Noticia:
La Cámara de Diputados aprobó ayer cambios en la forma en que se entrega el financiamiento para el Seguro Popular. A partir de 2010 los recursos se entregarán por cada persona afiliada y no por familia, como se realiza actualmente.
La modificación tiene como finalidad evitar la desigualdad en la distribución de los recursos.
El presidente de la Comisión de Salud en San Lázaro, Julián Velázquez y Llorente, del PAN, explicó que el sistema de administración del Seguro Popular de Salud estima 4.3 miembros por familia, cuando en realidad son sólo dos o tres.
El esquema actual ocasiona que se asignen recursos a estados donde la mayoría de las familias están integradas por 2.43 miembros en promedio, mientras en otras entidades se da el mismo presupuesto para atender a familias con un promedio de 4.36 integrantes.
El gobierno federal entregará anualmente por cada persona una cuota equivalente a 3.92 por ciento del salario mínimo vigente para el Distrito Federal. Actualmente el seguro popular tiene afiliadas a 2 millones 200 mil familias, que representan 10 millones de personas.
Velázquez dijo que la reforma aprobada por 355 votos, 13 en contra y 4 abstenciones permitirá ampliar el número de beneficiarios, “lo que hará realidad el acceso universal de la población a la protección social”.
En septiembre el jefe del Ejecutivo envió a los diputados una iniciativa de ley con el fin de evitar la desigualdad en la distribución de recursos y de fortalecer el principio de equidad del Seguro Popular, lo que implicó reformas al artículo 77 de la Ley General de Salud.
viernes, 27 de noviembre de 2009
De la Fuente: ley antiaborto socava al Estado laico.
Noticia:
El ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente afirmó ayer que la aprobación de leyes antiaborto en 17 estados representa un “serio embate” al Estado laico.
Advirtió que cuando el laicismo es vulnerado, los estados se acercan más al autoritarismo y al fundamentalismo, en detrimento de la diversidad, de la pluralidad y del respeto.
Al recibir la medalla “Benito Juárez García” 2009, que otorga el partido Convergencia, dijo que un Estado de derecho no puede imponer a todos las creencias de unos.
En su discurso, mencionó que un Estado democrático debe garantizar los derechos de todos, incluyendo las minorías, porque imponer políticas públicas a partir de creencias personales genera polaridades, revive confrontaciones superadas y “caldea los ánimos”.
“En una sociedad plural como la mexicana es conveniente que la Iglesia se mantenga separada del Estado”, planteó.
De la Fuente consideró que las leyes antiaborto aprobadas en 17 entidades del país son “reformas apresuradas”. Comentó que el Estado laico no puede asumir una interpretación única del mundo, “como lo ha dicho [el politólogo] Jesús Silva-Herzog Márquez: parto o cárcel para las mujeres”.
Llamó a la sociedad a tener un papel más activo en la política y en la toma de decisiones. “Hay que dejar atrás el ‘yo no me meto en la política’, porque eso es ceder la capacidad de decidir sobre lo que va a afectarnos”.
El ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente afirmó ayer que la aprobación de leyes antiaborto en 17 estados representa un “serio embate” al Estado laico.
Advirtió que cuando el laicismo es vulnerado, los estados se acercan más al autoritarismo y al fundamentalismo, en detrimento de la diversidad, de la pluralidad y del respeto.
Al recibir la medalla “Benito Juárez García” 2009, que otorga el partido Convergencia, dijo que un Estado de derecho no puede imponer a todos las creencias de unos.
En su discurso, mencionó que un Estado democrático debe garantizar los derechos de todos, incluyendo las minorías, porque imponer políticas públicas a partir de creencias personales genera polaridades, revive confrontaciones superadas y “caldea los ánimos”.
“En una sociedad plural como la mexicana es conveniente que la Iglesia se mantenga separada del Estado”, planteó.
De la Fuente consideró que las leyes antiaborto aprobadas en 17 entidades del país son “reformas apresuradas”. Comentó que el Estado laico no puede asumir una interpretación única del mundo, “como lo ha dicho [el politólogo] Jesús Silva-Herzog Márquez: parto o cárcel para las mujeres”.
Llamó a la sociedad a tener un papel más activo en la política y en la toma de decisiones. “Hay que dejar atrás el ‘yo no me meto en la política’, porque eso es ceder la capacidad de decidir sobre lo que va a afectarnos”.
IPI exige aclarar deceso del reportero Galindo.
Noticia:
El Instituto Internacional de la Prensa (IPI) instó a las autoridades mexicanas a esclarecer “con urgencia” el presunto asesinato del reportero José Galindo Robles. “En ningún otro país los periodistas están más perseguidos y asesinados por efectuar su trabajo que en México”, dijo el director del IPI, David Dadge, en un comunicado difundido en Viena.
“Por lo tanto, instamos a las autoridades a esclarecer con urgencia las circunstancias en torno a esta muerte”.
La nota del instituto, una red global de editores jefes y propietarios de medios de comunicación, recuerda que el cuerpo de Galindo Robles fue hallado en su vivienda del municipio de Ciudad Guzmán, Jalisco, por sus colegas que estaban preocupados por su desaparición.
“Una fractura de cráneo fue la causa de la muerte en un presunto homicidio” , añade el IPI, y destaca que Galindo Robles era director de la Radio Universidad de Guadalajara y se había especializado en investigar y cubrir asuntos medioambientales.
Los señalamientos del IPI sobre el homicidio del periodista se suman a las declaraciones de la Comisión de los Derechos Humanos de Jalisco, en el sentido de que se abrirá un expediente para dar seguimiento al proceso de la investigación que realizan las autoridades estatales.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió el acta 25/2009 para revisar la correcta integración de la investigación del asesinato del periodista.
“La Comisión no tiene facultades para investigar, pero sí para supervisar que la averiguación sea integrada dentro de los términos que establece el Código Penal”, afirmó el director de Quejas de la CEDHJ, Luis Arturo Jiménez Jiménez.
El seguimiento y vigilancia a dichas indagatorias estará a cargo del tercer visitador, Alfonso Hernández.
“La Comisión no puede prejuzgar las causas del asesinato del periodistas, pero sí puede observar que las averiguaciones se hagan de manera correcta y sobre todo que el caso no vaya a ser archivado”, dijo Jiménez.
Ya se pidieron copias de la averiguación a la Procuraduría para darle seguimiento y se solicitará que se investigue y se castigue a los responsables.
El procurador de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, confirmó que la muerte del reportero Pepe Galindo, fue por contusión de cráneo, según los resultados de la autopsia. “La investigación sobre Pepe Galindo apenas comienza.
“Estamos en la etapa de investigación, buscando líneas que nos permitan dar con los probables responsables de este evento”. (EFE)
El Instituto Internacional de la Prensa (IPI) instó a las autoridades mexicanas a esclarecer “con urgencia” el presunto asesinato del reportero José Galindo Robles. “En ningún otro país los periodistas están más perseguidos y asesinados por efectuar su trabajo que en México”, dijo el director del IPI, David Dadge, en un comunicado difundido en Viena.
“Por lo tanto, instamos a las autoridades a esclarecer con urgencia las circunstancias en torno a esta muerte”.
La nota del instituto, una red global de editores jefes y propietarios de medios de comunicación, recuerda que el cuerpo de Galindo Robles fue hallado en su vivienda del municipio de Ciudad Guzmán, Jalisco, por sus colegas que estaban preocupados por su desaparición.
“Una fractura de cráneo fue la causa de la muerte en un presunto homicidio” , añade el IPI, y destaca que Galindo Robles era director de la Radio Universidad de Guadalajara y se había especializado en investigar y cubrir asuntos medioambientales.
Los señalamientos del IPI sobre el homicidio del periodista se suman a las declaraciones de la Comisión de los Derechos Humanos de Jalisco, en el sentido de que se abrirá un expediente para dar seguimiento al proceso de la investigación que realizan las autoridades estatales.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió el acta 25/2009 para revisar la correcta integración de la investigación del asesinato del periodista.
“La Comisión no tiene facultades para investigar, pero sí para supervisar que la averiguación sea integrada dentro de los términos que establece el Código Penal”, afirmó el director de Quejas de la CEDHJ, Luis Arturo Jiménez Jiménez.
El seguimiento y vigilancia a dichas indagatorias estará a cargo del tercer visitador, Alfonso Hernández.
“La Comisión no puede prejuzgar las causas del asesinato del periodistas, pero sí puede observar que las averiguaciones se hagan de manera correcta y sobre todo que el caso no vaya a ser archivado”, dijo Jiménez.
Ya se pidieron copias de la averiguación a la Procuraduría para darle seguimiento y se solicitará que se investigue y se castigue a los responsables.
El procurador de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, confirmó que la muerte del reportero Pepe Galindo, fue por contusión de cráneo, según los resultados de la autopsia. “La investigación sobre Pepe Galindo apenas comienza.
“Estamos en la etapa de investigación, buscando líneas que nos permitan dar con los probables responsables de este evento”. (EFE)
Ejecutivo niega fusión de Fuerzas Armadas.
Noticia:
La Presidencia de la República negó que exista un proyecto para fusionar las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y tampoco una iniciativa para que las instituciones armadas sean dirigidas por un civil.
La posición fue emitida luego de que senadores revelaran que el propio secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, se refirió a un plan para unir las dependencias.
Horas antes de conocer la postura de Los Pinos, la idea fue considerada viable por legisladores de distintos partidos políticos, entre ellos PRI, PAN y PRD.
El coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Gustavo Enrique Madero, se dijo en favor de fusionar las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
Declaró que una reforma así tendría que ser presentada por el Ejecutivo federal en el Congreso, ya que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
EL UNIVERSAL publicó ayer el proyecto que dio a conocer al Senado de la República el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, en el sentido de fusionar ambas dependencias con el propósito de mejorar el combate al crimen organizado y hacer más eficiente el aspecto administrativo.
Sin embargo, el vocero de la Presidencia de la República, Maximiliano Cortázar, negó anoche que exista alguna iniciativa o plan en esa directriz, según el noticiario de Joaquín López Dóriga.
El senador de Chihuahua, el panista Gustavo Madero, dijo estar en favor de todos los rediseños que optimicen el funcionamiento, aumenten la sinergia y reduzcan los costos.
“Creo que la fusión de ambas eventualmente puede estar en esta sintonía.”
El secretario de la Comisión de Justicia del Senado, Tomás Torres Mercado (PRD), adelantó que su bancada está de acuerdo en llevar a cabo esa fusión.
El Presidente “lleva mano”
Coincidió con Madero en que al tratarse de un tema de seguridad nacional y de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo “lleva mano” para emitir alguna propuesta.
Si el planteamiento fue vertido por el secretario de la Defensa Nacional, dijo, “nos parece pertinente y respaldaríamos una propuesta de esa naturaleza”.
Añadió que la incorporación de ambas dependencias permitirá un trabajo más coordinado y con mejores resultados.
El presidente de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Ardelio Vargas (PRI), consideró positiva y viable la propuesta, con el fin de tener mayor control y coordinación en contra del narcotráfico..
Dijo que no han recibido la propuesta de la Sedena, pero que en las próximas semanas buscará un encuentro con él para tratar el tema, así como el análisis de la situación en el país que orilló al Ejército a salir a las calles.
Explicó que la fusión de las dependencias tendría muchas bondades, y proporcionaría mayor eficacía operativa.
Estado Mayor conjunto
Vargas refirió que en los grandes países existe un Estado Mayor conjunto, donde las Fuerzas Armadas y la Armada están unidos en un solo bloque y son coordinados por una instancia, que puede ser el titular de la Sedena, por su rango militar.
“Pensar en una situación como ésta tiene lógica, pensando en que México vive en un contexto global y tenemos que pensar en adecuarnos a las nuevas condiciones y las que se dan en otras partes del mundo”, dijo.
El senador del PAN e integrante de las Comisiones de Defensa y de Marina, José Julián Sacramento, aclaró que la propuesta de fusionar ambas dependencias deberá venir del Ejecutivo federal y ser objeto de estudio no sólo del Congreso federal, sino de los Congresos locales, que podrán emitir una opinión al respecto, sobre todo cuando efectivos de ambas dependencias han realizado operaciones de seguridad y salvaguarda en las entidades.
Explicó que la integración de las dos secretarías obligaría a la creación de un Estado Mayor Conjunto que coordine las operaciones de los dos grupos y se tendría que trabajar en un nuevo marco político en materia de soberanía y defensa.
La Presidencia de la República negó que exista un proyecto para fusionar las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y tampoco una iniciativa para que las instituciones armadas sean dirigidas por un civil.
La posición fue emitida luego de que senadores revelaran que el propio secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, se refirió a un plan para unir las dependencias.
Horas antes de conocer la postura de Los Pinos, la idea fue considerada viable por legisladores de distintos partidos políticos, entre ellos PRI, PAN y PRD.
El coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Gustavo Enrique Madero, se dijo en favor de fusionar las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
Declaró que una reforma así tendría que ser presentada por el Ejecutivo federal en el Congreso, ya que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
EL UNIVERSAL publicó ayer el proyecto que dio a conocer al Senado de la República el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, en el sentido de fusionar ambas dependencias con el propósito de mejorar el combate al crimen organizado y hacer más eficiente el aspecto administrativo.
Sin embargo, el vocero de la Presidencia de la República, Maximiliano Cortázar, negó anoche que exista alguna iniciativa o plan en esa directriz, según el noticiario de Joaquín López Dóriga.
El senador de Chihuahua, el panista Gustavo Madero, dijo estar en favor de todos los rediseños que optimicen el funcionamiento, aumenten la sinergia y reduzcan los costos.
“Creo que la fusión de ambas eventualmente puede estar en esta sintonía.”
El secretario de la Comisión de Justicia del Senado, Tomás Torres Mercado (PRD), adelantó que su bancada está de acuerdo en llevar a cabo esa fusión.
El Presidente “lleva mano”
Coincidió con Madero en que al tratarse de un tema de seguridad nacional y de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo “lleva mano” para emitir alguna propuesta.
Si el planteamiento fue vertido por el secretario de la Defensa Nacional, dijo, “nos parece pertinente y respaldaríamos una propuesta de esa naturaleza”.
Añadió que la incorporación de ambas dependencias permitirá un trabajo más coordinado y con mejores resultados.
El presidente de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Ardelio Vargas (PRI), consideró positiva y viable la propuesta, con el fin de tener mayor control y coordinación en contra del narcotráfico..
Dijo que no han recibido la propuesta de la Sedena, pero que en las próximas semanas buscará un encuentro con él para tratar el tema, así como el análisis de la situación en el país que orilló al Ejército a salir a las calles.
Explicó que la fusión de las dependencias tendría muchas bondades, y proporcionaría mayor eficacía operativa.
Estado Mayor conjunto
Vargas refirió que en los grandes países existe un Estado Mayor conjunto, donde las Fuerzas Armadas y la Armada están unidos en un solo bloque y son coordinados por una instancia, que puede ser el titular de la Sedena, por su rango militar.
“Pensar en una situación como ésta tiene lógica, pensando en que México vive en un contexto global y tenemos que pensar en adecuarnos a las nuevas condiciones y las que se dan en otras partes del mundo”, dijo.
El senador del PAN e integrante de las Comisiones de Defensa y de Marina, José Julián Sacramento, aclaró que la propuesta de fusionar ambas dependencias deberá venir del Ejecutivo federal y ser objeto de estudio no sólo del Congreso federal, sino de los Congresos locales, que podrán emitir una opinión al respecto, sobre todo cuando efectivos de ambas dependencias han realizado operaciones de seguridad y salvaguarda en las entidades.
Explicó que la integración de las dos secretarías obligaría a la creación de un Estado Mayor Conjunto que coordine las operaciones de los dos grupos y se tendría que trabajar en un nuevo marco político en materia de soberanía y defensa.
Gobernadores critican encuesta.
Noticia:
Una mayoría de gobernadores del país, incluyendo el jefe de Gobierno del Distrito Federal, protestaron en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública por los resultados de la encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), al considerar que son erróneos.
En la sesión del Consejo que se realizó en Palacio Nacional, el director general del ICESI, Luis de la Barreda, presentó un Termómetro Delictivo 2009 a nivel nacional, que coloca a Chihuahua como el más violento, seguido por Sinaloa, Baja California, Distrito Federal y Guerrero. Esto generó inconformidades y protestas.
De la Barreda destacó que en México “hay datos dramáticos” que ilustran el problema uno de ellos, que 56% de las personas consultadas prohíben a sus hijos salir a la calle por temor a la delincuencia, o que la mitad de “prefiere no salir de noche por la misma causa”.
Tras su intervención, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, dudó de los resultados del termómetro, ya que en el trabajo del ICESI está asentado que en esa entidad no se pudo realizar el sondeo debido a la vigilancia efectuada en algunas ciudades por personas no identificadas.
“Quiero pedirle respetuosamente al secretario ejecutivo [Jorge Tello Peón] que se aclare esta situación y que se tomen las medidas pertinentes para saber si hubo manipulación en esta información”.
La encuesta fue levantada en 2008 y presentada en agosto de 2009. En 16 ciudades del país, de acuerdo con la encuesta, se cometen 53% del total de los delitos y uno de cada cuatro ilícitos se ejecutan con arma.
El gobernador de Tabasco, Andrés Granier, se quejó por la metodología para realizar el termómetro.
Demandó conocer el nombre de los funcionarios que no proporcionaron información requerida, y que hubiera servido para tener un panorama más claro de la situación que prevalece en la entidad en materia de seguridad pública.
De la Barreda explicó que las inundaciones obstaculizaron la recolección de información, y que gran parte de ésta se obtuvo de las víctimas.
Antes, tras subrayar que es la segunda vez que el ICESI presenta esos datos, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino, dijo que los indicadores empleados a partir de la victimización no “es una ruta sensata”; propuso crear una comisión que aborde el problema
El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, apoyó la propuesta y opinó que la encuesta sobre seguridad es un instrumento perfectible si realmente “se está tomando como instrumento de medición de la delincuencia para evitar polémica”.
Contrariamente, el gobernador de Morelos, el panista Marco Antonio Adame, sugirió que mejor lo revisara la Comisión de Información, ya existente, psotura que apoyó el presidente Felipe Calderón.
José Reyes Baeza, mandatario de Chihuahua, criticó los esquemas de medición del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad.
José Guadalupe Osuna, gobernador panista de Baja California, consideró que es necesario realizar una nueva encuesta sobre seguridad para corregir o redireccionar las acciones gubernamentales en esta materia.
Alejandro Martí dijo que los gobernadores tienen la piel muy delgada.
Una mayoría de gobernadores del país, incluyendo el jefe de Gobierno del Distrito Federal, protestaron en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública por los resultados de la encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), al considerar que son erróneos.
En la sesión del Consejo que se realizó en Palacio Nacional, el director general del ICESI, Luis de la Barreda, presentó un Termómetro Delictivo 2009 a nivel nacional, que coloca a Chihuahua como el más violento, seguido por Sinaloa, Baja California, Distrito Federal y Guerrero. Esto generó inconformidades y protestas.
De la Barreda destacó que en México “hay datos dramáticos” que ilustran el problema uno de ellos, que 56% de las personas consultadas prohíben a sus hijos salir a la calle por temor a la delincuencia, o que la mitad de “prefiere no salir de noche por la misma causa”.
Tras su intervención, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, dudó de los resultados del termómetro, ya que en el trabajo del ICESI está asentado que en esa entidad no se pudo realizar el sondeo debido a la vigilancia efectuada en algunas ciudades por personas no identificadas.
“Quiero pedirle respetuosamente al secretario ejecutivo [Jorge Tello Peón] que se aclare esta situación y que se tomen las medidas pertinentes para saber si hubo manipulación en esta información”.
La encuesta fue levantada en 2008 y presentada en agosto de 2009. En 16 ciudades del país, de acuerdo con la encuesta, se cometen 53% del total de los delitos y uno de cada cuatro ilícitos se ejecutan con arma.
El gobernador de Tabasco, Andrés Granier, se quejó por la metodología para realizar el termómetro.
Demandó conocer el nombre de los funcionarios que no proporcionaron información requerida, y que hubiera servido para tener un panorama más claro de la situación que prevalece en la entidad en materia de seguridad pública.
De la Barreda explicó que las inundaciones obstaculizaron la recolección de información, y que gran parte de ésta se obtuvo de las víctimas.
Antes, tras subrayar que es la segunda vez que el ICESI presenta esos datos, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino, dijo que los indicadores empleados a partir de la victimización no “es una ruta sensata”; propuso crear una comisión que aborde el problema
El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, apoyó la propuesta y opinó que la encuesta sobre seguridad es un instrumento perfectible si realmente “se está tomando como instrumento de medición de la delincuencia para evitar polémica”.
Contrariamente, el gobernador de Morelos, el panista Marco Antonio Adame, sugirió que mejor lo revisara la Comisión de Información, ya existente, psotura que apoyó el presidente Felipe Calderón.
José Reyes Baeza, mandatario de Chihuahua, criticó los esquemas de medición del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad.
José Guadalupe Osuna, gobernador panista de Baja California, consideró que es necesario realizar una nueva encuesta sobre seguridad para corregir o redireccionar las acciones gubernamentales en esta materia.
Alejandro Martí dijo que los gobernadores tienen la piel muy delgada.
Salida falsa, pactar con el crimen: Calderón.
Noticia:
El presidente Felipe Calderón criticó que en el debate público se insista en pactar con el crimen organizado o que la autoridad “se haga de la vista gorda” en el combate a la delincuencia, incluso actuando al filo de la ley.
El mandatario consideró que esto sólo demuestra que se están buscando “salidas falsas” al problema, cuando lo que se requiere es llevar esta lucha en el marco de la ley y con pleno respeto a los derechos humanos.
Y agregó: “Sólo en el Estado de derecho prospera la sociedad, florece la economía y vuelve la tranquilidad a las familias y a las comunidades”.
Calderón inauguró la 27 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se realizó en Palacio Nacional y al que asistieron gobernadores, el jefe de Gobierno capitalino y legisladores.
Lamentó que en el debate público se promuevan estas sugerencias en el combate a la inseguridad y agregó que en un extremo están quienes sugieren recurrir a métodos “al filo de la ley”, abiertamente ilegales para combatir a la delincuencia, y quienes abogan porque las autoridades se hagan de la “vista gorda” y establecer un pacto explícito con la delincuencia para convivir con ella. “Ninguna de estas falsas alternativas es aceptable, ni es legal ni viable en términos prácticos. “Tanto pactar con la delincuencia, como evadirla o combatirla por medios ilegales significaría erosionar los cimientos que nos dan sustento como sociedad y como un Estado de derecho”.
La única salida ética, práctica y legal es combatiendo al crimen en el marco de la ley y con pleno respeto a los derechos humanos, dijo el mandatario.
Calderón, quien lanzó varias operaciones contra el narcotráfico con el uso de miles de soldados, consideró que pretender ignorar a los criminales provocó que se apoderaran de más comunidades y autoridades, hasta someterlas a su dominio. Conminó a los tres órdenes de gobierno a colaborar con fuerza, sin claudicación y sin regateos.
El presidente Felipe Calderón criticó que en el debate público se insista en pactar con el crimen organizado o que la autoridad “se haga de la vista gorda” en el combate a la delincuencia, incluso actuando al filo de la ley.
El mandatario consideró que esto sólo demuestra que se están buscando “salidas falsas” al problema, cuando lo que se requiere es llevar esta lucha en el marco de la ley y con pleno respeto a los derechos humanos.
Y agregó: “Sólo en el Estado de derecho prospera la sociedad, florece la economía y vuelve la tranquilidad a las familias y a las comunidades”.
Calderón inauguró la 27 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se realizó en Palacio Nacional y al que asistieron gobernadores, el jefe de Gobierno capitalino y legisladores.
Lamentó que en el debate público se promuevan estas sugerencias en el combate a la inseguridad y agregó que en un extremo están quienes sugieren recurrir a métodos “al filo de la ley”, abiertamente ilegales para combatir a la delincuencia, y quienes abogan porque las autoridades se hagan de la “vista gorda” y establecer un pacto explícito con la delincuencia para convivir con ella. “Ninguna de estas falsas alternativas es aceptable, ni es legal ni viable en términos prácticos. “Tanto pactar con la delincuencia, como evadirla o combatirla por medios ilegales significaría erosionar los cimientos que nos dan sustento como sociedad y como un Estado de derecho”.
La única salida ética, práctica y legal es combatiendo al crimen en el marco de la ley y con pleno respeto a los derechos humanos, dijo el mandatario.
Calderón, quien lanzó varias operaciones contra el narcotráfico con el uso de miles de soldados, consideró que pretender ignorar a los criminales provocó que se apoderaran de más comunidades y autoridades, hasta someterlas a su dominio. Conminó a los tres órdenes de gobierno a colaborar con fuerza, sin claudicación y sin regateos.
FCH pide suprimir la policía municipal.
Noticia:
El Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó crear una comisión que revise el modelo de organización policial en el país, luego de que el presidente Felipe Calderón pidió examinar el esquema actual “para hacer frente y derrotar a una criminalidad sin escrúpulos y sin territorios delimitados”.
El mandatario recordó que la sociedad civil y los gobiernos estatales han planteado la necesidad de fortalecer las policías estatales y municipales, en muchos casos superadas por la delincuencia organizada. Calderón inauguró ayer la sesión 27 del Consejo.
Propuso analizar la posibilidad de tener cuerpos policiales “más compactos, mejor organizados, mejor vigilados, con mayor capacidad de fuego y logística que los actuales”.
Calderón reconoció que las policías municipales enfrentan serias limitaciones ante el poder de intimidación del crimen, por lo que se requiere fortalecer los eslabones más frágiles de la cadena de protección ciudadana.
Un diagnóstico preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública afirma que unas mil 200 corporaciones municipales no tienen más de 30 integrantes, por lo que las funciones de seguridad que cumplen podrían ser absorbidas por la policía estatal.
La dependencia estimó que el nuevo modelo, que plantea unir las aproximadamente 2 mil 100 corporaciones municipales en 32 grupos estatales, podría funcionar a más tardar en 18 meses.
El proyecto plantea la creación de policías estatales fuertes y sólidas, pero también prevé mantener en operación las corporaciones municipales sólo si cumplen esas características, pero bajo control de los cuerpos de los estados, y con la cobertura de la Policía Federal.
Los gobernadores de Tabasco, Andrés Granier; de Veracruz, Fidel Herrera, y del estado de México, Enrique Peña Nieto, apoyaron la propuesta. Recomendaron tomar en cuenta experiencias de policías unitarias exitosas, como la Montada de Canadá, los carabineros de Chile y la Nacional de España.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó crear una comisión que revise el modelo de organización policial en el país, luego de que el presidente Felipe Calderón pidió examinar el esquema actual “para hacer frente y derrotar a una criminalidad sin escrúpulos y sin territorios delimitados”.
El mandatario recordó que la sociedad civil y los gobiernos estatales han planteado la necesidad de fortalecer las policías estatales y municipales, en muchos casos superadas por la delincuencia organizada. Calderón inauguró ayer la sesión 27 del Consejo.
Propuso analizar la posibilidad de tener cuerpos policiales “más compactos, mejor organizados, mejor vigilados, con mayor capacidad de fuego y logística que los actuales”.
Calderón reconoció que las policías municipales enfrentan serias limitaciones ante el poder de intimidación del crimen, por lo que se requiere fortalecer los eslabones más frágiles de la cadena de protección ciudadana.
Un diagnóstico preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública afirma que unas mil 200 corporaciones municipales no tienen más de 30 integrantes, por lo que las funciones de seguridad que cumplen podrían ser absorbidas por la policía estatal.
La dependencia estimó que el nuevo modelo, que plantea unir las aproximadamente 2 mil 100 corporaciones municipales en 32 grupos estatales, podría funcionar a más tardar en 18 meses.
El proyecto plantea la creación de policías estatales fuertes y sólidas, pero también prevé mantener en operación las corporaciones municipales sólo si cumplen esas características, pero bajo control de los cuerpos de los estados, y con la cobertura de la Policía Federal.
Los gobernadores de Tabasco, Andrés Granier; de Veracruz, Fidel Herrera, y del estado de México, Enrique Peña Nieto, apoyaron la propuesta. Recomendaron tomar en cuenta experiencias de policías unitarias exitosas, como la Montada de Canadá, los carabineros de Chile y la Nacional de España.
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