“No ordené fabricar pruebas”: Madrazo.

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Al afirmar que jamás ordenó obtener o fabricar pruebas ilegales en el caso Acteal, el ex procurador general de la República (PGR) y ahora cónsul en Seattle, Jorge Madrazo Cuéllar, anunció que analizará con sus ex colaboradores la resolución de la Suprema Corte de Justicia y fijará su posición en el asunto.

“Jamás instruí, oriente, admití a sabiendas o toleré que se obtuvieran pruebas de una manera ilícita”, aseguró el ex procurador al reconocer que está “preocupado, frustrado y esto es mínimo con todo dolor que han sentido y padecido las comunidades, los presuntos responsables y las víctimas”.

En entrevista con Carlos Puig, conductor de la estación radiofónica La W Radio, Madrazo Cuéllar explicó que junto con el ex fiscal del caso, Efrén González Pola, intervino mucha gente de la PGR, todas llevadas desde el DF, debido a que la delegación en Chiapas, resultaba insuficiente para el caso.

“De tal manera que en diferentes momentos intervinieron subprocuradores, el director de la Policía Judicial Federal, el director de Servicios Periciales, pues tratamos de llevar a nuestra mejor gente para hacer esa investigación”, asentó el ahora funcionario de la Cancillería.

Pide revisar casos de 124

Las 124 personas que fueron consignadas por la PGR con o sin detenido fueron acreditando su presunta responsabilidad conforme a los elementos del tipo penal y la presunta culpabilidad que es lo que exige la Constitución al Ministerio Público, indicó Madrazo Cuéllar.

Comentó que ignoraba cuál era la situación legal de todas esas 124 personas consignadas, por lo que valdría la pena saber si habían sido o no detenidas o si continuaban en calidad de prófugas algunas de ellas, lo cual es importante para determinar qué es lo que ha pasado en ese caso “que se indagó en condiciones hostiles”.

“Pusimos a disposición de al menos tres jueces todo el material probatorio que tuvimos, que fueron los que dictaron el auto de formal prisión, quienes revisaron ese auto y quienes dictaron la sentencia, aunque ahora pareciera que jueces y fiscales se hubieran confabulado para actuar”, dijo y añadió:

“Lo que no se puede entender es que se diga que esas pruebas se fabricaron”.

Amenazas frustran festejo de ex reos en Chenalhó.

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Familiares y amigos se quedaron esperando. Las celebraciones se cancelaron porque los festejados no llegaron. Acordaron con el gobierno estatal, luego una larga negociación, no volver a sus comunidades en Chenalhó.

Los 20 tzotziles acusados de la matanza del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, en Chenalhó, abandonaron la madrugada de ayer el penal de El Amate, en Cintalapa, pero no pudieron ni siquiera llegar a San Cristóbal de las Casas, donde se reunirían con sus familias.

Sin fiesta ni bienvenida, los indígenas terminaron su primer día fuera de prisión en un hotel en Berriozábal y en un albergue de esta capital, donde esperarán a ser reubicados en predios que dará el gobierno estatal, además de bonos de vivienda y otros apoyos.

El grupo salió de El Amate a las 3:35 horas, 12 horas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su libertad inmediata, por anomalías en el proceso que se les instruyó por la muerte de otros 45 tzotziles.

El director del penal, Mario Eduardo de León Castillejos, autorizó su salida sin que estuvieran lo abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) encabezados por Javier Angulo, que representa a la mayoría de los acusados por la matanza.

El funcionario coordinó los trámites para la salida del grupo con Juana García Palomares, quien no es abogada y se los llevó en un autobús, mientras el director demoraba el ingreso de los defensores del CIDE, y distraía a la prensa con vehículos “señuelo”.

Reporteros y parte del equipo de abogados del CIDE siguieron al autobús, que era conducido a alta velocidad, por casi dos horas, hasta el hotel El Encanto, en Berriozábal, donde por la fuerza, los abogados subieron el vehículo y hablaron con sus representados.

Juana García negó que los liberados fueran “botín político”, pero no pudo explicar por qué el director del penal la dejó entrar desde las 15 horas del miércoles y le permitió representarlos en la notificación, mientras negaba el acceso a defensores acreditados.

A las 9:00 horas, el secretario de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León, se reunió por separado con abogados del CIDE y con Juana Barragán para negociar que los liberados no regresaran a Acteal.

El funcionario les explicó que no hay condiciones para un retorno en paz, pues familiares de las víctimas, sobrevivientes y organizaciones civiles les advirtieron que cualquier intento de ingresar a San Cristóbal “sería considerado como una provocación”.

Tras seis horas de diálogo, las partes aceptaron el plan de Castañón y lo difundieron en conferencia de prensa; los abogados del CIDE dejaron abierta la posibilidad de volver a Acteal, cuando cambien las condiciones.

Noé Castañón León aseguró que el Acuerdo de conciliación y abono a la cultura de la paz busca mantener la armonía y la tranquilidad en Los Altos de Chiapas, evitando confrontaciones entre los liberados y familiares de las 45 víctimas de la matanza.

“Mi vieja, no voy a llegar”

J-melel (“mi vieja”), dice cariñoso Tomás Pérez Méndez, en tzotzil, a su esposa a través del teléfono, mientras le explica por qué no pudo llegar a su pueblo Los Chorros, donde lo esperaban familiares y amigos para celebrar su libertad luego de casi 12 años de prisión.

“Le dije: ‘No voy a llegar a nuestra comunidad, el gobierno me dijo que hay problemasy puede afectar a los demás (acusados) que no salieron libres’”, explica este hombre de 60 años de edad.

En entrevista, dice no estar convencido del acuerdo que les impide regresar a Chenalhó y entrar a San Cristóbal, (aunque esto último no está en el texto. Fue una condición del gobierno para celebrar el convenio). “Ni modo, el gobierno manda”, dice resignado.

El gobernador no me deja

“No tan contento, pero ya qué le hago, el gobernador no me deja”, responde Agustín Ruiz Vázquez a la pregunta de si está contento por haber salido en libertad.

Este hombre de 41 años es el único de los siete representados por el CIDE acompañado por su esposa, quien acudió a visitarlo el miércoles a El Amate y se quedó a esperar la orden de la Corte para liberarlo.

Sin embargo, la visita les costó un susto, pues Juanita, como él la llama, casi se queda en prisión, debido a que cuando iniciaron los trámites para excarcelarlos, las autoridades del penal requirieron sólo a los 20 internos incluidos en el listado que envió la Corte.

“Pasó como a la medianoche, cuando nos llamaron ella se quedó en las canchas. Yo hablé con el director y le dije, ‘mi esposa está allá adentro, déjeme regresar por ella’, me dijo: ‘ah sí, luego, y después no quería, hasta que al final la dejaron salir”, cuenta sonriente.

Suspenso en Acteal.

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Son 79 indígenas, presos desde hace casi 12 años. Unos 40 esperan salir libres hoy y regresar a Acteal, "a vivir en paz y sin rencores".

Acusados por la masacre de 45 tzotziles, como ellos, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, esperan que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirme lo que nadie les quiso creer entonces: que la mayoría son inocentes, que se fabricaron pruebas y testigos para acusarlos y que deben ser liberados.

En el grupo hay dos, tres y hasta cuatro integrantes de una misma familia, como los hermanos Miguel y Manuel Luna Pérez, su cuñado Juan Santiz Vázquez, y su padre Bartolo Luna Pérez, de 75 años, quien fue detenido y procesado sin la asistencia de un traductor, pese a no hablar español, y aun ahora sólo puede expresarse en tzotzil.

Los sentenciados están reunidos en una de las aulas del penal, que hace las veces de taller o de capilla para sus servicios religiosos. No saben cuántos ni quiénes de ellos pueden quedar libres, pero esperan y confían. La mayoría habla el español con dificultad, pero accede a contar su historia a los enviados de EL UNIVERSAL.

Tomás Pérez Méndez: la policía le prometió un mole; ya no volvió

Tomás Pérez Méndez, de 60 años, es uno de los adultos mayores del grupo y, como muchos de sus compañeros, fue detenido con engaños el 23 de diciembre de 1997, cuando trabajaba en su parcela de café, y sin pruebas que lo relacionaran con la matanza de los 45 tzotziles. Hoy, casi 12 años después, podría ser uno de los liberados.
Ese día, agentes de la desaparecida Policía Judicial Federal (PJF) de la Procuraduría General de la República (PGR) llegaron a Los Chorros, su pueblo, y lo “invitaron” a San Cristóbal para “dialogar” con la sociedad civil Las Abejas (a la que pertenecían los 45 muertos) y “resolver” el problema de la matanza, recuerda.
“Yo estaba trabajando; como es el tiempo de cosecha, estaba lavando mi café y moliendo otro. No había desayunado. Nos dijeron: ‘Escojan 10 gentes porque hay un diálogo en San Cristóbal’. Les dije: ‘Déjenme ponerme los zapatos, llevar mi pozolito’. Me dijeron: ‘No, allá comemos; van a comer mole en San Cristóbal y hoy mismo los regresamos’”, cuenta.
Los habitantes salieron a ver los camiones, y se subieron a ellos para ir “al diálogo”, pues en los meses anteriores se habían dado tres intentos de poner fin a la confrontación con Las Abejas, que ya le había costado 18 muertos al grupo de los acusados.
“Estábamos tranquilos en nuestras casas. Subimos voluntariamente en el camión de la PGR y, en lugar de diálogo, nos llevaron a la cárcel y llevamos más de 11 años encerrados injustamente”.
Como Tomás, casi todos los procesados fueron detenidos después de la matanza, entre diciembre de 1997 y marzo de 1998: en sus casas, en los caminos de Chenalhó o en vehículos de transporte público, y juzgados en un proceso en el que tenían todas las desventajas, entre ellas la más importante, la del idioma.
En caso de quedar libre hoy, Tomás asegura que podrá vivir en paz con sus siete hijos y su esposa en Acteal, pues afirma no estar resentido con los que lo acusaron y lo que quiere es predicar la palabra de Dios. En la cárcel, él y la mayoría de los acusados se convirtieron a la religión presbiteriana.
“Aquí yo acepté al señor Jesucristo. ¿Qué voy a hacer si salgo? Ya no tengo coraje ni rencor con los que me acusaron, voy a predicar. Quiero llegar en paz (a Acteal), con mis hijos que están pidiendo a Dios tocar su corazón a las autoridades. Mi esposa se enfermó; ya murió mi papá y un hermano, por la tristeza de vernos aquí encerrados”, dice con voz apesadumbrada.

Mariano Luna Ruiz: “Fuimos nueve nada más los que participamos”

Mariano es uno de los cinco sentenciados confesos de participar en la matanza y también podría salir hoy. Asegura que ya no siente odio y quiere vivir en paz.
En un español rudimentario, reitera la versión que la PGR y los jueces del caso desecharon una y otra vez: Los autores de la matanza fueron nueve personas, que quisieron vengar las muertes de sus compañeros, ocurridas los meses anteriores y de las que culpaban a Las Abejas y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
“Había problemas, había un grupo de la organización zapatista EZLN y la sociedad civil Las Abejas. Es un acuerdo entre ellos, nosotros no quisimos entrar a sus organizaciones y nos empezaron a matar uno por uno a mis compañeros priístas. Son 18 personas que mataron”, asegura.
Tras las muertes, su grupo pidió apoyo a Julio César Ruiz Ferro, entonces gobernador de Chiapas, y al presidente Ernesto Zedillo, para solucionar el conflicto, sin recibir respuesta.
“El gobierno dijo que no va a dar solución, que hagan lo que hagan los indígenas, que se maten ellos solitos… Nos dejaron solos y entonces hicimos un acuerdo, pero no con gusto; quisimos vengarnos por la muerte de 18 personas y así pasó eso en el 97. Pero digo la verdad, somos nueve personas nada más los que participamos”.

La familia Luna Pérez : “Mi padre no puede morir en la cárcel”

Los hermanos Luna Pérez aún son jóvenes. Manuel tiene 47 años y Miguel 45; su cuñado Juan Santiz, 43, y Bartolo, su padre, 75. Ellos también fueron detenidos en su pueblo natal, La Esperanza, con la versión del supuesto diálogo en San Cristóbal de las Casas, y fueron a juicio sin traductor, pese a no hablar español.
“No es justo que estemos privados de nuestra libertad, sin cometer nada, solamente porque somos indígenas que no sabemos leer ni escribir y no hablamos español. En el 97 no hablábamos ni una palabra de español”, relata Manuel Luna Pérez.
Le preocupa la situación de su padre, pues el único de los cuatro que no saldría libre, al menos por ahora, es precisamente el anciano, quien ya había sido sentenciado cuando el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) tomó el caso para llevarlo a la Corte.
“Lo que más nos importa es mi padre. Él ya está sentenciado a 36 años, injustamente, sólo porque no habla español. Por eso el Ministerio Público lo acusó de homicidio calificado, portación de arma. Mi papá no se puede morir en la cárcel, es una persona inocente, por no saber defenderse”.
“Nosotros no estuvimos en la matanza. Llegaron los judiciales el 24 de diciembre, yo estaba esperando carro para ir a Pantelhó. Nos engañaron, nos dijeron que había diálogo y nos llevaron a las oficinas de la PGR en Tuxtla Gutiérrez; así detuvieron a 38 personas”, recuerda Miguel.
“No tenemos nada de rencor ni odio; los que nos acusaron también reconocieron que no somos culpables. Si Dios quiere que nos vayamos nos vamos a ir tranquilamente. Es lamentable que murieran (las víctimas), pero nosotros no participamos”, agrega su cuñado, Juan Santiz.
María Pérez Pérez, esposa de Juan Santiz, pide que se haga justicia y no pase lo de otras veces.
Entrevistada en Acteal, María Pérez sólo espera, no sabe si creer que Juan saldrá, pues “así se había venido diciendo todos estos años y nunca ha sucedido. Lo único que quiere, dice, es que se haga justicia.
“Como indígenas no sabemos nada, sólo trabajar, por eso sufrimos las consecuencias; esperamos que sea verdad, porque mi esposo no hizo nada. Ese día (de la matanza) estaba en la casa, asoleando café. Lo detuvieron y yo tuve que trabajar muy fuerte para mantener a mis hijos. Hoy estoy esperando”.

Las Abejas pide que Ruiz Ferro sea detenido

María de la Luz González, Ruth Rodríguez
y Óscar Gutiérrez Reporteros y corresponsal
politica@elunviersal.com.mx
ACTEAL, Chis.— “Estamos absolutamente indignados y rechazamos que los autores de la matanza queden libres”, manifestó Sebastián Pérez Vázquez, presidente de la mesa directiva de la sociedad civil Las Abejas, en nombre de los familiares y sobrevivientes de los 45 indígenas asesinados el 22 de diciembre de 1997.
En entrevista dijo que si la Corte quiere hacer justicia con los acusados, también debe hacerla con las víctimas, deteniendo a quienes tienen orden de aprehensión pendiente desde hace 12 años e investigando a los servidores públicos responsables, como el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, quien no hizo nada por evitar la masacre.

El presidente de Las Abejas aseguró que los sobrevivientes de la matanza tienen temor por la posible liberación de los acusados, y han pensado en autodesplazarse; es decir, abandonar sus comunidades, como ocurrió en 1994, tras el alzamiento zapatista, “pero no tenemos a dónde ir.

“Pedimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reflexione lo que está haciendo, ¿quiere hacer la verdad o regresar a la oscuridad?”, dijo.

Por su parte, legisladores federales y locales advirtieron que si se busca una verdadera reconciliación en los Altos de Chiapas, debe castigarse a los autores materiales de la masacre, pero también a quienes desde el gobierno ordenaron fabricar pruebas y encarcelar a inocentes.
El orden y la paz, a salvo
Sobre el impacto que podría tener el fallo que la Corte emitirá hoy, el secretario general de gobierno, Noé Castañón León, aseguró que ninguna decisión jurisdiccional apegada a derecho puede alterar el orden ni la paz.

Dijo que el contexto social y político en la zona de Acteal es totalmente diferente al de los hechos violentos de hace más de 11 años.

“Estamos muy atentos, hemos hecho un trabajo en la región, la cual se encuentra tranquila; las víctimas exigirán que se profundice, pero serán las instancias correspondientes las que las asumirán”, manifestó.

La presidenta del Congreso local, la panista Ana Elisa López Coello, planteó incluso que se abra una nueva investigación del caso, para determinar quiénes y con qué finalidad fabricaron delitos para incriminar a inocentes.

Además, sostuvo que si la Suprema Corte otorga el amparo a los 42 indígenas presos en el penal de “El Amate”, el gobierno debe garantizar la seguridad de los liberados para su reintegración comunitaria y productiva.

Al respecto, el diputado federal del PRD Rutilio Escandón consideró que debe investigarse a los ex funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) que, en su momento, falsificaron las pruebas para culpar a quienes no participaron en la masacre.

Para el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, que ha dado asesoría legal a las víctimas, las deficiencias y vicios cometidos en los procesos penales fueron deliberados, y aseguró que el fallo de la Corte “no establecerá la inocencia o culpabilidad de los sentenciados”.

Pablo y Juan Hernández Pérez, responsables... de hacer escándalo en vía pública

Los hermanos fueron detenidos en Chenalhó el 4 de febrero de 1998, 44 días después de la masacre, por escandalizar en la vía pública y, luego de permanecer arraigados 45 días en el hotel Safari, los consignaron como responsables de la matanza, aunque ese día no estaban en Acteal.
“Yo estaba en Chenalhó, ahí tengo mi negocio. Vendía tacos, palomitas, en la avenida central. No estuve en Acteal”, explica Pablo, quien podría ser liberado junto con su hermano, aunque no sabe qué hará al salir, pues en estos 11 años perdió casa y familia.
“Yo me siento muy contento, a pesar de que no tenemos nada: mi familia nos abandonó, mi esposa nada más aguantó ocho meses. Cuando nos agarraron, los del EZLN quemaron nuestra casa, lo quemaron todo. Cuando salgamos no tenemos dónde vivir. El terreno está, pero la casa ya no está, pero primeramente Dios nos va a ayudar, estamos bien”, dice con una sonrisa.

Pablo Pérez Pérez: “Me dijeron 72 horas, y me llevaron a Cerro Hueco”

Pablo ha visto crecer, desde la cárcel, a sus tres hijos: Susana, de 22; Silviano, de 18, y Zaqueo, de 14, que apenas tenía dos años cuando los judiciales lo detuvieron, en marzo de 1988, con engaños. El día de la matanza, asegura que estaba en su casa, trabajando en el telar.
“Los agentes nos engañaron. Llegaron y nos dijeron que había un citatorio, que íbamos 72 horas como reos y nos trajeron directo a Cerro Hueco (el penal). Yo no tengo enojo, sólo quiero regresar a mi casa”, dice.
“Yo estoy esperando ahora, estoy tranquila porque sé que mi esposo es inocente. Esperamos que haya solución ahora sí”, manifiesta Sara, la esposa, mientras muestra una foto de Pablo con sus hijos Zaqueo y Silviano.
“Me sentía mal de no estar con mi papá. Cuando me dijeron que estaba preso me sentí triste, pero si sale voy a estar muy contento”, dice Zaqueo, quien, como su madre, tampoco habla español.

Jacinto Arias Cruz, ex presidente municipal: el gobierno no quiso solucionar el conflicto

Jacinto Arias era el presidente municipal de Chenalhó cuando ocurrió la matanza. Fue acusado de comprar y distribuir las armas utilizadas en la masacre y no saldrá libre pronto, pues, como Bartolo, ya estaba sentenciado cuando el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) tomó el caso.
Pese a todo, asegura estar contento por sus compañeros y tener confianza en que la liberación de ellos le abrirá las puertas de la cárcel a él y a los que seguirán presos. También reitera su inocencia y culpa a los gobiernos de Julio César Ruiz Ferro y Ernesto Zedillo de no atender los llamados de alerta sobre la confrontación.
“El gobernador dijo nada más que se entablara diálogo, nosotros sí cumplimos, pero las autoridades no hicieron nada. Fuimos varias veces un grupo de personas de la presidencia a manifestarle en su despacho los problemas, pero nunca nos dijo que se iba a resolver. No hizo nada, no hicieron nada las autoridades”, dice el ex edil.
A sus 55 años, Jacinto Arias está cursando la preparatoria y se ha convertido en maestro de sus compañeros, “para no perder el tiempo, aunque nuestros hijos perdieron todo, perdieron educación, se quedaron solos”, lamenta.
El ex edil confía en que Acteal logre la reconciliación, “pues todos hemos sufrido mucho. Ellos (Las Abejas) y nosotros. Y los compañeros sólo quieren vivir en paz”.

Javier Vázquez Luna: “Mataron a mi papá y el gobernador no hizo nada”

Javier tiene 36 años. Es hijo de Agustín Vázquez Secum, cuyo asesinato desencade
nó la matanza, y está detenido por eso, aunque no hay pruebas de que haya participado en la masacre.
“Los del otro grupo mataron a mi papá el 17 de diciembre de 1997, en emboscada. El gobernador no hizo justicia. Era tiempo de cosecha, salió a cortar café, tranquilo; no sabía que había alguien en la vereda y, cuando salió, como a 500 ó 600 metros ahí lo mataron. Dicen que yo defendía a mi papá, pero no es cierto. Me acusaron el otro grupo de civiles y zapatistas”.

Agustín Gómez Pérez: “No tomaron en cuenta mis pruebas”

Detenido el 28 de diciembre, cuando visitaba a su familia, a Agustín no le valió la declaración de sus empleadores, quienes presentaron pruebas de que el día de la matanza él estaba trabajando en San Cristóbal de las Casas como policía auxiliar, en el cuidado de un restaurante.
“El 28 de diciembre fui a visitar a mis hijos. Ya no llegué; en el camino me detuvieron. Llegaron mis dos patrones como testigos, a declarar que yo no participé: Llevaron la libreta donde firmaba la entrada y la salida, pero las autoridades no tomaron en cuenta las pruebas”, relata Agustín.
Los años en prisión han sido difíciles, cuenta. El 7 de mayo de 2005, su familia se accidentó cuando iba a visitarlo al penal. En el accidente, murió su hijo Juan Carlos, de 3 años 11 meses, y su esposa Juana tuvo que ser hospitalizada 20 días por las lesiones. Ella y sus otros cinco hijos lo estarán esperando cuando salga.

Exigen a la Corte castigo por Acteal.

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Raúl Vera López, obispo de Saltillo, exigió que en la revisión que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación del caso Acteal se pronuncie por restablecer el proceso contra los responsables de la matanza de 40 indígenas y no se oculte este crimen de lesa humanidad.

Aseguró que el proceso contra los culpables deliberadamente se integró de forma deficiente a fin de que prevalezca la impunidad y no continúen en la cárcel.

Se insiste en que los implicados actuaron individualmente y no organizadamente, para deslindar responsabilidades, aseguró el obispo de Saltillo.

“Políticamente se quiere sacar de la verdad diciendo que el debido proceso no estuvo bien, pero lo que quieren ocultar es el crimen de lesa humanidad del que son responsables el señor (el presidente Ernesto) Zedillo y el entonces secretario de Gobernación (Emilio Chuayffet) y el jefe militar de la zona”, dijo en entrevista Vera López.

De la impunidad que priva en este caso, consideró que “el juicio de la historia ya lo tienen” y la seguridad de que Zedillo y Chuayffet son criminales “nadie se los quita”.

Indicó que existe el riesgo de que aumenten las agresiones de los grupos paramilitares porque existe evidencia de que en las comunidades hay gente armada, “la gente contrainsurgente no ha desaparecido de ahí (…) hay testimonio de comunidades que están recibiendo armas”.

El 6 de agosto EL UNIVERSAL dio a conocer que de acuerdo con una investigación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Procuraduría General de la República (PGR) aportó pruebas falsas y testigos, entre otras irregularidades contra 40 acusados de la muerte de los indígenas ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

En tanto, los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Miguel Agustín Pro Juárez alertaron que en la revisión que hace la Corte del caso Acteal, los culpables de la matanza de 45 indígenas podría obtener su libertad.

En entrevista por separado, Diego Cadenas, del Frayba, y Luis Arriaga, del Pro Juárez, indicaron que la Corte se pronunciará por determinar si hubo o no irregularidades en el proceso y no si son inocentes o culpables los implicados.

Cadenas Gordillo señaló que de acuerdo con testimonios de sobrevivientes ese grupo es responsable de la muerte de los indígenas que llevaban a cabo una jornada de oración.

“Esas personas que pueden salir libres son culpables de la masacre de Actual, son homicidas, la resolución la Corte de ponerlos el libertad pone en un riesgo inminente la integridad física y la vida de las testigos”, aseguró Cadena Gordillo.

Explicó que la defensa de los implicados se enfocó a las deficiencias del proceso para obtener su libertad.

“Por eso se dio el juicio de amparo, porque reclaman que sus garantías fueron violadas”, mencionó Diego Cadenas.

Arriaga Valenzuela advirtió que existe el riesgo de que se registren enfrentamientos porque no se han desarmado a los grupos militares que existen en Chiapas aunado a la desintegración del tejido social.

Confió en que la revisión que realice la Corte sea un avance en la impartición de justicia a fin de no perpetuar la impunidad en el caso de Acteal desde hace más de una década y se favorezca a los sobrevivientes.

“Existe un gran descuido en materia de derechos humanos por parte del Estado mexicano en Chiapas. Existen graves rezagos en materia de justicia, hay impunidad”, dijo.

Señaló que se advierten las graves deficiencias que tiene el sistema de justicia, “culpa a inocentes y exonera a culpables”.