Noticia:
Cerca de 16 mil casos de explotación sexual de tipo comercial han sido detectados en México, principalmente en el Distrito Federal, reveló el director del Instituto Fronterizo-Trans de Estados Unidos, David A. Shirk.
Durante su participación en el Tercer Congreso Internacional Sobre Explotación Sexual, Infantil y Pederastia que se celebra aquí, dijo que existe dicha problemática en los centros turísticos de Acapulco, Cancún y en las entidades de la frontera con Estados Unidos.
En el caso del Distrito Federal, señaló que un estudio reveló que había 250 mujeres y niños en trabajos sexuales y que 9 de cada 10 habían iniciado entre los 12 y 13 años edad.
El profesor de la Universidad de San Diego explicó que de acuerdo con las investigaciones, las ciudades de Tijuana y otras de Baja California son los principales destinos para el turismo sexual.
En su conferencia magistral El tráfico de personas en el contexto México-Estados Unidos, precisó que un gran conflicto para atacar esta problemática es la gran diferencia que hay en la capacidad institucional para la investigación y procuración de justicia.
Como ejemplo, citó que en México uno de cada cuatro crímenes se reportan, es decir de cada 100 delitos 25 son denunciados ante autoridades competentes; pero sólo cinco llegan a investigarse y en 1.8 se llega a la sentencia.
Migración, otro problema
Alertó que al menos 48 mil niños migrantes centroamericanos y mexicanos están expuestos a la explotación sexual y aseguró que el endurecimiento de programas y leyes contra los migrantes en Estados Unidos sólo ha fortalecido a las redes de trata y tráfico de personas y, por ende, el abuso sexual.
Afirmó que además de la pobreza y desigualdades entre México y Estados Unidos, el fenómeno de la explotación sexual tiene que ver con la migración y, sobre todo, con las políticas de endurecimiento de control de las fronteras.
Señaló que los esfuerzos de seguridad en la frontera de ambos países ha causado un cambio en la migración.
Explicó que antaño el fenómeno migratorio era circular, es decir que los hombres iban a Estados Unidos por un tiempo y regresaban a sus lugares de origen, pero con el reforzamiento de la seguridad se rompió ese esquema.
Ahora, prosiguió, en lugar de regresar deciden llevar a Estados Unidos a su mujer e hijos, a quienes ponen en manos de contrabandistas profesionales que les cobran desde mil hasta tres mil pesos.
Reveló que anualmente unos 48 mil niños, menores de 18 años procedentes de Centroamérica y México, entran solos a Estados Unidos y sólo 4 mil son detectados por las autoridades migratorias y devueltos a sus países de origen.
“Es una cantidad enorme vulnerable a la explotación, no puedo decir que la mayoría de ellos caen en patrones de explotación sexual o abuso de ningún tipo, pero es una población que se encuentra en manos de personas que se pueden aprovechar de ellos y en algunos casos han sufrido este tipo de abusos”.
Posibles paliativos
David A. Shirk consideró que si hubiera una opción legal, un programa para la entrada lícita de estas personas, se podría acabar pronto y fácil con el problema del fenómeno del abuso sexual de personas que cruzan la frontera.
“Entonces la existencia de un régimen de seguridad muy fuerte en nuestra frontera contribuye de manera significante a condiciones que tienden a la explotación de las personas que intentan entrar a Estados Unidos”, denunció.
Destacó que desde 1990 a la fecha, Estados Unidos ha invertido cerca de 80 mil millones de dólares para construcción de muros y contratación de más agentes migratorios, lo que ha dejado más poderosas a las redes de trata y tráfico de personas.
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martes, 25 de mayo de 2010
lunes, 16 de noviembre de 2009
ONG: aumentan casos de abuso sexual a niños.
Noticia:
El abuso sexual y violación cometidos contra niños en la ciudad de México es un problema que va en aumento, pero las denuncias aún son mínimas, asegura Marcela López, de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac).
La responsable del Centro de Documentación de esa organización civil explica que cada semana registran hasta 500 solicitudes de apoyo a víctimas de esos delitos; en alrededor de 70% de los casos son menores de edad.
Desde el 24 de agosto pasado, cuando comenzó el ciclo escolar 2009-2010, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal (DIF-DF) ha atendido cada semana en promedio dos casos de abuso contra infantes, que le han sido canalizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Adriana Monroy, directora de Prevención y Atención al Maltrato Infantil, considera esta cifra elevada porque en otros ciclos escolares, la SEP les enviaba sólo casos de maltrato o de mal comportamiento de los niños.
El que sean canalizadas fundamentalmente niñas de primero, tercero y quinto grado de primaria, víctimas de abuso, lo atribuye a la facilidad que existe ahora para hacer visible el hecho, y a la cantidad de información que se ha difundido en torno al tema.
“Si tenemos un número elevado de abuso es porque los niños tienen posibilidad de decirlo, y existen adultos que tienen posibilidad de creerlo”, asegura.
En lo que va de 2009, el DIF capitalino también ha atendido a 24 menores de 12 años de edad que han ejercido abuso sexual contra sus compañeros, han recibido acusación directa de la familia del afectado y son derivados de la Fiscalía Central de Investigación para Menores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
La intervención del DIF en estos casos es para proporcionar apoyo emocional y seguimiento a los menores acusados de abuso con el propósito de conseguir un cambio de conducta: “En algunos casos son niños de 12 años y de ocho”. La cifra de menores que han incurrido en esta falta es igual a la del año pasado.
Juana Camila Bautista Rebollar, fiscal central de Investigación para Delitos Sexuales de la PGJDF, asegura que aunque se tienen varias denuncias por abuso sexual y violación contra niños, al concluir el año la cifra será similar a la de 2008. “Hay una estabilidad relativa”, dijo.
En todo 2008 se registraron alrededor de 180 denuncias de menores de tres a 17 años, en su mayoría mujeres, que fueron agredidas. Hasta octubre de 2009 había en total 120 casos.
Sobre la cifra negra de denuncias por esta causa, la funcionaria de la Procuraduría del DF no puede establecer ninguna estimación, aunque está consciente de su existencia porque “muchas veces es la mamá del menor agredido quien oculta al familiar”.
Los principales agresores de los niños son los padrastros, los abuelastros, las parejas de las mamás, los primos e incluso amigos. Por eso, quien suele denunciar es la abuela o algún vecino.
La población que llega a Adivac en busca de apoyo sicológico ha sufrido algún tipo de abuso, pero únicamente 2% decide denunciarlo ante la autoridades, según Marcela López.
Al iniciar sus actividades en 1990, esa asociación civil contaba sólo con dos sicólogos, pero en la actualidad tiene 35 debido a la demanda en su servicio, y aún tiene lista de espera.
“Todos los días recibimos muchísimas llamadas, no nos damos abasto y luego la gente que está en lista de espera llama porque está desesperada, ya quiere la atención, pero priorizamos los casos que son urgentes”, señaló.
El abuso sexual, que se relaciona con tocamientos y manoseos de las partes genitales, es lo que se presenta con mayor frecuencia entre los menores de edad, pero también se reportan casos de violación, explica Marcela López.
También es lo más común que se detecta en la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales de la PGJDF, sobre todo en niños de tres años de edad, aunque en menores de siete a 17 años sí se ha reportado violación.
A través de las entrevistas que se realizan en Adivac, se ha detectado que las personas víctimas de abuso se sienten culpables de haber sido violadas, sobre todo cuando acuden ante el Ministerio Público a levantar la denunciar.
Según el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF), el abuso sexual se puede manifestar con o sin contacto físico, mediante el acoso verbal, el exhibicionismo, los tocamientos, la incitación de los menores a participar en actividades sexuales y la penetración.
Signos de alerta
Detectar entre los pequeños que su ropa interior se encuentra rasgada o manchada, que presentan repetidas infecciones genitales y urinarias, lesiones, cicatrices o magulladuras en sus órganos sexuales que no tengan como origen algún accidente o incluso enfermedades venéreas, son indicadores de que puede haber padecido algún tipo de abuso sexual.
El Inmujeres-DF además considera que cambios bruscos de conducta, temores repentinos e infundados, retrocesos en el comportamiento y los estudios, conductas sexuales no acordes con su edad, masturbación compulsiva, agresión sexual a otros menores, conocimiento sexual inadecuado para su edad, miedo a la soledad o a alguna persona, intento de suicidio o de autoflagelación, pueden alertar a los padres sobre este problema en sus hijos.
El abuso sexual y violación cometidos contra niños en la ciudad de México es un problema que va en aumento, pero las denuncias aún son mínimas, asegura Marcela López, de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac).
La responsable del Centro de Documentación de esa organización civil explica que cada semana registran hasta 500 solicitudes de apoyo a víctimas de esos delitos; en alrededor de 70% de los casos son menores de edad.
Desde el 24 de agosto pasado, cuando comenzó el ciclo escolar 2009-2010, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal (DIF-DF) ha atendido cada semana en promedio dos casos de abuso contra infantes, que le han sido canalizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Adriana Monroy, directora de Prevención y Atención al Maltrato Infantil, considera esta cifra elevada porque en otros ciclos escolares, la SEP les enviaba sólo casos de maltrato o de mal comportamiento de los niños.
El que sean canalizadas fundamentalmente niñas de primero, tercero y quinto grado de primaria, víctimas de abuso, lo atribuye a la facilidad que existe ahora para hacer visible el hecho, y a la cantidad de información que se ha difundido en torno al tema.
“Si tenemos un número elevado de abuso es porque los niños tienen posibilidad de decirlo, y existen adultos que tienen posibilidad de creerlo”, asegura.
En lo que va de 2009, el DIF capitalino también ha atendido a 24 menores de 12 años de edad que han ejercido abuso sexual contra sus compañeros, han recibido acusación directa de la familia del afectado y son derivados de la Fiscalía Central de Investigación para Menores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
La intervención del DIF en estos casos es para proporcionar apoyo emocional y seguimiento a los menores acusados de abuso con el propósito de conseguir un cambio de conducta: “En algunos casos son niños de 12 años y de ocho”. La cifra de menores que han incurrido en esta falta es igual a la del año pasado.
Juana Camila Bautista Rebollar, fiscal central de Investigación para Delitos Sexuales de la PGJDF, asegura que aunque se tienen varias denuncias por abuso sexual y violación contra niños, al concluir el año la cifra será similar a la de 2008. “Hay una estabilidad relativa”, dijo.
En todo 2008 se registraron alrededor de 180 denuncias de menores de tres a 17 años, en su mayoría mujeres, que fueron agredidas. Hasta octubre de 2009 había en total 120 casos.
Sobre la cifra negra de denuncias por esta causa, la funcionaria de la Procuraduría del DF no puede establecer ninguna estimación, aunque está consciente de su existencia porque “muchas veces es la mamá del menor agredido quien oculta al familiar”.
Los principales agresores de los niños son los padrastros, los abuelastros, las parejas de las mamás, los primos e incluso amigos. Por eso, quien suele denunciar es la abuela o algún vecino.
La población que llega a Adivac en busca de apoyo sicológico ha sufrido algún tipo de abuso, pero únicamente 2% decide denunciarlo ante la autoridades, según Marcela López.
Al iniciar sus actividades en 1990, esa asociación civil contaba sólo con dos sicólogos, pero en la actualidad tiene 35 debido a la demanda en su servicio, y aún tiene lista de espera.
“Todos los días recibimos muchísimas llamadas, no nos damos abasto y luego la gente que está en lista de espera llama porque está desesperada, ya quiere la atención, pero priorizamos los casos que son urgentes”, señaló.
El abuso sexual, que se relaciona con tocamientos y manoseos de las partes genitales, es lo que se presenta con mayor frecuencia entre los menores de edad, pero también se reportan casos de violación, explica Marcela López.
También es lo más común que se detecta en la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales de la PGJDF, sobre todo en niños de tres años de edad, aunque en menores de siete a 17 años sí se ha reportado violación.
A través de las entrevistas que se realizan en Adivac, se ha detectado que las personas víctimas de abuso se sienten culpables de haber sido violadas, sobre todo cuando acuden ante el Ministerio Público a levantar la denunciar.
Según el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF), el abuso sexual se puede manifestar con o sin contacto físico, mediante el acoso verbal, el exhibicionismo, los tocamientos, la incitación de los menores a participar en actividades sexuales y la penetración.
Signos de alerta
Detectar entre los pequeños que su ropa interior se encuentra rasgada o manchada, que presentan repetidas infecciones genitales y urinarias, lesiones, cicatrices o magulladuras en sus órganos sexuales que no tengan como origen algún accidente o incluso enfermedades venéreas, son indicadores de que puede haber padecido algún tipo de abuso sexual.
El Inmujeres-DF además considera que cambios bruscos de conducta, temores repentinos e infundados, retrocesos en el comportamiento y los estudios, conductas sexuales no acordes con su edad, masturbación compulsiva, agresión sexual a otros menores, conocimiento sexual inadecuado para su edad, miedo a la soledad o a alguna persona, intento de suicidio o de autoflagelación, pueden alertar a los padres sobre este problema en sus hijos.
jueves, 6 de agosto de 2009
Abuso sexual confronta a autoridades y ONG.
Noticia:
Los pies le temblaban y “sentía que el corazón se le salía”, pero María N. se armó de valor para enfrentar al hombre que con placa de policía ministerial “la atacó sexualmente” en una oficina de la corporación.
A una semana de la agresión y luego de que fuera exhibida como mentirosa por el procurador estatal de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, la víctima dejó su empleo de afanadora en un bar y se refugió en una vivienda humilde de la colonia Nuevo León.
El suceso, en tanto, se encuentra en medio de una controversia entre organizaciones civiles —que reclaman imparcialidad en las investigaciones— y representantes de dependencias públicas.
“¡Me quería morir!”, expresó la mujer de 36 años de edad y de ojos hinchados por el llanto y la somnolencia que la persigue desde el jueves 30 de julio, cuando asegura que tres policías ministeriales se la llevaron al edificio de Prevención Social y uno de ellos la violó.
Los agentes investigadores fueron por ella a su trabajo al figurar como testigo de identidad de un presunto grupo de asaltantes que había estado en el bar La Lagartija, al norte del municipio, para que rindiera su declaración ante el Ministerio Público.
Antes fue interrogada en un “cuartito” por un policía ministerial a quien identifica como Humberto Puga Arredondo, que “la forzó para tener la relación sexual”. Ese día, en el exterior de la oficina, una secretaria de la Policía Ministerial le subió el volumen a una grabadora. Dentro el policía, describió, la obligó a bajarse el calzón para ver si no traía un micrófono, ”me tocó varias veces en la vagina y en los pechos” y después la ultrajó.
María N. prefiere que la llamen por la gravedad del hecho, cuando el procurador del estado optó por referirse a ella como Lucy N. No sabe leer, ni escribir y recurrió al respaldo legal del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez para denunciar la agresión sexual ante el Ministerio Público.
Parte oficial
El lunes pasado, el procurador Carlos Zamarripa denostó la actuación del organismo civil debido a que “la denunciante manifestó ante el Ministerio Público circunstancias diferentes y hasta opuestas” sobre lo que estableció en su escrito de denuncia, y dijo que lo habían elaborado dos abogados que la acompañaban de Victoria Díez, “y que contenía datos que ella desconocía por ejemplo hasta el absurdo de no conocer el apellido de su pareja”.
Después, la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imug), Luz María Ramírez Villalpando, respaldó al procurador: “No hubo violación” y acusó a los centros Victoria Díez y Las Libres de recurrir al “terrorismo” y a la manipulación de las víctimas de violencia y del delito.
Inconsistencias
El lunes, al adelantar los resultados de las pruebas de genética y sicología que se le aplicaron a Lucy N, dentro de la averiguación previa 284/09, el procurador destacó que hay inconsistencias entre el escrito de denuncia que presentó, la ratificación ministerial y los resultados de las pruebas forenses. “El evento sexual referido no quedó patentizado”.
El procurador basó su conclusión “de manera categórica y científica” en las pruebas sicológicas que se aplicaron a la ofendida, en las que no se encontró “daño emocional” ni indicadores de haberse encontrado en “una situación de peligro inminente”. En cuanto al dictamen de genética forense —ginecológico—, precisó que el material biológico localizado pertenece a ella y a su pareja actual.
Por su parte, María N. dijo estar “indignada” y expresó mayor temor ante la postura de defensa que el procurador tomó a favor de uno de sus subalternos. “Ahora resulta que no me hicieron nada, que no pasó nada”, reclamó.
Sigue la investigación
La Procuraduría de los Derechos Humanos continúa la investigación sobre “la agresión sexual” a María N., con el expediente 150/09.
La directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, Ángeles López, lamentó que el fiscal Zamarripa Aguirre se haya adelantado a publicitar supuestos resultados de las investigaciones de la averiguación que está en proceso.
“Vamos a analizar la información formal de la averiguación previa, el señor procurador ha hecho las manifestaciones, nos parece un poco precipitadas, todavía es posible que nosotros formulemos algunas preguntas, una ampliación de peritaje de lo que ahí está establecido”, adelantó la activista social.
El Centro Victoria Díez cree que efectivamente María sufrió un abuso sexual y que lo hace más grave son las condiciones en que ocurrió, en virtud de que no fue citada legalmente y sucedió en las instalaciones de la Procuraduría estatal, sostuvo su titular.
Los pies le temblaban y “sentía que el corazón se le salía”, pero María N. se armó de valor para enfrentar al hombre que con placa de policía ministerial “la atacó sexualmente” en una oficina de la corporación.
A una semana de la agresión y luego de que fuera exhibida como mentirosa por el procurador estatal de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, la víctima dejó su empleo de afanadora en un bar y se refugió en una vivienda humilde de la colonia Nuevo León.
El suceso, en tanto, se encuentra en medio de una controversia entre organizaciones civiles —que reclaman imparcialidad en las investigaciones— y representantes de dependencias públicas.
“¡Me quería morir!”, expresó la mujer de 36 años de edad y de ojos hinchados por el llanto y la somnolencia que la persigue desde el jueves 30 de julio, cuando asegura que tres policías ministeriales se la llevaron al edificio de Prevención Social y uno de ellos la violó.
Los agentes investigadores fueron por ella a su trabajo al figurar como testigo de identidad de un presunto grupo de asaltantes que había estado en el bar La Lagartija, al norte del municipio, para que rindiera su declaración ante el Ministerio Público.
Antes fue interrogada en un “cuartito” por un policía ministerial a quien identifica como Humberto Puga Arredondo, que “la forzó para tener la relación sexual”. Ese día, en el exterior de la oficina, una secretaria de la Policía Ministerial le subió el volumen a una grabadora. Dentro el policía, describió, la obligó a bajarse el calzón para ver si no traía un micrófono, ”me tocó varias veces en la vagina y en los pechos” y después la ultrajó.
María N. prefiere que la llamen por la gravedad del hecho, cuando el procurador del estado optó por referirse a ella como Lucy N. No sabe leer, ni escribir y recurrió al respaldo legal del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez para denunciar la agresión sexual ante el Ministerio Público.
Parte oficial
El lunes pasado, el procurador Carlos Zamarripa denostó la actuación del organismo civil debido a que “la denunciante manifestó ante el Ministerio Público circunstancias diferentes y hasta opuestas” sobre lo que estableció en su escrito de denuncia, y dijo que lo habían elaborado dos abogados que la acompañaban de Victoria Díez, “y que contenía datos que ella desconocía por ejemplo hasta el absurdo de no conocer el apellido de su pareja”.
Después, la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imug), Luz María Ramírez Villalpando, respaldó al procurador: “No hubo violación” y acusó a los centros Victoria Díez y Las Libres de recurrir al “terrorismo” y a la manipulación de las víctimas de violencia y del delito.
Inconsistencias
El lunes, al adelantar los resultados de las pruebas de genética y sicología que se le aplicaron a Lucy N, dentro de la averiguación previa 284/09, el procurador destacó que hay inconsistencias entre el escrito de denuncia que presentó, la ratificación ministerial y los resultados de las pruebas forenses. “El evento sexual referido no quedó patentizado”.
El procurador basó su conclusión “de manera categórica y científica” en las pruebas sicológicas que se aplicaron a la ofendida, en las que no se encontró “daño emocional” ni indicadores de haberse encontrado en “una situación de peligro inminente”. En cuanto al dictamen de genética forense —ginecológico—, precisó que el material biológico localizado pertenece a ella y a su pareja actual.
Por su parte, María N. dijo estar “indignada” y expresó mayor temor ante la postura de defensa que el procurador tomó a favor de uno de sus subalternos. “Ahora resulta que no me hicieron nada, que no pasó nada”, reclamó.
Sigue la investigación
La Procuraduría de los Derechos Humanos continúa la investigación sobre “la agresión sexual” a María N., con el expediente 150/09.
La directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, Ángeles López, lamentó que el fiscal Zamarripa Aguirre se haya adelantado a publicitar supuestos resultados de las investigaciones de la averiguación que está en proceso.
“Vamos a analizar la información formal de la averiguación previa, el señor procurador ha hecho las manifestaciones, nos parece un poco precipitadas, todavía es posible que nosotros formulemos algunas preguntas, una ampliación de peritaje de lo que ahí está establecido”, adelantó la activista social.
El Centro Victoria Díez cree que efectivamente María sufrió un abuso sexual y que lo hace más grave son las condiciones en que ocurrió, en virtud de que no fue citada legalmente y sucedió en las instalaciones de la Procuraduría estatal, sostuvo su titular.
miércoles, 5 de agosto de 2009
Abuso sexual crece en las aulas.
Noticia:
El abuso sexual y la violación a niños y jóvenes en las escuelas por parte de maestros o trabajadores continúa en ascenso, pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) aún no cuenta con una instancia nacional para identificar a profesores, conserjes y autoridades pederastas, cuya máxima sanción dentro del sistema educativo es su traslado a otro colegio.
Tan sólo en la ciudad de México, durante el año 2008, se registró en promedio un caso de abuso sexual por semana en los planteles educativos, revela la Secretaría de Educación Pública.
Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, asegura que nuestro país no cuenta con un mecanismo de denuncia penal que acompañe a los padres de familia y a los niños, para evitar que después del abuso sexual o la violación sólo se realicen procedimientos administrativos o negociaciones políticas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que concluyen en la reubicación de los agresores.
Las denuncias ante el Ministerio Público son escasas y dependen mucho de como reacciona una familia o la comunidad escolar ante la agresión, afirma.
Explica que en muchos de los casos las denuncias se solventan en el entorno escolar y no ante las instancias penales, lo que serviría para crear una red de protección en torno a los niños.
Cifras de la SEP revelan que en el DF, durante los últimos tres años, el número de casos de abuso sexual y violaciones en las escuelas públicas creció 31%.
La Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la SEP en el Distrito Federal documentó 45 denuncias en 2004.
Para 2008, la SEP responde —en la solicitud vía IFAI 00011000007409— que hubo 59 casos de abuso sexual.
El abuso sexual y la violación a niños y jóvenes en las escuelas por parte de maestros o trabajadores continúa en ascenso, pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) aún no cuenta con una instancia nacional para identificar a profesores, conserjes y autoridades pederastas, cuya máxima sanción dentro del sistema educativo es su traslado a otro colegio.
Tan sólo en la ciudad de México, durante el año 2008, se registró en promedio un caso de abuso sexual por semana en los planteles educativos, revela la Secretaría de Educación Pública.
Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, asegura que nuestro país no cuenta con un mecanismo de denuncia penal que acompañe a los padres de familia y a los niños, para evitar que después del abuso sexual o la violación sólo se realicen procedimientos administrativos o negociaciones políticas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que concluyen en la reubicación de los agresores.
Las denuncias ante el Ministerio Público son escasas y dependen mucho de como reacciona una familia o la comunidad escolar ante la agresión, afirma.
Explica que en muchos de los casos las denuncias se solventan en el entorno escolar y no ante las instancias penales, lo que serviría para crear una red de protección en torno a los niños.
Cifras de la SEP revelan que en el DF, durante los últimos tres años, el número de casos de abuso sexual y violaciones en las escuelas públicas creció 31%.
La Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la SEP en el Distrito Federal documentó 45 denuncias en 2004.
Para 2008, la SEP responde —en la solicitud vía IFAI 00011000007409— que hubo 59 casos de abuso sexual.
miércoles, 11 de febrero de 2009
Sufrió abuso 40% de los niños que llegan a albergue.
Noticia:
Al menos 40% de los niños y niñas que ingresan temporal o permanentemente a los albergues del DIF del estado de México, llegan derivados de averiguaciones relacionadas con delitos sexuales cometidos en su propio hogar o por parte de personas que los tenían a su cuidado.
El director de Servicios Jurídicos del DIFEM, Félix Arturo Reyes Flores, destacó que el otro 60% de los infantes retenidos por las autoridades están vinculados con delitos cometidos por sus padres, y de los cuales ellos y sus madres generalmente son víctimas, como maltrato físico y por omisión de cuidados.
Este último es el caso más frecuente y se refiere a infantes, incluso recién nacidos, que son abandonados en la vía pública o sus domicilios, sin comer y sin recibir los cuidados mínimos indispensables para vivir.
Al cierre del mes de enero pasado, la población flotante en los albergues de la institución era de 420 niños y niñas, mientras que el número de menores que ya viven alojados permanentemente en las instituciones y bajo la tutela del Estado, era a esa fecha de 140.
Destacó el hecho de que de cada 10 niños que son víctimas de algún ilícito y que son retenidos en los albergues, al menos cuatro tienen qué ver con delitos de orden sexual o de otra índole.
“Por lo general ingresan derivado de una causa. Lo más recurrente es la omisión de cuidado y abandono en 60%, y 40% por violencia sexual”, sostuvo.
El funcionario que tiene a su cargo un equipo de abogados del DIFEM, destacó por otro lado que tan sólo en 2008 se resolvió la situación jurídica de 230 infantes cuyos padres perdieron la patria potestad sobre ellos y pasaron a la tutela del Estado.
Estos niños en su gran mayoría están a la espera de ser adoptados por alguna familia, aunque sus posibilidades restan cada día que pasa ya que la mayoría de las parejas que buscan una adopción como alternativa para ser padres, prefieren a recién nacidos.
“Hay diversas circunstancias, los solicitantes piden adopciones de niños de cero a cinco años, por eso invitamos a toda la comunidad que quieran tener una adopción con nosotros que valoren la posibilidad de adoptar a un niño mayor o con alguna discapacidad”, indicó Reyes Flores.
A pesar de ello, 140 niños y 90 niñas de entre 10 y 18 años de edad, viven en los albergues Villa Hogar y Villa Juvenil, de esta ciudad, con la expectativa de tener una nueva familia.
Comentario:
Es la cruda realidad de la infancia en México.
Al menos 40% de los niños y niñas que ingresan temporal o permanentemente a los albergues del DIF del estado de México, llegan derivados de averiguaciones relacionadas con delitos sexuales cometidos en su propio hogar o por parte de personas que los tenían a su cuidado.
El director de Servicios Jurídicos del DIFEM, Félix Arturo Reyes Flores, destacó que el otro 60% de los infantes retenidos por las autoridades están vinculados con delitos cometidos por sus padres, y de los cuales ellos y sus madres generalmente son víctimas, como maltrato físico y por omisión de cuidados.
Este último es el caso más frecuente y se refiere a infantes, incluso recién nacidos, que son abandonados en la vía pública o sus domicilios, sin comer y sin recibir los cuidados mínimos indispensables para vivir.
Al cierre del mes de enero pasado, la población flotante en los albergues de la institución era de 420 niños y niñas, mientras que el número de menores que ya viven alojados permanentemente en las instituciones y bajo la tutela del Estado, era a esa fecha de 140.
Destacó el hecho de que de cada 10 niños que son víctimas de algún ilícito y que son retenidos en los albergues, al menos cuatro tienen qué ver con delitos de orden sexual o de otra índole.
“Por lo general ingresan derivado de una causa. Lo más recurrente es la omisión de cuidado y abandono en 60%, y 40% por violencia sexual”, sostuvo.
El funcionario que tiene a su cargo un equipo de abogados del DIFEM, destacó por otro lado que tan sólo en 2008 se resolvió la situación jurídica de 230 infantes cuyos padres perdieron la patria potestad sobre ellos y pasaron a la tutela del Estado.
Estos niños en su gran mayoría están a la espera de ser adoptados por alguna familia, aunque sus posibilidades restan cada día que pasa ya que la mayoría de las parejas que buscan una adopción como alternativa para ser padres, prefieren a recién nacidos.
“Hay diversas circunstancias, los solicitantes piden adopciones de niños de cero a cinco años, por eso invitamos a toda la comunidad que quieran tener una adopción con nosotros que valoren la posibilidad de adoptar a un niño mayor o con alguna discapacidad”, indicó Reyes Flores.
A pesar de ello, 140 niños y 90 niñas de entre 10 y 18 años de edad, viven en los albergues Villa Hogar y Villa Juvenil, de esta ciudad, con la expectativa de tener una nueva familia.
Comentario:
Es la cruda realidad de la infancia en México.
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