Juez Garzón pide traslado a Corte Internacional

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El juez español Baltasar Garzón solicitó el martes su traslado a la Corte Penal Internacional en La Haya, donde se incorporaría como asesor a la oficina del fiscal, que dirige el argentino Luis Moreno Ocampo.

Muchos simpatizantes habían pedido reiteradamente a Garzón que buscará un nuevo destino para evitarse la más que posible suspensión a la que se enfrenta en España, donde está siendo investigado por prevaricación -el delito de dictar a sabiendas una resolución injusta- en tres procesos diferentes.

Garzón, famoso por instruir casos como el del ex dictador chileno Augusto Pinochet, pidió una excedencia inicial por un periodo de siete meses, por lo que formalmente ni dimite ni renuncia a su plaza como magistrado de la Audiencia Nacional española.

La Audiencia explicó que fue Moreno Ocampo quien ofreció el puesto a Garzón. En su nuevo destino, el juez español sería un consultor externo en el desarrollo de nuevas técnicas de investigación de la fiscalía.

Su despacho estaría en La Haya, pero podría viajar a países como Congo, Sudán y Colombia, en los que la Corte tiene causas abiertas.

El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces en España, deberá decidir el miércoles si autoriza el traslado.

No obstante, Garzón todavía podría ser juzgado por su fallida investigación de los crímenes del franquismo, el caso que más cerca está de sentarle en el banquillo de los acusados. De ser condenado, enfrenta un período de inhabilitación en España de hasta 20 años, pero podría seguir trabajando en La Haya.

Pensión de lujo a ex ministros.

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Los ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) gozan de una pensión anual neta cercana a los 2 millones de pesos.

Incluso, tienen a su disposición un chofer y un auxiliar vitalicio, un aguinaldo de 40 días, un seguro de gastos médicos mayores y hasta el pago de comidas en restaurantes, con cargo a la Corte.

Entre los 35 ministros que reciben pensión destacan al menos siete abogados que no ejercieron ni dos años el puesto, como el ex procurador Diego Valadés y el ex fiscal del caso Colosio, Miguel Montes.

También se cuentan Victoria Adato Green, quien desde hace ochos años ocupa diversos cargos en la CNDH, y el ex diputado Miguel Ángel García Domínguez, quien mientras cobraba como tal en la anterior legislatura, también fue pensionado.

Comentario:

Se entiende que es un trabajo que requiere de mucha preparación para pertenecer a la Suprema Corte de Justicia, pero, la jubilación ¿no es excesiva? Me parece que incluso es similar a la de un presidente de la República y ¿no se toman en cuenta los años en que la persona pertenece y labora en dicha institución?

¿Cómo es posible que reciban la misma jubilación, personajes que tuvieron un paso meteórico y su desempeño dejó mucho que desear?