De acuerdo con una carpeta informativa que registra algunos de los trabajos de inteligencia realizados por cuerpos de seguridad del Estado mexicano hasta julio de este año, de la cual MILENIO tiene copia, desde el principio de 2014 se detectó que 12 alcaldes de Guerrero pueden tener vínculos con diferentes grupos criminales, ya por voluntad propia o debido a actos de coerción de asociaciones delictivas.
Catalogados como “objetivos de atención especial”, a fin de vigilar meticulosamente sus actividades cotidianas y sus relaciones —debido a sus posibles nexos con cárteles del narcotráfico—, ocho presidentes municipales pertenecen al PRD y cuatro al PRI. Y de los 12, dos ya han sido capturados: José Luis Abarca (PRD), de Iguala, y Feliciano Álvarez Mesino (PRD), de Cuetzala del Progreso.
Y sí, detrás de la mayoría de estos alcaldes, ha habido historias e imputaciones.
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1. Ignacio de Jesús Valladares Salgado, presidente municipal del PRD en Teloloapan, con posibles vínculos con el cártel de La Familiamichoacana.
Sobre este alcalde circuló al inicio de su gestión, en octubre de 2012, un video donde un grupo de criminales de la organización con la que se le vincula lo secuestra momentáneamente, lo interroga en una camioneta y lo obliga a comprometerse con el cártel al que se le asocia. Posteriormente fue entrevistado por MILENIO, aceptó que en la zona de su municipio pudiera haber presencia del narco y trasiego de droga, pero rechazó que él, a pesar de las amenazas, formara parte del crimen organizado.
2. Feliciano Álvarez Mesino, presidente municipal del PRD en Cuetzala del Progreso, con posibles vínculos con la el cártel de La Familiamichoacana.
Este hombre fue detenido por la PGR el pasado 8 de abril, precisamente por supuestos vínculos con el crimen organizado, además del delito de secuestro. El 17 del mismo mes se le dictó auto de formal prisión. El perredista sufrió al menos un ataque de un grupo armado durante su gestión, padeció un secuestro perpetrado por criminales, “por narcos” que lo amenazaron, según dijo, y advirtió en alguna ocasión que si los gobiernos estatal y federal no le brindaban protección pediría licencia.
3. Efraín Peña Damacio, presidente municipal del PRD en Apaxtla de Castrejón, con posibles vínculos con el cártel local Guerreros Unidos.
Durante una reunión en el Congreso guerrerense con la organización Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), el diputado federal perredista, Marino Miranda Salgado, denunció meses atrás que el grupo de autodefensa del municipio, autodenominado Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), encabezado por el alcalde, está infiltrado por el grupo delictivo Guerreros Unidos. El diputado afirmó que anteriormente La Familia michoacana dominaba la zona, hasta que llegaron ahí los de Guerreros Unidos. Según el legislador, en declaraciones recogidas por la prensa local, la guerra entre cárteles dejó decenas de muertes, desapariciones, secuestros, extorsiones y desplazamiento de pobladores a causa de la inseguridad, lo que llevó a la población del lugar a conformar un grupo de autodefensa encabezado por su presidente municipal, organización que habría sido penetrada por criminales.
4. Salomón Majul González, presidente municipal del PRI en Taxco, con posibles vínculos con el cártel local Guerreros Unidos.
En Taxco, nada más en lo que va del año, han sido descubiertas fosas con 32 cadáveres, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Guerrero. El año pasado ocurrió algo similar, cuando fueron halladas siete fosas clandestinas. Aun así, no hay una imputación ministerial que se conozca contra el edil. Sobre este alcalde son algunos medios guerrerenses los que han recogido denuncias acerca de sus supuestos vínculos que con criminales, y la protección que daría, junto con sus policías, a miembros de Guerreros Unidos. Luego de los hechos de Iguala, y de que surgieron nuevas imputaciones contra el alcalde, el oficial mayor del ayuntamiento, Raúl Burgos Ocampo, expresó al diario El Sur de Acapulco que “el presidente municipal está en la mejor disposición de que se abra alguna línea de investigación por parte del gobierno federal con relación a los señalamientos que se han vertido sobre vínculos con la delincuencia”.
5. José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal del PRD en Iguala, con posibles vínculos con el cártel local Guerreros Unidos.
Detenido. Su historia es bien conocida a consecuencia de la agresión contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre pasados.
6.- Eric Fernández Ballesteros, presidente municipal del PRI en Zihuatanejo, con posibles vínculos con una organización denominada Granados-Beltrán Leyva.
De acuerdo con informes del gobierno federal, este lugar fue controlado desde los 90 por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y posteriormente por una de sus derivaciones, el Cártel Independiente de Acapulco. La Familia michoacana tuvo presencia ahí y desde hace varios años también el cártel de Los caballeros templarios, que hasta el año pasado regenteaba el vecino puerto de Lázaro Cárdenas. En Zihuatanejo Los templarios no solo extorsionaban a los comerciantes del lugar, sino que se daban el lujo de clausurar negocios que no les pagaran las cuotas que les exigían, como plasmaban continuamente los medios locales y hasta internacionales. A la vista de las autoridades locales, colocabansellos de clausura para que los empresarios les pagaran.
Es una zona de constantes ejecuciones que son reportadas en la prensa regional: es común hallar en los diarios el reporte de asesinatos y cuerpos torturados y arrojados en la vía pública en diferentes puntos del municipio. Esto porque desde el año pasado la zona es violentamente disputada por Los templarios y el cártel Jalisco Nueva Generación.
En cuanto al grupo delincuencial Los granados, trabajaría tanto para los hermanos Beltrán Leyva como para el cártel Jalisco Nueva Generación.
Sin embargo, a pesar de todo este contexto, no se conoce una imputación directa contra el alcalde priista.
7. Francisco Javier García González, presidente municipal del PRI en Chilapa de Álvarez, con posibles vínculos con el cártel regional Los Rojos.
Este alcalde ha sido acusado por algunos líderes de organizaciones sociales por sus presuntos nexos criminales. El Frente de Defensa Popular ha asegurado que el alcalde “incluyó en la Policía Rural a personas de la delincuencia y controla el comercio de drogas y otras actividades ilícitas que se generan en el municipio”. Así lo dijo en declaraciones a la prensa local Rodolfo Colorado Huisteco, coordinador del FDP en la región de La Montaña.
Este presidente municipal también ha sido señalado en videos reproducidos en medios locales y nacionales por tener vínculos con Los Rojos, el cártel contrario al de Guerreros Unidos. Y ante una de esas grabaciones, la más reciente, de julio de este año, el edil reaccionó con su propio video en You Tube, donde refuta las imputaciones:
“Niego categóricamente cualquier nexo con la delincuencia organizada. No es la primera vez que se me vincula en este tipo de situaciones. Sin embargo, yo invito a la ciudadanía a que analice el video, que es un video que está editado bajo presión (en la grabación el hombre que lo denuncia está sometido por sicarios armados con fusiles). Yo lo he comentado con el señor gobernador: le he dicho que si hay alguna persona que pueda señalarme, lo haga por la vía jurídica. Yo estoy abierto a cualquier investigación…”.
8. Mario Moreno Arcos, presidente municipal del PRI en Chilpancingo, con posibles vínculos con el cártel local Los Rojos.
El presidente municipal de Chilpancingo sí ha sido objeto de imputaciones públicas, en particular de un polémico empresario, Pioquinto Damian Huato, ex líder de la Cámara Nacional de Comercio y ex secretario de Educación del estado (cuando Ángel Aguirre fue gobernador interino ante la renuncia de Rubén Figueroa), quien lo acusa de estar ligado a Los Rojos que operan en la capital guerrerense. Lo califica de narcoalcalde. El hombre lo acusó hasta de ser el autor del atentado contra él ocurrido en enero de este año: la camioneta en que viajaba fue baleada con alrededor de 70 proyectiles, su nuera murió y su hijo resultó herido.
En entrevista con MILENIO Televisión, el alcalde dijo en aquella ocasión, la del atentado, que no había ningún elemento contra él: “Lamento que un señor sin escrúpulos me acuse de manera irresponsable y afecte el buen nombre de mi familia”, declaró. En ocasiones posteriores ha rechazado tener vínculos con el crimen organizado y ha repetido que el empresario miente: “Esa persona miente en todas las afirmaciones que hace y acusa sin pruebas”.
9. Crescencio Reyes Torres, presidente municipal del PRD en La Unión de Isidoro Montes de Oca, con posibles vínculos con el cártel de Los caballeros templarios.
Uno de los acusadores principales de este alcalde es Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder prófugo de Los caballeros templarios: el delincuente, aparentemente por un pleito con el alcalde, lo liga a otro cártel, el de Jalisco Nueva Generación, a través del grupo delincuencialLos Granados que opera en la Costa Grande de Guerrero. Fue en un video subido en enero de este año a You Tube donde La Tuta dio detalles de su acusación. En respuesta, en declaraciones a la prensa local, el alcalde calificó de “totalmente falso” el cargo que le hacía Gómez Martínez. “Siempre he actuado apegado a la ley y estoy dispuesto a cualquier investigación que se haga”, dijo.
Desde junio del año pasado tanto el presidente municipal como su hermano recibieron acusaciones similares de diversos delincuentes. En ese entonces, Carlos Reyes Torres, hermano del alcalde, a la sazón dirigente estatal del PRD (también acusado por La Tuta), se deslindó y exculpó a su hermano de cualquier nexo con la delincuencia. En enero de este año aceptó que conoce a La Tuta, pero negó algún vínculo criminal con el líder templario y pidió a la PGR que investigue la razón de las imputaciones que le hizo el criminal.
10. Mario Alberto Chávez Carbajal, presidente municipal del PRD en Heliodoro Castillo (Tlacotepec), con posibles vínculos con el cártel localLos Rojos.
Este alcalde trabaja en una zona que ha sido reportada por la prensa local como asediada por la violencia criminal. Sin embargo, el presidente suele negar que en su municipio haya problemas y presencia de algún grupo del crimen organizado.
No es nueva su actitud: a finales de 2012 desestimó la existencia depueblos fantasma debido a la inseguridad y los constantes enfrentamientos entre grupos criminales. Sin embargo, la violencia fue tal a principios del año pasado, que todos los policías del lugar dejaron su trabajo. Después de enfrentamientos con delincuentes, el pasado 3 de abril se confirmó que los 22 policías preventivos que tenía el municipio renunciaron, al igual que los 13 agentes de tránsito que tiene la localidad.
Meses después, en agosto del año pasado, habitantes del municipio insistieron: en declaraciones al periódico El Sur, representantes de los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec señalaron que su municipio tenía “serios problemas de inseguridad” y que la población estaba huyendo por la violencia del crimen organizado. El apoderado legal del núcleo agrario, Jorge Nava Guevara, dijo que, por temor, los desplazados de Tlacotepec se movían “en silencio” a otras zonas y que tal “discreción” la aprovechaba el alcalde “para deslindarse de los conflictos de violencia en la sierra”. Los habitantes de la zona también denunciaron que el crimen organizado hacía cobro de “impuestos”, pero el alcalde rechazaba que existieran tales extorsiones: aseguró que el problema del municipio es que colinda con poblaciones de otros ayuntamientos afectados por la delincuencia organizada.
A pesar de esas declaraciones del alcalde, hubo otro momento en que sí tuvo que aceptar que se vivía una situación de emergencia en su municipio. Fue en septiembre del año pasado, cuando más de 800 habitantes de la zona serrana huyeron de sus hogares, para evitar agresiones de grupos armados. Ahí sí, el presidente municipal explicó que los pobladores se desplazaron a la cabecera municipal de Tlacotepec en espera de que el Ejército mexicano subiera a esa zona para brindar seguridad a la gente.
Sin embargo, a pesar del contexto de violencia e inseguridad no se conoce una imputación directa contra el presidente municipal.
11. Leopoldo Ramiro Cabrera Chávez, presidente municipal del PRD en Leonardo Bravo, con posibles vínculos con el cártel local Los Rojos.
La situación de inseguridad por la presencia del crimen organizado ha sido tal en la zona serrana de este municipio que en octubre pasado pobladores detuvieron durante treinta horas al alcalde, a Misael Medrano Baza, subsecretario para Asuntos Políticos del gobierno de Guerrero, y a Tomás Hernández Martínez, comandante de la Policía Estatal. Los liberaron cuando se comprometieron por escrito a solicitar la presencia permanente de las fuerzas castrenses en el lugar.
Sin embargo, no hay denuncia pública conocida contra el alcalde.
12. Rey Hilario Serrano, presidente municipal del PRD en Coyuca de Catalán, con posibles vínculos con el cártel de Los caballeros templarios.
Sobre este municipio, desde hace años hay reportes de los cuerpos de seguridad del gobierno federal que lo identifican como territorio de los hermanos Beltrán Leyva, y en la prensa local es usual hallar información sobre casos de secuestrados, ejecutados, masacres (hasta de 16 personas), enfrentamientos entre diferentes grupos armados, y desplazados por amenazas de narcotraficantes, pero no hay imputación directa que se conozca contra el alcalde.
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