara de Diputados, hasta la contrariedad de posturas entre los 18 principales candidatos al gobierno de seis entidades.
El aspirante del PAN en Colima aceptaría el gravamen sólo si la tasa del IVA (Impuesto al Valor Agregado) se reduce y se homologa para todos los productos y servicios en 10%.
En el debate se argumenta que esta medida ha dejado de ser una alternativa para fortalecer las finanzas públicas, debido a otras reformas ya asumidas.
Se menciona que la economía familiar ya tiene suficientes cargas impositivas, para sumar una más. Sugieren, entre otros puntos, crear más empleos, para reactivar la cadena de consumo; austeridad en la administración pública, distribución correcta de los recursos y la consecuente disminución del pago de IVA.
‘‘El mandato de la Asamblea Nacional de mi partido (PRI) rechaza la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, para proteger la economía popular. Tampoco aceptaremos ninguna modalidad impositiva local en esta materia”. Fernando Toranzo Fernández, PRI-PVEM-PSD al gobierno de San Luis Potosí, ‘‘No al IVA en alimentos. Los gobiernos pueden invertir en educación, infraestructura y salud, a través de un proyecto social que distribuya la enorme concentración de la riqueza que actualmente detentan unos cuantos”.
Petra Santos Ortiz, PRD al gobierno de Sonora, ‘‘Se justifica si ese recurso se etiqueta para ayudar a la niñez, para que esté mucho más nutrida. Tiene que ser un impuesto etiquetado para mejorar, reorientar a aquellas áreas que hoy no cuentan con la misma calidad nutricional”.
Manuel González Valle, PAN al gobierno de Querétaro, ‘‘No estoy de acuerdo en que un país con niveles de pobreza arriba de 60%, tenga que pagar impuestos agregados a los alimentos. Trabajaré para dar medicinas gratuitas y hacerlas llegar a domicilio a los sectores más necesitados”. Martha Zamarripa Rivas, PRD al gobierno de Nuevo León,
Comentario:
¿Cuántas de estas posiciones son más electoreras que otra cosa?
Respuestas dispares, desde que su discusión le compete a la Cámara de Diputados, hasta la contrariedad de posturas entre los 18 principales candidatos al gobierno de seis entidades.
El aspirante del PAN en Colima aceptaría el gravamen sólo si la tasa del IVA (Impuesto al Valor Agregado) se reduce y se homologa para todos los productos y servicios en 10%.
En el debate se argumenta que esta medida ha dejado de ser una alternativa para fortalecer las finanzas públicas, debido a otras reformas ya asumidas.
Se menciona que la economía familiar ya tiene suficientes cargas impositivas, para sumar una más. Sugieren, entre otros puntos, crear más empleos, para reactivar la cadena de consumo; austeridad en la administración pública, distribución correcta de los recursos y la consecuente disminución del pago de IVA.
‘‘El mandato de la Asamblea Nacional de mi partido (PRI) rechaza la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, para proteger la economía popular. Tampoco aceptaremos ninguna modalidad impositiva local en esta materia”. Fernando Toranzo Fernández, PRI-PVEM-PSD al gobierno de San Luis Potosí, ‘‘No al IVA en alimentos. Los gobiernos pueden invertir en educación, infraestructura y salud, a través de un proyecto social que distribuya la enorme concentración de la riqueza que actualmente detentan unos cuantos”.
Petra Santos Ortiz, PRD al gobierno de Sonora, ‘‘Se justifica si ese recurso se etiqueta para ayudar a la niñez, para que esté mucho más nutrida. Tiene que ser un impuesto etiquetado para mejorar, reorientar a aquellas áreas que hoy no cuentan con la misma calidad nutricional”.
Manuel González Valle, PAN al gobierno de Querétaro, ‘‘No estoy de acuerdo en que un país con niveles de pobreza arriba de 60%, tenga que pagar impuestos agregados a los alimentos. Trabajaré para dar medicinas gratuitas y hacerlas llegar a domicilio a los sectores más necesitados”. Martha Zamarripa Rivas, PRD al gobierno de Nuevo León,
Comentario:
¿Cuántas de estas posiciones son más electoreras que otra cosa?
Acusan de lenocinio a delegado de INM.
Noticia:
El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Yucatán, Hernán Vega Burgos, fue acusado de los delitos de lenocinio y trata de personas.
Tras rendir su declaración en relación a las imputaciones que le hicieron unas mujeres costarricenses secuestradas a quienes se obligaba a prostituirse, al funcionario se le permitió retirarse del juzgado, aunque pasó de testigo a indiciado.
Vega Burgos rechazó las imputaciones. Dijo desconocer a las mujeres y reiteró que las acusaciones en su contra son un show político, producto de “una mente perversa en la Procuraduría de Justicia del estado.
“No tengo nada que ver con la detención de varias mujeres provenientes de Costa Rica y sus actividades”, remarcó el delegado, al referirse a las dos mujeres que desde hace tiempo trabajaban en la prostitución en un domicilio de la calle 15, de la colonia México Oriente.
Sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría de Justicia, Raquel Ivannia Canales Acevedo y Yoheny Chávez Fonseca involucraron al delegado del INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con quien incluso se les obligó a sostener relaciones sexuales.
Estaban cautivas y sólo se les permitía salir para sostener relaciones sexuales por órdenes de una mujer identificada como Keysy Johana González Corrales, quien supuestamente coordina la red de prostitución y presuntamente tenía como sus principales clientes a funcionarios estatales y federales.
Raquel Ivannia y Yoheny señalaron que supieron que el delegado del Instituto Nacional de Migración cobraba 15 mil pesos mensuales por proteger a quienes operaban esa red de prostitución con ilegales.
Las dos mujeres fueron rescatadas por elementos policiacos cuando una de ellas logró evadir la vigilancia y caminó varias calles, donde finalmente fue auxiliada por los tripulantes de una patrulla.
En su declaración, acusaron al delegado estatal del INM, quien acudió la mañana de ayer a comparecer ante el Ministerio Público, de manera voluntaria.
Aparentemente, luego de su comparecencia Vega Burgos fue detenido por agentes judiciales, al momento en que las costarricenses Raquel Ivannia y Yoheny llegaban a la agencia.
Según las primeras declaraciones de las extranjeras, Vega Burgos recibía una cuota mensual para encubrir a quienes las explotaban, e incluso, dijeron que fueron obligadas a sostener relaciones sexuales con el delegado, entre otras cosas.
El rescate de dos jóvenes costarricenses que presuntamente eran obligadas a prostituirse en Mérida, nuevamente trae a la luz pública las actividades ilícitas de una joven mujer que controla una red de sexoservidoras que sirve a políticos, deportistas y empresarios.
Las víctimas aseguraron que la madame las obligaba a prostituirse y las mantenía privadas de su libertad desde hace varios días.
Producto de las investigaciones se detuvo a Rosa María Casanova May, quien cuidaba que las costarricenses no escaparan de su encierro.
En su declaración, la encargada de la casa de seguridad admitió que son ciertas sus denuncias y confesó que la responsable de lenocinio es Keisy González Corrales, de la que la policía desconoce su paradero.
Comentario:
Delincuencia por todos lados, ¡vaya reto que tienen las autoridades!
El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Yucatán, Hernán Vega Burgos, fue acusado de los delitos de lenocinio y trata de personas.
Tras rendir su declaración en relación a las imputaciones que le hicieron unas mujeres costarricenses secuestradas a quienes se obligaba a prostituirse, al funcionario se le permitió retirarse del juzgado, aunque pasó de testigo a indiciado.
Vega Burgos rechazó las imputaciones. Dijo desconocer a las mujeres y reiteró que las acusaciones en su contra son un show político, producto de “una mente perversa en la Procuraduría de Justicia del estado.
“No tengo nada que ver con la detención de varias mujeres provenientes de Costa Rica y sus actividades”, remarcó el delegado, al referirse a las dos mujeres que desde hace tiempo trabajaban en la prostitución en un domicilio de la calle 15, de la colonia México Oriente.
Sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría de Justicia, Raquel Ivannia Canales Acevedo y Yoheny Chávez Fonseca involucraron al delegado del INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con quien incluso se les obligó a sostener relaciones sexuales.
Estaban cautivas y sólo se les permitía salir para sostener relaciones sexuales por órdenes de una mujer identificada como Keysy Johana González Corrales, quien supuestamente coordina la red de prostitución y presuntamente tenía como sus principales clientes a funcionarios estatales y federales.
Raquel Ivannia y Yoheny señalaron que supieron que el delegado del Instituto Nacional de Migración cobraba 15 mil pesos mensuales por proteger a quienes operaban esa red de prostitución con ilegales.
Las dos mujeres fueron rescatadas por elementos policiacos cuando una de ellas logró evadir la vigilancia y caminó varias calles, donde finalmente fue auxiliada por los tripulantes de una patrulla.
En su declaración, acusaron al delegado estatal del INM, quien acudió la mañana de ayer a comparecer ante el Ministerio Público, de manera voluntaria.
Aparentemente, luego de su comparecencia Vega Burgos fue detenido por agentes judiciales, al momento en que las costarricenses Raquel Ivannia y Yoheny llegaban a la agencia.
Según las primeras declaraciones de las extranjeras, Vega Burgos recibía una cuota mensual para encubrir a quienes las explotaban, e incluso, dijeron que fueron obligadas a sostener relaciones sexuales con el delegado, entre otras cosas.
El rescate de dos jóvenes costarricenses que presuntamente eran obligadas a prostituirse en Mérida, nuevamente trae a la luz pública las actividades ilícitas de una joven mujer que controla una red de sexoservidoras que sirve a políticos, deportistas y empresarios.
Las víctimas aseguraron que la madame las obligaba a prostituirse y las mantenía privadas de su libertad desde hace varios días.
Producto de las investigaciones se detuvo a Rosa María Casanova May, quien cuidaba que las costarricenses no escaparan de su encierro.
En su declaración, la encargada de la casa de seguridad admitió que son ciertas sus denuncias y confesó que la responsable de lenocinio es Keisy González Corrales, de la que la policía desconoce su paradero.
Comentario:
Delincuencia por todos lados, ¡vaya reto que tienen las autoridades!
Cae delegado del IMSS en Sonora.
Noticia:
El director general del IMSS, Daniel Karam Toumeh, ordenó la separación del cargo del delegado estatal en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, a fin de facilitar las indagatorias y el proceso de investigación sobre el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, que ocasionó la muerte de 44 menores.
Además, anunció que se destinarán 64 millones 300 mil pesos para las 78 familias de los niños lesionados y fallecidos.
Sobre el avance de las pesquisas, el procurador de la República, Eduardo Medina Mora, dijo que se indaga a los dueños de la estancia infantil, así como a funcionarios locales y federales por la comisión de delitos no graves, lo que les permitiría alcanzar fianza.
Comentario:
Las investigaciones están en proceso. Estaremos alertas a los resultados.
Diego: Me atacan por defender a los pobres.
Noticia:
En su habitual lenguaje, el ex senador del PAN y abogado, Diego Fernández de Cevallos, hizo señalamientos a “los rencorosos” y a “algunos comentaristas” y “críticos políticos” que usan argumentos sesgados, demagógicos y tramposos de que “uy, uy, uy, estamos peleando contra el gobierno para arrancar el dinero del pueblo pobre”.
“Siempre se nos acusa de defender a los ricos y ahora se nos acusa cuando defendemos a los pobres. Hay que pegarnos un tiro”, dijo al referise al amparo que se le otorgó a la defensa que encabezó junto con el ex procurador Antonio Lozano Gracia, de dos grupos de ejidatarios contra el decreto expropiatorio donde se construyó el puerto de Altamira.
El caso, en el cual se calcula que podría obtener la devolución de los terrenos a los ejidatarios y hasta el pago de mil 500 millones de pesos como nueva indeminización para éstos, fue tratado por El Jefe Diego en el programa radiofónico matutino conducido por Óscar Mario Beteta.
Según Fernández de Cevallos, se trata de un litigio de ejidatarios que hace 28 años están peleando, ante las autoridades judiciales, un derecho que consideraron tener y después de 28 años viene una resolución judicial definitiva e inatacable.
Lo que sigue, dice, es que con el menor costo para el gobierno, con la menor lastimadura para las finanzas públicas, se aplique la ley, se cumpla la sentencia y se haga justicia.
“Nadie quiere parar al puerto de Altamira, nadie quiere negar que ahí se han invertido miles de millones de dólares y nadie quiere dañar al gobierno o al país”, consideró.
Dijo que el escándalo “viene porque posiblemente haya alguien que quisiera ver que Antonio Lozano o Diego Fernández de Cevallos o Fauzi Hamdan en otros asuntos, o Pito Pérez, seamos unos fracasados y que sólo tengamos derrotas en los litigios para que pudieran estar honorablemente reconociéndonos como personas valiosas para la sociedad”.
“Queremos como abogados que haya una solución amable, negociada, pero claro que tomando como punto de referencia una sentencia que es la verdad legal y vivimos en un estado de derecho y tenemos que asumir que esa realidad nos obliga a todos, empezando por el gobierno, pero no vamos a hacer ningún destrozo en agravio de nadie”, apuntó.
Comentario:
Coincido con el Jefe Diego en que más que escandalizarse, la otra parte tiene que esforzarse en ganar el litigio por la vía legal. Si pierde, que mejor se callen.
En su habitual lenguaje, el ex senador del PAN y abogado, Diego Fernández de Cevallos, hizo señalamientos a “los rencorosos” y a “algunos comentaristas” y “críticos políticos” que usan argumentos sesgados, demagógicos y tramposos de que “uy, uy, uy, estamos peleando contra el gobierno para arrancar el dinero del pueblo pobre”.
“Siempre se nos acusa de defender a los ricos y ahora se nos acusa cuando defendemos a los pobres. Hay que pegarnos un tiro”, dijo al referise al amparo que se le otorgó a la defensa que encabezó junto con el ex procurador Antonio Lozano Gracia, de dos grupos de ejidatarios contra el decreto expropiatorio donde se construyó el puerto de Altamira.
El caso, en el cual se calcula que podría obtener la devolución de los terrenos a los ejidatarios y hasta el pago de mil 500 millones de pesos como nueva indeminización para éstos, fue tratado por El Jefe Diego en el programa radiofónico matutino conducido por Óscar Mario Beteta.
Según Fernández de Cevallos, se trata de un litigio de ejidatarios que hace 28 años están peleando, ante las autoridades judiciales, un derecho que consideraron tener y después de 28 años viene una resolución judicial definitiva e inatacable.
Lo que sigue, dice, es que con el menor costo para el gobierno, con la menor lastimadura para las finanzas públicas, se aplique la ley, se cumpla la sentencia y se haga justicia.
“Nadie quiere parar al puerto de Altamira, nadie quiere negar que ahí se han invertido miles de millones de dólares y nadie quiere dañar al gobierno o al país”, consideró.
Dijo que el escándalo “viene porque posiblemente haya alguien que quisiera ver que Antonio Lozano o Diego Fernández de Cevallos o Fauzi Hamdan en otros asuntos, o Pito Pérez, seamos unos fracasados y que sólo tengamos derrotas en los litigios para que pudieran estar honorablemente reconociéndonos como personas valiosas para la sociedad”.
“Queremos como abogados que haya una solución amable, negociada, pero claro que tomando como punto de referencia una sentencia que es la verdad legal y vivimos en un estado de derecho y tenemos que asumir que esa realidad nos obliga a todos, empezando por el gobierno, pero no vamos a hacer ningún destrozo en agravio de nadie”, apuntó.
Comentario:
Coincido con el Jefe Diego en que más que escandalizarse, la otra parte tiene que esforzarse en ganar el litigio por la vía legal. Si pierde, que mejor se callen.
SCT: es un abuso; no pagará a “Jefe” Diego.
Noticia:
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dijo que no pagará dos veces por los terrenos expropiados donde se construyó el puerto de Altamira, para lo cual recurrirá a todas las acciones jurídicas para evitarlo.
En entrevista, el titular de la dependencia, Juan Molinar Horcasitas, consideró un abuso que haya personas que traten de aprovechar deficiencias técnicas en decisiones tomadas en el pasado para burlar la ley y obtener un beneficio de ello.
EL UNIVERSAL publicó el martes que un grupo de ejidatarios, representados por los panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, obtuvieron un amparo ante el decreto que hace 28 años expropió terrenos donde se levantaría el puerto tamaulipeco. El argumento de la defensa se basó en que el texto no justificó la causa por la cual debían expropiarse las tierras.
Molinar rechazó que en el caso se haya cometido alguna injusticia contra los afectados.
“Hoy en día hay una gran cantidad de juicios que abusan de deficiencias técnicas y de acciones que se pudieron haber tomado en el pasado, con el objeto de obtener ganancias que considero incorrectas”, señaló.
El funcionario dijo que la SCT no tolerará los procesos en los que se observe un abuso de la ley, y actuará “en forma decidida” contra ellos.
Sobre el tema, el abogado y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Javier Cruz Angulo, expresó que una utilidad pública “tan notoria” no requiere ser probada en un juicio.
Además, por su trascendencia, consideró que el caso debe llegar a la Suprema Corte de Justicia para que modifique el fallo del tribunal colegiado, “que no entendió la sustancia del problema y se definió en formalismos”.
El especialista lamentó que la sentencia —dictada en noviembre de 2008— no haya sido apelada por la dependencia, dirigida en ese entonces por Luis Téllez.
En la conversación, Molinar Horcasitas dio a conocer que por los terrenos expropiados “se pagó el debido precio”, que equivaldría a cerca de 500 millones de pesos actuales.
En el proceso están en juego mil 500 millones de pesos, según estimaciones.
El secretario descartó que la dependencia a su cargo vaya a incurrir en desacato o en desobediencia al Poder Judicial. Informó que instruyó al cuerpo jurídico de la SCT para que defienda al Estado y tome todas las acciones de tipo jurídico que protejan los intereses de la sociedad.
“Vamos a cumplir la sentencia en los términos que se nos señala, que no incluye ningún pago. No se van a regresar las tierras ni se va a pagar esa cantidad de dinero y Altamira va a seguir creciendo”, concluyó.
Comentario:
Pues al Estado le corresponde emprender la batalla legal contra Diego Fernández de Ceballos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dijo que no pagará dos veces por los terrenos expropiados donde se construyó el puerto de Altamira, para lo cual recurrirá a todas las acciones jurídicas para evitarlo.
En entrevista, el titular de la dependencia, Juan Molinar Horcasitas, consideró un abuso que haya personas que traten de aprovechar deficiencias técnicas en decisiones tomadas en el pasado para burlar la ley y obtener un beneficio de ello.
EL UNIVERSAL publicó el martes que un grupo de ejidatarios, representados por los panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, obtuvieron un amparo ante el decreto que hace 28 años expropió terrenos donde se levantaría el puerto tamaulipeco. El argumento de la defensa se basó en que el texto no justificó la causa por la cual debían expropiarse las tierras.
Molinar rechazó que en el caso se haya cometido alguna injusticia contra los afectados.
“Hoy en día hay una gran cantidad de juicios que abusan de deficiencias técnicas y de acciones que se pudieron haber tomado en el pasado, con el objeto de obtener ganancias que considero incorrectas”, señaló.
El funcionario dijo que la SCT no tolerará los procesos en los que se observe un abuso de la ley, y actuará “en forma decidida” contra ellos.
Sobre el tema, el abogado y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Javier Cruz Angulo, expresó que una utilidad pública “tan notoria” no requiere ser probada en un juicio.
Además, por su trascendencia, consideró que el caso debe llegar a la Suprema Corte de Justicia para que modifique el fallo del tribunal colegiado, “que no entendió la sustancia del problema y se definió en formalismos”.
El especialista lamentó que la sentencia —dictada en noviembre de 2008— no haya sido apelada por la dependencia, dirigida en ese entonces por Luis Téllez.
En la conversación, Molinar Horcasitas dio a conocer que por los terrenos expropiados “se pagó el debido precio”, que equivaldría a cerca de 500 millones de pesos actuales.
En el proceso están en juego mil 500 millones de pesos, según estimaciones.
El secretario descartó que la dependencia a su cargo vaya a incurrir en desacato o en desobediencia al Poder Judicial. Informó que instruyó al cuerpo jurídico de la SCT para que defienda al Estado y tome todas las acciones de tipo jurídico que protejan los intereses de la sociedad.
“Vamos a cumplir la sentencia en los términos que se nos señala, que no incluye ningún pago. No se van a regresar las tierras ni se va a pagar esa cantidad de dinero y Altamira va a seguir creciendo”, concluyó.
Comentario:
Pues al Estado le corresponde emprender la batalla legal contra Diego Fernández de Ceballos.
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