Seis meses de extrema violencia.

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Con nuevos extremos de violencia, como desmembrar y desmenuzar a sus víctimas, o acribillar a niños pasmados de miedo, bandas de criminales y del narcotráfico continúan su guerra interna con un saldo de víctimas sin precedentes y acosados por fuerzas federales que impiden estabilizar áreas de influencia para el trasiego de drogas o la venta.

Según registros de EL UNIVERSAL, en el primer semestre —del 1 de enero al 29 de junio— se reportaron en todo el país 3 mil 247 muertes violentas (18 al día en promedio) relacionadas con actividades del crimen organizado y el narcotráfico, con lo que sumaron 11 mil 728 (al menos 12 asesinatos diarios) en lo que va del gobierno de Felipe Calderón.

La incidencia delictiva es 67% mayor al primer semestre de 2008, pues en sus primeros seis meses se cometieron mil 935 homicidios ligados al crimen organizado.

En este año, la actividad delictiva se enfocó a nivel municipal, principalmente en regiones serranas de Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, México, Michoacán y Guerrero, donde los cuerpos policiacos locales carecen de medios para enfrentarlos.

En el país hay 2 mil 438 ayuntamientos en 31 estados, y según un informe publicado por EL UNIVERSAL hasta febrero pasado sólo en Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y el estado de México 80 alcaldes fueron extorsionados por el crimen organizado.

En los últimos seis meses fueron asesinados los alcaldes de Otaez, Durango, Claudio Núñez (PRI), el 6 de febrero; de Vista Hermosa, Michoacán, Octavio Manuel Carrillo Castellano (PRI), el 24 de febrero; y de Ocampo, Durango, Luis Carlos Ramírez López (PAN), el 1 de junio.

De junio a diciembre de 2008 fueron asesinados los alcaldes de Villa Madero, Michoacán, e Ixtapa de la Sal, estado de México, así como un presidente municipal con licencia de Ayutla, Guerrero, además de que está desaparecido otro, de Topia, Durango.

Caso especial es el dos veces alcalde de Petatlán, Guerrero, Francisco Javier Rodríguez Aceves (PRI: 1984-86 y PRD: 2002-05), asesinado el 23 de febrero pasado, horas después de haber dado una rueda de prensa donde negó que tuviera nexos con el narco.

Proliferan ataques

De enero a junio se multiplicaron los ataques a instalaciones policiacas o de manera directa a militares y policías con armas de alto poder y hasta con granadas de fragmentación, causando la muerte de 163 de ellos, en actos que las autoridades calificaron de intimidación pero que rayan en la crueldad extrema.

En el más reciente enfrentamiento que se dio en Apaseo el Alto, Guanajuato, el 26 de junio, hubo 12 zetas muertos y seis detenidos, pero un policía ministerial resultó gravemente herido. Sin embargo, entre las bajas policiacas se incluyen agentes que fueron secuestrados y asesinados con una saña que no había sido utilizada por los cárteles.

El pasado 25 de junio, sobre la carretera Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas se encontraron los cuerpos desmembrados de dos agentes de la Policía Investigadora Ministerial de Guerrero. Una semana antes, en Uruapan, Michoacán, aparecieron dos cuerpos en similares condiciones.

Entre los niveles más elevados de violencia extrema, el 14 de febrero, en el asalto para ejecutar a un comandante de la Procuraduría de Tabasco en el municipio de Macuspana, una decena de pistoleros mataron a 12 personas, seis de ellos niños acribillados bajo las camas donde se escondían.

Las balas del crimen tampoco respetan a recién nacidos: el 24 de mayo en la ciudad de Chihuahua, los pistoleros dispararon de manera indiscriminada a un vehículo en el que viajaba una familia, causado la muerte al padre y a un bebé de 26 días de nacido. En seis meses mataron a 95 menores de 17 años.

También se registraron numerosas mujeres asesinadas: 91 en seis meses. Sólo en Chihuahua, entre los estados más violentos, de mil 300 ejecutados, 42 fueron mujeres.

Asimismo, el primer semestre se caracterizó por la intervención de las fuerzas federales para desarticular redes de protección al crimen organizado en Morelos, Michoacán, Nuevo León, y por una acelerada “limpia” de los cuerpos de seguridad municipales y estatales, en algunos casos de manera masiva, como en Torreón, Coahuila, donde 300 agentes fueron dados de baja por desconfianza.

El incremento de la criminalidad, principalmente en Ciudad Juárez, llevó al gobierno federal a convocar al gabinete de seguridad en febrero pasado, y en consecuencia se reforzó el Operativo Conjunto Chihuahua. Según las autoridades, la militarización frenó la violencia, pero las ejecuciones continuaron.

Para el investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Tomás Guevara Martínez, en las nuevas “camadas” que integran los cárteles de la droga, se observan conductas más agresivas, dirigidas a intimidar e imprimir el mayor daño posible a sus enemigos.


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La guerra sigue...