Noticia:
El torturador jefe del Jemer Rojo, Kaing Guek Eav, alias "Duch", pidió hoy la absolución en el tribunal internacional que auspiciado por la ONU le juzga por crímenes contra la Humanidad desde hace nueve meses en Phnom Penh.
"Solicito a la Corte que me ponga en libertad", dijo Duch, de 66 años, al cerrar su última intervención en su defensa, antes de que el panel de jueces, tres camboyanos y dos extranjeros, deje el proceso visto para sentencia.
La acusación, que hace dos días pidió una condena de 40 años durante la presentación de sus argumentos finales, dijo que Duch desaprovechó su última oportunidad para confesar su verdadera participación en el régimen del Jemer Rojo.
El acusado dirigió el centro de tortura de Tuol Sleng, en la actualidad convertido en el Museo del Genocidio, y ha confesado durante este juicio que ordenó ejecutar a reos, que torturó personalmente y que cometió los otros crímenes que le imputan.
En su descarga, el antiguo profesor de matemáticas que alcanzó notoriedad al frente del cuerpo de torturadores de Pol Pot ha alegado que se limitó a obedecer porque el Jemer Rojo castigaba la desobediencia con la muerte.
Duch, que abandonó el budismo y se convirtió al cristianismo, también ha expresado su arrepentimiento y pedido perdón a los supervivientes y los familiares de sus víctimas en varias ocasiones desde que comenzaron las vistas.
Se prevé que la Corte emita la sentencia a principios del año que viene.
El acusado es el ex oficial de menor rango del Jemer Rojo que juzgará este tribunal organizado por la ONU y Camboya tras largas y tortuosas negociaciones que comenzaron en 1997.
Esperan su turno Khieu Samphan, ex presidente de la República Democrática de Kampuchea; Nuon Chea, "hermano número dos" e ideólogo de la organización; Ieng Sary, ex ministro de Exteriores, y su esposa, Ieng Thirit, ex titular de Asuntos Sociales.
Pol Pot, el "hermano número uno", murió en la jungla camboyana en 1998.
viernes, 27 de noviembre de 2009
Polanski, seguirá preso por no pagar fianza.
Noticia:
El cineasta franco-polaco Roman Polanski permanecerá en la prisión de Zúrich hasta el lunes al no haber depositado aún la fianza solicitada, según confirmó el portavoz del Ministerio de Justicia suizo, Folco Galli.
El portavoz no quiso dar más detalles sobre cómo se procedería a la excarcelación, y precisó que el Ministerio informará en el momento preciso.
El Tribunal Penal Federal decidió el miércoles liberar a Polanski bajo pago de 4,5 millones de francos (3 millones de euros), la obligación de portar un brazalete electrónico y de permanecer bajo vigilancia en su chalet, en la exclusiva estación de esquí de Gstaad.
Además de las medidas citadas, el realizador deberá también depositar sus documentos para evitar cualquier riesgo de fuga.
El cineasta, de 76 años, fue detenido el pasado 26 de septiembre a su llegada al aeropuerto de Zúrich, por un caso de abuso de menores en EU que data de 1977, y desde entonces está encarcelado.
Decenas de periodistas y fotógrafos montan guardia ante las puertas de la prisión con la esperanza de ver salir a Polanski, que se enfrenta a una pena máxima de hasta dos años si es devuelto a EU para rendir cuentas ante la Justicia por este caso pendiente.
El cineasta franco-polaco Roman Polanski permanecerá en la prisión de Zúrich hasta el lunes al no haber depositado aún la fianza solicitada, según confirmó el portavoz del Ministerio de Justicia suizo, Folco Galli.
El portavoz no quiso dar más detalles sobre cómo se procedería a la excarcelación, y precisó que el Ministerio informará en el momento preciso.
El Tribunal Penal Federal decidió el miércoles liberar a Polanski bajo pago de 4,5 millones de francos (3 millones de euros), la obligación de portar un brazalete electrónico y de permanecer bajo vigilancia en su chalet, en la exclusiva estación de esquí de Gstaad.
Además de las medidas citadas, el realizador deberá también depositar sus documentos para evitar cualquier riesgo de fuga.
El cineasta, de 76 años, fue detenido el pasado 26 de septiembre a su llegada al aeropuerto de Zúrich, por un caso de abuso de menores en EU que data de 1977, y desde entonces está encarcelado.
Decenas de periodistas y fotógrafos montan guardia ante las puertas de la prisión con la esperanza de ver salir a Polanski, que se enfrenta a una pena máxima de hasta dos años si es devuelto a EU para rendir cuentas ante la Justicia por este caso pendiente.
Huelga en el diario "Le Parisien" por recorte.
Noticia:
El diario francés "Le Parisien", la cabecera de tirada nacional de mayor difusión, no llegó hoy a los kioscos del país por una huelga en protesta por el plan de reducción de personal anunciado por la dirección.
Los trabajadores del rotativo votaron un paro de una jornada tras conocer la intención de los propietarios de prescindir en un primer momento de 25 de los 200 periodistas que componen su plantilla, dentro del primer episodio de un plan social que continuará el año próximo.
El director general de "Le Parisien", Jean Hornain, desveló que en un primer momento la reducción de puestos afectará a la edición nacional del diario y que, además de los 25 periodistas, incluirá a otros 10 trabajadores y ejecutivos.
Con ese plan, que se hará en forma de bajas voluntarias, la dirección espera ahorrar entre 3 y 4 millones de euros el año próximo.
Próximamente se anunciará un nuevo programa de reducción de efectivos que afectará a las redacciones locales, que emplean a otros 150 trabajadores.
Aunque la dirección no precisó a cuantos trabajadores afectará, los sindicatos calculan que estará entre 80 y 90.
Además, la dirección del diario popular negociará en los próximos meses una suavización de la semana laboral de 35 horas que en la actualidad se traduce en 22 días suplementarios para cada trabajador.
En total, "Le Parisien" aspira a ahorrar 10 millones de euros al año con estos planes, una forma de atajar la caída de las ventas y de los ingresos publicitarios.
En lo que va de año, el diario ha reducido sus ventas 6.3%, mientras que en el primer semestre la facturación de publicidad cayó 10%.
El grupo augura que será deficitario en 2009 por segundo año consecutivo, tras haber perdido en el anterior 9.6 millones de euros.
Aunque el resultado operativo será positivo en unos 818 mil euros, estará lejos de los 6.1 millones de 2008.
Simultáneamente al plan de ahorro, "Le Parisien" lanzará una nueva maqueta a partir de enero próximo, con más color, con lo que espera recuperar lectores.
El diario francés "Le Parisien", la cabecera de tirada nacional de mayor difusión, no llegó hoy a los kioscos del país por una huelga en protesta por el plan de reducción de personal anunciado por la dirección.
Los trabajadores del rotativo votaron un paro de una jornada tras conocer la intención de los propietarios de prescindir en un primer momento de 25 de los 200 periodistas que componen su plantilla, dentro del primer episodio de un plan social que continuará el año próximo.
El director general de "Le Parisien", Jean Hornain, desveló que en un primer momento la reducción de puestos afectará a la edición nacional del diario y que, además de los 25 periodistas, incluirá a otros 10 trabajadores y ejecutivos.
Con ese plan, que se hará en forma de bajas voluntarias, la dirección espera ahorrar entre 3 y 4 millones de euros el año próximo.
Próximamente se anunciará un nuevo programa de reducción de efectivos que afectará a las redacciones locales, que emplean a otros 150 trabajadores.
Aunque la dirección no precisó a cuantos trabajadores afectará, los sindicatos calculan que estará entre 80 y 90.
Además, la dirección del diario popular negociará en los próximos meses una suavización de la semana laboral de 35 horas que en la actualidad se traduce en 22 días suplementarios para cada trabajador.
En total, "Le Parisien" aspira a ahorrar 10 millones de euros al año con estos planes, una forma de atajar la caída de las ventas y de los ingresos publicitarios.
En lo que va de año, el diario ha reducido sus ventas 6.3%, mientras que en el primer semestre la facturación de publicidad cayó 10%.
El grupo augura que será deficitario en 2009 por segundo año consecutivo, tras haber perdido en el anterior 9.6 millones de euros.
Aunque el resultado operativo será positivo en unos 818 mil euros, estará lejos de los 6.1 millones de 2008.
Simultáneamente al plan de ahorro, "Le Parisien" lanzará una nueva maqueta a partir de enero próximo, con más color, con lo que espera recuperar lectores.
Osuna rechaza ser parcial con televisoras.
Noticia:
Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), retó a quienes lo acusan de favorecer los intereses de las televisoras a probar el señalamiento. “El que acusa debe probar, y yo sí tengo manera de probar que no es cierto”, aseguró.
El funcionario dijo que las pruebas que ofrece para refutar los señalamientos en su contra son los documentos que ha emitido la Cofetel, los cuales son resoluciones colegiadas, además de que hay un órgano interno de control que vigila sus actuaciones. “Nuestros actos son públicos, están firmados con el sustento de una decisión colegiada a partir de un análisis técnico de toda la Comisión”, sostuvo.
Cuestionado desde que fue propuesto al Senado por el presidente Vicente Fox para integrar a la Cofetel por supuestos vínculos con Televisa y TV Azteca, Osuna aseguró que esto no ha afectado “en lo más mínimo” el trabajo del órgano ni sus decisiones.
Estos señalamientos resurgieron esta semana luego de que la Suprema Corte de Justicia resolvió que sólo Cofetel, no el secretario de Comunicaciones y Transportes, tiene la facultad de otorgar, refrendar, modificar o revocar las concesiones de radio y televisión, así como de aprobar el cuadro nacional de frecuencias.
Cofetel, dijo Héctor Osuna, no tiene autonomía plena, pues es un órgano desconcentrado de la administración pública, cuyo jefe del sector es el secretario de Comunicaciones y Transportes y con directrices claras del titular del Ejecutivo.
Aseveró que su relación con el Presidente de la República es de trabajo y respeto, y responsabilidad para colaborar con los objetivos en telecomunicaciones y radiodifusión que ha trazado el titular.
“Siempre estamos en condiciones de, a la brevedad posible, informarle al Presidente de la República de cualquier asunto que esté en el seno de la Cofetel, que esté por discutirse, que se discuta o que se haya discutido en el pasado”, indicó.
Osuna dijo que será hasta que el máximo tribunal emita el engrose de su resolución sobre las atribuciones de la Cofetel y de la SCT en la industria de la radiodifusión cuando se podrán definir los alcances de la responsabilidad de este órgano en la materia.
“Nosotros entendíamos que (las de radiodifusión) eran las facultades de la Cofetel, pero dijimos que quien interpreta la ley es el secretario; la SCT lo hizo y nos lo dieron por escrito, por lo que actuamos en consecuencia; ahora regresamos a la realidad de antes del 8 de enero de 2009”, cuando se publicó el reglamento interior de la dependencia, dijo.
La relación con SCT, cordial
El presidente de Cofetel dijo que su relación con el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, es cordial, al igual que con los comisionados Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar, quienes llegaron a sus puestos luego de ganar el amparo promovido contra la objeción del Senado para ser integrantes del órgano regulador.
Su periodo como presidente de Cofetel concluye en mayo de 2010, y puede reelegirse; sin embargo, Osuna dijo que no está pensando en eso ahora debido a que hay temas más importantes que atender como las licitaciones del espectro.
Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), retó a quienes lo acusan de favorecer los intereses de las televisoras a probar el señalamiento. “El que acusa debe probar, y yo sí tengo manera de probar que no es cierto”, aseguró.
El funcionario dijo que las pruebas que ofrece para refutar los señalamientos en su contra son los documentos que ha emitido la Cofetel, los cuales son resoluciones colegiadas, además de que hay un órgano interno de control que vigila sus actuaciones. “Nuestros actos son públicos, están firmados con el sustento de una decisión colegiada a partir de un análisis técnico de toda la Comisión”, sostuvo.
Cuestionado desde que fue propuesto al Senado por el presidente Vicente Fox para integrar a la Cofetel por supuestos vínculos con Televisa y TV Azteca, Osuna aseguró que esto no ha afectado “en lo más mínimo” el trabajo del órgano ni sus decisiones.
Estos señalamientos resurgieron esta semana luego de que la Suprema Corte de Justicia resolvió que sólo Cofetel, no el secretario de Comunicaciones y Transportes, tiene la facultad de otorgar, refrendar, modificar o revocar las concesiones de radio y televisión, así como de aprobar el cuadro nacional de frecuencias.
Cofetel, dijo Héctor Osuna, no tiene autonomía plena, pues es un órgano desconcentrado de la administración pública, cuyo jefe del sector es el secretario de Comunicaciones y Transportes y con directrices claras del titular del Ejecutivo.
Aseveró que su relación con el Presidente de la República es de trabajo y respeto, y responsabilidad para colaborar con los objetivos en telecomunicaciones y radiodifusión que ha trazado el titular.
“Siempre estamos en condiciones de, a la brevedad posible, informarle al Presidente de la República de cualquier asunto que esté en el seno de la Cofetel, que esté por discutirse, que se discuta o que se haya discutido en el pasado”, indicó.
Osuna dijo que será hasta que el máximo tribunal emita el engrose de su resolución sobre las atribuciones de la Cofetel y de la SCT en la industria de la radiodifusión cuando se podrán definir los alcances de la responsabilidad de este órgano en la materia.
“Nosotros entendíamos que (las de radiodifusión) eran las facultades de la Cofetel, pero dijimos que quien interpreta la ley es el secretario; la SCT lo hizo y nos lo dieron por escrito, por lo que actuamos en consecuencia; ahora regresamos a la realidad de antes del 8 de enero de 2009”, cuando se publicó el reglamento interior de la dependencia, dijo.
La relación con SCT, cordial
El presidente de Cofetel dijo que su relación con el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, es cordial, al igual que con los comisionados Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar, quienes llegaron a sus puestos luego de ganar el amparo promovido contra la objeción del Senado para ser integrantes del órgano regulador.
Su periodo como presidente de Cofetel concluye en mayo de 2010, y puede reelegirse; sin embargo, Osuna dijo que no está pensando en eso ahora debido a que hay temas más importantes que atender como las licitaciones del espectro.
GDF retoma propuesta de instituto verificador.
Noticia:
El gobierno de la ciudad entregó a la Asamblea Legislativa capitalina (ALDF) un paquete de iniciativas de dos nuevas leyes y tres reformas legales con el que se busca facilitar la operación de establecimientos mercantiles y simplificar la apertura de negocios.
El conjunto de leyes establece la imposición de mayores multas y hasta la posibilidad de enfrentar un proceso penal en caso de falsear información sobre la operación de un negocio.
Además se concentra en un solo organismo, el nuevo Instituto de Verificación Administrativa del DF, las atribuciones de supervisión de establecimientos que hoy tienen las 16 delegaciones políticas, y por lo menos seis secretarías del gobierno local.
Dentro de este paquete legal, el gobierno capitalino propuso una nueva redacción de la Ley de Establecimientos Mercantiles del DF, que incorpora multas de hasta 25 mil días de salario mínimo —un millón 370 mil pesos— y clausura permanente de los negocios que, por ejemplo, violen la ley antitabaco, no cumplan con los horarios de operación establecidos, vendan bebidas alcohólicas a menores o sin el permiso correspondiente, funcionen con un giro distinto y hasta por hacer promociones como la barra libre.
En todos los casos en los que el dueño haya otorgado información falsa para la apertura de un negocio, las autoridades darán vista al Ministerio Público, que iniciará un proceso penal por el delito de falsedad en declaraciones.
La actual Ley de Establecimientos Mercantiles establece rangos de multas que van de los 25 hasta los 2 mil 500 días de salario mínimo. La iniciativa de ley mantiene esos parámetros, pero también incluye nuevos y mayores montos de sanciones.
Así, se imponen de 3 mil a 10 mil días de salario de multa —hasta 548 mil pesos— a establecimientos dedicados al hospedaje, la educación, talleres mecánicos, estacionamientos, billares, tiendas de abarrotes y locales de café internet que no hayan dado aviso de la apertura del negocio, que no eviten las aglomeraciones en puntos de entrada y salida, por no contar con seguro o por bloquear la vía pública con enseres.
Esa iniciativa de Ley de Establecimientos Mercantiles elimina conceptos, trámites y obligaciones que se encuentran en la actual legislación, como la licencia de funcionamiento, el permiso de operación y autorizaciones que aún expiden las delegaciones.
Bastará con que los interesados en abrir y operar un negocio presenten un aviso de apertura —bajo protesta de decir verdad— a través de un sistema informático que pondrá en funcionamiento la Secretaría de Desarrollo Económico del DF (Sedeco). En ese aviso, el particular manifestará que cumple los requisitos previstos para la apertura de un establecimiento.
Los negocios que ya operan en la ciudad no tendrán la obligación de presentar ese aviso de apertura, salvo que cambien de giro, traspasen el negocio, hagan adecuaciones físicas o quieran colocar enseres en la vía pública.
El instrumento de verificación
Una de las nuevas leyes propuestas por el GDF contempla la creación del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal que tendrá atribuciones de supervisión en materia de protección civil, medio ambiente, estacionamientos, establecimientos mercantiles, anuncios, mobiliario urbano, desarrollo urbano, uso de suelo, mercados y abasto, espectáculos públicos, salud, turismo y servicios de alojamiento.
De acuerdo con ese proyecto de ley, ese organismo practicará visitas domiciliarias, auditorías, revisión de dictámenes , así como visitas de inspección y verificación para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia fiscal por la operación del negocio.
Además, tendrá atribuciones para imponer las sanciones que correspondan por infracciones a las disposiciones fiscales del Distrito Federal, y a las de carácter federal cuya aplicación esté encomendada al gobierno local.
De esta manera, las delegaciones políticas perderán todas sus facultades de verificación administrativa, aunque no quedarán relegadas de todas las decisiones, pues los jefes delegacionales tendrán atribuciones para solicitar la remoción de directores ejecutivos territoriales que trabajarán para el nuevo instituto de verificación local.
Esos directores territoriales no son un cargo menor, pues estarán facultados para ordenar visitas de verificación en el territorio de la delegación al que estén asignados, así como imponer sanciones y multas a establecimientos mercantiles que violen las normas.
Los jefes delegaciones también podrán participar en un Consejo General del Instituto de Verificación, el cual fungirá como el órgano máximo de dirección de ese ente público.
El segundo intento
Esta es la segunda ocasión en que el gobierno de la ciudad propone a la ALDF la creación de ese organismo de verificación. Durante la pasada Legislatura, los diputados desecharon la iniciativa, en rechazo a que el GDF centralizara la verificación administrativa.
Lo que el gobierno local ha argumentado y lo reitera en este proyecto de ley es que el Instituto de Verificación será un organismo dirigido por ciudadanos, con autonomía del gobierno central.
Pero en los artículos octavo y noveno de esa iniciativa se señala que el jefe de Gobierno tendrá la atribución de designar al consejero presidente, a los cuatro consejeros ciudadanos del instituto y a un director general que le rendirá cuentas al Consejo General.
Sólo en el caso del presidente de ese nuevo organismo, el mandatario capitalino tendrá que solicitar su ratificación ante la Asamblea capitalina.
En sus artículos transitorios, la iniciativa establece que los actuales verificadores de las delegaciones políticas podrán trabajar en el instituto si cumplen con requisitos como aprobar exámenes de conocimientos y aptitudes que les aplique la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, no haber sido condenados por un delito y no enfrentar una inhabilitación.
El gobierno de la ciudad entregó a la Asamblea Legislativa capitalina (ALDF) un paquete de iniciativas de dos nuevas leyes y tres reformas legales con el que se busca facilitar la operación de establecimientos mercantiles y simplificar la apertura de negocios.
El conjunto de leyes establece la imposición de mayores multas y hasta la posibilidad de enfrentar un proceso penal en caso de falsear información sobre la operación de un negocio.
Además se concentra en un solo organismo, el nuevo Instituto de Verificación Administrativa del DF, las atribuciones de supervisión de establecimientos que hoy tienen las 16 delegaciones políticas, y por lo menos seis secretarías del gobierno local.
Dentro de este paquete legal, el gobierno capitalino propuso una nueva redacción de la Ley de Establecimientos Mercantiles del DF, que incorpora multas de hasta 25 mil días de salario mínimo —un millón 370 mil pesos— y clausura permanente de los negocios que, por ejemplo, violen la ley antitabaco, no cumplan con los horarios de operación establecidos, vendan bebidas alcohólicas a menores o sin el permiso correspondiente, funcionen con un giro distinto y hasta por hacer promociones como la barra libre.
En todos los casos en los que el dueño haya otorgado información falsa para la apertura de un negocio, las autoridades darán vista al Ministerio Público, que iniciará un proceso penal por el delito de falsedad en declaraciones.
La actual Ley de Establecimientos Mercantiles establece rangos de multas que van de los 25 hasta los 2 mil 500 días de salario mínimo. La iniciativa de ley mantiene esos parámetros, pero también incluye nuevos y mayores montos de sanciones.
Así, se imponen de 3 mil a 10 mil días de salario de multa —hasta 548 mil pesos— a establecimientos dedicados al hospedaje, la educación, talleres mecánicos, estacionamientos, billares, tiendas de abarrotes y locales de café internet que no hayan dado aviso de la apertura del negocio, que no eviten las aglomeraciones en puntos de entrada y salida, por no contar con seguro o por bloquear la vía pública con enseres.
Esa iniciativa de Ley de Establecimientos Mercantiles elimina conceptos, trámites y obligaciones que se encuentran en la actual legislación, como la licencia de funcionamiento, el permiso de operación y autorizaciones que aún expiden las delegaciones.
Bastará con que los interesados en abrir y operar un negocio presenten un aviso de apertura —bajo protesta de decir verdad— a través de un sistema informático que pondrá en funcionamiento la Secretaría de Desarrollo Económico del DF (Sedeco). En ese aviso, el particular manifestará que cumple los requisitos previstos para la apertura de un establecimiento.
Los negocios que ya operan en la ciudad no tendrán la obligación de presentar ese aviso de apertura, salvo que cambien de giro, traspasen el negocio, hagan adecuaciones físicas o quieran colocar enseres en la vía pública.
El instrumento de verificación
Una de las nuevas leyes propuestas por el GDF contempla la creación del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal que tendrá atribuciones de supervisión en materia de protección civil, medio ambiente, estacionamientos, establecimientos mercantiles, anuncios, mobiliario urbano, desarrollo urbano, uso de suelo, mercados y abasto, espectáculos públicos, salud, turismo y servicios de alojamiento.
De acuerdo con ese proyecto de ley, ese organismo practicará visitas domiciliarias, auditorías, revisión de dictámenes , así como visitas de inspección y verificación para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia fiscal por la operación del negocio.
Además, tendrá atribuciones para imponer las sanciones que correspondan por infracciones a las disposiciones fiscales del Distrito Federal, y a las de carácter federal cuya aplicación esté encomendada al gobierno local.
De esta manera, las delegaciones políticas perderán todas sus facultades de verificación administrativa, aunque no quedarán relegadas de todas las decisiones, pues los jefes delegacionales tendrán atribuciones para solicitar la remoción de directores ejecutivos territoriales que trabajarán para el nuevo instituto de verificación local.
Esos directores territoriales no son un cargo menor, pues estarán facultados para ordenar visitas de verificación en el territorio de la delegación al que estén asignados, así como imponer sanciones y multas a establecimientos mercantiles que violen las normas.
Los jefes delegaciones también podrán participar en un Consejo General del Instituto de Verificación, el cual fungirá como el órgano máximo de dirección de ese ente público.
El segundo intento
Esta es la segunda ocasión en que el gobierno de la ciudad propone a la ALDF la creación de ese organismo de verificación. Durante la pasada Legislatura, los diputados desecharon la iniciativa, en rechazo a que el GDF centralizara la verificación administrativa.
Lo que el gobierno local ha argumentado y lo reitera en este proyecto de ley es que el Instituto de Verificación será un organismo dirigido por ciudadanos, con autonomía del gobierno central.
Pero en los artículos octavo y noveno de esa iniciativa se señala que el jefe de Gobierno tendrá la atribución de designar al consejero presidente, a los cuatro consejeros ciudadanos del instituto y a un director general que le rendirá cuentas al Consejo General.
Sólo en el caso del presidente de ese nuevo organismo, el mandatario capitalino tendrá que solicitar su ratificación ante la Asamblea capitalina.
En sus artículos transitorios, la iniciativa establece que los actuales verificadores de las delegaciones políticas podrán trabajar en el instituto si cumplen con requisitos como aprobar exámenes de conocimientos y aptitudes que les aplique la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, no haber sido condenados por un delito y no enfrentar una inhabilitación.
Seguro Popular será individual, no familiar.
Noticia:
La Cámara de Diputados aprobó ayer cambios en la forma en que se entrega el financiamiento para el Seguro Popular. A partir de 2010 los recursos se entregarán por cada persona afiliada y no por familia, como se realiza actualmente.
La modificación tiene como finalidad evitar la desigualdad en la distribución de los recursos.
El presidente de la Comisión de Salud en San Lázaro, Julián Velázquez y Llorente, del PAN, explicó que el sistema de administración del Seguro Popular de Salud estima 4.3 miembros por familia, cuando en realidad son sólo dos o tres.
El esquema actual ocasiona que se asignen recursos a estados donde la mayoría de las familias están integradas por 2.43 miembros en promedio, mientras en otras entidades se da el mismo presupuesto para atender a familias con un promedio de 4.36 integrantes.
El gobierno federal entregará anualmente por cada persona una cuota equivalente a 3.92 por ciento del salario mínimo vigente para el Distrito Federal. Actualmente el seguro popular tiene afiliadas a 2 millones 200 mil familias, que representan 10 millones de personas.
Velázquez dijo que la reforma aprobada por 355 votos, 13 en contra y 4 abstenciones permitirá ampliar el número de beneficiarios, “lo que hará realidad el acceso universal de la población a la protección social”.
En septiembre el jefe del Ejecutivo envió a los diputados una iniciativa de ley con el fin de evitar la desigualdad en la distribución de recursos y de fortalecer el principio de equidad del Seguro Popular, lo que implicó reformas al artículo 77 de la Ley General de Salud.
La Cámara de Diputados aprobó ayer cambios en la forma en que se entrega el financiamiento para el Seguro Popular. A partir de 2010 los recursos se entregarán por cada persona afiliada y no por familia, como se realiza actualmente.
La modificación tiene como finalidad evitar la desigualdad en la distribución de los recursos.
El presidente de la Comisión de Salud en San Lázaro, Julián Velázquez y Llorente, del PAN, explicó que el sistema de administración del Seguro Popular de Salud estima 4.3 miembros por familia, cuando en realidad son sólo dos o tres.
El esquema actual ocasiona que se asignen recursos a estados donde la mayoría de las familias están integradas por 2.43 miembros en promedio, mientras en otras entidades se da el mismo presupuesto para atender a familias con un promedio de 4.36 integrantes.
El gobierno federal entregará anualmente por cada persona una cuota equivalente a 3.92 por ciento del salario mínimo vigente para el Distrito Federal. Actualmente el seguro popular tiene afiliadas a 2 millones 200 mil familias, que representan 10 millones de personas.
Velázquez dijo que la reforma aprobada por 355 votos, 13 en contra y 4 abstenciones permitirá ampliar el número de beneficiarios, “lo que hará realidad el acceso universal de la población a la protección social”.
En septiembre el jefe del Ejecutivo envió a los diputados una iniciativa de ley con el fin de evitar la desigualdad en la distribución de recursos y de fortalecer el principio de equidad del Seguro Popular, lo que implicó reformas al artículo 77 de la Ley General de Salud.
De la Fuente: ley antiaborto socava al Estado laico.
Noticia:
El ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente afirmó ayer que la aprobación de leyes antiaborto en 17 estados representa un “serio embate” al Estado laico.
Advirtió que cuando el laicismo es vulnerado, los estados se acercan más al autoritarismo y al fundamentalismo, en detrimento de la diversidad, de la pluralidad y del respeto.
Al recibir la medalla “Benito Juárez García” 2009, que otorga el partido Convergencia, dijo que un Estado de derecho no puede imponer a todos las creencias de unos.
En su discurso, mencionó que un Estado democrático debe garantizar los derechos de todos, incluyendo las minorías, porque imponer políticas públicas a partir de creencias personales genera polaridades, revive confrontaciones superadas y “caldea los ánimos”.
“En una sociedad plural como la mexicana es conveniente que la Iglesia se mantenga separada del Estado”, planteó.
De la Fuente consideró que las leyes antiaborto aprobadas en 17 entidades del país son “reformas apresuradas”. Comentó que el Estado laico no puede asumir una interpretación única del mundo, “como lo ha dicho [el politólogo] Jesús Silva-Herzog Márquez: parto o cárcel para las mujeres”.
Llamó a la sociedad a tener un papel más activo en la política y en la toma de decisiones. “Hay que dejar atrás el ‘yo no me meto en la política’, porque eso es ceder la capacidad de decidir sobre lo que va a afectarnos”.
El ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente afirmó ayer que la aprobación de leyes antiaborto en 17 estados representa un “serio embate” al Estado laico.
Advirtió que cuando el laicismo es vulnerado, los estados se acercan más al autoritarismo y al fundamentalismo, en detrimento de la diversidad, de la pluralidad y del respeto.
Al recibir la medalla “Benito Juárez García” 2009, que otorga el partido Convergencia, dijo que un Estado de derecho no puede imponer a todos las creencias de unos.
En su discurso, mencionó que un Estado democrático debe garantizar los derechos de todos, incluyendo las minorías, porque imponer políticas públicas a partir de creencias personales genera polaridades, revive confrontaciones superadas y “caldea los ánimos”.
“En una sociedad plural como la mexicana es conveniente que la Iglesia se mantenga separada del Estado”, planteó.
De la Fuente consideró que las leyes antiaborto aprobadas en 17 entidades del país son “reformas apresuradas”. Comentó que el Estado laico no puede asumir una interpretación única del mundo, “como lo ha dicho [el politólogo] Jesús Silva-Herzog Márquez: parto o cárcel para las mujeres”.
Llamó a la sociedad a tener un papel más activo en la política y en la toma de decisiones. “Hay que dejar atrás el ‘yo no me meto en la política’, porque eso es ceder la capacidad de decidir sobre lo que va a afectarnos”.
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