Noticia:
La red social MySpace entregó a dos procuradores de justicia estatales en Estados Unidos los nombres de 90 mil delincuentes sexuales que eliminó de su sistema en respuesta a una orden judicial.
Esta cantidad rebasa en 40 mil perfiles el número de ofensores de los que tenía conocimiento MySpace, según el procurador de Connecticut Richard Blumenthal, quien junto a su homólogo de Carolina del Norte presiona a las redes sociales para que adopten más medidas de seguridad.
"Cerca de 100 mil delincuentes sexuales mezclados con jóvenes en internet es absolutamente inaceptable", dijo que Blumenthal. "Por cada uno de ellos, debe haber otros cientos usando falsos nombres y edades".
El año pasado, las redes sociales MySpace y Facebook acordaron implementar medidas de seguridad después de que fueron criticados por no hacer nada para proteger a los menores de los predadores sexuales que buscan víctimas en internet.
Facebook, con sede en Palo Alto, California, dijo que aún se encuentra en pláticas con el procurados Blumenthal para responder a una orden similar.
La develación revive el debate de si las redes sociales son el "paraíso" para los delincuentes sexuales. "Esto es sólo la punta del iceberg en MySpace, pues los nombres corresponden a los delincuentes sexuales convictos", dijo John A. Phillips, jefe ejecutivo de Aristotle, una compañía que suministra tecnologías para verificar las identidades de usuarios a empresas.
La medida que tomó la red social derivó de un reporte creado por el Internet Safety Technical Task Force, un panel creado por 49 procuradores de justicia que consideran que el tema es más serio de lo que se que pensaba.
Comentario:
Buena medida. No hay que confundir libertad con libertinaje.
miércoles, 4 de febrero de 2009
Descartan regular cibercampañas.
Noticia:
El consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) Virgilio Andrade aseguró que por el momento no hay ningún proyecto para reglamentar las campañas en medios virtuales, sea en páginas como YouTube o en comunidades virtuales como Facebook, Hi5 o MySpace.
No obstante, reconoció que están considerando en el órgano electoral solicitar que se registre el gasto erogado por uso de estos medios publicitarios.
Durante una charla en línea con usuarios de EL UNIVERSAL, Andrade rechazó que hasta el momento haya algún convenio con el sitio de videos en la red para prohibir la difusión de contenidos electorales de corte propagandístico o crítico hacia algún candidato, como se ha especulado en medios.
El consejero electoral admitió que puede pulular por internet la propaganda negativa de ciudadanos contra partidos, de no presentarse denuncias expresas por cada caso.
La propaganda calumniosa se analiza únicamente a petición de parte, independientemente del medio en el que se transmita. Si no hay una denuncia previa, el IFE no interviene, “en absoluto, en nada”, sentenció.
El IFE no actúa de oficio, nunca va a actuar de oficio frente a la propaganda calumniosa o denigratoria porque la ley se lo prohíbe, señaló al ser entrevistado en la sede de dicho instituto.
Solamente que un partido se queje por presunta propaganda de otro partido el IFE puede actuar. Si es un particular, se debe demostrar que hay un partido detrás de él para intervenir directamente.
“La denuncia tiene que ser en contra de un partido o si se cree que detrás de alguna propaganda de este tipo hay algún partido”, insistió el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE.
Ante denuncias expresas, dependiendo del caso, se solicita a los administradores del portal o a los administradores jurídicos para que intervengan. Habrá casos de portales que no se administran en México, pero hasta que ocurra, entonces se abrirán procedimientos “casuísticos”, señaló.
“Es el mundo casuístico, es un asunto inevitable en una dinámica como la electoral. La dimensión de la propaganda emitida por ciudadanos, presuntamente denigratoria a juicio de alguien que se sienta agraviado, entra en el mundo casuístico”.
Aún así, aseguró que no habrá vacíos, “todo eso se tendrá que analizar de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo, lugar y sujeto a los criterios generales con los que una autoridad analiza un caso”.
Nunca hay vacíos, porque la autoridad está obligada a atender, por la vía reglamentaria o por la vía casuística, las denuncias que se le presenten. Si es por esta última vía, hay criterios desarrollados a lo largo del tiempo que se pueden aplicar.
Comentario:
El hecho de no regular desde un principio una campaña por Internet es un gran vacío legal. Digan lo que digan.
El consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) Virgilio Andrade aseguró que por el momento no hay ningún proyecto para reglamentar las campañas en medios virtuales, sea en páginas como YouTube o en comunidades virtuales como Facebook, Hi5 o MySpace.
No obstante, reconoció que están considerando en el órgano electoral solicitar que se registre el gasto erogado por uso de estos medios publicitarios.
Durante una charla en línea con usuarios de EL UNIVERSAL, Andrade rechazó que hasta el momento haya algún convenio con el sitio de videos en la red para prohibir la difusión de contenidos electorales de corte propagandístico o crítico hacia algún candidato, como se ha especulado en medios.
El consejero electoral admitió que puede pulular por internet la propaganda negativa de ciudadanos contra partidos, de no presentarse denuncias expresas por cada caso.
La propaganda calumniosa se analiza únicamente a petición de parte, independientemente del medio en el que se transmita. Si no hay una denuncia previa, el IFE no interviene, “en absoluto, en nada”, sentenció.
El IFE no actúa de oficio, nunca va a actuar de oficio frente a la propaganda calumniosa o denigratoria porque la ley se lo prohíbe, señaló al ser entrevistado en la sede de dicho instituto.
Solamente que un partido se queje por presunta propaganda de otro partido el IFE puede actuar. Si es un particular, se debe demostrar que hay un partido detrás de él para intervenir directamente.
“La denuncia tiene que ser en contra de un partido o si se cree que detrás de alguna propaganda de este tipo hay algún partido”, insistió el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE.
Ante denuncias expresas, dependiendo del caso, se solicita a los administradores del portal o a los administradores jurídicos para que intervengan. Habrá casos de portales que no se administran en México, pero hasta que ocurra, entonces se abrirán procedimientos “casuísticos”, señaló.
“Es el mundo casuístico, es un asunto inevitable en una dinámica como la electoral. La dimensión de la propaganda emitida por ciudadanos, presuntamente denigratoria a juicio de alguien que se sienta agraviado, entra en el mundo casuístico”.
Aún así, aseguró que no habrá vacíos, “todo eso se tendrá que analizar de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo, lugar y sujeto a los criterios generales con los que una autoridad analiza un caso”.
Nunca hay vacíos, porque la autoridad está obligada a atender, por la vía reglamentaria o por la vía casuística, las denuncias que se le presenten. Si es por esta última vía, hay criterios desarrollados a lo largo del tiempo que se pueden aplicar.
Comentario:
El hecho de no regular desde un principio una campaña por Internet es un gran vacío legal. Digan lo que digan.
Acepta Obama: "metí la pata" con Daschle.
Noticia:
En medio de una precipitada cadena de renuncias, el presidente Barack Obama reconoció públicamente haber “metido la pata” en el manejo del escándalo que desembocó ayer con la sorpresiva renuncia de Tom Daschle a su designación como secretario de Salud.
“Metí la pata, cometí un error y seguramente no será el último que cometeré durante mi mandato”, dijo Obama en un insólito arranque de sinceridad nada habitual en un presidente que, además, dejó en evidencia su decisión no sólo de no escurrir el bulto, sino de dejar constancia del grado de dificultad que implica el tratar de cambiar los vicios y costumbres que han regido la vida política en Washington durante las últimas décadas.
“Me siento frustrado conmigo mismo y con mi equipo”, reconoció Obama con el gesto adusto durante una ronda de entrevistas concedidas a distintas cadenas de televisión en las que decidió responder públicamente a la primera crisis desatada en la conformación de su gabinete.
“Es importante dejar claro el mensaje de que no hay dos tipos de reglas, uno para la gente corriente y otro para las personalidades”, agregó.
“Lo importante es volver a poner esto en marcha”, dijo Obama al reconocer que Dasch- le cometió un error “sin intención, pero importante” que habría colocado a su gobierno frente a un pelotón de críticos que le habrían recordado sus promesas de cambio y regeneración en el gobierno.
“El presidente sabía que cambiar las prácticas que han pervivido durante décadas en Washington no iba a ser cosa fácil y sobre todo que no lo íbamos a conseguir en las primeras dos semanas”, reconoció el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, en un explícito reconocimiento de las fallas que han salido a relucir en el proceso de selección de unos candidatos que al final se han estrellado con los elevados estándares de ética que ha impuesto el mandatario Obama.
La sorpresiva salida de Daschle, que se veía obligado a dimitir por un escándalo de evasión fiscal y por sus gestiones oficiosas en favor de las poderosas corporaciones farmacéuticas, se produjo el mismo día en que la candidata a supervisar el gasto y el presupuesto, Nancy Killefer, se veía también obligada a retirar su candidatura por problemas con el fisco.
Con estas ya son tres las bajas que la administración Obama ha tenido que aceptar desde que el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, renunció a su investidura como secretario de Comercio en medio de una investigación judicial por un presunto tráfico de influencias.
La polvareda que ha dejado tras de sí la voluntaria retirada de Daschle ha dejado en evidencia la difícil determinación de Obama de romper con los hábitos y las prácticas que han creado una enmarañada red de intereses creados donde la frontera entre lo público y lo privado se había convertido en una delgada línea divisoria pero que, en el inicio de la nueva administración Obama, se ha transformado en un muro infranqueable.
Nada más al confirmarse la renuncia de Tom Daschle a la Secretaría de Salud, algunos miembros del Partido Republicano consideraban que su salida es lo mejor que le ha pasado al presidente Obama:
“Lo cierto es que Tom Daschle habría tenido muchas dificultades a la hora de explicar no sólo sus problemas con el fisco, sino sus relaciones con algunas firmas de cabilderos que le llegaron a pagar hasta 2 millones de dólares”, consideró el senador republicano por Nevada, John Ensign.
Judd Gregg, a Comercio
Las renuncias tanto de Daschle como de Killefer, ambos candidatos a ocupar posiciones clave en el gabinete Obama, coincidían ayer con la designación del senador republicano, Judd Gregg, como futuro secretario de Comercio.
La elección de Gregg a ocupar el puesto que había dejado vacante Bill Richardson, convertirá a este senador por New Hampshire en el tercer republicano en el gabinete Obama y en un poderoso aliado para apuntalar en el Congreso los apoyos necesarios para sacar adelante su plan de estímulo económico.
Comentario:
Asegurar que no volverá a cometer un error es muy aventurado. Los políticos también son seres humanos y todos cometemos errores. ¿Será que no se dan cuenta de que son seres humanos? ¿creeran que no cometen errores?
En medio de una precipitada cadena de renuncias, el presidente Barack Obama reconoció públicamente haber “metido la pata” en el manejo del escándalo que desembocó ayer con la sorpresiva renuncia de Tom Daschle a su designación como secretario de Salud.
“Metí la pata, cometí un error y seguramente no será el último que cometeré durante mi mandato”, dijo Obama en un insólito arranque de sinceridad nada habitual en un presidente que, además, dejó en evidencia su decisión no sólo de no escurrir el bulto, sino de dejar constancia del grado de dificultad que implica el tratar de cambiar los vicios y costumbres que han regido la vida política en Washington durante las últimas décadas.
“Me siento frustrado conmigo mismo y con mi equipo”, reconoció Obama con el gesto adusto durante una ronda de entrevistas concedidas a distintas cadenas de televisión en las que decidió responder públicamente a la primera crisis desatada en la conformación de su gabinete.
“Es importante dejar claro el mensaje de que no hay dos tipos de reglas, uno para la gente corriente y otro para las personalidades”, agregó.
“Lo importante es volver a poner esto en marcha”, dijo Obama al reconocer que Dasch- le cometió un error “sin intención, pero importante” que habría colocado a su gobierno frente a un pelotón de críticos que le habrían recordado sus promesas de cambio y regeneración en el gobierno.
“El presidente sabía que cambiar las prácticas que han pervivido durante décadas en Washington no iba a ser cosa fácil y sobre todo que no lo íbamos a conseguir en las primeras dos semanas”, reconoció el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, en un explícito reconocimiento de las fallas que han salido a relucir en el proceso de selección de unos candidatos que al final se han estrellado con los elevados estándares de ética que ha impuesto el mandatario Obama.
La sorpresiva salida de Daschle, que se veía obligado a dimitir por un escándalo de evasión fiscal y por sus gestiones oficiosas en favor de las poderosas corporaciones farmacéuticas, se produjo el mismo día en que la candidata a supervisar el gasto y el presupuesto, Nancy Killefer, se veía también obligada a retirar su candidatura por problemas con el fisco.
Con estas ya son tres las bajas que la administración Obama ha tenido que aceptar desde que el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, renunció a su investidura como secretario de Comercio en medio de una investigación judicial por un presunto tráfico de influencias.
La polvareda que ha dejado tras de sí la voluntaria retirada de Daschle ha dejado en evidencia la difícil determinación de Obama de romper con los hábitos y las prácticas que han creado una enmarañada red de intereses creados donde la frontera entre lo público y lo privado se había convertido en una delgada línea divisoria pero que, en el inicio de la nueva administración Obama, se ha transformado en un muro infranqueable.
Nada más al confirmarse la renuncia de Tom Daschle a la Secretaría de Salud, algunos miembros del Partido Republicano consideraban que su salida es lo mejor que le ha pasado al presidente Obama:
“Lo cierto es que Tom Daschle habría tenido muchas dificultades a la hora de explicar no sólo sus problemas con el fisco, sino sus relaciones con algunas firmas de cabilderos que le llegaron a pagar hasta 2 millones de dólares”, consideró el senador republicano por Nevada, John Ensign.
Judd Gregg, a Comercio
Las renuncias tanto de Daschle como de Killefer, ambos candidatos a ocupar posiciones clave en el gabinete Obama, coincidían ayer con la designación del senador republicano, Judd Gregg, como futuro secretario de Comercio.
La elección de Gregg a ocupar el puesto que había dejado vacante Bill Richardson, convertirá a este senador por New Hampshire en el tercer republicano en el gabinete Obama y en un poderoso aliado para apuntalar en el Congreso los apoyos necesarios para sacar adelante su plan de estímulo económico.
Comentario:
Asegurar que no volverá a cometer un error es muy aventurado. Los políticos también son seres humanos y todos cometemos errores. ¿Será que no se dan cuenta de que son seres humanos? ¿creeran que no cometen errores?
72 horas de tinieblas.
Reportaje:
La tarde del 26 de noviembre (2008) Juan José, de 5 años, se extravió. Así comenzó esta súbita historia, que después se reveló como un secuestro que culminaría con su muerte. Jugaba entre los puestos del tianguis donde trabajan sus padres, en la colonia Escuadrón 201 (Distrito Federal), cuando unos comerciantes lo llamaron alrededor de las 17:30 horas. Confiado, accedió a irse con ellos.
Media hora más tarde sus padres lo buscaron. Nadie sabía nada. Solicitaron el auxilio de los tripulantes de una patrulla de la policía preventiva, quienes emprendieron el rastreo. El padre acudió a la agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Iztapalapa, donde le explicaron que podría iniciar una averiguación previa dentro de 72 horas, tiempo que dijeron necesitar para asegurarse de que se trataba de un extravío o un robo. Por la noche familiares, amigos y vecinos se organizaron para buscarlo y pidieron apoyo a la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos.
Los padres supieron a la mañana siguiente que se trataba de un secuestro, al recibir la llamada de los captores exigiéndoles 300 mil pesos, lo cual denunciaron a las autoridades. Un noticiero televisivo nocturno difundió ese día la foto del menor, informando que había sido robado. Sus familiares creen que esto intimidó a los secuestradores, pues no volvieron a llamar.
Un taxista que lo vio en televisión les llamó para avisarles que él había trasladado a una casa en Los Reyes La Paz (estado de México) a unos hombres con los que iba Juan José. Los padres volvieron a la agencia del MP y hasta entonces, más de 24 horas después, comenzó la búsqueda institucional.
A los cinco días, agentes de la Procuraduría General de Justicia del DF capturaron a cinco presuntos implicados en el crimen y localizaron el cadáver de Juan José enterrado en La Joya, paraje de Los Reyes La Paz. Los padres y la presidenta de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, María Elena Solís, piensan que si los agentes del MP hubieran actuado de inmediato el niño quizás estaría vivo.
Las primeras 72 horas, cruciales
Cada año desaparecen en México unos 45 mil menores de 18 años, principalmente en el Distrito Federal, estado de México y Jalisco, calcula México Unido contra la Delincuencia. Las cifras oficiales más recientes son de 2006, cuando la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos (de la PGR) y la Policía Cibernética (de la PFP) registraron el secuestro de 12 mil niños con fines de explotación laboral y sexual.
Rubén Alvarado, especialista de la UNAM, señala que ningún procedimiento judicial establece un tiempo para que los agentes del MP inicien una averiguación previa y la búsqueda, pero en todos los estados las autoridades esperan, según sus criterios, alrededor de 72 horas, aduciendo que en tal lapso puede tenerse certeza sobre las causas de la ausencia. Y coincide con organizaciones civiles en que esto viola la Convención Sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya, que obligan a los Estados a actuar con diligencia ante denuncias de desaparición.
Esto es porque las primeras horas son cruciales para la localización de una persona extraviada; en ese lapso un número indeterminado de niños, niñas y mujeres ha sido desaparecido, sustraído o asesinado.
Trámites sin valor judicial
En Chihuahua se suprimieron las 72 horas de absurda espera, justo porque desde 1993 decenas de mujeres fueron desaparecidas o asesinadas en ese lapso. La Procuraduría de Justicia local impuso en 2006 el llamado “protocolo Alba”, a través del cual se activa una alerta para iniciar la búsqueda de niñas y mujeres reportadas como desaparecidas y que se consideran de “alto riesgo”, al sospecharse que las secuestraron.
El problema es que este procedimiento, advierte Marilú Andrade, de la Asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, es cada vez más lento, porque en 2008 desapareció la oficina de esa procuraduría especializada en localizar a mujeres y las agencias del MP están saturadas debido a que en el último año se incrementaron los llamados “levantones” (secuestros con el objetivo de eliminar físicamente a una persona).
El 6 de enero anterior desapareció en Ciudad Juárez, Brenda Berenice Castillo García, de 17 años. Fue el primer caso de 2009. La joven salió a buscar empleo. A la mañana siguiente sus padres presentaron una denuncia en la Procuraduría del estado, la cual emitió una alerta. Dos semanas después se ignora su paradero. “Nos atendieron rápido y dicen que la están buscando, pero no han resuelto nada. Vino un comandante sólo para decirnos que no tenían nada”, refiere su madre.
En 2007, un informe del Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia reportó que cuando una mujer desaparece en Juárez o en la capital de Chihuahua se hace un reporte de Trabajo Social, aunque carece de valor judicial. “El Estado... no promueve que las denuncias se tramiten como delitos, aún con el grave precedente de desapariciones de mujeres que derivan en asesinatos. El Estado viola, de esa manera, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (...) que obliga al Estado a intervenir desde el momento en que se denuncia la desaparición”, asienta el documento.
Desde que se creó el concepto “desapariciones de alto riesgo” en esa procuraduría, acusa el informe, de las 69 mujeres desaparecidas reconocidas como vigentes, sólo un caso en Juárez se considera oficialmente de “alto riesgo”. “La contribución de la PGJE a este concepto es que las autoridades se dieron a la tarea de distinguir a las jóvenes ‘buenas’. Usando este criterio, se procedió a discriminar de sus listados a aquellas que mantenían relaciones de confrontación con sus padres. En estos casos, la PGJE consideraba que tenía argumentos para decir que la mujer simplemente se fue para escapar de su casa”.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (de OEA) mantiene desde 2002 la recomendación al Estado mexicano de actuar con diligencia en las desapariciones de mujeres. En un reporte elaborado después de una visita a Juárez en febrero de ese año, aseguró que “frente a las denuncias de desapariciones, la información recibida por la Comisión Interamericana en casos que datan desde 2001 indica que las primeras medidas de investigación fueron adoptadas, en algunos casos, al cabo de varios días”.
“¿Y si se fue con la novia?”
Adelina Ramírez desconoce desde el 8 de julio de 2007 el paradero de su hijo Marco Antonio Osorio Ramírez, de 13 años. Desapareció en Ixtapaluca (estado de México). Por las tardes acostumbraba jugar con sus vecinos. En aquella ocasión cayó la noche y con ella la noticia de su ausencia. Adelina indagó entre vecinos y amigos. Al día siguiente acudió a la agencia del MP de Ixtapaluca, de donde volvió con la “sugerencia” de aguardar 72 horas. “Me dijeron que primero buscara si se había ido con amigos o con una novia. Me regresé resignada”. Marco Antonio no tiene novia y sus amigos son sus vecinos.
Sulma Campos Mata, directora del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea), del Gobierno del DF, asegura que la mayor parte de los reportes que reciben son de adolescentes de 14 a 18 años que huyen de sus hogares por conflictos familiares.
Por ello, precisa, antes de que intervenga la policía judicial, el área de trabajo social comienza con entrevistas a los familiares, para indagar si hay conflictos o motivos para suponer que alguien escapó. Si es descartado un móvil de este tipo comienzan las investigaciones judiciales. La funcionaria asegura que el procedimiento lleva una o dos horas, aunque en el caso de niños la policía judicial inicia el rastreo de inmediato.
“El problema —agrega— es que muchos de los familiares de las personas ausentes o extraviadas acuden a las agencias del MP más cercanas y es ahí donde les piden esperar 24, 48 o 72 horas. La procuraduría del DF está tomando cartas en el asunto para que se actúe con diligencia y en Capea la búsqueda es inmediata, porque las primeras horas son las más importantes”.
La sustracción de menores
En contraste, 67.4% de los reportes de extravío obedecen a sustracciones ilegales de niños de 4 a 12 años, informa la Secretaría de Seguridad Pública federal, responsable del Registro Nacional de Personas Extraviadas. Es frecuente que uno de los padres decida llevarse a su hijo o hijos para separarlos del otro. El Código Penal Federal establece prisión de tres a diez años al padre que sustraiga fuera del país a un hijo, pero si lo hace en territorio nacional no hay castigo.
Aparte, el procedimiento judicial para devolver a esos menores a su hogar original es tardado. Alejandro Heredia, presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados y Divorciados, señaló que el proceso de localización de los niños sustraídos es largo y engorroso; en caso de que los padres estén en un proceso judicial por la custodia de los hijos, el juez debe enviar un aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, lo cual puede demorar días.
De nuevo, México incumple con lo dispuesto en la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya, según la cual los niños deben ser devueltos a sus hogares en menos de seis semanas, para evitar el desarraigo, sostiene el penalista de la UNAM, Rubén Alvarado.
El de Diego Solano, quien dejó de ver a su hijo hace ocho meses, es un ejemplo. Tras divorciarse, una vez establecido el régimen de visitas, el 10 de mayo de 2008 permitió que su hijo de 3 años conviviera con su mamá, quien originalmente se mudaría a Tijuana, dejando al niño bajo custodia de aquél. “Pasó una semana sin que supiera nada. Cuando le hablé a mi ex esposa para que me dijera qué había pasado, me contestó su pareja para decirme que ya no volvería a ver a mi hijo porque el verme le hacía mucho daño”.
Diego insistió y ella repitió que lo mejor sería que no lo viera más. “La demandé por la sustracción del niño y voy a pelear por tener la patria potestad, pero ni siquiera sé si en medio de todos los trámites sacaron a mi hijo de esa ciudad o del país”.
La tarde del 26 de noviembre (2008) Juan José, de 5 años, se extravió. Así comenzó esta súbita historia, que después se reveló como un secuestro que culminaría con su muerte. Jugaba entre los puestos del tianguis donde trabajan sus padres, en la colonia Escuadrón 201 (Distrito Federal), cuando unos comerciantes lo llamaron alrededor de las 17:30 horas. Confiado, accedió a irse con ellos.
Media hora más tarde sus padres lo buscaron. Nadie sabía nada. Solicitaron el auxilio de los tripulantes de una patrulla de la policía preventiva, quienes emprendieron el rastreo. El padre acudió a la agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Iztapalapa, donde le explicaron que podría iniciar una averiguación previa dentro de 72 horas, tiempo que dijeron necesitar para asegurarse de que se trataba de un extravío o un robo. Por la noche familiares, amigos y vecinos se organizaron para buscarlo y pidieron apoyo a la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos.
Los padres supieron a la mañana siguiente que se trataba de un secuestro, al recibir la llamada de los captores exigiéndoles 300 mil pesos, lo cual denunciaron a las autoridades. Un noticiero televisivo nocturno difundió ese día la foto del menor, informando que había sido robado. Sus familiares creen que esto intimidó a los secuestradores, pues no volvieron a llamar.
Un taxista que lo vio en televisión les llamó para avisarles que él había trasladado a una casa en Los Reyes La Paz (estado de México) a unos hombres con los que iba Juan José. Los padres volvieron a la agencia del MP y hasta entonces, más de 24 horas después, comenzó la búsqueda institucional.
A los cinco días, agentes de la Procuraduría General de Justicia del DF capturaron a cinco presuntos implicados en el crimen y localizaron el cadáver de Juan José enterrado en La Joya, paraje de Los Reyes La Paz. Los padres y la presidenta de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, María Elena Solís, piensan que si los agentes del MP hubieran actuado de inmediato el niño quizás estaría vivo.
Las primeras 72 horas, cruciales
Cada año desaparecen en México unos 45 mil menores de 18 años, principalmente en el Distrito Federal, estado de México y Jalisco, calcula México Unido contra la Delincuencia. Las cifras oficiales más recientes son de 2006, cuando la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos (de la PGR) y la Policía Cibernética (de la PFP) registraron el secuestro de 12 mil niños con fines de explotación laboral y sexual.
Rubén Alvarado, especialista de la UNAM, señala que ningún procedimiento judicial establece un tiempo para que los agentes del MP inicien una averiguación previa y la búsqueda, pero en todos los estados las autoridades esperan, según sus criterios, alrededor de 72 horas, aduciendo que en tal lapso puede tenerse certeza sobre las causas de la ausencia. Y coincide con organizaciones civiles en que esto viola la Convención Sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya, que obligan a los Estados a actuar con diligencia ante denuncias de desaparición.
Esto es porque las primeras horas son cruciales para la localización de una persona extraviada; en ese lapso un número indeterminado de niños, niñas y mujeres ha sido desaparecido, sustraído o asesinado.
Trámites sin valor judicial
En Chihuahua se suprimieron las 72 horas de absurda espera, justo porque desde 1993 decenas de mujeres fueron desaparecidas o asesinadas en ese lapso. La Procuraduría de Justicia local impuso en 2006 el llamado “protocolo Alba”, a través del cual se activa una alerta para iniciar la búsqueda de niñas y mujeres reportadas como desaparecidas y que se consideran de “alto riesgo”, al sospecharse que las secuestraron.
El problema es que este procedimiento, advierte Marilú Andrade, de la Asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, es cada vez más lento, porque en 2008 desapareció la oficina de esa procuraduría especializada en localizar a mujeres y las agencias del MP están saturadas debido a que en el último año se incrementaron los llamados “levantones” (secuestros con el objetivo de eliminar físicamente a una persona).
El 6 de enero anterior desapareció en Ciudad Juárez, Brenda Berenice Castillo García, de 17 años. Fue el primer caso de 2009. La joven salió a buscar empleo. A la mañana siguiente sus padres presentaron una denuncia en la Procuraduría del estado, la cual emitió una alerta. Dos semanas después se ignora su paradero. “Nos atendieron rápido y dicen que la están buscando, pero no han resuelto nada. Vino un comandante sólo para decirnos que no tenían nada”, refiere su madre.
En 2007, un informe del Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia reportó que cuando una mujer desaparece en Juárez o en la capital de Chihuahua se hace un reporte de Trabajo Social, aunque carece de valor judicial. “El Estado... no promueve que las denuncias se tramiten como delitos, aún con el grave precedente de desapariciones de mujeres que derivan en asesinatos. El Estado viola, de esa manera, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (...) que obliga al Estado a intervenir desde el momento en que se denuncia la desaparición”, asienta el documento.
Desde que se creó el concepto “desapariciones de alto riesgo” en esa procuraduría, acusa el informe, de las 69 mujeres desaparecidas reconocidas como vigentes, sólo un caso en Juárez se considera oficialmente de “alto riesgo”. “La contribución de la PGJE a este concepto es que las autoridades se dieron a la tarea de distinguir a las jóvenes ‘buenas’. Usando este criterio, se procedió a discriminar de sus listados a aquellas que mantenían relaciones de confrontación con sus padres. En estos casos, la PGJE consideraba que tenía argumentos para decir que la mujer simplemente se fue para escapar de su casa”.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (de OEA) mantiene desde 2002 la recomendación al Estado mexicano de actuar con diligencia en las desapariciones de mujeres. En un reporte elaborado después de una visita a Juárez en febrero de ese año, aseguró que “frente a las denuncias de desapariciones, la información recibida por la Comisión Interamericana en casos que datan desde 2001 indica que las primeras medidas de investigación fueron adoptadas, en algunos casos, al cabo de varios días”.
“¿Y si se fue con la novia?”
Adelina Ramírez desconoce desde el 8 de julio de 2007 el paradero de su hijo Marco Antonio Osorio Ramírez, de 13 años. Desapareció en Ixtapaluca (estado de México). Por las tardes acostumbraba jugar con sus vecinos. En aquella ocasión cayó la noche y con ella la noticia de su ausencia. Adelina indagó entre vecinos y amigos. Al día siguiente acudió a la agencia del MP de Ixtapaluca, de donde volvió con la “sugerencia” de aguardar 72 horas. “Me dijeron que primero buscara si se había ido con amigos o con una novia. Me regresé resignada”. Marco Antonio no tiene novia y sus amigos son sus vecinos.
Sulma Campos Mata, directora del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea), del Gobierno del DF, asegura que la mayor parte de los reportes que reciben son de adolescentes de 14 a 18 años que huyen de sus hogares por conflictos familiares.
Por ello, precisa, antes de que intervenga la policía judicial, el área de trabajo social comienza con entrevistas a los familiares, para indagar si hay conflictos o motivos para suponer que alguien escapó. Si es descartado un móvil de este tipo comienzan las investigaciones judiciales. La funcionaria asegura que el procedimiento lleva una o dos horas, aunque en el caso de niños la policía judicial inicia el rastreo de inmediato.
“El problema —agrega— es que muchos de los familiares de las personas ausentes o extraviadas acuden a las agencias del MP más cercanas y es ahí donde les piden esperar 24, 48 o 72 horas. La procuraduría del DF está tomando cartas en el asunto para que se actúe con diligencia y en Capea la búsqueda es inmediata, porque las primeras horas son las más importantes”.
La sustracción de menores
En contraste, 67.4% de los reportes de extravío obedecen a sustracciones ilegales de niños de 4 a 12 años, informa la Secretaría de Seguridad Pública federal, responsable del Registro Nacional de Personas Extraviadas. Es frecuente que uno de los padres decida llevarse a su hijo o hijos para separarlos del otro. El Código Penal Federal establece prisión de tres a diez años al padre que sustraiga fuera del país a un hijo, pero si lo hace en territorio nacional no hay castigo.
Aparte, el procedimiento judicial para devolver a esos menores a su hogar original es tardado. Alejandro Heredia, presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados y Divorciados, señaló que el proceso de localización de los niños sustraídos es largo y engorroso; en caso de que los padres estén en un proceso judicial por la custodia de los hijos, el juez debe enviar un aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, lo cual puede demorar días.
De nuevo, México incumple con lo dispuesto en la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya, según la cual los niños deben ser devueltos a sus hogares en menos de seis semanas, para evitar el desarraigo, sostiene el penalista de la UNAM, Rubén Alvarado.
El de Diego Solano, quien dejó de ver a su hijo hace ocho meses, es un ejemplo. Tras divorciarse, una vez establecido el régimen de visitas, el 10 de mayo de 2008 permitió que su hijo de 3 años conviviera con su mamá, quien originalmente se mudaría a Tijuana, dejando al niño bajo custodia de aquél. “Pasó una semana sin que supiera nada. Cuando le hablé a mi ex esposa para que me dijera qué había pasado, me contestó su pareja para decirme que ya no volvería a ver a mi hijo porque el verme le hacía mucho daño”.
Diego insistió y ella repitió que lo mejor sería que no lo viera más. “La demandé por la sustracción del niño y voy a pelear por tener la patria potestad, pero ni siquiera sé si en medio de todos los trámites sacaron a mi hijo de esa ciudad o del país”.
El IFE exige explicación a televisoras.
Noticia:
El Instituto Federal Electoral (IFE) fijó un plazo “sin prórroga” de 24 horas a Televisa, TV Azteca, Cablevisión y SKY para que expliquen la “conducta atípica” que asumieron el pasado fin de semana, al desplegar en bloque propaganda político-electoral, interrumpiendo programas e incluso durante los juegos de futbol.
El plazo vence al mediodía de este miércoles, precisó la institución.
En un comunicado leído por el propio presidente consejero del IFE, Leonardo Valdés Zurita, señala que una vez que las empresas requeridas respondan, se determinará si hay lugar para dar inicio a procedimientos sancionadores contra las cadenas de televisión.
Además, se acordó analizar la información disponible para constatar si otros concesionarios o permisionarios incurrieron en la misma conducta.
El IFE aseguró que “garantiza que tomará las medidas necesarias para que las elecciones federales se lleven a cabo de acuerdo con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
El documento fue emitido luego de una reunión privada entre el Comité de Radio y Televisión de dicho instituto y los representantes de todos los partidos con registro.
El pasado fin de semana, Televisa y TV Azteca transmitieron propaganda político-electoral en bloques continuos de entre dos, cuatro y hasta seis minutos, dentro de sus programaciones.
Indistintamente se interrumpieron programas deportivos, infantiles y culturales con una cortinilla en la que se afirma que “por órdenes del IFE” se tendrán que difundir dichos promocionales.
El IFE señaló que con la información recabada hasta el momento, se detectó la presencia de “conductas atípicas” en la transmisión de promocionales de los partidos políticos y de las autoridades electorales, por lo que envió oficios a estas empresas.
Luego de una reunión de más de cuatro horas, el IFE y los partidos representados en dicho instituto emitieron un comunicado en el que aclaran que desde diciembre pasado se informó a los 2 mil 226 concesionarios sobre las pautas de transmisión.
Dichas pautas son las mismas con las que el IFE administró seis procesos electorales locales; Nayarit, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí y el municipio de Tulum, Quintana Roo.
En ninguno de estos casos se interrumpió la transmisión de eventos deportivos o culturales, advirtió en su comunicado oficial el IFE, mismo que fue presentado por los nueve consejeros ante los medios informativos.
Leonardo Valdés Zurita aclaró que el oficio fue enviado a las televisoras “antes del mediodía” de ayer martes, por lo que los concesionarios deberán presentar su respuesta en un plazo “improrrogable” de 24 horas.
Según el representante del Partido Socialdemócrata (PSD), Miguel González Compeán, Televisa y TV Azteca podrían haber violado los artículos 74 y 350 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
En ambos artículos, aseguró, queda muy claro que los minutos no son acumulables y que las televisoras deben apegarse estrictamente a las pautas.
Por tanto, advirtió que “si hace falta avanzar en una nueva regulación, se tendrá que hacer”.
Por su parte, el representante del PAN en el IFE, Roberto Gil, dijo que el Comité de Radio y Televisión llegó a tres acuerdos preliminares:
Primero, revisar las respuestas que los concesionarios de radio y televisión hagan al requerimiento de información del IFE.
Segundo, plantear algunos ajustes a la normatividad aplicable, revisar algunos criterios y, tercero, hacer un llamado a los partidos políticos para establecer un diálogo y entendimiento con los concesionarios de radio y televisión
Comentario:
¿Entonces el bombardeo de propaganda correspondió a las televisoras?
El Instituto Federal Electoral (IFE) fijó un plazo “sin prórroga” de 24 horas a Televisa, TV Azteca, Cablevisión y SKY para que expliquen la “conducta atípica” que asumieron el pasado fin de semana, al desplegar en bloque propaganda político-electoral, interrumpiendo programas e incluso durante los juegos de futbol.
El plazo vence al mediodía de este miércoles, precisó la institución.
En un comunicado leído por el propio presidente consejero del IFE, Leonardo Valdés Zurita, señala que una vez que las empresas requeridas respondan, se determinará si hay lugar para dar inicio a procedimientos sancionadores contra las cadenas de televisión.
Además, se acordó analizar la información disponible para constatar si otros concesionarios o permisionarios incurrieron en la misma conducta.
El IFE aseguró que “garantiza que tomará las medidas necesarias para que las elecciones federales se lleven a cabo de acuerdo con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
El documento fue emitido luego de una reunión privada entre el Comité de Radio y Televisión de dicho instituto y los representantes de todos los partidos con registro.
El pasado fin de semana, Televisa y TV Azteca transmitieron propaganda político-electoral en bloques continuos de entre dos, cuatro y hasta seis minutos, dentro de sus programaciones.
Indistintamente se interrumpieron programas deportivos, infantiles y culturales con una cortinilla en la que se afirma que “por órdenes del IFE” se tendrán que difundir dichos promocionales.
El IFE señaló que con la información recabada hasta el momento, se detectó la presencia de “conductas atípicas” en la transmisión de promocionales de los partidos políticos y de las autoridades electorales, por lo que envió oficios a estas empresas.
Luego de una reunión de más de cuatro horas, el IFE y los partidos representados en dicho instituto emitieron un comunicado en el que aclaran que desde diciembre pasado se informó a los 2 mil 226 concesionarios sobre las pautas de transmisión.
Dichas pautas son las mismas con las que el IFE administró seis procesos electorales locales; Nayarit, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí y el municipio de Tulum, Quintana Roo.
En ninguno de estos casos se interrumpió la transmisión de eventos deportivos o culturales, advirtió en su comunicado oficial el IFE, mismo que fue presentado por los nueve consejeros ante los medios informativos.
Leonardo Valdés Zurita aclaró que el oficio fue enviado a las televisoras “antes del mediodía” de ayer martes, por lo que los concesionarios deberán presentar su respuesta en un plazo “improrrogable” de 24 horas.
Según el representante del Partido Socialdemócrata (PSD), Miguel González Compeán, Televisa y TV Azteca podrían haber violado los artículos 74 y 350 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
En ambos artículos, aseguró, queda muy claro que los minutos no son acumulables y que las televisoras deben apegarse estrictamente a las pautas.
Por tanto, advirtió que “si hace falta avanzar en una nueva regulación, se tendrá que hacer”.
Por su parte, el representante del PAN en el IFE, Roberto Gil, dijo que el Comité de Radio y Televisión llegó a tres acuerdos preliminares:
Primero, revisar las respuestas que los concesionarios de radio y televisión hagan al requerimiento de información del IFE.
Segundo, plantear algunos ajustes a la normatividad aplicable, revisar algunos criterios y, tercero, hacer un llamado a los partidos políticos para establecer un diálogo y entendimiento con los concesionarios de radio y televisión
Comentario:
¿Entonces el bombardeo de propaganda correspondió a las televisoras?
Extranjeros abandonan bonos del gobierno; el dólar a $14.72
Noticia:
Inversionistas extranjeros se deshicieron de bonos gubernamentales por 11 mil millones de dólares en los últimos seis meses, lo que ha contribuido, según analistas, a la depreciación de la moneda mexicana frente al dólar, que ayer llegó a 14.72 pesos.
De acuerdo con datos del Banco de México, en agosto de 2008 la tenencia de bonos de largo plazo en poder de inversionistas foráneos era de 28 mil 694 millones dólares. Actualmente la cifra es de 17 mil 158 millones, es decir 11 mil 536 millones de dólares menos.
La salida de inversionistas extranjeros se intensificó durante septiembre y octubre pasados, cuando abandonaron bonos por 9 mil 257 millones de dólares.
La situación coincidió con el deterioro del indicador riesgo país, como consecuencia de la turbulencia financiera internacional.
En este contexto, la presión hacia la moneda mexicana llevó ayer la cotización frente al dólar a 14.72 pesos, a pesar de que el banco central inyectó al mercado cambiario 400 millones de dólares.
En la encuesta mensual que el Banco de México realiza entre especialistas del sector privado, los entrevistados coincidieron en que el empleo disminuirá y pronosticaron una pérdida de 201 mil puestos. Además, redujeron sus expectativas de crecimiento para 2009 a un nivel negativo de 1.16%.
Ayer EL UNIVERSAL publicó una entrevista con el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien vaticinó una reducción de 1% del Producto Interno Bruto.
De acuerdo con la dependencia, la contracción representaría una reducción hasta por 45 mil millones de pesos en los ingresos fiscales.
En gira por Campeche, el presidente Felipe Calderón reconoció que el mundo atraviesa por una “fuerte tormenta financiera” y que no engañará a los mexicanos por el impacto que la crisis tenga en el país.
En Estados Unidos, los siete fabricantes de automóviles que tienen plantas en México reportaron en enero un desplome promedio en las ventas de 35.4%.
Comentario:
La presión sobre la moneda está muy fuerte. Si los inversionistas se refugian en el dólar y no le tienen confianza a los bonos gubernamentales, entonces sí que estamos en problemas.
Inversionistas extranjeros se deshicieron de bonos gubernamentales por 11 mil millones de dólares en los últimos seis meses, lo que ha contribuido, según analistas, a la depreciación de la moneda mexicana frente al dólar, que ayer llegó a 14.72 pesos.
De acuerdo con datos del Banco de México, en agosto de 2008 la tenencia de bonos de largo plazo en poder de inversionistas foráneos era de 28 mil 694 millones dólares. Actualmente la cifra es de 17 mil 158 millones, es decir 11 mil 536 millones de dólares menos.
La salida de inversionistas extranjeros se intensificó durante septiembre y octubre pasados, cuando abandonaron bonos por 9 mil 257 millones de dólares.
La situación coincidió con el deterioro del indicador riesgo país, como consecuencia de la turbulencia financiera internacional.
En este contexto, la presión hacia la moneda mexicana llevó ayer la cotización frente al dólar a 14.72 pesos, a pesar de que el banco central inyectó al mercado cambiario 400 millones de dólares.
En la encuesta mensual que el Banco de México realiza entre especialistas del sector privado, los entrevistados coincidieron en que el empleo disminuirá y pronosticaron una pérdida de 201 mil puestos. Además, redujeron sus expectativas de crecimiento para 2009 a un nivel negativo de 1.16%.
Ayer EL UNIVERSAL publicó una entrevista con el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien vaticinó una reducción de 1% del Producto Interno Bruto.
De acuerdo con la dependencia, la contracción representaría una reducción hasta por 45 mil millones de pesos en los ingresos fiscales.
En gira por Campeche, el presidente Felipe Calderón reconoció que el mundo atraviesa por una “fuerte tormenta financiera” y que no engañará a los mexicanos por el impacto que la crisis tenga en el país.
En Estados Unidos, los siete fabricantes de automóviles que tienen plantas en México reportaron en enero un desplome promedio en las ventas de 35.4%.
Comentario:
La presión sobre la moneda está muy fuerte. Si los inversionistas se refugian en el dólar y no le tienen confianza a los bonos gubernamentales, entonces sí que estamos en problemas.
Ejecutan a general y escoltas en Cancún.
Noticia:
El general en retiro Mauro Enrique Tello Quiñónez fue hallado muerto, con huellas de tortura, junto con su asistente el teniente César Román Zúñiga y su chofer Juan Ramírez Sánchez, en un paraje cerca de la carretera libre a Mérida.
El asesinato del militar ocurrió a menos de 24 horas de haber sido designado asesor de seguridad pública del municipio y a 20 días de su llegada a este centro vacacional.
La Procuraduría de Justicia estatal informó que los tres cuerpos fueron hallados a las 4:00 horas de este martes, cerca del poblado Cristóbal Colón.
La dependencia atribuyó las ejecuciones al crimen organizado.
Las víctimas estaban atadas de manos y con huellas de tortura.
El procurador Bello Melchor Rodríguez mencionó que el general fue el más agredido por sus captores. “Presentaba quemaduras en la piel y aparentemente tenía rotos los huesos de las manos y las muñecas”.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado se declaró en alerta máxima y ordenó el reforzamiento de la vigilancia en sus instalaciones y de su personal.
Durante la tarde del martes, helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional sobrevolaron la ciudad y la zona hotelera.
En un comunicado, el alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez, confirmó que el general Tello Quiñónez trabajaba como asesor externo en materia de seguridad pública de este municipio.
Para el gobernador Félix González Canto, el crimen es un “asunto delicado”.
Con la ejecución del general de Brigada en retiro suman dos los militares de alto rango asesinados en Cancún que prestaban sus servicios al ayuntamiento. En 2006, durante la administración del priísta Francisco Alor, fue asesinado el teniente coronel Wilfrido Flores Saucedo.
Comentario:
Son los narcotraficantes o la autoridad. Es la guerra declarada.
El general en retiro Mauro Enrique Tello Quiñónez fue hallado muerto, con huellas de tortura, junto con su asistente el teniente César Román Zúñiga y su chofer Juan Ramírez Sánchez, en un paraje cerca de la carretera libre a Mérida.
El asesinato del militar ocurrió a menos de 24 horas de haber sido designado asesor de seguridad pública del municipio y a 20 días de su llegada a este centro vacacional.
La Procuraduría de Justicia estatal informó que los tres cuerpos fueron hallados a las 4:00 horas de este martes, cerca del poblado Cristóbal Colón.
La dependencia atribuyó las ejecuciones al crimen organizado.
Las víctimas estaban atadas de manos y con huellas de tortura.
El procurador Bello Melchor Rodríguez mencionó que el general fue el más agredido por sus captores. “Presentaba quemaduras en la piel y aparentemente tenía rotos los huesos de las manos y las muñecas”.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado se declaró en alerta máxima y ordenó el reforzamiento de la vigilancia en sus instalaciones y de su personal.
Durante la tarde del martes, helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional sobrevolaron la ciudad y la zona hotelera.
En un comunicado, el alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez, confirmó que el general Tello Quiñónez trabajaba como asesor externo en materia de seguridad pública de este municipio.
Para el gobernador Félix González Canto, el crimen es un “asunto delicado”.
Con la ejecución del general de Brigada en retiro suman dos los militares de alto rango asesinados en Cancún que prestaban sus servicios al ayuntamiento. En 2006, durante la administración del priísta Francisco Alor, fue asesinado el teniente coronel Wilfrido Flores Saucedo.
Comentario:
Son los narcotraficantes o la autoridad. Es la guerra declarada.
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