Noticia:
El convoy salió del túnel y al terminar la curva, Marco Antonio Soriano López, conductor del convoy 1579, vio una luz a la distancia sobre el riel. Era el otro tren detenido, el 1577. En el lapso de tres segundos puso el máximo de freno, aplicó otro freno para emergencias y salió de la cabina. En cuanto estuvo fuera pidió a gritos a la gente que corrieran hacia atrás. Él mismo terminó por lanzarse al suelo. Luego hubo un ruido, una fuerte sacudido y al final gritos...
“El conductor del tren que dio alcance a otro convoy la noche del sábado cumplió con los protocolos de seguridad indicados en su manual de capacitación, por lo que evitó que la catástrofe fuera mayor”, informó Max Zurita, director general de Ferrocarriles Suburbanos en entrevista con EL UNIVERSAL.
Esos tres segundos previos al choque de los trenes marcaron la diferencia entre los hechos que conocemos y una tragedia mayor, de acuerdo a los informes preliminares con los que cuenta la concesionaria FS. “Actuó con bastante pericia”, remató el directivo.
Zurita detalló que el tren que se encontraba detenido adelante, lo estaba en una señal en rojo, lo cual también era adecuado. “El manual así lo indica, estaba esperando indicaciones del Centro de Control de Tráfico (sic) para poder rebasar esa señal o que el semáforo se pusiera en verde. Es claro que no se actuó conforme al manual”, concluyó.
En cambio, Soriano López “hizo lo establecido en el manual, y esto fue referido por gente que iba en el tren. El conductor después de haber aplicado el máximo frenado y el freno de emergencia, salió de la cabina, estamos hablando de tres segundos entre la aplicación del freno de emergencia y el alcance, y le pidió a la gente que se hiciera para atrás y que se tirara al piso”, continúo el ejecutivo.
Sin embargo, este acto es eclipsado por lo asentado en el informe preliminar de las causas del incidente ocurrido el pasado sábado en el tramo San Rafael-Lechería: “La falta de aplicación estricta del manual de operación por parte del controlador fue la causa del lamentable alcance de trenes”.
Aun así, Zurita Llaca aseguró que el Tren Suburbano de la zona metropolitana trabaja con protocolos y sistemas de seguridad de clase mundial. El error fue humano.
SCT no retirará concesión
No le será retirada la concesión a la empresa Ferrocarriles Suburbanos, filial de la española Constructora y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), “pero sí le serán aplicadas las sanciones económicas y administrativas que se deriven de la investigación”, dijo ayer por la tarde Humberto Treviño, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En entrevista realizada horas antes que la de Max Zurita, aseguró que los sucesos del sábado no le ameritarían sanción alguna.
“Si se llegase en algún momento demostrar que bajo una operación irresponsable hubiese ocurrido esto, seguramente estaríamos sujetos a algunas sanción. A mí me parece que no se dan esos elementos”, dijo el directivo de CAF, empresa a cargo de la operación en México.
FS recordó ayer que por disposición de la SCT, sí tiene contratado un seguro de responsabilidad civil por hasta 30 millones de dólares. Su gente de comunicación y relación con medios sostuvo lo contrario un día antes. Treviño constató que la empresa cuenta con estos seguros, tanto el de viajero y el de responsabilidad civil. “Los tienen con Mapfre y Zurich”.
Zurita Llaca dijo por su parte que ambos seguros los tienen sólo con Zurich. Detalló que en caso de que los pasajeros dentro de la instalaciones sufran algún incidente que dañe su salud o alguna de sus propiedades, están respaldados por el seguro.
Respecto a lo publicado por EL UNIVERSAL ayer, de que sólo sería una persona la que recibiría el seguro, de las 109 personas que informó la Cruz Roja, precisó: “Son dos ya las personas que están en hospitales privados y que se les pagará la atención médica”. Añadió que no habrá indemnizaciones a menos de que haya un deceso por el choque de trenes.
miércoles, 22 de abril de 2009
Incierto, estatus de Jiménez en la Lotería Nacional.
Noticia:
Para la Secretaría de Gobernación, el director de la Lotería Nacional (Lotenal), Miguel Ángel Jiménez, tiene abierta una licencia, y en ese estatus, es un particular, mientras que la comisión legislativa que vigila el proceso electoral levantó una denuncia ante la Fiscalía para Delitos Electorales para que investigue si como funcionario incurrió en delitos de ese tipo o penales del fuero federal, y exige la aplicación de la ley en el que sería el primer caso de abusos en las elecciones 2009.
La situación administrativa de Miguel Ángel Jiménez ha sido motivo de versiones encontradas en la Cámara de Diputados, ya que mientras el presidente de la Comisión de Vigilancia del proceso electoral, Antonio Soto Sánchez (PRD), asegura que se trata de un ex funcionario, separado de su cargo por vía de la renuncia, la diputada Alma Alcaraz (PAN) señala que tiene licencia indefinida.
“Bajo una licencia temporal, Jiménez se retira por un tiempo, en tanto se resuelve el caso en la FEPADE y la Función Pública”, dijo la legisladora.
Jiménez, diputado federal con licencia, compareció como ciudadano el 14 de abril ante la comisión que preside Antonio Soto, luego de que solicitó la separación temporal de sus funciones, petición que, por otra parte, está pendiente de la aprobación del Presidente de la República, pues no ha sido publicada. En tal caso, seguiría como titular de la dependencia.
Jiménez incluso solicitó la suspensión de sus derechos políticos en el Partido Nueva Alianza, y justificó este gesto como una contribución a la investigación abierta en su contra, acusado de solicitar publicidad para el PAN en Campeche, que pagaría contra facturas de anuncios de la Lotenal.
Actualmente, el diputado con licencia no tiene relevo en la dirección de la Lotenal, puesto en el que la Secretaría de Gobernación lo reporta también “con licencia” a la comisión que sigue sus pasos en Campeche.
Sin embargo, el presidente de la comisión, Antonio Soto, expuso que de cualquier forma, una vez formalizada la denuncia de hechos, como ocurrió el lunes ante la FEPADE, el funcionario en servicio, con licencia o como ex titular, tendrá que responder a lo que dice la empresa acusadora.
En su comparecencia del 14 de abril, Jiménez hizo hincapié en que acudió a la cita por su voluntad, y para los efectos de la investigación de la FEPADE.
Para el legislador perredista, en el asunto de la Lotería Nacional hubo, por lo menos, tentativa de desvío de recursos públicos, lo cual está penado.
Jiménez ya no será llamado a San Lázaro, en donde ayer se esperaba a representantes de la empresa Megamedia, denunciante de los hechos, así como a Carlos Mouriño Terrazo, quien habría sido testigo de la entrevista entre las partes involucradas.
Este miércoles o jueves se espera la visita de Jorge Luis Lavalle Maury, delegado de la SEP en Campeche, para que aporte elementos a la averiguación de los legisladores.
Comentario:
Pues el asunto a simple vista está bastante enredado y muchas anomalías.
Para la Secretaría de Gobernación, el director de la Lotería Nacional (Lotenal), Miguel Ángel Jiménez, tiene abierta una licencia, y en ese estatus, es un particular, mientras que la comisión legislativa que vigila el proceso electoral levantó una denuncia ante la Fiscalía para Delitos Electorales para que investigue si como funcionario incurrió en delitos de ese tipo o penales del fuero federal, y exige la aplicación de la ley en el que sería el primer caso de abusos en las elecciones 2009.
La situación administrativa de Miguel Ángel Jiménez ha sido motivo de versiones encontradas en la Cámara de Diputados, ya que mientras el presidente de la Comisión de Vigilancia del proceso electoral, Antonio Soto Sánchez (PRD), asegura que se trata de un ex funcionario, separado de su cargo por vía de la renuncia, la diputada Alma Alcaraz (PAN) señala que tiene licencia indefinida.
“Bajo una licencia temporal, Jiménez se retira por un tiempo, en tanto se resuelve el caso en la FEPADE y la Función Pública”, dijo la legisladora.
Jiménez, diputado federal con licencia, compareció como ciudadano el 14 de abril ante la comisión que preside Antonio Soto, luego de que solicitó la separación temporal de sus funciones, petición que, por otra parte, está pendiente de la aprobación del Presidente de la República, pues no ha sido publicada. En tal caso, seguiría como titular de la dependencia.
Jiménez incluso solicitó la suspensión de sus derechos políticos en el Partido Nueva Alianza, y justificó este gesto como una contribución a la investigación abierta en su contra, acusado de solicitar publicidad para el PAN en Campeche, que pagaría contra facturas de anuncios de la Lotenal.
Actualmente, el diputado con licencia no tiene relevo en la dirección de la Lotenal, puesto en el que la Secretaría de Gobernación lo reporta también “con licencia” a la comisión que sigue sus pasos en Campeche.
Sin embargo, el presidente de la comisión, Antonio Soto, expuso que de cualquier forma, una vez formalizada la denuncia de hechos, como ocurrió el lunes ante la FEPADE, el funcionario en servicio, con licencia o como ex titular, tendrá que responder a lo que dice la empresa acusadora.
En su comparecencia del 14 de abril, Jiménez hizo hincapié en que acudió a la cita por su voluntad, y para los efectos de la investigación de la FEPADE.
Para el legislador perredista, en el asunto de la Lotería Nacional hubo, por lo menos, tentativa de desvío de recursos públicos, lo cual está penado.
Jiménez ya no será llamado a San Lázaro, en donde ayer se esperaba a representantes de la empresa Megamedia, denunciante de los hechos, así como a Carlos Mouriño Terrazo, quien habría sido testigo de la entrevista entre las partes involucradas.
Este miércoles o jueves se espera la visita de Jorge Luis Lavalle Maury, delegado de la SEP en Campeche, para que aporte elementos a la averiguación de los legisladores.
Comentario:
Pues el asunto a simple vista está bastante enredado y muchas anomalías.
Obama, abierto a indagar uso de tortura.
Noticia:
En un giro sorpresivo, el presidente Barack Obama dejó ayer entreabierta la puerta al posible procesamiento de altos cargos de la administración Bush que diseñaron, ordenaron y defendieron el uso de la tortura contra presuntos miembros de la organización terrorista Al-Qaeda.
“No creo que sea apropiado que se enjuicie a quienes actuaron conforme a las opiniones legales que se definieron desde la Casa Blanca”, dijo Obama a los periodistas en la Casa Blanca, al reafirmar su negativa contra el procesamiento de agentes de la CIA que torturaron bajo órdenes superiores.
“Pero con respecto a aquellos que formularon esas decisiones legales, creo que dependerá del fiscal general, dentro de los límites de varias leyes y no quiero prejuzgar o emitir un juicio anticipado sobre ello”, añadió el presidente para no descartar así el posible procesamiento de ex altos cargos de la administración Bush por su decisión de ordenar y justificar la práctica de la tortura contra presuntos terroristas.
La decisión de Obama se ha producido a contracorriente de quienes le han criticado por desclasificar documentos secretos que han evidenciado la práctica de la tortura contra presuntos miembros de Al-Qaeda.
Pero, además, en medio de los reclamos de algunos de los más respetados miembros del Congreso, como los senadores demócratas, Diane Feinstein y Patrick Leahy, quienes han insistido en la necesidad de crear una comisión de la verdad que saque a relucir las responsabilidades políticas y judiciales de aquellos que ordenaron la práctica de la tortura a espaldas de la nación.
Precisamente, nada más conocer las declaraciones del presidente Obama, la senadora demócrata y presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Diane Feinstein, celebró la decisión de no cerrar la puerta a cualquier decisión legal antes de que el Congreso termine de analizar el grueso expediente que contiene los documentos secretos del Departamento de Justicia en los que se autorizó la práctica de la tortura durante interrogatorios de la CIA.
“Creo que el presidente ha hecho lo correcto”, aseguró Feinstein, quien detalló que los trabajos de análisis del Congreso podrían durar entre seis y ocho meses.
Por el contrario, desde las filas republicanas, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnel, se declaró ayer desconcertado por una decisión presidencial que va contra su propia promesa de “mirar hacia adelante” y no mirar debajo de la alfombra donde la administración Bush deslizó una larga lista de memorándums para justificar su guerra secreta contra el terrorismo de Al-Qaeda.
En una improvisada rueda de prensa, McConnel arremetió además contra el presidente Obama por sepultar “políticas fundamentales” que “nos han mantenido a salvo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001”.
Comentario:
Las declaraciones de Obama son muy prudentes, porque corresponde a un juez determinar y deslindar culpabilidades y posibles violaciones a la ley.
En un giro sorpresivo, el presidente Barack Obama dejó ayer entreabierta la puerta al posible procesamiento de altos cargos de la administración Bush que diseñaron, ordenaron y defendieron el uso de la tortura contra presuntos miembros de la organización terrorista Al-Qaeda.
“No creo que sea apropiado que se enjuicie a quienes actuaron conforme a las opiniones legales que se definieron desde la Casa Blanca”, dijo Obama a los periodistas en la Casa Blanca, al reafirmar su negativa contra el procesamiento de agentes de la CIA que torturaron bajo órdenes superiores.
“Pero con respecto a aquellos que formularon esas decisiones legales, creo que dependerá del fiscal general, dentro de los límites de varias leyes y no quiero prejuzgar o emitir un juicio anticipado sobre ello”, añadió el presidente para no descartar así el posible procesamiento de ex altos cargos de la administración Bush por su decisión de ordenar y justificar la práctica de la tortura contra presuntos terroristas.
La decisión de Obama se ha producido a contracorriente de quienes le han criticado por desclasificar documentos secretos que han evidenciado la práctica de la tortura contra presuntos miembros de Al-Qaeda.
Pero, además, en medio de los reclamos de algunos de los más respetados miembros del Congreso, como los senadores demócratas, Diane Feinstein y Patrick Leahy, quienes han insistido en la necesidad de crear una comisión de la verdad que saque a relucir las responsabilidades políticas y judiciales de aquellos que ordenaron la práctica de la tortura a espaldas de la nación.
Precisamente, nada más conocer las declaraciones del presidente Obama, la senadora demócrata y presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Diane Feinstein, celebró la decisión de no cerrar la puerta a cualquier decisión legal antes de que el Congreso termine de analizar el grueso expediente que contiene los documentos secretos del Departamento de Justicia en los que se autorizó la práctica de la tortura durante interrogatorios de la CIA.
“Creo que el presidente ha hecho lo correcto”, aseguró Feinstein, quien detalló que los trabajos de análisis del Congreso podrían durar entre seis y ocho meses.
Por el contrario, desde las filas republicanas, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnel, se declaró ayer desconcertado por una decisión presidencial que va contra su propia promesa de “mirar hacia adelante” y no mirar debajo de la alfombra donde la administración Bush deslizó una larga lista de memorándums para justificar su guerra secreta contra el terrorismo de Al-Qaeda.
En una improvisada rueda de prensa, McConnel arremetió además contra el presidente Obama por sepultar “políticas fundamentales” que “nos han mantenido a salvo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001”.
Comentario:
Las declaraciones de Obama son muy prudentes, porque corresponde a un juez determinar y deslindar culpabilidades y posibles violaciones a la ley.
Los ingresos petroleros se reducen 60%.
Noticia:
Los ingresos provenientes de las ventas de petróleo se redujeron drásticamente al pasar de 11 mil 447 millones de dólares en el primer trimestre de 2008 a 4 mil 481 millones en el mismo periodo de este año, informó Pemex.
De acuerdo con la paraestatal, los factores que contribuyeron al desplome fueron la disminución en la producción de crudo y un menor precio del combustible.
En los primeros tres meses de 2008 las exportaciones diarias promediaron un millón 497 mil barriles, pero este año cayeron a un millón 279 mil barriles.
Comentario:
El país y el mundo está pasando por un momento muy difícil.No la tiene fácil el gobierno y eso no lo aprecia mucha gente.
Los ingresos provenientes de las ventas de petróleo se redujeron drásticamente al pasar de 11 mil 447 millones de dólares en el primer trimestre de 2008 a 4 mil 481 millones en el mismo periodo de este año, informó Pemex.
De acuerdo con la paraestatal, los factores que contribuyeron al desplome fueron la disminución en la producción de crudo y un menor precio del combustible.
En los primeros tres meses de 2008 las exportaciones diarias promediaron un millón 497 mil barriles, pero este año cayeron a un millón 279 mil barriles.
Comentario:
El país y el mundo está pasando por un momento muy difícil.No la tiene fácil el gobierno y eso no lo aprecia mucha gente.
Elba pone paz en relación con SEP.
Noticia:
En el primer encuentro entre el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, y Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la lideresa dio la bienvenida al funcionario y lo calificó como motivo de “esperanza” para la educación.
En la reunión, que duró poco más de 30 minutos, en el salón Hispanoamericano, ambos expresaron la cordialidad de la relación y enfatizaron la necesidad de avanzar en la Alianza por la Calidad de la Educación.
Elba Esther Gordillo dio así la bienvenida al noveno secretario de Educación en sus 20 años al frente del SNTE, e incluso le dijo a Lujambio que ella y el SNTE “somos sus amigos”.
Tras un encuentro privado, que se prolongó por 10 minutos en la oficina del secretario, Gordillo se refirió a Alfonso Lujambio como secretario de Educación Pública, a diferencia de lo que hiciera con Josefina Vázquez Mota, a quien llamaba la encargada de la dependencia.
A nombre del SNTE, en un tono cordial, destacó la trayectoria del secretario como académico, reconoció su “sensibilidad y vocación de maestro”.
Alonso Lujambio, titular de la SEP, se reunió por primera vez con los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y los secretarios generales de las secciones sindicales, y les comentó que el proceso de cambio que implica la alianza “nadie dijo, nadie pensó que estaría exento de dificultades”.
Voluntad firme
“En todos los grandes ejes de la alianza hay movimiento, y el movimiento lleva a la dirección correcta. Tenemos mucho que avanzar en las próximas semanas y meses, y estamos en aptitud de hacerlo porque tenemos voluntad firme, tenemos rumbo y experiencia acumulada”, dijo el secretario de Educación.
Planteó la necesidad de avanzar, en al menos tres aspectos: el Sistema nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros, con el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, con la Carrera Magisterial, con la política de estímulos.
Sin embargo, antes, el secretario general ejecutivo del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán presentó los ocho temas pendientes dentro de la alianza, según el sindicato: el acuerdo para el examen de ingreso y actualización de los docentes; la creación del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional; la presentación por parte de la SEP de los lineamientos para el cambio de la Carrera Magisterial; el Fortalecimiento Profesional de las Normales; la creación de los cinco centros de excelencia del magisterio; la articulación de los programas compensatorios en zonas pobres del país y la creación del Sistema nacional de Evaluación Educativa.
Comentario:
Tarde o temprano, Elba Esther Gordillo tendrá que seguir las reglas del juego: la SEP es la autoridad máxima en materia educativa.
Avanza ley que impulsa policía encubierta.
Noticia:
La comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de la Policía Federal, que crea un cuerpo policiaco con fines preventivos y facultades de investigación e intervención de teléfonos celulares, entre otros.
Los diputados avalaron la figura de policía encubierta y quitaron del dictamen las facultades de cateos. Todas las órdenes nuevas serán bajo la autorización de jueces.
Además, la ley obliga a empresas de telefonía a reportar la posición geográfica de donde salen las llamadas móviles, y a observar la información en internet para evitar difusión de pornografía.
Pero la nueva ley fue rechazada por el sector radical perredista, y apoyada por moderados, lo que provocó que el dictamen fuera votado por mayoría y agendado para llevarlo el jueves al pleno.
El diputado David Mendoza (PRD) aseguró que esta policía deberá concentrarse prevenir el delito, que hoy es un objetivo que no logra cumplirse, pues sólo es reactiva y no preventiva.
Afirmó que bajo las órdenes de un juez se evitarán abusos y podrán investigarse casos de extorsión o de secuestro sin esperar a que ocurran.
En tanto, la diputada del PRD, Claudia Cruz, se pronunció en contra del dictamen de la comisión por el asunto de intervenciones telefónicas.
“El PRD no esta de acuerdo con esas medidas porque se le otorgan facultades extraordinarias a la policía, que ni siquiera el Ministerio Público tiene, pues mientras la autorización de comunicación que tiene la PGR es sólo para delincuencia organizada, en el dictamen que se aprobó se estableció un catálogo amplio de delitos para que la Policía Federal haga las intervenciones”, expuso.
La Policía Federal podrá actuar en los recintos fiscales, aduanas, garitas o puntos de revisión aduaneros, en coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal o de migración.
Del mismo modo, realizará acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de internet sobre sitios web con el fin de prevenir conductas delictivas.
Comentario:
En este caso, habrá que estar atento a como se comporte la policía con demasiadas atribuciones. Le asiste la razón al PRD en desconfiar.
La comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de la Policía Federal, que crea un cuerpo policiaco con fines preventivos y facultades de investigación e intervención de teléfonos celulares, entre otros.
Los diputados avalaron la figura de policía encubierta y quitaron del dictamen las facultades de cateos. Todas las órdenes nuevas serán bajo la autorización de jueces.
Además, la ley obliga a empresas de telefonía a reportar la posición geográfica de donde salen las llamadas móviles, y a observar la información en internet para evitar difusión de pornografía.
Pero la nueva ley fue rechazada por el sector radical perredista, y apoyada por moderados, lo que provocó que el dictamen fuera votado por mayoría y agendado para llevarlo el jueves al pleno.
El diputado David Mendoza (PRD) aseguró que esta policía deberá concentrarse prevenir el delito, que hoy es un objetivo que no logra cumplirse, pues sólo es reactiva y no preventiva.
Afirmó que bajo las órdenes de un juez se evitarán abusos y podrán investigarse casos de extorsión o de secuestro sin esperar a que ocurran.
En tanto, la diputada del PRD, Claudia Cruz, se pronunció en contra del dictamen de la comisión por el asunto de intervenciones telefónicas.
“El PRD no esta de acuerdo con esas medidas porque se le otorgan facultades extraordinarias a la policía, que ni siquiera el Ministerio Público tiene, pues mientras la autorización de comunicación que tiene la PGR es sólo para delincuencia organizada, en el dictamen que se aprobó se estableció un catálogo amplio de delitos para que la Policía Federal haga las intervenciones”, expuso.
La Policía Federal podrá actuar en los recintos fiscales, aduanas, garitas o puntos de revisión aduaneros, en coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal o de migración.
Del mismo modo, realizará acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de internet sobre sitios web con el fin de prevenir conductas delictivas.
Comentario:
En este caso, habrá que estar atento a como se comporte la policía con demasiadas atribuciones. Le asiste la razón al PRD en desconfiar.
.Desarticulada, la lucha en EU contra el narco: GAO.
Noticia:
Las agencias del gobierno de Estados Unidos que están relacionadas con la lucha contra el narcotráfico operan sin coordinación e incluso registran disputas y conflictos sobre el liderazgo en las investigaciones y aseguramientos.
Por esa razón es necesario que se revisen y establezcan nuevos planes que permitan su colaboración en la guerra contra las drogas, afirma un reporte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO por sus siglas en inglés), el brazo investigador del Congreso estadounidense.
En el reporte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental se indica que como resultado de que la mayoría de la droga ilegal que llega a Estados Unidos es distribuida por las organizaciones del narcotráfico de México, la colaboración y coordinación de la DEA con las agencias del Departamento de Seguridad Nacional que tienen misiones relacionados —Aduanas y la Patrulla Fronteriza— son importantes.
“Sin embargo, un viejo acuerdo interagencias —y añejas y largas disputas que involucran el rol antidrogas de Aduanas y Migración, así como el descuido del papel de la DEA— han conducido a conflictos y la posibilidad de duplicar los esfuerzos de investigación”, detalla el reporte de la GAO que buscó definir la situación posterior al 11 de septiembre de 2001, entre otras razones por los casos de narcotráfico relacionados con terrorismo.
En este sentido, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental examinó las prioridades, los acuerdos interagencias y mecanismos de coordinación; planes estratégicos y medidas aplicadas por la Agencia Antidrogas; además de aplicar una revisión a la política, la planeación y el presupuesto de la DEA y de manera paralela visitó siete de sus 21 oficinas ubicadas dentro de Estados Unidos y tres de sus siete oficinas localizadas en el extranjero, entre ellas la de México.
Mientras que en ciertas oficinas de la DEA y Aduana y Migración conocida como ICE que la GAO visitó se registraba una relación positiva de colaboración entre agencias, esto no ocurría en el resto.
“Por ejemplo, en la ciudad de México, donde el narcotráfico prevalece, los oficiales de la DEA e ICE coincidieron que la relación entre las dos agencias es tensa y que los oficiales de la DEA reportaron que un nuevo memorandum de entendimiento podría mejorar la relación para aclarar los roles y responsabilidades”, cita el reporte.
Adicionalmente, detalla el documento que representantes de las dos agencias con los que hablaron los investigadores de la GAO expresaron preocupación sobre la pobre relación entre la DEA, Aduanas y Migración, con el posible resultado que podría comprometer las operaciones en contra del narcotráfico.
La investigación de la GAO resaltó también que existen desacuerdos entre las agencias para el manejo de los decomisos de drogas, especialmente los que se efectúan en las regiones fronterizas, y tampoco comparten información ni con el centro de Fusión de las Fuerzas Especiales que colectan información relacionada con las finanzas del crimen organizado, o con la División de Operaciones Especiales por lo que la coordinación de estas entidades no es tan efectiva como debería.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional están en conversaciones para definir las acciones que tomarán para lograr mejorar y hacer más efectiva la colaboración de la Agencia Antidrogas, Aduanas y Migración, los oficiales de Aduana y Protección Fronteriza; la División de Operaciones Especiales, y el Centro de Fusión de Fuerzas Especiales.
Comentario:
A poner orden en las instituciones, para después poner orden en "casa".
Las agencias del gobierno de Estados Unidos que están relacionadas con la lucha contra el narcotráfico operan sin coordinación e incluso registran disputas y conflictos sobre el liderazgo en las investigaciones y aseguramientos.
Por esa razón es necesario que se revisen y establezcan nuevos planes que permitan su colaboración en la guerra contra las drogas, afirma un reporte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO por sus siglas en inglés), el brazo investigador del Congreso estadounidense.
En el reporte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental se indica que como resultado de que la mayoría de la droga ilegal que llega a Estados Unidos es distribuida por las organizaciones del narcotráfico de México, la colaboración y coordinación de la DEA con las agencias del Departamento de Seguridad Nacional que tienen misiones relacionados —Aduanas y la Patrulla Fronteriza— son importantes.
“Sin embargo, un viejo acuerdo interagencias —y añejas y largas disputas que involucran el rol antidrogas de Aduanas y Migración, así como el descuido del papel de la DEA— han conducido a conflictos y la posibilidad de duplicar los esfuerzos de investigación”, detalla el reporte de la GAO que buscó definir la situación posterior al 11 de septiembre de 2001, entre otras razones por los casos de narcotráfico relacionados con terrorismo.
En este sentido, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental examinó las prioridades, los acuerdos interagencias y mecanismos de coordinación; planes estratégicos y medidas aplicadas por la Agencia Antidrogas; además de aplicar una revisión a la política, la planeación y el presupuesto de la DEA y de manera paralela visitó siete de sus 21 oficinas ubicadas dentro de Estados Unidos y tres de sus siete oficinas localizadas en el extranjero, entre ellas la de México.
Mientras que en ciertas oficinas de la DEA y Aduana y Migración conocida como ICE que la GAO visitó se registraba una relación positiva de colaboración entre agencias, esto no ocurría en el resto.
“Por ejemplo, en la ciudad de México, donde el narcotráfico prevalece, los oficiales de la DEA e ICE coincidieron que la relación entre las dos agencias es tensa y que los oficiales de la DEA reportaron que un nuevo memorandum de entendimiento podría mejorar la relación para aclarar los roles y responsabilidades”, cita el reporte.
Adicionalmente, detalla el documento que representantes de las dos agencias con los que hablaron los investigadores de la GAO expresaron preocupación sobre la pobre relación entre la DEA, Aduanas y Migración, con el posible resultado que podría comprometer las operaciones en contra del narcotráfico.
La investigación de la GAO resaltó también que existen desacuerdos entre las agencias para el manejo de los decomisos de drogas, especialmente los que se efectúan en las regiones fronterizas, y tampoco comparten información ni con el centro de Fusión de las Fuerzas Especiales que colectan información relacionada con las finanzas del crimen organizado, o con la División de Operaciones Especiales por lo que la coordinación de estas entidades no es tan efectiva como debería.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional están en conversaciones para definir las acciones que tomarán para lograr mejorar y hacer más efectiva la colaboración de la Agencia Antidrogas, Aduanas y Migración, los oficiales de Aduana y Protección Fronteriza; la División de Operaciones Especiales, y el Centro de Fusión de Fuerzas Especiales.
Comentario:
A poner orden en las instituciones, para después poner orden en "casa".
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