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En Iguala, y mucho menos en Guerrero, no solo hay 43 desaparecidos, existen al menos 200 familias que buscan a sus seres queridos.
La iniciativa —de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y de la asociación Ciencia Forense Ciudadana— de identificar los restos que se encuentran en fosas o abandonados a lo largo de la entidad abrió una esperanza a decenas de personas que anhelan saber dónde está su familiar.
Cada uno de los que acudieron a la iglesia de San Gerardo, en Iguala, para realizarse pruebas de ADN tiene una herida, algunas acaban de cerrar, pero basta un roce para que vuelvan a abrir.
Tal es el caso de Guadalupe Cano, hermana de Julio, quien desapareció el pasado 13 de enero de 2010 cuando se encontraba en su oficina en el centro de Iguala.
Narra que el abogado de profesión fue sacado de su despacho "a punta de golpes", al principio llamaron a su casa para solicitar una recompensa, pero al dar parte a las autoridades locales "nunca más se volvieron a comunicar".
"Tenemos esperanza en este movimiento. Ojalá puedan dar con mi hermano y esté vivo. Queremos encontrarlo, abrazarlo, besarlo, que esté con sus tres hijos que lo extrañan tanto", confía.
Lupita Cano, como se presenta, tuvo la fortuna de ser la primera en hacerse la prueba de ADN con peritos de la PGR, quienes solo colaboran en este aspecto.
El proceso duró apenas unos minutos y consta en dejar datos personales y un pinchazo en la yema del dedo anular izquierdo para extraer una gotas de sangre que son plasmadas en un placa con el nombre del interesado y el desaparecido.
Concluido el proceso, carga con el brazo derecho a su niña de unos meses de nacida, con la mano izquierda muestra la foto de su hermano, anhela: "Nos ha hecho mucha falta, mi padre murió meses antes de que él fuera raptado. Fue una doble pérdida. Queremos que vuelva, ya ha sido mucho tiempo".
Arcadio Valencia es hermano mayor de Martín, quien desapareció el pasado 18 de octubre. Al llenar los formatos muestra su cicatriz, que ha cerrado con dolor y resignación.
"Estoy preparado para cualquier escenario. Todo este tiempo ha sido un martirio para mí y mi familia, queremos ya una tumba donde llorar, donde irle a dejar unas flores", clama.
Cuenta que al llegar a su casa en Iguala luego de trabajar, policías locales detuvieron a su consanguíneo con violencia y nunca más supieron de él.
No denunciaron porque "todos sabíamos cómo operaban los policías: al servicio de los mañosos. Pero emprendimos la búsqueda y, con el paso de los días, pues al menos queremos llevarlo a un panteón para que descanse en paz".
Pero olvidar es una palabra que no está en el lenguaje de Julia Alonso, representante de Ciencia Forense Ciudadana, hace poco más de siete años ella conoció el dolor de la incertidumbre cuando su hijo Julio Alberto desapareció.
Este hecho la llevó a perder el miedo y ganar la fe de volverlo a ver. "Es contranatura que los padres pierdan a sus hijos, se supone que deberíamos partir primero nosotros, pero en Iguala y en México muchas veces no ocurre así", lamenta.
Por eso, afirma, la organización civil decidió apoyar la segunda etapa de búsquedas de la Upoeg, en Guerrero, con 500 pruebas de ADN, que serán analizadas en la Universidad de Durham, Inglaterra, para el reconocimiento de los osamentas, labor que tardará al menos dos meses.
"Nos estamos dando cuenta de que 500 pruebas no son suficientes, cada vez llegan más personas y nos rebasará la demanda. Contamos con mil 500, pero tenemos el objetivo de distribuirlas en todo el país, porque esto no solo ocurre en Iguala, también en Michoacán, Tamaulipas, Michoacán. Pero es un primer paso el que estamos dando", detalla.
Citlalli Miranda, representante de la Upoeg , detalla que la fuerza civil tendrá una pesada labor pues "están encargados de encontrar los tesoros de cientos de personas en el fondo de la tierra".
Informa que al menos 200 familias de Iguala y de varios municipios de Guerrero; así como de Veracruz y Michoacán acudieron al llamado para la identificación de osamentas.
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