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En la ciudad de México hay alrededor de 25 mil 627 personas con algún tipo de discapacidad permanente que viven en zonas de muy alta marginación, 14 mil 853 hombres y 10 mil 774 mujeres, población que requiere apoyo económico permanente del gobierno.
Así lo señaló Valentina Batres Guadarrama, diputada local del PRD, quien junto con los legisladores María de Lourdes Amaya Reyes y Alejandro López Villanueva se pronunció a favor de que por ley el gobierno destine una pensión universal a este sector.
En conferencia de prensa, Batres Guadarrama destacó que es en las delegaciones Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Álvaro Obregón, Tláhuac, Magdalena Contreras y Coyoacán, donde se registra el mayor número de población con alguna discapacidad.
El problema más frecuente es el motriz, que lo padecen 11 mil 96 personas, seguido del intelectual, con ocho mil 434, y el visual con dos mil 431.
La legisladora destacó que presentarán a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa para que la actual ley para las personas con discapacidad del Distrito Federal, considere la obligatoriedad en la entrega de este apoyo.
Comentó que esta norma se encuentra vigente en la ciudad desde diciembre de 1995, y el propósito ahora es establecer un apoyo económico equivalente a medio salario mínimo mensual.
La diputada local del partido del sol azteca mencionó que el Programa en Apoyo económico a Personas con Discapacidad, que lleva a cabo el Gobierno del Distrito Federal, quedará inserto en la ley, con tres cambios significativos.
El primero es que se otorgará una pensión a todas las personas con discapacidad permanente que residen en el DF, lo que significa la universalización de la actual ayuda económica, para convertirla en un derecho. El segundo es que la pensión sea equivalente a medio salario mínimo mensual vigente en el DF.
Explicó que actualmente el programa que opera el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el DF establece que se otorgará el apoyo a las personas con discapacidad permanente que tengan entre cero y 67 años de edad, porque a partir de los 68 ya tienen asegurada la pensión para adultos mayores.
Sin embargo, por considerar que enfrentan una doble vulnerabilidad, la propuesta es que las personas con discapacidad y que sean mayores de 68 años tengan derecho al ingreso de ambas pensiones, es decir, un salario mínimo.
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