Noticia:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará hoy la revisión del juicio con base en el cual proyecta validar la Norma Oficial Mexicana (NOM-046-SSA2-2005), que contempla los lineamientos para atender los casos de “violencia familiar, sexual y contra las mujeres”, y que obliga, entre otras cosas, a los médicos a recetar la píldora anticonceptiva de emergencia en casos de violaciones.
La norma en cuestión fue impugnada mediante un juicio de controversia constitucional por el gobernador de Jalisco, Emilio González, quien considera que las nuevas medidas implementadas por la Secretaría de Salud federal, desde el 16 de abril de 2009, son violatorias de la Constitución, entre otras cosas, porque, “alientan el denominó abortos químicos”.
En el último año, Emilio González se ha convertido en el defensor de las causas de la Iglesia católica y en una de las autoridades que se ha encargado de llevar a juicio ante la Suprema Corte de Justicia los temas más polémicas que son del interés de la jerarquía religiosa. Aunque sin éxito.
Como gobernador de Jalisco también buscó que la Corte declarara inconstitucional la reciente reforma que se aprobó en el Distrito Federal para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, y que estas parejas pudieran adoptar niños; además de que pidió la intervención de la Corte para que investigara el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido hace casi 17 años en el aeropuerto internacional de Guadalajara.
Argumentos infundados
La discusión del caso relativo a la NOM-046, iniciará con la presentación del proyecto de sentencia que elaboró el ministro José Ramón Cossío, quien llegó a la conclusión de que todos los argumentos esgrimidos por el gobernador de Jalisco son infundados y que, por lo mismo, la norma debe prevalecer y debe ser de aplicación obligatoria para todas las entidades del país.
Al interior de la Corte existe confianza en que al final de la discusión, aunque quizá con algunos matices, la mayoría de los ministros vote por declarar infundada la demanda de Emilio González.
Para buscar la anulación, el gobernador alegó que la atención de las víctimas que sufren violaciones es competencia exclusiva del ministerio público; que las autoridades sanitarias no pueden ofrecer la anticoncepción de emergencia sin una determinación de existencia del delito de violación por parte de la autoridad competente.
Y que este tipo de medidas no pueden implementarse a través de una norma ni ser obligatorias para todas las entidades del país.
Como encargado del juicio y después de revisar los argumentos, el ministro Cossío llegó a la conclusión de carecen de sustento porque la norma no vulneró ni las atribuciones ni las competencias de los gobiernos estatales.
En el escrito que dio Cossío se desecha la idea planteada por el gobernador de que la anticoncepción de emergencia es un mecanismo de “aborto químico”.
En la NOM se precisa que el método de anticoncepción de emergencia no es un procedimiento de interrupción del embarazo, sino un método de anticoncepción —debido a que al momento de emplearse no existe embarazo alguno— el cual debe ser administrado con el consentimiento de la usuaria.
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lunes, 17 de mayo de 2010
lunes, 26 de abril de 2010
En las aulas se libra otra batalla por el aborto.
Noticia:
Los profesores no podían ocultar su inconformidad. La aprobación hace tres años en el Distrito Federal de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta antes de las doce semanas de gestación los había hecho reaccionar de esa manera. Lo evidenciaban en clase ante sus alumnos de impecable bata blanca.
Elizabeth Santillán, de 23 años, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, recuerda la molestia de sus maestros. Esta escuela privada reconoce de manera abierta que impulsa “la defensa de la vida desde el momento de la concepción”.
“Como una institución que se fundamenta en una filosofía católico-cristiana, el respeto a la vida humana es esencial”, dice Pedro Argüelles Domenzain, director de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle.
Provida desde la academia
Los lasallistas no son los únicos que defienden esta postura, también lo hacen los profesores de la Universidad Panamericana, relacionada con el Opus Dei, y de la Anáhuac, vinculada a los Legionarios de Cristo. En las aulas de todas estas instituciones se hace énfasis en la ética personalista, que considera al ser humano como eje central de la vida.
Es a través de las materias de bioética y ética médica, donde los profesores llevan este planteamiento a los alumnos. “Está comprobado que la vida humana empieza desde la concepción. Estudios importantes en biología molecular hechos apenas hace cinco años dicen que el cigoto es un individuo que funciona en forma inicial. Esta afirmación puede que no sea muy comprensible para quienes no están en la ciencia”, dice María de la Luz Casas, jefa de bioética de la escuela de medicina de la UP.
La también consejera de la Comisión Nacional de Bioética deja claro que ella no impone razones morales en sus clases, sino argumentos científicos.
Para Nubia Andrea Ramírez, de 22 años, estudiante del octavo semestre de medicina en la UP, no hay dilema, pues la dignidad humana debe estar ante todo. “Estoy en contra del aborto pero no porque asista a una escuela de inspiración católica. Así pensaba incluso antes de entrar a la carrera”.
El riesgo, caer en el adoctrinamiento
Lo cierto es que en algunas ocasiones las creencias o posiciones personales del profesor pueden privilegiar que unos temas sean prioridad sobre otros durante la jornada estudiantil.
“Es un riesgo y un reto como profesores tener suficiente madurez moral para que por encima de nuestras convicciones y ante dilemas como el de la interrupción voluntaria del embarazo, seamos capaces de ir más allá, pensando en que no estamos adoctrinando a los futuros médicos sino presentando un panorama sobre el cuál tenemos que reflexionar”, dice Joaquín Ocampo, profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM.
Leonardo Ortiz, de 22 años y estudiante del sexto semestre de esta carrera en La Salle, reconoce que sus maestros “abarcan aspectos éticos y filosóficos cargados a favor del derecho a la vida”.
Ocampo advierte que la propia naturaleza de las escuelas de inspiración religiosa, provoca que temas como la cancelación del embarazo no sea tratado de una manera imparcial. “Ellos están en su derecho de hacerlo y somos respetuosos de esas posturas”.
María de la Luz Casas dice: “Nosotros sólo decimos lo que apunta la deontología médica, desde Hipócrates hasta las últimas declaraciones, que se orientan a proteger al embrión en el sentido que la vida humana es preciosa. No se les induce a una forma de pensamiento o de acto. Ante la situación de aborto cada quien actuará como su conciencia le dicte”.
Andrea Tello, Guillermo Mondragón y Ramón Mora, los tres de 20 años y estudiantes de La Salle, no han debatido en clase el tema del aborto, pero adelantan su posición: “Siempre había dicho que sí al aborto pero ahora veo que el embarazo precoz es cuestión de irresponsabilidad”, dice Andrea. “El aborto no es natural y rechazarlo no es asunto que tenga que ver con la religión”, señala Ramón.
“Más allá de que la escuela donde estudio tenga relación con la Iglesia católica; considero que cada caso en situación de aborto debe ser analizado. Yo estaría dispuesto a colaborar sólo en caso de violación o que la vida de la madre esté en riesgo”, comenta Guillermo.
Argüelles Domenzain explica que en La Salle existen dos materias que contemplan estos temas, la de ética médica en cuarto semestre, vista desde una perspectiva inspirada en una filosofía católico cristiana, con una ética personalista y el respeto a la vida humana. La otra, bioética, en octavo semestre donde además de subrayar la importancia de la vida se analizan los derechos de los médicos para oponerse a realizar un aborto.
La objeción de conciencia
Jorge Aranda lo tiene claro. Si el estudiante de octavo semestre de la UP tuviera que atender la solicitud de aborto de una mujer embarazada, se negaría a realizarlo porque va contra sus preceptos morales. “Por eso vine a esta universidad, porque sus valores coinciden con mi forma de ver la vida”, dice.
En las escuelas de inspiración cristiana se subraya de manera especial la negativa que por ley un médico puede objetar para no interrumpir el aborto. “Consideramos importante que los alumnos comprendan cuales son las aplicaciones y los límites de la objeción de conciencia, derecho reconocido en los códigos de ética de la Secretaría Salud del Distrito Federal”, dice Casas.
La UNAM contempla también en sus clases la objeción de conciencia a favor del aborto. “Si hay una ley que dice que prohibe la interrupción voluntaria del embarazo, por razones de conciencia el médico puede justificar que accedería a participar en este aborto, por ejemplo en casos de violación. El problema surge cuando no está permitida la objeción de conciencia por la ley”, explica Ocampo.
Argüelles aclara que el primer planteamiento de los médicos es preservar la vida, pero, nunca influirán sobre la decisión personal. “Las mujeres pueden solicitar interrupción y uno puede negarse sin agredir o tratar de convencer”.
A partir de la ley aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cualquier médico al que le llegaran a solicitar un aborto debe plantear otras opciones a esta intervención.
En la UP existe una clase llamada alternativas al aborto, donde les piden a los alumnos un plus en su vocación de servicio. Además de decirle a la joven que está embarazada, le deben plantear caminos a su situación, desde la atención psicológica y trabajo social hasta oportunidades de adopción con el fin de que no tomen una decisión bajo estrés.
Imparcialidad desde las aulas
Todas las universidades abordan la ley en el Distrito Federal y aquellas que protegen la vida desde el momento de su concepción en 18 estados de República. No obstante, los matices surgen. En la UNAM se enseña que la interrupción voluntaria del embarazo se desarrolla en un estado laico. “Se ve desde una perspectiva general, abierto, sin ángulos específicos, subrayamos el respeto a otras posturas y evitar satanizar a los que piensan diferente”, dice Ocampo.
Mauricio Osorio, ginecólogo egresado de la UNAM (1992-1996), recuerda que antes del 24 de abril de 2007, fecha en la que se aprobó la ley en el DF que permite a una mujer abortar hasta antes de las 12 semanas de embarazo, si una chica llegaba con un aborto inducido se le atendía, pero daban aviso al Ministerio Público.
Por ser una institución de gobierno federal, el Instituto Nacional de Perinatología donde labora, no interrumpe embarazos a petición de la paciente.
Desde su posición de especialista en reproducción asistida dice: “Sería contradictorio anular la vida de un ser vivo, siendo que me dedico al auxilio de las mujeres que quieren embarazarse. Esta actitud va más allá de mis creencias religiosas, es una cuestión ética, que muchos médicos obvian ante la generosa ganancia que en poco tiempo representa hacer un aborto”, dice Osorio.
Los profesores no podían ocultar su inconformidad. La aprobación hace tres años en el Distrito Federal de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta antes de las doce semanas de gestación los había hecho reaccionar de esa manera. Lo evidenciaban en clase ante sus alumnos de impecable bata blanca.
Elizabeth Santillán, de 23 años, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, recuerda la molestia de sus maestros. Esta escuela privada reconoce de manera abierta que impulsa “la defensa de la vida desde el momento de la concepción”.
“Como una institución que se fundamenta en una filosofía católico-cristiana, el respeto a la vida humana es esencial”, dice Pedro Argüelles Domenzain, director de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle.
Provida desde la academia
Los lasallistas no son los únicos que defienden esta postura, también lo hacen los profesores de la Universidad Panamericana, relacionada con el Opus Dei, y de la Anáhuac, vinculada a los Legionarios de Cristo. En las aulas de todas estas instituciones se hace énfasis en la ética personalista, que considera al ser humano como eje central de la vida.
Es a través de las materias de bioética y ética médica, donde los profesores llevan este planteamiento a los alumnos. “Está comprobado que la vida humana empieza desde la concepción. Estudios importantes en biología molecular hechos apenas hace cinco años dicen que el cigoto es un individuo que funciona en forma inicial. Esta afirmación puede que no sea muy comprensible para quienes no están en la ciencia”, dice María de la Luz Casas, jefa de bioética de la escuela de medicina de la UP.
La también consejera de la Comisión Nacional de Bioética deja claro que ella no impone razones morales en sus clases, sino argumentos científicos.
Para Nubia Andrea Ramírez, de 22 años, estudiante del octavo semestre de medicina en la UP, no hay dilema, pues la dignidad humana debe estar ante todo. “Estoy en contra del aborto pero no porque asista a una escuela de inspiración católica. Así pensaba incluso antes de entrar a la carrera”.
El riesgo, caer en el adoctrinamiento
Lo cierto es que en algunas ocasiones las creencias o posiciones personales del profesor pueden privilegiar que unos temas sean prioridad sobre otros durante la jornada estudiantil.
“Es un riesgo y un reto como profesores tener suficiente madurez moral para que por encima de nuestras convicciones y ante dilemas como el de la interrupción voluntaria del embarazo, seamos capaces de ir más allá, pensando en que no estamos adoctrinando a los futuros médicos sino presentando un panorama sobre el cuál tenemos que reflexionar”, dice Joaquín Ocampo, profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM.
Leonardo Ortiz, de 22 años y estudiante del sexto semestre de esta carrera en La Salle, reconoce que sus maestros “abarcan aspectos éticos y filosóficos cargados a favor del derecho a la vida”.
Ocampo advierte que la propia naturaleza de las escuelas de inspiración religiosa, provoca que temas como la cancelación del embarazo no sea tratado de una manera imparcial. “Ellos están en su derecho de hacerlo y somos respetuosos de esas posturas”.
María de la Luz Casas dice: “Nosotros sólo decimos lo que apunta la deontología médica, desde Hipócrates hasta las últimas declaraciones, que se orientan a proteger al embrión en el sentido que la vida humana es preciosa. No se les induce a una forma de pensamiento o de acto. Ante la situación de aborto cada quien actuará como su conciencia le dicte”.
Andrea Tello, Guillermo Mondragón y Ramón Mora, los tres de 20 años y estudiantes de La Salle, no han debatido en clase el tema del aborto, pero adelantan su posición: “Siempre había dicho que sí al aborto pero ahora veo que el embarazo precoz es cuestión de irresponsabilidad”, dice Andrea. “El aborto no es natural y rechazarlo no es asunto que tenga que ver con la religión”, señala Ramón.
“Más allá de que la escuela donde estudio tenga relación con la Iglesia católica; considero que cada caso en situación de aborto debe ser analizado. Yo estaría dispuesto a colaborar sólo en caso de violación o que la vida de la madre esté en riesgo”, comenta Guillermo.
Argüelles Domenzain explica que en La Salle existen dos materias que contemplan estos temas, la de ética médica en cuarto semestre, vista desde una perspectiva inspirada en una filosofía católico cristiana, con una ética personalista y el respeto a la vida humana. La otra, bioética, en octavo semestre donde además de subrayar la importancia de la vida se analizan los derechos de los médicos para oponerse a realizar un aborto.
La objeción de conciencia
Jorge Aranda lo tiene claro. Si el estudiante de octavo semestre de la UP tuviera que atender la solicitud de aborto de una mujer embarazada, se negaría a realizarlo porque va contra sus preceptos morales. “Por eso vine a esta universidad, porque sus valores coinciden con mi forma de ver la vida”, dice.
En las escuelas de inspiración cristiana se subraya de manera especial la negativa que por ley un médico puede objetar para no interrumpir el aborto. “Consideramos importante que los alumnos comprendan cuales son las aplicaciones y los límites de la objeción de conciencia, derecho reconocido en los códigos de ética de la Secretaría Salud del Distrito Federal”, dice Casas.
La UNAM contempla también en sus clases la objeción de conciencia a favor del aborto. “Si hay una ley que dice que prohibe la interrupción voluntaria del embarazo, por razones de conciencia el médico puede justificar que accedería a participar en este aborto, por ejemplo en casos de violación. El problema surge cuando no está permitida la objeción de conciencia por la ley”, explica Ocampo.
Argüelles aclara que el primer planteamiento de los médicos es preservar la vida, pero, nunca influirán sobre la decisión personal. “Las mujeres pueden solicitar interrupción y uno puede negarse sin agredir o tratar de convencer”.
A partir de la ley aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cualquier médico al que le llegaran a solicitar un aborto debe plantear otras opciones a esta intervención.
En la UP existe una clase llamada alternativas al aborto, donde les piden a los alumnos un plus en su vocación de servicio. Además de decirle a la joven que está embarazada, le deben plantear caminos a su situación, desde la atención psicológica y trabajo social hasta oportunidades de adopción con el fin de que no tomen una decisión bajo estrés.
Imparcialidad desde las aulas
Todas las universidades abordan la ley en el Distrito Federal y aquellas que protegen la vida desde el momento de su concepción en 18 estados de República. No obstante, los matices surgen. En la UNAM se enseña que la interrupción voluntaria del embarazo se desarrolla en un estado laico. “Se ve desde una perspectiva general, abierto, sin ángulos específicos, subrayamos el respeto a otras posturas y evitar satanizar a los que piensan diferente”, dice Ocampo.
Mauricio Osorio, ginecólogo egresado de la UNAM (1992-1996), recuerda que antes del 24 de abril de 2007, fecha en la que se aprobó la ley en el DF que permite a una mujer abortar hasta antes de las 12 semanas de embarazo, si una chica llegaba con un aborto inducido se le atendía, pero daban aviso al Ministerio Público.
Por ser una institución de gobierno federal, el Instituto Nacional de Perinatología donde labora, no interrumpe embarazos a petición de la paciente.
Desde su posición de especialista en reproducción asistida dice: “Sería contradictorio anular la vida de un ser vivo, siendo que me dedico al auxilio de las mujeres que quieren embarazarse. Esta actitud va más allá de mis creencias religiosas, es una cuestión ética, que muchos médicos obvian ante la generosa ganancia que en poco tiempo representa hacer un aborto”, dice Osorio.
Soslayan 12 legislaturas discutir sobre el aborto.
Noticia:
Luego de una fuerte ofensiva conservadora, 18 estados del país reformaron sus códigos penales para castigar el aborto, mientras que en cinco entidades congelan propuestas para despenalizarlo, en otras cinco el tema no está en agenda legislativa y en dos los diputados no se deciden a discutir iniciativas a favor del “derecho a la vida” impulsadas por el panismo.
En Guerrero, Sinaloa, Hidalgo, Zacatecas y Baja California Sur los congresos recibieron iniciativas en defensa del derecho del aborto pero las comisiones respectivas las tienen congeladas, mientras que en Tlaxcala y Aguascalientes “guardan” para tiempos mejores la discusión de propuestas antiaborto y en Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Tabasco el tema no está agendado.
Hasta ahora se han aprobado reformas llamadas antiaborto a las legislaciones locales de Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Sólo en el Distrito Federal se aprobó una legislación en favor de los derechos de la mujer para decidir libremente sobre su cuerpo y la maternidad.
El 1 de octubre de 2009 el PRD propuso reformar el Código de Procedimientos Penales de Guerrero para despenalizar el aborto, pero quedó congelada en la Comisión de Justicia del Congreso local por oposición del PAN y del PRI, aun cuando en esa entidad abortan 12 de cada 100 embarazadas por causas congénitas, traumatismos, infecciones y rechazos por problemas inmunológicos.
De acuerdo con datos de Servicios Estatales de Salud, el aborto se atribuye también al rechazo por violación, problemas económicos, sociales y personales.
En Sinaloa, hace un año el PRD presentó una iniciativa para despenalizar el aborto pero los 22 diputados priístas —de los 40 que integran la Legislatura— y los 14 del PAN, la mantienen congelada.
Organizaciones feministas de Hidalgo pidieron a la Legislatura local evitar un retroceso en la ley que permite a las mujeres interrumpir el embarazo por violación, malformaciones congénitas, aborto imprudencial o por motivos de salud.
“Para nosotros lo importante ya no es un avance”, dijo Adriana Jiménez Patlan, presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, al indicar que los diputados locales analizan una iniciativa de ley cuyo contenido se desconoce si es a favor o en contra del aborto.
Tema evadido
Ante una sociedad conservadora, en Zacatecas el tema y discusión del aborto en tribuna se ha evadido y pospuesto por posibles costos políticos, y desde hace tres años se envió a la congeladora una iniciativa para despenalizarlo, en forma similar a la aprobada en el Distrito Federal.
En abril de 2007, la propuesta integral fue presentada ante el pleno de la 58 Legislatura por el entonces diputado perredista Aquiles González Navarro, actualmente afiliado al PT, cuado el PRD controlaba el Congreso local. El legislador consideró que su partido no lo apoyó “por instrucciones de la gobernadora Amalia García” por temor al voto de castigo.
En contraste, en la actual Legislatura, dominada por el PRI, la fracción panista elabora una “iniciativa antiaborto” que se supone basada en la Ley General de Protección a la Maternidad y Paternidad que el panismo impulsa a nivel nacional.
En Baja California Sur desde octubre pasado el PRD ingresó una iniciativa de ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Politizar el debate
Por “temor” de que sea politizada por el proceso electoral del 4 de julio, en Tlaxcala está detenida una propuesta a favor del “derecho a la vida”, presentada en febrero pasado por el diputado de Convergencia, José Juan Temoltzin.
“Está en la congeladora, pero creo que ahora nadie le entra porque es entrar en polémica y causaría estragos en el proceso electoral”, comentó el diputado petista José Juan Piedras Romero, quién adelantó que en breve presentará una iniciativa para defender el derecho de decisión de las mujeres, aunque consideró necesario realizar foros populares para “concientizar por qué la mujer debe tener ese derecho y dejarse de prejuicios”.
En Aguascalientes también analizan una ley antiabortista, de “protección a la vida”, presentada desde octubre de 2008 por el Partido Acción Nacional, y de la que —según el diputado local panista, Jaime Gallo— el PRI, la primera fuerza legislativa con 14 parlamentarios, “quiere sacarle raja política” luego de que en campaña sus candidatos ofrecieron proteger la vida desde su concepción.
Nada en la agenda
En Michoacán, estado gobernado por el perredismo, en la agenda legislativa no hay ninguna propuesta para regular el derecho de concepción, aunque el 16 de marzo pasado los congresistas michoacanos, incluidos los del PRI, fueron los primeros en el país en rechazar la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) para penalizar el aborto.
El Código Penal de Michoacán permite el aborto en caso de violación o cuando esté en peligro la vida de la madre.
En Tamaulipas, en tanto, el Código Penal vigente data de 1986, sin reformas, y aunque contempla el aborto como un delito con penas de uno a cinco años de prisión, no se sanciona en casos de ser provocado por accidente, cuando el embarazo sea por violación o si pone en peligro la vida de la madre. Aun así, penaliza “aquella conducta que priva de la vida al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.
El Código Penal de Coahuila penaliza el aborto, pero lo considera “no punible” en caso de violación, peligro de muerte de la madre, alteraciones genéticas o congénitas graves o cuando “se cause por culpa sin previsión de la mujer embarazada”, pero no hay ninguna iniciativa de reforma en el Congreso estatal.
En Nuevo León no se conocen iniciativas en el Congreso para despenalizar el aborto, sancionado hasta con un año de prisión por el Código Penal, salvo que sea por motivos de salud o violación, al igual que en Tabasco, donde se sanciona hasta con ocho años de cárcel a quien lo practique, aunque no punible en caso de peligro de muerte, violación o de inseminación indebida.
Luego de una fuerte ofensiva conservadora, 18 estados del país reformaron sus códigos penales para castigar el aborto, mientras que en cinco entidades congelan propuestas para despenalizarlo, en otras cinco el tema no está en agenda legislativa y en dos los diputados no se deciden a discutir iniciativas a favor del “derecho a la vida” impulsadas por el panismo.
En Guerrero, Sinaloa, Hidalgo, Zacatecas y Baja California Sur los congresos recibieron iniciativas en defensa del derecho del aborto pero las comisiones respectivas las tienen congeladas, mientras que en Tlaxcala y Aguascalientes “guardan” para tiempos mejores la discusión de propuestas antiaborto y en Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Tabasco el tema no está agendado.
Hasta ahora se han aprobado reformas llamadas antiaborto a las legislaciones locales de Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Sólo en el Distrito Federal se aprobó una legislación en favor de los derechos de la mujer para decidir libremente sobre su cuerpo y la maternidad.
El 1 de octubre de 2009 el PRD propuso reformar el Código de Procedimientos Penales de Guerrero para despenalizar el aborto, pero quedó congelada en la Comisión de Justicia del Congreso local por oposición del PAN y del PRI, aun cuando en esa entidad abortan 12 de cada 100 embarazadas por causas congénitas, traumatismos, infecciones y rechazos por problemas inmunológicos.
De acuerdo con datos de Servicios Estatales de Salud, el aborto se atribuye también al rechazo por violación, problemas económicos, sociales y personales.
En Sinaloa, hace un año el PRD presentó una iniciativa para despenalizar el aborto pero los 22 diputados priístas —de los 40 que integran la Legislatura— y los 14 del PAN, la mantienen congelada.
Organizaciones feministas de Hidalgo pidieron a la Legislatura local evitar un retroceso en la ley que permite a las mujeres interrumpir el embarazo por violación, malformaciones congénitas, aborto imprudencial o por motivos de salud.
“Para nosotros lo importante ya no es un avance”, dijo Adriana Jiménez Patlan, presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, al indicar que los diputados locales analizan una iniciativa de ley cuyo contenido se desconoce si es a favor o en contra del aborto.
Tema evadido
Ante una sociedad conservadora, en Zacatecas el tema y discusión del aborto en tribuna se ha evadido y pospuesto por posibles costos políticos, y desde hace tres años se envió a la congeladora una iniciativa para despenalizarlo, en forma similar a la aprobada en el Distrito Federal.
En abril de 2007, la propuesta integral fue presentada ante el pleno de la 58 Legislatura por el entonces diputado perredista Aquiles González Navarro, actualmente afiliado al PT, cuado el PRD controlaba el Congreso local. El legislador consideró que su partido no lo apoyó “por instrucciones de la gobernadora Amalia García” por temor al voto de castigo.
En contraste, en la actual Legislatura, dominada por el PRI, la fracción panista elabora una “iniciativa antiaborto” que se supone basada en la Ley General de Protección a la Maternidad y Paternidad que el panismo impulsa a nivel nacional.
En Baja California Sur desde octubre pasado el PRD ingresó una iniciativa de ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Politizar el debate
Por “temor” de que sea politizada por el proceso electoral del 4 de julio, en Tlaxcala está detenida una propuesta a favor del “derecho a la vida”, presentada en febrero pasado por el diputado de Convergencia, José Juan Temoltzin.
“Está en la congeladora, pero creo que ahora nadie le entra porque es entrar en polémica y causaría estragos en el proceso electoral”, comentó el diputado petista José Juan Piedras Romero, quién adelantó que en breve presentará una iniciativa para defender el derecho de decisión de las mujeres, aunque consideró necesario realizar foros populares para “concientizar por qué la mujer debe tener ese derecho y dejarse de prejuicios”.
En Aguascalientes también analizan una ley antiabortista, de “protección a la vida”, presentada desde octubre de 2008 por el Partido Acción Nacional, y de la que —según el diputado local panista, Jaime Gallo— el PRI, la primera fuerza legislativa con 14 parlamentarios, “quiere sacarle raja política” luego de que en campaña sus candidatos ofrecieron proteger la vida desde su concepción.
Nada en la agenda
En Michoacán, estado gobernado por el perredismo, en la agenda legislativa no hay ninguna propuesta para regular el derecho de concepción, aunque el 16 de marzo pasado los congresistas michoacanos, incluidos los del PRI, fueron los primeros en el país en rechazar la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) para penalizar el aborto.
El Código Penal de Michoacán permite el aborto en caso de violación o cuando esté en peligro la vida de la madre.
En Tamaulipas, en tanto, el Código Penal vigente data de 1986, sin reformas, y aunque contempla el aborto como un delito con penas de uno a cinco años de prisión, no se sanciona en casos de ser provocado por accidente, cuando el embarazo sea por violación o si pone en peligro la vida de la madre. Aun así, penaliza “aquella conducta que priva de la vida al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.
El Código Penal de Coahuila penaliza el aborto, pero lo considera “no punible” en caso de violación, peligro de muerte de la madre, alteraciones genéticas o congénitas graves o cuando “se cause por culpa sin previsión de la mujer embarazada”, pero no hay ninguna iniciativa de reforma en el Congreso estatal.
En Nuevo León no se conocen iniciativas en el Congreso para despenalizar el aborto, sancionado hasta con un año de prisión por el Código Penal, salvo que sea por motivos de salud o violación, al igual que en Tabasco, donde se sanciona hasta con ocho años de cárcel a quien lo practique, aunque no punible en caso de peligro de muerte, violación o de inseminación indebida.
jueves, 22 de abril de 2010
Van 39 mil 177 abortos legales en DF en 3 años.
Noticia:
“Si el mundo fuera ideal, no debería haber abortos o debería haber muy pocos, prácticamente no se debería embarazar más que quien lo desee o a quien le haya fallado el método anticonceptivo o en caso de violación”. Así se expresa el secretario de Salud del gobierno de la ciudad de México, Armando Ahued, en torno a la interrupción legal del embarazo que fue aprobada hace tres años en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y que sigue generando polémica y polarización no sólo en la capital, sino en todo el país.
A tres años de aprobada la despenalización del aborto antes de la duodécima semana de gestación, el funcionario capitalino afirmó que en la red de hospitales y clínicas del gobierno de la ciudad se han practicado 39 mil 177 interrupciones legales de embarazos, lo que ha reducido significativamente la cantidad de mujeres que tenían problemas graves de salud por practicarse un aborto clandestino.
“En nuestros hospitales el número de pacientes que llegaban en condiciones muy delicadas por abortos clandestinos era bastante importante. A raíz de la interrupción legal del embarazo, este número de casos bajó, [y] la mortalidad materna también”, dijo aunque no precisó cifras.
Aunque reconoció que es un tema controvertido, el funcionario de la ciudad destacó que se trata de un tema de salud pública que debe de estar vinculado con un esfuerzo por dar a los jóvenes información sobre salud sexual y reproductiva.
“El tema de fondo es que no hemos educado a las mujeres y a los hombres en salud sexual y reproductiva”, declaró en entrevista el titular de Salud-DF.
Sobre el caso de la ciudad, Ahued señaló que con la interrupción legal del embarazo se reconoce un derecho que durante mucho tiempo se les negó a las mujeres: el decidir sobre su propio cuerpo y la cantidad de hijos que quieran y puedan tener.
En tres años de aprobada la legalidad del aborto en la capital, el secretario de Salud informó que mujeres de todos los estados del país han venido a la ciudad de México a interrumpir su embarazo, en gran medida debido a las restricciones legales impuestas en 17 entidades. “Nosotros no les hemos cerrado las puestas a esas mujeres y hemos atendido mujeres de todas las entidades del país”, declaró.
De hecho, el funcionario señaló que en estos tres años las autoridades han modificado el método de interrupción del embarazo, y actualmente el 83% de los abortos que se practican son con medicamentos, y únicamente se recurre al legrado en 17% de los casos.
“Lo que quisiéramos es que el número de abortos cada día fuera disminuyendo, pero para que eso suceda necesitamos educar e informar. Si no trabajamos en ese tema de salud sexual y reproductiva pues no vamos a lograr ese cambio”, dijo.
“Si el mundo fuera ideal, no debería haber abortos o debería haber muy pocos, prácticamente no se debería embarazar más que quien lo desee o a quien le haya fallado el método anticonceptivo o en caso de violación”. Así se expresa el secretario de Salud del gobierno de la ciudad de México, Armando Ahued, en torno a la interrupción legal del embarazo que fue aprobada hace tres años en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y que sigue generando polémica y polarización no sólo en la capital, sino en todo el país.
A tres años de aprobada la despenalización del aborto antes de la duodécima semana de gestación, el funcionario capitalino afirmó que en la red de hospitales y clínicas del gobierno de la ciudad se han practicado 39 mil 177 interrupciones legales de embarazos, lo que ha reducido significativamente la cantidad de mujeres que tenían problemas graves de salud por practicarse un aborto clandestino.
“En nuestros hospitales el número de pacientes que llegaban en condiciones muy delicadas por abortos clandestinos era bastante importante. A raíz de la interrupción legal del embarazo, este número de casos bajó, [y] la mortalidad materna también”, dijo aunque no precisó cifras.
Aunque reconoció que es un tema controvertido, el funcionario de la ciudad destacó que se trata de un tema de salud pública que debe de estar vinculado con un esfuerzo por dar a los jóvenes información sobre salud sexual y reproductiva.
“El tema de fondo es que no hemos educado a las mujeres y a los hombres en salud sexual y reproductiva”, declaró en entrevista el titular de Salud-DF.
Sobre el caso de la ciudad, Ahued señaló que con la interrupción legal del embarazo se reconoce un derecho que durante mucho tiempo se les negó a las mujeres: el decidir sobre su propio cuerpo y la cantidad de hijos que quieran y puedan tener.
En tres años de aprobada la legalidad del aborto en la capital, el secretario de Salud informó que mujeres de todos los estados del país han venido a la ciudad de México a interrumpir su embarazo, en gran medida debido a las restricciones legales impuestas en 17 entidades. “Nosotros no les hemos cerrado las puestas a esas mujeres y hemos atendido mujeres de todas las entidades del país”, declaró.
De hecho, el funcionario señaló que en estos tres años las autoridades han modificado el método de interrupción del embarazo, y actualmente el 83% de los abortos que se practican son con medicamentos, y únicamente se recurre al legrado en 17% de los casos.
“Lo que quisiéramos es que el número de abortos cada día fuera disminuyendo, pero para que eso suceda necesitamos educar e informar. Si no trabajamos en ese tema de salud sexual y reproductiva pues no vamos a lograr ese cambio”, dijo.
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