Noticia:
El titular de la Secretaría de Turismo federal, Rodolfo Elizondo Torres, lamentó la falta de interés de los gobernadores fronterizos en la promoción de esta actividad, que ayudaría a revertir los efectos de la violencia.
No obstante, dijo, el turismo fronterizo aumentó gracias al tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense: “En los últimos seis o siete meses la gente ha regresado a surtirse en las fronteras de alimentos, de medicinas, de gasolina.
Claro, la violencia no ayuda a la imagen del país, pero afortunadamente el turismo ha crecido en los últimos cinco años a buen ritmo”.
Entrevistado al concluir la ceremonia en la que firmó con el gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, el Convenio de Inversión en Proyectos de Infraestructura Turística 2009, Rodolfo Elizondo comentó que la dependencia a su cargo poco podía hacer “si ellos (los gobernadores fronterizos) de alguna manera no están dispuestos. Me refiero a la frontera, a los estados que tienen frontera y poco interés”.
Antes, en la reunión sostenida con Garrido Patrón, el funcionario señaló que la Secretaría de Turismo tiene para 2009 un presupuesto histórico de mil 600 millones de pesos, “cantidadque nunca antes había tenido la dependencia”.
Los recursos, indicó, serán distribuidos entre las entidades que presenten propuestas de desarrollo turístico.
Comentario:
Se deben de tomar dos medidas al mismo tiempo: garantizar mayor seguridad a la población y no descuidar el aspecto turístico. Pero de nada sirve destinar recursos al segundo, si el primero sigue empeorando. El reclamo de Elizondo debe ser para Pedro, para que lo entienda Juan.
jueves, 12 de febrero de 2009
Una fiscalía con magros resultados.
Noticia:
Militares allanaron la casa de Tomasa Vidal, reportera de Canal 5 en Ciudad Juárez, el 4 de febrero, y el lunes fue tiroteada la de Moisés García, director de El Debate de Guasave. El martes, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, lo encaró el delegado holandés, por la ineficacia judicial del gobierno mexicano para garantizar la libertad de prensa.
Y el napolitano Roberto Saviano, símbolo global de los periodistas perseguidos por el crimen, dijo a El País Semanal: “Europa, con México, es hoy el lugar de más riesgo para los escritores”.
En esta atmósfera espesa cumple tres años la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR). Organizaciones nacionales e internacionales, víctimas, abogados y familiares de periodistas asesinados o desaparecidos coinciden en que no hay qué celebrar, pues en todo ese tiempo la Fiscalía ha ejercido acción penal en 3 de los 88 casos atendidos; es decir, turnó al juez sólo 3.4% del total de casos abordados.
Esto, de hecho, afloró en la sesión donde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinó a México, el martes: Boudewijn J. van Eenennaam, representante de la delegación de Holanda, preguntó a Gómez Mont: “El gobierno de México creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, dependiente de la PGR; sin embargo, ésta ha demostrado resultar ineficaz para el propósito para el que fue creada... ¿qué acciones se llevarán a cabo para ampliar y clarificar sus facultades, así como para capacitar a los agentes investigadores en materia de libertad de expresión?”.
Reporteros Sin Fronteras ha señalado que México es, después de Irak, el país más peligroso para el ejercicio periodístico.
La Sociedad Interamericana de Prensa realizó un Mapa de Riesgo para periodistas, situando como zonas “de muy alto” y “alto riesgo” a Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Guerrero. Hay cuando menos tres casos de periodistas mexicanos que viven en el exilio, uno de los cuales es Alejandro Gutiérrez, del semanario Proceso.
Sólo ocho casos
De febrero de 2006 a noviembre de 2008, la Fiscalía registró 274 agresiones, según su informe de diciembre. Octavio Orellana Wiarco, el fiscal, asegura en entrevista que “se ha resuelto 75% de ellos”. En realidad, más de 50% del total de casos fueron no resueltos, sino “determinados”; es decir, se declaró “incompetencia”, al decidir que no había elementos para la acción penal; se archivaron por no lograrse avances; o se les dejó “en reserva”, por supuesta falta de elementos para investigar. El informe no precisa cuántas personas ni en dónde han sido consignadas por atacar a periodistas.
Por sus limitadas atribuciones, la Fiscalía pudo atraer sólo 88 de los 274 casos registrados (es decir, el 32.11%). En mayo de 2008, reportó a la Cámara de Diputados que de esos 88 quedaban 29 en “trámite”. En el informe de diciembre, la cifra se había reducido a ocho. ¿Qué sucedió con los 80 restantes? Según Orellana Wiarco, fueron “determinados” también. Al final de todo, la Fiscalía ha realizado tres “consignaciones”, sin precisar si esto incluye personas o sólo expedientes.
La impunidad en los delitos contra periodistas llevó a la organización internacional ARTICLE 19 a realizar un análisis de la Fiscalía, cuyos resultados difundirá mañana. Destaca que de los 274 casos recibidos, la Fiscalía se declaró incompetente en 75%, de modo que “en tres años... no ha tenido un solo efecto considerable sobre la protección y combate a la impunidad, ya sea por su limitada competencia o por las deficientes investigaciones”.
Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), concluye que al no resolverse penalmente los asesinatos contra periodistas, “el sistema de justicia mexicano consagra la impunidad” y que “el que una sociedad no reciba información afecta el corazón de la democracia”.
Como una oficialía de partes
El 6 de febrero de 2006, varios hombres entraron disparando a El Mañana, periódico de Nuevo Laredo, donde también estallaron una granada. Al día siguiente, el gobierno foxista anunció la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, cuyo acuerdo de creación apareció en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero. Sólo podría atraer un caso si éste cumplía cuatro requisitos: 1 que se compruebe que la víctima era periodista, y que el delito 2 tenga como móvil coartar el ejercicio del derecho a la información o libertad de prensa; 3 sea de competencia federal o local, siempre que se acredite “previamente la conexidad”; y 4 amerite pena privativa de la libertad.
Lo anterior explica que tantas denuncias sean rechazadas por la Fiscalía, quedándose en las procuradurías estatales, la Subprocuraduría Investigadora Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) o la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo (Control Regional), estas dos últimas de la PGR —la Fiscalía no aclara por qué los casos se envían a esta última.
David Peña, de la Asociación de Abogados Democráticos, considera que sus limitaciones jurídicas han servido de pretexto a la Fiscalía para no investigar a fondo y confirmar si las agresiones pretendían coartar la libertad de expresión; “se ha convertido en una oficina que distribuye las denuncias a SIEDO o al fuero común”.
Las cifras oficiales refuerzan su afirmación: de los 274 casos recibidos en tres años, 163 están en Control Regional; 22 en la SIEDO, y; 1 en la Visitaduría general de la PGR, quedándose la Fiscalía con sólo 88.
¿Qué hace esta última en los casos que van a otras áreas de la PGR o a procuradurías locales? El fiscal responde: “Estamos atentos, ofrecemos nuestra colaboración, pero ya no es nuestra responsabilidad”.
Aarón Jiménez Paz, director del Programa de Agravio de Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), explica en entrevista que “es muy común” encontrar casos donde “no se están agotando todas las líneas de investigación, entre ellas, que el crimen haya sido para coartar la libertad de expresión”.
El caso Rodríguez, en el limbo
Armando Rodríguez Carreón, de 40 años, prestigiado reportero policial de El Diario de Ciudad Juárez, fue asesinado el 13 de noviembre. Esa misma noche, la Delegación de la PGR en Chihuahua emitió el comunicado DPE/5171/08, dando a conocer que la Fiscalía atrajo el caso. No obstante, en su informe de diciembre (2008), ésta precisa que se hicieron “más de 40 actuaciones” y existen “tres líneas de indagación”, aunque lo incluye en el “fuero” de Control Regional. El 31 de enero, el periódico afectado sostiene en su editorial que el caso judicial de Rodríguez Carreón permanece en un limbo legal, y no hay comunicación entre la PGR y la procuraduría estatal.
En 2008, en Ciudad Juárez fueron amenazados ocho reporteros, asienta el informe “Juárez: la violencia y los medios”, presentado en enero por Reporteros Sin Fronteras. Aparte de Rodríguez Carreón, menciona al reportero Carlos Huerta Muñoz, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía, la cual no ha iniciado investigaciones.
El informe “Periodismo bajo violencia del narcotráfico 2008”, del Centro de Periodismo y Ética Pública, aborda cinco asesinatos de periodistas mexicanos ocurridos ese año, pero la Fiscalía consideró bajo su fuero sólo los de Bonifacio Cruz Santiago y Alfonso Cruz Cruz, ocurridos el 7 de febrero de 2008 en el Estado de México; en ambos dice que “la principal línea (de investigación) indica una confusión de persona”.
Las desapariciones
Entre 2005 y 2008 desaparecieron ocho periodistas mexicanos, reporta el CPJ. Pero en su informe de diciembre pasado la Fiscalía sólo se menciona cinco. Uno de ellos es José Antonio García Apac, de 52 años, quien editaba el quincenario Eco de la Cuenca de Tepalcatepec (Michoacán) y fue visto por última vez el 20 de noviembre de 2006.
La abogada Silvia Martínezacudió al ministerio público local de Apatzingan, porque el agente del Ministerio Público de la Federación de Morelia dijo ignorar la existencia de la Fiscalía para delitos contra periodistas. Más tarde, puesto que las investigaciones no avanzaban, telefoneó a dicha fiscalía, en la ciudad de México; “dejé los datos de la denuncia, me dijeron que iban a venir, pero nadie se puso en contacto”.
Si bien la Fiscalía reconoce que la desaparición de García Apac podría tener “relación con su ejercicio periodístico”, su caso fue atraído por Control Regional (julio 2007).
El sueldo del fiscal y otros dineros
La PGR destina más recursos públicos al sueldo del fiscal Octavio Orellana Wiarco, que al presupuesto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. Según su portal de transparencia, el salario de aquel es de un millón 935 mil 108 pesos anuales, mientras que la Fiscalía a su cargo recibió para operar un millón 558 mil 278 pesos, en 2008 (o sea, 376 mil 830 pesos menos). Además, dicha asignación presupuestal ha disminuido cada año, como lo demuestra el que en 2006 la Fiscalía haya nacido con 2 millones 304 mil pesos para su funcionamiento (suma 32.36% superior al presupuesto para 2008).
En entrevista con EL UNIVERSAL, el fiscal aseguró que el presupuesto para 2009 será idéntico al del año pasado; si es así, la dependencia a su cargo dispondrá de 129 mil 856.50 mensuales para atender las agresiones contra periodistas en el segundo país más peligroso del mundo para el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras.
Por otra parte, Orellana Wiarco (quien asumió en marzo de 2007, sucediendo a David Vega) asegura que la Fiscalía cuenta con “7 o 10 elementos” de la Agencia Federal de Investigación, y seis agentes del Ministerio Público de la Federación en la ciudad de México y uno en cada estado. Pero esto no se menciona en el organigrama de la dependencia disponible en la página virtual de la PGR.
El fiscal asegura que los 14 cursos para periodistas que ha impartido la dependencia a su cargo han ayudado a evitar agresiones, y ejemplifica con Ciudad Juárez, donde “se hicieron una serie de recomendaciones; les dijimos que cuando haya agresiones las comuniquen con los demás medios, las denuncien. Después supimos que habían recibido mensajes de amenazas. El primero que los recibió sí se alarmó, pero cuando los recibieron los demás, vieron que era el mismo texto. Los cursos sí tienen efectos”.
El curso a periodistas de Ciudad Juárez se realizó en febrero de 2008. A los nueve meses fue asesinado Armando Rodríguez Carreón.
Comentario:
Con esta información del diario El Universal, ¿qué mas pruebas necesitan las autoridades para demostrarles que no les interesa investigar y proteger a los periodistas y muchos menos a los ciudadanos comunes?
Militares allanaron la casa de Tomasa Vidal, reportera de Canal 5 en Ciudad Juárez, el 4 de febrero, y el lunes fue tiroteada la de Moisés García, director de El Debate de Guasave. El martes, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, lo encaró el delegado holandés, por la ineficacia judicial del gobierno mexicano para garantizar la libertad de prensa.
Y el napolitano Roberto Saviano, símbolo global de los periodistas perseguidos por el crimen, dijo a El País Semanal: “Europa, con México, es hoy el lugar de más riesgo para los escritores”.
En esta atmósfera espesa cumple tres años la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR). Organizaciones nacionales e internacionales, víctimas, abogados y familiares de periodistas asesinados o desaparecidos coinciden en que no hay qué celebrar, pues en todo ese tiempo la Fiscalía ha ejercido acción penal en 3 de los 88 casos atendidos; es decir, turnó al juez sólo 3.4% del total de casos abordados.
Esto, de hecho, afloró en la sesión donde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinó a México, el martes: Boudewijn J. van Eenennaam, representante de la delegación de Holanda, preguntó a Gómez Mont: “El gobierno de México creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, dependiente de la PGR; sin embargo, ésta ha demostrado resultar ineficaz para el propósito para el que fue creada... ¿qué acciones se llevarán a cabo para ampliar y clarificar sus facultades, así como para capacitar a los agentes investigadores en materia de libertad de expresión?”.
Reporteros Sin Fronteras ha señalado que México es, después de Irak, el país más peligroso para el ejercicio periodístico.
La Sociedad Interamericana de Prensa realizó un Mapa de Riesgo para periodistas, situando como zonas “de muy alto” y “alto riesgo” a Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Guerrero. Hay cuando menos tres casos de periodistas mexicanos que viven en el exilio, uno de los cuales es Alejandro Gutiérrez, del semanario Proceso.
Sólo ocho casos
De febrero de 2006 a noviembre de 2008, la Fiscalía registró 274 agresiones, según su informe de diciembre. Octavio Orellana Wiarco, el fiscal, asegura en entrevista que “se ha resuelto 75% de ellos”. En realidad, más de 50% del total de casos fueron no resueltos, sino “determinados”; es decir, se declaró “incompetencia”, al decidir que no había elementos para la acción penal; se archivaron por no lograrse avances; o se les dejó “en reserva”, por supuesta falta de elementos para investigar. El informe no precisa cuántas personas ni en dónde han sido consignadas por atacar a periodistas.
Por sus limitadas atribuciones, la Fiscalía pudo atraer sólo 88 de los 274 casos registrados (es decir, el 32.11%). En mayo de 2008, reportó a la Cámara de Diputados que de esos 88 quedaban 29 en “trámite”. En el informe de diciembre, la cifra se había reducido a ocho. ¿Qué sucedió con los 80 restantes? Según Orellana Wiarco, fueron “determinados” también. Al final de todo, la Fiscalía ha realizado tres “consignaciones”, sin precisar si esto incluye personas o sólo expedientes.
La impunidad en los delitos contra periodistas llevó a la organización internacional ARTICLE 19 a realizar un análisis de la Fiscalía, cuyos resultados difundirá mañana. Destaca que de los 274 casos recibidos, la Fiscalía se declaró incompetente en 75%, de modo que “en tres años... no ha tenido un solo efecto considerable sobre la protección y combate a la impunidad, ya sea por su limitada competencia o por las deficientes investigaciones”.
Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), concluye que al no resolverse penalmente los asesinatos contra periodistas, “el sistema de justicia mexicano consagra la impunidad” y que “el que una sociedad no reciba información afecta el corazón de la democracia”.
Como una oficialía de partes
El 6 de febrero de 2006, varios hombres entraron disparando a El Mañana, periódico de Nuevo Laredo, donde también estallaron una granada. Al día siguiente, el gobierno foxista anunció la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, cuyo acuerdo de creación apareció en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero. Sólo podría atraer un caso si éste cumplía cuatro requisitos: 1 que se compruebe que la víctima era periodista, y que el delito 2 tenga como móvil coartar el ejercicio del derecho a la información o libertad de prensa; 3 sea de competencia federal o local, siempre que se acredite “previamente la conexidad”; y 4 amerite pena privativa de la libertad.
Lo anterior explica que tantas denuncias sean rechazadas por la Fiscalía, quedándose en las procuradurías estatales, la Subprocuraduría Investigadora Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) o la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo (Control Regional), estas dos últimas de la PGR —la Fiscalía no aclara por qué los casos se envían a esta última.
David Peña, de la Asociación de Abogados Democráticos, considera que sus limitaciones jurídicas han servido de pretexto a la Fiscalía para no investigar a fondo y confirmar si las agresiones pretendían coartar la libertad de expresión; “se ha convertido en una oficina que distribuye las denuncias a SIEDO o al fuero común”.
Las cifras oficiales refuerzan su afirmación: de los 274 casos recibidos en tres años, 163 están en Control Regional; 22 en la SIEDO, y; 1 en la Visitaduría general de la PGR, quedándose la Fiscalía con sólo 88.
¿Qué hace esta última en los casos que van a otras áreas de la PGR o a procuradurías locales? El fiscal responde: “Estamos atentos, ofrecemos nuestra colaboración, pero ya no es nuestra responsabilidad”.
Aarón Jiménez Paz, director del Programa de Agravio de Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), explica en entrevista que “es muy común” encontrar casos donde “no se están agotando todas las líneas de investigación, entre ellas, que el crimen haya sido para coartar la libertad de expresión”.
El caso Rodríguez, en el limbo
Armando Rodríguez Carreón, de 40 años, prestigiado reportero policial de El Diario de Ciudad Juárez, fue asesinado el 13 de noviembre. Esa misma noche, la Delegación de la PGR en Chihuahua emitió el comunicado DPE/5171/08, dando a conocer que la Fiscalía atrajo el caso. No obstante, en su informe de diciembre (2008), ésta precisa que se hicieron “más de 40 actuaciones” y existen “tres líneas de indagación”, aunque lo incluye en el “fuero” de Control Regional. El 31 de enero, el periódico afectado sostiene en su editorial que el caso judicial de Rodríguez Carreón permanece en un limbo legal, y no hay comunicación entre la PGR y la procuraduría estatal.
En 2008, en Ciudad Juárez fueron amenazados ocho reporteros, asienta el informe “Juárez: la violencia y los medios”, presentado en enero por Reporteros Sin Fronteras. Aparte de Rodríguez Carreón, menciona al reportero Carlos Huerta Muñoz, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía, la cual no ha iniciado investigaciones.
El informe “Periodismo bajo violencia del narcotráfico 2008”, del Centro de Periodismo y Ética Pública, aborda cinco asesinatos de periodistas mexicanos ocurridos ese año, pero la Fiscalía consideró bajo su fuero sólo los de Bonifacio Cruz Santiago y Alfonso Cruz Cruz, ocurridos el 7 de febrero de 2008 en el Estado de México; en ambos dice que “la principal línea (de investigación) indica una confusión de persona”.
Las desapariciones
Entre 2005 y 2008 desaparecieron ocho periodistas mexicanos, reporta el CPJ. Pero en su informe de diciembre pasado la Fiscalía sólo se menciona cinco. Uno de ellos es José Antonio García Apac, de 52 años, quien editaba el quincenario Eco de la Cuenca de Tepalcatepec (Michoacán) y fue visto por última vez el 20 de noviembre de 2006.
La abogada Silvia Martínezacudió al ministerio público local de Apatzingan, porque el agente del Ministerio Público de la Federación de Morelia dijo ignorar la existencia de la Fiscalía para delitos contra periodistas. Más tarde, puesto que las investigaciones no avanzaban, telefoneó a dicha fiscalía, en la ciudad de México; “dejé los datos de la denuncia, me dijeron que iban a venir, pero nadie se puso en contacto”.
Si bien la Fiscalía reconoce que la desaparición de García Apac podría tener “relación con su ejercicio periodístico”, su caso fue atraído por Control Regional (julio 2007).
El sueldo del fiscal y otros dineros
La PGR destina más recursos públicos al sueldo del fiscal Octavio Orellana Wiarco, que al presupuesto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. Según su portal de transparencia, el salario de aquel es de un millón 935 mil 108 pesos anuales, mientras que la Fiscalía a su cargo recibió para operar un millón 558 mil 278 pesos, en 2008 (o sea, 376 mil 830 pesos menos). Además, dicha asignación presupuestal ha disminuido cada año, como lo demuestra el que en 2006 la Fiscalía haya nacido con 2 millones 304 mil pesos para su funcionamiento (suma 32.36% superior al presupuesto para 2008).
En entrevista con EL UNIVERSAL, el fiscal aseguró que el presupuesto para 2009 será idéntico al del año pasado; si es así, la dependencia a su cargo dispondrá de 129 mil 856.50 mensuales para atender las agresiones contra periodistas en el segundo país más peligroso del mundo para el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras.
Por otra parte, Orellana Wiarco (quien asumió en marzo de 2007, sucediendo a David Vega) asegura que la Fiscalía cuenta con “7 o 10 elementos” de la Agencia Federal de Investigación, y seis agentes del Ministerio Público de la Federación en la ciudad de México y uno en cada estado. Pero esto no se menciona en el organigrama de la dependencia disponible en la página virtual de la PGR.
El fiscal asegura que los 14 cursos para periodistas que ha impartido la dependencia a su cargo han ayudado a evitar agresiones, y ejemplifica con Ciudad Juárez, donde “se hicieron una serie de recomendaciones; les dijimos que cuando haya agresiones las comuniquen con los demás medios, las denuncien. Después supimos que habían recibido mensajes de amenazas. El primero que los recibió sí se alarmó, pero cuando los recibieron los demás, vieron que era el mismo texto. Los cursos sí tienen efectos”.
El curso a periodistas de Ciudad Juárez se realizó en febrero de 2008. A los nueve meses fue asesinado Armando Rodríguez Carreón.
Comentario:
Con esta información del diario El Universal, ¿qué mas pruebas necesitan las autoridades para demostrarles que no les interesa investigar y proteger a los periodistas y muchos menos a los ciudadanos comunes?
La ONU reprobará a México en derechos humanos: ONG.
Noticia:
México reprobará el Examen Periódico Universal sobre derechos humanos al que es sometido en Naciones Unidas, ante los serios cuestionamientos de la comunidad internacional sobre la existencia de casos de tortura, los crímenes cometidos contra periodistas, violencia contra las mujeres y las violaciones a las garantías de ciudadanos por parte de las Fuerzas Armadas.
Así lo afirmó Darío Ramírez, presidente de la organización Artículo 19 para México y América Latina, en entrevista telefónica desde Ginebra, Suiza, quien esta semana participa en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, donde se analizan las condiciones de nuestro país en la materia.
En las sesiones que comenzaron el martes y que concluirán el próximo viernes con un pronunciamiento del Consejo, se ha analizado el informe presentado por el gobierno mexicano —elaborado por 29 dependencias federales—, así como el que entregaron organizaciones no gubernamentales mexicanas.
Darío Ramírez detalló que el bloque europeo, representado por nueve naciones, ha cuestionado a la delegación mexicana sobre todo respecto a las medidas que se han adoptado para impedir las amenazas y crímenes contra periodistas.
Indicó que en general para los países que participan en esta evaluación es preocupante que México sea el primer país en América Latina donde se registran más ataques a periodistas o se vulnera la libertad de expresión.
Comentario:
Este examen reprobatorio parece que nunca le importó a los gobiernos emanados del PRI. ¿Sucederá lo mismo con el gobierno ahora panista? y, ¿en un futuro ocurrirá otra vez lo mismo con un posible gobierno pederrista? Parece que esa es la tendencia.
México reprobará el Examen Periódico Universal sobre derechos humanos al que es sometido en Naciones Unidas, ante los serios cuestionamientos de la comunidad internacional sobre la existencia de casos de tortura, los crímenes cometidos contra periodistas, violencia contra las mujeres y las violaciones a las garantías de ciudadanos por parte de las Fuerzas Armadas.
Así lo afirmó Darío Ramírez, presidente de la organización Artículo 19 para México y América Latina, en entrevista telefónica desde Ginebra, Suiza, quien esta semana participa en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, donde se analizan las condiciones de nuestro país en la materia.
En las sesiones que comenzaron el martes y que concluirán el próximo viernes con un pronunciamiento del Consejo, se ha analizado el informe presentado por el gobierno mexicano —elaborado por 29 dependencias federales—, así como el que entregaron organizaciones no gubernamentales mexicanas.
Darío Ramírez detalló que el bloque europeo, representado por nueve naciones, ha cuestionado a la delegación mexicana sobre todo respecto a las medidas que se han adoptado para impedir las amenazas y crímenes contra periodistas.
Indicó que en general para los países que participan en esta evaluación es preocupante que México sea el primer país en América Latina donde se registran más ataques a periodistas o se vulnera la libertad de expresión.
Comentario:
Este examen reprobatorio parece que nunca le importó a los gobiernos emanados del PRI. ¿Sucederá lo mismo con el gobierno ahora panista? y, ¿en un futuro ocurrirá otra vez lo mismo con un posible gobierno pederrista? Parece que esa es la tendencia.
Dan entrada a denuncia contra PGR por opacidad.
Noticia:
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, admitió a trámite la demanda que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se invalide una reforma que prohíbe que se conozca el contenido de las averiguaciones previas que realiza la Procuraduría General de la República.
Como primera medida, la ministra emplazó a las dos cámaras del Congreso de la Unión y al presidente de la República, Felipe Calderón, para que respondan a la demanda —registrada con el número 26/2009— que se promovió en su contra por haber aprobado y publicado una reforma que, en opinión de la CNDH, atenta contra el derecho a la información, oculta el proceder del Ministerio Público, y, en especial, de los funcionarios que traicionan a la sociedad en la lucha contra la delincuencia.
El ombudsman José Luis Soberanes, promovió un juicio en contra de dicha reforma porque impide que la CNDH tenga acceso a las averiguaciones previas, con lo que se evita que pueda realizar “su labor sustantiva de protección a los derechos humanos, pues estará imposibilitada para determinar si los derechos que otorga la Constitución son respetados por las autoridades”.
Comentario:
Con la división de poderes, esperemos que ahora si un poder "sacuda" a otro, para que trabaje como debe de ser.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, admitió a trámite la demanda que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se invalide una reforma que prohíbe que se conozca el contenido de las averiguaciones previas que realiza la Procuraduría General de la República.
Como primera medida, la ministra emplazó a las dos cámaras del Congreso de la Unión y al presidente de la República, Felipe Calderón, para que respondan a la demanda —registrada con el número 26/2009— que se promovió en su contra por haber aprobado y publicado una reforma que, en opinión de la CNDH, atenta contra el derecho a la información, oculta el proceder del Ministerio Público, y, en especial, de los funcionarios que traicionan a la sociedad en la lucha contra la delincuencia.
El ombudsman José Luis Soberanes, promovió un juicio en contra de dicha reforma porque impide que la CNDH tenga acceso a las averiguaciones previas, con lo que se evita que pueda realizar “su labor sustantiva de protección a los derechos humanos, pues estará imposibilitada para determinar si los derechos que otorga la Constitución son respetados por las autoridades”.
Comentario:
Con la división de poderes, esperemos que ahora si un poder "sacuda" a otro, para que trabaje como debe de ser.
Satélite ruso que chocó con aparato de EU era militar.
Noticia:
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Espaciales de Rusia, general Alexandr Yakushin, informó hoy de que el satélite ruso que chocó el martes contra un aparato privado estadounidense era militar.
"El 10 de febrero a las 19:56 hora de Moscú (16:56 GMT) tuvo lugar un choque entre el aparato espacial Iridium-33 y el aparato militar ruso Cosmos-2251 a una altura de unos 800 kilómetros" de Siberia, precisó, citado por la agencia Interfax.
Como consecuencia de la colisión, los fragmentos de los aparatos espaciales se dispersaron a una altura de entre 500 y mil 300 kilómetros, agregó Yakushin.
El jefe militar no pudo precisar el número exacto de fragmentos, aunque señaló que el sistema de control ruso del espacio cósmico hace un seguimiento constante de los restos de aparatos espaciales.
El satélite Cosmos-2251 fue lanzado al espacio en 1993 y después de dos años fue dado de baja de la flotilla orbital rusa, indicó, mientras que el aparato estadounidense Iridium fue puesto en órbita en 1997.
Por su parte, la agencia espacial rusa Roscosmos declaró que los restos de los dos satélites no suponen un peligro para la Estación Espacial Internacional (EEI) ni para su tripulación.
La NASA informó anoche de que el choque produjo una nube de escombros y advirtió de que la misma plantea un peligro para la EEI, que se encuentra en una órbita de alrededor de 400 kilómetros de altura.
Según la NASA, es la primera vez que se registra una incidente así entre dos satélites.
Comentario:
¡Imanínense que esto hubiera pasado cuando la guerra fría! Afortunadamente, parece que las relaciones entre ambos países van por buen camino.
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Espaciales de Rusia, general Alexandr Yakushin, informó hoy de que el satélite ruso que chocó el martes contra un aparato privado estadounidense era militar.
"El 10 de febrero a las 19:56 hora de Moscú (16:56 GMT) tuvo lugar un choque entre el aparato espacial Iridium-33 y el aparato militar ruso Cosmos-2251 a una altura de unos 800 kilómetros" de Siberia, precisó, citado por la agencia Interfax.
Como consecuencia de la colisión, los fragmentos de los aparatos espaciales se dispersaron a una altura de entre 500 y mil 300 kilómetros, agregó Yakushin.
El jefe militar no pudo precisar el número exacto de fragmentos, aunque señaló que el sistema de control ruso del espacio cósmico hace un seguimiento constante de los restos de aparatos espaciales.
El satélite Cosmos-2251 fue lanzado al espacio en 1993 y después de dos años fue dado de baja de la flotilla orbital rusa, indicó, mientras que el aparato estadounidense Iridium fue puesto en órbita en 1997.
Por su parte, la agencia espacial rusa Roscosmos declaró que los restos de los dos satélites no suponen un peligro para la Estación Espacial Internacional (EEI) ni para su tripulación.
La NASA informó anoche de que el choque produjo una nube de escombros y advirtió de que la misma plantea un peligro para la EEI, que se encuentra en una órbita de alrededor de 400 kilómetros de altura.
Según la NASA, es la primera vez que se registra una incidente así entre dos satélites.
Comentario:
¡Imanínense que esto hubiera pasado cuando la guerra fría! Afortunadamente, parece que las relaciones entre ambos países van por buen camino.
No existe registro ni control de albergues.
Noticia:
Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, acusó que la Procuraduría capitalina tenía conocimiento desde el año pasado de la resolución judicial que daba la guardia y custodia de la niña Ilse Michel a su abuela; sin embargo, no se hizo nada para acatar la orden.
Recordó que la Oficina de Defensoría de los Derechos la Infancia (ODI) hizo público el caso de la desaparición de la pequeña luego de que sus familiares no pudieran hallarla en el albergue Casitas del Sur.
El desconocimiento del paradero de Ilse Michel y siete menores más de estos albergues, es el resultado de la falta de una base de datos y control por parte de las autoridades hacia las instituciones a quienes se canalizan los niños que fueron sustraídos del seno familiar por un proceso judicial.
Gerardo Sauri acusó a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y a los DIF local y nacional de “negligentes” por no realizar el monitoreo que por ley se establece a las instituciones que reciben a niños.
El especialista señaló que existen deficiencias en los procedimientos relacionados con menores. “El Estado ha abandonado a la asistencia privada a los niños abandonados, cuando su deber es garantizar que se encuentren en las mejores condiciones”.
Señaló que esta situación es “un problema que viene de muchos años atrás”. Ya en 2006 el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas manifestó a México su preocupación por el alto número de niños que son canalizados a instituciones privadas sin que se tenga control de ellas. Recomendó crear un directorio de albergues y una base de datos de los menores.
“Cosa que no existe: no hay registro de dónde vienen los niños y a dónde van. El problema es así de grave”, señaló el titular de la Red por los Derechos de la Infancia.
Sauri consideró el caso de Ilse Michel y siete niños más como un reflejo “de la forma violatoria con la que procede el gobierno en el trato a menores”.
Según el artículo 25 de la Convención de los Derechos del Niño, el Estado está obligado a realizar exámenes periódicos sobre el estado de salud física y mental de los niños que fueron canalizados a alguna institución. Si embargo, este acuerdo internacional es letra muerta no sólo en la ciudad, si no en el resto del país.
La Red por los Derechos de la Infancia consideró necesaria la actualización de normas de protección para menores, en las que debe reducirse la “institucionalización” de niños.
Comentario:
No es ninguna novedad que la autoridad no haga nada frente a la delincuencia y frente a los problemas que enfrentamos los mexicanos. Si de algo habría que acusarlos, entre otras muchas cosas, es de negligencia.
Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, acusó que la Procuraduría capitalina tenía conocimiento desde el año pasado de la resolución judicial que daba la guardia y custodia de la niña Ilse Michel a su abuela; sin embargo, no se hizo nada para acatar la orden.
Recordó que la Oficina de Defensoría de los Derechos la Infancia (ODI) hizo público el caso de la desaparición de la pequeña luego de que sus familiares no pudieran hallarla en el albergue Casitas del Sur.
El desconocimiento del paradero de Ilse Michel y siete menores más de estos albergues, es el resultado de la falta de una base de datos y control por parte de las autoridades hacia las instituciones a quienes se canalizan los niños que fueron sustraídos del seno familiar por un proceso judicial.
Gerardo Sauri acusó a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y a los DIF local y nacional de “negligentes” por no realizar el monitoreo que por ley se establece a las instituciones que reciben a niños.
El especialista señaló que existen deficiencias en los procedimientos relacionados con menores. “El Estado ha abandonado a la asistencia privada a los niños abandonados, cuando su deber es garantizar que se encuentren en las mejores condiciones”.
Señaló que esta situación es “un problema que viene de muchos años atrás”. Ya en 2006 el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas manifestó a México su preocupación por el alto número de niños que son canalizados a instituciones privadas sin que se tenga control de ellas. Recomendó crear un directorio de albergues y una base de datos de los menores.
“Cosa que no existe: no hay registro de dónde vienen los niños y a dónde van. El problema es así de grave”, señaló el titular de la Red por los Derechos de la Infancia.
Sauri consideró el caso de Ilse Michel y siete niños más como un reflejo “de la forma violatoria con la que procede el gobierno en el trato a menores”.
Según el artículo 25 de la Convención de los Derechos del Niño, el Estado está obligado a realizar exámenes periódicos sobre el estado de salud física y mental de los niños que fueron canalizados a alguna institución. Si embargo, este acuerdo internacional es letra muerta no sólo en la ciudad, si no en el resto del país.
La Red por los Derechos de la Infancia consideró necesaria la actualización de normas de protección para menores, en las que debe reducirse la “institucionalización” de niños.
Comentario:
No es ninguna novedad que la autoridad no haga nada frente a la delincuencia y frente a los problemas que enfrentamos los mexicanos. Si de algo habría que acusarlos, entre otras muchas cosas, es de negligencia.
Choque de reos en penal de Cd. Juárez.
Noticia:
Lo que comenzó poco antes del mediodía de ayer como un motín en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ciudad Juárez, se trató —según autoridades municipales y carcelarias— de una “riña” entre internos, sin el reporte de víctimas fatales.
Sin embargo, horas antes de la trifulca, mensajes que circularon en internet advirtieron sobre una “limpia” en el penal municipal de Ciudad Juárez. Señalaban que grupos criminales ajustarían cuentas con ciertos adversarios.
Información oficial de los hechos indicó, por su parte, que el disturbio inició debido a una discusión en la celda 15, protagonizada por algunos presos de la celda doble A.
Jaime Torres Valadez, vocero del gobierno municipal que encabeza el priísta José Reyes Ferriz, comentó que los custodios del penal, apoyados por elementos de la Policía Federal, del Cuerpo de Inteligencia Policial (Cipol) y de la Policía Municipal, lograron someter a los reclusos casi tres horas después de que inició el disturbio.
La gresca —en calidad de “bienvenida”, de acuerdo con algunos familiares de los internos—, se registró a menos de una semana de que Rafael Morales Zapata tomó posesión como director del penal, luego de que Verónica Jaramillo sustituyera a Salvador Barreno Chávez, tras ser asesinado con su escolta Jorge Agüero Hernández, en julio de 2008.
En un principio, versiones señalaban sobre del deceso de tres personas, una de ellas custodio del penal, y que la situación estaba fuera de control, con un número indeterminado de heridos.
El vocero municipal precisó que el arribo de los agentes municipales, estatales y federales, con apoyo militar, se concretó después de la detonación de armas de fuego. Descartó el reporte de muertes y dijo que sólo se habían registrado lesionados por golpes.
Anticipan motín por internet
Desde temprano, integrantes de bandas criminales habían advertido en mensajes de internet que horas más tarde se produciría un motín en el Cereso municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Según el texto publicado en el canal quitapuercos, de la página electrónica de videos YouTube, la agresión sería parte de la “limpia” que llevan a cabo estos grupos y que habían provocado los enfrentamientos un día antes en Villa Ahumada, con saldo de 21 muertos.
En el canal, frecuentemente utilizado para intercambiar insultos y mensajes en clave por parte de presuntos narcotraficantes, apareció: “Hay vamos al cherry por todos los rayados.... saludos”, que en el lenguaje de las pandillas locales se traduciría como: “Vamos al Cereso a enfrentarnos con los de la Línea”, grupo ejecutor del cártel de Juárez.
El mensaje esta firmado por presuntos miembros del cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, acérrimos enemigos del cártel de Juárez.
Encuentran armas “hechizas”
Luego de que el penal entró en calma, cerca de las 15:00 horas de ayer, autoridades carcelarias iniciaron una inspección minuciosa para ubicar anomalías dentro y fuera de esa prisión.
En las inmediaciones del Cereso sobrevoló un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Y en el interior, apuntó el vocero Torres Valadez, se valoraron los daños ocasionados a las instalaciones, así como la salud de las personas que resultaron con algunos golpes.
Asimismo, informó que durante las revisiones celda por celda, se logró el aseguramiento de armas blancas hechizas (fabricadas por los mismos internos).
En el cateo fueron decomisadas “armas de fuego hechizas”, puntas de varillas y armas cortantes, además de cartuchos percutidos de escopeta.
Aseguran escopetas
Autoridades de seguridad informaron del aseguramiento de siete escopetas hechizas calibre 12 milímetros, además de puntas y varillas utilizadas como armas. Estos artefactos, indicaron, fueron encontrados en las celdas de los internos y se presume que en el interior guardan armas de fuego, pero no fueron localizadas.
Durante el motín, un reo se apoderó de un radio de comunicación con el cual amenazó al grupo contrario, diciendo que él pertenecía al grupo de Los Artistas Asesinos.
Hasta el cierre de la edición, las autoridades no habían dado a conocer la identidad de los internos lesionados en la rebelión.
Por su parte, paramédicos y socorristas de la Cruz Roja informaron que sus servicios no fueron requeridos, aunque varias personas mencionaron que al inicio de la refriega se escucharon ráfagas de armas de fuego y que se podía ver a varios internos en los techos de las habitaciones disparando.
Comentario:
A todas luces se que que las autoridades son incapacez de poner un alto a la delincuencia. No pueden controlar lo que sucede en la calle y ahora en los penales. ¿Hasta cuando?
Lo que comenzó poco antes del mediodía de ayer como un motín en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ciudad Juárez, se trató —según autoridades municipales y carcelarias— de una “riña” entre internos, sin el reporte de víctimas fatales.
Sin embargo, horas antes de la trifulca, mensajes que circularon en internet advirtieron sobre una “limpia” en el penal municipal de Ciudad Juárez. Señalaban que grupos criminales ajustarían cuentas con ciertos adversarios.
Información oficial de los hechos indicó, por su parte, que el disturbio inició debido a una discusión en la celda 15, protagonizada por algunos presos de la celda doble A.
Jaime Torres Valadez, vocero del gobierno municipal que encabeza el priísta José Reyes Ferriz, comentó que los custodios del penal, apoyados por elementos de la Policía Federal, del Cuerpo de Inteligencia Policial (Cipol) y de la Policía Municipal, lograron someter a los reclusos casi tres horas después de que inició el disturbio.
La gresca —en calidad de “bienvenida”, de acuerdo con algunos familiares de los internos—, se registró a menos de una semana de que Rafael Morales Zapata tomó posesión como director del penal, luego de que Verónica Jaramillo sustituyera a Salvador Barreno Chávez, tras ser asesinado con su escolta Jorge Agüero Hernández, en julio de 2008.
En un principio, versiones señalaban sobre del deceso de tres personas, una de ellas custodio del penal, y que la situación estaba fuera de control, con un número indeterminado de heridos.
El vocero municipal precisó que el arribo de los agentes municipales, estatales y federales, con apoyo militar, se concretó después de la detonación de armas de fuego. Descartó el reporte de muertes y dijo que sólo se habían registrado lesionados por golpes.
Anticipan motín por internet
Desde temprano, integrantes de bandas criminales habían advertido en mensajes de internet que horas más tarde se produciría un motín en el Cereso municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Según el texto publicado en el canal quitapuercos, de la página electrónica de videos YouTube, la agresión sería parte de la “limpia” que llevan a cabo estos grupos y que habían provocado los enfrentamientos un día antes en Villa Ahumada, con saldo de 21 muertos.
En el canal, frecuentemente utilizado para intercambiar insultos y mensajes en clave por parte de presuntos narcotraficantes, apareció: “Hay vamos al cherry por todos los rayados.... saludos”, que en el lenguaje de las pandillas locales se traduciría como: “Vamos al Cereso a enfrentarnos con los de la Línea”, grupo ejecutor del cártel de Juárez.
El mensaje esta firmado por presuntos miembros del cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, acérrimos enemigos del cártel de Juárez.
Encuentran armas “hechizas”
Luego de que el penal entró en calma, cerca de las 15:00 horas de ayer, autoridades carcelarias iniciaron una inspección minuciosa para ubicar anomalías dentro y fuera de esa prisión.
En las inmediaciones del Cereso sobrevoló un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Y en el interior, apuntó el vocero Torres Valadez, se valoraron los daños ocasionados a las instalaciones, así como la salud de las personas que resultaron con algunos golpes.
Asimismo, informó que durante las revisiones celda por celda, se logró el aseguramiento de armas blancas hechizas (fabricadas por los mismos internos).
En el cateo fueron decomisadas “armas de fuego hechizas”, puntas de varillas y armas cortantes, además de cartuchos percutidos de escopeta.
Aseguran escopetas
Autoridades de seguridad informaron del aseguramiento de siete escopetas hechizas calibre 12 milímetros, además de puntas y varillas utilizadas como armas. Estos artefactos, indicaron, fueron encontrados en las celdas de los internos y se presume que en el interior guardan armas de fuego, pero no fueron localizadas.
Durante el motín, un reo se apoderó de un radio de comunicación con el cual amenazó al grupo contrario, diciendo que él pertenecía al grupo de Los Artistas Asesinos.
Hasta el cierre de la edición, las autoridades no habían dado a conocer la identidad de los internos lesionados en la rebelión.
Por su parte, paramédicos y socorristas de la Cruz Roja informaron que sus servicios no fueron requeridos, aunque varias personas mencionaron que al inicio de la refriega se escucharon ráfagas de armas de fuego y que se podía ver a varios internos en los techos de las habitaciones disparando.
Comentario:
A todas luces se que que las autoridades son incapacez de poner un alto a la delincuencia. No pueden controlar lo que sucede en la calle y ahora en los penales. ¿Hasta cuando?
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