Noticia:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) avaló las medidas que adoptó la Secretaría de Marina para el uso de la fuerza pública en puestos de control o puntos de revisión, en los accesos a instalaciones resguardadas y recintos fiscales o portuarios.
En este sentido, consideró clara, necesaria y oportuna la directiva emitida por la dependencia en el que limita al personal naval militar en el uso de fuerza letal en situaciones de agresión armada que representen peligro inminente para quienes las realizan.
La dependencia indicó que la decisión de la Secretaría de Marina (Semar) es muy positiva y congruente con los principios de oportunidad, legalidad, racionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza establecidos por la legislación internacional para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con pleno apego a los derechos humanos.
Ejemplo institucional
“Es deseable que las directivas de la Semar se analicen también en otras instituciones federales que cuentan con facultades de fuerza pública y —mediante documentos normativos equivalentes y específicos para el tipo de funciones que realizan— den lugar a directivas igualmente claras en el uso legítimo de la fuerza”, recomendó el organismo.
La CNDH recordó que la directiva de la Semar, suscrita el 30 de septiembre, está en vigor para todo el personal de esa dependencia y establece cinco niveles para el uso de la fuerza:
En primero lugar presencia disuasiva; persuasión verbal; reducción física de movimientos; utilización de fuerza no letal y uso de fuerza letal.
Como quedó establecido en la recomendación general número 12 sobre el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, emitida el 26 de enero de 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se opone a la detención, sometimiento y aseguramiento de personas por conductas previstas como presuntamente delictivas por la legislación penal, y por las leyes y reglamentos aplicables, refiere.
La CNDH reiteró la importancia de que los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, o que participan en tareas de seguridad pública en nuestro país, cuenten siempre con instrumentos jurídicos, conocimientos y capacitación técnica oportuna y suficiente para conducirse como verdaderos aliados de la sociedad en el desempeño de sus funciones.
lunes, 19 de octubre de 2009
Greenpeace pone de luto “El Ángel ”.
Noticia:
La organización ambientalista Greenpeace colocó un pendón negro en la columna del Ángel de la Independencia, en protesta por las dos primeras autorizaciones que dio el gobierno para sembrar, de manera experimental, maíz transgénico en territorio mexicano.
“Hoy el Ángel de la Independencia está de duelo”, dijo Aleira Lara, una de las dirigentes de Greenpace, quien advirtió que los genes modificados del maíz transgénico pueden propagarse y contaminar variedades naturales y valiosas de maíz.
Las autorizaciones que otorgó el gobierno, afirmó, violan la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y ponen en riesgo las 55 razas de maíz criollo.
Como parte de su protesta, además de desplegar un pendón negro en la columna del Ángel de la Independencia, Greenpeace también colocó moños negros en las estatuas de Hidalgo, Vicente Guerrero y José María Morelos y Pavón, porque, dijeron, la nueva medida atenta contra la independencia que lograron ellos.
En entrevista, las dirigentes del grupo ecologista, María Patricia Arendar Lerner y Aleira Lara, indicaron que con el cultivo del maíz transgénico el país será más dependiente del exterior.
Porque —argumentaron los dirigentes— con la introducción de maíz transgénico al campo mexicano se da el tiro de gracia a la independencia alimentaria, ya que hará a los productores de maíz ser dependientes de cuatro empresas transnacionales.
“Los trabajadores del campo serán demandados por esas empresas cuando sus campos sean contaminados y ningún productor podrá volver a sembrar su semilla, como lo hacen hasta ahora, pues tendrá que pagar regalías a las corporaciones para volver a sembrar”, señalaron.
Por ello, “esto es una irresponsabilidad por parte de las autoridades; es muy peligroso y no podemos dejar de preguntarnos ¿a qué intereses está respondiendo el gobierno de México? Evidentemente, que a los del pueblo y a los de la nación, no”.
Proteger variedades
Los representantes de Greenpeace exigieron la revocación de las autorizaciones de siembra, el establecimiento de la moratoria definitiva e inmediata al maíz transgénico y la aplicación de medidas estrictas para proteger las variedades nativas y determinar el grado de contaminación transgénica de los cultivos de maíz en México.
Aleira Lara dijo que realizaron “esta manifestación pacífica ante la violación de la ley por parte del gobierno federal para permitir la siembra de maíz transgénico en México, centro de origen y diversidad genética del maíz. Éste es un fuerte llamado de atención que tiene como fin evitar un gran delito: la contaminación del centro de origen del maíz, uno de los más importantes del planeta”.
La organización ambientalista Greenpeace colocó un pendón negro en la columna del Ángel de la Independencia, en protesta por las dos primeras autorizaciones que dio el gobierno para sembrar, de manera experimental, maíz transgénico en territorio mexicano.
“Hoy el Ángel de la Independencia está de duelo”, dijo Aleira Lara, una de las dirigentes de Greenpace, quien advirtió que los genes modificados del maíz transgénico pueden propagarse y contaminar variedades naturales y valiosas de maíz.
Las autorizaciones que otorgó el gobierno, afirmó, violan la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y ponen en riesgo las 55 razas de maíz criollo.
Como parte de su protesta, además de desplegar un pendón negro en la columna del Ángel de la Independencia, Greenpeace también colocó moños negros en las estatuas de Hidalgo, Vicente Guerrero y José María Morelos y Pavón, porque, dijeron, la nueva medida atenta contra la independencia que lograron ellos.
En entrevista, las dirigentes del grupo ecologista, María Patricia Arendar Lerner y Aleira Lara, indicaron que con el cultivo del maíz transgénico el país será más dependiente del exterior.
Porque —argumentaron los dirigentes— con la introducción de maíz transgénico al campo mexicano se da el tiro de gracia a la independencia alimentaria, ya que hará a los productores de maíz ser dependientes de cuatro empresas transnacionales.
“Los trabajadores del campo serán demandados por esas empresas cuando sus campos sean contaminados y ningún productor podrá volver a sembrar su semilla, como lo hacen hasta ahora, pues tendrá que pagar regalías a las corporaciones para volver a sembrar”, señalaron.
Por ello, “esto es una irresponsabilidad por parte de las autoridades; es muy peligroso y no podemos dejar de preguntarnos ¿a qué intereses está respondiendo el gobierno de México? Evidentemente, que a los del pueblo y a los de la nación, no”.
Proteger variedades
Los representantes de Greenpeace exigieron la revocación de las autorizaciones de siembra, el establecimiento de la moratoria definitiva e inmediata al maíz transgénico y la aplicación de medidas estrictas para proteger las variedades nativas y determinar el grado de contaminación transgénica de los cultivos de maíz en México.
Aleira Lara dijo que realizaron “esta manifestación pacífica ante la violación de la ley por parte del gobierno federal para permitir la siembra de maíz transgénico en México, centro de origen y diversidad genética del maíz. Éste es un fuerte llamado de atención que tiene como fin evitar un gran delito: la contaminación del centro de origen del maíz, uno de los más importantes del planeta”.
Atacan a policías en Guerrero.
Noticia:
Varios hombres armados atacaron a balazos un convoy de la policía estatal, matando a un policía y a un pasajero de un autobús detenido por el fuego cruzado, en el municipio de Petatlán, en la Costa Grande, donde aparecieron otros seis “ejecutados” para sumar 23 muertes violentas en el estado en los últimos cuatro días.
Según la Secretaría de Seguridad Pública estatal, ayer, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en El Mirador, salieron desde la maleza varios hombres que dispararon a un convoy policiaco. En el ataque murió el agente Odón Castillo Cortés, de 21 años de edad.
Cuando los policías respondieron la agresión, entre el fuego cruzado quedó un autobús, en el que el pasajero Rodrigo Maciel Betancourt murió alcanzado por las balas.
También se informó de cinco cadáveres encontrados en diferentes partes de Acapulco con señales de tortura y en cada uno de ellos un mensaje dirigido a “secuestradores, rateros y traidores” firmado por Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes.
En la unidad El Coloso, el agente del Ministerio Público en Chilpancingo, Marco Antonio Alemán Cuevas, fue detenido por varios hombres que lo acribillaron a balazos y murió cuando recibía atención médica en el Hospital del ISSSTE.
El jueves se hallaron nueve decapitados y desmembrados en Tlapehuala, en Tierra Caliente, así como los cuerpos de otros seis ejecutados en varias partes del estado.
En las últimas horas la ola de violencia dejó otras 18 personas muertas de manera cruel en diferentes barrios de la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, entre ellas dos mujeres jóvenes asesinadas junto con dos hombres en una casa de la colonia Juárez Nuevo, y otros tres hombres no identificados en otra casa de Colinas de Juárez.
En Torreón, Coahuila, fueron abandonados los cadáveres de tres desconocidos frente a una escuela; dos cadáveres encobijados fueron encontrados sobre en Santiago Papasquiaro, en Durango, y en un canal de riego de Culiacán se localizó un desconocido con dos disparos y golpes.
Varios hombres armados atacaron a balazos un convoy de la policía estatal, matando a un policía y a un pasajero de un autobús detenido por el fuego cruzado, en el municipio de Petatlán, en la Costa Grande, donde aparecieron otros seis “ejecutados” para sumar 23 muertes violentas en el estado en los últimos cuatro días.
Según la Secretaría de Seguridad Pública estatal, ayer, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en El Mirador, salieron desde la maleza varios hombres que dispararon a un convoy policiaco. En el ataque murió el agente Odón Castillo Cortés, de 21 años de edad.
Cuando los policías respondieron la agresión, entre el fuego cruzado quedó un autobús, en el que el pasajero Rodrigo Maciel Betancourt murió alcanzado por las balas.
También se informó de cinco cadáveres encontrados en diferentes partes de Acapulco con señales de tortura y en cada uno de ellos un mensaje dirigido a “secuestradores, rateros y traidores” firmado por Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes.
En la unidad El Coloso, el agente del Ministerio Público en Chilpancingo, Marco Antonio Alemán Cuevas, fue detenido por varios hombres que lo acribillaron a balazos y murió cuando recibía atención médica en el Hospital del ISSSTE.
El jueves se hallaron nueve decapitados y desmembrados en Tlapehuala, en Tierra Caliente, así como los cuerpos de otros seis ejecutados en varias partes del estado.
En las últimas horas la ola de violencia dejó otras 18 personas muertas de manera cruel en diferentes barrios de la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, entre ellas dos mujeres jóvenes asesinadas junto con dos hombres en una casa de la colonia Juárez Nuevo, y otros tres hombres no identificados en otra casa de Colinas de Juárez.
En Torreón, Coahuila, fueron abandonados los cadáveres de tres desconocidos frente a una escuela; dos cadáveres encobijados fueron encontrados sobre en Santiago Papasquiaro, en Durango, y en un canal de riego de Culiacán se localizó un desconocido con dos disparos y golpes.
Policías “huyen” de salarios raquíticos.
Noticia:
Cinco años en promedio es el tiempo que permanecen en el cargo los más de 2 mil 400 policías que trabajan en alguna de las 22 direcciones de Seguridad Pública municipal que operan en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT).
Guardianes del orden que a cambio de la encomienda de proteger a casi 2 millones de personas asentadas en la quinta metrópoli más grande del país, reciben 2 mil 400 pesos quincenales como salario, en promedio.
Las causas que han propiciado la separación de sus respectivas corporaciones van desde haber incurrido en irregularidades administrativas hasta haber cometido actos de corrupción; pero sobre todo, el deseo de superación al buscar un trabajo mejor remunerado, coincidieron especialistas, policías y directivos de las corporaciones.
Datos de las direcciones de Seguridad Pública locales dicen que en 2008 causaron baja 380 policías; a 10% de ellos se les inició procedimiento administrativo o penal.
Para algunos comandantes de las direcciones de Seguridad Pública de los municipios, la baja permanencia de sus elementos al frente de su encargo se puede entender no sólo a partir del alto riesgo laboral que representa estar en dichas áreas de los 22 ayuntamientos que conforman la ZMVT, sino a los bajos salarios que perciben, principalmente.
¿Qué se debe hacer para que los elementos permanezcan más tiempo en el cargo?
“Observo que los compañeros se van porque no encuentran una motivación económica, profesional, moral; en fin, no encuentran apoyo en ningún sentido”, precisó el comandante Alejandro Sánchez Benítez, de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), quien hace dos meses fue nombrado director de la policía municipal de Santiago Tianguistenco, integrada por 90 policías, 45 por turno.
Precisó que “el policía más viejo de la corporación tiene un aproximado de 25 años con nueve meses, y los más nuevos, que suman nueve, entraron el día de ayer —jueves 15 de octubre— para sustituir seis bajas y cubrir tres plazas de reciente creación”, dijo Sánchez Benítez, quien desde hace 21 años se viene desempeñando como policía.
Para ocupar el cargo de director municipal de la policía, el mando de la ASE tuvo que solicitar licencia temporal a la corporación, al igual que otros 53 jefes que hoy están al frente de igual número de policías locales, principalmente las gobernadas por el PRI.
La cuestión del salario
El fenómeno de las bajas, para Gerardo Elías García Benavente, director general de Inteligencia e Investigación para la Prevención de la ASE, tiene su origen, entre otros factores, en el poco apoyo económico que se les brinda a las corporaciones locales.
“Un policía municipal, por lo menos, debería ganar 12 mil pesos; eso sería algo atractivo para el riesgo y responsabilidad que representa ser policía”, dijon el mando policiaco.
Algunas de las nuevas administraciones municipales han empezado a dar incrementos salariales, pero aun así el sueldo del agente policiaco de la región oscila entre 2 mil 400 y 2 mil 600 pesos a la quincena.
Percepción económica con la cual, alrededor de 60% de los 2 mil 400 uniformados que operan en la ZMVT y tienen en su mayoría entre 28 y 33 años de edad, hacen frente a los gastos que sus respectivos hogares les demandan, los cuales en su gran mayoría se componen de tres a cuatro integrantes, es decir, su pareja y tres hijos.
“Hace dos años estábamos en mil 500, hoy con esta administración (2006-2009) llegamos a 2 mil 700, y primero Dios para el próximo año esperamos pegarle a los 3 mil pesos de salario”, expresó a principios de 2009 Leónides Villegas Salazar, hoy ex director de la policía de Calimaya, pues con el cambio de administración lo quitaron del cargo. Sigue en la corporación, pero ya no tiene mando.
Al respecto, el ex diputado local Serafín Corona Mendoza, del PRD, quien presidía la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito en la 56 Legislatura de la Cámara de Diputados mexiquense, aunque en repetidas ocasiones consideró que un policía local por lo menos debe de estar percibiendo 10 mil pesos cada mes, nunca presentó una iniciativa o exhorto para que se concretara su propuesta.
“En esas personas está depositada nuestra confianza, para que a nuestros bienes y seres queridos no les pase nada, y en ese entendido ellos están arriesgando la vida por nosotros, lo menos que se puede hacer es pagarles bien”, aseveró en su momento.
Opinión que secundó su similar de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la pasada Legislatura, el panista Carlos Alberto Pérez Cuevas, hoy diputado federal, al sostener que un salario digno para el policía es aquel que ronde los 10 mil pesos mensuales. “Un policía capacitado y profesional debe ganar aproximadamente 10 mil. El Sistema Nacional de Seguridad recomienda que un buen sueldo para un policía es de 8 a 10 mil pesos, así se estaría cubriendo el rango internacional latinoamericano”, subrayó.
No obstante, sostuvo que en estos momentos un aumento salarial no garantizaría eficiencia, pues “sería como estarle inyectando dinero a las mismas fallas, a los mismos vicios”, por lo que se pronunció por un cambio sustancial en la forma de capacitar y reclutar a los policías.
Criterio que compartió el comandante Sánchez Benítez, pues opinó que al interior y frente de las corporaciones policiacas municipales, debe y tiene que haber policías de carrera y no civiles.
Perfil indeteminado
En ese sentido, destaca que aunque en 70% de las 22 policías del valle de Toluca está un elemento de la ASE al frente, en el resto de las corporaciones el perfil de sus titulares va desde ciudadanos y administradores, hasta abogados y policías judiciales.
“Vengo de corporaciones de seguridad pero privadas, y hoy estoy en el gobierno. El ser servidor público tiene sus pros y contras, como funcionarios prepotentes, falta de pago en algunas ocasiones y algunos detallitos más”, comentó el policía Luis Édgar Hernández, de 26 años de edad, que todos los días patrulla la cabecera municipal del municipio de San Mateo Atenco, en la ZMVT.
Por su parte Gustavo Aguilar, policía municipal de Calimaya y ex miembro del Ejército mexicano, mencionó que su familia ya está acostumbrada a que durante 24 horas no está en casa y los riesgos que se corren al ser policía pues “sabe —la esposa— perfectamente que aquí hay bajas”, comentó. “Me gusta mi trabajo, servir a la ciudadanía y salvaguardar la integridad de las personas con todo y el riesgo que existe de entregar la vida en el servicio”, dijo el joven de 24 años que es hijo de un policía municipal jubilado.
En ese sentido, Cristina Eugenia Pablo Dorantes, coordinadora de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), explicó que las policías municipales han pasado por tres etapas: fase equívoca, empírica y hoy algunas están iniciando la científica, por la que se tuvo que haber comenzado.
La especialista reconoció que hasta hace poco tiempo, en prácticamente todo el sistema de seguridad se empleaba a cualquier persona para ocupar los cargos policiacos, por lo que las áreas y direcciones han registrado un gran número fracasos, fallas y bajas.
Sobre este último concepto, casos como el registrado en el municipio de Otzolotepec, son muy representativos, pues en ese municipio, luego de que se les inició proceso penal a tres policías locales por su presunta responsabilidad en el deceso de un detenido en galeras, prácticamente todos los elementos abandonaron la corporación y hoy la mayoría de los 50 uniformados tienen dos meses en el cargo.
Antes “los titulares —de las policías— llegaban a esos cargos por dedazo, porque era el chofer; porque ayudó en la campaña y pues lo ponen como director de Seguridad Pública en el municipio, y sin saber nada de seguridad incursiona en este ámbito y se coloca al frente de las cuestiones de justicia”, lamentó la catedrática de la Universidad Autónoma mexiquense.
Consideró que para otorgar un buen sueldo a los policías, antes se les debe exigir que cuenten con una verdadera vocación de servicio y capacitación, pues de no ser así, en vez de ayudar a los ciudadanos, los perjudican.
Reconoció que en el territorio mexiquense y en el país en general, “en la mayoría de los casos el ciudadano decide ser policía porque no encontró otro trabajo u otra actividad para desempeñarse; situación que nos pone en desventaja con otros estados y países que tienen un servicio civil de carrera policial”.
Añadió que hoy se habla de policías dedicadas a prevenir delitos, y para eso tendrán que tener obligatoriamente conocimientos en derechos humanos, asignaturas penales, tacto social, manejo de conflictos de riesgo e incluso de sicología de masas. “Hay cuestiones que no sólo se resuelven con la confrontación física, sino con inteligencia. Para dar una solución se requiere que estén capacitados”.
Al respecto, Pérez Cuevas sostiene que estudios de bachillerato debe ser el estándar mínimo para acceder a una policía municipal.
En tanto que para García Benavente, a los policías no sólo se les debe pagar más, sino también proponer esquemas novedosos de apoyo a su economía. “Vamos viendo que los comercios de su zona les brinden descuentos, que los desarrolladores inmobiliarios dejen un espacio para que pueda dárseles vivienda. Ganan muy poco y todos los días arriesgan su vida de forma permanente: salen de mañana pero no saben si van a regresar”, dijo.
“No se trata que al problema de la corrupción lo intentemos atajar sólo pagándoles más a nuestros policías, sino hacer de esa profesión un trabajo digno y respetable”, comentó el mando de la ASE.
El “salvavidas”
A principios de octubre David Garay Maldonado, comisionado de la ASE, sostuvo que a partir de que 54 ex mandos de la policía estatal se incorporaron a las direcciones de seguridad de igual número de ayuntamientos mexiquenses, existe la posibilidad de que se registre una mayor coordinación de esfuerzos policiacos entre los municipios.
Adelantó que en breve propondrán la conformación de esquemas y protocolos de coordinación —voluntaria— para reforzar aquellos ayuntamientos que tienen muy poca presencia en las calles por el reducido número de policías con los que cuentan.
Cinco años en promedio es el tiempo que permanecen en el cargo los más de 2 mil 400 policías que trabajan en alguna de las 22 direcciones de Seguridad Pública municipal que operan en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT).
Guardianes del orden que a cambio de la encomienda de proteger a casi 2 millones de personas asentadas en la quinta metrópoli más grande del país, reciben 2 mil 400 pesos quincenales como salario, en promedio.
Las causas que han propiciado la separación de sus respectivas corporaciones van desde haber incurrido en irregularidades administrativas hasta haber cometido actos de corrupción; pero sobre todo, el deseo de superación al buscar un trabajo mejor remunerado, coincidieron especialistas, policías y directivos de las corporaciones.
Datos de las direcciones de Seguridad Pública locales dicen que en 2008 causaron baja 380 policías; a 10% de ellos se les inició procedimiento administrativo o penal.
Para algunos comandantes de las direcciones de Seguridad Pública de los municipios, la baja permanencia de sus elementos al frente de su encargo se puede entender no sólo a partir del alto riesgo laboral que representa estar en dichas áreas de los 22 ayuntamientos que conforman la ZMVT, sino a los bajos salarios que perciben, principalmente.
¿Qué se debe hacer para que los elementos permanezcan más tiempo en el cargo?
“Observo que los compañeros se van porque no encuentran una motivación económica, profesional, moral; en fin, no encuentran apoyo en ningún sentido”, precisó el comandante Alejandro Sánchez Benítez, de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), quien hace dos meses fue nombrado director de la policía municipal de Santiago Tianguistenco, integrada por 90 policías, 45 por turno.
Precisó que “el policía más viejo de la corporación tiene un aproximado de 25 años con nueve meses, y los más nuevos, que suman nueve, entraron el día de ayer —jueves 15 de octubre— para sustituir seis bajas y cubrir tres plazas de reciente creación”, dijo Sánchez Benítez, quien desde hace 21 años se viene desempeñando como policía.
Para ocupar el cargo de director municipal de la policía, el mando de la ASE tuvo que solicitar licencia temporal a la corporación, al igual que otros 53 jefes que hoy están al frente de igual número de policías locales, principalmente las gobernadas por el PRI.
La cuestión del salario
El fenómeno de las bajas, para Gerardo Elías García Benavente, director general de Inteligencia e Investigación para la Prevención de la ASE, tiene su origen, entre otros factores, en el poco apoyo económico que se les brinda a las corporaciones locales.
“Un policía municipal, por lo menos, debería ganar 12 mil pesos; eso sería algo atractivo para el riesgo y responsabilidad que representa ser policía”, dijon el mando policiaco.
Algunas de las nuevas administraciones municipales han empezado a dar incrementos salariales, pero aun así el sueldo del agente policiaco de la región oscila entre 2 mil 400 y 2 mil 600 pesos a la quincena.
Percepción económica con la cual, alrededor de 60% de los 2 mil 400 uniformados que operan en la ZMVT y tienen en su mayoría entre 28 y 33 años de edad, hacen frente a los gastos que sus respectivos hogares les demandan, los cuales en su gran mayoría se componen de tres a cuatro integrantes, es decir, su pareja y tres hijos.
“Hace dos años estábamos en mil 500, hoy con esta administración (2006-2009) llegamos a 2 mil 700, y primero Dios para el próximo año esperamos pegarle a los 3 mil pesos de salario”, expresó a principios de 2009 Leónides Villegas Salazar, hoy ex director de la policía de Calimaya, pues con el cambio de administración lo quitaron del cargo. Sigue en la corporación, pero ya no tiene mando.
Al respecto, el ex diputado local Serafín Corona Mendoza, del PRD, quien presidía la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito en la 56 Legislatura de la Cámara de Diputados mexiquense, aunque en repetidas ocasiones consideró que un policía local por lo menos debe de estar percibiendo 10 mil pesos cada mes, nunca presentó una iniciativa o exhorto para que se concretara su propuesta.
“En esas personas está depositada nuestra confianza, para que a nuestros bienes y seres queridos no les pase nada, y en ese entendido ellos están arriesgando la vida por nosotros, lo menos que se puede hacer es pagarles bien”, aseveró en su momento.
Opinión que secundó su similar de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la pasada Legislatura, el panista Carlos Alberto Pérez Cuevas, hoy diputado federal, al sostener que un salario digno para el policía es aquel que ronde los 10 mil pesos mensuales. “Un policía capacitado y profesional debe ganar aproximadamente 10 mil. El Sistema Nacional de Seguridad recomienda que un buen sueldo para un policía es de 8 a 10 mil pesos, así se estaría cubriendo el rango internacional latinoamericano”, subrayó.
No obstante, sostuvo que en estos momentos un aumento salarial no garantizaría eficiencia, pues “sería como estarle inyectando dinero a las mismas fallas, a los mismos vicios”, por lo que se pronunció por un cambio sustancial en la forma de capacitar y reclutar a los policías.
Criterio que compartió el comandante Sánchez Benítez, pues opinó que al interior y frente de las corporaciones policiacas municipales, debe y tiene que haber policías de carrera y no civiles.
Perfil indeteminado
En ese sentido, destaca que aunque en 70% de las 22 policías del valle de Toluca está un elemento de la ASE al frente, en el resto de las corporaciones el perfil de sus titulares va desde ciudadanos y administradores, hasta abogados y policías judiciales.
“Vengo de corporaciones de seguridad pero privadas, y hoy estoy en el gobierno. El ser servidor público tiene sus pros y contras, como funcionarios prepotentes, falta de pago en algunas ocasiones y algunos detallitos más”, comentó el policía Luis Édgar Hernández, de 26 años de edad, que todos los días patrulla la cabecera municipal del municipio de San Mateo Atenco, en la ZMVT.
Por su parte Gustavo Aguilar, policía municipal de Calimaya y ex miembro del Ejército mexicano, mencionó que su familia ya está acostumbrada a que durante 24 horas no está en casa y los riesgos que se corren al ser policía pues “sabe —la esposa— perfectamente que aquí hay bajas”, comentó. “Me gusta mi trabajo, servir a la ciudadanía y salvaguardar la integridad de las personas con todo y el riesgo que existe de entregar la vida en el servicio”, dijo el joven de 24 años que es hijo de un policía municipal jubilado.
En ese sentido, Cristina Eugenia Pablo Dorantes, coordinadora de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), explicó que las policías municipales han pasado por tres etapas: fase equívoca, empírica y hoy algunas están iniciando la científica, por la que se tuvo que haber comenzado.
La especialista reconoció que hasta hace poco tiempo, en prácticamente todo el sistema de seguridad se empleaba a cualquier persona para ocupar los cargos policiacos, por lo que las áreas y direcciones han registrado un gran número fracasos, fallas y bajas.
Sobre este último concepto, casos como el registrado en el municipio de Otzolotepec, son muy representativos, pues en ese municipio, luego de que se les inició proceso penal a tres policías locales por su presunta responsabilidad en el deceso de un detenido en galeras, prácticamente todos los elementos abandonaron la corporación y hoy la mayoría de los 50 uniformados tienen dos meses en el cargo.
Antes “los titulares —de las policías— llegaban a esos cargos por dedazo, porque era el chofer; porque ayudó en la campaña y pues lo ponen como director de Seguridad Pública en el municipio, y sin saber nada de seguridad incursiona en este ámbito y se coloca al frente de las cuestiones de justicia”, lamentó la catedrática de la Universidad Autónoma mexiquense.
Consideró que para otorgar un buen sueldo a los policías, antes se les debe exigir que cuenten con una verdadera vocación de servicio y capacitación, pues de no ser así, en vez de ayudar a los ciudadanos, los perjudican.
Reconoció que en el territorio mexiquense y en el país en general, “en la mayoría de los casos el ciudadano decide ser policía porque no encontró otro trabajo u otra actividad para desempeñarse; situación que nos pone en desventaja con otros estados y países que tienen un servicio civil de carrera policial”.
Añadió que hoy se habla de policías dedicadas a prevenir delitos, y para eso tendrán que tener obligatoriamente conocimientos en derechos humanos, asignaturas penales, tacto social, manejo de conflictos de riesgo e incluso de sicología de masas. “Hay cuestiones que no sólo se resuelven con la confrontación física, sino con inteligencia. Para dar una solución se requiere que estén capacitados”.
Al respecto, Pérez Cuevas sostiene que estudios de bachillerato debe ser el estándar mínimo para acceder a una policía municipal.
En tanto que para García Benavente, a los policías no sólo se les debe pagar más, sino también proponer esquemas novedosos de apoyo a su economía. “Vamos viendo que los comercios de su zona les brinden descuentos, que los desarrolladores inmobiliarios dejen un espacio para que pueda dárseles vivienda. Ganan muy poco y todos los días arriesgan su vida de forma permanente: salen de mañana pero no saben si van a regresar”, dijo.
“No se trata que al problema de la corrupción lo intentemos atajar sólo pagándoles más a nuestros policías, sino hacer de esa profesión un trabajo digno y respetable”, comentó el mando de la ASE.
El “salvavidas”
A principios de octubre David Garay Maldonado, comisionado de la ASE, sostuvo que a partir de que 54 ex mandos de la policía estatal se incorporaron a las direcciones de seguridad de igual número de ayuntamientos mexiquenses, existe la posibilidad de que se registre una mayor coordinación de esfuerzos policiacos entre los municipios.
Adelantó que en breve propondrán la conformación de esquemas y protocolos de coordinación —voluntaria— para reforzar aquellos ayuntamientos que tienen muy poca presencia en las calles por el reducido número de policías con los que cuentan.
“Juanito” entrará al GDF: perredistas.
Noticia:
A partir de diciembre, el delegado con licencia de Iztapalapa, Rafael Acosta, mejor conocido como Juanito, podría incorporarse al gabinete del gobierno capitalino para dejar en definitiva el puesto a la actual encargada de despacho de esta demarcación, Clara Brugada.
El secretario general del PRD-DF, Jesús Valencia, explicó que él hizo la solicitud al titular del Ejecutivo local, Marcelo Ebrard, y al secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, para que Juanito sea incluido como funcionario de la administración del Distrito Federal.
Aseguró que la petición fue aceptada por el gobierno capitalino. “Lo ven con buenos ojos. A partir de que se venza su licencia, lo que vamos a ver es un Juanito como funcionario público de la ciudad”. El puesto que Rafael Acosta ocupe en la administración capitalina será decisión del jefe de Gobierno.
Luego de que Acosta declaró en Michoacán que los días para Clara Brugada frente de la delegación están contados, porque él regresaría a gobernar, Valencia dijo que se trató de un episodio de nerviosismo de Juanito.
Comentó que “es un amago” del delegado con licencia de Iztapalapa, ante el retraso del nombramiento de parte de su equipo como funcionarios delegacionales, pero aseguró que el próximo 28 de noviembre “no va a pasar nada, él seguramente se va”.
Detalló que al vencer los 59 días que Rafael Acosta tiene de permiso, solicitará una licencia definitiva para incorporarse al GDF “a fin de que aporte lo que pueda aportar a la ciudad, que yo creo que ha de ser mucho”.
El ex director del DIF en el DF añadió que se reunirá hoy con Juanito. Por su parte, el presidente del PRD local, Manuel Oropeza confió en que las cosas seguirán como se tenían previstas y Clara Brugada será ratificada como jefa delegacional al término de los plazos legales que requiere esta situación.
A partir de diciembre, el delegado con licencia de Iztapalapa, Rafael Acosta, mejor conocido como Juanito, podría incorporarse al gabinete del gobierno capitalino para dejar en definitiva el puesto a la actual encargada de despacho de esta demarcación, Clara Brugada.
El secretario general del PRD-DF, Jesús Valencia, explicó que él hizo la solicitud al titular del Ejecutivo local, Marcelo Ebrard, y al secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, para que Juanito sea incluido como funcionario de la administración del Distrito Federal.
Aseguró que la petición fue aceptada por el gobierno capitalino. “Lo ven con buenos ojos. A partir de que se venza su licencia, lo que vamos a ver es un Juanito como funcionario público de la ciudad”. El puesto que Rafael Acosta ocupe en la administración capitalina será decisión del jefe de Gobierno.
Luego de que Acosta declaró en Michoacán que los días para Clara Brugada frente de la delegación están contados, porque él regresaría a gobernar, Valencia dijo que se trató de un episodio de nerviosismo de Juanito.
Comentó que “es un amago” del delegado con licencia de Iztapalapa, ante el retraso del nombramiento de parte de su equipo como funcionarios delegacionales, pero aseguró que el próximo 28 de noviembre “no va a pasar nada, él seguramente se va”.
Detalló que al vencer los 59 días que Rafael Acosta tiene de permiso, solicitará una licencia definitiva para incorporarse al GDF “a fin de que aporte lo que pueda aportar a la ciudad, que yo creo que ha de ser mucho”.
El ex director del DIF en el DF añadió que se reunirá hoy con Juanito. Por su parte, el presidente del PRD local, Manuel Oropeza confió en que las cosas seguirán como se tenían previstas y Clara Brugada será ratificada como jefa delegacional al término de los plazos legales que requiere esta situación.
Zelayistas rechazan solución armada.
Noticia:
El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras negó ayer que esté buscando armas y campos de entrenamiento en Centroamérica para tumbar al régimen de facto de Roberto Micheletti, como denunció el sábado el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
“Eso no es cierto, la coordinación del Frente en ningún momento ha hablado, insinuado o planificado la idea de conseguir armas”, dijo Juan Barahona, coordinador general de la resistencia popular que exige la restitución del depuesto presidente Manuel Zelaya.
“Dejamos claro que nuestra lucha sigue siendo pacífica, una masa popular que se pronuncia en las calles sin armas”, subrayó Barahona. Agregó que la resistencia popular centrará su actividad en una asamblea para definir las acciones de la presente semana para seguir exigiendo la restitución de Zelaya.
El presidente de Nicaragua dijo el sábado en Bolivia, en la VII Cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba), que hay preocupación en Centroamérica porque la “resistencia hondureña” busca armas y centros de entrenamiento en su país, en Guatemala y en El Salvador.
Ayer mismo, el Frente dio a conocer que Jairo Sánchez, el sindicalista que resultó herido de bala en septiembre pasado durante una manifestación a favor de la restitución de Zelaya murió el sábado. La resistencia popular contra el golpe de Estado acusa a la Policía por el fallecimiento de Sánchez, porque, argumenta, las fuerzas del orden dispararon sus armas y lanzaron gases para disolver la marcha, que se produjo cuando en el país imperaba un estado de excepción que suspendía garantías constitucionales.
Desde el golpe de Estado a Zelaya, el 28 de junio pasado, unas cuatro personas han muerto en diferentes hechos.
Llega comisión de la ONU
Una misión de las Naciones Unidas llegó ayer al país centroamericano para investigar las violaciones a los derechos humanos que se han registrado tras el golpe de Estado. Una fuente diplomática en Tegucigalpa indicó escuetamente que los enviados del Alto Comisionado de la Organización de la ONU para los Derechos Humanos son Liliana Valiña y Roberto Desogus.
Agregó que ambos representantes permanecerán en el país hasta el 7 de noviembre próximo y que, en principio, “no tienen previsto dar declaraciones a la prensa”.
Zelaya dijo que quienes lo derrocaron el 28 de junio pasado darían todo lo que tienen por quedarse en el poder. “Ellos darían todo lo que tienen por quedarse en el poder, porque ellos obedecen a una argolla económica que asfixia a Honduras desde los años 90”. En declaraciones a EFE, agregó que de “los 90 para acá se dieron las privatizaciones a la economía, hubo un giro, el ser humano pasó a ser mercadería o un número en las estadísticas, pasó a acoplarse a las políticas neoliberales”.
Asimismo, considera que los “grupos económicos” que “han impuesto” a Micheletti, “han privatizado hoy los poderes del Estado”, los que “están siendo destruidos”.
“Aquí no hay separación de poderes, (todos) tienen el mismo director que es Micheletti”, subrayó Zelaya, quien además define al gobernante de facto como “un aprendiz de dictador”. A la pregunta de si se ve de nuevo en el poder sin el apoyo del Parlamento, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la empresa privada y otros sectores, Zelaya respondió: “Es que eso siempre ocurrió, nunca tuve el apoyo”. Según Zelaya, el “grupo económico” que decidió su separación, “ordenó a las Fuerzas Armadas” que lo sacaran del país.
Las comisiones de diálogo seguían ayer analizando las propuestas hechas para la restitución del mandatario derrocado en junio pasado. Zelaya aclaró que “el diálogo no se ha suspendido” y John Biehl, asesor del secretario general de la OEA, dijo que “mientras no se muera el diálogo hay esperanza”.
El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras negó ayer que esté buscando armas y campos de entrenamiento en Centroamérica para tumbar al régimen de facto de Roberto Micheletti, como denunció el sábado el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
“Eso no es cierto, la coordinación del Frente en ningún momento ha hablado, insinuado o planificado la idea de conseguir armas”, dijo Juan Barahona, coordinador general de la resistencia popular que exige la restitución del depuesto presidente Manuel Zelaya.
“Dejamos claro que nuestra lucha sigue siendo pacífica, una masa popular que se pronuncia en las calles sin armas”, subrayó Barahona. Agregó que la resistencia popular centrará su actividad en una asamblea para definir las acciones de la presente semana para seguir exigiendo la restitución de Zelaya.
El presidente de Nicaragua dijo el sábado en Bolivia, en la VII Cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba), que hay preocupación en Centroamérica porque la “resistencia hondureña” busca armas y centros de entrenamiento en su país, en Guatemala y en El Salvador.
Ayer mismo, el Frente dio a conocer que Jairo Sánchez, el sindicalista que resultó herido de bala en septiembre pasado durante una manifestación a favor de la restitución de Zelaya murió el sábado. La resistencia popular contra el golpe de Estado acusa a la Policía por el fallecimiento de Sánchez, porque, argumenta, las fuerzas del orden dispararon sus armas y lanzaron gases para disolver la marcha, que se produjo cuando en el país imperaba un estado de excepción que suspendía garantías constitucionales.
Desde el golpe de Estado a Zelaya, el 28 de junio pasado, unas cuatro personas han muerto en diferentes hechos.
Llega comisión de la ONU
Una misión de las Naciones Unidas llegó ayer al país centroamericano para investigar las violaciones a los derechos humanos que se han registrado tras el golpe de Estado. Una fuente diplomática en Tegucigalpa indicó escuetamente que los enviados del Alto Comisionado de la Organización de la ONU para los Derechos Humanos son Liliana Valiña y Roberto Desogus.
Agregó que ambos representantes permanecerán en el país hasta el 7 de noviembre próximo y que, en principio, “no tienen previsto dar declaraciones a la prensa”.
Zelaya dijo que quienes lo derrocaron el 28 de junio pasado darían todo lo que tienen por quedarse en el poder. “Ellos darían todo lo que tienen por quedarse en el poder, porque ellos obedecen a una argolla económica que asfixia a Honduras desde los años 90”. En declaraciones a EFE, agregó que de “los 90 para acá se dieron las privatizaciones a la economía, hubo un giro, el ser humano pasó a ser mercadería o un número en las estadísticas, pasó a acoplarse a las políticas neoliberales”.
Asimismo, considera que los “grupos económicos” que “han impuesto” a Micheletti, “han privatizado hoy los poderes del Estado”, los que “están siendo destruidos”.
“Aquí no hay separación de poderes, (todos) tienen el mismo director que es Micheletti”, subrayó Zelaya, quien además define al gobernante de facto como “un aprendiz de dictador”. A la pregunta de si se ve de nuevo en el poder sin el apoyo del Parlamento, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la empresa privada y otros sectores, Zelaya respondió: “Es que eso siempre ocurrió, nunca tuve el apoyo”. Según Zelaya, el “grupo económico” que decidió su separación, “ordenó a las Fuerzas Armadas” que lo sacaran del país.
Las comisiones de diálogo seguían ayer analizando las propuestas hechas para la restitución del mandatario derrocado en junio pasado. Zelaya aclaró que “el diálogo no se ha suspendido” y John Biehl, asesor del secretario general de la OEA, dijo que “mientras no se muera el diálogo hay esperanza”.
Luz y Fuerza acumuló quejas por facturación y “diablitos”.
Reportaje.
Cobros excesivos, problemas para retirar “diablitos”, e incluso en revisión de medidores y apertura de nuevos contratos, además de doble facturación y conflictos en la operación general por parte de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) fueron la constante en las denuncias realizadas por ciudadanos en el concurso “El trámite más inútil”.
En el certamen convocado por el gobierno federal, la empresa liquidada juntó un cúmulo de observaciones, quejas y reclamos de la gente, según una revisión de EL UNIVERSAL a los registros.
El concurso lo “ganó” el IMSS
Aunque LyFC no fue la ganadora del concurso, sino el IMSS, LFyC tuvo un sinnúmero de denuncias, sobre todo por excesos en el cobro del suministro.
Luz y Fuerza fue mencionada por trámites inútiles junto con otras dependencias como el SAT, el ISSSTE, la SEP, la SRE, Sedena, Infonavit y el IFE.
Las fallas de LFyC fueron denunciadas por aspectos administrativos como corregir una doble facturación a un cliente, quien luego de dos años y medio en la intentona no lo conseguía.
Hubo quien tuvo problemas para que le quitaran un “diablito” por el que se robaban la luz en Ecatepec.
Entre las denuncias de LyFC, revisadas por EL UNIVERSAL, figuran los problemas para tramitar la apertura de un contrato nuevo; reclamación de consumos; solicitud de servicios de vivienda en condominios; operaciones en general; conexión a una casa nueva, y la ausencia de recibo para realizar el pago, revisión de medidores y el cambio de nombre para el usuario.
Obtuvo denuncias por cobros excesivos, problemas para consultar saldos y tener información de recontratación.
La gente señaló haber tenido problemas para realizar consultas y obtener información de contratos, y para el pago de reparación de daño causado por accidentes en la línea de la suministradora.
En 2008, el gobierno federal lanzó dicho concurso con el fin de detectar qué dependencia albergaba el trámite más inútil, el cual culminó el 8 de enero pasado con la entrega de los premios.
Los ciudadanos propusieron a la que reunía esa característica. Se inscribieron 21 mil 113 propuestas.
A nivel federal, ganó Cecilia Deyanira Velázquez Tello, por el trámite vinculado con el surtimiento y entrega de medicamentos en el IMSS.
A nivel estatal resultó ganadora Ana María Calvo Irurita, por trámites vinculados con el juicio de aclaración del acta de nacimiento, realizados en el Distrito Federal, mientras que a nivel municipal la ganadora fue Monserrat Contreras Castañeda, por el trámite de constancia de residencia, realizado en el municipio de Toluca, estado de México.
Cobros excesivos, problemas para retirar “diablitos”, e incluso en revisión de medidores y apertura de nuevos contratos, además de doble facturación y conflictos en la operación general por parte de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) fueron la constante en las denuncias realizadas por ciudadanos en el concurso “El trámite más inútil”.
En el certamen convocado por el gobierno federal, la empresa liquidada juntó un cúmulo de observaciones, quejas y reclamos de la gente, según una revisión de EL UNIVERSAL a los registros.
El concurso lo “ganó” el IMSS
Aunque LyFC no fue la ganadora del concurso, sino el IMSS, LFyC tuvo un sinnúmero de denuncias, sobre todo por excesos en el cobro del suministro.
Luz y Fuerza fue mencionada por trámites inútiles junto con otras dependencias como el SAT, el ISSSTE, la SEP, la SRE, Sedena, Infonavit y el IFE.
Las fallas de LFyC fueron denunciadas por aspectos administrativos como corregir una doble facturación a un cliente, quien luego de dos años y medio en la intentona no lo conseguía.
Hubo quien tuvo problemas para que le quitaran un “diablito” por el que se robaban la luz en Ecatepec.
Entre las denuncias de LyFC, revisadas por EL UNIVERSAL, figuran los problemas para tramitar la apertura de un contrato nuevo; reclamación de consumos; solicitud de servicios de vivienda en condominios; operaciones en general; conexión a una casa nueva, y la ausencia de recibo para realizar el pago, revisión de medidores y el cambio de nombre para el usuario.
Obtuvo denuncias por cobros excesivos, problemas para consultar saldos y tener información de recontratación.
La gente señaló haber tenido problemas para realizar consultas y obtener información de contratos, y para el pago de reparación de daño causado por accidentes en la línea de la suministradora.
En 2008, el gobierno federal lanzó dicho concurso con el fin de detectar qué dependencia albergaba el trámite más inútil, el cual culminó el 8 de enero pasado con la entrega de los premios.
Los ciudadanos propusieron a la que reunía esa característica. Se inscribieron 21 mil 113 propuestas.
A nivel federal, ganó Cecilia Deyanira Velázquez Tello, por el trámite vinculado con el surtimiento y entrega de medicamentos en el IMSS.
A nivel estatal resultó ganadora Ana María Calvo Irurita, por trámites vinculados con el juicio de aclaración del acta de nacimiento, realizados en el Distrito Federal, mientras que a nivel municipal la ganadora fue Monserrat Contreras Castañeda, por el trámite de constancia de residencia, realizado en el municipio de Toluca, estado de México.
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