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Son 79 indígenas, presos desde hace casi 12 años. Unos 40 esperan salir libres hoy y regresar a Acteal, "a vivir en paz y sin rencores".
Acusados por la masacre de 45 tzotziles, como ellos, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, esperan que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirme lo que nadie les quiso creer entonces: que la mayoría son inocentes, que se fabricaron pruebas y testigos para acusarlos y que deben ser liberados.
En el grupo hay dos, tres y hasta cuatro integrantes de una misma familia, como los hermanos Miguel y Manuel Luna Pérez, su cuñado Juan Santiz Vázquez, y su padre Bartolo Luna Pérez, de 75 años, quien fue detenido y procesado sin la asistencia de un traductor, pese a no hablar español, y aun ahora sólo puede expresarse en tzotzil.
Los sentenciados están reunidos en una de las aulas del penal, que hace las veces de taller o de capilla para sus servicios religiosos. No saben cuántos ni quiénes de ellos pueden quedar libres, pero esperan y confían. La mayoría habla el español con dificultad, pero accede a contar su historia a los enviados de EL UNIVERSAL.
Tomás Pérez Méndez: la policía le prometió un mole; ya no volvió
Tomás Pérez Méndez, de 60 años, es uno de los adultos mayores del grupo y, como muchos de sus compañeros, fue detenido con engaños el 23 de diciembre de 1997, cuando trabajaba en su parcela de café, y sin pruebas que lo relacionaran con la matanza de los 45 tzotziles. Hoy, casi 12 años después, podría ser uno de los liberados.
Ese día, agentes de la desaparecida Policía Judicial Federal (PJF) de la Procuraduría General de la República (PGR) llegaron a Los Chorros, su pueblo, y lo “invitaron” a San Cristóbal para “dialogar” con la sociedad civil Las Abejas (a la que pertenecían los 45 muertos) y “resolver” el problema de la matanza, recuerda.
“Yo estaba trabajando; como es el tiempo de cosecha, estaba lavando mi café y moliendo otro. No había desayunado. Nos dijeron: ‘Escojan 10 gentes porque hay un diálogo en San Cristóbal’. Les dije: ‘Déjenme ponerme los zapatos, llevar mi pozolito’. Me dijeron: ‘No, allá comemos; van a comer mole en San Cristóbal y hoy mismo los regresamos’”, cuenta.
Los habitantes salieron a ver los camiones, y se subieron a ellos para ir “al diálogo”, pues en los meses anteriores se habían dado tres intentos de poner fin a la confrontación con Las Abejas, que ya le había costado 18 muertos al grupo de los acusados.
“Estábamos tranquilos en nuestras casas. Subimos voluntariamente en el camión de la PGR y, en lugar de diálogo, nos llevaron a la cárcel y llevamos más de 11 años encerrados injustamente”.
Como Tomás, casi todos los procesados fueron detenidos después de la matanza, entre diciembre de 1997 y marzo de 1998: en sus casas, en los caminos de Chenalhó o en vehículos de transporte público, y juzgados en un proceso en el que tenían todas las desventajas, entre ellas la más importante, la del idioma.
En caso de quedar libre hoy, Tomás asegura que podrá vivir en paz con sus siete hijos y su esposa en Acteal, pues afirma no estar resentido con los que lo acusaron y lo que quiere es predicar la palabra de Dios. En la cárcel, él y la mayoría de los acusados se convirtieron a la religión presbiteriana.
“Aquí yo acepté al señor Jesucristo. ¿Qué voy a hacer si salgo? Ya no tengo coraje ni rencor con los que me acusaron, voy a predicar. Quiero llegar en paz (a Acteal), con mis hijos que están pidiendo a Dios tocar su corazón a las autoridades. Mi esposa se enfermó; ya murió mi papá y un hermano, por la tristeza de vernos aquí encerrados”, dice con voz apesadumbrada.
Mariano Luna Ruiz: “Fuimos nueve nada más los que participamos”
Mariano es uno de los cinco sentenciados confesos de participar en la matanza y también podría salir hoy. Asegura que ya no siente odio y quiere vivir en paz.
En un español rudimentario, reitera la versión que la PGR y los jueces del caso desecharon una y otra vez: Los autores de la matanza fueron nueve personas, que quisieron vengar las muertes de sus compañeros, ocurridas los meses anteriores y de las que culpaban a Las Abejas y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
“Había problemas, había un grupo de la organización zapatista EZLN y la sociedad civil Las Abejas. Es un acuerdo entre ellos, nosotros no quisimos entrar a sus organizaciones y nos empezaron a matar uno por uno a mis compañeros priístas. Son 18 personas que mataron”, asegura.
Tras las muertes, su grupo pidió apoyo a Julio César Ruiz Ferro, entonces gobernador de Chiapas, y al presidente Ernesto Zedillo, para solucionar el conflicto, sin recibir respuesta.
“El gobierno dijo que no va a dar solución, que hagan lo que hagan los indígenas, que se maten ellos solitos… Nos dejaron solos y entonces hicimos un acuerdo, pero no con gusto; quisimos vengarnos por la muerte de 18 personas y así pasó eso en el 97. Pero digo la verdad, somos nueve personas nada más los que participamos”.
La familia Luna Pérez : “Mi padre no puede morir en la cárcel”
Los hermanos Luna Pérez aún son jóvenes. Manuel tiene 47 años y Miguel 45; su cuñado Juan Santiz, 43, y Bartolo, su padre, 75. Ellos también fueron detenidos en su pueblo natal, La Esperanza, con la versión del supuesto diálogo en San Cristóbal de las Casas, y fueron a juicio sin traductor, pese a no hablar español.
“No es justo que estemos privados de nuestra libertad, sin cometer nada, solamente porque somos indígenas que no sabemos leer ni escribir y no hablamos español. En el 97 no hablábamos ni una palabra de español”, relata Manuel Luna Pérez.
Le preocupa la situación de su padre, pues el único de los cuatro que no saldría libre, al menos por ahora, es precisamente el anciano, quien ya había sido sentenciado cuando el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) tomó el caso para llevarlo a la Corte.
“Lo que más nos importa es mi padre. Él ya está sentenciado a 36 años, injustamente, sólo porque no habla español. Por eso el Ministerio Público lo acusó de homicidio calificado, portación de arma. Mi papá no se puede morir en la cárcel, es una persona inocente, por no saber defenderse”.
“Nosotros no estuvimos en la matanza. Llegaron los judiciales el 24 de diciembre, yo estaba esperando carro para ir a Pantelhó. Nos engañaron, nos dijeron que había diálogo y nos llevaron a las oficinas de la PGR en Tuxtla Gutiérrez; así detuvieron a 38 personas”, recuerda Miguel.
“No tenemos nada de rencor ni odio; los que nos acusaron también reconocieron que no somos culpables. Si Dios quiere que nos vayamos nos vamos a ir tranquilamente. Es lamentable que murieran (las víctimas), pero nosotros no participamos”, agrega su cuñado, Juan Santiz.
María Pérez Pérez, esposa de Juan Santiz, pide que se haga justicia y no pase lo de otras veces.
Entrevistada en Acteal, María Pérez sólo espera, no sabe si creer que Juan saldrá, pues “así se había venido diciendo todos estos años y nunca ha sucedido. Lo único que quiere, dice, es que se haga justicia.
“Como indígenas no sabemos nada, sólo trabajar, por eso sufrimos las consecuencias; esperamos que sea verdad, porque mi esposo no hizo nada. Ese día (de la matanza) estaba en la casa, asoleando café. Lo detuvieron y yo tuve que trabajar muy fuerte para mantener a mis hijos. Hoy estoy esperando”.
Las Abejas pide que Ruiz Ferro sea detenido
María de la Luz González, Ruth Rodríguez
y Óscar Gutiérrez Reporteros y corresponsal
politica@elunviersal.com.mx
ACTEAL, Chis.— “Estamos absolutamente indignados y rechazamos que los autores de la matanza queden libres”, manifestó Sebastián Pérez Vázquez, presidente de la mesa directiva de la sociedad civil Las Abejas, en nombre de los familiares y sobrevivientes de los 45 indígenas asesinados el 22 de diciembre de 1997.
En entrevista dijo que si la Corte quiere hacer justicia con los acusados, también debe hacerla con las víctimas, deteniendo a quienes tienen orden de aprehensión pendiente desde hace 12 años e investigando a los servidores públicos responsables, como el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, quien no hizo nada por evitar la masacre.
El presidente de Las Abejas aseguró que los sobrevivientes de la matanza tienen temor por la posible liberación de los acusados, y han pensado en autodesplazarse; es decir, abandonar sus comunidades, como ocurrió en 1994, tras el alzamiento zapatista, “pero no tenemos a dónde ir.
“Pedimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reflexione lo que está haciendo, ¿quiere hacer la verdad o regresar a la oscuridad?”, dijo.
Por su parte, legisladores federales y locales advirtieron que si se busca una verdadera reconciliación en los Altos de Chiapas, debe castigarse a los autores materiales de la masacre, pero también a quienes desde el gobierno ordenaron fabricar pruebas y encarcelar a inocentes.
El orden y la paz, a salvo
Sobre el impacto que podría tener el fallo que la Corte emitirá hoy, el secretario general de gobierno, Noé Castañón León, aseguró que ninguna decisión jurisdiccional apegada a derecho puede alterar el orden ni la paz.
Dijo que el contexto social y político en la zona de Acteal es totalmente diferente al de los hechos violentos de hace más de 11 años.
“Estamos muy atentos, hemos hecho un trabajo en la región, la cual se encuentra tranquila; las víctimas exigirán que se profundice, pero serán las instancias correspondientes las que las asumirán”, manifestó.
La presidenta del Congreso local, la panista Ana Elisa López Coello, planteó incluso que se abra una nueva investigación del caso, para determinar quiénes y con qué finalidad fabricaron delitos para incriminar a inocentes.
Además, sostuvo que si la Suprema Corte otorga el amparo a los 42 indígenas presos en el penal de “El Amate”, el gobierno debe garantizar la seguridad de los liberados para su reintegración comunitaria y productiva.
Al respecto, el diputado federal del PRD Rutilio Escandón consideró que debe investigarse a los ex funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) que, en su momento, falsificaron las pruebas para culpar a quienes no participaron en la masacre.
Para el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, que ha dado asesoría legal a las víctimas, las deficiencias y vicios cometidos en los procesos penales fueron deliberados, y aseguró que el fallo de la Corte “no establecerá la inocencia o culpabilidad de los sentenciados”.
Pablo y Juan Hernández Pérez, responsables... de hacer escándalo en vía pública
Los hermanos fueron detenidos en Chenalhó el 4 de febrero de 1998, 44 días después de la masacre, por escandalizar en la vía pública y, luego de permanecer arraigados 45 días en el hotel Safari, los consignaron como responsables de la matanza, aunque ese día no estaban en Acteal.
“Yo estaba en Chenalhó, ahí tengo mi negocio. Vendía tacos, palomitas, en la avenida central. No estuve en Acteal”, explica Pablo, quien podría ser liberado junto con su hermano, aunque no sabe qué hará al salir, pues en estos 11 años perdió casa y familia.
“Yo me siento muy contento, a pesar de que no tenemos nada: mi familia nos abandonó, mi esposa nada más aguantó ocho meses. Cuando nos agarraron, los del EZLN quemaron nuestra casa, lo quemaron todo. Cuando salgamos no tenemos dónde vivir. El terreno está, pero la casa ya no está, pero primeramente Dios nos va a ayudar, estamos bien”, dice con una sonrisa.
Pablo Pérez Pérez: “Me dijeron 72 horas, y me llevaron a Cerro Hueco”
Pablo ha visto crecer, desde la cárcel, a sus tres hijos: Susana, de 22; Silviano, de 18, y Zaqueo, de 14, que apenas tenía dos años cuando los judiciales lo detuvieron, en marzo de 1988, con engaños. El día de la matanza, asegura que estaba en su casa, trabajando en el telar.
“Los agentes nos engañaron. Llegaron y nos dijeron que había un citatorio, que íbamos 72 horas como reos y nos trajeron directo a Cerro Hueco (el penal). Yo no tengo enojo, sólo quiero regresar a mi casa”, dice.
“Yo estoy esperando ahora, estoy tranquila porque sé que mi esposo es inocente. Esperamos que haya solución ahora sí”, manifiesta Sara, la esposa, mientras muestra una foto de Pablo con sus hijos Zaqueo y Silviano.
“Me sentía mal de no estar con mi papá. Cuando me dijeron que estaba preso me sentí triste, pero si sale voy a estar muy contento”, dice Zaqueo, quien, como su madre, tampoco habla español.
Jacinto Arias Cruz, ex presidente municipal: el gobierno no quiso solucionar el conflicto
Jacinto Arias era el presidente municipal de Chenalhó cuando ocurrió la matanza. Fue acusado de comprar y distribuir las armas utilizadas en la masacre y no saldrá libre pronto, pues, como Bartolo, ya estaba sentenciado cuando el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) tomó el caso.
Pese a todo, asegura estar contento por sus compañeros y tener confianza en que la liberación de ellos le abrirá las puertas de la cárcel a él y a los que seguirán presos. También reitera su inocencia y culpa a los gobiernos de Julio César Ruiz Ferro y Ernesto Zedillo de no atender los llamados de alerta sobre la confrontación.
“El gobernador dijo nada más que se entablara diálogo, nosotros sí cumplimos, pero las autoridades no hicieron nada. Fuimos varias veces un grupo de personas de la presidencia a manifestarle en su despacho los problemas, pero nunca nos dijo que se iba a resolver. No hizo nada, no hicieron nada las autoridades”, dice el ex edil.
A sus 55 años, Jacinto Arias está cursando la preparatoria y se ha convertido en maestro de sus compañeros, “para no perder el tiempo, aunque nuestros hijos perdieron todo, perdieron educación, se quedaron solos”, lamenta.
El ex edil confía en que Acteal logre la reconciliación, “pues todos hemos sufrido mucho. Ellos (Las Abejas) y nosotros. Y los compañeros sólo quieren vivir en paz”.
Javier Vázquez Luna: “Mataron a mi papá y el gobernador no hizo nada”
Javier tiene 36 años. Es hijo de Agustín Vázquez Secum, cuyo asesinato desencade
nó la matanza, y está detenido por eso, aunque no hay pruebas de que haya participado en la masacre.
“Los del otro grupo mataron a mi papá el 17 de diciembre de 1997, en emboscada. El gobernador no hizo justicia. Era tiempo de cosecha, salió a cortar café, tranquilo; no sabía que había alguien en la vereda y, cuando salió, como a 500 ó 600 metros ahí lo mataron. Dicen que yo defendía a mi papá, pero no es cierto. Me acusaron el otro grupo de civiles y zapatistas”.
Agustín Gómez Pérez: “No tomaron en cuenta mis pruebas”
Detenido el 28 de diciembre, cuando visitaba a su familia, a Agustín no le valió la declaración de sus empleadores, quienes presentaron pruebas de que el día de la matanza él estaba trabajando en San Cristóbal de las Casas como policía auxiliar, en el cuidado de un restaurante.
“El 28 de diciembre fui a visitar a mis hijos. Ya no llegué; en el camino me detuvieron. Llegaron mis dos patrones como testigos, a declarar que yo no participé: Llevaron la libreta donde firmaba la entrada y la salida, pero las autoridades no tomaron en cuenta las pruebas”, relata Agustín.
Los años en prisión han sido difíciles, cuenta. El 7 de mayo de 2005, su familia se accidentó cuando iba a visitarlo al penal. En el accidente, murió su hijo Juan Carlos, de 3 años 11 meses, y su esposa Juana tuvo que ser hospitalizada 20 días por las lesiones. Ella y sus otros cinco hijos lo estarán esperando cuando salga.
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