Noticia:
Expertos en el sistema de justicia penal revisarán los alcances y retos para la implementación exitosa de la reforma al sistema de justicia penal.
El Foro de Justicia, Alcances y Retos de la Reforma al sistema de Justicia Penal, que se realizará en el municipio turístico de Ixtapan de la Sal, será inaugurado por el gobernador Enrique Peña Nieto.
Además participará el diputado Humberto Benítez Treviño, presidente de la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura Federal.
Expertos en la jurisprudencia analizarán los avances de la reforma constitucional al sistema de justicia penal, aprobada por el Congreso de la Unión y ratificada por las legislaturas locales.
Las reformas, que entre otras medidas contempla la instrumentación de los juicios orales y públicos, da un vuelco de 180 grados a nuestro sistema penal, que databa de 1917.
Una parte de esta reforma, que se relaciona con las medidas para combatir la delincuencia organizada, entrará en vigor según se vayan promulgando las distintas leyes secundarias.
La otra parte de la reforma, que establece en México el sistema acusatorio, lo hará en un plazo que no exceda los ocho años.
La instrumentación de los juicios orales implicará modificaciones a distintas leyes, y en algunos casos, se crearán nuevas figuras, como los jueces de control y de ejecución de sentencias, por ejemplo, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
Los expertos analizarán temas como la infraestructura necesaria, la construcción y operación de las salas donde se desarrollarán los juicios orales e instalaciones para ubicar los institutos de justicia alternativa o sus equivalentes.
Igualmente la reforma contempla la capacitación de jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores de oficio, peritos y abogados.
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viernes, 16 de abril de 2010
lunes, 1 de marzo de 2010
Hallan a juez ahorcado en Nuremberg.
Noticia:
Un juez alemán de 47 años ha aparecido ahorcado en las escaleras principales del Palacio de Justicia de la localidad de Nuremberg, en el sur del país, anunció hoy un portavoz judicial.
Tras comentar que todo apunta a un suicidio, señaló que el cadáver del juez, cuya identidad no ha sido facilitada, fue descubierto por personal de seguridad del edificio esta madrugada.
Al parecer el juez acudió a última hora del domingo al Palacio de Justicia de la capital de Franconia, en el norte del estado federado de Baviera.
Cuando tras un buen rato no contestó a las llamadas del personal de seguridad encargado de la vigilancia del edificio, un guarda inició su búsqueda y descubrió el cadáver, dijo el portavoz judicial, que no quiso ofrecer mas detalles del caso.
Un juez alemán de 47 años ha aparecido ahorcado en las escaleras principales del Palacio de Justicia de la localidad de Nuremberg, en el sur del país, anunció hoy un portavoz judicial.
Tras comentar que todo apunta a un suicidio, señaló que el cadáver del juez, cuya identidad no ha sido facilitada, fue descubierto por personal de seguridad del edificio esta madrugada.
Al parecer el juez acudió a última hora del domingo al Palacio de Justicia de la capital de Franconia, en el norte del estado federado de Baviera.
Cuando tras un buen rato no contestó a las llamadas del personal de seguridad encargado de la vigilancia del edificio, un guarda inició su búsqueda y descubrió el cadáver, dijo el portavoz judicial, que no quiso ofrecer mas detalles del caso.
miércoles, 13 de enero de 2010
Se caen en juzgados casos contra crimen.
Noticia:
Con la detención de 36 personas, exhibidas como multiasesinos, la Procuraduría estatal afirmó en los últimos meses que había resuelto casi 900 homicidios, pero ante los jueces ha presentado cargos por 63 asesinatos y sólo contra 14 de los capturados.
Según información del Supremo Tribunal de Justicia del estado, el Ministerio Público local no ha presentado acusaciones de homicidio ni siquiera contra los tres detenidos que el 29 de agosto de 2009 fueron mostrados como autores de 196 asesinatos.
Contra ellos, existen sólo cargos por delincuencia organizada y posesión de armas de fuego.
Con la detención de 36 personas, exhibidas como multiasesinos, la Procuraduría estatal afirmó en los últimos meses que había resuelto casi 900 homicidios, pero ante los jueces ha presentado cargos por 63 asesinatos y sólo contra 14 de los capturados.
Según información del Supremo Tribunal de Justicia del estado, el Ministerio Público local no ha presentado acusaciones de homicidio ni siquiera contra los tres detenidos que el 29 de agosto de 2009 fueron mostrados como autores de 196 asesinatos.
Contra ellos, existen sólo cargos por delincuencia organizada y posesión de armas de fuego.
martes, 5 de enero de 2010
Un ombudsman para juzgados.
Noticia:
Una especie de defensor de los usuarios del sistema de impartición de justicia atenderá y dará seguimiento a las quejas de la ciudadanía durante 2010.
Como parte de los acuerdos que adoptó la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) al suscribir una Carta de derechos y obligaciones de los usuarios de la justicia en México, juzgados y tribunales de todo el país designarán a un funcionario que se encargue de vigilar y evaluar las quejas y sugerencias de la población.
El documento contiene 14 derechos y nueve obligaciones, cuyo objetivo es garantizar que el acceso a la justicia se lleve a cabo con prontitud, calidad, eficiencia y transparencia.
La carta incluye no sólo a los usuarios de los juzgados y tribunales, a las personas que forman parte de un litigio, a los abogados y a los acusados, sino también a las víctimas de delitos, a los medios de comunicación y a todos aquellos que soliciten información relacionada con la administración de justicia.
La idea surgió de la necesidad de establecer un compromiso mutuo entre los órganos del sistema de justicia y sus usuarios.
La AMIJ revisará el texto cada dos años para incluir los comentarios de los usuarios y consolidar un proceso de mejoramiento y evolución.
Una especie de defensor de los usuarios del sistema de impartición de justicia atenderá y dará seguimiento a las quejas de la ciudadanía durante 2010.
Como parte de los acuerdos que adoptó la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) al suscribir una Carta de derechos y obligaciones de los usuarios de la justicia en México, juzgados y tribunales de todo el país designarán a un funcionario que se encargue de vigilar y evaluar las quejas y sugerencias de la población.
El documento contiene 14 derechos y nueve obligaciones, cuyo objetivo es garantizar que el acceso a la justicia se lleve a cabo con prontitud, calidad, eficiencia y transparencia.
La carta incluye no sólo a los usuarios de los juzgados y tribunales, a las personas que forman parte de un litigio, a los abogados y a los acusados, sino también a las víctimas de delitos, a los medios de comunicación y a todos aquellos que soliciten información relacionada con la administración de justicia.
La idea surgió de la necesidad de establecer un compromiso mutuo entre los órganos del sistema de justicia y sus usuarios.
La AMIJ revisará el texto cada dos años para incluir los comentarios de los usuarios y consolidar un proceso de mejoramiento y evolución.
sábado, 24 de octubre de 2009
Liberan a indígena que perdió a su bebé en parto prematuro.
Noticia:
La joven maya Yasuri Sac-Nicté, consignada por presunto homicidio doloso luego de perder a su bebé en un parto prematuro, obtuvo su libertad la tarde de ayer, después de que el procurador de Justicia del estado, Bello Melchor Rodríguez se desistió de la acción penal en su contra.
“Yasuri nunca tuvo dolo para realizar esa conducta —matar a su hijo— y por eso está afuera y es un precedente de la defensa de los derechos de las mujeres de Quintana Roo, como en todo el país”, insistió la abogada Gabriela Rojo Castillo.
Añadió que este tipo de injusticias no tienen que seguir presentándose en nuestra sociedad; “sobre todo, el trato que le dieron, ya que estuvo todo un día sentada en la Procuraduría con sangrado posterior al legrado que le practicaron en el Hospital Materno Infantil Morelos, como una forma de satanizar su conducta”.
“Creo que independientemente de que se haya cometido un delito, primero están los derechos humanos de las personas”, apuntó la defensora legal de la indígena maya.
El recuento de los daños
Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga, indígena maya de 22 años, madre soltera de un niño de cinco años y de una niña de dos, tenía un embarazo de más de seis meses y tuvo un parto prematuro en su casa.
La madrugada del 6 de octubre le sobrevino una fuerte hemorragia y el parto prematuro espontáneo en su vivienda ubicada en la comunidad rural de Sabidos, municipio de Othón P. Blanco.
Le niegan atención en el IMSS
Acompañada de su madre y de su hermano, la mujer maya acudió a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la comunidad de Rojo Gómez, en donde le negaron la atención médica argumentando que era derechohabiente.
Ante la urgencia y tras varias horas de penar, sus familiares contrataron una ambulancia para trasladarla al Hospital Materno Infantil Morelos, en Chetumal, donde requirió de dos unidades de sangre.
Los médicos dieron parte a las autoridades. Así, Yasuri, en medio de una crisis emocional y delicada de salud, fue interrogada.
El 7 de octubre, la joven fue trasladada a los separos de la Procuraduría para ser interrogada y un día después fue recluida en el penal de Chetumal y puesta a disposición del juez, quien le dictó auto de formal prisión el 12 de octubre.
Inicialmente, el agente del Ministerio Público de Quintana Roo la acusó de homicidio doloso calificado, presumiendo que el bebé vivió y respiró. El delito se sanciona hasta con 30 años de prisión.
Ayer, el oficio de desistimiento detalla que, “después de un análisis profundo de la conducta desplegada por Yasuri, se encontró que existen dos excluyentes de responsabilidad que operan a favor de ella; que no estaba acreditado el dolo y tampoco que haya existido vida —del bebé— prematuro”.
Además, la defensora Rojo Castillo señaló que una vez que revisó expediente, se detectaron algunas deficiencias en la integración de la averiguación previa, como el hecho de haberle tomado su declaración sin la presencia de su abogado y que pusieran a su hermano de 20 años, como la persona de su mayor confianza ante un delito tan grave.
Yasuri no regresa a su casa
Ayer, a las 14:00 horas, Yasuri Sac-Nicté dejo el área femenil del penal de Chetumal y fue trasladada a la oficina de su defensora, donde se reunió con su madre Angelita Mayorga y su hija Karla, de dos años.
También estuvo presente Gabriela del Socorro Díaz Romero, coordinadora del Centro de Atención a Víctimas de Violaciones de la Comisión de Derechos Humanos, ya que se le brindará atención sicológica a Yasuri y a su familia para superar la experiencia.
Durante todo el tiempo se mostró tímida y cabizbaja, y rompió en llanto cuando llegó su madre y su hija, a quienes abrazó efusivamente junto a su hermano Wilson. La familia aún no comprende lo que ocurrió, pero afirma que vivió la peor tragedia en su vida.
La joven maya Yasuri Sac-Nicté, consignada por presunto homicidio doloso luego de perder a su bebé en un parto prematuro, obtuvo su libertad la tarde de ayer, después de que el procurador de Justicia del estado, Bello Melchor Rodríguez se desistió de la acción penal en su contra.
“Yasuri nunca tuvo dolo para realizar esa conducta —matar a su hijo— y por eso está afuera y es un precedente de la defensa de los derechos de las mujeres de Quintana Roo, como en todo el país”, insistió la abogada Gabriela Rojo Castillo.
Añadió que este tipo de injusticias no tienen que seguir presentándose en nuestra sociedad; “sobre todo, el trato que le dieron, ya que estuvo todo un día sentada en la Procuraduría con sangrado posterior al legrado que le practicaron en el Hospital Materno Infantil Morelos, como una forma de satanizar su conducta”.
“Creo que independientemente de que se haya cometido un delito, primero están los derechos humanos de las personas”, apuntó la defensora legal de la indígena maya.
El recuento de los daños
Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga, indígena maya de 22 años, madre soltera de un niño de cinco años y de una niña de dos, tenía un embarazo de más de seis meses y tuvo un parto prematuro en su casa.
La madrugada del 6 de octubre le sobrevino una fuerte hemorragia y el parto prematuro espontáneo en su vivienda ubicada en la comunidad rural de Sabidos, municipio de Othón P. Blanco.
Le niegan atención en el IMSS
Acompañada de su madre y de su hermano, la mujer maya acudió a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la comunidad de Rojo Gómez, en donde le negaron la atención médica argumentando que era derechohabiente.
Ante la urgencia y tras varias horas de penar, sus familiares contrataron una ambulancia para trasladarla al Hospital Materno Infantil Morelos, en Chetumal, donde requirió de dos unidades de sangre.
Los médicos dieron parte a las autoridades. Así, Yasuri, en medio de una crisis emocional y delicada de salud, fue interrogada.
El 7 de octubre, la joven fue trasladada a los separos de la Procuraduría para ser interrogada y un día después fue recluida en el penal de Chetumal y puesta a disposición del juez, quien le dictó auto de formal prisión el 12 de octubre.
Inicialmente, el agente del Ministerio Público de Quintana Roo la acusó de homicidio doloso calificado, presumiendo que el bebé vivió y respiró. El delito se sanciona hasta con 30 años de prisión.
Ayer, el oficio de desistimiento detalla que, “después de un análisis profundo de la conducta desplegada por Yasuri, se encontró que existen dos excluyentes de responsabilidad que operan a favor de ella; que no estaba acreditado el dolo y tampoco que haya existido vida —del bebé— prematuro”.
Además, la defensora Rojo Castillo señaló que una vez que revisó expediente, se detectaron algunas deficiencias en la integración de la averiguación previa, como el hecho de haberle tomado su declaración sin la presencia de su abogado y que pusieran a su hermano de 20 años, como la persona de su mayor confianza ante un delito tan grave.
Yasuri no regresa a su casa
Ayer, a las 14:00 horas, Yasuri Sac-Nicté dejo el área femenil del penal de Chetumal y fue trasladada a la oficina de su defensora, donde se reunió con su madre Angelita Mayorga y su hija Karla, de dos años.
También estuvo presente Gabriela del Socorro Díaz Romero, coordinadora del Centro de Atención a Víctimas de Violaciones de la Comisión de Derechos Humanos, ya que se le brindará atención sicológica a Yasuri y a su familia para superar la experiencia.
Durante todo el tiempo se mostró tímida y cabizbaja, y rompió en llanto cuando llegó su madre y su hija, a quienes abrazó efusivamente junto a su hermano Wilson. La familia aún no comprende lo que ocurrió, pero afirma que vivió la peor tragedia en su vida.
lunes, 20 de julio de 2009
Amonestan a PGJ por actuación deficiente.
Noticia:
La Comisión de Derechos Humanos del estado de México (Codhem) emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia por la mala integración de una averiguación previa que provocó que un individuo, que es señalado como responsable de abusar sexualmente de una menor, no fuera detenido.
El organismo envió al titular de la PGJEM, Alberto Bazbaz Sacal, la recomendación porque en marzo de 2008, una menor de 12 años fue víctima de abuso sexual, y acompañada de su familia acudió a denunciar.
Sin embargo, “las deficiencias en la integración del acta impidieron que el presunto responsable fuera capturado, aun cuando estaba identificado y el examen del médico legista confirmaba el ataque del que fue objeto la jovencita”.
De acuerdo con la recomendación 18/09, la menor se presentó a denunciar el ilícito, en el Ministerio Público de Real de Costitlán, en Chicoloapan, pero el representante social, José Agustín Loaiza Meneses, integró de manera irregular la indagatoria, lo que impidió la detención del probable responsable, no obstante que las lesiones presentadas por la afectada se produjeron dentro de las 72 horas previas a la denuncia penal.
“Incluso, de acuerdo con el expediente de queja que fue iniciado en esta Comisión, la declaración de la jovencita fue tomada por una licenciada de la que no se sabe su nombre, quien le dijo a la víctima varias cosas que la hicieron sentir intimidada, provocando que emitiera un testimonio incompleto de los hechos”.
La madre de la niña aseguró que los abusos sexuales se repitieron en más de una ocasión, pero la licenciada que no fue identificada no asentó las fechas de tales agresiones en la declaración y le dijo a la mamá que ya firmara así, porque si no la menor podría salir perjudicada.
“El papá de la agraviada refirió que se entrevistaron con el comandante Heriberto Dolores Martínez Galván, adscrito al Grupo de Investigaciones, quien les dijo que el encargado del caso sería el policía ministerial Édgar Israel Álvarez Pérez, quien sólo entrevistó a la menor y le solicitó a los denunciantes que le avisaran cuando el probable responsable estuviera afuera de su casa, ya que no lo podía detener en su domicilio”, señala.
La Codhem, luego de una investigación, confirmó que se vulneraron los derechos humanos de la menor porque el representante social, José Agustín Loaiza Meneses, omitió vigilar, supervisar y dar seguimiento a la averiguación previa, más aún, sabiendo que la atención era necesaria, ya que conoció oportunamente de los hechos que fueron certificados por el médico legista.
Ernesto Méndez Prado, secretario del Ministerio Público, manifestó que fue él quien realizó la fe ministerial del estado ginecológico y sí observó la anotación en dicho certificado, pero no consideró necesario recabar la declaración de la mamá.
La Codhem explicó en el documento que tanto el representante social como el secretario actuaron inadecuadamente, porque permitieron que persona ajena a la institución recabara la declaración de la afectada, y peor aún, se dedicara a intimidarla.
El fiscal no hizo acción alguna para dar vigencia a los derechos de la adolescente, quien no recibió ni la atención ni el apoyo que como víctima le correspondían, agregó la Codhem en el texto.
La Comisión de Derechos Humanos del estado de México (Codhem) emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia por la mala integración de una averiguación previa que provocó que un individuo, que es señalado como responsable de abusar sexualmente de una menor, no fuera detenido.
El organismo envió al titular de la PGJEM, Alberto Bazbaz Sacal, la recomendación porque en marzo de 2008, una menor de 12 años fue víctima de abuso sexual, y acompañada de su familia acudió a denunciar.
Sin embargo, “las deficiencias en la integración del acta impidieron que el presunto responsable fuera capturado, aun cuando estaba identificado y el examen del médico legista confirmaba el ataque del que fue objeto la jovencita”.
De acuerdo con la recomendación 18/09, la menor se presentó a denunciar el ilícito, en el Ministerio Público de Real de Costitlán, en Chicoloapan, pero el representante social, José Agustín Loaiza Meneses, integró de manera irregular la indagatoria, lo que impidió la detención del probable responsable, no obstante que las lesiones presentadas por la afectada se produjeron dentro de las 72 horas previas a la denuncia penal.
“Incluso, de acuerdo con el expediente de queja que fue iniciado en esta Comisión, la declaración de la jovencita fue tomada por una licenciada de la que no se sabe su nombre, quien le dijo a la víctima varias cosas que la hicieron sentir intimidada, provocando que emitiera un testimonio incompleto de los hechos”.
La madre de la niña aseguró que los abusos sexuales se repitieron en más de una ocasión, pero la licenciada que no fue identificada no asentó las fechas de tales agresiones en la declaración y le dijo a la mamá que ya firmara así, porque si no la menor podría salir perjudicada.
“El papá de la agraviada refirió que se entrevistaron con el comandante Heriberto Dolores Martínez Galván, adscrito al Grupo de Investigaciones, quien les dijo que el encargado del caso sería el policía ministerial Édgar Israel Álvarez Pérez, quien sólo entrevistó a la menor y le solicitó a los denunciantes que le avisaran cuando el probable responsable estuviera afuera de su casa, ya que no lo podía detener en su domicilio”, señala.
La Codhem, luego de una investigación, confirmó que se vulneraron los derechos humanos de la menor porque el representante social, José Agustín Loaiza Meneses, omitió vigilar, supervisar y dar seguimiento a la averiguación previa, más aún, sabiendo que la atención era necesaria, ya que conoció oportunamente de los hechos que fueron certificados por el médico legista.
Ernesto Méndez Prado, secretario del Ministerio Público, manifestó que fue él quien realizó la fe ministerial del estado ginecológico y sí observó la anotación en dicho certificado, pero no consideró necesario recabar la declaración de la mamá.
La Codhem explicó en el documento que tanto el representante social como el secretario actuaron inadecuadamente, porque permitieron que persona ajena a la institución recabara la declaración de la afectada, y peor aún, se dedicara a intimidarla.
El fiscal no hizo acción alguna para dar vigencia a los derechos de la adolescente, quien no recibió ni la atención ni el apoyo que como víctima le correspondían, agregó la Codhem en el texto.
jueves, 5 de febrero de 2009
Procesan a supuesto homicida de francés.
Noticia:
El juez 11 de lo penal, con sede en el Reclusorio Norte, dictó auto de formal prisión a Miguel Ángel Herrera García, presunto homicida del científico francés Christopher Augur.
Ayer, la Policía Judicial detuvo al encargado y al cantinero del restaurante-bar La Flor de Mixiuhca, Lorenzo Barbosa Labastida, y Óscar Hernández Rodríguez, quienes fueron trasladados a la fiscalía desconcentrada en Iztacalco, en calidad de presentados. Y el establecimiento fue clausurado. El Ministerio Público determinará si son o no acusados de complicidad con Herrera García y otros agresores del científico que fueron detenidos en el mismo establecimiento.
Caso New´s Divine
En otro asunto, a pesar de que se encuentran en prisión por estar acusados por la muerte de 12 personas en el operativo en la discoteca New’s Divine, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), les mantiene sus sueldos a 14 policías.
Ayer, durante una audiencia en el Juzgado 19 de lo Penal, el juez Rafael Guerra les cambió el delito de homicidio doloso a culposo, con lo cual alcanzan la libertad bajo fianza.
El juez Rafael Guerra les indicó que consideraría el tiempo que llevan en prisión y sus ingresos. Familiares de los policías dijeron que los uniformados siguen recibiendo el sueldo. Algunos reciben 800 pesos a la quincena y otros 2 mil 400, por lo que les sería difícil pagar 700 mil pesos de fianza. El juez impuso una fianza de 41 mil 546.10 pesos por cada una de las 12 víctimas del New’s Divine el pasado 20 de junio.
Comentario:
Por un lado se cumple la ley y por otro, se hacen de la "vista gorda". ¿Ley Juarista? Todo el peso de la ley a los enemigos, y discreción con los amigos?
El juez 11 de lo penal, con sede en el Reclusorio Norte, dictó auto de formal prisión a Miguel Ángel Herrera García, presunto homicida del científico francés Christopher Augur.
Ayer, la Policía Judicial detuvo al encargado y al cantinero del restaurante-bar La Flor de Mixiuhca, Lorenzo Barbosa Labastida, y Óscar Hernández Rodríguez, quienes fueron trasladados a la fiscalía desconcentrada en Iztacalco, en calidad de presentados. Y el establecimiento fue clausurado. El Ministerio Público determinará si son o no acusados de complicidad con Herrera García y otros agresores del científico que fueron detenidos en el mismo establecimiento.
Caso New´s Divine
En otro asunto, a pesar de que se encuentran en prisión por estar acusados por la muerte de 12 personas en el operativo en la discoteca New’s Divine, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), les mantiene sus sueldos a 14 policías.
Ayer, durante una audiencia en el Juzgado 19 de lo Penal, el juez Rafael Guerra les cambió el delito de homicidio doloso a culposo, con lo cual alcanzan la libertad bajo fianza.
El juez Rafael Guerra les indicó que consideraría el tiempo que llevan en prisión y sus ingresos. Familiares de los policías dijeron que los uniformados siguen recibiendo el sueldo. Algunos reciben 800 pesos a la quincena y otros 2 mil 400, por lo que les sería difícil pagar 700 mil pesos de fianza. El juez impuso una fianza de 41 mil 546.10 pesos por cada una de las 12 víctimas del New’s Divine el pasado 20 de junio.
Comentario:
Por un lado se cumple la ley y por otro, se hacen de la "vista gorda". ¿Ley Juarista? Todo el peso de la ley a los enemigos, y discreción con los amigos?
lunes, 15 de diciembre de 2008
Pendientes 400 mil órdenes de arresto.
Noticia:
En el país existen alrededor de 400 mil órdenes de aprehensión por ejecutar, reportan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Federación de Instituciones Públicas de Defensa de los Derechos Humanos.
En un informe sobre la situación de seguridad pública que será presentado hoy, la CNDH también indica que de los delitos que se cometen en México, únicamente 10% se denuncia. De éstos, sólo en uno de cada 100 se sentencia a los responsables del delito.
Además, según el organismo, 99% de los delitos que se denuncian quedan impunes.
De acuerdo con el Programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH, la mayoría de los que sufren algún delito no denuncian porque desconfían de las autoridades responsables de procurar la justicia y temen convertirse en víctimas de la corrupción que impera en el sistema de seguridad pública.
Ante ello, la CNDH propone crear una instancia imparcial y autónoma del Ministerio Público que indague los delitos en los que estén involucrados policías y otros servidores públicos.
También destacó que hay rezago en la atención a los reclusorios del país. Dice que en la mayoría se violan los derechos de los internos, lo que dificulta su reinserción social.
Comentario:
¿Si se hicieran más denuncias, las atenderían las autoridades con prontitud y eficiencia?
En el país existen alrededor de 400 mil órdenes de aprehensión por ejecutar, reportan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Federación de Instituciones Públicas de Defensa de los Derechos Humanos.
En un informe sobre la situación de seguridad pública que será presentado hoy, la CNDH también indica que de los delitos que se cometen en México, únicamente 10% se denuncia. De éstos, sólo en uno de cada 100 se sentencia a los responsables del delito.
Además, según el organismo, 99% de los delitos que se denuncian quedan impunes.
De acuerdo con el Programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH, la mayoría de los que sufren algún delito no denuncian porque desconfían de las autoridades responsables de procurar la justicia y temen convertirse en víctimas de la corrupción que impera en el sistema de seguridad pública.
Ante ello, la CNDH propone crear una instancia imparcial y autónoma del Ministerio Público que indague los delitos en los que estén involucrados policías y otros servidores públicos.
También destacó que hay rezago en la atención a los reclusorios del país. Dice que en la mayoría se violan los derechos de los internos, lo que dificulta su reinserción social.
Comentario:
¿Si se hicieran más denuncias, las atenderían las autoridades con prontitud y eficiencia?
sábado, 13 de diciembre de 2008
Se abren jueces al escrutinio social.
Noticia:
El Poder Judicial anunció que la ciudadanía evaluará el trabajo que realizan los jueces, supervisará su actuación y fiscalizará sus sentencias, porque 2009 será “el año de la sociedad”.
Al rendir su segundo informe de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dio a conocer que el grupo que encabezó la marcha Iluminemos México estará al frente del Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal.
En el sector de la justicia “hay problemas de distinta magnitud” que requieren del apoyo de la sociedad para afrontarlos, expresó Ortiz.
Invitó a la sociedad a fiscalizar el proceso para elegir a nuevos jueces y magistrados. “Hoy más que nunca la ciudadanía debe conocer cómo se seleccionan y se preparan sus juzgadores para tener instrumentos de evaluación del trabajo judicial”.
El anuncio del ministro se da a tres semanas de que el presidente Felipe Calderón mencionó que sería deseable que la Operación Limpieza que se aplica en los cuerpos de seguridad federales también se replique en el Poder Judicial. En este contexto, Ortiz informó que durante el año que termina un magistrado fue destituido y otros tres fueron suspendidos, lo mismo que un juez, como parte de las medidas disciplinarias para prevenir y sancionar conductas irregulares.
Ortiz advirtió que para el año próximo tendrán limitaciones presupuestales para crear los 170 juzgados y tribunales federales que se requieren con el fin de atender la demanda de justicia y el número de juicios que se promueven en el país.
Aseguró que entró en comunicación con los poderes Legislativo y Ejecutivo para poner en marcha la instancia que coordinará la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
Comentario:
Esperemos que al final del año entrante, se le pueda calificar como "el año de la limpieza".
El Poder Judicial anunció que la ciudadanía evaluará el trabajo que realizan los jueces, supervisará su actuación y fiscalizará sus sentencias, porque 2009 será “el año de la sociedad”.
Al rendir su segundo informe de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dio a conocer que el grupo que encabezó la marcha Iluminemos México estará al frente del Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal.
En el sector de la justicia “hay problemas de distinta magnitud” que requieren del apoyo de la sociedad para afrontarlos, expresó Ortiz.
Invitó a la sociedad a fiscalizar el proceso para elegir a nuevos jueces y magistrados. “Hoy más que nunca la ciudadanía debe conocer cómo se seleccionan y se preparan sus juzgadores para tener instrumentos de evaluación del trabajo judicial”.
El anuncio del ministro se da a tres semanas de que el presidente Felipe Calderón mencionó que sería deseable que la Operación Limpieza que se aplica en los cuerpos de seguridad federales también se replique en el Poder Judicial. En este contexto, Ortiz informó que durante el año que termina un magistrado fue destituido y otros tres fueron suspendidos, lo mismo que un juez, como parte de las medidas disciplinarias para prevenir y sancionar conductas irregulares.
Ortiz advirtió que para el año próximo tendrán limitaciones presupuestales para crear los 170 juzgados y tribunales federales que se requieren con el fin de atender la demanda de justicia y el número de juicios que se promueven en el país.
Aseguró que entró en comunicación con los poderes Legislativo y Ejecutivo para poner en marcha la instancia que coordinará la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
Comentario:
Esperemos que al final del año entrante, se le pueda calificar como "el año de la limpieza".
lunes, 3 de noviembre de 2008
Dan a 38 jueces protección ante crimen y narco.
Noticia:
El Consejo de la Judicatura Federal informó que actualmente 38 jueces y magistrados reciben protección como medida preventiva para evitar cualquier tipo de agresión derivada de sus actividades, principalmente de alguna decisión que hayan adoptado en casos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.
Como parte de los compromisos que asumió en septiembre durante la firma del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, la consejera María Teresa Herrera Tello anunció que las medidas de seguridad se ampliarán en algunas zonas de la República.
A través de un video que se difunde en su página de internet (www.cjf.gob.mx) la consejera explica que las medidas que llevan a cabo para salvaguardar la integridad de los juzgadores también buscan evitar que se afecte la independencia y “el alcance de las decisiones de los juzgadores”.
Herrera Tello dio a conocer que para la protección de los juzgadores se cuenta con escoltas, vehículos blindados, servicios de radiocomunicación y “seguros institucionales adicionales” a los que normalmente tienen por el riesgo de su función.
Actualmente cuentan con 40 camionetas blindadas y 22 autos para escoltas.
Los 38 juzgadores que reciben protección, agregó, se ubican, actualmente, casi en su totalidad, en los juzgados y tribunales cercanos a los tres penales de máxima seguridad del país ubicados en los estados de México, Jalisco y Tamaulipas.
La custodia de los jueces y magistrados está a cargo de elementos de la Policía Federal y de la AFI.
Comentario:
Es muy importante que este bien protegida la justicia, pero más aún si muestran los jueces fortaleza, seguridad y rudeza, para dar un mensaje inequívoco a la ciudadanía y a la delincuencia de que no habrá dobleces.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que actualmente 38 jueces y magistrados reciben protección como medida preventiva para evitar cualquier tipo de agresión derivada de sus actividades, principalmente de alguna decisión que hayan adoptado en casos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.
Como parte de los compromisos que asumió en septiembre durante la firma del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, la consejera María Teresa Herrera Tello anunció que las medidas de seguridad se ampliarán en algunas zonas de la República.
A través de un video que se difunde en su página de internet (www.cjf.gob.mx) la consejera explica que las medidas que llevan a cabo para salvaguardar la integridad de los juzgadores también buscan evitar que se afecte la independencia y “el alcance de las decisiones de los juzgadores”.
Herrera Tello dio a conocer que para la protección de los juzgadores se cuenta con escoltas, vehículos blindados, servicios de radiocomunicación y “seguros institucionales adicionales” a los que normalmente tienen por el riesgo de su función.
Actualmente cuentan con 40 camionetas blindadas y 22 autos para escoltas.
Los 38 juzgadores que reciben protección, agregó, se ubican, actualmente, casi en su totalidad, en los juzgados y tribunales cercanos a los tres penales de máxima seguridad del país ubicados en los estados de México, Jalisco y Tamaulipas.
La custodia de los jueces y magistrados está a cargo de elementos de la Policía Federal y de la AFI.
Comentario:
Es muy importante que este bien protegida la justicia, pero más aún si muestran los jueces fortaleza, seguridad y rudeza, para dar un mensaje inequívoco a la ciudadanía y a la delincuencia de que no habrá dobleces.
martes, 28 de octubre de 2008
Evo Morales desoye la justicia y prolonga la detención de un gobernador rebelde.
Noticia:
El Gobierno boliviano ha rechazado por "irregular" el fallo del tribunal de Sucre sobre el recurso de hábeas corpus presentado por el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. El hábeas corpus se entiende como el derecho de un detenido a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, éste resuelva si su arresto fue o no legal.
Fernández, detenido en La Paz por violar el estado de sitio decretado en su región, debe ser, según esta resolución de la Corte de Justicia de la ciudad de Sucre, trasladado a Pando para ser puesto bajo la jurisdicción de la Corte Suprema en las próximas 48 horas. Sin embargo, el Gobierno boliviano critica la resolución y entiende que el detenido debe permanecer recluido en un penal de La Paz.
Evo Morales ya anticipó que no acataría un fallo judicial favorable al hábeas corpus, lo que confirmaron varios responsables del Ejecutivo tras conocer la decisión del tribunal. En concreto, el ministro de Defensa, Wálker San Miguel, criticó la determinación judicial y la tachó como "un fallo de la corrupción" en el canal de televisión ATB. Según el ministro, este fallo del tribunal de Sucre no tiene efectos legales por irregularidades en su tramitación.
Comentario:
y ¿la división de poderes sr. Evo Morales?
El Gobierno boliviano ha rechazado por "irregular" el fallo del tribunal de Sucre sobre el recurso de hábeas corpus presentado por el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. El hábeas corpus se entiende como el derecho de un detenido a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, éste resuelva si su arresto fue o no legal.
Fernández, detenido en La Paz por violar el estado de sitio decretado en su región, debe ser, según esta resolución de la Corte de Justicia de la ciudad de Sucre, trasladado a Pando para ser puesto bajo la jurisdicción de la Corte Suprema en las próximas 48 horas. Sin embargo, el Gobierno boliviano critica la resolución y entiende que el detenido debe permanecer recluido en un penal de La Paz.
Evo Morales ya anticipó que no acataría un fallo judicial favorable al hábeas corpus, lo que confirmaron varios responsables del Ejecutivo tras conocer la decisión del tribunal. En concreto, el ministro de Defensa, Wálker San Miguel, criticó la determinación judicial y la tachó como "un fallo de la corrupción" en el canal de televisión ATB. Según el ministro, este fallo del tribunal de Sucre no tiene efectos legales por irregularidades en su tramitación.
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y ¿la división de poderes sr. Evo Morales?
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