Noticia:
El mercado de préstamos prendarios se ha visto beneficiado por la crisis económica y los problemas desatados por la emergencia sanitaria, asegura Dennis Rivero García.
El director general de Montepío Casa de Empeño El Diamante, señaló que este año esperan alcanzar un crecimiento superior al 30%, motivado por la caída de ventas y el mayor desempleo, lo cual ha generado inestabilidad en los hogares mexicanos al verse forzados a buscar nuevas formas de financiamiento diferentes a las de los bancos.
El 70% de los clientes son mujeres, amas de casa principalmente que han encontrado en las casas de empeño una manera fácil, rápida y segura de obtener recursos para saldar sus problemas de índole económica.
Rivero García comenta que el dinamismo del sector prendario privado ha experimentado un crecimiento de 50% en los últimos dos años.
Se ha vuelto un negocio atractivo; en la actualidad operan más de 4 mil casas de empeño en general y esperamos alcanzar una cifra de 10 mil establecimientos en los próximos cinco años.
En el caso de Montepío Casa de Empeño El Diamante contamos con 33 sucursales, 10 propias y 23 operando como franquicias que están ubicadas principalmente en el Distrito Federal y el estado de México, pero también tenemos presencia en Chiapas, Veracruz, Puebla y Morelia, por el momento.
El empresario apuntó que "este año esperamos finalizar con operaciones del rango de los mil 350 millones de pesos, de los mil 40 millones de pesos que obtuvimos en 2008".
Un dato importante que puede reflejar el crecimiento, destaca el titular de la empresa, es que de enero a julio registramos operaciones por 675 millones de pesos, y en julio, después de la crisis desatada por la influenza, éstas ascendieron a 126 millones 600 mil pesos.
Lo anterior, debido a que las familias tuvieron que realizar gastos adicionales en alimentos y medicinas provocando una descapitalización; las tarjetas bancarias se habían saturado, y la mejor alternativa fue recurrir a las casas de préstamos prendarios.
Un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), recalca la importancia del sector.
El mercado prendario es la segunda fuente de financiamiento para solventar contingencias inmediatas. Además, es el único medio de financiamiento para gente de escasos recursos que no puede ser sujeta de crédito por ninguna otra institución financiera.
A pesar de que es un medio de financiamiento de fácil acceso, también es uno de los más caros ya que constituye un bien inelástico para dicho segmento de la población, comenta el estudio de la dependencia.
Dennis Rivero García, director general de Montepío Casa de Empeño El Diamante, comentó que una de las inquietudes del Congreso de la Unión y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) es fijar topes a las tasas de interés que cobra el sector prendario, a pesar de ser un mercado de bajo riesgo.
Según la Condusef, los montos que prestan estas entidades varían entre 8% y 22% del precio del bien a empeñar, mientras que las tasas de interés anuales que cobran fluctúan entre 24% y 159%.
Se estima que solamente 10% de los consumidores eligen este producto con base en la tasa de interés, lo cual implica que el costo total del financiamiento pueda superar los beneficios esperados por el usuario, sin que tenga conocimiento de ello.
Ofrezco mis servicios.
lunes, 10 de agosto de 2009
Sedesol clausura tres guarderías.
Noticia:
La Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) detectó irregularidades en 24 estancias infantiles que funcionan en el estado de México, en cuanto a medidas de seguridad y los espacios que son ocupados para el cuidado de los infantes, principalmente, por lo que fueron cerradas tres de esas guarderías.
El delegado de Sedesol en el estado de México, Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, explicó que se realizan supervisiones permanentes en las mil 106 estancias infantiles de la entidad, para evitar que se registren incidentes como el ocurrido en Sonora.
El funcionario federal indicó que durante las revisiones que se efectuaron, se descubrieron anomalías en 24 inmuebles, por lo que se suspendieron actividades en tres lugares. El resto reanudaron sus servicios.
Las supervisiones que se realizaron, dijo, revelaron que los sitios donde funcionaban no eran los apropiados, por lo que su ubicación y las instalaciones tuvieron que ser modificadas.
Vicencio Acevedo señaló que en las estancias donde hubo irregularidades, se dialogó con los propietarios o encargados, y todos accedieron a realizar las modificaciones pertinentes, lo que permitirá que para el próximo ciclo escolar, que inicia a finales de agosto, estén en condiciones de recibir a los infantes.
“De las 24 donde hubo observaciones, tres de ellas cerraron definitivamente”, precisó.
Las guarderías donde se encontraron anomalías están localizadas en Toluca, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Tonanitla, Ecatepec, Isidro Fabela, Huehuetoca y Tenango del Valle, entre otros municipios.
Las estancias infantiles que fueron cerradas estaban ubicadas en Naucalpan y Ecatepec, y la suspensión de actividades fue por un acuerdo mutuo de los encargados, quienes decidieron cerrarlas por así convenir a sus intereses, manifestó el delgado estatal de la Sedesol.
La tercera guardería operaba en el municipio de Lerma, y su clausura definitiva fue por problemas administrativos.
Habrá más instalaciones
Vicencio Acevedo anticipó que por la demanda existente en la entidad más poblada del país, se inaugurarán más estancias infantiles próximamente.
“Exactamente, a principios de año precisamente por el presupuesto no pudimos abrir, pero afortunadamente ya tenemos los recursos necesarios, suficientes, para abrir, tengo entendido, alrededor de unas 120. Sí estamos en posibilidades de abrir más estancias infantiles”, afirmó.
Por otra parte, el delegado de la Sedesol en la entidad mexiquense sostuvo que los programas federales como Oportunidades, Hábitat, Adultos Mayores, seguirán funcionando al ciento por ciento, por lo que negó su desaparición en el estado.
La Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) detectó irregularidades en 24 estancias infantiles que funcionan en el estado de México, en cuanto a medidas de seguridad y los espacios que son ocupados para el cuidado de los infantes, principalmente, por lo que fueron cerradas tres de esas guarderías.
El delegado de Sedesol en el estado de México, Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, explicó que se realizan supervisiones permanentes en las mil 106 estancias infantiles de la entidad, para evitar que se registren incidentes como el ocurrido en Sonora.
El funcionario federal indicó que durante las revisiones que se efectuaron, se descubrieron anomalías en 24 inmuebles, por lo que se suspendieron actividades en tres lugares. El resto reanudaron sus servicios.
Las supervisiones que se realizaron, dijo, revelaron que los sitios donde funcionaban no eran los apropiados, por lo que su ubicación y las instalaciones tuvieron que ser modificadas.
Vicencio Acevedo señaló que en las estancias donde hubo irregularidades, se dialogó con los propietarios o encargados, y todos accedieron a realizar las modificaciones pertinentes, lo que permitirá que para el próximo ciclo escolar, que inicia a finales de agosto, estén en condiciones de recibir a los infantes.
“De las 24 donde hubo observaciones, tres de ellas cerraron definitivamente”, precisó.
Las guarderías donde se encontraron anomalías están localizadas en Toluca, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Tonanitla, Ecatepec, Isidro Fabela, Huehuetoca y Tenango del Valle, entre otros municipios.
Las estancias infantiles que fueron cerradas estaban ubicadas en Naucalpan y Ecatepec, y la suspensión de actividades fue por un acuerdo mutuo de los encargados, quienes decidieron cerrarlas por así convenir a sus intereses, manifestó el delgado estatal de la Sedesol.
La tercera guardería operaba en el municipio de Lerma, y su clausura definitiva fue por problemas administrativos.
Habrá más instalaciones
Vicencio Acevedo anticipó que por la demanda existente en la entidad más poblada del país, se inaugurarán más estancias infantiles próximamente.
“Exactamente, a principios de año precisamente por el presupuesto no pudimos abrir, pero afortunadamente ya tenemos los recursos necesarios, suficientes, para abrir, tengo entendido, alrededor de unas 120. Sí estamos en posibilidades de abrir más estancias infantiles”, afirmó.
Por otra parte, el delegado de la Sedesol en la entidad mexiquense sostuvo que los programas federales como Oportunidades, Hábitat, Adultos Mayores, seguirán funcionando al ciento por ciento, por lo que negó su desaparición en el estado.
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Guarderías.
Poco margen para la reforma fiscal: expertos.
Noticia:
La reforma fiscal para 2010 difícilmente incorporará nuevos impuestos, pero sí deberá definir sólo un impuesto empresarial, es decir, se deberá decidir si continúa el ISR o el IETU, afirmaron especialistas fiscales y economistas consultados.
Dijeron que la administración del presidente Felipe Calderón se enfrenta con un doble problema. Por un lado, se requieren modificaciones fiscales que permitan tener una fuente de ingresos estable para impulsar el crecimiento del país; sin embargo, la recesión limita una discusión para aumentar impuestos.
José Luis de la Cruz, académico del Tecnológico de Monterrey, comentó que la reforma fiscal que considere discutir el gobierno en el siguiente periodo de sesiones en el Congreso deberá tener un contenido social, por lo que no se deben gravar medicinas y alimentos con el IVA, debido al alza en la pobreza.
“Es un aspecto muy delicado; alimentos y medicinas no deja de consumir la gente en época de crisis. La pregunta es que con un aumento de éstos, ¿hasta qué punto provocaría mayor pobreza?”, cuestionó el académico.
Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Economic.com, consideró que la base gravable debe ampliarse con la eliminación de regímenes especiales y exenciones, mediante una mayor fiscalización y un IVA generalizado en medicinas y alimentos, el cual se debe negociar adecuadamente con la clase política de México.
De acuerdo con los consultados, una verdadera reforma fiscal deberá proponer un cambio en la forma en que se tributa el IVA y lo ideal es tener una tasa generalizada para este impuesto, que permita mayor recaudación, aunque reconocieron que este tema ya tiene un fuerte rechazo entre los legisladores.
Revisar impuestos empresariales
El no tocar el IVA limita al gobierno en la propuesta que presente al Congreso. No obstante, los especialistas dijeron que aunque no se toque ese tributo se deberán revisar los impuestos aplicados al sector empresarial.
Pedro Carreón, socio de impuestos de PriceWaterhouseCoopers, dijo que la autoridad debe definir si se quedan con el IETU o el ISR, porque a las empresas le hace mucho daño dos gravámenes. “No pueden convivir esos dos tributos, uno de los dos debe eliminarse, para que sólo exista un gravamen”, expuso.
La aprobación del IETU provocó que el sector empresarial se amparara para evitar la aplicación de este gravamen que, según ellos, les provoca un impacto en sus finanzas.
La Secretaría de Hacienda defiende la aplicación del gravamen debido a que lo considera de más control al tener menos huecos por los cuales las compañías eviten el pago de sus compromisos fiscales.
Los cambios fiscales
Para los consultados el gobierno deberá presentar propuestas más agresivas para aumentar la recaudación sin tocar el tema del IVA en alimentos y medicinas.
Pedro Carreón destacó que hay una elevada probabilidad de que autoridades y legisladores decidan buscar una mayor recaudación mediante cambios a los impuestos especiales sobre producción y servicios, además de aplicar nuevos tributos ecológicos y para el uso de artículos que llevan plásticos (PET).
José Luis de la Cruz consideró esencial aplicar una verdadera tributación al sector financiero, el cual “es uno de los que menos impuestos acaba pagando”.
El tema del IEPS es recurrente en cada año debido a que algunos productos que pagan el impuesto, como los cigarros y bebidas alcohólicas, son polémicos por los daños que ocasionan a la salud de la población.
En años anteriores, legisladores propusieron aumentar el pago de impuestos a quienes consuman estos productos, pero la industria argumenta que subir impuestos motiva el contrabando, la venta ilegal y la piratería.
Los especialistas añadieron que el sector financiero y grandes empresas deben tributar adecuadamente y la economía informal debe empezar a colaborar con el fisco.
Consideraron que si el Ejecutivo planea un nuevo impuesto, éste debe ser muy sensible para no afectar a los mexicanos pobres.
Alfredo Coutiño insistió en que el gobierno debe asegurar fuentes permanentes de ingreso, para fortalecer la economía.
La reforma fiscal para 2010 difícilmente incorporará nuevos impuestos, pero sí deberá definir sólo un impuesto empresarial, es decir, se deberá decidir si continúa el ISR o el IETU, afirmaron especialistas fiscales y economistas consultados.
Dijeron que la administración del presidente Felipe Calderón se enfrenta con un doble problema. Por un lado, se requieren modificaciones fiscales que permitan tener una fuente de ingresos estable para impulsar el crecimiento del país; sin embargo, la recesión limita una discusión para aumentar impuestos.
José Luis de la Cruz, académico del Tecnológico de Monterrey, comentó que la reforma fiscal que considere discutir el gobierno en el siguiente periodo de sesiones en el Congreso deberá tener un contenido social, por lo que no se deben gravar medicinas y alimentos con el IVA, debido al alza en la pobreza.
“Es un aspecto muy delicado; alimentos y medicinas no deja de consumir la gente en época de crisis. La pregunta es que con un aumento de éstos, ¿hasta qué punto provocaría mayor pobreza?”, cuestionó el académico.
Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Economic.com, consideró que la base gravable debe ampliarse con la eliminación de regímenes especiales y exenciones, mediante una mayor fiscalización y un IVA generalizado en medicinas y alimentos, el cual se debe negociar adecuadamente con la clase política de México.
De acuerdo con los consultados, una verdadera reforma fiscal deberá proponer un cambio en la forma en que se tributa el IVA y lo ideal es tener una tasa generalizada para este impuesto, que permita mayor recaudación, aunque reconocieron que este tema ya tiene un fuerte rechazo entre los legisladores.
Revisar impuestos empresariales
El no tocar el IVA limita al gobierno en la propuesta que presente al Congreso. No obstante, los especialistas dijeron que aunque no se toque ese tributo se deberán revisar los impuestos aplicados al sector empresarial.
Pedro Carreón, socio de impuestos de PriceWaterhouseCoopers, dijo que la autoridad debe definir si se quedan con el IETU o el ISR, porque a las empresas le hace mucho daño dos gravámenes. “No pueden convivir esos dos tributos, uno de los dos debe eliminarse, para que sólo exista un gravamen”, expuso.
La aprobación del IETU provocó que el sector empresarial se amparara para evitar la aplicación de este gravamen que, según ellos, les provoca un impacto en sus finanzas.
La Secretaría de Hacienda defiende la aplicación del gravamen debido a que lo considera de más control al tener menos huecos por los cuales las compañías eviten el pago de sus compromisos fiscales.
Los cambios fiscales
Para los consultados el gobierno deberá presentar propuestas más agresivas para aumentar la recaudación sin tocar el tema del IVA en alimentos y medicinas.
Pedro Carreón destacó que hay una elevada probabilidad de que autoridades y legisladores decidan buscar una mayor recaudación mediante cambios a los impuestos especiales sobre producción y servicios, además de aplicar nuevos tributos ecológicos y para el uso de artículos que llevan plásticos (PET).
José Luis de la Cruz consideró esencial aplicar una verdadera tributación al sector financiero, el cual “es uno de los que menos impuestos acaba pagando”.
El tema del IEPS es recurrente en cada año debido a que algunos productos que pagan el impuesto, como los cigarros y bebidas alcohólicas, son polémicos por los daños que ocasionan a la salud de la población.
En años anteriores, legisladores propusieron aumentar el pago de impuestos a quienes consuman estos productos, pero la industria argumenta que subir impuestos motiva el contrabando, la venta ilegal y la piratería.
Los especialistas añadieron que el sector financiero y grandes empresas deben tributar adecuadamente y la economía informal debe empezar a colaborar con el fisco.
Consideraron que si el Ejecutivo planea un nuevo impuesto, éste debe ser muy sensible para no afectar a los mexicanos pobres.
Alfredo Coutiño insistió en que el gobierno debe asegurar fuentes permanentes de ingreso, para fortalecer la economía.
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Reforma fiscal.
Cortes de CFE ponen en jaque a productores.
Noticia:
Cientos de campesinos que se mantienen al corriente de sus pagos de energía eléctrica están sufriendo pérdidas millonarias, a consecuencia de los cortes de suministro que desde hace unos días realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en diversas regiones de la entidad.
Con el pretexto de que son cortes a usuarios morosos que no han cumplido con la reestructuración de adeudos, la CFE ha dejado a pequeñas comunidades y decenas de ranchos sin luz eléctrica, lo que impide a los campesinos usar los sistemas de riego y por ende se corre el riesgo de perder las cosechas, denunciaron productores afectados por la medida de la paraestatal.
“Los nogales están abortando, la falta de agua hace que el árbol se autoproteja y tire el fruto antes de que esté listo”, se quejó Raúl Díaz, representante de una empresa comercializadora de nuez que cuenta con alrededor de 200 hectáreas de cultivo en el municipio de Aldama.
Detalló que la empresa paga alrededor de 250 mil pesos al mes de energía eléctrica y se encuentra al corriente de sus facturas.
Aun así, señaló, desde hace una semana no ha podido operar las siete bombas de los pozos para riego de los árboles.
“Son unos cobardes (la CFE), tienen miedo de ir a los ranchos que están atrasados en sus pagos y prefieren cortar el ramal completo, con tal de no entrar a las propiedades”, señaló Agustín Irigoyen, dueño de unas 150 vacas lecheras, las cuales están en peligro de morir por la falta del líquido.
Otro productor del municipio de Aldama acusó a la paraestatal de ceder a los “chantajes” de organizaciones campesinas. “A los que de verdad deben cantidades millonarias no les hacen nada. Cuando saben que les van a cortar la luz hacen manifestaciones y toman oficinas, y con eso tienen. Hoy en la mañana (ayer) hablé con un líder, él debe como 600 mil pesos, y no le han cortado, saben que si le cortan al día siguiente les toma las oficinas con su gente”.
Adeudos por mil 300 millones
En agosto de 2008 poco más de 7 mil campesinos tenían adeudos atrasados con la Comisión Federal de Electricidad por un monto de mil 300 millones de pesos, así que la empresa comenzó el corte de energía en todas las regiones de la entidad.
Lo anterior ocasionó que cientos de productores agrícolas salieran a las calles con todo y sus tractores, tomaran oficinas e incluso “secuestraran” a empleados electricistas encargados de hacer la interrupción de la corriente, a muchos de los cuales raparon por la fuerza.
Luego de negociaciones se firmaron acuerdos de reestructuración de deuda con 5 mil productores. En marzo de este año 3 mil 500 de ellos de nueva cuenta presentaban morosidad.
La Comisión Federal de Electricidad reveló en esa fecha que tan sólo entre los 15 principales agricultores con atraso adeudaban 42 millones de pesos.
EL UNIVERSAL solicitó una entrevista con el superintendente de la paraestatal en el estado, Héctor Sáenz, para conocer la situación actual del problema; su oficina dijo que hasta el próximo martes estará en posibilidades de dar declaraciones a los medios.
Por su parte, Heraclio Rodríguez Gómez, dirigente de El Barzón en el noroeste de la entidad, dijo que luego de los cortes muchos campesinos pusieron “diablitos” en las instalaciones: “La mayoría volvió a reconectar los pozos, pese al peligro y al riesgo de ser demandados, como ya ha ocurrido”.
El dirigente recordó que más de un centenar de campesinos tienen procesos penales abiertos, por haber reinstalado por su cuenta el suministro, lo cual es un delito federal.
Foro de resistencia
Mientras tanto, este fin de semana se llevó a cabo el Foro de Resistencia Civil y la Industria Eléctrica, organizado por El Barzón, Agrodinámica Nacional, y el Frente de Consumidores, en conjunto.
En dicho foro se analizaron las medidas de protesta en contra de la Comisión Federal de Electricidad y se realizó un estudio sobre posibles incrementos a las tarifas domiciliarias.
Cientos de campesinos que se mantienen al corriente de sus pagos de energía eléctrica están sufriendo pérdidas millonarias, a consecuencia de los cortes de suministro que desde hace unos días realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en diversas regiones de la entidad.
Con el pretexto de que son cortes a usuarios morosos que no han cumplido con la reestructuración de adeudos, la CFE ha dejado a pequeñas comunidades y decenas de ranchos sin luz eléctrica, lo que impide a los campesinos usar los sistemas de riego y por ende se corre el riesgo de perder las cosechas, denunciaron productores afectados por la medida de la paraestatal.
“Los nogales están abortando, la falta de agua hace que el árbol se autoproteja y tire el fruto antes de que esté listo”, se quejó Raúl Díaz, representante de una empresa comercializadora de nuez que cuenta con alrededor de 200 hectáreas de cultivo en el municipio de Aldama.
Detalló que la empresa paga alrededor de 250 mil pesos al mes de energía eléctrica y se encuentra al corriente de sus facturas.
Aun así, señaló, desde hace una semana no ha podido operar las siete bombas de los pozos para riego de los árboles.
“Son unos cobardes (la CFE), tienen miedo de ir a los ranchos que están atrasados en sus pagos y prefieren cortar el ramal completo, con tal de no entrar a las propiedades”, señaló Agustín Irigoyen, dueño de unas 150 vacas lecheras, las cuales están en peligro de morir por la falta del líquido.
Otro productor del municipio de Aldama acusó a la paraestatal de ceder a los “chantajes” de organizaciones campesinas. “A los que de verdad deben cantidades millonarias no les hacen nada. Cuando saben que les van a cortar la luz hacen manifestaciones y toman oficinas, y con eso tienen. Hoy en la mañana (ayer) hablé con un líder, él debe como 600 mil pesos, y no le han cortado, saben que si le cortan al día siguiente les toma las oficinas con su gente”.
Adeudos por mil 300 millones
En agosto de 2008 poco más de 7 mil campesinos tenían adeudos atrasados con la Comisión Federal de Electricidad por un monto de mil 300 millones de pesos, así que la empresa comenzó el corte de energía en todas las regiones de la entidad.
Lo anterior ocasionó que cientos de productores agrícolas salieran a las calles con todo y sus tractores, tomaran oficinas e incluso “secuestraran” a empleados electricistas encargados de hacer la interrupción de la corriente, a muchos de los cuales raparon por la fuerza.
Luego de negociaciones se firmaron acuerdos de reestructuración de deuda con 5 mil productores. En marzo de este año 3 mil 500 de ellos de nueva cuenta presentaban morosidad.
La Comisión Federal de Electricidad reveló en esa fecha que tan sólo entre los 15 principales agricultores con atraso adeudaban 42 millones de pesos.
EL UNIVERSAL solicitó una entrevista con el superintendente de la paraestatal en el estado, Héctor Sáenz, para conocer la situación actual del problema; su oficina dijo que hasta el próximo martes estará en posibilidades de dar declaraciones a los medios.
Por su parte, Heraclio Rodríguez Gómez, dirigente de El Barzón en el noroeste de la entidad, dijo que luego de los cortes muchos campesinos pusieron “diablitos” en las instalaciones: “La mayoría volvió a reconectar los pozos, pese al peligro y al riesgo de ser demandados, como ya ha ocurrido”.
El dirigente recordó que más de un centenar de campesinos tienen procesos penales abiertos, por haber reinstalado por su cuenta el suministro, lo cual es un delito federal.
Foro de resistencia
Mientras tanto, este fin de semana se llevó a cabo el Foro de Resistencia Civil y la Industria Eléctrica, organizado por El Barzón, Agrodinámica Nacional, y el Frente de Consumidores, en conjunto.
En dicho foro se analizaron las medidas de protesta en contra de la Comisión Federal de Electricidad y se realizó un estudio sobre posibles incrementos a las tarifas domiciliarias.
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Cortes eléctricos.
Honduras acepta a Insulza en misión.
Noticia:
Horas después de haber declarado que no recibiría a la misión de la OEA que prevé conocer la crisis política del país, porque incluía al secretario general de la organización, José Miguel Insulza, Honduras cambió de opinión. En un comunicado de la cancillería, el gobierno de facto dijo que “se han conciliado las diferencias” en cuanto a la delegación de cancilleres de la OEA, lo que implica que Insulza participe “a título de observador”.
El gobierno de facto hondureño, que preside Roberto Micheletti, argumentaba que la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) no podía estar presidida por Insulza, a quien acusa de parcializarse en el conflicto. Luego de cambiar de opinión, Honduras dejó pendiente la fecha en que deberá llegar la delegación.
Dirigentes del movimiento social que respalda a Zelaya habían dicho que el aplazamiento inicialmente dispuesto por el gobierno obedecía a que Micheletti no quería resolver la crisis ni que los enviados de la OEA presenciaran una movilización prevista para mañana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores hondureño había dicho en un primer comunicado que la “intransigencia” de Insulza en ser parte de la misión y en excluir de ésta a países abiertos a que se reconsidere la suspensión de Honduras de la OEA, aplicada por no restituir a Zelaya, “ha hecho imposible que se convenga la cita en la fecha prevista”.
Sin embargo, había indicado que se mantenía “toda la flexibilidad para convenir una nueva fecha de la visita”, pero “excluyendo de la misión al señor José Miguel Insulza.
El comunicado subrayaba que, “en principio, la misión de cancilleres no incluía al secretario general, en vista de su falta de objetividad, imparcialidad y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones”. Esa actitud de Insulza, según la cancillería hondureña, “ha redundado en perjuicios serios para la democracia”, Honduras y la OEA, “al extremo que su informe presentado a la Asamblea General Extraordinaria se ha descalificado por la propuesta del mediador conocida como Acuerdo de San José”.
El dirigente campesino Rafael Alegría, uno de los líderes del movimiento de resistencia popular que exige el regreso de Zelaya, dijo que la suspensión de la visita reflejaba que Micheletti se negaba a resolver la crisis y “no quiere, además, que la comisión de la OEA observe la movilización popular que tenemos para el martes”. La movilización iniciada el miércoles pasado se concentrará en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, “con miles de hondureños que siguen marchando desde diferentes regiones”, subrayó Alegría.
Expresó que la decisión de Micheletti era “propia de regímenes de facto y fascistas, y provocará una reacción más fuerte de la comunidad internacional”. Otro dirigente de la resistencia, Israel Salinas, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, había señalado que el rechazo a la OEA significaba que este organismo y EU “tienen que tomar medidas más drásticas y más fuertes para que el gobierno de facto de Micheletti caiga de una vez”.
El sindicalista dijo que Micheletti quiere “prolongar su gestión para saquear y repartirse el presupuesto del país, y que la OEA envíe una comisión incondicional que comparta los puntos de vista de los golpistas”.
Horas después de haber declarado que no recibiría a la misión de la OEA que prevé conocer la crisis política del país, porque incluía al secretario general de la organización, José Miguel Insulza, Honduras cambió de opinión. En un comunicado de la cancillería, el gobierno de facto dijo que “se han conciliado las diferencias” en cuanto a la delegación de cancilleres de la OEA, lo que implica que Insulza participe “a título de observador”.
El gobierno de facto hondureño, que preside Roberto Micheletti, argumentaba que la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) no podía estar presidida por Insulza, a quien acusa de parcializarse en el conflicto. Luego de cambiar de opinión, Honduras dejó pendiente la fecha en que deberá llegar la delegación.
Dirigentes del movimiento social que respalda a Zelaya habían dicho que el aplazamiento inicialmente dispuesto por el gobierno obedecía a que Micheletti no quería resolver la crisis ni que los enviados de la OEA presenciaran una movilización prevista para mañana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores hondureño había dicho en un primer comunicado que la “intransigencia” de Insulza en ser parte de la misión y en excluir de ésta a países abiertos a que se reconsidere la suspensión de Honduras de la OEA, aplicada por no restituir a Zelaya, “ha hecho imposible que se convenga la cita en la fecha prevista”.
Sin embargo, había indicado que se mantenía “toda la flexibilidad para convenir una nueva fecha de la visita”, pero “excluyendo de la misión al señor José Miguel Insulza.
El comunicado subrayaba que, “en principio, la misión de cancilleres no incluía al secretario general, en vista de su falta de objetividad, imparcialidad y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones”. Esa actitud de Insulza, según la cancillería hondureña, “ha redundado en perjuicios serios para la democracia”, Honduras y la OEA, “al extremo que su informe presentado a la Asamblea General Extraordinaria se ha descalificado por la propuesta del mediador conocida como Acuerdo de San José”.
El dirigente campesino Rafael Alegría, uno de los líderes del movimiento de resistencia popular que exige el regreso de Zelaya, dijo que la suspensión de la visita reflejaba que Micheletti se negaba a resolver la crisis y “no quiere, además, que la comisión de la OEA observe la movilización popular que tenemos para el martes”. La movilización iniciada el miércoles pasado se concentrará en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, “con miles de hondureños que siguen marchando desde diferentes regiones”, subrayó Alegría.
Expresó que la decisión de Micheletti era “propia de regímenes de facto y fascistas, y provocará una reacción más fuerte de la comunidad internacional”. Otro dirigente de la resistencia, Israel Salinas, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, había señalado que el rechazo a la OEA significaba que este organismo y EU “tienen que tomar medidas más drásticas y más fuertes para que el gobierno de facto de Micheletti caiga de una vez”.
El sindicalista dijo que Micheletti quiere “prolongar su gestión para saquear y repartirse el presupuesto del país, y que la OEA envíe una comisión incondicional que comparta los puntos de vista de los golpistas”.
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Advierten en cédula riesgo a la seguridad.
Noticia:
Por su impacto en las estrategias de logística y presupuesto para los comicios presidenciales de 2012, la cédula de identidad puede generar riesgos en la seguridad nacional y de gobernabilidad en el país, estableció el Instituto Federal Electoral (IFE).
El consejero y presidente de la Comisión del Registro Electoral del IFE, Francisco Guerrero, afirmó a EL UNIVERSAL que el tema debe ser parte del debate sobre la reforma electoral para determinar si es necesario crear una institución ciudadana que haga estos trabajos o que sea el IFE el que elabore las micas en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob).
Guerrero reiteró que el anuncio del Ejecutivo sobre la cédula provocó confusión en el IFE, por lo que adelantó que los consejeros solicitaron un informe al Registro Federal de Electores para determinar los impactos sobre la credencial para votar, así otro jurídico, para conocer la posible afectación a datos personales.
Adelantó que en los próximos dos meses el IFE promoverá una ruta crítica sobre el tema, mediante una serie de foros.
¿Está obligado el IFE a proporcionar su base de datos?
Es un debate abierto, porque primero la Segob no nos ha pedido el padrón, el IFE no lo ha entregado y, tres, en el convenio de colaboración sobre la CURP quedó claro que el IFE no entregará la base de datos y que lo único que hará es que la Segob nos dará los datos de la CURP para incorporar en el proceso de entrega de credenciales, pero no es algo que tengamos considerado.
¿Participará el IFE en los trabajos de la cédula?
Esa alternativa implicaría reformas, por lo que este asunto debe incorporarse en la discusión sobre la reforma electoral de 2010. Sí creo que su posible duplicidad debe ser discutida en el Congreso, donde se van a tomar decisiones sobre esto, porque el país no está en condiciones de duplicar gastos. Solamente la depuración del padrón electoral ocupa 40% del presupuesto anual.
¿Cómo crear una institución ciudadana con la Segob y el Instituto Federal Electoral?
La ley establece que la cédula y el registro nacional ciudadano estarían bajo la Segob. Aunque durante la pasada reforma electoral se discutió la posibilidad de hacer una especie de mezcla y quedar al final como un documento de identificación.
Esa discusión fue en otro momento político…
En ese entonces se acordó que seguiría la estructura del registro electoral tal como está, pero evidentemente ahora hay el riesgo de la disputa de los recursos. El ejemplo más claro de afectación es en seguridad nacional y gobernabilidad: en 2010 hay 14 elecciones, que se llevan a cabo con base en nuestro padrón electoral y la credencial para votar.
¿Cuáles son los riesgos?
La preocupación mayor es la secrecía del padrón electoral. El IFE es garante de que esos datos no se utilicen por autoridades federales, ni de ningún otro órgano, para otros fines; otro dato que nos preocupa es que en un ambiente de astringencia económica, cuando se vea la discusión presupuestal, los legisladores deben canalizar los recursos en proyectos que están funcionando.
Por su impacto en las estrategias de logística y presupuesto para los comicios presidenciales de 2012, la cédula de identidad puede generar riesgos en la seguridad nacional y de gobernabilidad en el país, estableció el Instituto Federal Electoral (IFE).
El consejero y presidente de la Comisión del Registro Electoral del IFE, Francisco Guerrero, afirmó a EL UNIVERSAL que el tema debe ser parte del debate sobre la reforma electoral para determinar si es necesario crear una institución ciudadana que haga estos trabajos o que sea el IFE el que elabore las micas en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob).
Guerrero reiteró que el anuncio del Ejecutivo sobre la cédula provocó confusión en el IFE, por lo que adelantó que los consejeros solicitaron un informe al Registro Federal de Electores para determinar los impactos sobre la credencial para votar, así otro jurídico, para conocer la posible afectación a datos personales.
Adelantó que en los próximos dos meses el IFE promoverá una ruta crítica sobre el tema, mediante una serie de foros.
¿Está obligado el IFE a proporcionar su base de datos?
Es un debate abierto, porque primero la Segob no nos ha pedido el padrón, el IFE no lo ha entregado y, tres, en el convenio de colaboración sobre la CURP quedó claro que el IFE no entregará la base de datos y que lo único que hará es que la Segob nos dará los datos de la CURP para incorporar en el proceso de entrega de credenciales, pero no es algo que tengamos considerado.
¿Participará el IFE en los trabajos de la cédula?
Esa alternativa implicaría reformas, por lo que este asunto debe incorporarse en la discusión sobre la reforma electoral de 2010. Sí creo que su posible duplicidad debe ser discutida en el Congreso, donde se van a tomar decisiones sobre esto, porque el país no está en condiciones de duplicar gastos. Solamente la depuración del padrón electoral ocupa 40% del presupuesto anual.
¿Cómo crear una institución ciudadana con la Segob y el Instituto Federal Electoral?
La ley establece que la cédula y el registro nacional ciudadano estarían bajo la Segob. Aunque durante la pasada reforma electoral se discutió la posibilidad de hacer una especie de mezcla y quedar al final como un documento de identificación.
Esa discusión fue en otro momento político…
En ese entonces se acordó que seguiría la estructura del registro electoral tal como está, pero evidentemente ahora hay el riesgo de la disputa de los recursos. El ejemplo más claro de afectación es en seguridad nacional y gobernabilidad: en 2010 hay 14 elecciones, que se llevan a cabo con base en nuestro padrón electoral y la credencial para votar.
¿Cuáles son los riesgos?
La preocupación mayor es la secrecía del padrón electoral. El IFE es garante de que esos datos no se utilicen por autoridades federales, ni de ningún otro órgano, para otros fines; otro dato que nos preocupa es que en un ambiente de astringencia económica, cuando se vea la discusión presupuestal, los legisladores deben canalizar los recursos en proyectos que están funcionando.
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Cédula de identificación.
Plagiarios camuflan sus casas de seguridad.
Noticia:
Los secuestradores tratan de hacerlas pasar como cualquier inmueble común; sin embargo, hay características que las identifican como casas de seguridad utilizadas por bandas de secuestradores.
Son domicilios utilizados en el Distrito Federal para resguardar a personas plagiadas. Casi siempre son rentados o pertenecen a alguno de los integrantes de la banda.
Cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) conoce alguna denuncia respecto a que una posible víctima de plagio está oculta en un domicilio, lo primero que hace es mandar a personal especializado para determinar si se trata de una posible casa de seguridad, explicó el jefe de la Policía Judicial, Jesús Jiménez Granados.
Ventanas cubiertas con cobijas, cortinas oscuras, cartones o periódico para evitar ver hacia el interior, es lo que siempre han encontrado los elementos policiacos en los sitios donde se ha rescatado a víctimas.
Rejas, alambrados, ventanas con protecciones, puertas de acero y/o vigilancia de circuito cerrado, son otros mecanismos usados de delincuentes para evitar que huya su víctima.
Casi nunca falta un sillón o cama “vigía”, cercana al lugar donde es retenido el secuestrado. Pero, por lo general, en esos espacios no hay muebles.
Esas han sido las características recurrentes observadas por investigadores en los 42 casos de secuestro registrados en la ciudad de México, del 1 de enero al 10 de julio pasado.
No obstante, algunas de esas casas fueron ubicadas en municipios del estado de México. En el DF la mayoría han sido ubicadas en Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa.
Simulan “vida normal”
En el inmueble en el que permaneció cautiva Yolanda Cevallos Coppel, quien fue asesinada el 3 de julio, se encontraron algunas de estas características, luego de recibir una llamada anónima que señalaba que allí había una mujer cautiva. Las ventanas estaban cubiertas con cobijas, y los vecinos hablaron de que sólo veían a una mujer entrar y salir.
“Los secuestradores designan a una sola persona para hacer los mandados, para hacerse de los alimentos para todos, y de aparentar que todo en esa casa es normal”.
Es por ello que en el plagio de quien fuera directora de Prevención de la Fundación Oceánica, una de las participantes, Jenny Fabiola Rosas Ortiz, tenía la encomienda de barrer la banqueta todas las mañanas, para hacerse pasar como una ama de casa común.
Sin embargo, casi no había movimiento. La joven iba a comprar comida para la víctima y el resto de la banda; sus cómplices casi siempre permanecían en el interior.
Esa casa, que ahora está en proceso de extinción de dominio para que pase a manos del gobierno del Distrito Federal, fue rentada un mes antes por uno de los secuestradores para cometer el secuestro.
En los casos de los jóvenes Fernando Martí y Antonio Equihua, de 15 y 17 años respectivamente, y de Yolanda Cevallos Coppel, las casas de seguridad de los plagiarios estuvieron ubicadas en la delegación Xochimilco. Las tres víctimas fueron asesinadas.
Aplican extinción de dominio
De igual manera, la hija de Nelson Vargas, Silvia Vargas Escalera, estuvo oculta, durante los tres días que duró su cautiverio, en el 51 de la calle Bellavista, en la colonia Lomas de Padierna, en la delegación Tlalpan.
En la zona hay pocas casas, y en la que fue asesinada la joven, es la penúltima de una calle ubicada sobre una loma. Las vecinas sí observaron cosas extrañas, pero no dieron aviso a la policía capitalina.
“Vimos a tres o cuatro cabrones que iban en una camioneta, llevaban una metralleta e ingresaron a la casa”, narraron durante un recorrido realizado en el lugar que ahora es resguardado por cerca de 20 policías federales, quienes han ocupado el interior.
La dueña, quien vive en otra entidad, rentó el inmueble a través de una inmobiliaria, pues dijo que no tenía tiempo para cobrar la renta, narró una de sus conocidas.
Se trata de una casa de planta baja y un primer piso, con un alambrado en su fachada.
Para ocultar el interior, los secuestradores habían colocado un enlonado color naranja que cubría el patio e imposibilitaba la visión hacia adentro, pues tiene ventanas amplias.
Las vecinas contaron que la dueña ha pedido que le sea devuelta su casa, y que según ella les narró, las autoridades dijeron que revisaban la posibilidad de entregársela, pues la Ley de Extinción de Dominio, la cual entró en vigor a partir del pasado 1 de junio, no puede aplicarse de manera retroactiva.
Dicha normatividad es para confiscar los inmuebles que sean usados por bandas de la delincuencia organizada.
Resalta el domicilio de los hermanos Israel y Noé Cañas Ovalle, de 29 y 31 años, respectivamente, presuntos integrantes de la banda de La Flor, ubicada en calle de Pipizahua, colonia Santo Domingo, delegación Coyoacán, donde, a decir de la Procuraduría de Justicia capitalina, se encontró un cuarto denominado de seguridad.
Casi siempre las víctimas permanecen vendadas de ojos, con los pies y las manos amarrados y la boca tapada.
Los secuestradores tratan de hacerlas pasar como cualquier inmueble común; sin embargo, hay características que las identifican como casas de seguridad utilizadas por bandas de secuestradores.
Son domicilios utilizados en el Distrito Federal para resguardar a personas plagiadas. Casi siempre son rentados o pertenecen a alguno de los integrantes de la banda.
Cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) conoce alguna denuncia respecto a que una posible víctima de plagio está oculta en un domicilio, lo primero que hace es mandar a personal especializado para determinar si se trata de una posible casa de seguridad, explicó el jefe de la Policía Judicial, Jesús Jiménez Granados.
Ventanas cubiertas con cobijas, cortinas oscuras, cartones o periódico para evitar ver hacia el interior, es lo que siempre han encontrado los elementos policiacos en los sitios donde se ha rescatado a víctimas.
Rejas, alambrados, ventanas con protecciones, puertas de acero y/o vigilancia de circuito cerrado, son otros mecanismos usados de delincuentes para evitar que huya su víctima.
Casi nunca falta un sillón o cama “vigía”, cercana al lugar donde es retenido el secuestrado. Pero, por lo general, en esos espacios no hay muebles.
Esas han sido las características recurrentes observadas por investigadores en los 42 casos de secuestro registrados en la ciudad de México, del 1 de enero al 10 de julio pasado.
No obstante, algunas de esas casas fueron ubicadas en municipios del estado de México. En el DF la mayoría han sido ubicadas en Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa.
Simulan “vida normal”
En el inmueble en el que permaneció cautiva Yolanda Cevallos Coppel, quien fue asesinada el 3 de julio, se encontraron algunas de estas características, luego de recibir una llamada anónima que señalaba que allí había una mujer cautiva. Las ventanas estaban cubiertas con cobijas, y los vecinos hablaron de que sólo veían a una mujer entrar y salir.
“Los secuestradores designan a una sola persona para hacer los mandados, para hacerse de los alimentos para todos, y de aparentar que todo en esa casa es normal”.
Es por ello que en el plagio de quien fuera directora de Prevención de la Fundación Oceánica, una de las participantes, Jenny Fabiola Rosas Ortiz, tenía la encomienda de barrer la banqueta todas las mañanas, para hacerse pasar como una ama de casa común.
Sin embargo, casi no había movimiento. La joven iba a comprar comida para la víctima y el resto de la banda; sus cómplices casi siempre permanecían en el interior.
Esa casa, que ahora está en proceso de extinción de dominio para que pase a manos del gobierno del Distrito Federal, fue rentada un mes antes por uno de los secuestradores para cometer el secuestro.
En los casos de los jóvenes Fernando Martí y Antonio Equihua, de 15 y 17 años respectivamente, y de Yolanda Cevallos Coppel, las casas de seguridad de los plagiarios estuvieron ubicadas en la delegación Xochimilco. Las tres víctimas fueron asesinadas.
Aplican extinción de dominio
De igual manera, la hija de Nelson Vargas, Silvia Vargas Escalera, estuvo oculta, durante los tres días que duró su cautiverio, en el 51 de la calle Bellavista, en la colonia Lomas de Padierna, en la delegación Tlalpan.
En la zona hay pocas casas, y en la que fue asesinada la joven, es la penúltima de una calle ubicada sobre una loma. Las vecinas sí observaron cosas extrañas, pero no dieron aviso a la policía capitalina.
“Vimos a tres o cuatro cabrones que iban en una camioneta, llevaban una metralleta e ingresaron a la casa”, narraron durante un recorrido realizado en el lugar que ahora es resguardado por cerca de 20 policías federales, quienes han ocupado el interior.
La dueña, quien vive en otra entidad, rentó el inmueble a través de una inmobiliaria, pues dijo que no tenía tiempo para cobrar la renta, narró una de sus conocidas.
Se trata de una casa de planta baja y un primer piso, con un alambrado en su fachada.
Para ocultar el interior, los secuestradores habían colocado un enlonado color naranja que cubría el patio e imposibilitaba la visión hacia adentro, pues tiene ventanas amplias.
Las vecinas contaron que la dueña ha pedido que le sea devuelta su casa, y que según ella les narró, las autoridades dijeron que revisaban la posibilidad de entregársela, pues la Ley de Extinción de Dominio, la cual entró en vigor a partir del pasado 1 de junio, no puede aplicarse de manera retroactiva.
Dicha normatividad es para confiscar los inmuebles que sean usados por bandas de la delincuencia organizada.
Resalta el domicilio de los hermanos Israel y Noé Cañas Ovalle, de 29 y 31 años, respectivamente, presuntos integrantes de la banda de La Flor, ubicada en calle de Pipizahua, colonia Santo Domingo, delegación Coyoacán, donde, a decir de la Procuraduría de Justicia capitalina, se encontró un cuarto denominado de seguridad.
Casi siempre las víctimas permanecen vendadas de ojos, con los pies y las manos amarrados y la boca tapada.
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