Noticia:
Luego de ignoradas por la contingencia sanitaria, opacadas por el conflicto que paraliza Cananea, la principal mina productora de cobre y plata del país, y suspendidas por la tragedia que dejó 46 víctimas en el incendio de la guardería ABC, las campañas políticas entraron a la recta final con sólo dos candidatos viables para disputar el gobierno de Sonora en julio próximo.
El 5 de julio, poco más de 1.8 millones de electores de Sonora serán convocados a las urnas para elegir al sucesor en el gobierno estatal del priísta Eduardo Bours Castelo.
En concurrencia con los comicios federales para renovar los 500 integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, entre ellos, siete representantes por Sonora, en el estado se elegirán 72 nuevos ayuntamientos y 33 diputados locales, incluidos 21 de mayoría.
La disputa por el gobierno estatal se prevé entre el candidato Alfonso Elías Serrano, postulado por el PRI y sus aliados los partidos Nueva Alianza (Panal) y Verde Ecologista de México (PVEM), y el aspirante del PAN, Guillermo Padrés Elías, ambos senadores con licencia.
Lejos de los dos primeros sitios en la carrera, se encuentran la perredista Petra Santos Ortiz, ex diputada local; Miguel Ángel Haro, como abanderado del Partido del Trabajo (PT), y Francisco Casanova Hernández, del Partido Socialdemócrata (PSD).
Alfonso Elías Serrano nació en Arizpe, Sonora. Antes de comenzar su carrera política fue presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora. Como senador presentó varias iniciativas en la Cámara Alta y venció ampliamente en la elección interna del PRI al alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, con más de 100 mil votos.
Por su parte, Guillermo Padrés Elías, antes de ingresar al PAN en 1997, militó en el tricolor, pero fue alentado por el entonces delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Manuel Espino Barrientos, y se enlistó en el panismo.
Propagandas opacadas
Las campañas por la gubernatura comenzaron el 4 de abril pasado, en medio de un paro minero en Cananea que inició hace 23 meses, y un día después de que estallara una huelga en la Universidad de Sonora, que se prolongó 56 días.
A ello se agregaron una serie de conflictos laborales, entre ellos, el cierre de una cadena comercial que dejó sin trabajo a 3 mil empleados, lo que complicó la situación política del estado.
Por si fuera poco, la contingencia sanitaria provocada por el brote de la influenza humana se decretó un par de días antes del primer debate público pactado entre los candidatos, cuyo objetivo era el de atraer la atención de los electores, pero tuvo que ser cancelado debido al ordenamiento de evitar reuniones para prevenir el contagio.
Mutuas acusaciones
Ya en la recta final del proceso electoral, el incendio del 5 de junio en la guardería ABC de Hermosillo, que derivó en la muerte de 46 niños y el consecuente descubrimiento de anomalías en la seguridad de las estancias infantiles terminaron por desviar la atención de los votantes, al grado de que los abanderados suspendieron sus actos de campaña.
A pesar de que los dos principales contendientes son primos y gustan de montar a caballo, los señalamientos, reproches y acusaciones no han faltado como parte de la estrategia de campaña.
Así, el PRI insiste en que el panista Guillermo Padrés Elías ya rebasó los topes de campaña y lo acusó de haber autorizado un crédito agropecuario por 5 millones de pesos cuando fungió como subdelegado de Sagarpa, para un proyecto que lo involucraba junto con otros de sus familiares.
Por su parte, Padrés Elías y el PAN desplegaron una propaganda en la que hacen alusión de que el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, pretende imponer a su sucesor. Los panistas también han divulgado que Bours Castelo dejará el estado con una enorme deuda, por lo que será necesaria la alternancia, ya que sólo Padrés podrá negociarla con un presidente que milita en su mismo partido.
Actualmente, el PAN gobierna 34 municipios y el PRI 31, aunque los priístas administran los más importantes del estado, entre ellos Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa y Agua Prieta. En total, los priístas representan a 70% de la población sonorense.
En el Congreso local, de las 33 curules, 14 son del PRI (incluida una plurinominal) y 13 del PAN (siete de mayoría), además de que el Panal tiene dos (una de mayoría), el PRD tres de representación proporcional y el PT una plurinominal.
domingo, 21 de junio de 2009
Relega gobierno trata de personas.
Noticia:
El gobierno federal ha retrasado sin explicaciones la puesta en marcha de normas para prevenir la trata de personas, por lo que ha sido necesaria la presión del Poder Legislativo para usar instrumentos a los que está obligado por ley, así como destinar recursos para la aplicación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acusó el pasado 20 de mayo que, además de que el Poder Ejecutivo excedió el plazo para publicar el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, “la parte sustancial de la mencionada normatividad pasa a un segundo plano, a grado tal que en algunos casos sólo se es mencionada de manera muy general”.
En un punto de acuerdo aprobado para exhortar al Ejecutivo a revisar dicho Reglamento, el Congreso sostiene que “ocurre así con los rubros de atención y protección de las víctimas del delito, las acciones de prevención del mismo, las acciones que tendrían que desarrollar las dependencias de gobierno, lo referente a la persecución del delito y los lineamientos que debe seguir el Programa Nacional”.
El 27 de noviembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y que además reformó y adicionó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal Federal, y el Código de Procedimientos Penales, como parte de un paquete de leyes para atacar este flagelo.
En julio del 2008 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto al Poder Ejecutivo para que publicara el reglamento de la ley, ya que se le fijó un plazo de 120 días hábiles para hacerlo. Sin embargo, no hubo respuesta.
Nuevo llamado
En noviembre, legisladores del PRD presentaron ante el Senado un nuevo exhorto para que se publicara “a la brevedad posible” el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, “para poder dar cumplimiento a los diversos instrumentos internacionales en la materia”. Tampoco hubo respuesta aunque la propuesta se quedó en análisis en comisiones.
El 14 de enero del 2009, cinco meses después del exhorto formal de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un grupo de senadores y diputados del PRI volvió a presentar un punto de acuerdo para solicitar la publicación del Reglamento.
“En primer lugar, es posible constatar el incumplimiento de la obligación establecida en la ley, respecto del plazo previsto para emitir las disposiciones Reglamentarias. Como consecuencia de lo anterior, la efectiva aplicación de la ley sufrió un retraso importante, al igual que el desarrollo de las diversas tareas a realizar para la prevención y atención del delito de trata”, sostiene la diputada Maricela Contreras Julián (PRD).
Finalmente el Poder Ejecutivo publicó el Reglamento hasta el 27 de febrero de 2009.
Esta no ha sido la única presión del Legislativo hacia el Ejecutivo en esta materia.
En agosto de 2008 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en votación económica un exhorto al titular del Ejecutivo federal, es decir, al presidente Felipe Calderón Hinojosa, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 “incluya los recursos necesarios para la instrumentación y ejecución efectiva de las diversas medidas consideradas en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas”.
“Se derivan graves consecuencias de la publicación tardía del Reglamento, entre las cuales se encuentra que, en términos concretos, la entrada en vigor de la Ley se daría tan sólo hasta el 2011”, precisó la legisladora Maricela Contreras.
Comentario:
Se trata de un pendiente muy grave que tiene el gobierno federal.
El gobierno federal ha retrasado sin explicaciones la puesta en marcha de normas para prevenir la trata de personas, por lo que ha sido necesaria la presión del Poder Legislativo para usar instrumentos a los que está obligado por ley, así como destinar recursos para la aplicación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acusó el pasado 20 de mayo que, además de que el Poder Ejecutivo excedió el plazo para publicar el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, “la parte sustancial de la mencionada normatividad pasa a un segundo plano, a grado tal que en algunos casos sólo se es mencionada de manera muy general”.
En un punto de acuerdo aprobado para exhortar al Ejecutivo a revisar dicho Reglamento, el Congreso sostiene que “ocurre así con los rubros de atención y protección de las víctimas del delito, las acciones de prevención del mismo, las acciones que tendrían que desarrollar las dependencias de gobierno, lo referente a la persecución del delito y los lineamientos que debe seguir el Programa Nacional”.
El 27 de noviembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y que además reformó y adicionó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal Federal, y el Código de Procedimientos Penales, como parte de un paquete de leyes para atacar este flagelo.
En julio del 2008 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto al Poder Ejecutivo para que publicara el reglamento de la ley, ya que se le fijó un plazo de 120 días hábiles para hacerlo. Sin embargo, no hubo respuesta.
Nuevo llamado
En noviembre, legisladores del PRD presentaron ante el Senado un nuevo exhorto para que se publicara “a la brevedad posible” el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, “para poder dar cumplimiento a los diversos instrumentos internacionales en la materia”. Tampoco hubo respuesta aunque la propuesta se quedó en análisis en comisiones.
El 14 de enero del 2009, cinco meses después del exhorto formal de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un grupo de senadores y diputados del PRI volvió a presentar un punto de acuerdo para solicitar la publicación del Reglamento.
“En primer lugar, es posible constatar el incumplimiento de la obligación establecida en la ley, respecto del plazo previsto para emitir las disposiciones Reglamentarias. Como consecuencia de lo anterior, la efectiva aplicación de la ley sufrió un retraso importante, al igual que el desarrollo de las diversas tareas a realizar para la prevención y atención del delito de trata”, sostiene la diputada Maricela Contreras Julián (PRD).
Finalmente el Poder Ejecutivo publicó el Reglamento hasta el 27 de febrero de 2009.
Esta no ha sido la única presión del Legislativo hacia el Ejecutivo en esta materia.
En agosto de 2008 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en votación económica un exhorto al titular del Ejecutivo federal, es decir, al presidente Felipe Calderón Hinojosa, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 “incluya los recursos necesarios para la instrumentación y ejecución efectiva de las diversas medidas consideradas en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas”.
“Se derivan graves consecuencias de la publicación tardía del Reglamento, entre las cuales se encuentra que, en términos concretos, la entrada en vigor de la Ley se daría tan sólo hasta el 2011”, precisó la legisladora Maricela Contreras.
Comentario:
Se trata de un pendiente muy grave que tiene el gobierno federal.
Explotación sexual daña a 16 mil niños.
Noticia:
La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados alertó que en México 16 mil menores de edad son explotados sexualmente cada año, y alrededor de 85 mil son usados en actos de pornografía en el mismo periodo.
Según reportes de asociaciones ciudadanas, de estudios internos y de datos de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, en México hay 21 estados que concentran el negocio del turismo sexual.
La secretaria de la Comisión de Equidad y Género, la perredista Holly Matus, refirió que es necesario formular respuestas eficaces, pues la trata de personas tiene el carácter de clandestinidad y de operación subterránea, lo que no permite dimensionar la problemática ni conocer realmente el número de víctimas de este crimen.
“Más allá de las cifras, no puede perderse de vista que les han suspendido todos sus derechos, han sido literalmente sustraídas del tejido social e incorporadas al intercambio de mercancías”, abundó la legisladora.
Millonarias ganancias
La Comisión de Equidad y Género, con base en cifras oficiales, denunció que la trata de personas es uno de los tres negocios más lucrativos para la delincuencia organizada a escala mundial, sólo superado por el tráfico de drogas y el de armas.
Según estimaciones internacionales, la trata de personas produce ganancias por 9 mil 500 millones de dólares anuales en todo el mundo.
En el caso de México, existen al menos 15 bandas que se dedican al tráfico de personas, sin que las autoridades mexicanas estén al nivel para poder combatirlas y sancionarlas conforme a los índices internacionales.
Las principales afectadas, mencionó, son niñas, niños y mujeres pobres a quienes se engaña o coacciona con promesas de una vida mejor a través de empleo, oportunidades de educación o matrimonio.
Hoy en día existen iniciativas rezagadas en la Cámara de Diputados, entre ellas, una de reformas a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y adicionar el artículo 35 bis a la Ley General de Población, para garantizar la integridad personal de las víctimas y gestionar su cambio de identidad o adjudicación de un nuevo lugar de residencia cuando se vean amenazadas.
Según la comisión, no existe respaldo social para las personas que sufrieron algún tipo de explotación, por ello las normas deben garantizar atención médica, sicológica y jurídica.
La iniciativa, que también quedó en la lista de pendientes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, prevé que las personas extranjeras víctimas de trata que hayan ingresado irregularmente al país o cuyo permiso de residencia haya expirado, podrán permanecer en territorio nacional mientras dure el proceso judicial.
Las autoridades aplicarán en todo momento los principios de no devolución e interés superior de los niños y adolescentes.
Comentario:
Urge legislar y aplicar la ley contra este delito; que eso es lo que es.
La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados alertó que en México 16 mil menores de edad son explotados sexualmente cada año, y alrededor de 85 mil son usados en actos de pornografía en el mismo periodo.
Según reportes de asociaciones ciudadanas, de estudios internos y de datos de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, en México hay 21 estados que concentran el negocio del turismo sexual.
La secretaria de la Comisión de Equidad y Género, la perredista Holly Matus, refirió que es necesario formular respuestas eficaces, pues la trata de personas tiene el carácter de clandestinidad y de operación subterránea, lo que no permite dimensionar la problemática ni conocer realmente el número de víctimas de este crimen.
“Más allá de las cifras, no puede perderse de vista que les han suspendido todos sus derechos, han sido literalmente sustraídas del tejido social e incorporadas al intercambio de mercancías”, abundó la legisladora.
Millonarias ganancias
La Comisión de Equidad y Género, con base en cifras oficiales, denunció que la trata de personas es uno de los tres negocios más lucrativos para la delincuencia organizada a escala mundial, sólo superado por el tráfico de drogas y el de armas.
Según estimaciones internacionales, la trata de personas produce ganancias por 9 mil 500 millones de dólares anuales en todo el mundo.
En el caso de México, existen al menos 15 bandas que se dedican al tráfico de personas, sin que las autoridades mexicanas estén al nivel para poder combatirlas y sancionarlas conforme a los índices internacionales.
Las principales afectadas, mencionó, son niñas, niños y mujeres pobres a quienes se engaña o coacciona con promesas de una vida mejor a través de empleo, oportunidades de educación o matrimonio.
Hoy en día existen iniciativas rezagadas en la Cámara de Diputados, entre ellas, una de reformas a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y adicionar el artículo 35 bis a la Ley General de Población, para garantizar la integridad personal de las víctimas y gestionar su cambio de identidad o adjudicación de un nuevo lugar de residencia cuando se vean amenazadas.
Según la comisión, no existe respaldo social para las personas que sufrieron algún tipo de explotación, por ello las normas deben garantizar atención médica, sicológica y jurídica.
La iniciativa, que también quedó en la lista de pendientes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, prevé que las personas extranjeras víctimas de trata que hayan ingresado irregularmente al país o cuyo permiso de residencia haya expirado, podrán permanecer en territorio nacional mientras dure el proceso judicial.
Las autoridades aplicarán en todo momento los principios de no devolución e interés superior de los niños y adolescentes.
Comentario:
Urge legislar y aplicar la ley contra este delito; que eso es lo que es.
PRI muestra apoyo del gobierno al PAN.
Noticia:
El Partido Revolucionaria Institucional sostuvo que "hay una operación descarada" de al menos seis delegados del gobierno federal de Nuevo León, para apuntalar la campaña del panista Fernando Elizondo, en la contienda por la gubernatura del Estado.
Las dirigencias nacional y estatal del PRI presentaron un video que muestra cómo invita a empresarios a una reunión privada para pedirles que promuevan el voto a favor del candidato blanquiazul.
El delegado especial del CEN del PRI de Nuevo León, Manuel Ángel Núñez Soto, y el presidente del tricolor nuevoleonés, Miguel Ángel Lozano Munguía, advirtieron que se ha confirmado el apoyo del gobierno federal al PAN.
En el video aparece el delegado de la Secretaría de Economía, Arturo Salinas, pidiendo a los empresarios que voten a favor de Elizondo, al mismo tiempo que promuevan al panista entre toda la gente que conozcan. En el video también aparecen el coordinador de contenido de la campaña del candidato, Miguel Treviño, hijo del subsecretario de la SCT, Humberto Treviño.
El dirigente estatal priista sostuvo que esta información confirma como el delegado de la Secretaría de Economía induce a los empresarios a impulsar el voto a favor de Elizondo.
Asentó que el candidato panista a la gubernatura de Nuevo León se quiso desvincular de los delegados federales, pero "está mintiendo y es un mentiroso".
Dijo que además tienen pruebas de que la delegación federal de la Sagarpa de Nuevo León entrega recursos a campesinos del sur de la entidad a través de una asociación civil para coaccionar el voto a favor del PAN.
"Es claro y contundente, lo hemos demostrado, ha sido una descarada operación de los funcionarios federales a favor del candidato de Acción Nacional", advirtió.
Adelantó que el próximo lunes presentará una denuncia ante la Comisión estatal electoral entorno a la participación de funcionarios federales en la contienda nuevoleonesa.
El video presentado hace unos minutos concluye con un mensaje de Elizondo donde agradece la participación de los empresarios.
Comentario:
El Gobierno Federal debe de responder a esta acusación. Sería muy grave que se confirmara esta situación.
El Partido Revolucionaria Institucional sostuvo que "hay una operación descarada" de al menos seis delegados del gobierno federal de Nuevo León, para apuntalar la campaña del panista Fernando Elizondo, en la contienda por la gubernatura del Estado.
Las dirigencias nacional y estatal del PRI presentaron un video que muestra cómo invita a empresarios a una reunión privada para pedirles que promuevan el voto a favor del candidato blanquiazul.
El delegado especial del CEN del PRI de Nuevo León, Manuel Ángel Núñez Soto, y el presidente del tricolor nuevoleonés, Miguel Ángel Lozano Munguía, advirtieron que se ha confirmado el apoyo del gobierno federal al PAN.
En el video aparece el delegado de la Secretaría de Economía, Arturo Salinas, pidiendo a los empresarios que voten a favor de Elizondo, al mismo tiempo que promuevan al panista entre toda la gente que conozcan. En el video también aparecen el coordinador de contenido de la campaña del candidato, Miguel Treviño, hijo del subsecretario de la SCT, Humberto Treviño.
El dirigente estatal priista sostuvo que esta información confirma como el delegado de la Secretaría de Economía induce a los empresarios a impulsar el voto a favor de Elizondo.
Asentó que el candidato panista a la gubernatura de Nuevo León se quiso desvincular de los delegados federales, pero "está mintiendo y es un mentiroso".
Dijo que además tienen pruebas de que la delegación federal de la Sagarpa de Nuevo León entrega recursos a campesinos del sur de la entidad a través de una asociación civil para coaccionar el voto a favor del PAN.
"Es claro y contundente, lo hemos demostrado, ha sido una descarada operación de los funcionarios federales a favor del candidato de Acción Nacional", advirtió.
Adelantó que el próximo lunes presentará una denuncia ante la Comisión estatal electoral entorno a la participación de funcionarios federales en la contienda nuevoleonesa.
El video presentado hace unos minutos concluye con un mensaje de Elizondo donde agradece la participación de los empresarios.
Comentario:
El Gobierno Federal debe de responder a esta acusación. Sería muy grave que se confirmara esta situación.
Empieza acción judicial por incendio en guardería.
Noticia:
Marcelo Meouchi, representante legal de la guardería ABC, y Roberto Copado Gutiérrez, quien el viernes pasado presentó su renuncia como director de Protección Civil de Hermosillo, forman parte de la lista de 13 personas que serían consignadas por el incendio ocurrido el pasado 5 de junio en la estancia infantil.
Anoche, en el Juzgado Primero de Distrito se integraban los expedientes, a fin de que el juez Raúl Martínez Martínez proceda a liberar las órdenes de aprehensión contra los presuntos culpables del incidente que ha cobrado la vida de 46 niños.
En medio de un gran hermetismo de las autoridades, se confirmó que entre las personas que serán presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del estado se encuentran funcionarios de los tres niveles de gobierno: Federación, estado y municipio, así como ex funcionarios del IMSS y propietarios de la estancia infantil.
Aun cuando la dependencia no ha precisado los nombres de todas las personas a las que el Ministerio Público pretende fincarles responsabilidad penal, se aseguró que las consignaciones se cumplimentarán este mismo fin de semana.
A dos semanas de la tragedia, todavía permanecen hospitalizados 20 niños que resultaron gravemente lesionados. El viernes pasado, Roberto Copado Gutiérrez se separó de su cargo como director de Protección Civil de Hermosillo, para no interferir en las investigaciones del caso.
Copado Gutiérrez certificó que tanto la bodega de Hacienda como la guardería cumplían con los requisitos de funcionamiento y seguridad.
Asimismo, desde hace varios días fueron separados de sus puestos el delegado del instituto en Sonora, Arturo Leyva; el jefe delegacional de Prestaciones, Emigdio Martínez; la coordinadora delegacional de Guarderías, Noemí López, y a la coordinadora zonal de Guarderías, Delia Irene Botello Amante.
Comentario:
¿Se comenzará a hacer justicia por esos pequeños que murieron?
Marcelo Meouchi, representante legal de la guardería ABC, y Roberto Copado Gutiérrez, quien el viernes pasado presentó su renuncia como director de Protección Civil de Hermosillo, forman parte de la lista de 13 personas que serían consignadas por el incendio ocurrido el pasado 5 de junio en la estancia infantil.
Anoche, en el Juzgado Primero de Distrito se integraban los expedientes, a fin de que el juez Raúl Martínez Martínez proceda a liberar las órdenes de aprehensión contra los presuntos culpables del incidente que ha cobrado la vida de 46 niños.
En medio de un gran hermetismo de las autoridades, se confirmó que entre las personas que serán presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del estado se encuentran funcionarios de los tres niveles de gobierno: Federación, estado y municipio, así como ex funcionarios del IMSS y propietarios de la estancia infantil.
Aun cuando la dependencia no ha precisado los nombres de todas las personas a las que el Ministerio Público pretende fincarles responsabilidad penal, se aseguró que las consignaciones se cumplimentarán este mismo fin de semana.
A dos semanas de la tragedia, todavía permanecen hospitalizados 20 niños que resultaron gravemente lesionados. El viernes pasado, Roberto Copado Gutiérrez se separó de su cargo como director de Protección Civil de Hermosillo, para no interferir en las investigaciones del caso.
Copado Gutiérrez certificó que tanto la bodega de Hacienda como la guardería cumplían con los requisitos de funcionamiento y seguridad.
Asimismo, desde hace varios días fueron separados de sus puestos el delegado del instituto en Sonora, Arturo Leyva; el jefe delegacional de Prestaciones, Emigdio Martínez; la coordinadora delegacional de Guarderías, Noemí López, y a la coordinadora zonal de Guarderías, Delia Irene Botello Amante.
Comentario:
¿Se comenzará a hacer justicia por esos pequeños que murieron?
Suman 21 ejecutados en Chihuahua y Guerrero.
Noticia:
Un comandante de vialidad y un civil que lo acompañaba murieron a balazos en la colonia Juan Lira, al sur de la ciudad de Durango.
Las víctimas fueron Silverio Barrera, agente de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Durango, y Bonifacio Ramos, quienes fueron ametrallados por desconocidos desde una camioneta en movimiento y que de inmediato se dieron a la fuga.
En el Navolato, 34 kilómetros al oeste de Culiacán, Sinaloa, en el ejido Caimancito, el agente de Tránsito Anatonio Bueno Payán, de 40 años, fue muerto a balazos de cuerno de chivo por un desconocido, cuando descendía de un vehículo cerca del estadio Rosendo Velázquez.
Y en Culiacán, en la madrugada del sábado cuatro agentes del Grupo Alfa de la Policía Municipal que vigilaban la zona a bordo de la patrulla 491, fueron atacados a balazos y perseguidos en la colonia Las Quintas por varios hombres armados. Uno de los agentes resultó herido.
Horas después en el mismo sector de Culiacán, varios desconocidos dispararon contra un grupo de jóvenes causando la muerte a Cristóbal Alonso Hernández Yin.
Más ejecutados en Chihuahua
En el estado Chihuahua la violencia continuó cobrando víctimas y en las últimas horas se reportaron 14 asesinatos, cinco de ellos en diversos puntos de Ciudad Juárez, incluida una mujer desconocida en la colonia Partido Romero. En la ciudad de Chihuahua hubo otros seis ejecutados en diferentes rumbos, entre ellos un hombre y su hijo en la colonia Los Mezquites. En Parral se informó de un ejecutado, otro en el municipio serrano de Guerrero y uno más en Casas Grandes.
En Guerrero hubo siete muertes violentas: un hombre de 60 años y su hijo de 13 en Tlacotepec, municipio de Filo Mayor; cuatro en el puerto de Acapulco y otro en la comunidad de Los Achotes, municipio de Zihuatanejo-Ixtapa, en la Costa Grande.
Un comandante de vialidad y un civil que lo acompañaba murieron a balazos en la colonia Juan Lira, al sur de la ciudad de Durango.
Las víctimas fueron Silverio Barrera, agente de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Durango, y Bonifacio Ramos, quienes fueron ametrallados por desconocidos desde una camioneta en movimiento y que de inmediato se dieron a la fuga.
En el Navolato, 34 kilómetros al oeste de Culiacán, Sinaloa, en el ejido Caimancito, el agente de Tránsito Anatonio Bueno Payán, de 40 años, fue muerto a balazos de cuerno de chivo por un desconocido, cuando descendía de un vehículo cerca del estadio Rosendo Velázquez.
Y en Culiacán, en la madrugada del sábado cuatro agentes del Grupo Alfa de la Policía Municipal que vigilaban la zona a bordo de la patrulla 491, fueron atacados a balazos y perseguidos en la colonia Las Quintas por varios hombres armados. Uno de los agentes resultó herido.
Horas después en el mismo sector de Culiacán, varios desconocidos dispararon contra un grupo de jóvenes causando la muerte a Cristóbal Alonso Hernández Yin.
Más ejecutados en Chihuahua
En el estado Chihuahua la violencia continuó cobrando víctimas y en las últimas horas se reportaron 14 asesinatos, cinco de ellos en diversos puntos de Ciudad Juárez, incluida una mujer desconocida en la colonia Partido Romero. En la ciudad de Chihuahua hubo otros seis ejecutados en diferentes rumbos, entre ellos un hombre y su hijo en la colonia Los Mezquites. En Parral se informó de un ejecutado, otro en el municipio serrano de Guerrero y uno más en Casas Grandes.
En Guerrero hubo siete muertes violentas: un hombre de 60 años y su hijo de 13 en Tlacotepec, municipio de Filo Mayor; cuatro en el puerto de Acapulco y otro en la comunidad de Los Achotes, municipio de Zihuatanejo-Ixtapa, en la Costa Grande.
Ligan a más políticos con “La Familia”.
Noticia:
En la indagación federal sobre la presunta red de protección política con que cuenta el cártel de La Familia ahora aparecen diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un alcalde y jefes policiacos en activo o retirados de diversos municipios de Michoacán.
Entre los mencionados en la indagatoria que lleva a cabo la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) figuran el alcalde de Lázaro Cárdenas, Mariano Ortega Sánchez; el diputado Iván Madero Naranjo; Efraín Loaiza Farías, director del grupo antisecuestros en la entidad; el diputado federal del PRD, Miguel Ángel Arellano Pulido; el comandante Ignacio Berber García; el ex alcalde de La Huacana, Israel Tentory, y el también diputado local Antonio Cruz Lucatero.
Otros servidores públicos que también son aludidos, pero se desconoce su paradero son: Adolfo Alfredo Medina, director de Seguridad Pública de Uruapan; el policía Jaime Alvarado Orozco; el jefe de grupo de la Policía Ministerial, Ramón Silva; el jefe policiaco Rafael Puga Moreno, así como el agente Carlos González y otros más de los que únicamente se aluden sus apellidos.
Las pesquisas, a las cuales tuvo acceso EL UNIVERSAL, dan cuenta de que todos los acusados son señalados desde noviembre y diciembre pasado por los testigos protegidos “Ricardo”, “Paco” y “Emilio”, el primero de ellos ex policía judicial de Michoacán, y los otros, narcotraficantes “arrepentidos” que hoy colaboran con la PGR.
Ello constituye la base de las acusaciones contra los ex servidores públicos a los cuales se pretende involucrar con el grupo criminal.
La averiguación que hoy tiene en prisión a 27 funcionarios de la entidad comenzó por una llamada anónima a la SIEDO, tres meses después del ataque con granadas en la plaza Hidalgo de Morelia, Michoacán.
La voz de un hombre reveló la presunta red de protección con la que contaba La Familia Michoacana en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Zitácuaro, Arteaga, Buenavista, Ciudad Hidalgo y otros municipios en los que “la maña está bien metida con los presidentes municipales, a quienes se les pagan fuertes cantidades de dinero por dar información de operativos y brindar protección a sicarios”.
Este testimonio, junto con la información hallada en el disco duro de una lap top marca Toshiba modelo PP714Q, que fue asegurada en un operativo realizado en la delegación Gustavo A. madero, en la ciudad de México, abrió las puertas a la investigación contenida en la averiguación previa PGR/SIEDOUEIDCS/398/2008, donde se encontró la nómina que al parecer se pagaba a ex y funcionarios de Michoacán.
El testigo protegido “Paco” también aseguró que el gobernador Leonel Godoy recibió 300 mil dólares para su campaña a la gubernatura por parte de los líderes de La Familia.
Sin embargo, ayer la PGR señaló que “no se cuenta con indicios de que el mandatario estatal haya sido apoyado por el narco ni antes ni después de asumir la gubernatura.
“Ni de origen ni hasta el momento tenemos nosotros conocimiento de que él esté involucrado o sea parte de esta investigación. Hasta ahora no hay ninguna situación donde él sea mencionado como probable responsable de cualquier hecho y tampoco relacionado con esta investigación específica”, dijo ayer Ricardo Nájera, en declaraciones a la prensa.
El jueves pasado, la PGR consignó a 27 de los 30 servidores públicos aprehendidos el 26 de mayo en Michoacán, por sus presuntos nexos con el referido cártel.
Comentario:
Y eso que la izquierda es la alternativa.
En la indagación federal sobre la presunta red de protección política con que cuenta el cártel de La Familia ahora aparecen diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un alcalde y jefes policiacos en activo o retirados de diversos municipios de Michoacán.
Entre los mencionados en la indagatoria que lleva a cabo la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) figuran el alcalde de Lázaro Cárdenas, Mariano Ortega Sánchez; el diputado Iván Madero Naranjo; Efraín Loaiza Farías, director del grupo antisecuestros en la entidad; el diputado federal del PRD, Miguel Ángel Arellano Pulido; el comandante Ignacio Berber García; el ex alcalde de La Huacana, Israel Tentory, y el también diputado local Antonio Cruz Lucatero.
Otros servidores públicos que también son aludidos, pero se desconoce su paradero son: Adolfo Alfredo Medina, director de Seguridad Pública de Uruapan; el policía Jaime Alvarado Orozco; el jefe de grupo de la Policía Ministerial, Ramón Silva; el jefe policiaco Rafael Puga Moreno, así como el agente Carlos González y otros más de los que únicamente se aluden sus apellidos.
Las pesquisas, a las cuales tuvo acceso EL UNIVERSAL, dan cuenta de que todos los acusados son señalados desde noviembre y diciembre pasado por los testigos protegidos “Ricardo”, “Paco” y “Emilio”, el primero de ellos ex policía judicial de Michoacán, y los otros, narcotraficantes “arrepentidos” que hoy colaboran con la PGR.
Ello constituye la base de las acusaciones contra los ex servidores públicos a los cuales se pretende involucrar con el grupo criminal.
La averiguación que hoy tiene en prisión a 27 funcionarios de la entidad comenzó por una llamada anónima a la SIEDO, tres meses después del ataque con granadas en la plaza Hidalgo de Morelia, Michoacán.
La voz de un hombre reveló la presunta red de protección con la que contaba La Familia Michoacana en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Zitácuaro, Arteaga, Buenavista, Ciudad Hidalgo y otros municipios en los que “la maña está bien metida con los presidentes municipales, a quienes se les pagan fuertes cantidades de dinero por dar información de operativos y brindar protección a sicarios”.
Este testimonio, junto con la información hallada en el disco duro de una lap top marca Toshiba modelo PP714Q, que fue asegurada en un operativo realizado en la delegación Gustavo A. madero, en la ciudad de México, abrió las puertas a la investigación contenida en la averiguación previa PGR/SIEDOUEIDCS/398/2008, donde se encontró la nómina que al parecer se pagaba a ex y funcionarios de Michoacán.
El testigo protegido “Paco” también aseguró que el gobernador Leonel Godoy recibió 300 mil dólares para su campaña a la gubernatura por parte de los líderes de La Familia.
Sin embargo, ayer la PGR señaló que “no se cuenta con indicios de que el mandatario estatal haya sido apoyado por el narco ni antes ni después de asumir la gubernatura.
“Ni de origen ni hasta el momento tenemos nosotros conocimiento de que él esté involucrado o sea parte de esta investigación. Hasta ahora no hay ninguna situación donde él sea mencionado como probable responsable de cualquier hecho y tampoco relacionado con esta investigación específica”, dijo ayer Ricardo Nájera, en declaraciones a la prensa.
El jueves pasado, la PGR consignó a 27 de los 30 servidores públicos aprehendidos el 26 de mayo en Michoacán, por sus presuntos nexos con el referido cártel.
Comentario:
Y eso que la izquierda es la alternativa.
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