Noticia:
Vecinos de la colonia Buenavista acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para quejarse por la omisión de las autoridades del Distrito Federal, por no atender las múltiples denuncias interpuestas por el desorden del sexoservicio en esa zona.
Ello fue luego de que el pasado sábado tuvieron una reunión con el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, quien luego de escuchar las quejas, entre las que resalta la presencia de menores de edad que ejercen la prostitución, les contestó que esperaran dos semanas para darles una respuesta.
“¿Qué es lo que esperan, que también le iniciemos una denuncia penal por omisión al jefe de Gobierno para así llamar la atención?”, le indicó David Mondragón, representante de la Asociación de Vecinos de Buenavista, al subsecretario capitalino.
En los últimos seis años se han iniciado más de 15 denuncias penales contra autoridades, sobre todo delegacionales y de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP-DF) por no hacer su labor ante las decenas de quejas.
Demandas añejas
Desde 2006, señala Mondragón, creció el problema del sexoservicio, robos, adicciones y homicidios en la colonia, en la que también se asienta el inmueble delegacional. Las quejas crecieron y la falta de atención siguió.
En 2007, acudieron por primera vez a la CNDH por el mismo motivo: falta de atención a las denuncias vecinales; al organismo se le indicó que ni la Secretaría de Seguridad Pública local, ni la delegación Cuauhtémoc, ni la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica han atendido la problemática.
La protesta también alcanzó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), pero su homóloga nacional, decidió entonces desechar el recurso de queja al considerar que la local daba el seguimiento requerido al asunto.
Al igual que han hecho los afectados por los casos New’s Divine y Casitas del Sur, los vecinos de Buenavista piden, nuevamente, la intervención del organismo que preside José Luis Soberanes, al no obtener resultados favorables por parte de autoridad alguna de la ciudad de México.
Documentan sexoservicio
La diputada Carmen Segura Rangel, de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha intervenido a favor de los colonos, y en cartas dirigidas al jefe de la policía, Manuel Mondragón, y al procurador, Miguel Ángel Mancera, les ha pedido indagar el asunto de la presencia de menores de edad en la prostitución de Buenavista.
David Mondragón cuenta con un amplio expediente que muestra que, en efecto, desde 2004 han pedido atención a varias instancias gubernamentales. También ha reunido información de averiguaciones previas sobre decenas de crímenes cometidos en hoteles de de la zona, muchos de ellos contra mujeres, pero muchos otros realizados por prostitutas que narcotizan a sus clientes para robarlos.
Su “colección” de pruebas de la problemática de su comunidad abarca videos en los que se observa que desde temprano, sexoservidores se drogan e ingieren bebidas en la calle.
Las imágenes también dan cuenta de la forma en que varios y varias, se pasean con ropas diminutas y transparentes, no obstante de estar en una zona habitacional.
Mostrando entradas con la etiqueta Prostitución.. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Prostitución.. Mostrar todas las entradas
viernes, 3 de julio de 2009
sábado, 20 de junio de 2009
Acusan lucha por control de prostitución en Mérida.
Noticia:
Una activa red de prostitución, que incluye la trata de menores de edad, es dirigida por la costarricense Keisy González Corrales La Madam y la yucateca Gloria Carrera Domínguez, quienes pelean por el control del mercado en todos los “nigths clubs” ubicados en la periferia de Mérida, así como en la avenida Jacinto Canek, y en el municipio conurbado de Kanasín.
En esos lugares, niñas de entre 14 y 15 años ofrecen sus servicios obligadas o atraídas con la promesa de ganar miles de pesos por parte de los integrantes de una red con muchas vertientes y tentáculos, según versiones de taxistas y meseros.
La existencia de la red de prostitución es investigada por las autoridades estatales y federales, luego de que la semana pasada dos mujeres costarricenses fueron liberadas por la policía en una casa de la colonia México Oriente, en Mérida, donde dijeron que estaban secuestradas y que eran obligadas a prostituirse.
Las dos mujeres, que ya fueron deportadas a su país, acusaron de lenocinio al delegado en Yucatán del Instituto Nacional de Migración, Hernán Vega Burgos, quien renunció al cargo y posteriormente obtuvo un amparo tras rechazar las denuncias.
Casas y servicios exclusivos
La red de prostitución de menores de edad tiene en establecimientos registrados como “Casas de masaje”, el aparador ideal para su lucrativo negocio.
En Mérida es común que se anuncien y ofrezcan sus servicios con tarifas diversas, sitios exclusivos, nuevas técnicas y personal joven y elegante, sobre todo, para señores de edad madura y de cómoda posición económica.
Las casas de masajes operan mediante “contactos” vinculados a los “nigths clubs”, como es el caso de “Raymundo”, supuesto colaborador cercano a Keisy González Corrales, y que también se encarga de vigilar a las jóvenes que, maquilladas en exceso, se presentan como “expertas masajistas” y vistiendo ropa diminuta.
Pero también se ofertan “servicio a domicilio”, que involucra principalmente a extranjeras o mujeres de otros estados del país, cuyas edades oscilan entre los 16 y 24 años, muchas de ellas originarias de Cuba, Costa Rica y Guatemala, o bien, de los estados de Tabasco, Chiapas y hasta el norteño Nuevo León.
Además, se publicitan servicios de masaje o para fiestas particulares y “servicios privados” a través de teléfonos celulares.
Una historia de amor
La red de prostitución que controlan Keisy González Corrales La Madam y Gloria Carrera Domínguez, ambas buscadas por la justicia, continuó operando a pesar de que hace 13 meses uno de sus “contactos”, Adrián Morales Flores, fue detenido acusado de lenocinio, según reveló González Corrales en entrevista con EL UNIVERSAL.
La detención de “Adrián” es conocida y divulgada por taxistas y meseros, porque involucró a Fabiola García Alzaga, de 15 años, una de las jóvenes que trabajaba para una de las madam”.
Adrián Morales Flores era un taxista pirata de 28 años, quien al principio transportaba a las jóvenes a los sexoservicios contratados y después trabajó para las dos “madam” como encargado de comprar tarjetas para recargas de los celulares que portaban las niñas y de los anuncios de las casas de masajes.
Según la historia, Adrián se enamoró de Fabiola y la sacó de la red de prostitución, lo que enfureció a Doña Keisy y a Doña Gloria, quienes presumían de tener protección judicial y policiaca.
Morales Flores está actualmente recluido en el Centro de Readaptación Social del Estado (Cereso) acusado de lenocinio y corrupción de menores en contra de Fabiola García Alzaga, según denunció Yusmara Díaz Sánchez, una mujer de la que, según el expediente 158/2008, no se conoce su paradero y no ha ratificado la denuncia hasta la fecha, a un año de la captura de Adrián.
El embarazo de Fabiola
En la detención de Adrián, que se produjo a raíz de que Fabiola resultó embarazada a los 15 años de edad, intervinieron el comandante Édgar Palma Marín, responsable del área de delitos sexuales de la Policía Judicial del estado, recientemente dado de baja de esa corporación junto con los también comandantes Ángel Ignacio Cocom Pat y otro conocido como La Muchaca.
A Palma Marín y a los otros dos comandantes se le señalaba como amigos y colaboradores de Keisy González Carrera La Madam y al parecer, por sus nexos con la red de prostitución y porque se encargaban de dar “el pitazo” de los operativos policiacos a los vendedores de discos pirata. “Eran unos bandidos”, comentó un funcionario de la Policía Judicial del estado.
En el penal de Mérida, Adrián se negó a hablar de sus relaciones con Keisy González Corrales La Madam y la yucateca Gloria Carrera Domínguez, y consideró que la acusación en su contra es injusta, porque Fabiola es su pareja y tienen una niña de tres meses de edad. “Viene a verme todos los domingos, es mi pareja”, añade tras insistir que no sabe nada sobre el asunto de Keisy o de Gloria ni de la red de lenocinio que protegían funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
Una activa red de prostitución, que incluye la trata de menores de edad, es dirigida por la costarricense Keisy González Corrales La Madam y la yucateca Gloria Carrera Domínguez, quienes pelean por el control del mercado en todos los “nigths clubs” ubicados en la periferia de Mérida, así como en la avenida Jacinto Canek, y en el municipio conurbado de Kanasín.
En esos lugares, niñas de entre 14 y 15 años ofrecen sus servicios obligadas o atraídas con la promesa de ganar miles de pesos por parte de los integrantes de una red con muchas vertientes y tentáculos, según versiones de taxistas y meseros.
La existencia de la red de prostitución es investigada por las autoridades estatales y federales, luego de que la semana pasada dos mujeres costarricenses fueron liberadas por la policía en una casa de la colonia México Oriente, en Mérida, donde dijeron que estaban secuestradas y que eran obligadas a prostituirse.
Las dos mujeres, que ya fueron deportadas a su país, acusaron de lenocinio al delegado en Yucatán del Instituto Nacional de Migración, Hernán Vega Burgos, quien renunció al cargo y posteriormente obtuvo un amparo tras rechazar las denuncias.
Casas y servicios exclusivos
La red de prostitución de menores de edad tiene en establecimientos registrados como “Casas de masaje”, el aparador ideal para su lucrativo negocio.
En Mérida es común que se anuncien y ofrezcan sus servicios con tarifas diversas, sitios exclusivos, nuevas técnicas y personal joven y elegante, sobre todo, para señores de edad madura y de cómoda posición económica.
Las casas de masajes operan mediante “contactos” vinculados a los “nigths clubs”, como es el caso de “Raymundo”, supuesto colaborador cercano a Keisy González Corrales, y que también se encarga de vigilar a las jóvenes que, maquilladas en exceso, se presentan como “expertas masajistas” y vistiendo ropa diminuta.
Pero también se ofertan “servicio a domicilio”, que involucra principalmente a extranjeras o mujeres de otros estados del país, cuyas edades oscilan entre los 16 y 24 años, muchas de ellas originarias de Cuba, Costa Rica y Guatemala, o bien, de los estados de Tabasco, Chiapas y hasta el norteño Nuevo León.
Además, se publicitan servicios de masaje o para fiestas particulares y “servicios privados” a través de teléfonos celulares.
Una historia de amor
La red de prostitución que controlan Keisy González Corrales La Madam y Gloria Carrera Domínguez, ambas buscadas por la justicia, continuó operando a pesar de que hace 13 meses uno de sus “contactos”, Adrián Morales Flores, fue detenido acusado de lenocinio, según reveló González Corrales en entrevista con EL UNIVERSAL.
La detención de “Adrián” es conocida y divulgada por taxistas y meseros, porque involucró a Fabiola García Alzaga, de 15 años, una de las jóvenes que trabajaba para una de las madam”.
Adrián Morales Flores era un taxista pirata de 28 años, quien al principio transportaba a las jóvenes a los sexoservicios contratados y después trabajó para las dos “madam” como encargado de comprar tarjetas para recargas de los celulares que portaban las niñas y de los anuncios de las casas de masajes.
Según la historia, Adrián se enamoró de Fabiola y la sacó de la red de prostitución, lo que enfureció a Doña Keisy y a Doña Gloria, quienes presumían de tener protección judicial y policiaca.
Morales Flores está actualmente recluido en el Centro de Readaptación Social del Estado (Cereso) acusado de lenocinio y corrupción de menores en contra de Fabiola García Alzaga, según denunció Yusmara Díaz Sánchez, una mujer de la que, según el expediente 158/2008, no se conoce su paradero y no ha ratificado la denuncia hasta la fecha, a un año de la captura de Adrián.
El embarazo de Fabiola
En la detención de Adrián, que se produjo a raíz de que Fabiola resultó embarazada a los 15 años de edad, intervinieron el comandante Édgar Palma Marín, responsable del área de delitos sexuales de la Policía Judicial del estado, recientemente dado de baja de esa corporación junto con los también comandantes Ángel Ignacio Cocom Pat y otro conocido como La Muchaca.
A Palma Marín y a los otros dos comandantes se le señalaba como amigos y colaboradores de Keisy González Carrera La Madam y al parecer, por sus nexos con la red de prostitución y porque se encargaban de dar “el pitazo” de los operativos policiacos a los vendedores de discos pirata. “Eran unos bandidos”, comentó un funcionario de la Policía Judicial del estado.
En el penal de Mérida, Adrián se negó a hablar de sus relaciones con Keisy González Corrales La Madam y la yucateca Gloria Carrera Domínguez, y consideró que la acusación en su contra es injusta, porque Fabiola es su pareja y tienen una niña de tres meses de edad. “Viene a verme todos los domingos, es mi pareja”, añade tras insistir que no sabe nada sobre el asunto de Keisy o de Gloria ni de la red de lenocinio que protegían funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
jueves, 5 de febrero de 2009
Los demonios de la calle.
Reportaje:
Las adolescentes otomíes Rosa y Lucía trabajaban en las calles de la Zona Rosa como vendedoras hasta que fueron obligadas a prostituirse. Ambas solían jugar en sus tiempos libres en un estacionamiento de la colonia Juárez.
Un día, el dueño del estacionamiento les reclamó por los supuestos daños causados a los automóviles y les advirtió que debían pagarle la reparación. Para cubrir la deuda les propuso trabajar para él.
El Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (Cides), a cargo de Alicia Vargas, documentó que las adolescentes indígenas fueron obligadas a prostituirse, pues todas las noches, por instrucciones del dueño del lugar y bajo amenazas, debían llegar al estacionamiento.
Durante una semana, el hombre llevó a los clientes al estacionamiento y ahí, fueron golpeadas y sometidas a todo tipo de abusos. Los familiares de ambas se dieron cuenta de la situación hasta que descubrieron que Rosa tenía lesiones en su cuerpo.
Alicia Vargas ejemplificó con este caso los riesgos a los que están expuestos niños, niñas y jóvenes trabajadores que en el caso de los indígenas, son además, migrantes.
Explicó que en las comunidades indígenas el trabajo de los menores de 18 años de edad es una forma de aprendizaje que, a decir de los padres de familia, les ayuda a ser responsables y desarrollar su autonomía, además de que contribuyen con los gastos para la supervivencia familiar.
El problema, dijo, es que las niñas y los niños que trabajan en las calles son más vulnerables a vivir problemas como la violencia, la drogadicción y la explotación sexual.
En el país, según estimaciones del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 16 mil niños, niñas y adolescentes mexicanos son explotados sexualmente.
En el Distrito Federal, por ejemplo, el estudio del gobierno capitalino sobre “Niños, niñas y jóvenes en el DF” —elaborado en 2002— reveló que de los 14 mil 322 niños de entre 12 y 17 años de edad que fueron identificados y encuestados como niños trabajadores, 0.4% aseguró dedicarse a la prostitución.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoce que los niños trabajadores son más susceptibles a ser víctimas de explotación sexual comercial infantil.
La subsecretaria de inserción laboral de esta dependencia, Patricia Espinosa, señaló: Los niños que son orillados y expulsados por sus familias para trabajar en las calles están a un paso de ser víctimas propicias de la explotación sexual”.
Por ello, aseguró que el gobierno federal se propuso en este sexenio reducir la tasa de trabajo en los niños menores de 14 años, garantizar que no sean objeto de explotación y otros delitos como el abuso sexual, vigilar que quienes tienen permiso legal para trabajar —de los 14 a los 18 años— lo hagan en condiciones dignas y sin riesgos y asegurar que asistan a la escuela.
En materia escolar, 1 millón 71 mil niños, niñas y adolescentes que trabajan no asisten a la escuela.
Begoña Leyra, del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, en una investigación realizada entre 2002 y 2003 sobre “Trabajo infantil femenino: las niñas en las calles de la ciudad de México”, documentó algunos casos de acoso contra niñas que trabajan en el mercado de La Merced, la Central de Abasto de Iztapalapa y en el tianguis de Tepito de la colonia Morelos.
Una niña de 12 años, comerciante de la Central de Abasto, relató: “Un señor dice que quiere que me case con él, pero yo digo que cómo me voy a casar si tengo 12 años, más aparte cómo se va a ver una niña casada con un señor”.
Otro de los testimonios recabados por la investigadora es el de una niña que habita en la colonia Morelos, al norte del Distrito Federal, quien dijo: “Una vez un señor me persiguió...y ahora siempre lo veo...ya le dije a mi papá, y le dijo: si vuelves a molestar a mi hija o te acercas a ella o la persigues no sabes cómo te va a ir, y entonces ya se para por allá y no me persigue”.
Una niña de La Merced comentó: “Mira, me ha pasado mucho (la situación del acoso), porque paso y me siguen las personas, si me regreso, se regresan y me paro con la patrulla y ya no me siguen, pero eso es lo que me ha pasado”.
Comentario:
Mientras se presenta esta bien documentada investigación, nuestras autoridades duermen como bebés.
Las adolescentes otomíes Rosa y Lucía trabajaban en las calles de la Zona Rosa como vendedoras hasta que fueron obligadas a prostituirse. Ambas solían jugar en sus tiempos libres en un estacionamiento de la colonia Juárez.
Un día, el dueño del estacionamiento les reclamó por los supuestos daños causados a los automóviles y les advirtió que debían pagarle la reparación. Para cubrir la deuda les propuso trabajar para él.
El Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (Cides), a cargo de Alicia Vargas, documentó que las adolescentes indígenas fueron obligadas a prostituirse, pues todas las noches, por instrucciones del dueño del lugar y bajo amenazas, debían llegar al estacionamiento.
Durante una semana, el hombre llevó a los clientes al estacionamiento y ahí, fueron golpeadas y sometidas a todo tipo de abusos. Los familiares de ambas se dieron cuenta de la situación hasta que descubrieron que Rosa tenía lesiones en su cuerpo.
Alicia Vargas ejemplificó con este caso los riesgos a los que están expuestos niños, niñas y jóvenes trabajadores que en el caso de los indígenas, son además, migrantes.
Explicó que en las comunidades indígenas el trabajo de los menores de 18 años de edad es una forma de aprendizaje que, a decir de los padres de familia, les ayuda a ser responsables y desarrollar su autonomía, además de que contribuyen con los gastos para la supervivencia familiar.
El problema, dijo, es que las niñas y los niños que trabajan en las calles son más vulnerables a vivir problemas como la violencia, la drogadicción y la explotación sexual.
En el país, según estimaciones del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 16 mil niños, niñas y adolescentes mexicanos son explotados sexualmente.
En el Distrito Federal, por ejemplo, el estudio del gobierno capitalino sobre “Niños, niñas y jóvenes en el DF” —elaborado en 2002— reveló que de los 14 mil 322 niños de entre 12 y 17 años de edad que fueron identificados y encuestados como niños trabajadores, 0.4% aseguró dedicarse a la prostitución.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoce que los niños trabajadores son más susceptibles a ser víctimas de explotación sexual comercial infantil.
La subsecretaria de inserción laboral de esta dependencia, Patricia Espinosa, señaló: Los niños que son orillados y expulsados por sus familias para trabajar en las calles están a un paso de ser víctimas propicias de la explotación sexual”.
Por ello, aseguró que el gobierno federal se propuso en este sexenio reducir la tasa de trabajo en los niños menores de 14 años, garantizar que no sean objeto de explotación y otros delitos como el abuso sexual, vigilar que quienes tienen permiso legal para trabajar —de los 14 a los 18 años— lo hagan en condiciones dignas y sin riesgos y asegurar que asistan a la escuela.
En materia escolar, 1 millón 71 mil niños, niñas y adolescentes que trabajan no asisten a la escuela.
Begoña Leyra, del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, en una investigación realizada entre 2002 y 2003 sobre “Trabajo infantil femenino: las niñas en las calles de la ciudad de México”, documentó algunos casos de acoso contra niñas que trabajan en el mercado de La Merced, la Central de Abasto de Iztapalapa y en el tianguis de Tepito de la colonia Morelos.
Una niña de 12 años, comerciante de la Central de Abasto, relató: “Un señor dice que quiere que me case con él, pero yo digo que cómo me voy a casar si tengo 12 años, más aparte cómo se va a ver una niña casada con un señor”.
Otro de los testimonios recabados por la investigadora es el de una niña que habita en la colonia Morelos, al norte del Distrito Federal, quien dijo: “Una vez un señor me persiguió...y ahora siempre lo veo...ya le dije a mi papá, y le dijo: si vuelves a molestar a mi hija o te acercas a ella o la persigues no sabes cómo te va a ir, y entonces ya se para por allá y no me persigue”.
Una niña de La Merced comentó: “Mira, me ha pasado mucho (la situación del acoso), porque paso y me siguen las personas, si me regreso, se regresan y me paro con la patrulla y ya no me siguen, pero eso es lo que me ha pasado”.
Comentario:
Mientras se presenta esta bien documentada investigación, nuestras autoridades duermen como bebés.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
