Pide la CNDH investigar y castigar a los vándalos

México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a las autoridades a investigar y sancionar los actos vandálicos ocurridos del pasado lunes para que no haya impunidad, y consideró que los enfrentamientos de grupos de la sociedad civil contra autoridades y representantes del orden público son señales de alarma que advierten sobre el surgimiento de expresiones sociales de carácter agresivo que, "si no se atienden con eficiencia, pueden llevarnos a situaciones de desgobierno".

Además, informó que ha iniciado una queja de oficio para revisar la actuación de los cuerpos de seguridad que intervinieron en los acontecimientos.

En un comunicado, la CNDH consideró ayer que las expresiones violentas presentadas durante las manifestaciones de este lunes ponen en entredicho las bases del estado de derecho, que "establece la existencia de procedimientos e instancias para el acto de juzgar las conductas delictivas de las personas".

Y son tan graves las conductas mediante las cuales se causan destrozos y se ataca a los representantes de las fuerzas del orden, como la falta de protocolos o de su aplicación por parte de los cuerpos de seguridad para actuar ante multitudes y cumplir con su responsabilidad de proporcionar paz y tranquilidad a todos los mexicanos, porque en ambos casos se presenta impunidad.

Para la CNDH estos hechos "no deben tener como consecuencia, bajo ninguna circunstancia, el surgimiento de una sociedad bárbara, por lo que llama a respetar los derechos de las personas en el contexto de la ley, que debe ser el único instrumento que norme la convivencia y las relaciones sociales".

Es en estas circunstancias, agregó el organismo, cuando debe emerger el estado para impedir que cualquier persona o grupo imponga su interés u objetivo a los demás, por lo cual la CNDH reprueba todas las formas de violencia, especialmente cuando surgen al margen de la ley o contra ella.

Lamentó que el legítimo ejercicio de las libertades públicas de la ciudadanía con el fin de demandar justicia, verdad y legalidad se vea ensombrecido por algunos grupos que incitan a la violencia y generan disturbios de diversa índole y gravedad.

Para la manifestación del lunes pasado, la CNDH conformó un grupo de 80 visitadores adjuntos, en coordinación con su homóloga del Distrito Federal, para vigilar la actuación de las autoridades de seguridad pública.

Este personal se colocó en los distintos lugares de donde salieron los contingentes para "brindarles acompañamiento y verificar que la manifestación se desarrollara en forma pacífica". Asimismo, la CNDH dictó medidas precautorias para salvaguardar la seguridad de los participantes.

En el desarrollo de la marcha algunas personas encapuchadas se integraron al contingente, principalmente por la retaguardia, y "fueron quienes, al parecer, cometieron actos vandálicos contra varios establecimientos y, además, pusieron en riesgo la seguridad e integridad de los participantes", actuación que reprueba la comisión.

Los cuerpos policiales, para contener a un grupo de manifestantes, utilizó dispositivos de gas contra personas en forma discrecional, por ello los visitadores adjuntos de la CNDH formaron una valla con el objetivo de evitar daños, especialmente a mujeres, adultos mayores, menores y defensores civiles, a quienes acompañó en su salida del lugar hasta su total retiro.

Reunión con el GDF

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que solicitará una reunión con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para presentarle las constancias de los abusos policiales de las últimas manifestaciones y le pedirá que la actuación de la policía se modifique, se adapte a los protocolos y estándares más altos de protección de los derechos humanos.

"Lo anterior, a fin de buscar compromisos expresos sobre una nueva forma de intervención policial en casos de manifestaciones y movilizaciones pacíficas que pudieran terminar con acciones violentas", señaló la comisión en un comunicado.

Asimismo, pidió investigar a los policías que han incurrido en excesos tanto el 20 de noviembre, como el 1 de diciembre, ya que el resguardo del orden público no puede ser pretexto para la violación de derechos humanos.