Noticia:
Los aspirantes a encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coincidieron en que es momento de fortalecer y darle mayor autonomía al órgano fiscalizador.
En el primer día de entrevistas, 13 por día hasta el jueves entrante, los aspirantes aseguraron que se debe sancionar con rigor a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas y desvío de recursos, además de fomentar y promover la denuncias ciudadanas.
En su participación, el actual Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Grijalva Torrado, dijo que en un país pobre, que está en medio de una crisis social-económica y política “nada justifica el desvió de recursos”.
Propuestas de entrevistados
Julián Olivas Ugalde, secretario Ejecutivo de Servicios de la SCJN afirmó que de presidir la ASF basaría el eje de su plan de trabajo en la modernización y reorientación de la fiscalización de los recursos en estados, municipios y obra pública.
En el primer día de entrevistas, Carlos Nava Pérez y Felipe Calderón Montelongo coincidieron que es prioritario que la Auditoría pueda sancionar administrativamente a quienes hagan mal uso de recursos públicos, y con ello transformar los objetivos centrales de la existencia del órgano.
Rubén López Magallanes, dijo que se deben difundir y promover las funciones y resultados de la ASF de cara a la ciudadanía para que “conozca los alcances, beneficios, además de que participe, promueva mejoras, y denuncie ilícitos”.
Roberto Muñoz Leos consideró que tienen que endurercerse las normas de control interno de la aplicación de los recursos es la medida preventiva que se debe aplicar, y así convertir a la Auditoría Superior de la Federación no sólo en un ente fiscalizador, sino de sanción.
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miércoles, 9 de diciembre de 2009
lunes, 30 de noviembre de 2009
Autoridades auditarán obra que casi duplica costo.
Noticia:
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) inició una auditoría a la obra de construcción de un edificio anexo al palacio municipal de Naucalpan, que prácticamente duplicó su costo, al pasar de 78 millones 500 mil pesos a 145 millones 940 mil pesos.
El nuevo edificio de ocho pisos, para oficinas administrativas y un estacionamiento, empezó a ser construido este año con la autorización del gobierno que encabezó el alcalde panista José Luis Durán Reveles, cuyo cabildo aprobó para este proyecto 78 millones 500 mil pesos, que era el presupuesto total.
“Seis meses después, la misma administración aprobó en sesión de cabildo la ampliación del techo financiero de la obra por un importe de 28 millones 949 mil 579 pesos”, dijo el tesorero municipal.
La actual administración recibió este edificio “en obra negra” y todavía debe pagar por él 38 millones 500 mil pesos para concluirlo.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) inició una auditoría a la obra de construcción de un edificio anexo al palacio municipal de Naucalpan, que prácticamente duplicó su costo, al pasar de 78 millones 500 mil pesos a 145 millones 940 mil pesos.
El nuevo edificio de ocho pisos, para oficinas administrativas y un estacionamiento, empezó a ser construido este año con la autorización del gobierno que encabezó el alcalde panista José Luis Durán Reveles, cuyo cabildo aprobó para este proyecto 78 millones 500 mil pesos, que era el presupuesto total.
“Seis meses después, la misma administración aprobó en sesión de cabildo la ampliación del techo financiero de la obra por un importe de 28 millones 949 mil 579 pesos”, dijo el tesorero municipal.
La actual administración recibió este edificio “en obra negra” y todavía debe pagar por él 38 millones 500 mil pesos para concluirlo.
sábado, 31 de octubre de 2009
ASF busca revisar 11% del gasto.
Noticia:
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó 100 millones de pesos más de presupuesto para el próximo año, a fin de que México se encuentre en la media internacional de fiscalización con evaluaciones al 11% del presupuesto federal.
De acuerdo con el proyecto de presupuesto, la ASF lograría subir del 7 al 11% el universo de auditorías al gasto público.
En el presupuesto 2009, los diputados de la pasada legislatura recortaron 100 millones de pesos a la ASF, dejando sus recursos en 927 millones de pesos; en el curso del año fiscal, el Auditor gestionó la entrega del faltante que cubrió la Secretaría de Hacienda por un compromiso con el legislativo.
A pesar del debate sobre la salida o no de Arturo González de Aragón, la Cámara de Diputados deberá decidir si incrementa o castiga el presupuesto del órgano de fiscalización que este año cerrará con recursos por mil 27 millones de pesos, y que pretende para el próximo año mil 226 millones de pesos.
En la Cámara de Diputados hay una pausa en este tema hasta que se termine el debate sobre ingresos y egresos.
La Comisión de Vigilancia de la ASF avaló que sea hasta después del 15 de noviembre cuando se abra el tema del relevo o no del Auditor, pues esa es la fecha límite para la aprobación del presupuesto de Egresos 2010.
Los legisladores tendrán un mes para decidir este tema, del 15 de noviembre al 15 de diciembre cuando se termina el periodo de sesiones en San Lázaro.
Del total de recursos solicitados para 2010, el mayor porcentaje se prevé para servicios personales, siendo la partida Previsiones para Servicios Personales, que son salarios, prestaciones y gratificaciones, la que más incremento contempla al pasar de 15.9 millones a 50.6 millones de pesos.
La ASF solicita un millón de pesos para alimentos, y 127 millones para servicios generales con una inversión de 35.7 millones de pesos en servicios oficiales en los que se incluyen viajes y viáticos.
El presupuesto de la ASF depende directamente de la Cámara de Diputados, pues se integra en el paquete legislativo, y para el próximo año su incremento o no va de la mano con la permanencia de González de Aragón en la Auditoría.
La ASF gasta más de 10 millones de pesos en obras por contrato y arrendamiento de bienes inmuebles.
Además de una inversión en asesorías de 28.3 millones de pesos, en servicios comerciales 29.5 millones de pesos, en mantenimiento y conservación 10.2 millones de pesos y comunicación social, publicación, difusión e información 7.3 millones de pesos.
Cada año, la Auditoría ha previsto recursos para erogaciones de apoyo a sectores sociales, privados, culturales, deportivos y de ayuda “extraordinaria”, en esta ocasión pide para 2010 un total de 2.5 millones de pesos.
Debaten relevo
En los próximos días, la Cámara de Diputados tendrá que decidir si permite al actual auditor, Arturo González de Aragón, optar por la reelección con la posibilidad de permanecer en el cargo otros ocho años más.
Según diputados consultados, PRI y PAN intentarán lanzar una convocatoria para sustituir al funcionario, lo que conduciría a que éste interpusiera un amparo contra lo que él considera una violación a su derecho de repetir en la Auditoría Superior.
Expertos consultados por EL UNIVERSAL afirman que González de Aragón ha presentado buenos resultados al mejorar el sistema de auditorías, que actualmente no se limitan sólo a aspectos financieros, sino a los de desempeño, e incluso la Oficina de Contabilidad Gubernamental de EU ha externado su reconocimiento por los avances en la revisión del gasto.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó 100 millones de pesos más de presupuesto para el próximo año, a fin de que México se encuentre en la media internacional de fiscalización con evaluaciones al 11% del presupuesto federal.
De acuerdo con el proyecto de presupuesto, la ASF lograría subir del 7 al 11% el universo de auditorías al gasto público.
En el presupuesto 2009, los diputados de la pasada legislatura recortaron 100 millones de pesos a la ASF, dejando sus recursos en 927 millones de pesos; en el curso del año fiscal, el Auditor gestionó la entrega del faltante que cubrió la Secretaría de Hacienda por un compromiso con el legislativo.
A pesar del debate sobre la salida o no de Arturo González de Aragón, la Cámara de Diputados deberá decidir si incrementa o castiga el presupuesto del órgano de fiscalización que este año cerrará con recursos por mil 27 millones de pesos, y que pretende para el próximo año mil 226 millones de pesos.
En la Cámara de Diputados hay una pausa en este tema hasta que se termine el debate sobre ingresos y egresos.
La Comisión de Vigilancia de la ASF avaló que sea hasta después del 15 de noviembre cuando se abra el tema del relevo o no del Auditor, pues esa es la fecha límite para la aprobación del presupuesto de Egresos 2010.
Los legisladores tendrán un mes para decidir este tema, del 15 de noviembre al 15 de diciembre cuando se termina el periodo de sesiones en San Lázaro.
Del total de recursos solicitados para 2010, el mayor porcentaje se prevé para servicios personales, siendo la partida Previsiones para Servicios Personales, que son salarios, prestaciones y gratificaciones, la que más incremento contempla al pasar de 15.9 millones a 50.6 millones de pesos.
La ASF solicita un millón de pesos para alimentos, y 127 millones para servicios generales con una inversión de 35.7 millones de pesos en servicios oficiales en los que se incluyen viajes y viáticos.
El presupuesto de la ASF depende directamente de la Cámara de Diputados, pues se integra en el paquete legislativo, y para el próximo año su incremento o no va de la mano con la permanencia de González de Aragón en la Auditoría.
La ASF gasta más de 10 millones de pesos en obras por contrato y arrendamiento de bienes inmuebles.
Además de una inversión en asesorías de 28.3 millones de pesos, en servicios comerciales 29.5 millones de pesos, en mantenimiento y conservación 10.2 millones de pesos y comunicación social, publicación, difusión e información 7.3 millones de pesos.
Cada año, la Auditoría ha previsto recursos para erogaciones de apoyo a sectores sociales, privados, culturales, deportivos y de ayuda “extraordinaria”, en esta ocasión pide para 2010 un total de 2.5 millones de pesos.
Debaten relevo
En los próximos días, la Cámara de Diputados tendrá que decidir si permite al actual auditor, Arturo González de Aragón, optar por la reelección con la posibilidad de permanecer en el cargo otros ocho años más.
Según diputados consultados, PRI y PAN intentarán lanzar una convocatoria para sustituir al funcionario, lo que conduciría a que éste interpusiera un amparo contra lo que él considera una violación a su derecho de repetir en la Auditoría Superior.
Expertos consultados por EL UNIVERSAL afirman que González de Aragón ha presentado buenos resultados al mejorar el sistema de auditorías, que actualmente no se limitan sólo a aspectos financieros, sino a los de desempeño, e incluso la Oficina de Contabilidad Gubernamental de EU ha externado su reconocimiento por los avances en la revisión del gasto.
viernes, 30 de octubre de 2009
Inicia lucha por la Auditoría Superior.
Noticia:
A punto de concluir en diciembre el periodo de Arturo González de Aragón como auditor superior de la Federación, expertos afirman que es un personaje incómodo, y que PAN y PRI intentarán removerlo.
Sergio Aguayo dice que la gestión del auditor es buena según los resultados, “pero me temo que mi opinión no es compartida por PRI y PAN”.
El artículo 79 Constitucional y el 82 de la Ley de Fiscalización Superior señala que el auditor tiene derecho a reelegirse.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuenta con un presupuesto de más de mil millones de pesos para hacer su trabajo sólo en 2009, que para muchos es excesivo, pero para otros, vital y necesario. Revisa aleatoriamente 7% del total de los recursos federales y las transferencias a ramos y fondos estatales y municipales.
En el caso de su actual titular, Arturo González de Aragón, ha observado en ocho años de gestión el uso de miles y miles de millones de pesos.
En ese lapso, de acuerdo con cifras oficiales, logró recuperar más de 30 mil millones de pesos, en especial por casos como el Fobaproa-IPAB, por transferencias de dinero de Pemex al sindicato petrolero, y de traspasos de recursos federales a estados y municipios, que acababan, la mayoría de las veces, en nóminas, prestaciones, premios o en fondos ajenos al objetivo inicial.
Al fin de su mandato, la Cámara de Diputados tiene en sus manos la reelección o sustitución de Arturo González de Aragón, y el poder sobre la fiscalización del sexenio presidencial 2012-2018.
Según especialistas en el tema, entre ellos Mauricio Merino, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y Sergio Aguayo, del Colegio de México, el actual auditor es un personaje incómodo porque ha evidenciado irregularidades en el manejo de los recursos públicos, tanto de políticos, gobernantes y partidos, como de sindicatos, el Poder Judicial o la casa presidencial.
Temen opacidad
Ambos coinciden en los riesgos de imponer intereses políticos a un bien social y público, como es la fiscalización de los recursos del Estado.
Merino defiende la gestión de Arturo González de Aragón, porque, dice, hace una buena labor y su gestión es exitosa, desde la creación de la Auditoría, hasta este momento.
“Tuvo que diseñar una metodología de auditorías en las que integró las de desempeño que han sido espectacularmente exitosas, notables, y no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales, sus pares de otros países, la Government Accountability Office (GAO) y la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI)”, argumenta.
Pide a los diputados que antes de desechar la permanencia de González de Aragón se hagan públicas las razones, “con sensatez y pudor”.
Lo anterior, a fin de evitar demeritar el proceso parlamentario por el cual la pluralidad del Congreso garantizaba designaciones justas, controladas y con total imparcialidad política.
“Pero en la marcha esta fórmula no se cumple. No pasan a esos puestos los que tienen una enemistad o provocan alguna fobia a los partidos, porque éstos cuidan sus intereses.”
Posibles sustitutos
En San Lázaro ya suenan nombres de candidatos; dos de ellos tienen el visto bueno del PRI y actualmente ocupan un cargo en la Cámara de Diputados. Se trata del contralor Alfonso Grey y el secretario general Guillermo Haro.
A punto de concluir en diciembre el periodo de Arturo González de Aragón como auditor superior de la Federación, expertos afirman que es un personaje incómodo, y que PAN y PRI intentarán removerlo.
Sergio Aguayo dice que la gestión del auditor es buena según los resultados, “pero me temo que mi opinión no es compartida por PRI y PAN”.
El artículo 79 Constitucional y el 82 de la Ley de Fiscalización Superior señala que el auditor tiene derecho a reelegirse.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuenta con un presupuesto de más de mil millones de pesos para hacer su trabajo sólo en 2009, que para muchos es excesivo, pero para otros, vital y necesario. Revisa aleatoriamente 7% del total de los recursos federales y las transferencias a ramos y fondos estatales y municipales.
En el caso de su actual titular, Arturo González de Aragón, ha observado en ocho años de gestión el uso de miles y miles de millones de pesos.
En ese lapso, de acuerdo con cifras oficiales, logró recuperar más de 30 mil millones de pesos, en especial por casos como el Fobaproa-IPAB, por transferencias de dinero de Pemex al sindicato petrolero, y de traspasos de recursos federales a estados y municipios, que acababan, la mayoría de las veces, en nóminas, prestaciones, premios o en fondos ajenos al objetivo inicial.
Al fin de su mandato, la Cámara de Diputados tiene en sus manos la reelección o sustitución de Arturo González de Aragón, y el poder sobre la fiscalización del sexenio presidencial 2012-2018.
Según especialistas en el tema, entre ellos Mauricio Merino, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y Sergio Aguayo, del Colegio de México, el actual auditor es un personaje incómodo porque ha evidenciado irregularidades en el manejo de los recursos públicos, tanto de políticos, gobernantes y partidos, como de sindicatos, el Poder Judicial o la casa presidencial.
Temen opacidad
Ambos coinciden en los riesgos de imponer intereses políticos a un bien social y público, como es la fiscalización de los recursos del Estado.
Merino defiende la gestión de Arturo González de Aragón, porque, dice, hace una buena labor y su gestión es exitosa, desde la creación de la Auditoría, hasta este momento.
“Tuvo que diseñar una metodología de auditorías en las que integró las de desempeño que han sido espectacularmente exitosas, notables, y no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales, sus pares de otros países, la Government Accountability Office (GAO) y la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI)”, argumenta.
Pide a los diputados que antes de desechar la permanencia de González de Aragón se hagan públicas las razones, “con sensatez y pudor”.
Lo anterior, a fin de evitar demeritar el proceso parlamentario por el cual la pluralidad del Congreso garantizaba designaciones justas, controladas y con total imparcialidad política.
“Pero en la marcha esta fórmula no se cumple. No pasan a esos puestos los que tienen una enemistad o provocan alguna fobia a los partidos, porque éstos cuidan sus intereses.”
Posibles sustitutos
En San Lázaro ya suenan nombres de candidatos; dos de ellos tienen el visto bueno del PRI y actualmente ocupan un cargo en la Cámara de Diputados. Se trata del contralor Alfonso Grey y el secretario general Guillermo Haro.
sábado, 24 de enero de 2009
Se agudiza encono entre Senado e IFE.
Noticia:
El asunto de la fiscalización de los recursos de los legisladores escaló el tono de las acusaciones, y ahora el presidente del Senado, Gustavo Madero, dijo que de ser necesario recurrirán al Tribunal Electoral (también conocido como Trife) para frenar cualquier acción de estas características.
En respuesta, el consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) Virgilio Andrade dijo que la institución puede romper el secreto bancario para revisar las cuentas de cualquier persona, incluidos legisladores, que se involucren en eventuales irregularidades en las finanzas de los partidos políticos nacionales.
Precisó que la institución no revisa de manera permanente ni directa las cuentas bancarias de diputados y senadores, pero que tampoco da marcha atrás a la posibilidad de hacerlo.
Sobre el tema, el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita dijo que el instituto no vigila las cuentas de diputados o senadores.
Precisó que cualquier revisión de cuentas bancarias de “personas políticamente expuestas” es producto de las actividades cotidianas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Al insistir sobre el debate, Virgilio Andrade dijo que el IFE respeta y reconoce el derecho que tiene cualquier ciudadano para recurrir al Tribunal Electoral a fin de inconformarse por cualquier decisión que tomará el instituto para fiscalizar cuentas bancarias.
El también presidente de la Comisión de Reglamentos, y de Quejas y Denuncias del IFE explicó a EL UNIVERSAL que la Unidad de Fiscalización de la institución puede romper el secreto bancario porque los legisladores lo aprobaron en la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
“Pero sólo se pude romper si hay una denuncia específica respecto de una operación irregular entre cualquier persona y un partido político y candidato”, dijo.
Y consideró que la reacción del senador Madero contra esta disposición es resultado de la falta de información sobre los alcances y facultades del IFE para romper el secreto bancario.
En La Habana, el senador Madero dijo que antes de cualquier acción buscarán con el IFE conocer los alcances de la fiscalización de las finanzas de senadores.
El jueves, reveló que a legisladores se les da seguimiento en cuanto a sus finanzas, lo que confirmó el senador Ricardo Monreal, coordinador del PT, quien ayer advirtió que analiza impugnar al IFE ante el Trife porque actúa “como ministerio público”.
Gustavo Madero insistió en que el Instituto Federal Electoral tiene que clarificar los alcances de las reglas que dio a conocer para la revisión de las finanzas “para que no se exceda nadie en sus facultades, esa sería la preocupación”.
Comentario:
¡No cabe la menor duda, después de estas reacciones, que los diputados y senadores que dicen representarnos son unos sinverguenzas! ¡Ya presentía que iban a reaccionar negativamente a la decisión del IFE de fiscalizarlos! Dice el dicho que el que nada debe, nada teme. ¿Por qué entonces su reacción contra el organismo que ellos mismo crearony eligieron a los consejeros? ¿Querían carta abierta a su enriquecimiento y a su cuestionable trabajo legislativo?
El asunto de la fiscalización de los recursos de los legisladores escaló el tono de las acusaciones, y ahora el presidente del Senado, Gustavo Madero, dijo que de ser necesario recurrirán al Tribunal Electoral (también conocido como Trife) para frenar cualquier acción de estas características.
En respuesta, el consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) Virgilio Andrade dijo que la institución puede romper el secreto bancario para revisar las cuentas de cualquier persona, incluidos legisladores, que se involucren en eventuales irregularidades en las finanzas de los partidos políticos nacionales.
Precisó que la institución no revisa de manera permanente ni directa las cuentas bancarias de diputados y senadores, pero que tampoco da marcha atrás a la posibilidad de hacerlo.
Sobre el tema, el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita dijo que el instituto no vigila las cuentas de diputados o senadores.
Precisó que cualquier revisión de cuentas bancarias de “personas políticamente expuestas” es producto de las actividades cotidianas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Al insistir sobre el debate, Virgilio Andrade dijo que el IFE respeta y reconoce el derecho que tiene cualquier ciudadano para recurrir al Tribunal Electoral a fin de inconformarse por cualquier decisión que tomará el instituto para fiscalizar cuentas bancarias.
El también presidente de la Comisión de Reglamentos, y de Quejas y Denuncias del IFE explicó a EL UNIVERSAL que la Unidad de Fiscalización de la institución puede romper el secreto bancario porque los legisladores lo aprobaron en la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
“Pero sólo se pude romper si hay una denuncia específica respecto de una operación irregular entre cualquier persona y un partido político y candidato”, dijo.
Y consideró que la reacción del senador Madero contra esta disposición es resultado de la falta de información sobre los alcances y facultades del IFE para romper el secreto bancario.
En La Habana, el senador Madero dijo que antes de cualquier acción buscarán con el IFE conocer los alcances de la fiscalización de las finanzas de senadores.
El jueves, reveló que a legisladores se les da seguimiento en cuanto a sus finanzas, lo que confirmó el senador Ricardo Monreal, coordinador del PT, quien ayer advirtió que analiza impugnar al IFE ante el Trife porque actúa “como ministerio público”.
Gustavo Madero insistió en que el Instituto Federal Electoral tiene que clarificar los alcances de las reglas que dio a conocer para la revisión de las finanzas “para que no se exceda nadie en sus facultades, esa sería la preocupación”.
Comentario:
¡No cabe la menor duda, después de estas reacciones, que los diputados y senadores que dicen representarnos son unos sinverguenzas! ¡Ya presentía que iban a reaccionar negativamente a la decisión del IFE de fiscalizarlos! Dice el dicho que el que nada debe, nada teme. ¿Por qué entonces su reacción contra el organismo que ellos mismo crearony eligieron a los consejeros? ¿Querían carta abierta a su enriquecimiento y a su cuestionable trabajo legislativo?
jueves, 22 de enero de 2009
Blindaje de IFE enreda a Senado.
Noticia:
El Instituto Federal Electoral (IFE) dio a conocer que puso en marcha el proceso de seguridad, legalidad y transparencia para las campañas electorales de este año, en el que se incluye la fiscalización de recursos a dirigentes partidistas y candidatos, quienes no podrán invocar el secreto bancario para evitar que sus cuentas y valores sean sujetos de investigación en caso de existir alguna denuncia.
El IFE envió al Senado de la República copia del Acuerdo número CG959/2008, “por el que se establecen medidas y compromisos de partidos políticos para propiciar condiciones de seguridad, legalidad y transparencia durante el resto del proceso electoral federal 2008-2009”, firmado por el presidente del instituto, Leonardo Valdés Zurita, y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
El acuerdo enviado por el IFE generó una serie de confusiones en el Senado, pues algunos legisladores consideraron que el instituto les estaba notificando que sus cuentas banacarias personales estarían sujetas a fiscalización por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
En una de las parte del acuerdo enviado por el IFE al Senado se recuerda que el secreto bancario y fiduciario puede ser roto para las personas “políticamente expuestas”, para indagaciones y sólo en caso de que haya una denuncia previa sobre presuntas violaciones al marco legal electoral.
Dado que los senadores, como todos los funcionarios con cargo de elección popular, dirigentes partidistas y candidatos son consideradas personas políticamente expuestas, algunos legisladores creyeron que la fiscalización los alcanzaban a ellos.
Sin embargo, el IFE tuvo que emitir un comunicado en el que aseguró que ese instituto está obligado solamente a enviar “únicamente” las listas los candidatos y dirigentes de partidos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
El IFE aseguró que no revisaría las cuentas banacarias de los senadores, pues carece de facultades para hacerlo.
Horas antes de que el IFE realizara su aclaración, al terminar la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano que preside el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, los propios coordinadores parlamentarios reaccionaron a su interpretación del acuerdo, y aceptaron que sus cuentas bancarias fueran fiscalizadas, sin que esto fuera la intención del IFE.
La mayoría aceptó la inexistente medida. Coordinadores parlamentarios vieron con agrado el hecho, pero reconocieron que apenas estudiarían en amplitud el acuerdo.
El presidente del Senado, Gustavo Madero (PAN) dijo incluso que la medida es producto de la reforma electoral que el Congreso hizo en septiembre de 2007.
“Es parte de las reformas que aprobamos nosotros mismos y a las cuales nos estamos sometiendo para que exista una renuncia al secreto bancario en los procesos electorales de los partidos”, comentó.
De acuerdo con Madero, esta medida le permitirá al IFE un mayor control y monitoreo en el manejo de los recursos, y así garantizar que no existan violaciones a disposiciones electorales.
El coordinador del PRD, Carlos Navarrete, se dijo de acuerdo en la fiscalización de las cuentas de cada uno de los senadores, al ser personajes “políticamente expuestos”. Dijo que todo forma parte de un acuerdo avalado por el instituto el 22 de diciembre.
El senador Santiago Creel fue más allá y dijo que el IFE podrá auditar las cuentas bancarias no sólo de los legisladores, sino también de familiares cercanos como cónyuges e hijos.
Comentario:
No tardaron ni un día en "hacerse bolsa" los legisladores y mostrar desconfianza hacia la medida anunciada por el IFE. Pero que bueno que el Instituto respondió rápido a los cuestionamientos. Espero que no "saquen" más pretextos, algunos válidos otros no tanto.
El Instituto Federal Electoral (IFE) dio a conocer que puso en marcha el proceso de seguridad, legalidad y transparencia para las campañas electorales de este año, en el que se incluye la fiscalización de recursos a dirigentes partidistas y candidatos, quienes no podrán invocar el secreto bancario para evitar que sus cuentas y valores sean sujetos de investigación en caso de existir alguna denuncia.
El IFE envió al Senado de la República copia del Acuerdo número CG959/2008, “por el que se establecen medidas y compromisos de partidos políticos para propiciar condiciones de seguridad, legalidad y transparencia durante el resto del proceso electoral federal 2008-2009”, firmado por el presidente del instituto, Leonardo Valdés Zurita, y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
El acuerdo enviado por el IFE generó una serie de confusiones en el Senado, pues algunos legisladores consideraron que el instituto les estaba notificando que sus cuentas banacarias personales estarían sujetas a fiscalización por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
En una de las parte del acuerdo enviado por el IFE al Senado se recuerda que el secreto bancario y fiduciario puede ser roto para las personas “políticamente expuestas”, para indagaciones y sólo en caso de que haya una denuncia previa sobre presuntas violaciones al marco legal electoral.
Dado que los senadores, como todos los funcionarios con cargo de elección popular, dirigentes partidistas y candidatos son consideradas personas políticamente expuestas, algunos legisladores creyeron que la fiscalización los alcanzaban a ellos.
Sin embargo, el IFE tuvo que emitir un comunicado en el que aseguró que ese instituto está obligado solamente a enviar “únicamente” las listas los candidatos y dirigentes de partidos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
El IFE aseguró que no revisaría las cuentas banacarias de los senadores, pues carece de facultades para hacerlo.
Horas antes de que el IFE realizara su aclaración, al terminar la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano que preside el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, los propios coordinadores parlamentarios reaccionaron a su interpretación del acuerdo, y aceptaron que sus cuentas bancarias fueran fiscalizadas, sin que esto fuera la intención del IFE.
La mayoría aceptó la inexistente medida. Coordinadores parlamentarios vieron con agrado el hecho, pero reconocieron que apenas estudiarían en amplitud el acuerdo.
El presidente del Senado, Gustavo Madero (PAN) dijo incluso que la medida es producto de la reforma electoral que el Congreso hizo en septiembre de 2007.
“Es parte de las reformas que aprobamos nosotros mismos y a las cuales nos estamos sometiendo para que exista una renuncia al secreto bancario en los procesos electorales de los partidos”, comentó.
De acuerdo con Madero, esta medida le permitirá al IFE un mayor control y monitoreo en el manejo de los recursos, y así garantizar que no existan violaciones a disposiciones electorales.
El coordinador del PRD, Carlos Navarrete, se dijo de acuerdo en la fiscalización de las cuentas de cada uno de los senadores, al ser personajes “políticamente expuestos”. Dijo que todo forma parte de un acuerdo avalado por el instituto el 22 de diciembre.
El senador Santiago Creel fue más allá y dijo que el IFE podrá auditar las cuentas bancarias no sólo de los legisladores, sino también de familiares cercanos como cónyuges e hijos.
Comentario:
No tardaron ni un día en "hacerse bolsa" los legisladores y mostrar desconfianza hacia la medida anunciada por el IFE. Pero que bueno que el Instituto respondió rápido a los cuestionamientos. Espero que no "saquen" más pretextos, algunos válidos otros no tanto.
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