Noticia:
La oposición en el Senado (PRI y PRD) presentó formalmente puntos de acuerdo para exigir la suspensión de los apoyos de Procampo al secretario de Agricultura, Javier Mayorga, y solicitar su comparecencia para que aclare irregularidades.
Sin embargo, las solicitudes fueron turnadas a la Comisión de Agricultura, que preside Alberto Cárdenas (PAN), ex secretario del ramo, acusado por a priístas y perredistas de “frenar” la depuración del programa.
El senador Salomón Jara (PRD) pidió que Javier Mayorga comparezca y explique los beneficios irregulares, documentados por EL UNIVERSAL.
El legislador por Oaxaca precisó que “en realidad la mayoría de quienes se dedican a actividades agrícolas, se encuentran en comunidades rurales e indígenas donde los apoyos al campo simplemente no llegan o lo hacen de manera extemporánea e irregular e inequitativa, lo que como consecuencia genera altos índices de migración del campo a zonas urbanas y por ende al abandono de parcelas agrícolas”.
En tribuna, dijo que hay elementos para llamar a comparecer a Mayorga, quien el miércoles afirmó que ni por “ética” renunciará a ese beneficio.
Salomón Jara consideró que tal vez no sea ilegal ser funcionario y tener beneficios del programa, pero asentó que “no es ético” sobre todo cuando lejos de cumplirse los objetivos, la pobreza de los campesinos ha aumentado.
“En dichas investigaciones periodísticas, se relata que se ha financiado con las mismas cantidades a empresas transnacionales, datos que contrastan con los objetivos para los que fue creado el programa Procampo. Tal vez no sea ilegal ser funcionario y recibir apoyo, como pretenden justificar nuestras autoridades, que han hecho público este asunto, pero de lo que estamos seguros es que no es ético, cuando lejos de cumplirse estos objetivos de hacer más productivo y competente el agro mexicano, la pobreza de los campesinos aumenta, ya no sólo por las recurrentes crisis, sino porque los subsidios están mal enfocados y mal distribuidos”.
Reiteran acusación contra Cárdenas
En tribuna, el perredista acusó al senador panista Alberto Cárdenas de frenar la depuración del padrón, al recordar que en diciembre pasado se hizo una petición para ello y lo impidió, como lo documentó el martes pasado EL UNIVERSAL.
“Quiero comentar que en diciembre varios senadores de la República hicieron una petición, una iniciativa, mejor dicho, para hacer una revisión y la actualización de Procampo, pero en aquel momento, el hoy senador Cárdenas impidió que se pudiera realizar esta iniciativa, y finalmente no se llevó a cabo”.
Por lo general cuando un senador es referido en tribuna pide su derecho a responder por “alusiones” personales. Alberto Cárdenas no lo hizo.
El vocero de la fracción del PRI, Carlos Jiménez Macías (PRI), exhortó al Ejecutivo a instruir la suspensión y cancelación en forma inmediata del pago de subsidios a Mayorga, a sus familiares, y a otros funcionarios de la administración pública federal y estatal que formen parte de estructuras gubernamentales vinculadas al campo; también pidió aplicar una profunda revisión y evaluación del programa.
Lo anterior, con el fin de que se permita su transformación en un programa social que impulse verdaderamente la producción y competitividad del campo. El documento también pasó a la comisión presidida por Cárdenas.
En entrevista por separado, el coordinador de los legisladores priístas, Manlio Fabio Beltrones, reconoció que el programa debe ser revisado.
Recordó que las condiciones en que fue creado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari no son las mismas que las que existen ahora.
Consideró que es necesario revisar dichos subsidios, pues están “documentados” los abusos en el mismo y la Secretaría de Agricultura no cuenta con tantos recursos como para “tirarlos”.
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viernes, 19 de febrero de 2010
miércoles, 17 de febrero de 2010
Yo no frené “limpia” a Procampo: Cárdenas.
Noticia:
El senador del PAN Alberto Cárdenas confirmó que en diciembre de 2009 la Comisión de Ganadería y Agricultura que él preside, en conjunto con otras comisiones, dictaminó en contra de una iniciativa que proponía depurar y evaluar “permanentemente” el padrón de beneficiarios de Procampo.
La iniciativa fue promovida por los senadores del PRI Ramiro Hernández García, Francisco Herrera García y Adolfo Toledo Infanzón, quien resumió la actuación de Cárdenas en una frase: “Intentó no levantar polvo porque tenía un conflicto de interés: era juez y parte; venía de la secretaría y conocía las deficiencias del programa”.
Cárdenas Jiménez, quien el lunes aseguró a EL UNIVERSAL que desconocía la iniciativa referida, ayer en conferencia de prensa justificó su decisión legislativa. Exigió que no se le responsabilice de frenar desde el Senado la limpia de Procampo, porque la decisión de declarar improcedente la propuesta del tricolor fue consensuada por cinco comisiones unidas.
El legislador argumentó que “un miembro de una comisión no puede bloquear la voluntad de una mayoría de comisiones. Ahí se votó, en el pleno de la comisión, y se votó por todas las demás comisiones”.
Se depuraron padrones, asegura
El ex secretario de Agricultura cambió de opinión en sólo 24 horas. El lunes, durante una entrevista telefónica aseguró que no era necesario promover más “instrumentos jurídicos” para transparentar y blindar Procampo, pero ayer aceptó que “si falta uno más, venga de ahí, estamos para revisar todas las propuestas”.
Cárdenas Jiménez llegó hasta la sede del Senado de la República con una copia de la iniciativa desechada para leer las razones por las que se declaró “improcedente”. Afirmó que “las iniciativas de los senadores del PRI hacían alusión a cambiar una ley que prácticamente ya estaba muerta”.
Dijo que durante su gestión como titular de la Secretaría de Agricultura inició la “cirugía” a Procampo y la depuración de los padrones.
El senador insistió en que “Procampo no son ocho o 10 nombres: son 2.7 millones de productores que están registrados, por lo tanto hay que cuidar mucho que si unos cuantos, que los cuentas en la primera vez con los dedos de la mano, salen de esa forma, y que son familiares, entonces yo creo que no todo el programa, ojo, hay que echarlo a perder, porque 99.9% está trabajando correctamente con los apoyos y los subsidios”.
El senador del PAN Alberto Cárdenas confirmó que en diciembre de 2009 la Comisión de Ganadería y Agricultura que él preside, en conjunto con otras comisiones, dictaminó en contra de una iniciativa que proponía depurar y evaluar “permanentemente” el padrón de beneficiarios de Procampo.
La iniciativa fue promovida por los senadores del PRI Ramiro Hernández García, Francisco Herrera García y Adolfo Toledo Infanzón, quien resumió la actuación de Cárdenas en una frase: “Intentó no levantar polvo porque tenía un conflicto de interés: era juez y parte; venía de la secretaría y conocía las deficiencias del programa”.
Cárdenas Jiménez, quien el lunes aseguró a EL UNIVERSAL que desconocía la iniciativa referida, ayer en conferencia de prensa justificó su decisión legislativa. Exigió que no se le responsabilice de frenar desde el Senado la limpia de Procampo, porque la decisión de declarar improcedente la propuesta del tricolor fue consensuada por cinco comisiones unidas.
El legislador argumentó que “un miembro de una comisión no puede bloquear la voluntad de una mayoría de comisiones. Ahí se votó, en el pleno de la comisión, y se votó por todas las demás comisiones”.
Se depuraron padrones, asegura
El ex secretario de Agricultura cambió de opinión en sólo 24 horas. El lunes, durante una entrevista telefónica aseguró que no era necesario promover más “instrumentos jurídicos” para transparentar y blindar Procampo, pero ayer aceptó que “si falta uno más, venga de ahí, estamos para revisar todas las propuestas”.
Cárdenas Jiménez llegó hasta la sede del Senado de la República con una copia de la iniciativa desechada para leer las razones por las que se declaró “improcedente”. Afirmó que “las iniciativas de los senadores del PRI hacían alusión a cambiar una ley que prácticamente ya estaba muerta”.
Dijo que durante su gestión como titular de la Secretaría de Agricultura inició la “cirugía” a Procampo y la depuración de los padrones.
El senador insistió en que “Procampo no son ocho o 10 nombres: son 2.7 millones de productores que están registrados, por lo tanto hay que cuidar mucho que si unos cuantos, que los cuentas en la primera vez con los dedos de la mano, salen de esa forma, y que son familiares, entonces yo creo que no todo el programa, ojo, hay que echarlo a perder, porque 99.9% está trabajando correctamente con los apoyos y los subsidios”.
Sagarpa benefició a Cargill con 500 mdp.
Noticia:
Los subsidios que otorga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) evidencian los grandes contrastes que prevalecen en el agro mexicano.
Mientras 3 mil campesinos del estado de Chiapas recibieron del gobierno federal menos de mil pesos de ayuda para la siembra de maíz dentro del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo); la empresa transnacional Cargill de México obtuvo 500 millones de pesos por subvenciones de Aserca en los ejercicios fiscales de 2005 a 2009.
Información obtenida mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental muestra que la Sagarpa, a través su órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), destinó más de 36 millones de pesos a la multinacional, tan sólo para el traslado de 126 mil toneladas de maíz en ese mismo periodo de tiempo por medio del programa de flete y/o cabotaje.
El reporte de Aserca sobre los subsidios entregados a Cargill en 2008 revela que la empresa de origen estadounidense recibió por apoyo a la pignoración de 94 mil toneladas de maíz blanco la cantidad de 25 millones 934 mil pesos. Por ayuda para flete terrestre de 83 mil toneladas de maíz blanco: 24 millones 288 mil pesos. Además de 12 millones 901 mil pesos para facilitarle la exportación de 34 mil toneladas de maíz.
Firma con solvencia económica
Cargill es una de las tres empresas con mayor poder económico en el área de alimentos en Estados Unidos y se dedica al abasto y al acopio de granos básicos. Datos de organizaciones campesinas señalan que mantiene el control de 70% del mercado nacional en los 38 años que tiene de operar en nuestro país. En el cuarto trimestre fiscal de 2009 reportó una ganancia neta de 327 millones de dólares.
Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, que aglutina a 60 mil pequeños y medianos campesinos y 160 empresas comercializadoras, lamenta que “los subsidios, supuestamente dedicados al agro, no están orientados al desarrollo productivo campesino. Los beneficiarios son los grandes compradores. De esos recursos únicamente llega la mínima parte a los pequeños productores”.
Aserca es un organismo dependiente de la Sagarpa. En 2000 se creó con el objetivo de apoyar la comercialización de granos. Sin embargo, para Suárez se ha convertido en un mecanismo para transferir recursos públicos a los monopolios.
“En los últimos 15 años ha generado un desorden en el mercado agroalimentario, porque con la política de subsidios favorece la concentración de la producción, comercialización e industrialización en muy pocas manos”, afirmó el líder de la asociación.
La política agroalimentaria en México de los últimos 20 años, alerta, ha colocado al país en un desastre económico, social y alimentario, incluso ambiental. “El gobierno ha entregado el mercado a 20 grandes corporaciones mexicanas y transnacionales. Les dejó la responsabilidad de garantizar el abasto nacional, lo que se ha traducido en dependencia alimentaria”.
Subsidios generan desigualdad
El Banco Mundial, que estudia la posibilidad de hacer un préstamo a México para programas dirigidos al agro, señala en el estudio Análisis del Gasto Público en el Desarrollo Agrícola y Rural, que el presupuesto en agricultura del gobierno federal es extremadamente regresivo, dado que más de la mitad de los recursos se distribuyen entre los productores más ricos.
“Es tan regresiva la política agroalimentaria, que incrementa la desigualdad en el campo”.
El documento de la institución crediticia, dado a conocer en diciembre de 2009, concluye que el reparto del gasto en agricultura y desarrollo rural no es equitativo. “Las simulaciones muestran que la distribución es uniforme para el 70% más pobre de los hogares rurales, que reciben menos de 500 pesos per cápita al mes en subsidios por ese concepto. Sin embargo, el 10% más rico, en promedio, obtiene 3 mil per cápita por mes”.
El gasto de Aserca en 2008 superó los 25 mil millones de pesos; de éstos, 50% se destinó para saldar los subsidios comprometidos de 2006 a 2009 con las grandes empresas agroalimentarias, entre ellas Cargill de México.
Jonathan Fox, experto en el campo mexicano e investigador de la Universidad de California en Santa Cruz, asegura que los subsidios no cumplieron con su propósito, porque hay una brecha creciente entre el precio de la tortilla y el del maíz importado.
“Si los subsidios a las grandes empresas se hubieran traducido en precios más bajos para los consumidores de tortilla, su existencia tendría justificación”, mencionó el experto.
Para el académico, los apoyos del gobierno se sostienen cuando sirven para hacer eficiente el mercado y permiten la competencia, pero en el caso de México, no hay evidencia de eso, al contrario, hay acaparamiento.
Araceli Rendón Trejo, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco, asegura que “las empresas en la industria alimentaria operan en mercados muy competidos; forman parte o están integradas en redes en las que participan grandes corporaciones dentro de la cadena agroalimentaria.
“Llevan a cabo estrategias que buscan su posicionamiento y acaparamiento de los mercados geográficos”, afirma la especialista.
Matan al campo: CCC
Max Agustín Correa, líder de la Central Campesina Cardenista (CCC), dice que estos 10 años de gobierno panista han sido el paraíso para los grandes agroempresarios y un desastre para los pequeños productores, campesinos, ejidatarios, comuneros e indígenas del país.
“En estos 10 años regresamos 100 años en el campo. Actualmente los bisnietos de los hacendados son los dueños de las tierras ejidales, rentan parcelas, acaparan derechos de agua, contratan a los ejidatarios como peones de sus propias tierras. El modelo de política neoliberal está matando al campo, por eso insistimos en que hay que replantearlo”, reitera.
Advierte que los grandes beneficiarios de la política del gobierno federal son Maseca, Cargill y Minsa. “Incluso, son los que tienen acceso a los créditos de Financiera Rural”.
Correa parafrasea a sus agremiados: “Los productores dicen que Financiera Rural está a 300 kilómetros de distancia de los grandes empresarios y las solicitudes de crédito de los pequeños productores están a 300 años luz de la institución crediticia”.
Víctor Suárez considera que el campo mexicano es hoy más desigual y pobre que hace 20 años. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es el instrumento que le expropió al país la soberanía alimentaria.
Denuncian modelo fallido
“Las organizaciones campesinas hemos denunciado este modelo fallido”, coinciden los representantes de campesinos y productores. Y señalan al Acuerdo Nacional para el Campo que se firmó en 2003 y a la campaña “Sin maíz no hay País”, como los ejes de sus movilizaciones para mostrarle al gobierno que el campo está atravesando por la peor crisis de su historia.
La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo dice que para enfrentar la desigualdad, la desnutrición y la escalada de precios de los alimentos se debe cambiar la política neoliberal hacia el campo bajo los principios de soberanía alimentaria, revalorización de la agricultura en pequeña y mediana escala, así como la producción sustentable de alimentos sanos y el reconocimiento del derecho a la alimentación de todos los mexicanos.
Los subsidios que otorga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) evidencian los grandes contrastes que prevalecen en el agro mexicano.
Mientras 3 mil campesinos del estado de Chiapas recibieron del gobierno federal menos de mil pesos de ayuda para la siembra de maíz dentro del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo); la empresa transnacional Cargill de México obtuvo 500 millones de pesos por subvenciones de Aserca en los ejercicios fiscales de 2005 a 2009.
Información obtenida mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental muestra que la Sagarpa, a través su órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), destinó más de 36 millones de pesos a la multinacional, tan sólo para el traslado de 126 mil toneladas de maíz en ese mismo periodo de tiempo por medio del programa de flete y/o cabotaje.
El reporte de Aserca sobre los subsidios entregados a Cargill en 2008 revela que la empresa de origen estadounidense recibió por apoyo a la pignoración de 94 mil toneladas de maíz blanco la cantidad de 25 millones 934 mil pesos. Por ayuda para flete terrestre de 83 mil toneladas de maíz blanco: 24 millones 288 mil pesos. Además de 12 millones 901 mil pesos para facilitarle la exportación de 34 mil toneladas de maíz.
Firma con solvencia económica
Cargill es una de las tres empresas con mayor poder económico en el área de alimentos en Estados Unidos y se dedica al abasto y al acopio de granos básicos. Datos de organizaciones campesinas señalan que mantiene el control de 70% del mercado nacional en los 38 años que tiene de operar en nuestro país. En el cuarto trimestre fiscal de 2009 reportó una ganancia neta de 327 millones de dólares.
Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, que aglutina a 60 mil pequeños y medianos campesinos y 160 empresas comercializadoras, lamenta que “los subsidios, supuestamente dedicados al agro, no están orientados al desarrollo productivo campesino. Los beneficiarios son los grandes compradores. De esos recursos únicamente llega la mínima parte a los pequeños productores”.
Aserca es un organismo dependiente de la Sagarpa. En 2000 se creó con el objetivo de apoyar la comercialización de granos. Sin embargo, para Suárez se ha convertido en un mecanismo para transferir recursos públicos a los monopolios.
“En los últimos 15 años ha generado un desorden en el mercado agroalimentario, porque con la política de subsidios favorece la concentración de la producción, comercialización e industrialización en muy pocas manos”, afirmó el líder de la asociación.
La política agroalimentaria en México de los últimos 20 años, alerta, ha colocado al país en un desastre económico, social y alimentario, incluso ambiental. “El gobierno ha entregado el mercado a 20 grandes corporaciones mexicanas y transnacionales. Les dejó la responsabilidad de garantizar el abasto nacional, lo que se ha traducido en dependencia alimentaria”.
Subsidios generan desigualdad
El Banco Mundial, que estudia la posibilidad de hacer un préstamo a México para programas dirigidos al agro, señala en el estudio Análisis del Gasto Público en el Desarrollo Agrícola y Rural, que el presupuesto en agricultura del gobierno federal es extremadamente regresivo, dado que más de la mitad de los recursos se distribuyen entre los productores más ricos.
“Es tan regresiva la política agroalimentaria, que incrementa la desigualdad en el campo”.
El documento de la institución crediticia, dado a conocer en diciembre de 2009, concluye que el reparto del gasto en agricultura y desarrollo rural no es equitativo. “Las simulaciones muestran que la distribución es uniforme para el 70% más pobre de los hogares rurales, que reciben menos de 500 pesos per cápita al mes en subsidios por ese concepto. Sin embargo, el 10% más rico, en promedio, obtiene 3 mil per cápita por mes”.
El gasto de Aserca en 2008 superó los 25 mil millones de pesos; de éstos, 50% se destinó para saldar los subsidios comprometidos de 2006 a 2009 con las grandes empresas agroalimentarias, entre ellas Cargill de México.
Jonathan Fox, experto en el campo mexicano e investigador de la Universidad de California en Santa Cruz, asegura que los subsidios no cumplieron con su propósito, porque hay una brecha creciente entre el precio de la tortilla y el del maíz importado.
“Si los subsidios a las grandes empresas se hubieran traducido en precios más bajos para los consumidores de tortilla, su existencia tendría justificación”, mencionó el experto.
Para el académico, los apoyos del gobierno se sostienen cuando sirven para hacer eficiente el mercado y permiten la competencia, pero en el caso de México, no hay evidencia de eso, al contrario, hay acaparamiento.
Araceli Rendón Trejo, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco, asegura que “las empresas en la industria alimentaria operan en mercados muy competidos; forman parte o están integradas en redes en las que participan grandes corporaciones dentro de la cadena agroalimentaria.
“Llevan a cabo estrategias que buscan su posicionamiento y acaparamiento de los mercados geográficos”, afirma la especialista.
Matan al campo: CCC
Max Agustín Correa, líder de la Central Campesina Cardenista (CCC), dice que estos 10 años de gobierno panista han sido el paraíso para los grandes agroempresarios y un desastre para los pequeños productores, campesinos, ejidatarios, comuneros e indígenas del país.
“En estos 10 años regresamos 100 años en el campo. Actualmente los bisnietos de los hacendados son los dueños de las tierras ejidales, rentan parcelas, acaparan derechos de agua, contratan a los ejidatarios como peones de sus propias tierras. El modelo de política neoliberal está matando al campo, por eso insistimos en que hay que replantearlo”, reitera.
Advierte que los grandes beneficiarios de la política del gobierno federal son Maseca, Cargill y Minsa. “Incluso, son los que tienen acceso a los créditos de Financiera Rural”.
Correa parafrasea a sus agremiados: “Los productores dicen que Financiera Rural está a 300 kilómetros de distancia de los grandes empresarios y las solicitudes de crédito de los pequeños productores están a 300 años luz de la institución crediticia”.
Víctor Suárez considera que el campo mexicano es hoy más desigual y pobre que hace 20 años. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es el instrumento que le expropió al país la soberanía alimentaria.
Denuncian modelo fallido
“Las organizaciones campesinas hemos denunciado este modelo fallido”, coinciden los representantes de campesinos y productores. Y señalan al Acuerdo Nacional para el Campo que se firmó en 2003 y a la campaña “Sin maíz no hay País”, como los ejes de sus movilizaciones para mostrarle al gobierno que el campo está atravesando por la peor crisis de su historia.
La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo dice que para enfrentar la desigualdad, la desnutrición y la escalada de precios de los alimentos se debe cambiar la política neoliberal hacia el campo bajo los principios de soberanía alimentaria, revalorización de la agricultura en pequeña y mediana escala, así como la producción sustentable de alimentos sanos y el reconocimiento del derecho a la alimentación de todos los mexicanos.
Tribunal agrario: 30% del campo, de narcos.
Noticia:
El Tribunal Superior Agrario advirtió que la delincuencia organizada se está apoderando del campo, y no existe una política de Estado para apoyar al sector como tema de seguridad nacional.
Su presidente, Ricardo García Villalobos Gálvez, dijo que narcotraficantes se han convertido en los principales financiadores de extensas zonas rurales, a las que dota de semillas —principalmente de mariguana y amapola—, de seguridad y hasta de armas, y que en los hechos han suplido la falta de créditos.
Por esta situación, en alrededor de 30% de los terrenos del campo mexicano conviven cultivos de productos legales con plantíos de mariguana y amapola, aseguró el magistrado en la inauguración de un seminario organizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados.
Los narcotraficantes entregan la semilla de las plantas ilícitas, y muchas veces esto facilita que los campesinos puedan adquirir otro tipo de semillas para otro tipo de productos; “por eso digo que no hay cultivos puramente de mariguana o de amapola, siempre están entreverados”.
El presidente del máximo tribunal agrario dijo que la delincuencia organizada se está apoderando del campo, a lo que hay que agregar la creciente dependencia alimentaria con respecto al extranjero, lo que hace necesario que el gobierno atienda el tema del campo como un asunto de seguridad nacional.
Como parte de su ponencia, afirmó que en este entorno genera inconformidad conocer que funcionarios como el secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, y sus familiares, han sido beneficiados con apoyos de Procampo.
Agregó que ni administraciones priístas ni panistas han reactivado el campo, e incluso cuestionó que el ex presidente Vicente Fox haya presumido de ser ranchero y no haya detonado su crecimiento. En el caso del presidente Calderón, dijo: “Viene de Michoacán y tampoco se entiende que no haya ayudado al campo”.
El Tribunal Superior Agrario advirtió que la delincuencia organizada se está apoderando del campo, y no existe una política de Estado para apoyar al sector como tema de seguridad nacional.
Su presidente, Ricardo García Villalobos Gálvez, dijo que narcotraficantes se han convertido en los principales financiadores de extensas zonas rurales, a las que dota de semillas —principalmente de mariguana y amapola—, de seguridad y hasta de armas, y que en los hechos han suplido la falta de créditos.
Por esta situación, en alrededor de 30% de los terrenos del campo mexicano conviven cultivos de productos legales con plantíos de mariguana y amapola, aseguró el magistrado en la inauguración de un seminario organizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados.
Los narcotraficantes entregan la semilla de las plantas ilícitas, y muchas veces esto facilita que los campesinos puedan adquirir otro tipo de semillas para otro tipo de productos; “por eso digo que no hay cultivos puramente de mariguana o de amapola, siempre están entreverados”.
El presidente del máximo tribunal agrario dijo que la delincuencia organizada se está apoderando del campo, a lo que hay que agregar la creciente dependencia alimentaria con respecto al extranjero, lo que hace necesario que el gobierno atienda el tema del campo como un asunto de seguridad nacional.
Como parte de su ponencia, afirmó que en este entorno genera inconformidad conocer que funcionarios como el secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, y sus familiares, han sido beneficiados con apoyos de Procampo.
Agregó que ni administraciones priístas ni panistas han reactivado el campo, e incluso cuestionó que el ex presidente Vicente Fox haya presumido de ser ranchero y no haya detonado su crecimiento. En el caso del presidente Calderón, dijo: “Viene de Michoacán y tampoco se entiende que no haya ayudado al campo”.
martes, 16 de febrero de 2010
Ex secretario detuvo limpia de Procampo.
Noticia:
El ex secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, frenó en diciembre de 2009, en el Senado, una iniciativa para depurar el padrón de Procampo, con el argumento de que es tarea del Poder Ejecutivo.
El proyecto promovido por los priístas Adolfo Toledo Infanzón, Ramiro Hernández y Francisco Herrera planteaba una reforma a la Ley de Capitalización de Procampo para que el listado de beneficiarios de este apoyo económico fuera evaluado “periódicamente” por instituciones “académicas nacionales o internacionales”.
El 8 de diciembre, el pleno desechó la propuesta “por improcedente”. El ex funcionario y ahora senador Cárdenas Jiménez, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, argumentó que no se requiere de “instrumentos jurídicos adicionales” para blindar el programa de apoyos.
Dijo que si en la lista de 2 millones 700 mil beneficiarios hay 20 o 40 “errores o fallas involuntarias” el porcentaje de efectividad es de 99.99%.
Además, “siempre cualquier programa en cualquier parte del mundo tiene márgenes mínimos de error”.
El legislador Toledo Infanzón mencionó que durante la discusión del dictamen de este proyecto, que finalmente se calificó “en sentido negativo”, la Sagarpa intervino con el argumento de que los padrones son públicos.
Desde su perspectiva, Procampo “fracasó”, ya que “en vez de volverse un estímulo para la productividad, es un programa de subsidios”.
Ayer EL UNIVERSAL dio a conocer que en el listado de beneficiarios de apoyos económicos aparecen el secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, sus hermanos Cristóbal, Luz Teresa y Miguel Arturo, y su padre Salvador Arturo.
Hasta el ciclo primavera-verano del año pasado, último dato disponible, obtuvieron un millón 740 mil 654 pesos.
En la Cámara, los diputados aseguraron que el secretario de Agricultura violó la ley y la ética al recibir los subsidios para el agro.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), la familia del secretario debe abstenerse de recibir subsidios, pues el régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos lo impide para familiares hasta con cuarto grado de parentesco.
El secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Mario Di Costanzo (PT), dio a conocer que en el Informe Sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 2008, que esta semana presentará el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, hay un subejercicio en Procampo de 531 millones de pesos.
El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al Programa Concurrente para el Campo, Federico Ovalle Vaquera, del PRD, alertó que a nivel estatal es una práctica común cobrar como funcionario y recibir subsidios.
El ex secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, frenó en diciembre de 2009, en el Senado, una iniciativa para depurar el padrón de Procampo, con el argumento de que es tarea del Poder Ejecutivo.
El proyecto promovido por los priístas Adolfo Toledo Infanzón, Ramiro Hernández y Francisco Herrera planteaba una reforma a la Ley de Capitalización de Procampo para que el listado de beneficiarios de este apoyo económico fuera evaluado “periódicamente” por instituciones “académicas nacionales o internacionales”.
El 8 de diciembre, el pleno desechó la propuesta “por improcedente”. El ex funcionario y ahora senador Cárdenas Jiménez, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, argumentó que no se requiere de “instrumentos jurídicos adicionales” para blindar el programa de apoyos.
Dijo que si en la lista de 2 millones 700 mil beneficiarios hay 20 o 40 “errores o fallas involuntarias” el porcentaje de efectividad es de 99.99%.
Además, “siempre cualquier programa en cualquier parte del mundo tiene márgenes mínimos de error”.
El legislador Toledo Infanzón mencionó que durante la discusión del dictamen de este proyecto, que finalmente se calificó “en sentido negativo”, la Sagarpa intervino con el argumento de que los padrones son públicos.
Desde su perspectiva, Procampo “fracasó”, ya que “en vez de volverse un estímulo para la productividad, es un programa de subsidios”.
Ayer EL UNIVERSAL dio a conocer que en el listado de beneficiarios de apoyos económicos aparecen el secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, sus hermanos Cristóbal, Luz Teresa y Miguel Arturo, y su padre Salvador Arturo.
Hasta el ciclo primavera-verano del año pasado, último dato disponible, obtuvieron un millón 740 mil 654 pesos.
En la Cámara, los diputados aseguraron que el secretario de Agricultura violó la ley y la ética al recibir los subsidios para el agro.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), la familia del secretario debe abstenerse de recibir subsidios, pues el régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos lo impide para familiares hasta con cuarto grado de parentesco.
El secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Mario Di Costanzo (PT), dio a conocer que en el Informe Sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 2008, que esta semana presentará el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, hay un subejercicio en Procampo de 531 millones de pesos.
El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al Programa Concurrente para el Campo, Federico Ovalle Vaquera, del PRD, alertó que a nivel estatal es una práctica común cobrar como funcionario y recibir subsidios.
jueves, 6 de agosto de 2009
Procampo descubre 60 fraudes en Hidalgo.
Noticia:
A través de un rastreo satelital, la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Hidalgo, detectó en la región de Tizayuca 273 hectáreas de terreno con infraestructura urbana, que están ocupadas por viviendas y bodegas que reciben apoyo de Procampo.
El desvío de recursos alcanza los 280 mil pesos y se beneficia a 60 personas, quienes originalmente habían señalado ser campesinos y dedicarse a la agricultura. La entrega de los recursos a estos supuestos “productores” se realiza desde el año de 1993, señaló el delegado de esta dependencia Edgard Esteban Richaud Lara.
Este estudio forma parte de las acciones que se realizarán en toda la entidad y que a través del satélite, en forma aleatoria, detectarán si los terrenos que se encuentran en el padrón de Procampo son utilizados para la siembra de cultivos.
Destacó que ya se tienen firmadas las cartas de exclusión del padrón de estas 60 personas, entre las que no se descarta que existan algunos funcionarios. “Seguramente habrá gente que tiene algún cargo, como presidentes municipales, que también se dedican a la agricultura”, dijo el funcionario.
Sin dar a conocer la lista de beneficiarios que han desviado los recursos de este programa, Richaud Lara apuntó que si el padrón tiene de beneficiarios a funcionarios, no se comete ningún delito, debido a que el plan original fue abierto. Además, dijo que “el recurso es para el predio y no para el dueño”.
Hidalgo se encuentra considerado entre las cinco entidades con mayor pobreza y donde más de 70% de sus habitantes se dedica a la agricultura.
El estado, de acuerdo con el dirigente del Consejo Agrario Permanente (CAP), Onésimo Serrano, cuenta con 400 mil hectáreas de cultivo, de las cuales 75% son de temporal.
Afirmó que la situación en el campo es grave debido a la pobreza que impera y donde en algunos sitios del Valle del Mezquital y de la Zona Otomí-Tepehua, los campesinos apenas obtienen entre 20 y 25 pesos al día para el sustento familiar.
Ante ello, se pronunció por una mayor transparencia en el otorgamiento de los beneficios del Procampo.
“Pareciera que primero quieren desacreditar el programa y después quitarlo” y lo que el campo necesita son más recursos, no que se quiten los pocos que se tienen”, consideró.
El padrón de beneficiarios en esta entidad, según Sagarpa, durante el ciclo otoño-invierno es de 21 mil 422, mientras que en primavera-verano suma 139 mil 170 campesinos. Los montos de apoyo son entre mil 300 y 970 pesos por ciclo.
Lamentó que el gobierno no haya transparentado el Procampo, pero sobre todo, dijo, existe temor de que la intención sea terminar con el programa, por lo cual, el CAP hará un pronunciamiento para que en todo el país se abran los expedientes de beneficiarios, se haga una “limpia” de este y se finquen responsabilidades penales.
A través de un rastreo satelital, la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Hidalgo, detectó en la región de Tizayuca 273 hectáreas de terreno con infraestructura urbana, que están ocupadas por viviendas y bodegas que reciben apoyo de Procampo.
El desvío de recursos alcanza los 280 mil pesos y se beneficia a 60 personas, quienes originalmente habían señalado ser campesinos y dedicarse a la agricultura. La entrega de los recursos a estos supuestos “productores” se realiza desde el año de 1993, señaló el delegado de esta dependencia Edgard Esteban Richaud Lara.
Este estudio forma parte de las acciones que se realizarán en toda la entidad y que a través del satélite, en forma aleatoria, detectarán si los terrenos que se encuentran en el padrón de Procampo son utilizados para la siembra de cultivos.
Destacó que ya se tienen firmadas las cartas de exclusión del padrón de estas 60 personas, entre las que no se descarta que existan algunos funcionarios. “Seguramente habrá gente que tiene algún cargo, como presidentes municipales, que también se dedican a la agricultura”, dijo el funcionario.
Sin dar a conocer la lista de beneficiarios que han desviado los recursos de este programa, Richaud Lara apuntó que si el padrón tiene de beneficiarios a funcionarios, no se comete ningún delito, debido a que el plan original fue abierto. Además, dijo que “el recurso es para el predio y no para el dueño”.
Hidalgo se encuentra considerado entre las cinco entidades con mayor pobreza y donde más de 70% de sus habitantes se dedica a la agricultura.
El estado, de acuerdo con el dirigente del Consejo Agrario Permanente (CAP), Onésimo Serrano, cuenta con 400 mil hectáreas de cultivo, de las cuales 75% son de temporal.
Afirmó que la situación en el campo es grave debido a la pobreza que impera y donde en algunos sitios del Valle del Mezquital y de la Zona Otomí-Tepehua, los campesinos apenas obtienen entre 20 y 25 pesos al día para el sustento familiar.
Ante ello, se pronunció por una mayor transparencia en el otorgamiento de los beneficios del Procampo.
“Pareciera que primero quieren desacreditar el programa y después quitarlo” y lo que el campo necesita son más recursos, no que se quiten los pocos que se tienen”, consideró.
El padrón de beneficiarios en esta entidad, según Sagarpa, durante el ciclo otoño-invierno es de 21 mil 422, mientras que en primavera-verano suma 139 mil 170 campesinos. Los montos de apoyo son entre mil 300 y 970 pesos por ciclo.
Lamentó que el gobierno no haya transparentado el Procampo, pero sobre todo, dijo, existe temor de que la intención sea terminar con el programa, por lo cual, el CAP hará un pronunciamiento para que en todo el país se abran los expedientes de beneficiarios, se haga una “limpia” de este y se finquen responsabilidades penales.
viernes, 31 de julio de 2009
Procampo subsidia cultivos ilegales, reconoce la Sagarpa.
Noticia:
La Secretaría de Agricultura dio a conocer que ha realizado 11 mil 827 procedimientos de cancelación de apoyos a Procampo, de los cuales una parte no precisada ha sido por siembra de productos ilegales.
En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Alberto Cárdenas, y el coordinador jurídico de la Sagarpa, Adolfo González Muñoz, dijeron que no tienen información de cuántas hectáreas que reciben o recibían respaldo han sido utilizadas para cultivos ilícitos.
González únicamente detalló que del total de los apoyos cancelados, 5 mil 349 casos han sido revocados a través de procesos en los que se incluyen siembras ilegales —sin precisar el número—, 5 mil 125 se anularon por caducidad de derecho y mil 576 por autoexclusión.
Ambos funcionarios, acompañados por la directora en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), Graciela Aguilar, destacaron que se erogarán 400 millones de pesos para la depuración que se realizará a partir de septiembre próximo al padrón del programa social, que consta de 2.7 millones de beneficiarios.
Cárdenas dijo que se dará de baja a cualquier persona en cuyo caso se detecten irregularidades, sin importar al partido al que pertenezca o si es funcionario público, pues se privilegiará la transparencia.
La Secretaría de Agricultura dio a conocer que ha realizado 11 mil 827 procedimientos de cancelación de apoyos a Procampo, de los cuales una parte no precisada ha sido por siembra de productos ilegales.
En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Alberto Cárdenas, y el coordinador jurídico de la Sagarpa, Adolfo González Muñoz, dijeron que no tienen información de cuántas hectáreas que reciben o recibían respaldo han sido utilizadas para cultivos ilícitos.
González únicamente detalló que del total de los apoyos cancelados, 5 mil 349 casos han sido revocados a través de procesos en los que se incluyen siembras ilegales —sin precisar el número—, 5 mil 125 se anularon por caducidad de derecho y mil 576 por autoexclusión.
Ambos funcionarios, acompañados por la directora en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), Graciela Aguilar, destacaron que se erogarán 400 millones de pesos para la depuración que se realizará a partir de septiembre próximo al padrón del programa social, que consta de 2.7 millones de beneficiarios.
Cárdenas dijo que se dará de baja a cualquier persona en cuyo caso se detecten irregularidades, sin importar al partido al que pertenezca o si es funcionario público, pues se privilegiará la transparencia.
jueves, 30 de julio de 2009
Procampo acentuará la miseria: analistas.
Noticia:
La depuración de los padrones de beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) e Ingreso Objetivo, anunciada por el secretario de Agricultura, tendrá poco impacto en el futuro del campo mexicano. El esquema de repartición de subsidios a través de estos dos programas sociales multiplicará la pobreza extrema en buena parte de las zonas rurales y eventualmente hará crecer la dependencia alimentaria del país, predicen analistas.
Un mayor índice de miseria equivale al estrechamiento de oportunidades para el desarrollo, y eso tendrá sus propios efectos negativos, advierte Víctor Suárez Correa, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo.
“El crimen organizado se verá nutrido por decenas de miles de pobladores rurales que no tienen alternativa de ingresos y de trabajo”, sostiene. “En los próximos años el crimen organizado controlará más territorios del país y fragmentará la integridad territorial”, advierte el representante.
Actualmente, el país dispone de un amplio sector rural, pero está lejos de generar ingresos equiparables a los niveles del pasado.
El campo ya no es igual que antes
Antes, dice el analista de subsidios agrícolas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) John Scott, el campo era una fuente de ingresos de las familias pobres en zonas rurales, pero hoy el sustento lo encuentran en actividades ajenas al sector agrícola.
“Es muy difícil que los campesinos de subsistencia puedan vivir con los ingresos que obtengan de un predio de una a tres hectáreas, sin riesgo y sin mayor tecnología”, explica. “A 15 años del TLC (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), llevamos en realidad medio año del TLC: no hubo la transformación que se esperaba en el campo mexicano”, esgrime.
El futuro del México rural es incierto, a menos que se modifique la actual política agropecuaria, señala a su vez la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su estudio “Política agropecuaria y pesquera: Logros recientes, continuación de las reformas”.
“La mayoría de las transferencias de la política agropecuaria se distribuyen de manera regresiva e incluso Procampo, que es el menos regresivo de los grandes programas agropecuarios, no es tan redistributivo como programa de combate a la pobreza”, señala el documento.
Depuración de pobres
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) anunció para septiembre la más exhaustiva limpieza del padrón de beneficiarios de Procampo.
Se trata de un esfuerzo mayúsculo que les llevará al menos un par de años, de acuerdo con Ana Graciela Aguilar Antuñano, directora en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), dependiente de la citada secretaría.
La depuración, sin embargo, es posible que provoque estragos entre los miserables, antes que en los grandes productores, políticos, funcionarios, gobernantes e, incluso, personajes relacionados con el narcotráfico.
A través de 15 años de existencia del programa, indica la funcionaria, miles de campesinos han omitido información con tal de seguir beneficiándose con la ayuda.
“Hay quien vende y no avisa, que subdividieron (la tierra) y no avisan, que no siembran, y hay veces que hay injusticias: ‘no sembré porque soy un señor de 90 años y me dio neumonía’”, refiere.
Beneficiarios en tales condiciones serán rasurados del padrón, puesto que así lo dicta la ley. “Cuando se crea el Procampo se le pone el requisito de la siembra”, dice Aguilar.
Condena predecible
Bajo un escenario como ese, el país tendrá pocas alternativas. Suárez Correa recurre a indicadores oficiales para anticiparse unos cuantos años. Hoy, expone, la dependencia alimentaria de los mexicanos se ubica en 45%, lo que implica un gasto anual de 20 mil millones de dólares para la adquisición de alimentos en mercados extranjeros.
“De continuar la actual política agroalimentaria, en los próximos años tendremos que gastar al menos 60 mil millones de dólares. (…) Si en estos dos años 6 millones de mexicanos cayeron en nivel de pobreza —según la evaluación de la Comisión de Evaluaciones de Política Social—, quiere decir que en lo que resta de la actual administración al menos 3 millones de mexicanos entrarán en el mismo nivel de pobreza y en el nivel de pobreza alimentaria, que es la pobreza extrema”.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cita el director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, “ubica a 19.5 millones de mexicanos en pobreza extrema, que quiere decir hambre, y en los próximos tres años habrá 4 millones adicionales que estarán con hambre”.
El investigador del CIDE John Scott coincide con el diagnóstico de la OCDE en que Procampo ha sido bastante regresivo en su política, lo que finalmente ha favorecido a los estados del norte, y no a los del sur.
“Se habla del campo, pero el campo del norte y el del sur no tienen nada que ver uno con el otro”, indica. “Las tasas de pobreza rural de los estados del norte son comparables a las de pobreza urbanas que observamos en las ciudades, mientras que las tasas de pobreza rurales en el sur del país son mucho más apremiantes”.
Los subsidios de Procampo, afirma, son los que han provocado tal desigualdad.
“El tipo de subsidios que reciben (los productores agrícolas) no tiene mucho sentido económico (y) mucho menos tienen un sentido de justicia distributiva porque no contribuyen a disminuir la desigualdad en el campo, sino a aumentarla”, manifiesta John Scott.
Campo envejecido
En las zonas rurales más castigadas por la pobreza, el investigador ha detectado un fenómeno que pronto acentuará la crisis: campesinos cuya edad promedio es de 60 años. Para ellos, dice Scott, Procampo significa “una especie de recurso que les ayuda a sobrevivir en la vejez, en ausencia de programas de seguridad y asistencia”.
Son los individuos referidos también por la directora de Aserca.
Las políticas públicas tendrían que estar atendiendo a este sector de la población, sugiere Scott, pues de lo contrario el panorama que se viene en el país es desolador.
“Las desigualdades en la agricultura en México se van a profundizar. Por un lado vamos a tener a un sector agroindustrial muy grande, más o menos competitivo en relación con Estados Unidos, y que abarcaría una gran cantidad de subsidios regresivos, y por otro lado tendremos a un sector de productores pequeños de escasa viabilidad y mucha vulnerabilidad, lo que impactaría directamente en la economía mexicana”, advierte Scott.
La depuración de los padrones de beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) e Ingreso Objetivo, anunciada por el secretario de Agricultura, tendrá poco impacto en el futuro del campo mexicano. El esquema de repartición de subsidios a través de estos dos programas sociales multiplicará la pobreza extrema en buena parte de las zonas rurales y eventualmente hará crecer la dependencia alimentaria del país, predicen analistas.
Un mayor índice de miseria equivale al estrechamiento de oportunidades para el desarrollo, y eso tendrá sus propios efectos negativos, advierte Víctor Suárez Correa, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo.
“El crimen organizado se verá nutrido por decenas de miles de pobladores rurales que no tienen alternativa de ingresos y de trabajo”, sostiene. “En los próximos años el crimen organizado controlará más territorios del país y fragmentará la integridad territorial”, advierte el representante.
Actualmente, el país dispone de un amplio sector rural, pero está lejos de generar ingresos equiparables a los niveles del pasado.
El campo ya no es igual que antes
Antes, dice el analista de subsidios agrícolas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) John Scott, el campo era una fuente de ingresos de las familias pobres en zonas rurales, pero hoy el sustento lo encuentran en actividades ajenas al sector agrícola.
“Es muy difícil que los campesinos de subsistencia puedan vivir con los ingresos que obtengan de un predio de una a tres hectáreas, sin riesgo y sin mayor tecnología”, explica. “A 15 años del TLC (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), llevamos en realidad medio año del TLC: no hubo la transformación que se esperaba en el campo mexicano”, esgrime.
El futuro del México rural es incierto, a menos que se modifique la actual política agropecuaria, señala a su vez la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su estudio “Política agropecuaria y pesquera: Logros recientes, continuación de las reformas”.
“La mayoría de las transferencias de la política agropecuaria se distribuyen de manera regresiva e incluso Procampo, que es el menos regresivo de los grandes programas agropecuarios, no es tan redistributivo como programa de combate a la pobreza”, señala el documento.
Depuración de pobres
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) anunció para septiembre la más exhaustiva limpieza del padrón de beneficiarios de Procampo.
Se trata de un esfuerzo mayúsculo que les llevará al menos un par de años, de acuerdo con Ana Graciela Aguilar Antuñano, directora en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), dependiente de la citada secretaría.
La depuración, sin embargo, es posible que provoque estragos entre los miserables, antes que en los grandes productores, políticos, funcionarios, gobernantes e, incluso, personajes relacionados con el narcotráfico.
A través de 15 años de existencia del programa, indica la funcionaria, miles de campesinos han omitido información con tal de seguir beneficiándose con la ayuda.
“Hay quien vende y no avisa, que subdividieron (la tierra) y no avisan, que no siembran, y hay veces que hay injusticias: ‘no sembré porque soy un señor de 90 años y me dio neumonía’”, refiere.
Beneficiarios en tales condiciones serán rasurados del padrón, puesto que así lo dicta la ley. “Cuando se crea el Procampo se le pone el requisito de la siembra”, dice Aguilar.
Condena predecible
Bajo un escenario como ese, el país tendrá pocas alternativas. Suárez Correa recurre a indicadores oficiales para anticiparse unos cuantos años. Hoy, expone, la dependencia alimentaria de los mexicanos se ubica en 45%, lo que implica un gasto anual de 20 mil millones de dólares para la adquisición de alimentos en mercados extranjeros.
“De continuar la actual política agroalimentaria, en los próximos años tendremos que gastar al menos 60 mil millones de dólares. (…) Si en estos dos años 6 millones de mexicanos cayeron en nivel de pobreza —según la evaluación de la Comisión de Evaluaciones de Política Social—, quiere decir que en lo que resta de la actual administración al menos 3 millones de mexicanos entrarán en el mismo nivel de pobreza y en el nivel de pobreza alimentaria, que es la pobreza extrema”.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cita el director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, “ubica a 19.5 millones de mexicanos en pobreza extrema, que quiere decir hambre, y en los próximos tres años habrá 4 millones adicionales que estarán con hambre”.
El investigador del CIDE John Scott coincide con el diagnóstico de la OCDE en que Procampo ha sido bastante regresivo en su política, lo que finalmente ha favorecido a los estados del norte, y no a los del sur.
“Se habla del campo, pero el campo del norte y el del sur no tienen nada que ver uno con el otro”, indica. “Las tasas de pobreza rural de los estados del norte son comparables a las de pobreza urbanas que observamos en las ciudades, mientras que las tasas de pobreza rurales en el sur del país son mucho más apremiantes”.
Los subsidios de Procampo, afirma, son los que han provocado tal desigualdad.
“El tipo de subsidios que reciben (los productores agrícolas) no tiene mucho sentido económico (y) mucho menos tienen un sentido de justicia distributiva porque no contribuyen a disminuir la desigualdad en el campo, sino a aumentarla”, manifiesta John Scott.
Campo envejecido
En las zonas rurales más castigadas por la pobreza, el investigador ha detectado un fenómeno que pronto acentuará la crisis: campesinos cuya edad promedio es de 60 años. Para ellos, dice Scott, Procampo significa “una especie de recurso que les ayuda a sobrevivir en la vejez, en ausencia de programas de seguridad y asistencia”.
Son los individuos referidos también por la directora de Aserca.
Las políticas públicas tendrían que estar atendiendo a este sector de la población, sugiere Scott, pues de lo contrario el panorama que se viene en el país es desolador.
“Las desigualdades en la agricultura en México se van a profundizar. Por un lado vamos a tener a un sector agroindustrial muy grande, más o menos competitivo en relación con Estados Unidos, y que abarcaría una gran cantidad de subsidios regresivos, y por otro lado tendremos a un sector de productores pequeños de escasa viabilidad y mucha vulnerabilidad, lo que impactaría directamente en la economía mexicana”, advierte Scott.
miércoles, 29 de julio de 2009
La Sagarpa anuncia limpia en Procampo.
Noticia:
Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, anunció anoche en Puebla una depuración a fondo del padrón de beneficiarios de Procampo. También dijo que si hubiera algún familiar relacionado con políticos o narcotraficantes, corresponde sólo a la Procuraduría General de la República investigarlo.
El padrón tiene que ser revisado a fondo porque hay personas que en su momento fueron inscritas, pero con el tiempo vendieron sus propiedades para distintos proyectos y, por tanto, ya no requieren los apoyos, dijo Cárdenas Jiménez.
Sin embargo, funcionarios responsables de Procampo admitieron en entrevista incapacidad para supervisar a quiénes se les otorgan los subsidios y el uso que les dan, ya que se carece de una herramienta eficaz para detectar si la ayuda se aplica en la superficie pactada.
Ayer, EL UNIVERSAL dio a conocer que presuntos narcos de los principales cárteles (con los que el Estado sostiene una guerra), así como sus familiares, son beneficiarios del programa.
“Ustedes imagínense verificar 14.2 millones de hectáreas en un año agrícola. El costo de supervisión de la tierra y de pagarle a la gente para poder llegar al campo sería tan grande que no valdría la pena repartir el subsidio”, argumentó en entrevista Ana Gabriela Aguilar Antuñano, directora en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), de quien depende Procampo.
El coordinador general jurídico de la Sagarpa, Rodolfo González Muñoz, aseguró que cuando existen datos fehacientes de criminales beneficiarios, se ordena la suspensión inmediata del subsidio. Sin embargo, no supo precisar la cifra de a cuántos de ellos se les ha suspendido.
Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, anunció anoche en Puebla una depuración a fondo del padrón de beneficiarios de Procampo. También dijo que si hubiera algún familiar relacionado con políticos o narcotraficantes, corresponde sólo a la Procuraduría General de la República investigarlo.
El padrón tiene que ser revisado a fondo porque hay personas que en su momento fueron inscritas, pero con el tiempo vendieron sus propiedades para distintos proyectos y, por tanto, ya no requieren los apoyos, dijo Cárdenas Jiménez.
Sin embargo, funcionarios responsables de Procampo admitieron en entrevista incapacidad para supervisar a quiénes se les otorgan los subsidios y el uso que les dan, ya que se carece de una herramienta eficaz para detectar si la ayuda se aplica en la superficie pactada.
Ayer, EL UNIVERSAL dio a conocer que presuntos narcos de los principales cárteles (con los que el Estado sostiene una guerra), así como sus familiares, son beneficiarios del programa.
“Ustedes imagínense verificar 14.2 millones de hectáreas en un año agrícola. El costo de supervisión de la tierra y de pagarle a la gente para poder llegar al campo sería tan grande que no valdría la pena repartir el subsidio”, argumentó en entrevista Ana Gabriela Aguilar Antuñano, directora en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), de quien depende Procampo.
El coordinador general jurídico de la Sagarpa, Rodolfo González Muñoz, aseguró que cuando existen datos fehacientes de criminales beneficiarios, se ordena la suspensión inmediata del subsidio. Sin embargo, no supo precisar la cifra de a cuántos de ellos se les ha suspendido.
martes, 28 de julio de 2009
FCH defiende el programa; fracaso, no, dice Sagarpa.
Noticia:
El presidente Felipe Calderón Hinojosa reconoció que, “con suficiencias e insuficiencias” en materia agropecuaria, el gobierno federal ha hecho un esfuerzo por impulsar los programas del campo “y orientarlos, precisamente, a quienes más lo necesitan: a los agricultores más pobres”.
Después de que EL UNIVERSAL documentó el saqueo que por tres lustros ha sufrido el programa Procampo y que ha significado su fracaso, el mandatario federal abordó el tema en la 26 Asamblea del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Ahí defendió el programa.
“Aumentamos 12% los apoyos de Procampo a los pequeños productores; es decir, quienes tienen hasta cinco hectáreas se les están entregando ahora 6 mil 500 pesos, en lugar de los 5 mil 800 por hectárea que recibían antes; es decir, un incremento a un millón 700 mil campesinos en el país, que son quienes más necesitan, precisamente, el apoyo de todos”.
Aseguró que se multiplicaron también programas sectoriales, como el destinado a los cafetaleros: “Estamos respaldando con financiamiento, capacitación, asesoría técnica, apoyos productivos, la comercialización de medio millón de productores de café; sobre todo, productores indígenas del país”.
Calderón dijo ante los integrantes del CNA que su gobierno “ha hecho un esfuerzo por desplegar todos los recursos a nuestro alcance para impulsar al sector y para mejorar el ingreso de los productores”.
Parte de ese esfuerzo también corresponde a los legisladores, aclaró, pues fueron ellos quienes aprobaron la reforma fiscal de 2007; con ello, “hemos podido impulsar el mayor gasto y la mayor inversión en el campo en nuestra historia”, destacó.
Llegó para quedarse
El titular de la Secretaría de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, rechazó el fracaso de Procampo y sostuvo que éste programa llegó para quedarse y que, lejos de su desaparición, hoy se encuentra mejor que como venía operando desde hace 15 años.
Entrevistado al término de la presentación de la Red Mexicana de Monitoreo de los Organismos Genéticamente Modificados, Cárdenas Jiménez reiteró que el Procampo es un sostén y tiene una función muy importante para darle ingreso sólido y seguro a 2.7 millones de productores agrícolas en el país.
Recordó que se ha dado un par de ajustes impulsados por el presidente Calderón y con ello el programa tiene una función muy importante de darle un ingreso sólido y seguro a los productores, principalmente a los pequeños.
En la investigación publicada ayer por este diario, analistas del programa aseguran que Procampo fracasó en su propósito de fortalecer a productores de granos y oleaginosas ante la apertura de la frontera para la importación de alimentos, 15 años después de firmarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Cárdenas Jiménez —quien declinó responder acerca de las pruebas que documentan que los recursos de ese programa benefician a personas ligadas con el narcotráfico— sostuvo que Procampo va para muchos años más y que entre los ajustes está también pagarle más a los productores pequeños y que ya no está hasta el infinito en términos de hectáreas que abarca, pues ahora “está topando hasta 100 mil pesos”.
“Procampo tiene una función muy importante de darle un ingreso sólido, fijo, seguro a los productores del campo mexicano. Es un mejor Procampo del que vivimos durante 15 años, que va a darnos una mayor información de qué se está utilizando en tecnologías, en financiamiento, entre otros rubros”, estableció el responsable de la política agraria en el país.
El presidente Felipe Calderón Hinojosa reconoció que, “con suficiencias e insuficiencias” en materia agropecuaria, el gobierno federal ha hecho un esfuerzo por impulsar los programas del campo “y orientarlos, precisamente, a quienes más lo necesitan: a los agricultores más pobres”.
Después de que EL UNIVERSAL documentó el saqueo que por tres lustros ha sufrido el programa Procampo y que ha significado su fracaso, el mandatario federal abordó el tema en la 26 Asamblea del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Ahí defendió el programa.
“Aumentamos 12% los apoyos de Procampo a los pequeños productores; es decir, quienes tienen hasta cinco hectáreas se les están entregando ahora 6 mil 500 pesos, en lugar de los 5 mil 800 por hectárea que recibían antes; es decir, un incremento a un millón 700 mil campesinos en el país, que son quienes más necesitan, precisamente, el apoyo de todos”.
Aseguró que se multiplicaron también programas sectoriales, como el destinado a los cafetaleros: “Estamos respaldando con financiamiento, capacitación, asesoría técnica, apoyos productivos, la comercialización de medio millón de productores de café; sobre todo, productores indígenas del país”.
Calderón dijo ante los integrantes del CNA que su gobierno “ha hecho un esfuerzo por desplegar todos los recursos a nuestro alcance para impulsar al sector y para mejorar el ingreso de los productores”.
Parte de ese esfuerzo también corresponde a los legisladores, aclaró, pues fueron ellos quienes aprobaron la reforma fiscal de 2007; con ello, “hemos podido impulsar el mayor gasto y la mayor inversión en el campo en nuestra historia”, destacó.
Llegó para quedarse
El titular de la Secretaría de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, rechazó el fracaso de Procampo y sostuvo que éste programa llegó para quedarse y que, lejos de su desaparición, hoy se encuentra mejor que como venía operando desde hace 15 años.
Entrevistado al término de la presentación de la Red Mexicana de Monitoreo de los Organismos Genéticamente Modificados, Cárdenas Jiménez reiteró que el Procampo es un sostén y tiene una función muy importante para darle ingreso sólido y seguro a 2.7 millones de productores agrícolas en el país.
Recordó que se ha dado un par de ajustes impulsados por el presidente Calderón y con ello el programa tiene una función muy importante de darle un ingreso sólido y seguro a los productores, principalmente a los pequeños.
En la investigación publicada ayer por este diario, analistas del programa aseguran que Procampo fracasó en su propósito de fortalecer a productores de granos y oleaginosas ante la apertura de la frontera para la importación de alimentos, 15 años después de firmarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Cárdenas Jiménez —quien declinó responder acerca de las pruebas que documentan que los recursos de ese programa benefician a personas ligadas con el narcotráfico— sostuvo que Procampo va para muchos años más y que entre los ajustes está también pagarle más a los productores pequeños y que ya no está hasta el infinito en términos de hectáreas que abarca, pues ahora “está topando hasta 100 mil pesos”.
“Procampo tiene una función muy importante de darle un ingreso sólido, fijo, seguro a los productores del campo mexicano. Es un mejor Procampo del que vivimos durante 15 años, que va a darnos una mayor información de qué se está utilizando en tecnologías, en financiamiento, entre otros rubros”, estableció el responsable de la política agraria en el país.
Grandes productores monopolizan Procampo.
Noticia:
Héctor Castillo Valenzuela es dueño de una parcela de tres hectáreas en el ejido la Hulería, en Balancán, Tabasco. Desde 1995 es beneficiario del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo). En estos 14 años recibió 32 mil 772 pesos, dinero con el cual su tierra, dedicada a la siembra de maíz, se haría más productiva para poder competir con sus pares de Estados Unidos y Canadá, frente a la apertura agrícola de la frontera. Ese objetivo no se alcanzó para él ni para 4 millones 351 mil 763 productores, que representan 80% del padrón. A ellos se les ha repartido 27% de los recursos.
Jesús Manuel Patrón Montalvo también es beneficiario de estos apoyos. De 2000 a 2004 recibió 12 millones 270 mil 763 pesos, tanto de Procampo como del programa Ingreso Objetivo, destinado a favorecer la comercialización de las cosechas. Sus tierras, ubicadas en Navolato y Culiacán, Sinaloa, están dedicadas a la siembra de maíz y frijol. Este agricultor es uno de los 54 mil 397 productores (1% del total) que han recibido 25% del dinero destinado a apoyar al agro nacional.
El abismo entre los subsidios recibidos por el agricultor tabasqueño y el sinaloense hace del Procampo un programa que refuerza la desigualdad existente entre los productores grandes y pequeños, opina Jonathan Fox, investigador de la Universidad de Santa Cruz, California, quien se ha dedicado desde 1982 a estudiar el campo mexicano.
Desaire a los pobres
Salvo breves momentos históricos, la política agropecuaria nacional ha sido sesgada hacia los productores más poderosos, las zonas de riego y los estados del norte del país, comenta el académico. “La política agraria siempre ha favorecido a los ganadores y un sistema que favorece a los ganadores produce perdedores”, advierte Fox.
Hay una notoria captura del programa por parte de los agroindustriales más poderosos del país y de funcionarios del sector. Informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelan que hay una concentración en la forma en la que se obtienen los subsidios, en función de acceso a información relevante.
En el estudio “Los programas de subsidios al campo: Las razones y las sinrazones de una política mal diseñada”, Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala que desde 1994, año en que se puso en marcha el Procampo, se han detectado “la captura y el uso político de los subsidios y muy poca vigilancia pública”.
Miguel Pulido, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, define que un programa social se captura cuando un sector con capacidad de influencia y con una relevancia política o económica se queda con los beneficios de una política pública que tenía otro destino.
El Procampo tenía por objeto que el pequeño agricultor se hiciera productivo, al recibir apoyo para la compra de insumos e implementos que requiere para la siembra; sin embargo, “por el sesgo con que se ha manejado, terminó convirtiéndose en un programa para administrar la pobreza”, explica Pulido, quien colabora en la sistematización de datos de la página www.subsidiosalcampo.org.
Cuando se diseñó el programa se buscaba que hubiera una aproximación con respecto a los apoyos que recibían productores de Canadá y Estados Unidos, para que los mexicanos fueran competitivos. “La devaluación de la moneda mexicana ha sido otro factor en contra de los pequeños productores, además del incremento de los insumos, del fertilizante y las semillas mejoradas”, argumenta.
Los 970 pesos que recibían, hasta este ciclo agrícola que se incrementó a mil 300 pesos, ya no alcanzan para pagar los insumos mínimos. “Hay una pérdida de incentivo para que la gente se dedique a la actividad productiva del campo”.
Defensores del programa o de su interés
La conformación del padrón de Procampo se hizo poco antes de las elecciones de 1994, cuando Carlos Salinas era presidente de la República y Carlos Hank González secretario de Agricultura.
En el primer manual de operaciones de Procampo se observa que las “reglas estaban diseñadas para dotar de capacidad de decisión a las principales organizaciones de productores”, señala Merino en su investigación. La opinión de los líderes de esos grupos se toma en cuenta, hasta la fecha, para la definición de la lista de beneficiarios.
Los gobernadores, los presidentes municipales y las principales organizaciones de campesinos han mantenido una fuerte pugna política por controlar los padrones de beneficiarios y los pagos. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, coordinador de Apoyos de Procampo, reveló a Merino que los gobiernos de los estados buscan que se incremente cada año el presupuesto del programa y que ellos tengan margen de maniobra sobre los recursos.
La crisis en la que se encuentra el campo, que con programas públicos no se ha podido paliar, ha sido motivo de enfrentamientos políticos entre gobernadores de los estados más favorecidos, diputados y los propios funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), quienes proponen una depuración del padrón, el cual ha sufrido mínimas modificaciones desde su conformación.
Sinaloa es el estado más favorecido con los apoyos. De 1994 a 2008, 86 mil 892 agricultores de esta entidad han recibido 18.3 mil millones pesos, que equivalen a casi 10% del gasto total, calculado en 171 mil millones de pesos. Entre los menos beneficiados está Guerrero. Ahí, 116 mil 498 productores han recibido en total 4.63 mil millones de pesos. Estas cifras muestran que “Procampo está diseñado para repartir algo entre muchos y mucho entre pocos”. O lo que es lo mismo: “Algunas migajas para los pequeños y fuerte trozos del pastel para los grandes”, comenta Jonathan Fox.
En el estudio realizado por el investigador del CIDE se señala que esta política ha ampliado la brecha entre un norte del país “desarrollado y el sur atrasado”. Parece, dice Mauricio Merino, que el programa de apoyo al campo está orientado a que los estados del norte-occidente sean más productivos y competitivos, mientras que el sur-centro, aquejado por la pobreza, debería mantenerse con muy bajos niveles de producción.
Rechazan las iniciativas “Robin Hood”
Los recursos del Procampo se entregan según el número de hectáreas productivas. Este año se propuso poner un tope máximo de 100 mil pesos de apoyo a propietarios de grandes extensiones de tierra e incrementar la ayuda a los agricultores pequeños. La primera medida se aprobó. De la segunda, dedicada a los más desprotegidos, sólo se aceptó un aumento cercano a 300 pesos por hectárea.
“Hay fuertes intereses que están en contra de las iniciativas ‘Robin Hood’, quitarle a los ricos para darle a los pobres”, comenta Fox. El propósito de apoyar al campo quedó relegado a una política social. “Los pobres pueden ser recipiente de la beneficencia pública pero no de la inversión”.
Víctor Suárez Correa, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, advierte que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la política neoliberal y la modificación al artículo 27 constitucional, el gobierno da señales de que sus planes son desmantelar la producción en pequeña y mediana escala, depender de la importación, expulsar a la mayor parte de la población campesina y reconcentrar tierras y recursos naturales en pocas manos, con el pretexto de que sólo la producción en gran escala es competitiva en un mercado abierto y global. Es una cuestión falsa, porque la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reconoce que, a partir de la crisis alimentaria, el único potencial que existe para aumentar la producción de alimentos es fortalecer a la pequeña y mediana agroindustria.
El “procampeo” entre los funcionarios
El campesino tabasqueño Héctor Castillo Valenzuela espera endeudado el depósito de 3 mil 360 pesos, mil 120 por cada hectárea que siembra. “Ya tengo mi tarjeta del banco, pero todavía no me cae el dinero. La mayor parte ya se la debo al de la tienda, que me ha estado prestando”, se quejó ante uno de los líderes campesinos de su localidad.
Mientras la Sagarpa continúa con la “bancarización” de los beneficiarios del programa, la corrupción, que por años ha existido en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), no para.
Suárez Correa relata que los delegados estatales “negocian” con los productores el trámite del refrendo de su apoyo, mismo que se realiza cada ciclo agrícola. Los funcionarios “usan el verbo procampear para describir sus cochupos. “¿Ya procampeaste? ¿Cómo va el procampeo? Ya me procampearon”. Algunos de estos empleados, dice, exigen hasta 20% del total del cheque antes de entregarles el apoyo a los campesinos.
En 2008, decenas de indígenas tarahumaras beneficiados con el Procampo se quedaron sin el dinero porque en la región no hay cajeros automáticos, además de que muchos de ellos no están habituados a hacer movimientos bancarios, por lo que este año la dependencia federal les tuvo que hacer llegar los recursos en cheques. Como ha ocurrido en los últimos años. Una parte de ese dinero se quedará en los bolsillos de quienes hacen los trámites, lamenta Suárez Correa.
En suma, el objetivo del Procampo se desvió. El programa de subsidio al campo se convirtió en un “medio utilizado por el Estado mexicano para mantener vigentes sus redes políticas en el medio rural del país. En el mejor de los casos, ha servido para producir paz social”. Las condiciones de igualdad entre los campesinos mexicanos y sus competidores de Estados Unidos y Canadá se quedaron muy al principio del camino, concluye Merino en su investigación.
Héctor Castillo Valenzuela es dueño de una parcela de tres hectáreas en el ejido la Hulería, en Balancán, Tabasco. Desde 1995 es beneficiario del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo). En estos 14 años recibió 32 mil 772 pesos, dinero con el cual su tierra, dedicada a la siembra de maíz, se haría más productiva para poder competir con sus pares de Estados Unidos y Canadá, frente a la apertura agrícola de la frontera. Ese objetivo no se alcanzó para él ni para 4 millones 351 mil 763 productores, que representan 80% del padrón. A ellos se les ha repartido 27% de los recursos.
Jesús Manuel Patrón Montalvo también es beneficiario de estos apoyos. De 2000 a 2004 recibió 12 millones 270 mil 763 pesos, tanto de Procampo como del programa Ingreso Objetivo, destinado a favorecer la comercialización de las cosechas. Sus tierras, ubicadas en Navolato y Culiacán, Sinaloa, están dedicadas a la siembra de maíz y frijol. Este agricultor es uno de los 54 mil 397 productores (1% del total) que han recibido 25% del dinero destinado a apoyar al agro nacional.
El abismo entre los subsidios recibidos por el agricultor tabasqueño y el sinaloense hace del Procampo un programa que refuerza la desigualdad existente entre los productores grandes y pequeños, opina Jonathan Fox, investigador de la Universidad de Santa Cruz, California, quien se ha dedicado desde 1982 a estudiar el campo mexicano.
Desaire a los pobres
Salvo breves momentos históricos, la política agropecuaria nacional ha sido sesgada hacia los productores más poderosos, las zonas de riego y los estados del norte del país, comenta el académico. “La política agraria siempre ha favorecido a los ganadores y un sistema que favorece a los ganadores produce perdedores”, advierte Fox.
Hay una notoria captura del programa por parte de los agroindustriales más poderosos del país y de funcionarios del sector. Informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelan que hay una concentración en la forma en la que se obtienen los subsidios, en función de acceso a información relevante.
En el estudio “Los programas de subsidios al campo: Las razones y las sinrazones de una política mal diseñada”, Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala que desde 1994, año en que se puso en marcha el Procampo, se han detectado “la captura y el uso político de los subsidios y muy poca vigilancia pública”.
Miguel Pulido, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, define que un programa social se captura cuando un sector con capacidad de influencia y con una relevancia política o económica se queda con los beneficios de una política pública que tenía otro destino.
El Procampo tenía por objeto que el pequeño agricultor se hiciera productivo, al recibir apoyo para la compra de insumos e implementos que requiere para la siembra; sin embargo, “por el sesgo con que se ha manejado, terminó convirtiéndose en un programa para administrar la pobreza”, explica Pulido, quien colabora en la sistematización de datos de la página www.subsidiosalcampo.org.
Cuando se diseñó el programa se buscaba que hubiera una aproximación con respecto a los apoyos que recibían productores de Canadá y Estados Unidos, para que los mexicanos fueran competitivos. “La devaluación de la moneda mexicana ha sido otro factor en contra de los pequeños productores, además del incremento de los insumos, del fertilizante y las semillas mejoradas”, argumenta.
Los 970 pesos que recibían, hasta este ciclo agrícola que se incrementó a mil 300 pesos, ya no alcanzan para pagar los insumos mínimos. “Hay una pérdida de incentivo para que la gente se dedique a la actividad productiva del campo”.
Defensores del programa o de su interés
La conformación del padrón de Procampo se hizo poco antes de las elecciones de 1994, cuando Carlos Salinas era presidente de la República y Carlos Hank González secretario de Agricultura.
En el primer manual de operaciones de Procampo se observa que las “reglas estaban diseñadas para dotar de capacidad de decisión a las principales organizaciones de productores”, señala Merino en su investigación. La opinión de los líderes de esos grupos se toma en cuenta, hasta la fecha, para la definición de la lista de beneficiarios.
Los gobernadores, los presidentes municipales y las principales organizaciones de campesinos han mantenido una fuerte pugna política por controlar los padrones de beneficiarios y los pagos. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, coordinador de Apoyos de Procampo, reveló a Merino que los gobiernos de los estados buscan que se incremente cada año el presupuesto del programa y que ellos tengan margen de maniobra sobre los recursos.
La crisis en la que se encuentra el campo, que con programas públicos no se ha podido paliar, ha sido motivo de enfrentamientos políticos entre gobernadores de los estados más favorecidos, diputados y los propios funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), quienes proponen una depuración del padrón, el cual ha sufrido mínimas modificaciones desde su conformación.
Sinaloa es el estado más favorecido con los apoyos. De 1994 a 2008, 86 mil 892 agricultores de esta entidad han recibido 18.3 mil millones pesos, que equivalen a casi 10% del gasto total, calculado en 171 mil millones de pesos. Entre los menos beneficiados está Guerrero. Ahí, 116 mil 498 productores han recibido en total 4.63 mil millones de pesos. Estas cifras muestran que “Procampo está diseñado para repartir algo entre muchos y mucho entre pocos”. O lo que es lo mismo: “Algunas migajas para los pequeños y fuerte trozos del pastel para los grandes”, comenta Jonathan Fox.
En el estudio realizado por el investigador del CIDE se señala que esta política ha ampliado la brecha entre un norte del país “desarrollado y el sur atrasado”. Parece, dice Mauricio Merino, que el programa de apoyo al campo está orientado a que los estados del norte-occidente sean más productivos y competitivos, mientras que el sur-centro, aquejado por la pobreza, debería mantenerse con muy bajos niveles de producción.
Rechazan las iniciativas “Robin Hood”
Los recursos del Procampo se entregan según el número de hectáreas productivas. Este año se propuso poner un tope máximo de 100 mil pesos de apoyo a propietarios de grandes extensiones de tierra e incrementar la ayuda a los agricultores pequeños. La primera medida se aprobó. De la segunda, dedicada a los más desprotegidos, sólo se aceptó un aumento cercano a 300 pesos por hectárea.
“Hay fuertes intereses que están en contra de las iniciativas ‘Robin Hood’, quitarle a los ricos para darle a los pobres”, comenta Fox. El propósito de apoyar al campo quedó relegado a una política social. “Los pobres pueden ser recipiente de la beneficencia pública pero no de la inversión”.
Víctor Suárez Correa, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, advierte que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la política neoliberal y la modificación al artículo 27 constitucional, el gobierno da señales de que sus planes son desmantelar la producción en pequeña y mediana escala, depender de la importación, expulsar a la mayor parte de la población campesina y reconcentrar tierras y recursos naturales en pocas manos, con el pretexto de que sólo la producción en gran escala es competitiva en un mercado abierto y global. Es una cuestión falsa, porque la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reconoce que, a partir de la crisis alimentaria, el único potencial que existe para aumentar la producción de alimentos es fortalecer a la pequeña y mediana agroindustria.
El “procampeo” entre los funcionarios
El campesino tabasqueño Héctor Castillo Valenzuela espera endeudado el depósito de 3 mil 360 pesos, mil 120 por cada hectárea que siembra. “Ya tengo mi tarjeta del banco, pero todavía no me cae el dinero. La mayor parte ya se la debo al de la tienda, que me ha estado prestando”, se quejó ante uno de los líderes campesinos de su localidad.
Mientras la Sagarpa continúa con la “bancarización” de los beneficiarios del programa, la corrupción, que por años ha existido en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), no para.
Suárez Correa relata que los delegados estatales “negocian” con los productores el trámite del refrendo de su apoyo, mismo que se realiza cada ciclo agrícola. Los funcionarios “usan el verbo procampear para describir sus cochupos. “¿Ya procampeaste? ¿Cómo va el procampeo? Ya me procampearon”. Algunos de estos empleados, dice, exigen hasta 20% del total del cheque antes de entregarles el apoyo a los campesinos.
En 2008, decenas de indígenas tarahumaras beneficiados con el Procampo se quedaron sin el dinero porque en la región no hay cajeros automáticos, además de que muchos de ellos no están habituados a hacer movimientos bancarios, por lo que este año la dependencia federal les tuvo que hacer llegar los recursos en cheques. Como ha ocurrido en los últimos años. Una parte de ese dinero se quedará en los bolsillos de quienes hacen los trámites, lamenta Suárez Correa.
En suma, el objetivo del Procampo se desvió. El programa de subsidio al campo se convirtió en un “medio utilizado por el Estado mexicano para mantener vigentes sus redes políticas en el medio rural del país. En el mejor de los casos, ha servido para producir paz social”. Las condiciones de igualdad entre los campesinos mexicanos y sus competidores de Estados Unidos y Canadá se quedaron muy al principio del camino, concluye Merino en su investigación.
Procampo financia narcos y familiares.
Noticia:
Procampo, el programa que México diseñó hace 15 años para preparar a sus productores agrarios frente a la inminente competencia con Estados Unidos y Canadá, otorgó recursos a narcotraficantes y a sus familiares durante años y hasta el último dato disponible de 2008, de acuerdo con el padrón de la Sagarpa.
Entre los beneficiarios hay individuos vinculados a los principales cárteles de la droga en el país, con los que el Estado mantiene una guerra armada: el de Sinaloa, el de Juárez, el del Golfo y el del Milenio.
También subsidia a funcionarios y ex funcionarios locales y federales. En el padrón hay gobernadores y diputados, en activo o de administraciones pasadas, así como poderosos agroindustriales y líderes de organizaciones campesinas. Ellos forman parte del 1% del padrón de privilegiados que reciben la mayoría de los recursos. Procampo fue creado para apoyar a los productores más pobres del país, que se verían afectados con la entrada en vigor del TLCAN.
Ese 1% de privilegiados ha recibido 38 mil 558 millones de pesos. Tan sólo los familiares de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, cobraron, entre 1998 y 2003, 998 mil 267 pesos del Programa de Apoyo Directo al Campo. Una de sus hijas, María Teresa Zambada Niebla, solicitó el subsidio para la siembra de 80 hectáreas sin notificar, como se requiere, el giro que le daría a sus tierras. Zambada es también socia de la estancia infantil 1127 “Niño Feliz” subrogada por el IMSS en Culiacán. Igualmente se ayudó a Vicente Zambada Niebla, detenido en marzo de 2009; recibió 555 mil 220 pesos.
Los hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, otro de los líderes del cártel de Sinaloa, recibieron apoyo por 376 mil 198 pesos. Jesús, Ofelina y Aureliano obtuvieron dinero federal todavía en el ciclo primavera-verano de 2008.
Los Carrillo Fuentes, relacionados con los últimos líderes del Cártel de Juárez (Amado y Vicente), figuran 44 veces en el padrón. Recibieron del gobierno federal apoyo por diversos montos que van desde 2 mil 607 pesos hasta 2 millones 450 mil 581.
Ventura Valencia Valencia, hermano del fundador del Cártel del Milenio, Luis Valencia Valencia, y asesinado en noviembre de 2008, cobró casi 50 mil pesos para la siembra de pasto perenne en cuatro hectáreas.
Humberto García Ábrego, hermano del jefe del Cártel del Golfo (Juan) hasta que fue deportado a Estados Unidos en 1995, recibió 342 mil 384 pesos para la siembra de maíz y sorgo. Otros familiares también aparecen en la lista de beneficiarios.
Funcionarios que han ocupado cargos públicos desde 1994, fecha en que fue conformado el padrón del Procampo, están en la lista. Es el caso de los hermanos de Vicente Fox Quesada, Javier, José Luis y Cristóbal. El beneficio se les empezó a entregar a partir del año 2000, fecha en que inició la administración de ex presidente del PAN.
El gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, es parte del padrón y de 2000 a 2008 ha cobrado 26 mil 260 pesos. Los ex mandatarios Maximiliano Silerio Esparza y Fernando Baeza Meléndez, de Durango y Chihuahua, respectivamente, obtuvieron un millón 161 mil 756 pesos el primero, y 305 mil 44 pesos, el segundo.
Procampo, el programa que México diseñó hace 15 años para preparar a sus productores agrarios frente a la inminente competencia con Estados Unidos y Canadá, otorgó recursos a narcotraficantes y a sus familiares durante años y hasta el último dato disponible de 2008, de acuerdo con el padrón de la Sagarpa.
Entre los beneficiarios hay individuos vinculados a los principales cárteles de la droga en el país, con los que el Estado mantiene una guerra armada: el de Sinaloa, el de Juárez, el del Golfo y el del Milenio.
También subsidia a funcionarios y ex funcionarios locales y federales. En el padrón hay gobernadores y diputados, en activo o de administraciones pasadas, así como poderosos agroindustriales y líderes de organizaciones campesinas. Ellos forman parte del 1% del padrón de privilegiados que reciben la mayoría de los recursos. Procampo fue creado para apoyar a los productores más pobres del país, que se verían afectados con la entrada en vigor del TLCAN.
Ese 1% de privilegiados ha recibido 38 mil 558 millones de pesos. Tan sólo los familiares de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, cobraron, entre 1998 y 2003, 998 mil 267 pesos del Programa de Apoyo Directo al Campo. Una de sus hijas, María Teresa Zambada Niebla, solicitó el subsidio para la siembra de 80 hectáreas sin notificar, como se requiere, el giro que le daría a sus tierras. Zambada es también socia de la estancia infantil 1127 “Niño Feliz” subrogada por el IMSS en Culiacán. Igualmente se ayudó a Vicente Zambada Niebla, detenido en marzo de 2009; recibió 555 mil 220 pesos.
Los hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, otro de los líderes del cártel de Sinaloa, recibieron apoyo por 376 mil 198 pesos. Jesús, Ofelina y Aureliano obtuvieron dinero federal todavía en el ciclo primavera-verano de 2008.
Los Carrillo Fuentes, relacionados con los últimos líderes del Cártel de Juárez (Amado y Vicente), figuran 44 veces en el padrón. Recibieron del gobierno federal apoyo por diversos montos que van desde 2 mil 607 pesos hasta 2 millones 450 mil 581.
Ventura Valencia Valencia, hermano del fundador del Cártel del Milenio, Luis Valencia Valencia, y asesinado en noviembre de 2008, cobró casi 50 mil pesos para la siembra de pasto perenne en cuatro hectáreas.
Humberto García Ábrego, hermano del jefe del Cártel del Golfo (Juan) hasta que fue deportado a Estados Unidos en 1995, recibió 342 mil 384 pesos para la siembra de maíz y sorgo. Otros familiares también aparecen en la lista de beneficiarios.
Funcionarios que han ocupado cargos públicos desde 1994, fecha en que fue conformado el padrón del Procampo, están en la lista. Es el caso de los hermanos de Vicente Fox Quesada, Javier, José Luis y Cristóbal. El beneficio se les empezó a entregar a partir del año 2000, fecha en que inició la administración de ex presidente del PAN.
El gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, es parte del padrón y de 2000 a 2008 ha cobrado 26 mil 260 pesos. Los ex mandatarios Maximiliano Silerio Esparza y Fernando Baeza Meléndez, de Durango y Chihuahua, respectivamente, obtuvieron un millón 161 mil 756 pesos el primero, y 305 mil 44 pesos, el segundo.
lunes, 27 de julio de 2009
Saquean Procampo durante 15 años.
Noticia:
La inyección de fondos por 171 mil millones de pesos ejercidos a través de Procampo e Ingreso Objetivo fracasó en su propósito de fortalecer a productores de granos y oleaginosas ante la apertura total de la frontera para la importación de alimentos, 15 años después de firmarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Esa es la conclusión a la que han llegado investigadores y analistas del programa.
La repartición desigual del dinero es una de las causas por las que se falló: mientras que 20% de los productores con mayor extensión de tierras recibieron 80% de los recursos, la inmensa mayoría de campesinos debió conformarse con un subsidio menor a 700 pesos anuales, revela un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Tal condición volvió en los hechos a Procampo un programa asistencial, con el que millones de personas sobrevivieron a través de tres lustros, reconoce el Consejo Nacional Agropecuario.
Entre los que más han recibido ayuda con dinero público figuran gobernadores, diputados, grandes empresarios y narcotraficantes, según puede leerse en la página de internet subsidiosalcampo.org.mx, elaborada por Fundar Centro de Análisis e Investigación AC.
Informes de la Central Campesina Cardenista indican que, debido a ello, dejó de sembrarse maíz en 1.9 millones de hectáreas, pues la mitad de los beneficiarios emplearon el dinero para comer.
El diseño de normas que dieron origen al programa, coinciden analistas, permitió la desviación de recursos, el clientelismo político y la corrupción.
“Esto nos sirve para demostrar la ineficiencia brutal de los gobiernos y sus programas”, dice Nora Ruvalcaba, la diputada perredista que llevó a tribuna la presencia de presuntos criminales en los listados de Procampo. En 2007, la legisladora realizó una de las primeras revisiones del padrón de Procampo y descubrió que muchos de los beneficiarios eran narcotraficantes o sus familiares.
“Hicimos la denuncia cuando en Aguascalientes se descubrió un narcoinvernadero. (...) Nos metimos a verificar y, ¡oh sopresa!: el empresario era beneficiario de Procampo”, narra Ruvalcaba Gámez.
La inyección de fondos por 171 mil millones de pesos ejercidos a través de Procampo e Ingreso Objetivo fracasó en su propósito de fortalecer a productores de granos y oleaginosas ante la apertura total de la frontera para la importación de alimentos, 15 años después de firmarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Esa es la conclusión a la que han llegado investigadores y analistas del programa.
La repartición desigual del dinero es una de las causas por las que se falló: mientras que 20% de los productores con mayor extensión de tierras recibieron 80% de los recursos, la inmensa mayoría de campesinos debió conformarse con un subsidio menor a 700 pesos anuales, revela un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Tal condición volvió en los hechos a Procampo un programa asistencial, con el que millones de personas sobrevivieron a través de tres lustros, reconoce el Consejo Nacional Agropecuario.
Entre los que más han recibido ayuda con dinero público figuran gobernadores, diputados, grandes empresarios y narcotraficantes, según puede leerse en la página de internet subsidiosalcampo.org.mx, elaborada por Fundar Centro de Análisis e Investigación AC.
Informes de la Central Campesina Cardenista indican que, debido a ello, dejó de sembrarse maíz en 1.9 millones de hectáreas, pues la mitad de los beneficiarios emplearon el dinero para comer.
El diseño de normas que dieron origen al programa, coinciden analistas, permitió la desviación de recursos, el clientelismo político y la corrupción.
“Esto nos sirve para demostrar la ineficiencia brutal de los gobiernos y sus programas”, dice Nora Ruvalcaba, la diputada perredista que llevó a tribuna la presencia de presuntos criminales en los listados de Procampo. En 2007, la legisladora realizó una de las primeras revisiones del padrón de Procampo y descubrió que muchos de los beneficiarios eran narcotraficantes o sus familiares.
“Hicimos la denuncia cuando en Aguascalientes se descubrió un narcoinvernadero. (...) Nos metimos a verificar y, ¡oh sopresa!: el empresario era beneficiario de Procampo”, narra Ruvalcaba Gámez.
lunes, 24 de noviembre de 2008
Piden limpiar el Procampo.
Noticia:
El Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) ha sido abandonado, minimizado y torpedeado. Así, en las listas de beneficiarios aparecen los apellidos de conocidos jefes de cárteles de la droga, de políticos, artistas y funcionarios que obtienen los apoyos destinados a fomentar la producción del agro. Por lo que hay voces que piden que se transparente ese esquema.
Para el secretario ejecutivo del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (Copladever), Rafael Arias Hernández, el Padrón Único de Beneficiarios del Procampo debería ser transparentado para saber quiénes obtienen el financiamiento del gobierno federal.
A su vez, el dirigente de Antorcha Campesina en Veracruz, Samuel Aguirre Ochoa, consideró “reprobable” que se libere dinero de programas oficiales para respaldar cultivos de familiares de narcotraficantes y a funcionarios que no requieren ayuda.
A mediados de octubre pasado, el Ejército encontró en el municipio de El Llano, a 30 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes, un invernadero con tecnología de punta y 17 naves para la producción de mariguana, que ocupaba 200 hectáreas de un rancho propiedad de un beneficiario de Procampo.
Sin detectar desvíos
“En los padrones no se tienen detectados desvíos de recursos a cultivos ilícitos”, aseguró el jefe del Programa de Apoyos de Sagarpa en Sinaloa, Pedro Quiñónez Esquivel. El hecho de que aparezcan familiares de personajes ligados a la delincuencia no implica que los apoyos federales se destinen a cultivos ilícitos, argumentó.
Entre los 42 mil agricultores y ganaderos que en Sinaloa reciben apoyos, aparecen apellidos de jefes del narcotráfico, pero según el ex líder de la Liga de Comunidades Agrarias, José Luis Vázquez Borbolla, en cada ciclo agrícola se certifica qué cultivan en sus tierras.
En Mocorito, Sinaloa, por ejemplo, están los hermanos y sobrinos de Blanca Margarita Cázares Salazar, La Emperatriz, operadora financiera del cártel de Sinaloa, así como Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pero, según el dirigente agrario, en cada ciclo acreditan el cultivo de sus tierras, principalmente de maíz.
Ex funcionarios
También los apellidos de políticos, funcionarios y legisladores aparecen en las listas de Procampo, como en el caso del ex gobernador de Durango, Maximiliano Silerio Esparza, o el actual diputado federal priísta de ese estado, Rubén Escajeda Jiménez.
En 2004, Silerio Esparza recibió 550 mil pesos para un proyecto de producción de tomate en invernadero que requirió una inversión de 23 millones 577 mil pesos, así como 450 mil pesos para adquirir una seleccionadora de tomate que costó un millón 224 mil pesos.
Por su parte, Escajeda Jiménez, ex alcalde de San Juan del Río, Durango, en 2006 recibió del programa Fomento Agrícola 65 mil pesos para un sistema de riego en 10 hectáreas en ese municipio, cuyo costo fue de 137 mil 550 pesos.
También, Salvador Calderón Guzmán, siendo legislador del PRI en Durango, obtuvo 60 mil pesos para un abrevadero que costó 120 mil pesos, y la familia del ex senador Rómulo de Jesús Campuzano y de la regidora de Durango, Gina Campuzano González, recibió 25 mil pesos para un proyecto comercial.
En Zacatecas salieron a la luz pública nombres de políticos priístas como el ex senador José Bonilla Robles, así como dos hermanos del senador Ricardo Monreal (PRD): Cándido y David Monreal, actual alcalde de Fresnillo, de extracción petista.
Incluso, años atrás, se llegó a referir que predios, propiedad del extinto cantante Antonio Aguilar, eran beneficiados por el Procampo, en el municipio de Villanueva.
La renta de parcelas
Líderes campesinos y agricultores de Jalisco denunciaron que otra práctica es la renta de las parcelas que están dentro del padrón de Procampo, con lo que los dueños reciben los recursos pero no quien verdaderamente trabaja la tierra.
Comentario:
¿Qué pasa? Hay muchas voces alertando sobre la no "limpieza" del Procampo y el gobierno hace mutis. ¿O será que la alarma es infundada?
El Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) ha sido abandonado, minimizado y torpedeado. Así, en las listas de beneficiarios aparecen los apellidos de conocidos jefes de cárteles de la droga, de políticos, artistas y funcionarios que obtienen los apoyos destinados a fomentar la producción del agro. Por lo que hay voces que piden que se transparente ese esquema.
Para el secretario ejecutivo del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (Copladever), Rafael Arias Hernández, el Padrón Único de Beneficiarios del Procampo debería ser transparentado para saber quiénes obtienen el financiamiento del gobierno federal.
A su vez, el dirigente de Antorcha Campesina en Veracruz, Samuel Aguirre Ochoa, consideró “reprobable” que se libere dinero de programas oficiales para respaldar cultivos de familiares de narcotraficantes y a funcionarios que no requieren ayuda.
A mediados de octubre pasado, el Ejército encontró en el municipio de El Llano, a 30 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes, un invernadero con tecnología de punta y 17 naves para la producción de mariguana, que ocupaba 200 hectáreas de un rancho propiedad de un beneficiario de Procampo.
Sin detectar desvíos
“En los padrones no se tienen detectados desvíos de recursos a cultivos ilícitos”, aseguró el jefe del Programa de Apoyos de Sagarpa en Sinaloa, Pedro Quiñónez Esquivel. El hecho de que aparezcan familiares de personajes ligados a la delincuencia no implica que los apoyos federales se destinen a cultivos ilícitos, argumentó.
Entre los 42 mil agricultores y ganaderos que en Sinaloa reciben apoyos, aparecen apellidos de jefes del narcotráfico, pero según el ex líder de la Liga de Comunidades Agrarias, José Luis Vázquez Borbolla, en cada ciclo agrícola se certifica qué cultivan en sus tierras.
En Mocorito, Sinaloa, por ejemplo, están los hermanos y sobrinos de Blanca Margarita Cázares Salazar, La Emperatriz, operadora financiera del cártel de Sinaloa, así como Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pero, según el dirigente agrario, en cada ciclo acreditan el cultivo de sus tierras, principalmente de maíz.
Ex funcionarios
También los apellidos de políticos, funcionarios y legisladores aparecen en las listas de Procampo, como en el caso del ex gobernador de Durango, Maximiliano Silerio Esparza, o el actual diputado federal priísta de ese estado, Rubén Escajeda Jiménez.
En 2004, Silerio Esparza recibió 550 mil pesos para un proyecto de producción de tomate en invernadero que requirió una inversión de 23 millones 577 mil pesos, así como 450 mil pesos para adquirir una seleccionadora de tomate que costó un millón 224 mil pesos.
Por su parte, Escajeda Jiménez, ex alcalde de San Juan del Río, Durango, en 2006 recibió del programa Fomento Agrícola 65 mil pesos para un sistema de riego en 10 hectáreas en ese municipio, cuyo costo fue de 137 mil 550 pesos.
También, Salvador Calderón Guzmán, siendo legislador del PRI en Durango, obtuvo 60 mil pesos para un abrevadero que costó 120 mil pesos, y la familia del ex senador Rómulo de Jesús Campuzano y de la regidora de Durango, Gina Campuzano González, recibió 25 mil pesos para un proyecto comercial.
En Zacatecas salieron a la luz pública nombres de políticos priístas como el ex senador José Bonilla Robles, así como dos hermanos del senador Ricardo Monreal (PRD): Cándido y David Monreal, actual alcalde de Fresnillo, de extracción petista.
Incluso, años atrás, se llegó a referir que predios, propiedad del extinto cantante Antonio Aguilar, eran beneficiados por el Procampo, en el municipio de Villanueva.
La renta de parcelas
Líderes campesinos y agricultores de Jalisco denunciaron que otra práctica es la renta de las parcelas que están dentro del padrón de Procampo, con lo que los dueños reciben los recursos pero no quien verdaderamente trabaja la tierra.
Comentario:
¿Qué pasa? Hay muchas voces alertando sobre la no "limpieza" del Procampo y el gobierno hace mutis. ¿O será que la alarma es infundada?
viernes, 31 de octubre de 2008
Limpiarán "padrón de Procampo".
Noticia:
Como una de las estrategias para evitar que los apoyos de Procampo lleguen a manos de narcotraficantes, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) actualizará y depurará el padrón de este programa rural. Llamó a los campesinos a denunciar, a través de la línea de atención de Procampo, a beneficiarios que incurran en actividades ilícitas, como la siembra de mariguana.
El hecho de que se hayan encontrado recientemente terrenos (granja San José en Aguascalientes) beneficiados por Procampo con plantíos de mariguana es grave, pero no un problema recurrente, aseguró en entrevista el coordinador general de Apoyos Directos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), dependiente de Sagarpa, Gustavo Cárdenas.
Nora Ruvalcaba Gámez, diputada local perredista en Aguascalientes, denunció la semana pasada que, con base en documentos oficiales en su poder, parientes de Héctor El Güero Palma, Joaquín El Chapo Guzmán Loera y Rafael Caro Quintero, entre otros, reciben apoyos del Procampo.
Cárdenas dijo que podrían ser homónimos, pero aseguró que la información de personas beneficiarias relacionada con líderes de cárteles de las drogas será revisada a profundidad y enviada a las autoridades judiciales, para que se actúe en consecuencia. Sólo hasta que sea comprobada una irregularidad o ilícito, explicó, los apoyos podrán cancelarse.
El funcionario comentó que Sagarpa mantiene un convenio con la Procuraduría General de la República (PGR) para colaborar en la detección de parcelas que pudieran estar dedicadas a actividades ilícitas.
Además, la PGR tiene una “llave” para entrar al banco de información de nosotros en caso de indagatorias.
Rechazó que este tipo de medidas hayan llegado tarde, pues la Sagarpa tiene un proceso de verificación aleatorio para las 14 millones de hectáreas beneficiadas por Procampo, y más de 2.5 millones de productores registrados. “La revisión es aleatoria y año con año, pero no podemos hacerla al 100%. Si detectamos una situación lo denunciamos a la PGR”, aseguró Gustavo Cárdenas..
Comentario:
La vigilancia sobre recursos financieros deberá de darse en todos los campos de la vida económica, política y social de un país.
Como una de las estrategias para evitar que los apoyos de Procampo lleguen a manos de narcotraficantes, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) actualizará y depurará el padrón de este programa rural. Llamó a los campesinos a denunciar, a través de la línea de atención de Procampo, a beneficiarios que incurran en actividades ilícitas, como la siembra de mariguana.
El hecho de que se hayan encontrado recientemente terrenos (granja San José en Aguascalientes) beneficiados por Procampo con plantíos de mariguana es grave, pero no un problema recurrente, aseguró en entrevista el coordinador general de Apoyos Directos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), dependiente de Sagarpa, Gustavo Cárdenas.
Nora Ruvalcaba Gámez, diputada local perredista en Aguascalientes, denunció la semana pasada que, con base en documentos oficiales en su poder, parientes de Héctor El Güero Palma, Joaquín El Chapo Guzmán Loera y Rafael Caro Quintero, entre otros, reciben apoyos del Procampo.
Cárdenas dijo que podrían ser homónimos, pero aseguró que la información de personas beneficiarias relacionada con líderes de cárteles de las drogas será revisada a profundidad y enviada a las autoridades judiciales, para que se actúe en consecuencia. Sólo hasta que sea comprobada una irregularidad o ilícito, explicó, los apoyos podrán cancelarse.
El funcionario comentó que Sagarpa mantiene un convenio con la Procuraduría General de la República (PGR) para colaborar en la detección de parcelas que pudieran estar dedicadas a actividades ilícitas.
Además, la PGR tiene una “llave” para entrar al banco de información de nosotros en caso de indagatorias.
Rechazó que este tipo de medidas hayan llegado tarde, pues la Sagarpa tiene un proceso de verificación aleatorio para las 14 millones de hectáreas beneficiadas por Procampo, y más de 2.5 millones de productores registrados. “La revisión es aleatoria y año con año, pero no podemos hacerla al 100%. Si detectamos una situación lo denunciamos a la PGR”, aseguró Gustavo Cárdenas..
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La vigilancia sobre recursos financieros deberá de darse en todos los campos de la vida económica, política y social de un país.
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