Noticia:
El presidente de EE UU, Barack Obama, ha instado a Corea del Norte a dar "pasos serios" en las conversaciones para poner fin a su programa nuclear, tras reunirse con el líder surcoreano, Lee Myung-Bak.
Durante una rueda de prensa conjunta en Seúl, Obama ha revelado que el enviado especial estadounidense, Stephen Bosworth, viajará a Pyongyang el próximo 8 de diciembre para tratar de revivir el proceso de negociación con ese país y persuadirlo de que reinicie las conversaciones a seis bandas sobre el programa nuclear norcoreano.
En las conversaciones a seis bandas participan las dos Coreas, China, Japón, Rusia y EE UU. "Si Corea del Norte da pasos irreversibles y verificables para poner fin a sus actividades nucleares, EE UU apoyará la integración" de este país en la comunidad internacional sostuvo el presidente estadounidense.
Según Obama, Corea del Norte no conseguirá "las oportunidades y el respeto mediante amenazas". Por su parte, Lee indicó que EE UU apoya su propuesta para ofrecer a Corea del Norte incentivos políticos y económicos a cambio del desmantelmiento irreversible del programa nuclear de Pyongyang. No obstante, subrayó que hasta el momento no hay una fecha límite para que Corea del Norte dé una respuesta.
El programa nuclear norcoreano ha salido a relucir en cada una de las etapas de la gira asiática de Obama -Japón, Singapur, China y Corea del Norte- y el presidente estadounidense ha lanzado reiterados llamamientos a Pyongyang para que vuelva a la mesa de negociaciones.
Otra de las grandes áreas que se abordaron en las conversaciones entre el presidente estadounidense y el surcoreano fue el tratado de libre comercio, suscrito en 2007 durante el mandato de George W Bush y cuya aprobación se encuentra aún estancada en los respectivos parlamentos.
Ambos líderes expresaron su compromiso a sacar adelante el acuerdo. En concreto, Lee expresó su disposición a revisar el capítulo sobre los automóviles, un área que preocupaba a los fabricantes estadounidenses.
El tratado, subrayó el mandatario surcoreano, "beneficiaría no sólo a Corea del Sur, sino también a Estados Unidos". De salir adelante, representaría para EE UU su mayor acuerdo de intercambio comercial con el exterior desde la firma del Tratado de Libre Comercio en América del Norte (TLCAN) durante el mandato de Bill Clinton.
Hasta el momento quedan pendientes de resolver asuntos como las exportciones de vehículos o de carne de res surcoreana, aunque Corea del Sur insiste en que no va a renegociar el contenido del acuerdo.
viernes, 20 de noviembre de 2009
Un juez establece que hubo "negligencia" del Ejército para contener las inundaciones del 'Katrina'.
Noticia:
Un juez estadounidense ha establecido que la "negligencia" del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en lo que respecta al mantenimiento de un importante canal de navegación en Nueva Orleáns facilitó la inundación causada por el huracán Katrina.
Ésta es la primera vez que un tribunal estadounidense declara al Gobierno federal directamente responsable de la tragedia del 29 de agosto de 2005, cuando el 'Katrina' inundó el 80% de Nueva Orleans y causó la muerte a más de 1.800 personas y daños valorados en unos 80.000 millones de dólares.
El juez de distrito Stanwood Duval ha fallado que el Cuerpo de Ingenieros, responsable del mantenimiento de un sistema de canales y diques que protegen a Nueva Orleáns de las crecidas ocasionadas por tormentas, cometió "negligencia" en el mantenimiento del canal Río Misisipi-Golfo (MR-GO, por su sigla en inglés). En el fallo, de 189 páginas, el juez Duval considera que el fallo del Ejército se debió a "despreocupación, miopía y falta de visión".
"El fracaso del Cuerpo de Ingenieros a la hora de brindar una protección oportuna en la zona de mareas llevó a que el canal creciera entre dos y tres veces su ancho estipulado", lo que inundó el sector Lower Ninth Ward y la vecina St. Bernard Parish de la ciudad, escribió Duval.
El juez ha dictaminado que se deben entregar 720.000 dólares a seis vecinos y a un demandante, quienes presentaron una acción legal contra el Cuerpo de Ingenieros por los daños causados por la inundación. De ratificarse, el fallo establecería un precedente para que otros miles de demandantes presenten acciones legales contra el Gobierno por miles de millones de dólares. Un portavoz del Cuerpo declaró al diario New Orleans Times-Picayune que el Gobierno apelará a la decisión.
Un juez estadounidense ha establecido que la "negligencia" del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en lo que respecta al mantenimiento de un importante canal de navegación en Nueva Orleáns facilitó la inundación causada por el huracán Katrina.
Ésta es la primera vez que un tribunal estadounidense declara al Gobierno federal directamente responsable de la tragedia del 29 de agosto de 2005, cuando el 'Katrina' inundó el 80% de Nueva Orleans y causó la muerte a más de 1.800 personas y daños valorados en unos 80.000 millones de dólares.
El juez de distrito Stanwood Duval ha fallado que el Cuerpo de Ingenieros, responsable del mantenimiento de un sistema de canales y diques que protegen a Nueva Orleáns de las crecidas ocasionadas por tormentas, cometió "negligencia" en el mantenimiento del canal Río Misisipi-Golfo (MR-GO, por su sigla en inglés). En el fallo, de 189 páginas, el juez Duval considera que el fallo del Ejército se debió a "despreocupación, miopía y falta de visión".
"El fracaso del Cuerpo de Ingenieros a la hora de brindar una protección oportuna en la zona de mareas llevó a que el canal creciera entre dos y tres veces su ancho estipulado", lo que inundó el sector Lower Ninth Ward y la vecina St. Bernard Parish de la ciudad, escribió Duval.
El juez ha dictaminado que se deben entregar 720.000 dólares a seis vecinos y a un demandante, quienes presentaron una acción legal contra el Cuerpo de Ingenieros por los daños causados por la inundación. De ratificarse, el fallo establecería un precedente para que otros miles de demandantes presenten acciones legales contra el Gobierno por miles de millones de dólares. Un portavoz del Cuerpo declaró al diario New Orleans Times-Picayune que el Gobierno apelará a la decisión.
El Senado de EE UU presenta su plan de reforma sanitaria.
Noticia:
El debate promete ser largo y áspero pero tan histórico como la meta que se persigue, reformar el sistema sanitario de EE UU. Tras semanas de discusiones a puerta cerrada, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ya tiene el proyecto de ley que llevará a votación y que será la última etapa de una de las prioridades en la agenda del presidente Barack Obama, quien calificó este último paso como "un hito".
Reid anunció a última hora del miércoles que el proyecto de ley prevé extender la cobertura médica a unos 30 millones de estadounidenses y lograr una reducción del déficit en los próximos diez años. El coste de este plan se estima en casi 850.000 millones de dólares (unos 568.000 millones de euros) y ha pasado el escrutinio de la independiente Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, siglas en inglés).
"Ha comenzado el último tramo de este largo camino", dijo Reid en rueda de prensa, satisfecho y sonriente. La medida combina otras dos iniciativas anteriormente aprobadas por los comités senatoriales de Salud y Finanzas, y tiene el prometedor nombre de Protección de los pacientes y un cuidado asequible. La Cámara de Representantes aprobó su propia disposición hace casi dos semanas con un ajustado resultado para los demócratas, 220 votos a favor y 215 en contra.
Se prevé que este fin de semana se efectúe el trámite de votación que supondrá el comienzo del debate del proyecto de ley, un debate que puede durar semanas, si no más, y que escenificará las maniobras de los demócratas por influir en el proyecto de Reid y sus aliados y las embestidas de los republicanos para torpedear la reforma y asestar un duro golpe al presidente en su primer año en la Casa Blanca.
La iniciativa del Senado obliga, por primera vez, a prácticamente todos los estadounidense a comprar un seguro médico, y establece fondos valorados en cientos de miles de millones de dólares para subsidiar y ayudar a aquellos con bajos ingresos que no se pueden permitir cobertura sanitaria. Con fecha de inicio en 2014, la ley incluye la llamada "opción pública", aquella con la que el Gobierno puede competir con las aseguradoras privadas pero que también permitirá que los gobiernos estatales se abstengan de participar en el programa.
Reid no tiene garantizados los 60 votos necesarios que impidan las tácticas dilatorias de la oposición para aprobar el proyecto de ley en el Senado -conocidas como filibusterismo-. El Partido Demócrata cuenta con 58 senadores y existen dos independientes que generalmente votan con ese partido (el total de senadores es de 100). Tres son los senadores demócratas rebeldes que no acaban de definirse y que deben hacerlo para que el debate pueda comenzar. Se trata de Mary Landrieu (Luisiana), Ben Nelson (Nebraska) y Blanche Lincoln (Arkansas). La medida que salga del Senado tendrá que ser armonizada con la versión de la Cámara antes de que un proyecto final pueda ser votado nuevamente por ambas cámaras del Congreso. Será entonces cuando el presidente tenga una ley que firmar sobre su mesa de trabajo.
El debate promete ser largo y áspero pero tan histórico como la meta que se persigue, reformar el sistema sanitario de EE UU. Tras semanas de discusiones a puerta cerrada, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ya tiene el proyecto de ley que llevará a votación y que será la última etapa de una de las prioridades en la agenda del presidente Barack Obama, quien calificó este último paso como "un hito".
Reid anunció a última hora del miércoles que el proyecto de ley prevé extender la cobertura médica a unos 30 millones de estadounidenses y lograr una reducción del déficit en los próximos diez años. El coste de este plan se estima en casi 850.000 millones de dólares (unos 568.000 millones de euros) y ha pasado el escrutinio de la independiente Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, siglas en inglés).
"Ha comenzado el último tramo de este largo camino", dijo Reid en rueda de prensa, satisfecho y sonriente. La medida combina otras dos iniciativas anteriormente aprobadas por los comités senatoriales de Salud y Finanzas, y tiene el prometedor nombre de Protección de los pacientes y un cuidado asequible. La Cámara de Representantes aprobó su propia disposición hace casi dos semanas con un ajustado resultado para los demócratas, 220 votos a favor y 215 en contra.
Se prevé que este fin de semana se efectúe el trámite de votación que supondrá el comienzo del debate del proyecto de ley, un debate que puede durar semanas, si no más, y que escenificará las maniobras de los demócratas por influir en el proyecto de Reid y sus aliados y las embestidas de los republicanos para torpedear la reforma y asestar un duro golpe al presidente en su primer año en la Casa Blanca.
La iniciativa del Senado obliga, por primera vez, a prácticamente todos los estadounidense a comprar un seguro médico, y establece fondos valorados en cientos de miles de millones de dólares para subsidiar y ayudar a aquellos con bajos ingresos que no se pueden permitir cobertura sanitaria. Con fecha de inicio en 2014, la ley incluye la llamada "opción pública", aquella con la que el Gobierno puede competir con las aseguradoras privadas pero que también permitirá que los gobiernos estatales se abstengan de participar en el programa.
Reid no tiene garantizados los 60 votos necesarios que impidan las tácticas dilatorias de la oposición para aprobar el proyecto de ley en el Senado -conocidas como filibusterismo-. El Partido Demócrata cuenta con 58 senadores y existen dos independientes que generalmente votan con ese partido (el total de senadores es de 100). Tres son los senadores demócratas rebeldes que no acaban de definirse y que deben hacerlo para que el debate pueda comenzar. Se trata de Mary Landrieu (Luisiana), Ben Nelson (Nebraska) y Blanche Lincoln (Arkansas). La medida que salga del Senado tendrá que ser armonizada con la versión de la Cámara antes de que un proyecto final pueda ser votado nuevamente por ambas cámaras del Congreso. Será entonces cuando el presidente tenga una ley que firmar sobre su mesa de trabajo.
Hallado muerto un transexual relacionado con el gobernador del Lazio.
Noticia:
La policía italiana ha encontrado esta madrugada en un apartamento de Roma el cuerpo sin vida de Brenda, uno de los transexuales brasileños que un mes atrás se situaron en el centro de un escándalo sexual relacionado con el entonces presidente de la región de Lazio, Piero Marrazzo. Éste decidió presentar su dimisión después de que se diera a conocer la existencia de un vídeo en el que aparecía en compañía de un transexual. Marrazzo admitió poco después que en dichas citas también había comprado cocaína.
El cadáver de Brenda apareció carbonizado a causa del incendio que tuvo lugar esta madrugada en su apartamento. Por el momento, los investigadores no excluyen ninguna posibilidad, por lo que han abierto una investigación por homicidio culposo.
Sin embargo, algunos amigos del transexual afirmaron que éste estaba muy deprimido e incluso había mencionado su deseo de quitarse la vida, motivo por el que también se contempla la posibilidad del suicidio. Por último, los investigadores tampoco descartan que haya podido tratarse de un accidente.
"La han matado, no sé quién. Estaba mal psicológicamente, quería volver a Brasil. Ahora tienen que encontrar a quien ha hecho todo esto", ha declarado a los medios locales Bárbara, uno de los amigos transexuales de Brenda. Dentro de la habitación, junto al cuerpo de la víctima, los agentes han encontrado una botella de whisky y dos maletas ya hechas, lo que señalaría que el transexual estaba preparándolo todo para irse de Italia.
Hace justo un mes, algunos medios de comunicación divulgaron la noticia sobre la existencia de un vídeo en el que el presidente de la región del Lazio aparecía en compañía de un transexual llamado Natalie, lo que le condujo a la dimisión. Según las autoridades judiciales, a principios de julio, Marrazzo convino con Natalie el pago de 5.000 euros a cambio de prestaciones sexuales. Cuando se hallaban dentro de la habitación, irrumpieron dos policías que, según los investigadores, chantajearon al ex gobernador exigiéndole el pago de elevadas sumas de dinero a cambio de su silencio.
Los investigadores también siguieron el rastro del transexual Brenda, que hace pocas semanas había sido citado a declarar. No se descarta la existencia de otro vídeo en el que Marrazzo aparezca con Brenda. Tras conocerse el caso, los cuatro policías implicados fueron detenidos e interrogados, mientras que Marrazzo decidió dimitir a causa de "debilidades" relacionadas con su vida privada, según explicó.
La policía italiana ha encontrado esta madrugada en un apartamento de Roma el cuerpo sin vida de Brenda, uno de los transexuales brasileños que un mes atrás se situaron en el centro de un escándalo sexual relacionado con el entonces presidente de la región de Lazio, Piero Marrazzo. Éste decidió presentar su dimisión después de que se diera a conocer la existencia de un vídeo en el que aparecía en compañía de un transexual. Marrazzo admitió poco después que en dichas citas también había comprado cocaína.
El cadáver de Brenda apareció carbonizado a causa del incendio que tuvo lugar esta madrugada en su apartamento. Por el momento, los investigadores no excluyen ninguna posibilidad, por lo que han abierto una investigación por homicidio culposo.
Sin embargo, algunos amigos del transexual afirmaron que éste estaba muy deprimido e incluso había mencionado su deseo de quitarse la vida, motivo por el que también se contempla la posibilidad del suicidio. Por último, los investigadores tampoco descartan que haya podido tratarse de un accidente.
"La han matado, no sé quién. Estaba mal psicológicamente, quería volver a Brasil. Ahora tienen que encontrar a quien ha hecho todo esto", ha declarado a los medios locales Bárbara, uno de los amigos transexuales de Brenda. Dentro de la habitación, junto al cuerpo de la víctima, los agentes han encontrado una botella de whisky y dos maletas ya hechas, lo que señalaría que el transexual estaba preparándolo todo para irse de Italia.
Hace justo un mes, algunos medios de comunicación divulgaron la noticia sobre la existencia de un vídeo en el que el presidente de la región del Lazio aparecía en compañía de un transexual llamado Natalie, lo que le condujo a la dimisión. Según las autoridades judiciales, a principios de julio, Marrazzo convino con Natalie el pago de 5.000 euros a cambio de prestaciones sexuales. Cuando se hallaban dentro de la habitación, irrumpieron dos policías que, según los investigadores, chantajearon al ex gobernador exigiéndole el pago de elevadas sumas de dinero a cambio de su silencio.
Los investigadores también siguieron el rastro del transexual Brenda, que hace pocas semanas había sido citado a declarar. No se descarta la existencia de otro vídeo en el que Marrazzo aparezca con Brenda. Tras conocerse el caso, los cuatro policías implicados fueron detenidos e interrogados, mientras que Marrazzo decidió dimitir a causa de "debilidades" relacionadas con su vida privada, según explicó.
Perú entrega a Chile las supuestas pruebas del caso de espionaje.
Noticia:
El Gobierno peruano entregó el miércoles por la tarde a los representantes de la Embajada chilena en Lima un expediente con las pruebas de las acusaciones de espionaje que han sumido a ambos países en un clima de tensión. El documento, de unos 400 folios, fue proporcionado por la fiscalía peruana y, según las autoridades de este país, contiene las declaraciones del técnico de la Fuerza Aérea de Perú Víctor Ariza Mendoza, capturado el 30 de octubre y acusado de espionaje. Además, acompañaron al documento otras pruebas, como los comprobantes de transferencias de dinero por un total de 178.000 dólares, que supuestamente demuestran que el agente, especialista en inteligencia, pudo haber espiado para Chile hace cinco años y filtrado a los servicios secretos de dicho país documentos tan importantes como los planes de adquisición y renovación de armamento de la Fuerza Aérea y los nombres y códigos de agentes de inteligencia peruanos. Junto con el expediente, Perú entregó una nota de protesta. Andrés Barbé, encargado de negocios de Chile, fue quien recibió la documentación en la Cancillería peruana.
El canciller peruano, José Antonio García Belaunde, ha insistido varias veces en que Lima no desea romper relaciones con Santiago, pero sí espera que el Gobierno chileno investigue las acusaciones. Lo que sí se terminó definitivamente, según el propio canciller, es la política de "cuerdas separadas", una suerte de arreglo a través del cual el Gobierno peruano pretendía llevar la demanda de delimitación marítima en el tribunal de La Haya aparte del resto de relaciones diplomáticas y comerciales.
El Gobierno chileno sigue negando las acusaciones de espionaje. En la misma denuncia judicial formulada contra Ariza Mendoza se incluye a otro suboficial peruano, aún prófugo, y a dos ciudadanos chilenos, identificados como Víctor Vergara Rojas y Daniel Márquez Torralba, que Perú asegura son los enlaces de Ariza con los servicios secretos chilenos. Santiago ha negado que alguno de ellos pertenezca a sus Fuerzas Armadas e insiste en negar enfáticamente las acusaciones de espionaje.
La tensión se ha venido incrementando con el paso de los días, después de que el presidente Alan García regresara a Perú de una gira por Asia, el lunes por la mañana, y pronunciara fuertes declaraciones condenando el supuesto espionaje chileno. El mandatario peruano calificó este tipo de acciones como "propias de una republiqueta". La presidenta chilena, Michelle Bachelet, rechazó estas frases, que consideró "ofensivas y altisonantes". "¿Cómo se le ocurre que nos vamos a sentir identificados?", comentó el canciller chileno, Mariano Fernández, en alusión al término republiqueta. "Ésta es una gran república, con una democracia ejemplar", añadió.
"El presidente ha tenido expresiones firmes en defensa de una soberanía vulnerada y ha exigido lo mínimo que se exige en estos casos: una investigación", enfatizó el canciller García Belaunde. Entre tanto, la prensa peruana sigue revelando detalles sobre la red de espionaje en la que el técnico Ariza Mendoza era, al parecer, una pieza clave. Al menos 10 militares más están siendo investigados para descartar posibles contactos con la inteligencia chilena, según revelaron fuentes castrenses al diario El Comercio. Diversos sectores políticos critican la posición del Gobierno y le piden que replantee sus relaciones diplomáticas con Chile. Asimismo, el Congreso peruano ha aprobado por unanimidad una moción de protesta.
El Gobierno peruano entregó el miércoles por la tarde a los representantes de la Embajada chilena en Lima un expediente con las pruebas de las acusaciones de espionaje que han sumido a ambos países en un clima de tensión. El documento, de unos 400 folios, fue proporcionado por la fiscalía peruana y, según las autoridades de este país, contiene las declaraciones del técnico de la Fuerza Aérea de Perú Víctor Ariza Mendoza, capturado el 30 de octubre y acusado de espionaje. Además, acompañaron al documento otras pruebas, como los comprobantes de transferencias de dinero por un total de 178.000 dólares, que supuestamente demuestran que el agente, especialista en inteligencia, pudo haber espiado para Chile hace cinco años y filtrado a los servicios secretos de dicho país documentos tan importantes como los planes de adquisición y renovación de armamento de la Fuerza Aérea y los nombres y códigos de agentes de inteligencia peruanos. Junto con el expediente, Perú entregó una nota de protesta. Andrés Barbé, encargado de negocios de Chile, fue quien recibió la documentación en la Cancillería peruana.
El canciller peruano, José Antonio García Belaunde, ha insistido varias veces en que Lima no desea romper relaciones con Santiago, pero sí espera que el Gobierno chileno investigue las acusaciones. Lo que sí se terminó definitivamente, según el propio canciller, es la política de "cuerdas separadas", una suerte de arreglo a través del cual el Gobierno peruano pretendía llevar la demanda de delimitación marítima en el tribunal de La Haya aparte del resto de relaciones diplomáticas y comerciales.
El Gobierno chileno sigue negando las acusaciones de espionaje. En la misma denuncia judicial formulada contra Ariza Mendoza se incluye a otro suboficial peruano, aún prófugo, y a dos ciudadanos chilenos, identificados como Víctor Vergara Rojas y Daniel Márquez Torralba, que Perú asegura son los enlaces de Ariza con los servicios secretos chilenos. Santiago ha negado que alguno de ellos pertenezca a sus Fuerzas Armadas e insiste en negar enfáticamente las acusaciones de espionaje.
La tensión se ha venido incrementando con el paso de los días, después de que el presidente Alan García regresara a Perú de una gira por Asia, el lunes por la mañana, y pronunciara fuertes declaraciones condenando el supuesto espionaje chileno. El mandatario peruano calificó este tipo de acciones como "propias de una republiqueta". La presidenta chilena, Michelle Bachelet, rechazó estas frases, que consideró "ofensivas y altisonantes". "¿Cómo se le ocurre que nos vamos a sentir identificados?", comentó el canciller chileno, Mariano Fernández, en alusión al término republiqueta. "Ésta es una gran república, con una democracia ejemplar", añadió.
"El presidente ha tenido expresiones firmes en defensa de una soberanía vulnerada y ha exigido lo mínimo que se exige en estos casos: una investigación", enfatizó el canciller García Belaunde. Entre tanto, la prensa peruana sigue revelando detalles sobre la red de espionaje en la que el técnico Ariza Mendoza era, al parecer, una pieza clave. Al menos 10 militares más están siendo investigados para descartar posibles contactos con la inteligencia chilena, según revelaron fuentes castrenses al diario El Comercio. Diversos sectores políticos critican la posición del Gobierno y le piden que replantee sus relaciones diplomáticas con Chile. Asimismo, el Congreso peruano ha aprobado por unanimidad una moción de protesta.
El Gobierno venezolano interviene cuatro bancos privados por "irregularidades".
Noticia:
Las autoridades venezolanas han intervenido por "irregularidades recurrentes" en varias operaciones a cuatro bancos privados, cuyas oficinas siguen abiertas con total normalidad, según ha informado este viernes el ministro de Finanzas, Alí Rodríguez. "La Superintendencia de Bancos, junto con el Banco Central de Venezuela, ha dictado cuatro resoluciones decretando la intervención a puertas abiertas de estos cuatro bancos. Eso quiere decir que las operaciones se mantienen normalmente", ha explicado Rodríguez. En un comunicado difundido por los medios venezolanos, las cuatro entidades se han apresurado a asegurar que su actividad continúa con normalidad.
"Los usuarios continuarán con sus operaciones como siempre porque las medidas tomadas garantizan la salud del sistema financiero venezolano", ha añadido el titular de Finanzas. Rodríguez ha señalado que las entidades intervenidas son el Banco Canarias, el Banco Bolívar, el Banco Pro Vivienda y el Banco Confederado, todas parte de un mismo grupo financiero, dirigino por el empresario venezolano Ricardo Fernández, según informan medios locales.
El ministro no ha precisado ha precisado qué porcentaje del mercado bancario poseen estas cuatro instituciones, pero medios locales calcularon que entre todas no llegan al 10%. Entre los incumplimientos que motivaron la intervención Rodríguez ha destacado el "aumento de capital sin especificar el origen de los fondos, no cumplir con las carteras dirigidas que garantizan créditos a determinados sectores, repartir dividendos sin autorización y realizar operaciones prohibidas con empresas vinculadas".
En este sentido, el superintendente de bancos, Edgar Hernández, ha explicado que el Banco Pro Vivienda compró el Canarias y que éste a su vez compró el Confederado, algo prohibido por la ley porque todos forman parte de un mismo grupo financiero. Hernández ha recordado que sobre estas instituciones pesaban "medidas administrativas desde de 2008" que no han sido tomadas en cuenta por las entidades. "Se mantuvieron las debilidades y los incumplimientos reiterativos, por lo que la Superintendencia de Bancos, con el visto bueno del BCV y del Consejo Bancario, realizó la intervención". Las autoridades no esperan más intervenciones, según publican varios medios venezolanos.
"Esperamos tener en el menor tiempo posible una información más detallada de la situación de estos bancos para establecer un plan de recuperación y superar los incumplimientos", ha añadido el superintendente. A su vez, Víctor Gil, presidente del Consejo Bancario Nacional, que representa a todas las instituciones financieras venezolanas, ha destacado que "la situación del sistema financiero nacional es absolutamente normal". "Las intervenciones bancarias están previstas en la ley y tienen carácter preventivo porque permiten proteger y garantizar los depósitos de los ahorristas", ha señalado.
Esta intervención no parece, por tanto, similar a la entrega de la filial del Banco Santander al Gobierno o la expropiación del hotel Hilton en Isla Margarita o la nacionalización de la industria metalúrgica.
Las autoridades venezolanas han intervenido por "irregularidades recurrentes" en varias operaciones a cuatro bancos privados, cuyas oficinas siguen abiertas con total normalidad, según ha informado este viernes el ministro de Finanzas, Alí Rodríguez. "La Superintendencia de Bancos, junto con el Banco Central de Venezuela, ha dictado cuatro resoluciones decretando la intervención a puertas abiertas de estos cuatro bancos. Eso quiere decir que las operaciones se mantienen normalmente", ha explicado Rodríguez. En un comunicado difundido por los medios venezolanos, las cuatro entidades se han apresurado a asegurar que su actividad continúa con normalidad.
"Los usuarios continuarán con sus operaciones como siempre porque las medidas tomadas garantizan la salud del sistema financiero venezolano", ha añadido el titular de Finanzas. Rodríguez ha señalado que las entidades intervenidas son el Banco Canarias, el Banco Bolívar, el Banco Pro Vivienda y el Banco Confederado, todas parte de un mismo grupo financiero, dirigino por el empresario venezolano Ricardo Fernández, según informan medios locales.
El ministro no ha precisado ha precisado qué porcentaje del mercado bancario poseen estas cuatro instituciones, pero medios locales calcularon que entre todas no llegan al 10%. Entre los incumplimientos que motivaron la intervención Rodríguez ha destacado el "aumento de capital sin especificar el origen de los fondos, no cumplir con las carteras dirigidas que garantizan créditos a determinados sectores, repartir dividendos sin autorización y realizar operaciones prohibidas con empresas vinculadas".
En este sentido, el superintendente de bancos, Edgar Hernández, ha explicado que el Banco Pro Vivienda compró el Canarias y que éste a su vez compró el Confederado, algo prohibido por la ley porque todos forman parte de un mismo grupo financiero. Hernández ha recordado que sobre estas instituciones pesaban "medidas administrativas desde de 2008" que no han sido tomadas en cuenta por las entidades. "Se mantuvieron las debilidades y los incumplimientos reiterativos, por lo que la Superintendencia de Bancos, con el visto bueno del BCV y del Consejo Bancario, realizó la intervención". Las autoridades no esperan más intervenciones, según publican varios medios venezolanos.
"Esperamos tener en el menor tiempo posible una información más detallada de la situación de estos bancos para establecer un plan de recuperación y superar los incumplimientos", ha añadido el superintendente. A su vez, Víctor Gil, presidente del Consejo Bancario Nacional, que representa a todas las instituciones financieras venezolanas, ha destacado que "la situación del sistema financiero nacional es absolutamente normal". "Las intervenciones bancarias están previstas en la ley y tienen carácter preventivo porque permiten proteger y garantizar los depósitos de los ahorristas", ha señalado.
Esta intervención no parece, por tanto, similar a la entrega de la filial del Banco Santander al Gobierno o la expropiación del hotel Hilton en Isla Margarita o la nacionalización de la industria metalúrgica.
La justicia de Brasil aprueba la extradición del terrorista Battisti.
Noticia:
El ex terrorista italiano Cesare Battisti recibió ayer la peor de las noticias en su celda de la cárcel de Pampuda, en Brasilia: el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil aprobó, por cinco votos contra cuatro, su extradición a Italia para que cumpla la condena a cadena perpetua por el asesinato de cuatro personas. El voto del presidente de la Corte, Gilmar Mendes, fue decisivo para que se aprobara una polémica extradición que desde hace meses enfrenta a la justicia brasileña y a Italia con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que a principios de año concedió a Battisti el estatus de refugiado político. La decisión provocó entonces una durísima reacción del Ejecutivo de Roma y de las familias de las víctimas.
Según explicó ayer Mendes a la hora de emitir su voto, "ciertos crímenes, independientemente de su finalidad política, no constituyen crímenes políticos. De lo contrario, podríamos encontrarnos con casos de estupro, pedofilia, genocidio o tortura, entre otros, tratados como crímenes meramente políticos". Sobre Battisti, que militó en la década de los setenta en el grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC), ligado a las Brigadas Rojas, recaen en Italia los asesinatos de Antonio Santoro, Lino Sabbadin, Andrea Campagna y Pierluigi Torregiani.
El tribunal reconoció que Lula puede revocar la decisión del STF y oponerse a la extradición. Aunque, el líder brasileño adelantó a principios de esta semana que "si la decisión de la Corte Suprema es determinante, no se discutirá, se cumplirá". No obstante, Lula sí tiene la posibilidad de retrasar al máximo el regreso de Battisti a Italia, ya que éste también responde ante la justicia brasileña por los delitos de falsificación y uso de pasaporte falso, que se remontan a su detención en Río de Janeiro en marzo de 2007. Podría darse el caso de que el Gobierno brasileño mantenga al ex terrorista en Brasil hasta que estos procesos queden zanjados.
Battisti se fugó de una cárcel italiana en 1981 y desde 1990 hasta 2004 residió en Francia bajo el estatus de refugiado político concedido por el entonces presidente François Mitterrand. Sin hacer acto de presencia, fue juzgado en Italia en 1993 y condenado a cadena perpetua por el asesinato de cuatro personas. Presionado por el Gobierno italiano, en 2004 el presidente Jacques Chirac le retiró la condición de refugiado político y Battisti decidió abandonar el país galo. Fue entonces cuando desembarcó en Brasil con pasaporte falso. A petición de Italia, la Interpol inició su búsqueda en el país suramericano hasta que dio con su paradero, en marzo de 2007, en Río de Janeiro. Desde entonces se encuentra recluido en el presidio de Pampuda.
En una decisión que sumergió a Brasil en una crisis diplomática con Italia, el ministro de Justicia brasileño, Tarso Genro, concedió el refugio político a Battisti en enero de este año. La decisión contradecía la decisión del Comité Nacional para los Refugiados (Conare), que depende del propio Ministerio de Justicia y que se había pronunciado previamente a favor de la extradición del italiano. Desde entonces, la presión diplomática de Roma ha sido de tal nivel que el propio Lula ha tenido que reconsiderar el caso Battisti.
El ex terrorista, que desde su fuga de Italia ha vivido en México, Francia y Brasil, llevaba ayer seis días en huelga de hambre para presionar a la justicia brasileña contra su extradición. Un grupo de 12 parlamentarios brasileños que se oponen a la extradición de Battisti y que en los últimos días han tenido contactos con él han asegurado que está "delgado, pálido y debilitado". "Nos ha dicho que no quiere morir a manos de su verdugo [el Gobierno italiano] y que por ello prefiere abandonar la vida por decisión propia", relató el diputado Chico Alencar.
El ex terrorista italiano Cesare Battisti recibió ayer la peor de las noticias en su celda de la cárcel de Pampuda, en Brasilia: el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil aprobó, por cinco votos contra cuatro, su extradición a Italia para que cumpla la condena a cadena perpetua por el asesinato de cuatro personas. El voto del presidente de la Corte, Gilmar Mendes, fue decisivo para que se aprobara una polémica extradición que desde hace meses enfrenta a la justicia brasileña y a Italia con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que a principios de año concedió a Battisti el estatus de refugiado político. La decisión provocó entonces una durísima reacción del Ejecutivo de Roma y de las familias de las víctimas.
Según explicó ayer Mendes a la hora de emitir su voto, "ciertos crímenes, independientemente de su finalidad política, no constituyen crímenes políticos. De lo contrario, podríamos encontrarnos con casos de estupro, pedofilia, genocidio o tortura, entre otros, tratados como crímenes meramente políticos". Sobre Battisti, que militó en la década de los setenta en el grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC), ligado a las Brigadas Rojas, recaen en Italia los asesinatos de Antonio Santoro, Lino Sabbadin, Andrea Campagna y Pierluigi Torregiani.
El tribunal reconoció que Lula puede revocar la decisión del STF y oponerse a la extradición. Aunque, el líder brasileño adelantó a principios de esta semana que "si la decisión de la Corte Suprema es determinante, no se discutirá, se cumplirá". No obstante, Lula sí tiene la posibilidad de retrasar al máximo el regreso de Battisti a Italia, ya que éste también responde ante la justicia brasileña por los delitos de falsificación y uso de pasaporte falso, que se remontan a su detención en Río de Janeiro en marzo de 2007. Podría darse el caso de que el Gobierno brasileño mantenga al ex terrorista en Brasil hasta que estos procesos queden zanjados.
Battisti se fugó de una cárcel italiana en 1981 y desde 1990 hasta 2004 residió en Francia bajo el estatus de refugiado político concedido por el entonces presidente François Mitterrand. Sin hacer acto de presencia, fue juzgado en Italia en 1993 y condenado a cadena perpetua por el asesinato de cuatro personas. Presionado por el Gobierno italiano, en 2004 el presidente Jacques Chirac le retiró la condición de refugiado político y Battisti decidió abandonar el país galo. Fue entonces cuando desembarcó en Brasil con pasaporte falso. A petición de Italia, la Interpol inició su búsqueda en el país suramericano hasta que dio con su paradero, en marzo de 2007, en Río de Janeiro. Desde entonces se encuentra recluido en el presidio de Pampuda.
En una decisión que sumergió a Brasil en una crisis diplomática con Italia, el ministro de Justicia brasileño, Tarso Genro, concedió el refugio político a Battisti en enero de este año. La decisión contradecía la decisión del Comité Nacional para los Refugiados (Conare), que depende del propio Ministerio de Justicia y que se había pronunciado previamente a favor de la extradición del italiano. Desde entonces, la presión diplomática de Roma ha sido de tal nivel que el propio Lula ha tenido que reconsiderar el caso Battisti.
El ex terrorista, que desde su fuga de Italia ha vivido en México, Francia y Brasil, llevaba ayer seis días en huelga de hambre para presionar a la justicia brasileña contra su extradición. Un grupo de 12 parlamentarios brasileños que se oponen a la extradición de Battisti y que en los últimos días han tenido contactos con él han asegurado que está "delgado, pálido y debilitado". "Nos ha dicho que no quiere morir a manos de su verdugo [el Gobierno italiano] y que por ello prefiere abandonar la vida por decisión propia", relató el diputado Chico Alencar.
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