Noticia:
Tras década y media de relaciones bilaterales enrarecidas entre Perú y Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó a Lima el domingo, acompañada por una delegación de cinco ministros, para romper el hielo entre los dos países. Su viaje, que concluye hoy, es el primero que realiza un mandatario argentino a Perú desde 1994. "Esta es una visita de desagravio institucional y reparación", declaró ayer la mandataria argentina junto a su homólogo peruano, Alan García, antes de firmar una serie de acuerdos de cooperación.
Aunque un poco elusiva, la frase se ha interpretado como una petición de disculpas largamente esperada. En Perú, que se consideraba aliado incondicional de Argentina, tanto, que le proporcionó aviones de combate y pilotos durante la guerra de las Malvinas, en 1982, causó gran indignación saber que dicho país, pese a ser garante del acuerdo de paz y límites firmado entre Perú y Ecuador después de la guerra de 1942, vendió fusiles y municiones a Ecuador de manera clandestina durante el conflicto armado de 1995. Ahora, 15 años después, esa herida parece que podrá cicatrizar y las relaciones podrán normalizarse. "Es necesario un encuentro al máximo nivel para que esta página quede volteada, no tratando de escamotear o ignorar lo que pasó, sino armando una agenda mirando al presente y al futuro", había declarado antes el embajador argentino en Lima, Darío Alessandro.
Fernández, que fue recibida ayer con todos los honores en el palacio de Gobierno, dedicó la mañana a colocar ofrendas a los próceres de la independencia peruana y a José de San Martín, libertador de ambos países, en la plaza que lleva su nombre en el centro de Lima. Tras una reunión privada de algo más de una hora con el mandatario peruano, ambos pronunciaron breves discursos. "Siento que estoy cumpliendo un mandato de todo el pueblo argentino", dijo Fernández, en referencia a su petición de disculpas, pero evitó, al igual que García, mencionar de manera expresa el episodio del tráfico de armas, ocurrido durante el mandato de Carlos Saúl Menem. Durante años, los Gobiernos argentinos eludieron el espinoso tema que aún es materia de un proceso judicial en dicho país y evitaron dar explicaciones a Perú, en una política "torpe e irresponsable", como la calificó el ex canciller argentino Fabián Calle, que enfrió las relaciones bilaterales entre dos países históricamente muy cercanos. "Si bien fue un hecho delictivo de contrabandistas y algunos cómplices del Gobierno, los países cargan con las culpas de sus gobernantes", añadió Calle en declaraciones a la radio peruana RPP.
En su discurso, previo a las palabras de Cristina Fernández, Alan García había señalado que esta visita representa el "punto final a un enojoso incidente que jamás debió ocurrir", y aseguró que Perú sigue apoyando a Argentina en sus reclamaciones sobre las Malvinas, que calificó de "justísima reivindicación soberana". También afirmó que respalda a Fernández en su intento de fortalecer la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y aprovechó para insistir en su iniciativa para reducir las compras de armas en la región.
Fernández, que llegó acompañada por 140 empresarios argentinos, también expresó su intención de fortalecer el intercambio comercial, y recordó que las inversiones argentinas en Perú ascienden a 3.000 millones de dólares. "Tenemos que lograr un objetivo, que es la segunda liberación, pero esta vez del flagelo de la pobreza, por la construcción del crecimiento económico y desarrollo armónico en nuestras sociedades", declaró la presidenta argentina, que hoy será recibida en el Parlamento peruano y en la Municipalidad de Lima, antes de regresar a su país.
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martes, 23 de marzo de 2010
jueves, 7 de enero de 2010
Jefe de Banco Central enfrenta a Kirchner.
Noticia:
Sin reparar mucho en la Constitución y los reglamentos, la presidenta argentina Cristina Kirchner intentó ayer expulsar de su cargo al presidente del Banco Central, Martín Redrado, quien advirtió que no se irá y que intentará cumplir su mandato, que termina en septiembre, desatando así un conflicto político.
Todo comenzó en diciembre, cuando el gobierno anunció la firma de un decreto para crear el Fondo del Bicentenario, con más de 6 mil millones de dólares de las reservas monetarias, para destinarlos a pagar los vencimientos de la deuda externa en este 2010.
Redrado venía resistiéndose a la idea de pagar con reservas, algo que la Constitución prohíbe salvo que lo decida el Congreso. Eso desató los roces con el Poder Ejecutivo.
La posición de Redrado recibió el respaldo, el lunes, de todo el arco opositor, lo que llevó a Kirchner a pedirle la renuncia a través del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, quien se la reclamó ayer por la mañana.
“Aunque sea a pan y agua”
“Voy a cumplir mi mandato aunque sea a pan y agua”, respondió Redrado a través de uno de sus colaboradores, desatando así un choque. “Es anticonstitucional por donde se le mire. Redrado no va a renunciar y este es un tema que debe tratar el Congreso”, afirmó el senador Ernesto Sanz, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR).
“Le pedí la renuncia por qué él había manifestado en reiteradas oportunidades que quería hacerlo. Entonces, si no está de acuerdo con el gobierno que renuncie”, dijo Fernández, mientras que el ministro de Economía, Amado Boudou, lo acusó de “hacer politiquería barata desde el Banco”.
Boudou aseguró que para el gobierno, Redrado ya está fuera de funciones. El ministro incluso señaló que el economista Mario Blejer, ex titular del Banco Central con un largo currículum que incluye dos décadas como funcionario del Fondo Monetario Internacional, asumirá el cargo “al momento en que se produzca la vacante”.
Poco después, el propio Blejer dijo, según lo citó el diario económico El Cronista, estar inhibido para considerar la oferta porque, subrayó, el banco “ya tiene su presidente”.
Los métodos poco ortodoxos del gobierno para sacarse del medio a Redrado quedaron en evidencia y dejaron al gobierno mal parado.
Ante la crisis, el vicepresidente argentino Julio Cobos reclamó que sea el Congreso el que analice la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia que creó el Fondo del Bicentenario, ello con el fin de poder “retomar una senda de comportamiento institucional”.
La Asociación de Bancos Privados de Capitales Argentinos (ADEBA) pidió en un comunicado que Redrado renuncie a su cargo para “contribuir a preservar la estabilidad del sistema”, mientras que un grupo de trabajadores del Banco Central se manifestó en la puerta de la entidad en apoyo a su titular y en rechazo de las políticas de los Kirchner.
Analistas advirtieron que el enfrentamiento entre Redrado, un funcionario respetado por los agentes del mercado, y el gobierno, se produce en mal momento para el país, y recuerda “el alto riesgo político que aún enfrentan los inversores en Argentina y que el retorno al mercado internacional de deuda que planea el gobierno es improbable que sea suave”, según dijo Neil Shearing, analista de mercados emergentes de Capital Economics. (Con información de agencias)
Sin reparar mucho en la Constitución y los reglamentos, la presidenta argentina Cristina Kirchner intentó ayer expulsar de su cargo al presidente del Banco Central, Martín Redrado, quien advirtió que no se irá y que intentará cumplir su mandato, que termina en septiembre, desatando así un conflicto político.
Todo comenzó en diciembre, cuando el gobierno anunció la firma de un decreto para crear el Fondo del Bicentenario, con más de 6 mil millones de dólares de las reservas monetarias, para destinarlos a pagar los vencimientos de la deuda externa en este 2010.
Redrado venía resistiéndose a la idea de pagar con reservas, algo que la Constitución prohíbe salvo que lo decida el Congreso. Eso desató los roces con el Poder Ejecutivo.
La posición de Redrado recibió el respaldo, el lunes, de todo el arco opositor, lo que llevó a Kirchner a pedirle la renuncia a través del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, quien se la reclamó ayer por la mañana.
“Aunque sea a pan y agua”
“Voy a cumplir mi mandato aunque sea a pan y agua”, respondió Redrado a través de uno de sus colaboradores, desatando así un choque. “Es anticonstitucional por donde se le mire. Redrado no va a renunciar y este es un tema que debe tratar el Congreso”, afirmó el senador Ernesto Sanz, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR).
“Le pedí la renuncia por qué él había manifestado en reiteradas oportunidades que quería hacerlo. Entonces, si no está de acuerdo con el gobierno que renuncie”, dijo Fernández, mientras que el ministro de Economía, Amado Boudou, lo acusó de “hacer politiquería barata desde el Banco”.
Boudou aseguró que para el gobierno, Redrado ya está fuera de funciones. El ministro incluso señaló que el economista Mario Blejer, ex titular del Banco Central con un largo currículum que incluye dos décadas como funcionario del Fondo Monetario Internacional, asumirá el cargo “al momento en que se produzca la vacante”.
Poco después, el propio Blejer dijo, según lo citó el diario económico El Cronista, estar inhibido para considerar la oferta porque, subrayó, el banco “ya tiene su presidente”.
Los métodos poco ortodoxos del gobierno para sacarse del medio a Redrado quedaron en evidencia y dejaron al gobierno mal parado.
Ante la crisis, el vicepresidente argentino Julio Cobos reclamó que sea el Congreso el que analice la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia que creó el Fondo del Bicentenario, ello con el fin de poder “retomar una senda de comportamiento institucional”.
La Asociación de Bancos Privados de Capitales Argentinos (ADEBA) pidió en un comunicado que Redrado renuncie a su cargo para “contribuir a preservar la estabilidad del sistema”, mientras que un grupo de trabajadores del Banco Central se manifestó en la puerta de la entidad en apoyo a su titular y en rechazo de las políticas de los Kirchner.
Analistas advirtieron que el enfrentamiento entre Redrado, un funcionario respetado por los agentes del mercado, y el gobierno, se produce en mal momento para el país, y recuerda “el alto riesgo político que aún enfrentan los inversores en Argentina y que el retorno al mercado internacional de deuda que planea el gobierno es improbable que sea suave”, según dijo Neil Shearing, analista de mercados emergentes de Capital Economics. (Con información de agencias)
martes, 15 de diciembre de 2009
Cristina, amenazada de muerte.
Noticia:
El gobierno argentino denunció ayer que la presidenta Cristina Kirchner fue amenazada de muerte, a través de interferencias en el sistema de comunicaciones del helicóptero que la traslada a diario entre la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada (casa de gobierno), en un extraño caso que es investigado por la justicia.
El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que las amenazas pueden estar vinculadas con el inicio de la primera parte del juicio contra la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por crímenes cometidos durante al dictadura.
La interferencia, de acuerdo al informe de la Casa Militar, se produjo cuando la aeronave se presentó a la torre de control; comenzó a sonar una marcha militar y una voz que decía: “maten a la yegua, boludos, maten al pescado, mátenla”.
“Nuestra contrainteligencia va a hacer las averiguaciones del caso tratando de encontrar a los responsables, y seguramente habrá intervenciones por parte del juez y el fiscal que entiendan en la causa”, dijo Fernández quien calificó el episodio de “muy grave” y destacó que la presidenta “es una mujer muy decidida”
Ayer, al anunciar un fondo para pagar la deuda externa que vence en el 2010, a través de la cadena nacional de radio y televisión, la jefa de Estado no mencionó las amenazas. Sólo en un acto por la tarde dijo que “muchos episodios han pasado en estos días y nos dan muestras todavía de que los dinosaurios están”.
Batalla campal
La reelección del rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Rubén Hellú, terminó con una protesta de estudiantes agrupados en la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), que derivó en una batalla campal en las inmediaciones del Congreso. Más de un centenar de militantes con palos y piedras se enfrentaron con la policía. Cinco personas resultaron con heridas leves.
Los enfrentamientos se suscitaron antes de las 8 de la mañana, cuando la FUBA marchaba para impedir la reelección del tector, quien a pesar de todo, terminó siendo elegido para un nuevo período.
El consejero superior de la UBA, Ignacio Kostzer, justificó los enfrentamientos en “el feroz operativo montado por el rector, lo que se justifica en una ilegalidad como la que se cometió aquí”-
En medio de la polémica Hellú dijo sentirse “totalmente legitimado” con los 144 votos (de 256 que debían haber participado) que le dieron la reelección y aseguró que “nada justifica la violencia que se terminó desatando ayer”.
Aunado a estos hechos violentos, ayer cuatro reclusos murieron y tres policías resultados heridos en un motín en una comisaría de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, en la periferia de la capital argentina, informaron fuentes policiales.
El gobierno argentino denunció ayer que la presidenta Cristina Kirchner fue amenazada de muerte, a través de interferencias en el sistema de comunicaciones del helicóptero que la traslada a diario entre la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada (casa de gobierno), en un extraño caso que es investigado por la justicia.
El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que las amenazas pueden estar vinculadas con el inicio de la primera parte del juicio contra la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por crímenes cometidos durante al dictadura.
La interferencia, de acuerdo al informe de la Casa Militar, se produjo cuando la aeronave se presentó a la torre de control; comenzó a sonar una marcha militar y una voz que decía: “maten a la yegua, boludos, maten al pescado, mátenla”.
“Nuestra contrainteligencia va a hacer las averiguaciones del caso tratando de encontrar a los responsables, y seguramente habrá intervenciones por parte del juez y el fiscal que entiendan en la causa”, dijo Fernández quien calificó el episodio de “muy grave” y destacó que la presidenta “es una mujer muy decidida”
Ayer, al anunciar un fondo para pagar la deuda externa que vence en el 2010, a través de la cadena nacional de radio y televisión, la jefa de Estado no mencionó las amenazas. Sólo en un acto por la tarde dijo que “muchos episodios han pasado en estos días y nos dan muestras todavía de que los dinosaurios están”.
Batalla campal
La reelección del rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Rubén Hellú, terminó con una protesta de estudiantes agrupados en la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), que derivó en una batalla campal en las inmediaciones del Congreso. Más de un centenar de militantes con palos y piedras se enfrentaron con la policía. Cinco personas resultaron con heridas leves.
Los enfrentamientos se suscitaron antes de las 8 de la mañana, cuando la FUBA marchaba para impedir la reelección del tector, quien a pesar de todo, terminó siendo elegido para un nuevo período.
El consejero superior de la UBA, Ignacio Kostzer, justificó los enfrentamientos en “el feroz operativo montado por el rector, lo que se justifica en una ilegalidad como la que se cometió aquí”-
En medio de la polémica Hellú dijo sentirse “totalmente legitimado” con los 144 votos (de 256 que debían haber participado) que le dieron la reelección y aseguró que “nada justifica la violencia que se terminó desatando ayer”.
Aunado a estos hechos violentos, ayer cuatro reclusos murieron y tres policías resultados heridos en un motín en una comisaría de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, en la periferia de la capital argentina, informaron fuentes policiales.
miércoles, 18 de noviembre de 2009
Escándalo de espionaje sacude a los argentinos.
Noticia:
Una presunta red de espionaje, que tenía entre sus objetivos a la presidenta argentina Cristina Kirchner y a su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, forzó ayer la destitución del jefe de la recién creada Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, y salpicó al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
“Los Kirchner; el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta; legisladores opositores y hasta el director del periódico La Nación, Bartolomé Mitre, fueron algunas de las personalidades sobre las cuales había documentación en la computadora” de Chamorro que el juez Norberto Oyarbide ordenó confiscar, según confiaron fuentes del propio juzgado, cuya información llevó a Macri a ordenar, desde España, donde se encuentra de visita, la destitución del jefe de Policía, quien ahora quedó a disposición de la Justicia.
Chamorro es el segundo jefe de la fuerza en verse implicado en el escándalo.
Su antecesor, el comisario retirado Jorge El Fino Palacios, socio en una agencia de seguridad privada, renunció en octubre al ser incriminado por la Justicia en la investigación por el atentado contra la mutual judía de la AMIA en 1994 y anoche quedó detenido por su presunta responsabilidad en las escuchas ilegales a familiares de aquel atentado.
La destitución de Chamorro fue anunciada por el ministro de Seguridad Pública de Buenos Aires, Guillermo Montenegro luego de reunirse con el juez Oyarbide, quien ordenó allanar en días pasados las oficinas de Chamorro y Palacios, en donde se halló la documentación que probaría el espionaje. Montenegro argumentó que Chamorro “no cometió un delito, sino un acto poco ético” al investigar el patrimonio de algunos políticos, usando para ello un programa de acceso público.
“Con las claves de la empresa en que trabajaba Chamorro se obtuvo información financiera pública de una serie de personas, entre las cuales están Horacio (Rodríguez Larreta) y varios legisladores de la oposición. Yo le pedí a Nosis (una empresa que administra una base de datos) los datos que son públicos y ahí se logra determinar” quiénes eran las personas espiadas, aseguró Montenegro.
El juez Oyarbide adelantó que solicitó la ayuda de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) para “confirmar fehacientemente si la presidenta y su esposo fueron víctimas de espionaje”, lo que consideró “un tema altamente delicado. Era una Gestapo lo que funcionaba allí”, dijo.
Desde su creación, a fines de 2008, la Policía Metropolitana se vio envuelta ya en varios escándalos similares. El anterior a este que terminó con Chamorro fue el de Ciro James, un ex agente de la Policía Federal que fue encontrado culpable de espiar a varias figuras políticas desde las oficinas mismas del gobierno porteño.
Chamorro había fungido como subjefe hasta la renuncia de Palacios, hombre de confianza de Macri en materia de seguridad y a quien defendió en todo momento, a pesar de las críticas en su contra.
Una presunta red de espionaje, que tenía entre sus objetivos a la presidenta argentina Cristina Kirchner y a su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, forzó ayer la destitución del jefe de la recién creada Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, y salpicó al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
“Los Kirchner; el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta; legisladores opositores y hasta el director del periódico La Nación, Bartolomé Mitre, fueron algunas de las personalidades sobre las cuales había documentación en la computadora” de Chamorro que el juez Norberto Oyarbide ordenó confiscar, según confiaron fuentes del propio juzgado, cuya información llevó a Macri a ordenar, desde España, donde se encuentra de visita, la destitución del jefe de Policía, quien ahora quedó a disposición de la Justicia.
Chamorro es el segundo jefe de la fuerza en verse implicado en el escándalo.
Su antecesor, el comisario retirado Jorge El Fino Palacios, socio en una agencia de seguridad privada, renunció en octubre al ser incriminado por la Justicia en la investigación por el atentado contra la mutual judía de la AMIA en 1994 y anoche quedó detenido por su presunta responsabilidad en las escuchas ilegales a familiares de aquel atentado.
La destitución de Chamorro fue anunciada por el ministro de Seguridad Pública de Buenos Aires, Guillermo Montenegro luego de reunirse con el juez Oyarbide, quien ordenó allanar en días pasados las oficinas de Chamorro y Palacios, en donde se halló la documentación que probaría el espionaje. Montenegro argumentó que Chamorro “no cometió un delito, sino un acto poco ético” al investigar el patrimonio de algunos políticos, usando para ello un programa de acceso público.
“Con las claves de la empresa en que trabajaba Chamorro se obtuvo información financiera pública de una serie de personas, entre las cuales están Horacio (Rodríguez Larreta) y varios legisladores de la oposición. Yo le pedí a Nosis (una empresa que administra una base de datos) los datos que son públicos y ahí se logra determinar” quiénes eran las personas espiadas, aseguró Montenegro.
El juez Oyarbide adelantó que solicitó la ayuda de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) para “confirmar fehacientemente si la presidenta y su esposo fueron víctimas de espionaje”, lo que consideró “un tema altamente delicado. Era una Gestapo lo que funcionaba allí”, dijo.
Desde su creación, a fines de 2008, la Policía Metropolitana se vio envuelta ya en varios escándalos similares. El anterior a este que terminó con Chamorro fue el de Ciro James, un ex agente de la Policía Federal que fue encontrado culpable de espiar a varias figuras políticas desde las oficinas mismas del gobierno porteño.
Chamorro había fungido como subjefe hasta la renuncia de Palacios, hombre de confianza de Macri en materia de seguridad y a quien defendió en todo momento, a pesar de las críticas en su contra.
viernes, 6 de noviembre de 2009
Argentina recibe temblor de 5.6 Richter.
Noticia:
Un sismo de 5.6 grados en la escala de Richter sacudió hoy la región norteña argentina de Salta, informó el Instituto Geológico de Estados Unidos.
El temblor se registró a las 05:49 horas Greenwich a una profundidad de 10 kilómetros en un punto a 140 kilómetros al noreste de la ciudad de San Salvador de Jujuy y a 200 kilómetros de Salta, señaló la organización en su página en Internet.
Un sismo de 5.6 grados en la escala de Richter sacudió hoy la región norteña argentina de Salta, informó el Instituto Geológico de Estados Unidos.
El temblor se registró a las 05:49 horas Greenwich a una profundidad de 10 kilómetros en un punto a 140 kilómetros al noreste de la ciudad de San Salvador de Jujuy y a 200 kilómetros de Salta, señaló la organización en su página en Internet.
martes, 3 de noviembre de 2009
La justicia argentina sienta de nuevo en el banquillo al dictador Bignone.
Noticia:
El último dictador de Argentina, Reynaldo Bignone (1982-1983), se sometió ayer por segunda vez en su vida a juicio por los secuestros, torturas y desapariciones de los que se le acusa. Bignone fue el general que asumió el poder después de la derrota argentina en la guerra contra Reino Unido por las Islas Malvinas y quien no tuvo otra opción que abrir la transición democrática. En medio de todo eso, sin embargo, destruyó los archivos sobre las detenciones y asesinatos cometidos por el régimen militar (1976-1983) y promulgó una fallida ley de amnistía para los responsables del terrorismo de Estado que se ejerció contra guerrilleros, políticos, militantes sociales y de derechos humanos, sindicalistas, empresarios y religiosos. Su Gobierno fue el primero que reconoció que los desaparecidos estaban muertos, aunque contó "sólo 8.000", frente a los 30.000 que denunciaban las organizaciones de derechos humanos.
El juicio que comenzó ayer en el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, un suburbio del noroeste de Buenos Aires, es el segundo en el que se fallará sobre los crímenes cometidos en los centros de detención clandestina que operaban en el regimiento de Campo de Mayo y por donde pasaron 5.500 personas. Bignone, de 81 años, que cumple prisión preventiva domiciliaria, será juzgado junto a otros siete octogenarios integrantes de las fuerzas de seguridad por 56 delitos de allanamientos ilegales, secuestros, torturas, desapariciones y homicidios entre 1976 y 1978. Antes de ser presidente de hecho de Argentina, había sido segundo comandante del Comando de Institutos Militares, en Campo de Mayo, en 1977.
En el banquillo de los acusados se sentarán tres militares que ya fueron condenados por el mismo tribunal en agosto, en lo que fue el primer juicio de la llamada megacausa de Campo de Mayo. Se trata del comandante de Institutos Militares, Santiago Riveros, y de los uniformados Fernando Verplaestsen y Jorge García, que fueron sentenciados a cadena perpetua, a 25 y 18 años de prisión, respectivamente. También serán juzgados en este nuevo juicio los militares Carlos Tepedino y Eugenio Guañabens Perelló y el policía Germán Montenegro.
Una de las víctimas de los delitos indagados es el obrero Héctor Ratto, que pertenecía al comité de empresa de Mercedes-Benz. La automotriz alemana, al igual que otras empresas multinacionales y argentinas, están acusadas de denunciar ante el régimen a empleados con militancia sindical que acabaron desaparecidos.
Al regresar la democracia, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), Bignone fue hallado culpable por los delitos cometidos en Campo de Mayo, pero sorteó la cárcel gracias a las leyes del perdón que impulsó el líder radical para acotar las condenas a la junta militar que encabezó el golpe de Estado de 1976. Esas leyes fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en 2005. Próximamente también deberá comparecer como acusado en otros dos juicios por las desapariciones de jóvenes que cumplían la mili y de médicos y enfermeros que supuestamente atendían a guerrilleros.
Después del frustrado intento por recuperar las Malvinas, que costó la vida a 900 militares de ambos bandos en dos meses de guerra, las Fuerzas Armadas de Argentina, debilitadas también por las denuncias internacionales sobre la represión ilegal y la crisis económica latinoamericana, designaron a Bignone como encargado de la transición hacia la democracia. En su primer discurso público prometió elecciones para inicios de 1984, que finalmente se adelantaron a octubre de 1983 y en las que venció Alfonsín. El Congreso elegido por el pueblo anuló la amnistía de Bignone.
El último dictador de Argentina, Reynaldo Bignone (1982-1983), se sometió ayer por segunda vez en su vida a juicio por los secuestros, torturas y desapariciones de los que se le acusa. Bignone fue el general que asumió el poder después de la derrota argentina en la guerra contra Reino Unido por las Islas Malvinas y quien no tuvo otra opción que abrir la transición democrática. En medio de todo eso, sin embargo, destruyó los archivos sobre las detenciones y asesinatos cometidos por el régimen militar (1976-1983) y promulgó una fallida ley de amnistía para los responsables del terrorismo de Estado que se ejerció contra guerrilleros, políticos, militantes sociales y de derechos humanos, sindicalistas, empresarios y religiosos. Su Gobierno fue el primero que reconoció que los desaparecidos estaban muertos, aunque contó "sólo 8.000", frente a los 30.000 que denunciaban las organizaciones de derechos humanos.
El juicio que comenzó ayer en el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, un suburbio del noroeste de Buenos Aires, es el segundo en el que se fallará sobre los crímenes cometidos en los centros de detención clandestina que operaban en el regimiento de Campo de Mayo y por donde pasaron 5.500 personas. Bignone, de 81 años, que cumple prisión preventiva domiciliaria, será juzgado junto a otros siete octogenarios integrantes de las fuerzas de seguridad por 56 delitos de allanamientos ilegales, secuestros, torturas, desapariciones y homicidios entre 1976 y 1978. Antes de ser presidente de hecho de Argentina, había sido segundo comandante del Comando de Institutos Militares, en Campo de Mayo, en 1977.
En el banquillo de los acusados se sentarán tres militares que ya fueron condenados por el mismo tribunal en agosto, en lo que fue el primer juicio de la llamada megacausa de Campo de Mayo. Se trata del comandante de Institutos Militares, Santiago Riveros, y de los uniformados Fernando Verplaestsen y Jorge García, que fueron sentenciados a cadena perpetua, a 25 y 18 años de prisión, respectivamente. También serán juzgados en este nuevo juicio los militares Carlos Tepedino y Eugenio Guañabens Perelló y el policía Germán Montenegro.
Una de las víctimas de los delitos indagados es el obrero Héctor Ratto, que pertenecía al comité de empresa de Mercedes-Benz. La automotriz alemana, al igual que otras empresas multinacionales y argentinas, están acusadas de denunciar ante el régimen a empleados con militancia sindical que acabaron desaparecidos.
Al regresar la democracia, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), Bignone fue hallado culpable por los delitos cometidos en Campo de Mayo, pero sorteó la cárcel gracias a las leyes del perdón que impulsó el líder radical para acotar las condenas a la junta militar que encabezó el golpe de Estado de 1976. Esas leyes fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en 2005. Próximamente también deberá comparecer como acusado en otros dos juicios por las desapariciones de jóvenes que cumplían la mili y de médicos y enfermeros que supuestamente atendían a guerrilleros.
Después del frustrado intento por recuperar las Malvinas, que costó la vida a 900 militares de ambos bandos en dos meses de guerra, las Fuerzas Armadas de Argentina, debilitadas también por las denuncias internacionales sobre la represión ilegal y la crisis económica latinoamericana, designaron a Bignone como encargado de la transición hacia la democracia. En su primer discurso público prometió elecciones para inicios de 1984, que finalmente se adelantaron a octubre de 1983 y en las que venció Alfonsín. El Congreso elegido por el pueblo anuló la amnistía de Bignone.
miércoles, 21 de octubre de 2009
Telefónica hace las paces con Argentina.
Noticia:
La compañía Telefónica ha retirado su denuncia contra Argentina que presentó ante el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial por los efectos de la pesificación y la congelación de las tarifas de 2002, según informa hoy el diario CincoDías. El operador, que era la última empresa española en mantener este pulso millonario contra el país sudamericano tras siete años de litigio, renuncia a los 1.900 millones que pedía de indemnización.
Según añade el rotativo, Telefónica ha preferido hacer un gesto al Gobierno de Cristina Fernández y poner fin al conflicto antes que insistir en la indemnización. En estos momentos, fuentes de la operadora consideran que existen mejores vías para defender los intereses de sus accionistas antes que eternizarse en un proceso que, visto el resultado, no estaba funcionando.
De hecho, el objetivo de Telefónica con la retirada de la denuncia es que se ponga en práctica el acuerdo al que se llegó en 2006, cuando la española y el Gobierno argentino firmaron una carta de entendimiento. A cambio de inversiones y de mantener el grueso de las tarifas, Telefónica consiguió el compromiso de renegociar los precios de cara al futuro, con la posibilidad de lograr subidas inmediatas en algunas cuotas.
La compañía Telefónica ha retirado su denuncia contra Argentina que presentó ante el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial por los efectos de la pesificación y la congelación de las tarifas de 2002, según informa hoy el diario CincoDías. El operador, que era la última empresa española en mantener este pulso millonario contra el país sudamericano tras siete años de litigio, renuncia a los 1.900 millones que pedía de indemnización.
Según añade el rotativo, Telefónica ha preferido hacer un gesto al Gobierno de Cristina Fernández y poner fin al conflicto antes que insistir en la indemnización. En estos momentos, fuentes de la operadora consideran que existen mejores vías para defender los intereses de sus accionistas antes que eternizarse en un proceso que, visto el resultado, no estaba funcionando.
De hecho, el objetivo de Telefónica con la retirada de la denuncia es que se ponga en práctica el acuerdo al que se llegó en 2006, cuando la española y el Gobierno argentino firmaron una carta de entendimiento. A cambio de inversiones y de mantener el grueso de las tarifas, Telefónica consiguió el compromiso de renegociar los precios de cara al futuro, con la posibilidad de lograr subidas inmediatas en algunas cuotas.
miércoles, 14 de octubre de 2009
Argentina e India se proponen doblar su comercio bilateral para 2012.
Noticia:
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y el primer ministro indio, Manmohan Singh, han apostado hoy por doblar el comercio bilateral para 2012, en una declaración conjunta que han suscrito al término de su reunión en Delhi. Ambos mandatarios han presidido la firma de una decena de acuerdos bilaterales, entre ellos uno de cooperación nuclear civil.
Según la declaración, el comercio entre ambos países se situó en 1.328 millones de dólares en 2008, aunque el objetivo pasa ahora por alcanzar los 3.000 millones de dólares en un plazo de dos años, mediante una "expansión y diversificación" de los intercambios. "Habría que hacer esfuerzos para facilitar la entrada de productos agrícolas y agro-industriales argentinos en India, y la entrada de productos farmacéuticos indios en Argentina", precisa el documento.
Fernández y Singh se han mostrado de acuerdo en impulsar un diálogo integral que pueda conducir a ambos países a una "asociación estratégica", el término que emplea la diplomacia india para los países con los que mantiene intereses preferenciales. La presidenta argentina ha afirmado que el escenario mundial en el que los intercambios se basaban en la "subordinación permanente" se ha derrumbado y abogado por establecer unas relaciones de asociación y cooperación con la India en el marco de un nuevo mundo equilibrado "donde los países emergentes tengamos las mismas posibilidades de desarrollo y de crecimiento social".
Fernández ha hecho estas declaraciones en el cierre de un seminario sobre comercio e inversión entre empresarios de ambos países, en el que ha afirmado que "con la creatividad y diseño argentino podemos formalizar una formidable sinergia en un mundo cada vez más competitivo".
Reforma en la ONU
La declaración conjunta dedica un amplio apartado a la política internacional, con una condena del terrorismo y una apuesta de ambos para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU de modo que refleje "realidades contemporáneas" e incluya a países en desarrollo. La voz de estos últimos, señala el texto, "debería ser escuchada" también para evitar crisis económicas como la actual, que demanda una "reestructuración del sistema financiero y monetario internacional" para promover el desarrollo sostenible.
Fernández y Singh también han charlado sobre cambio climático y las negociaciones de la Ronda de Doha en el seno de la Organización Mundial de Comercio. India ha reiterado su apoyo a las negociaciones para llegar a una solución sobre la soberanía de las Islas Malvinas, que Argentina disputa al Reino Unido.
Los acuerdos firmados versan sobre materias tan distintas como la expedición de visados de negocios, la promoción comercial, la cooperación en materia de deportes, ciencia y tecnología, geología, espacio exterior, investigación industrial y entre pequeñas industrias. Fuentes de la delegación argentina han coincidido en señalar que el pacto de más importancia es el referido a la cooperación nuclear para usos pacíficos.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y el primer ministro indio, Manmohan Singh, han apostado hoy por doblar el comercio bilateral para 2012, en una declaración conjunta que han suscrito al término de su reunión en Delhi. Ambos mandatarios han presidido la firma de una decena de acuerdos bilaterales, entre ellos uno de cooperación nuclear civil.
Según la declaración, el comercio entre ambos países se situó en 1.328 millones de dólares en 2008, aunque el objetivo pasa ahora por alcanzar los 3.000 millones de dólares en un plazo de dos años, mediante una "expansión y diversificación" de los intercambios. "Habría que hacer esfuerzos para facilitar la entrada de productos agrícolas y agro-industriales argentinos en India, y la entrada de productos farmacéuticos indios en Argentina", precisa el documento.
Fernández y Singh se han mostrado de acuerdo en impulsar un diálogo integral que pueda conducir a ambos países a una "asociación estratégica", el término que emplea la diplomacia india para los países con los que mantiene intereses preferenciales. La presidenta argentina ha afirmado que el escenario mundial en el que los intercambios se basaban en la "subordinación permanente" se ha derrumbado y abogado por establecer unas relaciones de asociación y cooperación con la India en el marco de un nuevo mundo equilibrado "donde los países emergentes tengamos las mismas posibilidades de desarrollo y de crecimiento social".
Fernández ha hecho estas declaraciones en el cierre de un seminario sobre comercio e inversión entre empresarios de ambos países, en el que ha afirmado que "con la creatividad y diseño argentino podemos formalizar una formidable sinergia en un mundo cada vez más competitivo".
Reforma en la ONU
La declaración conjunta dedica un amplio apartado a la política internacional, con una condena del terrorismo y una apuesta de ambos para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU de modo que refleje "realidades contemporáneas" e incluya a países en desarrollo. La voz de estos últimos, señala el texto, "debería ser escuchada" también para evitar crisis económicas como la actual, que demanda una "reestructuración del sistema financiero y monetario internacional" para promover el desarrollo sostenible.
Fernández y Singh también han charlado sobre cambio climático y las negociaciones de la Ronda de Doha en el seno de la Organización Mundial de Comercio. India ha reiterado su apoyo a las negociaciones para llegar a una solución sobre la soberanía de las Islas Malvinas, que Argentina disputa al Reino Unido.
Los acuerdos firmados versan sobre materias tan distintas como la expedición de visados de negocios, la promoción comercial, la cooperación en materia de deportes, ciencia y tecnología, geología, espacio exterior, investigación industrial y entre pequeñas industrias. Fuentes de la delegación argentina han coincidido en señalar que el pacto de más importancia es el referido a la cooperación nuclear para usos pacíficos.
domingo, 11 de octubre de 2009
Los Kirchner imponen polémica ley de medios.
Noticia:
Veinticinco años después y luego de un debate de 20 horas, la ley de radiodifusión argentina, una de las últimas sobrevivientes de la dictadura militar (1976- 1983), fue reemplazada ayer por la ley de medios audiovisuales, después de que el Senado la aprobara por un total de 44 votos a favor y 24 en contra.
En medio del júbilo de los cientos de simpatizantes kirchneristas que desde la tarde del viernes se reunieron en el Congreso para apoyar la ley, los senadores aprobaron la controvertida norma en general a las 2 de la mañana de ayer. Y apenas cinco horas después concluyeron la maratónica sesión, al ratificar artículo por artículo.
“Esta es una jornada histórica, fue una pelea de muchos años y de mucha gente”, sintetizó el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, uno de los impulsores de la nueva normativa para el espectro radioeléctrico y los medios audiovisuales. De inmediato, la presidenta Cristina Kirchner, firmó el decreto 467 promulgando la nueva ley, minutos antes de partir de visita oficial a India, en una señal de que la nueva norma, que despertó críticas y la férrea oposición de los multimedios, con el grupo Clarín a la cabeza, no podía esperar.
A decir del gobierno, la ley ayudará a destrabar monopolios, como consideran al grupo Clarín. Para la mayoría de las empresas periodísticas y algunos sectores de la oposición, lo que buscan los Kirchner es controlar a los medios y a la prensa independiente, aun cuando las frecuencias radioeléctricas estaban regidas por una ley de la dictadura militar. Ni los errores de redacción, como el que consta en el artículo sobre la revisión de las licencias donde dice “Bianual en vez de Bienal”, ni la conflictiva autoridad de aplicación que recae en el Poder Ejecutivo en vez de tener un control parlamentario de uso de las frecuencias, fueron modificados en el texto aprobado.
Todo ello denota el apuro del gobierno por tener en sus manos esa ley, de la que ya se habían producido vanos intentos previos durante las gestiones de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999) y Fernando De la Rúa (1999-2001).
“Planteamos una ley que, entendemos, es la que permite democratizar definitivamente los medios en Argentina”, señaló el jefe de gabinete, Aníbal Fernández al abandonar el Congreso, donde siguió las alternativas de la sesión.
El artículo más conflictivo y el que despertó más oposición fue el 161, que obliga a las empresas de radio y televisión por cable y abiertas a desprenderse de las licencias que superen el límite establecido en la ley (10), en el plazo de un año. Aun así fue aprobada por 38 votos contra 28 de la oposición.
Para las empresas, esa medida vulnera los derechos adquiridos, ya que fue el ex presidente Néstor Kirchner quien había firmado el decreto para renovar las licencias, en 2007, por 10 años más y ahora están obligados a “malvenderlos rápidamente”. Más allá del debate que está lejos de terminar, lo cierto es que ayer se derrumbó una de las últimas leyes de la dictadura militar.
Veinticinco años después y luego de un debate de 20 horas, la ley de radiodifusión argentina, una de las últimas sobrevivientes de la dictadura militar (1976- 1983), fue reemplazada ayer por la ley de medios audiovisuales, después de que el Senado la aprobara por un total de 44 votos a favor y 24 en contra.
En medio del júbilo de los cientos de simpatizantes kirchneristas que desde la tarde del viernes se reunieron en el Congreso para apoyar la ley, los senadores aprobaron la controvertida norma en general a las 2 de la mañana de ayer. Y apenas cinco horas después concluyeron la maratónica sesión, al ratificar artículo por artículo.
“Esta es una jornada histórica, fue una pelea de muchos años y de mucha gente”, sintetizó el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, uno de los impulsores de la nueva normativa para el espectro radioeléctrico y los medios audiovisuales. De inmediato, la presidenta Cristina Kirchner, firmó el decreto 467 promulgando la nueva ley, minutos antes de partir de visita oficial a India, en una señal de que la nueva norma, que despertó críticas y la férrea oposición de los multimedios, con el grupo Clarín a la cabeza, no podía esperar.
A decir del gobierno, la ley ayudará a destrabar monopolios, como consideran al grupo Clarín. Para la mayoría de las empresas periodísticas y algunos sectores de la oposición, lo que buscan los Kirchner es controlar a los medios y a la prensa independiente, aun cuando las frecuencias radioeléctricas estaban regidas por una ley de la dictadura militar. Ni los errores de redacción, como el que consta en el artículo sobre la revisión de las licencias donde dice “Bianual en vez de Bienal”, ni la conflictiva autoridad de aplicación que recae en el Poder Ejecutivo en vez de tener un control parlamentario de uso de las frecuencias, fueron modificados en el texto aprobado.
Todo ello denota el apuro del gobierno por tener en sus manos esa ley, de la que ya se habían producido vanos intentos previos durante las gestiones de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999) y Fernando De la Rúa (1999-2001).
“Planteamos una ley que, entendemos, es la que permite democratizar definitivamente los medios en Argentina”, señaló el jefe de gabinete, Aníbal Fernández al abandonar el Congreso, donde siguió las alternativas de la sesión.
El artículo más conflictivo y el que despertó más oposición fue el 161, que obliga a las empresas de radio y televisión por cable y abiertas a desprenderse de las licencias que superen el límite establecido en la ley (10), en el plazo de un año. Aun así fue aprobada por 38 votos contra 28 de la oposición.
Para las empresas, esa medida vulnera los derechos adquiridos, ya que fue el ex presidente Néstor Kirchner quien había firmado el decreto para renovar las licencias, en 2007, por 10 años más y ahora están obligados a “malvenderlos rápidamente”. Más allá del debate que está lejos de terminar, lo cierto es que ayer se derrumbó una de las últimas leyes de la dictadura militar.
sábado, 10 de octubre de 2009
Senado argentino aprueba polémica ley de medios.
Noticia:
El Senado sancionó el sábado con holgura una polémica ley de medios de comunicación impulsada por el gobierno de Cristina Fernández que según la oposición y los principales medios podría terminar por coartar la libertad de prensa.
La ''Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual'', que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue sancionada por 44 votos a favor y 24 en contra casi 18 horas de ininterrumpido debate.
La nueva norma reemplaza a la ''Ley de Radiodifusión'' sancionada en la última dictadura militar. Según el gobierno, la nueva ley impedirá la formación de monopolios y permitirá una mayor pluralidad de opiniones.
''La iniciativa es moderada y democrática'', dijo el titular del bloque del oficialismo, Miguel Angel Pichetto, durante el debate. ''Además, permite que las empresas puedan tener una posición adecuada, pero no dominante''.
Para la oposición, en cambio, la nueva ley reemplazará el actual oligopolio por un monopolio del Estado o de empresarios afines a la mandataria y a su esposo y antecesor Néstor Kirchner.
''Muchos van a festejar como si fuera un gran triunfo'', dijo el jefe del bloque del partido opositor Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz. ''El gobierno se encierra en una tiranía de las mayorías parlamentarias''.
Frente al Congreso, miles de manifestantes celebraron la sanción de la ley con cánticos, aplausos, bengalas y con el sonido de elementos de percusión.
La movilización fue organizada por grupos afines al gobierno y alcaldes ''kirchneristas'' de la provincia de Buenos Aires. También estuvo presente el movimiento juvenil peronista que lidera el hijo del matrimonio presidencial, Máximo Kirchner.
''Estamos saldando una vieja deuda con la democracia'', dijo la senadora oficialista Liliana Fellner.
Uno de los puntos más controvertidos de la ley es el referido al organismo encargado de controlar su cumplimiento, cuyo directorio estará conformado por siete miembros: dos designados por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso (uno por la mayoría, los restantes por la segunda y tercera minoría) y dos elegidos por un consejo federal de comunicación que representará a los gobiernos provinciales. En el contexto actual, el oficialismo tendrá el control del directorio, algo que algunos temen pueda usarse para amedrentar a los medios críticos.
Este organismo será el encargado de adjudicar, prorrogar y anular las licencias para la explotación del espectro radioeléctrico.
Uno de los principales afectados por la ley es el Grupo Clarín, uno de los más importantes de América Latina, que en el plazo de un año deberá desprenderse de radios AM y FM, canales de televisión abierta y de cable que superen los nuevos límites para la propiedad de licencias.
La anterior legislación autorizaba a una sola persona jurídica ser titular de hasta 24 licencias de radio y televisión. En la nueva ley el máximo permitido es de 10.
Clarín mantiene una tensa relación con el gobierno desde el año pasado, cuando partidarios del oficialismo lanzaron consignas contra algunos medios pertenecientes al grupo en actos oficiales luego de que el matrimonio Kirchner lo acusara de una virtual campaña contra el gobierno.
En la marcha del viernes volvieron a escucharse ataques al grupo. ''¿Qué te pasa Clarín? Estás nervioso, porque la ley está por salir'', coreaban los partidarios del oficialismo.
La nueva ley también estipula que las radios deben emitir un mínimo de 70% de producción nacional y la televisión un mínimo del 60%. A su vez, establece que las universidades públicas y los pueblos originarios podrán ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión.
El debate se produjo en un clima enrarecido por las denuncias sobre la supuesta ''compra'' del voto de dos senadores que hasta hace algunos días se manifestaban públicamente en contra de la ley.
El Senado sancionó el sábado con holgura una polémica ley de medios de comunicación impulsada por el gobierno de Cristina Fernández que según la oposición y los principales medios podría terminar por coartar la libertad de prensa.
La ''Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual'', que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue sancionada por 44 votos a favor y 24 en contra casi 18 horas de ininterrumpido debate.
La nueva norma reemplaza a la ''Ley de Radiodifusión'' sancionada en la última dictadura militar. Según el gobierno, la nueva ley impedirá la formación de monopolios y permitirá una mayor pluralidad de opiniones.
''La iniciativa es moderada y democrática'', dijo el titular del bloque del oficialismo, Miguel Angel Pichetto, durante el debate. ''Además, permite que las empresas puedan tener una posición adecuada, pero no dominante''.
Para la oposición, en cambio, la nueva ley reemplazará el actual oligopolio por un monopolio del Estado o de empresarios afines a la mandataria y a su esposo y antecesor Néstor Kirchner.
''Muchos van a festejar como si fuera un gran triunfo'', dijo el jefe del bloque del partido opositor Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz. ''El gobierno se encierra en una tiranía de las mayorías parlamentarias''.
Frente al Congreso, miles de manifestantes celebraron la sanción de la ley con cánticos, aplausos, bengalas y con el sonido de elementos de percusión.
La movilización fue organizada por grupos afines al gobierno y alcaldes ''kirchneristas'' de la provincia de Buenos Aires. También estuvo presente el movimiento juvenil peronista que lidera el hijo del matrimonio presidencial, Máximo Kirchner.
''Estamos saldando una vieja deuda con la democracia'', dijo la senadora oficialista Liliana Fellner.
Uno de los puntos más controvertidos de la ley es el referido al organismo encargado de controlar su cumplimiento, cuyo directorio estará conformado por siete miembros: dos designados por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso (uno por la mayoría, los restantes por la segunda y tercera minoría) y dos elegidos por un consejo federal de comunicación que representará a los gobiernos provinciales. En el contexto actual, el oficialismo tendrá el control del directorio, algo que algunos temen pueda usarse para amedrentar a los medios críticos.
Este organismo será el encargado de adjudicar, prorrogar y anular las licencias para la explotación del espectro radioeléctrico.
Uno de los principales afectados por la ley es el Grupo Clarín, uno de los más importantes de América Latina, que en el plazo de un año deberá desprenderse de radios AM y FM, canales de televisión abierta y de cable que superen los nuevos límites para la propiedad de licencias.
La anterior legislación autorizaba a una sola persona jurídica ser titular de hasta 24 licencias de radio y televisión. En la nueva ley el máximo permitido es de 10.
Clarín mantiene una tensa relación con el gobierno desde el año pasado, cuando partidarios del oficialismo lanzaron consignas contra algunos medios pertenecientes al grupo en actos oficiales luego de que el matrimonio Kirchner lo acusara de una virtual campaña contra el gobierno.
En la marcha del viernes volvieron a escucharse ataques al grupo. ''¿Qué te pasa Clarín? Estás nervioso, porque la ley está por salir'', coreaban los partidarios del oficialismo.
La nueva ley también estipula que las radios deben emitir un mínimo de 70% de producción nacional y la televisión un mínimo del 60%. A su vez, establece que las universidades públicas y los pueblos originarios podrán ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión.
El debate se produjo en un clima enrarecido por las denuncias sobre la supuesta ''compra'' del voto de dos senadores que hasta hace algunos días se manifestaban públicamente en contra de la ley.
viernes, 9 de octubre de 2009
Argentina inicia hoy el debate de ley de medios.
Noticia:
Mis muchachos son expertos en partirle la columna y hacerle saltar los ojos al que hable”.
El dueño de esa afirmación no es “Carlitos Way” sino el controvertido secretario argentino de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien utilizó esa amenaza contra los directores de la empresa mixta Papel Prensa (donde el grupo Clarín tiene participación accionaria), ya que “el gobierno quiere comprarla o expropiarla.
La ofensiva del gobierno contra Papel Prensa, la empresa que produce el papel para periódicos concebida por el Estado en 1969 y donde La Nación y Clarín ingresaron como accionistas en 1977, se conoció en la víspera de que el Senado inicie el debate de la nueva Ley de Radiodifusión, que tiene en la mira al más grande grupo multimedia argentino. La denuncia sobre las amenazas fue formulada por uno de los directores de Papel Prensa en representación del Estado argentino, Carlos Collaso, quien la semana pasada declaró ante la Justicia Penal.
Mientras el gobierno guardó silencio, la oposición salio a reclamar la renuncia de Moreno, sobre quien pesan varias denuncias por este tipo de amenazas y otros exabruptos. Pero todo se da en el momento en que el oficialismo y la oposición prepararan la artillería parlamentaria para el crucial debate sobre la controvertida ley de radiodifusión, en reemplazo de la que rige desde la dictadura y netamente favorable al multimedia Clarín.
El bloque de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), presentará un dictamen propio sobre la ley con el fin de que pueda volver a la Cámara de Diputados para que se le realicen modificaciones a varios artículos.
Mis muchachos son expertos en partirle la columna y hacerle saltar los ojos al que hable”.
El dueño de esa afirmación no es “Carlitos Way” sino el controvertido secretario argentino de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien utilizó esa amenaza contra los directores de la empresa mixta Papel Prensa (donde el grupo Clarín tiene participación accionaria), ya que “el gobierno quiere comprarla o expropiarla.
La ofensiva del gobierno contra Papel Prensa, la empresa que produce el papel para periódicos concebida por el Estado en 1969 y donde La Nación y Clarín ingresaron como accionistas en 1977, se conoció en la víspera de que el Senado inicie el debate de la nueva Ley de Radiodifusión, que tiene en la mira al más grande grupo multimedia argentino. La denuncia sobre las amenazas fue formulada por uno de los directores de Papel Prensa en representación del Estado argentino, Carlos Collaso, quien la semana pasada declaró ante la Justicia Penal.
Mientras el gobierno guardó silencio, la oposición salio a reclamar la renuncia de Moreno, sobre quien pesan varias denuncias por este tipo de amenazas y otros exabruptos. Pero todo se da en el momento en que el oficialismo y la oposición prepararan la artillería parlamentaria para el crucial debate sobre la controvertida ley de radiodifusión, en reemplazo de la que rige desde la dictadura y netamente favorable al multimedia Clarín.
El bloque de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), presentará un dictamen propio sobre la ley con el fin de que pueda volver a la Cámara de Diputados para que se le realicen modificaciones a varios artículos.
jueves, 8 de octubre de 2009
Argentina vuelve a abrir las puertas de su economía a los expertos del FMI.
Noticia:
La economía argentina se someterá finalmente a la evaluación de los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), según anunció el ministro de Economía, Amado Boudou, tras una reunión de 45 minutos con el titular del Fondo, Dominique Strauss-Kahn, durante la asamblea anual del organismo internacional, en Estambul. La "evaluación" podría llevarse a cabo a finales de este año o principios del próximo, y constituiría un paso definitivo en la normalización de las relaciones entre Argentina y el FMI, rotas prácticamente desde que en 2006 se rechazaron las revisiones anuales del Fondo.
El nuevo acercamiento de Argentina al FMI está motivado por la imperiosa necesidad de conseguir financiación exterior que permita reanimar la capacidad de recuperación del país y garantizar un crecimiento más sólido. "Ya hemos vuelto al mercado de capitales", anunció, satisfecho, el ministro. Sin embargo, Argentina necesita todavía que bajen sustancialmente las altas tasas de interés, como exigen los inversores internacionales. La delicada negociación con el FMI ayudaría a rebajar la incertidumbre. Para eso será necesario también anunciar un nuevo canje de deuda para los titulares de bonos argentinos que no aceptaron el ofrecimiento de 2005 y lograr una salida para la deuda todavía sin pagar con el Club de París.
Amado Boudou aseguró que el país no se someterá a una auditoría clásica, como en la etapa anterior, sino que se trata de una "evaluación muy técnica". Formalmente, se trata de superar el escollo que suponen las continuadas y polémicas declaraciones realizadas hasta ahora por el ex presidente Néstor Kirchner y la actual mandataria, Cristina Fernández, en el sentido de que no consentirían que el FMI "les tomara ninguna lección" ni les "sometiera a exámenes".
Un informe con datos reales
En la práctica, el FMI emitirá un informe. "Argentina es un país maduro que puede aceptar críticas, lo que no acepta es condicionalidades ni imposiciones de políticas", mantuvo el ministro.
En cualquier caso, y se llame como se llame, el FMI tendrá que analizar los datos reales de la marcha de la economía argentina, sometidos siempre a sospechas de manipulación por parte de los órganos estadísticos controlados por el Gobierno de Kirchner.
"No tenemos una necesidad imperiosa de fondos, como en los años setenta u ochenta", explicó Boudou. Sin embargo, asegura el comentarista de La Nación Carlos Pagni, el Gobierno necesita una nueva fuente de financiación para poder sostenerse. "Si el Tesoro no consigue un respiro externo, las retenciones de la soja no podrán ser tocadas ni rebajadas, tal y como exigen los agricultores", pronostica.
La ocasión para el acercamiento entre el Ejecutivo argentino y el FMI, buscada desde hace meses, han sido las reuniones del G-20, en las que participa Argentina, y los debates de ese grupo sobre cómo armonizar el crecimiento de las economías de los países miembros. El caso argentino tropezaba siempre con la misma dificultad: su ausencia de los mercados internacionales y la falta de valoración "externa" de su economía.
La economía argentina se someterá finalmente a la evaluación de los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), según anunció el ministro de Economía, Amado Boudou, tras una reunión de 45 minutos con el titular del Fondo, Dominique Strauss-Kahn, durante la asamblea anual del organismo internacional, en Estambul. La "evaluación" podría llevarse a cabo a finales de este año o principios del próximo, y constituiría un paso definitivo en la normalización de las relaciones entre Argentina y el FMI, rotas prácticamente desde que en 2006 se rechazaron las revisiones anuales del Fondo.
El nuevo acercamiento de Argentina al FMI está motivado por la imperiosa necesidad de conseguir financiación exterior que permita reanimar la capacidad de recuperación del país y garantizar un crecimiento más sólido. "Ya hemos vuelto al mercado de capitales", anunció, satisfecho, el ministro. Sin embargo, Argentina necesita todavía que bajen sustancialmente las altas tasas de interés, como exigen los inversores internacionales. La delicada negociación con el FMI ayudaría a rebajar la incertidumbre. Para eso será necesario también anunciar un nuevo canje de deuda para los titulares de bonos argentinos que no aceptaron el ofrecimiento de 2005 y lograr una salida para la deuda todavía sin pagar con el Club de París.
Amado Boudou aseguró que el país no se someterá a una auditoría clásica, como en la etapa anterior, sino que se trata de una "evaluación muy técnica". Formalmente, se trata de superar el escollo que suponen las continuadas y polémicas declaraciones realizadas hasta ahora por el ex presidente Néstor Kirchner y la actual mandataria, Cristina Fernández, en el sentido de que no consentirían que el FMI "les tomara ninguna lección" ni les "sometiera a exámenes".
Un informe con datos reales
En la práctica, el FMI emitirá un informe. "Argentina es un país maduro que puede aceptar críticas, lo que no acepta es condicionalidades ni imposiciones de políticas", mantuvo el ministro.
En cualquier caso, y se llame como se llame, el FMI tendrá que analizar los datos reales de la marcha de la economía argentina, sometidos siempre a sospechas de manipulación por parte de los órganos estadísticos controlados por el Gobierno de Kirchner.
"No tenemos una necesidad imperiosa de fondos, como en los años setenta u ochenta", explicó Boudou. Sin embargo, asegura el comentarista de La Nación Carlos Pagni, el Gobierno necesita una nueva fuente de financiación para poder sostenerse. "Si el Tesoro no consigue un respiro externo, las retenciones de la soja no podrán ser tocadas ni rebajadas, tal y como exigen los agricultores", pronostica.
La ocasión para el acercamiento entre el Ejecutivo argentino y el FMI, buscada desde hace meses, han sido las reuniones del G-20, en las que participa Argentina, y los debates de ese grupo sobre cómo armonizar el crecimiento de las economías de los países miembros. El caso argentino tropezaba siempre con la misma dificultad: su ausencia de los mercados internacionales y la falta de valoración "externa" de su economía.
miércoles, 30 de septiembre de 2009
Buenos Aires vive nueva ola de protestas.
Noticia:
Una nueva jornada de bloqueos que llegó a colapsar la capital volvió a poner de manifiesto ayer la ola de protestas sociales que viene azotando al país en los últimos días, lo que llevó al gobierno a denunciar que todo “parece orquestado”.
Protestas en distintos puntos neurálgicos de la ciudad, huelga de los trabajadores de varias líneas del Metro y bloqueos en los principales accesos a la ciudad causaron otro día caótico en la zona metropolitana.
Si bien ayer tuvo lugar el primer día de la tregua planteada en el conflicto de los empleados de la multinacional Kraft por 162 despidos —que el pasado viernes derivó en feroces choques entre huelguistas y policías— la agrupación Barrios de Pie y otras organizaciones de piqueteros (desocupados) salieron a las calles a reclamar el pago de los subsidios que en agosto había anunciado la presidenta Cristina Kirchner.
“No queremos que los canalicen a través de los intendentes, sino que se los entreguen a las cooperativas que hemos formado con los compañeros desocupados”, explicó Roberto Baigorria, uno de los dirigentes de Barrios de Pie, mientras bloqueaban el Puente Pueyrredón, el principal acceso a la capital desde el sur del Gran Buenos Aires (conformado por la capital y la zona conurbada).
El secretario General del Congreso de Trabajadores Argentino (CTA), Hugo Yasky, justificó la ola de protestas, al decir que “ante la crisis y el estancamiento económico, los empresarios optaron otra vez por transferirle el costo a los trabajadores”.
Los otros cortes registrados ayer, que provocaron demoras y caos de tránsito tuvieron lugar en la Autopista Panamericana y ruta 202, y en el acceso oeste, los ingresos a la ciudad por el norte y por el oeste, respectivamente.
Caucho incendiado, pancartas, palos y rostros cubiertos son algunos de los elementos que volvieron a aparecer en Moreno, en el acceso oeste y la ruta 23, donde Nélida Patrón lleva a su hijo con la playera del Boca, “para cuidarlo y para que todos vean que mi hijo tiene hambre y que yo tengo que alimentarlo todos los días con el plan Trabajar (subsidio de 120 dólares)”. A las 15:10 horas (local), cuando Baigorría recibió el llamado de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner —hermana del ex presidente—, ese y el resto de los cortes fueron levantados con una sorprendente coordinación. Fue eso lo que llevó a Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, a declarar que “todo parece orquestado”.
Una nueva jornada de bloqueos que llegó a colapsar la capital volvió a poner de manifiesto ayer la ola de protestas sociales que viene azotando al país en los últimos días, lo que llevó al gobierno a denunciar que todo “parece orquestado”.
Protestas en distintos puntos neurálgicos de la ciudad, huelga de los trabajadores de varias líneas del Metro y bloqueos en los principales accesos a la ciudad causaron otro día caótico en la zona metropolitana.
Si bien ayer tuvo lugar el primer día de la tregua planteada en el conflicto de los empleados de la multinacional Kraft por 162 despidos —que el pasado viernes derivó en feroces choques entre huelguistas y policías— la agrupación Barrios de Pie y otras organizaciones de piqueteros (desocupados) salieron a las calles a reclamar el pago de los subsidios que en agosto había anunciado la presidenta Cristina Kirchner.
“No queremos que los canalicen a través de los intendentes, sino que se los entreguen a las cooperativas que hemos formado con los compañeros desocupados”, explicó Roberto Baigorria, uno de los dirigentes de Barrios de Pie, mientras bloqueaban el Puente Pueyrredón, el principal acceso a la capital desde el sur del Gran Buenos Aires (conformado por la capital y la zona conurbada).
El secretario General del Congreso de Trabajadores Argentino (CTA), Hugo Yasky, justificó la ola de protestas, al decir que “ante la crisis y el estancamiento económico, los empresarios optaron otra vez por transferirle el costo a los trabajadores”.
Los otros cortes registrados ayer, que provocaron demoras y caos de tránsito tuvieron lugar en la Autopista Panamericana y ruta 202, y en el acceso oeste, los ingresos a la ciudad por el norte y por el oeste, respectivamente.
Caucho incendiado, pancartas, palos y rostros cubiertos son algunos de los elementos que volvieron a aparecer en Moreno, en el acceso oeste y la ruta 23, donde Nélida Patrón lleva a su hijo con la playera del Boca, “para cuidarlo y para que todos vean que mi hijo tiene hambre y que yo tengo que alimentarlo todos los días con el plan Trabajar (subsidio de 120 dólares)”. A las 15:10 horas (local), cuando Baigorría recibió el llamado de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner —hermana del ex presidente—, ese y el resto de los cortes fueron levantados con una sorprendente coordinación. Fue eso lo que llevó a Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, a declarar que “todo parece orquestado”.
viernes, 18 de septiembre de 2009
Argentina: avanza la ley de medios.
Noticia:
El polémico proyecto de ley de radiodifusión, que busca reemplazar la norma de la dictadura militar (19876-1983), obtuvo ayer la media sanción de la Cámara de Diputados de Argentina, al ser aprobado, por 147 votos a favor, durante una maratónica sesión que fue abandonada por la oposición, que denunció “todo tipo de irregularidades”.
De esa manera, el gobierno logró un paso importante en lo que considera “la madre de todas las batallas”, gracias a las casi 200 modificaciones en los 160 artículos del proyecto original que negoció con los partidos aliados, y que le permitieron no sólo el quórum para abrir el debate sino también la sanción.
En contra votaron sólo cuatro diputados de partidos provinciales y otros tres se abstuvieron, mientras que 104 miembros de la oposición abandonaron el recinto, argumentando que “no hubo tiempo para leer la ley completa ante las modificaciones que se hicieron”, según señaló la diputada del ARI, Marcela Rodríguez al tomar la palabra y que “no se puede debatir una ley clave para la democracia a las apuradas, como lo va a hacer el Ejecutivo”, según afirmó la presidenta de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara, Silvana Guidice.
El presidente del bloque del derechista PRO, Federico Pinedo, dijo que “consideramos que no es una sesión válida de la cámara; este debate está inhabilitado y acudiremos a la Justicia”.
Poco antes de las dos de la mañana del jueves, los diputados oficialistas rompieron en el canto de la marcha peronista celebrando la aprobación de un proyecto que desde ayer mismo se aguarda en el Senado, donde ya abrió lugar al debate entre el oficialismo y el vicepresidente (y presidente del Senado) Julio Cobos.
La idea del gobierno es que en la Cámara Alta se debata el próximo 7 de octubre, luego de pasar sólo por dos comisiones (Presupuesto y Medios de Comunicación) para su análisis, mientras que Cobos pretende que pase por seis comisiones y que “se le otorgue el tiempo necesario para debatir y analizar”.
Calienta ambiente político
La aprobación calentó el ambiente político. Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño y virtual candidato a la Presidencia en 2011, calificó a la administración Kirchner como la “más fascista de la historia argentina” y reclamó al Senado que frene la iniciativa que “busca llevarse a todo el mundo por delante, incluso a la democracia”. “El control tiene que quedar en manos del Congreso Nacional”, dijo a su vez el diputado Miguel Bonasso.
De lograr la sanción en el Senado, esa ley de radiodifusión llevará a que los multimedios se vean obligados a vender buena parte de las cadenas que controlan. Por ejemplo, en el caso del grupo Clarín, sólo puede quedarse con dos señales de tv por cable y deberá desprenderse del Canal 13 de televisión que hoy controla Artear, una de las empresas de Clarín, según lo adelantó ayer en una reunión con el personal, el gerente Carlos D’Elia.
“Si la ley se aprueba, el canal dejará de ser del grupo y habrá que despedir gente”, afirmó D’Elia a EL UNIVERSAL, después del primer paso de una ley que es fuertemente cuestionada por las organizaciones que agrupan a medios de comunicación locales e internacionales, como es el caso de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que cuestionó la iniciativa de los Kirchner por considerar que atenta “contra la libertad de prensa”.
El polémico proyecto de ley de radiodifusión, que busca reemplazar la norma de la dictadura militar (19876-1983), obtuvo ayer la media sanción de la Cámara de Diputados de Argentina, al ser aprobado, por 147 votos a favor, durante una maratónica sesión que fue abandonada por la oposición, que denunció “todo tipo de irregularidades”.
De esa manera, el gobierno logró un paso importante en lo que considera “la madre de todas las batallas”, gracias a las casi 200 modificaciones en los 160 artículos del proyecto original que negoció con los partidos aliados, y que le permitieron no sólo el quórum para abrir el debate sino también la sanción.
En contra votaron sólo cuatro diputados de partidos provinciales y otros tres se abstuvieron, mientras que 104 miembros de la oposición abandonaron el recinto, argumentando que “no hubo tiempo para leer la ley completa ante las modificaciones que se hicieron”, según señaló la diputada del ARI, Marcela Rodríguez al tomar la palabra y que “no se puede debatir una ley clave para la democracia a las apuradas, como lo va a hacer el Ejecutivo”, según afirmó la presidenta de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara, Silvana Guidice.
El presidente del bloque del derechista PRO, Federico Pinedo, dijo que “consideramos que no es una sesión válida de la cámara; este debate está inhabilitado y acudiremos a la Justicia”.
Poco antes de las dos de la mañana del jueves, los diputados oficialistas rompieron en el canto de la marcha peronista celebrando la aprobación de un proyecto que desde ayer mismo se aguarda en el Senado, donde ya abrió lugar al debate entre el oficialismo y el vicepresidente (y presidente del Senado) Julio Cobos.
La idea del gobierno es que en la Cámara Alta se debata el próximo 7 de octubre, luego de pasar sólo por dos comisiones (Presupuesto y Medios de Comunicación) para su análisis, mientras que Cobos pretende que pase por seis comisiones y que “se le otorgue el tiempo necesario para debatir y analizar”.
Calienta ambiente político
La aprobación calentó el ambiente político. Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño y virtual candidato a la Presidencia en 2011, calificó a la administración Kirchner como la “más fascista de la historia argentina” y reclamó al Senado que frene la iniciativa que “busca llevarse a todo el mundo por delante, incluso a la democracia”. “El control tiene que quedar en manos del Congreso Nacional”, dijo a su vez el diputado Miguel Bonasso.
De lograr la sanción en el Senado, esa ley de radiodifusión llevará a que los multimedios se vean obligados a vender buena parte de las cadenas que controlan. Por ejemplo, en el caso del grupo Clarín, sólo puede quedarse con dos señales de tv por cable y deberá desprenderse del Canal 13 de televisión que hoy controla Artear, una de las empresas de Clarín, según lo adelantó ayer en una reunión con el personal, el gerente Carlos D’Elia.
“Si la ley se aprueba, el canal dejará de ser del grupo y habrá que despedir gente”, afirmó D’Elia a EL UNIVERSAL, después del primer paso de una ley que es fuertemente cuestionada por las organizaciones que agrupan a medios de comunicación locales e internacionales, como es el caso de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que cuestionó la iniciativa de los Kirchner por considerar que atenta “contra la libertad de prensa”.
jueves, 17 de septiembre de 2009
La Cámara Baja argentina aprueba un polémico proyecto de ley de medios.
Noticia:
La Cámara Baja argentina aprobó la pasada madrugada un polémico proyecto de ley de servicios audiovisuales impulsado por el Gobierno de Cristina Fernández tras un intenso debate que se prolongó durante más de 13 horas y que terminó con la retirada de la oposición para no participar en la votación.
El proyecto de ley, que ha provocado el rechazo frontal de opositores y grandes medios del sector audiovisual, fue aprobado por 146 votos -del oficialismo y grupos minoritarios afines-, tres votos negativos y tres abstenciones. Las principales fuerzas de oposición acordaron abandonar el recinto antes de la votación en protesta por supuestas "irregularidades" en el tratamiento del proyecto.
La iniciativa, una de las más importantes apuestas del Gobierno de Cristina Fernández, pretende sustituir a la legislación vigente desde la última dictadura militar (1976-1983) y debe todavía ser aprobada por el Senado, previsiblemente en octubre. La nueva ley creará una comisión bicameral de control de la "autoridad de aplicación", un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y la figura del Defensor Público de consumidores de servicios audiovisuales.
El texto establece que una empresa no puede tener más de 10 licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha provocado entre las empresas con intereses en el sector. También crea cupos de producción local e indica que las compañías con licencias pueden tener hasta un 30% de participación extranjera, salvo que se trate de una empresa de un país que haya firmado un tratado de "reciprocidad efectiva" con Argentina, lo que habilita una participación mayoritaria de capital de origen foráneo.
El apoyo a la iniciativa aumentó después de que la presidenta anunciara el lunes la eliminación del permiso para que las empresas telefónicas entren en el sistema de medios audiovisuales por medio del servicio adicional de televisión por suscripción. El Gobierno también aceptó modificaciones sobre la "autoridad de aplicación", encargada de supervisar el funcionamiento del sector, la cual será una entidad "autárquica" dependiente del Ejecutivo, según el proyecto. Asimismo, accedió a ampliar el número de directores de la "autoridad de aplicación" para otorgarle más representación al sector parlamentario, aunque la oposición carga las tintas en que el Ejecutivo mantendrá un mayor peso en el organismo.
Los opositores Unión Cívica Radial y Propuesta Republicana (PRO, centroderecha), y peronistas disidentes rechazan que las firmas privadas tengan un plazo de un año para desprenderse de licencias de radio o televisión en caso de que deban adecuarse a los límites fijados por la nueva normativa. Durante el debate, la diputada Patricia Bullrich, de la opositora Coalición Cívica (CC), acusó al Gobierno de querer "terminar con una ley de la dictadura con una metodología dictatorial" al imponer "entre gallos y medianoche" un proyecto con modificaciones respecto al original enviado por el Ejecutivo, lo que dejó sin tiempo a los diputados para analizar los 166 artículos de la iniciativa. Como Bullrich, otros legisladores opositores cuestionaron la "legitimidad" de la sesión.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giúdici (de UCR), señaló que "no se puede legislar en contra de ese derecho básico" a la expresión y sostuvo que "el periodismo es un contrapoder", "un poder más de la República, por lo que se necesita lograr un equilibrio con "el resto de los poderes".
Por su parte, el titular de la Comisión de Comunicaciones, el oficialista Manuel Baladrón (PJ), aseguró que "no es verdad que esta ley afecte a la libertad de expresión" y negó que el Gobierno quiera "silenciar" a alguien en Argentina". "Lo único que queremos hacer es ver cómo regulamos un sistema de medios audiovisuales más justo, más democrático. Esta ley es una de las más importantes que vamos a debatir en el Parlamento argentino", señaló.
Tras la aprobación del texto por la Cámara Baja, el proyecto debe aún pasar por el Senado. "La aprobación del Senado va a ser difícil, pero a esta altura creemos que terminarán aprobando el proyecto, probablemente después de que el Gobierno realice algunas concesiones más", ha afirmado Daniel Kerner, analista de la consultora de riesgo político Eurasia Group.
La Cámara Baja argentina aprobó la pasada madrugada un polémico proyecto de ley de servicios audiovisuales impulsado por el Gobierno de Cristina Fernández tras un intenso debate que se prolongó durante más de 13 horas y que terminó con la retirada de la oposición para no participar en la votación.
El proyecto de ley, que ha provocado el rechazo frontal de opositores y grandes medios del sector audiovisual, fue aprobado por 146 votos -del oficialismo y grupos minoritarios afines-, tres votos negativos y tres abstenciones. Las principales fuerzas de oposición acordaron abandonar el recinto antes de la votación en protesta por supuestas "irregularidades" en el tratamiento del proyecto.
La iniciativa, una de las más importantes apuestas del Gobierno de Cristina Fernández, pretende sustituir a la legislación vigente desde la última dictadura militar (1976-1983) y debe todavía ser aprobada por el Senado, previsiblemente en octubre. La nueva ley creará una comisión bicameral de control de la "autoridad de aplicación", un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y la figura del Defensor Público de consumidores de servicios audiovisuales.
El texto establece que una empresa no puede tener más de 10 licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha provocado entre las empresas con intereses en el sector. También crea cupos de producción local e indica que las compañías con licencias pueden tener hasta un 30% de participación extranjera, salvo que se trate de una empresa de un país que haya firmado un tratado de "reciprocidad efectiva" con Argentina, lo que habilita una participación mayoritaria de capital de origen foráneo.
El apoyo a la iniciativa aumentó después de que la presidenta anunciara el lunes la eliminación del permiso para que las empresas telefónicas entren en el sistema de medios audiovisuales por medio del servicio adicional de televisión por suscripción. El Gobierno también aceptó modificaciones sobre la "autoridad de aplicación", encargada de supervisar el funcionamiento del sector, la cual será una entidad "autárquica" dependiente del Ejecutivo, según el proyecto. Asimismo, accedió a ampliar el número de directores de la "autoridad de aplicación" para otorgarle más representación al sector parlamentario, aunque la oposición carga las tintas en que el Ejecutivo mantendrá un mayor peso en el organismo.
Los opositores Unión Cívica Radial y Propuesta Republicana (PRO, centroderecha), y peronistas disidentes rechazan que las firmas privadas tengan un plazo de un año para desprenderse de licencias de radio o televisión en caso de que deban adecuarse a los límites fijados por la nueva normativa. Durante el debate, la diputada Patricia Bullrich, de la opositora Coalición Cívica (CC), acusó al Gobierno de querer "terminar con una ley de la dictadura con una metodología dictatorial" al imponer "entre gallos y medianoche" un proyecto con modificaciones respecto al original enviado por el Ejecutivo, lo que dejó sin tiempo a los diputados para analizar los 166 artículos de la iniciativa. Como Bullrich, otros legisladores opositores cuestionaron la "legitimidad" de la sesión.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giúdici (de UCR), señaló que "no se puede legislar en contra de ese derecho básico" a la expresión y sostuvo que "el periodismo es un contrapoder", "un poder más de la República, por lo que se necesita lograr un equilibrio con "el resto de los poderes".
Por su parte, el titular de la Comisión de Comunicaciones, el oficialista Manuel Baladrón (PJ), aseguró que "no es verdad que esta ley afecte a la libertad de expresión" y negó que el Gobierno quiera "silenciar" a alguien en Argentina". "Lo único que queremos hacer es ver cómo regulamos un sistema de medios audiovisuales más justo, más democrático. Esta ley es una de las más importantes que vamos a debatir en el Parlamento argentino", señaló.
Tras la aprobación del texto por la Cámara Baja, el proyecto debe aún pasar por el Senado. "La aprobación del Senado va a ser difícil, pero a esta altura creemos que terminarán aprobando el proyecto, probablemente después de que el Gobierno realice algunas concesiones más", ha afirmado Daniel Kerner, analista de la consultora de riesgo político Eurasia Group.
martes, 15 de septiembre de 2009
“Guerra” en Argentina: los Kirchner vs. Clarín.
Noticia:
La ofensiva de los Kirchner contra los medios de comunicación podría tener el sello de Hugo Chávez, pero el copyright de la intimidación contra el Grupo Clarín pertenece a la pareja presidencial, que a lo largo de su vida política ha hecho del acoso al periodismo crítico uno de sus deportes preferidos, desde sus días al frente de la gobernación de Santa Cruz.
La entrada de un ejército de agentes fiscales a las instalaciones grupo multimedia más importante del país muestra la estirpe autoritaria del gobierno y la falta de tacto para tratar los asuntos de Estado.
En la relación entre el gobierno y Clarín —devenido en el “enemigo número uno”, según Néstor Kirchner— se pasó de tener una “excelente relación”, según el ex mandatario, a considerarlo “el responsable de la derrota” electoral del 28 de mayo pasado, “la verdadera oposición”. En los primeros cinco años fueron otros los medios castigados, aquellos abiertamente críticos como el periódico dominical Perfil y publicaciones de la editorial homónima, a las que se cercenó la pauta publicitaria proveniente del Estado.
En Santa Cruz, los Kirchner “provocaron el cierre de radios y revistas, así como la venta de empresas de medios —luego de ahogarlas financieramente mediante la pauta publicitaria—, y se persiguió a periodistas o se crearon multimedios propios”, dice Daniel Gatti, periodista y autor de “El amo del feudo”, primera biografía del ex presidente.
La ruptura de la relación excelente entre el gobierno y Clarín comenzó en los 72 días de huelga que el sector agropecuario realizó en 2008. La cobertura del matutino Clarín, el de principal circulación del país, provocó la ira de la presidenta Cristina Kirchner y su esposo, a tal punto que utilizaron la tribuna para cuestionar no sólo al grupo, sino a periodistas y al dibujante estrella del diario, Hermenegildo Sabat, como en años anteriores lo habían hecho con periodistas de otros medios.
Fue después de la derrota en el Senado del proyecto para aumentar las retenciones fiscales a la exportación de granos, en julio de 2008, cuando el kirchnerismo decidió avanzar con un proyecto de ley de Radiodifusión para reemplazar a la sancionada por la dictadura militar (1976-1983). La orden del ex presidente fue directa: “vamos a acabar con Clarín”, dijo Néstor Kirchner según dijoun ex alto funcionario a EL UNIVERSAL.
Cuando el proyecto llegó al Congreso para ser debatido arrancó la ofensiva contra el Grupo Clarín. Primero, el Poder Ejecutivo le arrebató la transmisión de los partidos de futbol; después, anuló la fusión de los canales de cable y el avance en la justicia en una causa sensible que estaba estancada: la presunta adopción ilegal de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, directora de Clarín y accionista mayoritaria del grupo, que podrían ser hijos de desaparecidos durante la dictadura.
Hasta la invasión de agentes fiscales el pasado jueves, había sectores que favorecían la necesidad de una ley de Radiodifusión.
Pero las cosas han cambiado. “Es un ley demasiado importante como para que se la quiera tratar a las apuradas con el sólo efecto de perjudicar a un grupo o empresa”, expresó el ex diputado socialista Héctor Polino, en una conferencia de prensa junto a los diputados de su partido que ya desistieron de apoyar el proyecto.
“El problema es que los Kirchner no creen en esta ley. Lo que buscan es beneficiar a los amigos que van a hacerse de algunas de las telefónicas y para perjudicar a Clarín”, asegura la diputada Marcela Rodríguez, del ARI.
Ayer, la presidenta anunció que “eliminará” el ingreso de empresas telefónicas al proyecto de ley de medios que les habría permitido participar en la televisión por cable.
En el ocaso de su poder, según los sondeos, los Kirchner están decididos a seguir abriendo frentes de conflicto. Poco parece importarle si sus formas son más o menos chavistas en su ofensiva contra la prensa. A ellos los avala una historia de persecución a periodistas y empresas del sector que vienen de muy lejos, desde 1991, cuando llegaron a la gobernación de Santa Cruz, y de su concepción de lo que es y debe ser una democracia.
La ofensiva de los Kirchner contra los medios de comunicación podría tener el sello de Hugo Chávez, pero el copyright de la intimidación contra el Grupo Clarín pertenece a la pareja presidencial, que a lo largo de su vida política ha hecho del acoso al periodismo crítico uno de sus deportes preferidos, desde sus días al frente de la gobernación de Santa Cruz.
La entrada de un ejército de agentes fiscales a las instalaciones grupo multimedia más importante del país muestra la estirpe autoritaria del gobierno y la falta de tacto para tratar los asuntos de Estado.
En la relación entre el gobierno y Clarín —devenido en el “enemigo número uno”, según Néstor Kirchner— se pasó de tener una “excelente relación”, según el ex mandatario, a considerarlo “el responsable de la derrota” electoral del 28 de mayo pasado, “la verdadera oposición”. En los primeros cinco años fueron otros los medios castigados, aquellos abiertamente críticos como el periódico dominical Perfil y publicaciones de la editorial homónima, a las que se cercenó la pauta publicitaria proveniente del Estado.
En Santa Cruz, los Kirchner “provocaron el cierre de radios y revistas, así como la venta de empresas de medios —luego de ahogarlas financieramente mediante la pauta publicitaria—, y se persiguió a periodistas o se crearon multimedios propios”, dice Daniel Gatti, periodista y autor de “El amo del feudo”, primera biografía del ex presidente.
La ruptura de la relación excelente entre el gobierno y Clarín comenzó en los 72 días de huelga que el sector agropecuario realizó en 2008. La cobertura del matutino Clarín, el de principal circulación del país, provocó la ira de la presidenta Cristina Kirchner y su esposo, a tal punto que utilizaron la tribuna para cuestionar no sólo al grupo, sino a periodistas y al dibujante estrella del diario, Hermenegildo Sabat, como en años anteriores lo habían hecho con periodistas de otros medios.
Fue después de la derrota en el Senado del proyecto para aumentar las retenciones fiscales a la exportación de granos, en julio de 2008, cuando el kirchnerismo decidió avanzar con un proyecto de ley de Radiodifusión para reemplazar a la sancionada por la dictadura militar (1976-1983). La orden del ex presidente fue directa: “vamos a acabar con Clarín”, dijo Néstor Kirchner según dijoun ex alto funcionario a EL UNIVERSAL.
Cuando el proyecto llegó al Congreso para ser debatido arrancó la ofensiva contra el Grupo Clarín. Primero, el Poder Ejecutivo le arrebató la transmisión de los partidos de futbol; después, anuló la fusión de los canales de cable y el avance en la justicia en una causa sensible que estaba estancada: la presunta adopción ilegal de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, directora de Clarín y accionista mayoritaria del grupo, que podrían ser hijos de desaparecidos durante la dictadura.
Hasta la invasión de agentes fiscales el pasado jueves, había sectores que favorecían la necesidad de una ley de Radiodifusión.
Pero las cosas han cambiado. “Es un ley demasiado importante como para que se la quiera tratar a las apuradas con el sólo efecto de perjudicar a un grupo o empresa”, expresó el ex diputado socialista Héctor Polino, en una conferencia de prensa junto a los diputados de su partido que ya desistieron de apoyar el proyecto.
“El problema es que los Kirchner no creen en esta ley. Lo que buscan es beneficiar a los amigos que van a hacerse de algunas de las telefónicas y para perjudicar a Clarín”, asegura la diputada Marcela Rodríguez, del ARI.
Ayer, la presidenta anunció que “eliminará” el ingreso de empresas telefónicas al proyecto de ley de medios que les habría permitido participar en la televisión por cable.
En el ocaso de su poder, según los sondeos, los Kirchner están decididos a seguir abriendo frentes de conflicto. Poco parece importarle si sus formas son más o menos chavistas en su ofensiva contra la prensa. A ellos los avala una historia de persecución a periodistas y empresas del sector que vienen de muy lejos, desde 1991, cuando llegaron a la gobernación de Santa Cruz, y de su concepción de lo que es y debe ser una democracia.
viernes, 11 de septiembre de 2009
200 inspectores de Hacienda toman 'Clarín'.
Noticia:
Unos doscientos inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), equivalente a Hacienda, se presentaron ayer en el edificio donde se encuentra la redacción del diario Clarín y en otras dependencias de ese grupo mediático, en Buenos Aires, para iniciar una investigación fiscal. El operativo se realiza en mitad de una batalla entre el gobierno de los Kirchner y el principal grupo de comunicación argentino, a propósito de un nuevo proyecto de ley audiovisual , que afecta seriamente a los intereses del grupo y aumenta el control del Gobierno sobre todos los medios.
El director del periódico, Ricardo Kirschbaum, calificó la operación de "operativo de intimidación" y resaltó, además, que la llegada de los inspectores se produce pocas horas después de que Clarín publicara una información sobre un presunto caso de corrupción que implicaría al actual director de AFIP, Ricardo Echegaray.
Sin embargo, el propio Echegaray telefoneó personalmente a media tarde a Kirschbaum para explicar que él no había dado la orden ni estaba enterado del despliegue de los inspectores. Aseguró que se había abierto una investigación interna y que dos responsables de la AFIP habían sido despedidos inmediatamente.
El periódico informó ayer en primera página que un organismo público denominado Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) concedió un subsidio de 10 millones de pesos (algo menos de dos millones de euros) a una empresa dedicada al engorde de ganado que no estaba ni siquiera inscrita como tal. La ONCAA se apresuró a desmentir la información, que calificó de "maliciosa", y aseguró que el establecimiento "se encuentra vigente" en el padrón del organismo, pero, según Clarín, esa habilitación se realizó después de conceder la subvención. Lo llamativo del caso es que la ONCCA estaba presidida en ese momento por Ricardo Echegaray, nombrado hace pocos meses titular de Hacienda y directo responsable de la inspección fiscal.
Despliegue "exagerado"
"No puedo desvincular esto de todo lo que esta pasando en las últimas semanas entre el Gobierno Kirchner y los medios de comunicación", aseguró el gerente de Relaciones Externas del grupo Clarín, Martín Etchevers. Según explicó, el operativo fiscal afecta no solo al diario sino también a otras siete empresas del grupo, incluidos el periódico deportivo Olé y a otra publicación llamada La Razón. "No podemos dejar de resaltar la exagerado de este operativo y el marco en el que se produce", añadió. Según testimonio de periodistas que se encontraban en la redacción de Clarín en ese momento, entre 180 y 200 inspectores "desembarcaron" a primera hora de la tarde en el edificio del periódico.
Clarín mantuvo una actitud conciliadora con los Kirchner durante el mandato de Néstor Kirchner y el inicio de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero aumentó considerablemente su tono crítico a raíz del conflicto del campo, en 2008. El diario fue objeto de múltiples críticas y ataques por parte de Nestor Kirchner en la última campaña electoral, para renovar parte del congreso y del senado.
Unos doscientos inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), equivalente a Hacienda, se presentaron ayer en el edificio donde se encuentra la redacción del diario Clarín y en otras dependencias de ese grupo mediático, en Buenos Aires, para iniciar una investigación fiscal. El operativo se realiza en mitad de una batalla entre el gobierno de los Kirchner y el principal grupo de comunicación argentino, a propósito de un nuevo proyecto de ley audiovisual , que afecta seriamente a los intereses del grupo y aumenta el control del Gobierno sobre todos los medios.
El director del periódico, Ricardo Kirschbaum, calificó la operación de "operativo de intimidación" y resaltó, además, que la llegada de los inspectores se produce pocas horas después de que Clarín publicara una información sobre un presunto caso de corrupción que implicaría al actual director de AFIP, Ricardo Echegaray.
Sin embargo, el propio Echegaray telefoneó personalmente a media tarde a Kirschbaum para explicar que él no había dado la orden ni estaba enterado del despliegue de los inspectores. Aseguró que se había abierto una investigación interna y que dos responsables de la AFIP habían sido despedidos inmediatamente.
El periódico informó ayer en primera página que un organismo público denominado Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) concedió un subsidio de 10 millones de pesos (algo menos de dos millones de euros) a una empresa dedicada al engorde de ganado que no estaba ni siquiera inscrita como tal. La ONCAA se apresuró a desmentir la información, que calificó de "maliciosa", y aseguró que el establecimiento "se encuentra vigente" en el padrón del organismo, pero, según Clarín, esa habilitación se realizó después de conceder la subvención. Lo llamativo del caso es que la ONCCA estaba presidida en ese momento por Ricardo Echegaray, nombrado hace pocos meses titular de Hacienda y directo responsable de la inspección fiscal.
Despliegue "exagerado"
"No puedo desvincular esto de todo lo que esta pasando en las últimas semanas entre el Gobierno Kirchner y los medios de comunicación", aseguró el gerente de Relaciones Externas del grupo Clarín, Martín Etchevers. Según explicó, el operativo fiscal afecta no solo al diario sino también a otras siete empresas del grupo, incluidos el periódico deportivo Olé y a otra publicación llamada La Razón. "No podemos dejar de resaltar la exagerado de este operativo y el marco en el que se produce", añadió. Según testimonio de periodistas que se encontraban en la redacción de Clarín en ese momento, entre 180 y 200 inspectores "desembarcaron" a primera hora de la tarde en el edificio del periódico.
Clarín mantuvo una actitud conciliadora con los Kirchner durante el mandato de Néstor Kirchner y el inicio de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero aumentó considerablemente su tono crítico a raíz del conflicto del campo, en 2008. El diario fue objeto de múltiples críticas y ataques por parte de Nestor Kirchner en la última campaña electoral, para renovar parte del congreso y del senado.
lunes, 7 de septiembre de 2009
El matrimonio presidencial argentino maniobra para controlar los medios.
Noticia:
Los Kirchner se han lanzado en Argentina a una dura batalla contra el principal grupo de comunicación del país, Clarín. Acaban de presentar un proyecto de ley que afecta a los intereses de ese grupo y, de paso, otorga al Gobierno un mayor control sobre todos los medios privados de televisión y de radio, y sobre sus contenidos.
En todas las ocasiones, los intentos para aumentar el control o, directamente, de acallar a determinados medios de comunicación latinoamericanos han coincidido con actitudes fuertemente críticas de esos grupos de comunicación, lo que invalida los llamamientos presidenciales a la defensa de ?la información veraz? y la ?auténtica libertad de expresión?. ?Históricamente, los movimientos populistas de la región han mantenido relaciones conflictivas con los grandes medios de comunicación?, escribe el comentarista argentino Julio Brudman, ?porque tarde o temprano esos medios dejan de apoyar a esos Gobiernos, bien sea porque ya no aprecian sus políticas populistas o, simplemente, porque interpretan el creciente malhumor de la opinión pública?.
El primer día de debate en el Congreso argentino, el pasado jueves, fue tumultuoso, con gritos y hasta empujones. Los kirchneristas tienen prisa para lograr que la ley se apruebe antes de que tomen posesión, en diciembre, los nuevos diputados que ganaron las elecciones parciales de junio. La oposición, por el contrario, intenta retrasar el proceso, y confía en que el Senado dé carpetazo a un proyecto que califica de fuertemente estatalista.
La batalla se inició con la repentina decisión de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de suspender su contrato con el grupo Clarín por los derechos de televisión del fútbol de primera división. La AFA firmó a toda prisa un nuevo acuerdo con el Gobierno por el que los partidos pasaron a retransmitirse en abierto por el Canal 7, de propiedad pública. ?Fútbol gratis y para todos?, prometió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque se trata de una metáfora porque el fútbol lo pagarán religiosamente todos los argentinos: la asociación cobrará cada año 600 millones de pesos que saldrán, naturalmente, de los impuestos y no del pay per view, como antes. ?En un país con una terrible historia de secuestros, se ha acabado el secuestro de los goles?, afirmó la presidenta, para estupefacción de los supervivientes de la dictadura militar.
El segundo acto fue la presentación del nuevo proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un largo texto de 168 artículos, que prohíbe que un mismo dueño pueda tener un canal de televisión en abierto y otro por cable en la misma zona, que se supere el 35% de la audiencia y que se disponga de más de 10 licencias de radio en todo el país (24 en el caso de televisión por cable). La primera consecuencia sería que el grupo Clarín se vería obligado a desprenderse de su televisión en abierto o a dejar de lado el negocio del cable. ?Cuidado, la libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa?, explicó confusamente la presidenta.
Lo que debería haber sido una ley que se limitara a dar un nuevo marco legal a la comunicación audiovisual, ampliara el número de licencias de televisión en abierto e incorporara medidas consensuadas para regular una eventual concentración excesiva, se convirtió en una ley anti-Clarín, de carácter fuertemente estatalista, que dibuja un sector privado atomizado y dependiente de la renovación más o menos arbitraria de las licencias, válidas exclusivamente para 10 años. ?Esta ley crearía un sistema basado totalmente en la discrecionalidad política. Nace de un Gobierno que no está legitimado para reclamar transparencia porque él mismo es extraordinariamente opaco y puede ser refrendada por un Parlamento que ya no representa la voluntad popular, porque las elecciones diseñaron una nueva situación?, advierte Ricardo Kirschbaum, director del diario Clarín.
El proyecto tiene el apoyo de los grupos de izquierda argentinos, entusiasmados con la idea de distribuir las posibles licencias de cable en tres grandes grupos y que sólo uno de ellos corresponda al sector privado. Los otros dos se reservarán para los poderes públicos y para los distintos grupos sociales, desde agrupaciones vecinales a universidades, grupos religiosos o comunidades indígenas. En la práctica, afirma Kirschbaum, esa pretendida pluralidad de voces no será tal, porque estará también controlada por el Gobierno, dueño de las licencias y de las subvenciones.
En su afán por demostrar que se trata de una regulación ideológicamente inspirada en la izquierda, los Kirchner explicaron que el proyecto de ley ha sido ya discutido en 24 foros públicos y 80 ?charlas-debate? por todo el país, gracias a lo cual se incorporaron al texto 139 ?nuevas aportaciones?, firmadas desde la agrupación vecinal Comandante Andresito hasta el grupo estudiantil El Andamio, pasando por facultades de comunicación, grupos feministas, religiosos e indígenas.
La propuesta afecta igualmente a las emisoras de radio ?el Grupo PRISA, editor de EL PAÍS, dispone actualmente de 10 licencias? que han expresado también su protesta. ?Esta ley?, afirma la Asociación de Radiodifusión Argentina, ?consagra el fuerte control del Gobierno de turno sobre los medios privados y sus contenidos, afecta a la seguridad jurídica de los actuales licenciatarios, genera un sistema dependiente del Estado y otorga un poder discrecional al Ejecutivo?.
Los Kirchner se han lanzado en Argentina a una dura batalla contra el principal grupo de comunicación del país, Clarín. Acaban de presentar un proyecto de ley que afecta a los intereses de ese grupo y, de paso, otorga al Gobierno un mayor control sobre todos los medios privados de televisión y de radio, y sobre sus contenidos.
En todas las ocasiones, los intentos para aumentar el control o, directamente, de acallar a determinados medios de comunicación latinoamericanos han coincidido con actitudes fuertemente críticas de esos grupos de comunicación, lo que invalida los llamamientos presidenciales a la defensa de ?la información veraz? y la ?auténtica libertad de expresión?. ?Históricamente, los movimientos populistas de la región han mantenido relaciones conflictivas con los grandes medios de comunicación?, escribe el comentarista argentino Julio Brudman, ?porque tarde o temprano esos medios dejan de apoyar a esos Gobiernos, bien sea porque ya no aprecian sus políticas populistas o, simplemente, porque interpretan el creciente malhumor de la opinión pública?.
El primer día de debate en el Congreso argentino, el pasado jueves, fue tumultuoso, con gritos y hasta empujones. Los kirchneristas tienen prisa para lograr que la ley se apruebe antes de que tomen posesión, en diciembre, los nuevos diputados que ganaron las elecciones parciales de junio. La oposición, por el contrario, intenta retrasar el proceso, y confía en que el Senado dé carpetazo a un proyecto que califica de fuertemente estatalista.
La batalla se inició con la repentina decisión de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de suspender su contrato con el grupo Clarín por los derechos de televisión del fútbol de primera división. La AFA firmó a toda prisa un nuevo acuerdo con el Gobierno por el que los partidos pasaron a retransmitirse en abierto por el Canal 7, de propiedad pública. ?Fútbol gratis y para todos?, prometió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque se trata de una metáfora porque el fútbol lo pagarán religiosamente todos los argentinos: la asociación cobrará cada año 600 millones de pesos que saldrán, naturalmente, de los impuestos y no del pay per view, como antes. ?En un país con una terrible historia de secuestros, se ha acabado el secuestro de los goles?, afirmó la presidenta, para estupefacción de los supervivientes de la dictadura militar.
El segundo acto fue la presentación del nuevo proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un largo texto de 168 artículos, que prohíbe que un mismo dueño pueda tener un canal de televisión en abierto y otro por cable en la misma zona, que se supere el 35% de la audiencia y que se disponga de más de 10 licencias de radio en todo el país (24 en el caso de televisión por cable). La primera consecuencia sería que el grupo Clarín se vería obligado a desprenderse de su televisión en abierto o a dejar de lado el negocio del cable. ?Cuidado, la libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa?, explicó confusamente la presidenta.
Lo que debería haber sido una ley que se limitara a dar un nuevo marco legal a la comunicación audiovisual, ampliara el número de licencias de televisión en abierto e incorporara medidas consensuadas para regular una eventual concentración excesiva, se convirtió en una ley anti-Clarín, de carácter fuertemente estatalista, que dibuja un sector privado atomizado y dependiente de la renovación más o menos arbitraria de las licencias, válidas exclusivamente para 10 años. ?Esta ley crearía un sistema basado totalmente en la discrecionalidad política. Nace de un Gobierno que no está legitimado para reclamar transparencia porque él mismo es extraordinariamente opaco y puede ser refrendada por un Parlamento que ya no representa la voluntad popular, porque las elecciones diseñaron una nueva situación?, advierte Ricardo Kirschbaum, director del diario Clarín.
El proyecto tiene el apoyo de los grupos de izquierda argentinos, entusiasmados con la idea de distribuir las posibles licencias de cable en tres grandes grupos y que sólo uno de ellos corresponda al sector privado. Los otros dos se reservarán para los poderes públicos y para los distintos grupos sociales, desde agrupaciones vecinales a universidades, grupos religiosos o comunidades indígenas. En la práctica, afirma Kirschbaum, esa pretendida pluralidad de voces no será tal, porque estará también controlada por el Gobierno, dueño de las licencias y de las subvenciones.
En su afán por demostrar que se trata de una regulación ideológicamente inspirada en la izquierda, los Kirchner explicaron que el proyecto de ley ha sido ya discutido en 24 foros públicos y 80 ?charlas-debate? por todo el país, gracias a lo cual se incorporaron al texto 139 ?nuevas aportaciones?, firmadas desde la agrupación vecinal Comandante Andresito hasta el grupo estudiantil El Andamio, pasando por facultades de comunicación, grupos feministas, religiosos e indígenas.
La propuesta afecta igualmente a las emisoras de radio ?el Grupo PRISA, editor de EL PAÍS, dispone actualmente de 10 licencias? que han expresado también su protesta. ?Esta ley?, afirma la Asociación de Radiodifusión Argentina, ?consagra el fuerte control del Gobierno de turno sobre los medios privados y sus contenidos, afecta a la seguridad jurídica de los actuales licenciatarios, genera un sistema dependiente del Estado y otorga un poder discrecional al Ejecutivo?.
jueves, 3 de septiembre de 2009
Muere uno de los golpistas más conocidos de Argentina.
Noticia:
El ex militar golpista Mohamed Alí Seineldín, que encabezó varias asonadas contra gobiernos democrácticos en Argentina, ha muerto este jueves, a los 75 años, de un paro cardiaco en Buenos Aires.
El coronel retirado, más conocido como El turco, lideró en 1988 una rebelión militar en la Academia de Infantería del Ejército argentino contra el presidente Raúl Alfonsín, por la que fue detenido y condenado, aunque un año después recibió un indulto del presidente Carlos Menem y pasó a situación de retiro.
Dos años después, en diciembre de 1990 encabezó otra rebelión, la de los llamados carapintadas, facción del Ejército argentino de extrema derecha, contra el Gobierno de Menem (1989-1999) que se saldó con 13 muertos y una treintena de heridos. La justicia lo consideró culpable de un delito de motín agravado por derramamiento de sangre. Un año después fue condenado a cadena perpetua, aunque una vez más fue indultado, en 2003, por el entonces presidente provisional Eduardo Duhalde.
Veterano de Malvinas
Calificado de nacionalista católico, entre sus discípulos figura el coronel Aldo Rico, cabecilla de los levantamientos de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y 1988 respectivamente. En 1982 participó activamente en la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido y fue uno de los pocos jefes militares cuya actuación reivindicaron los grupos de ex combatientes. En 1984 el gobierno de Alfonsín (1983-1989) lo nombró agregado militar en Panamá, cargo que desempeñó hasta 1986, en que fue contratado por el general Noriega como instructor de los grupos de elite de las Fuerzas de Defensa panameñas, "Los Machos del Monte", la guardia personal del mandatario panameño.
En 1985 ascendió a coronel con el respaldo de personalidades del peronismo, pese a la oposición del partido en el poder, la Unión Cívico Radical.
miércoles, 26 de agosto de 2009
El campo argentino convoca una nueva huelga contra la presidenta Fernández.
Noticia:
El campo argentino ha vuelto a levantarse en pie de guerra contra el Gobierno de Cristina Fernández y ha anunciado a última hora del martes (hora española) la convocatoria de una huelga de siete días, que comenzará este próximo viernes, para protestar contra la política agrícola del Ejecutivo, según han anunciado los líderes de las cuatro principales asociaciones agrarias del país en una conferencia de prensa.
La protesta implicará la congelación de la venta de cereales, algo de suma importancia en Argentina, uno de los principales exportadores de maíz del mundo, y de productos cárnicos. La huelga vuelve a desempolvar un conflicto enquistado y que ha condicionado buena parte de los últimos dos años de legislatura de Cristina Fernández.
Carlos Garetto, uno de los líderes agrarios, ha asegurado en rueda de prensa que la huelga no hace sino expresar "el malestar de los productores del campo y la situación crítica en las provincias, que está creciendo y empeorando", ha advertido.
Veto de la presidenta
Los agricultores, que en anteriores protestas bloquearon carreteras y desabastecieron los mercados de las principales ciudades de productos de primera necesidad, se movilizan esta vez contra la votación aprobada la pasada semana en el Congreso y que prolonga los poderes de la presidenta sobre las tasas a las exportaciones del grano, el meollo del conflicto.
La gota que ha colmado esta vez el vaso del descontento ha sido la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de eliminar algunos beneficios arancelarios que habían sido aprobados por las dos Cámaras del Congreso la semana pasada en el contexto de la denominada ley de emergencia agropecuaria.
La presidenta vetó la ley por considerarla "pésima" y de "imposible cumplimiento" en materia impositiva, según explicó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. La normativa prevía rebajas impositivas durante 180 días en concepto de ayudas a agricultores afectados por la sequía en 37 municipios de la provincia de Buenos Aires, la más rica del país.
Sin embargo, las patronales agropecuarias consideran estas medidas "insuficientes" y exigen rebajas de los impuestos a la exportación de granos, en especial la soja, que ya motivó la cadena de huelgas y cortes de carreteras que llevaron a cabo el año pasado.
El campo argentino ha vuelto a levantarse en pie de guerra contra el Gobierno de Cristina Fernández y ha anunciado a última hora del martes (hora española) la convocatoria de una huelga de siete días, que comenzará este próximo viernes, para protestar contra la política agrícola del Ejecutivo, según han anunciado los líderes de las cuatro principales asociaciones agrarias del país en una conferencia de prensa.
La protesta implicará la congelación de la venta de cereales, algo de suma importancia en Argentina, uno de los principales exportadores de maíz del mundo, y de productos cárnicos. La huelga vuelve a desempolvar un conflicto enquistado y que ha condicionado buena parte de los últimos dos años de legislatura de Cristina Fernández.
Carlos Garetto, uno de los líderes agrarios, ha asegurado en rueda de prensa que la huelga no hace sino expresar "el malestar de los productores del campo y la situación crítica en las provincias, que está creciendo y empeorando", ha advertido.
Veto de la presidenta
Los agricultores, que en anteriores protestas bloquearon carreteras y desabastecieron los mercados de las principales ciudades de productos de primera necesidad, se movilizan esta vez contra la votación aprobada la pasada semana en el Congreso y que prolonga los poderes de la presidenta sobre las tasas a las exportaciones del grano, el meollo del conflicto.
La gota que ha colmado esta vez el vaso del descontento ha sido la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de eliminar algunos beneficios arancelarios que habían sido aprobados por las dos Cámaras del Congreso la semana pasada en el contexto de la denominada ley de emergencia agropecuaria.
La presidenta vetó la ley por considerarla "pésima" y de "imposible cumplimiento" en materia impositiva, según explicó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. La normativa prevía rebajas impositivas durante 180 días en concepto de ayudas a agricultores afectados por la sequía en 37 municipios de la provincia de Buenos Aires, la más rica del país.
Sin embargo, las patronales agropecuarias consideran estas medidas "insuficientes" y exigen rebajas de los impuestos a la exportación de granos, en especial la soja, que ya motivó la cadena de huelgas y cortes de carreteras que llevaron a cabo el año pasado.
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