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El fiscal general de Teherán, Abbas Yafarí Dowlatabadí, ha ordenado la liberación de 81 condenados por su participación en las protestas poselectorales del año pasado. Su carta al director de la cárcel de Evin, de la que da cuenta la agencia oficial IRNA, se produce después de que el líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, perdonara anoche a los presos. Algunos analistas interpretan que se trata de un gesto ante el aniversario de los comicios que permitieron la reelección del presidente, Mahmud Ahmadineyad, y que la oposición tachó de fraudulentas. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos subrayan que siguen produciéndose detenciones de activistas políticos y periodistas.
"Estos delincuentes se benefician de la clemencia islámica tras la gran injusticia que cometieron contra el sistema", ha declarado Dowlatabadí. Los liberados deberán no obstante pagar las multas correspondientes. La lista, preparada por el poder judicial con motivo de la festividad de Fátima, recoge a condenados que, según la fiscalía, "se han arrepentido y rogado el perdón".
Sin embargo, la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán asegura haber recibido "muchas informaciones de presos que han sido coaccionados para pedir el perdón" del líder supremo. Cita el caso del cineasta Mohammad Nurizad, quien ha denunciado que fue brutalmente golpeado el pasado 18 de mayo en Evin, tras negarse a solicitar esa clemencia. Nurizad, encausado por haber escrito una carta abierta al líder criticando la violencia poselectoral, ha sido condenado a tres años y medio de cárcel y 50 latigazos.
"Si el líder puede perdonar a 81 personas, confirmando de hecho que no han cometido delito alguno, puede y debiera liberar a todos los que permanecen en cárceles iraníes y que también han sido erróneamente procesados", pide el portavoz de la Campaña, Aaron Rhodes. Esta organización teme que el perdón sólo sea "una treta política para reducir las críticas internas e internacionales a la extrema represión política que continúa produciéndose en Irán".
Los dos líderes del movimiento opositor, los frustrados candidatos presidenciales Mir-Hosein Musaví y Mehdi Karrubí, solicitaron hace unos días permiso para organizar una manifestación el próximo 12 de junio, cuando se cumple un año de los comicios que desataron las revueltas. Aunque las autoridades no han respondido a esa petición, resulta altamente improbable que acepten. Desde hace varias semanas, los responsables policiales han multiplicado sus advertencias contra cualquier intento de los descontentos por salir a la calle.
Además, el Gobierno ha procedido a la movilización de dos millones de basiyíes, los milicianos a los que se responsabiliza de la violenta represión de las protestas en las que murieron varias decenas de personas. Oficialmente, ese despliegue se produce con motivo de la conmemoración mañana del 21º aniversario de la muerte de Jomeiní, el fundador de la República Islámica. Sin embargo, fuentes opositoras sospechan que los numerosos milicianos desplazados a Teherán desde las provincias van a permanecer en la capital hasta después del día 12 para desincentivar cualquier acto de denuncia.
Al menos 4.000 personas fueron detenidas tras las manifestaciones del año pasado, según cifras oficiales. De ellas, 250 han sido procesadas y condenadas a distintas penas de cárcel e incluso de muerte, en 11 casos (5 han sido anuladas y 6 siguen pendientes de revisión). La Campaña considera que al menos otros 200 presos políticos tienen causas abiertas o están en detención preventiva.
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