Noticia:
Horas después de haber declarado que no recibiría a la misión de la OEA que prevé conocer la crisis política del país, porque incluía al secretario general de la organización, José Miguel Insulza, Honduras cambió de opinión. En un comunicado de la cancillería, el gobierno de facto dijo que “se han conciliado las diferencias” en cuanto a la delegación de cancilleres de la OEA, lo que implica que Insulza participe “a título de observador”.
El gobierno de facto hondureño, que preside Roberto Micheletti, argumentaba que la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) no podía estar presidida por Insulza, a quien acusa de parcializarse en el conflicto. Luego de cambiar de opinión, Honduras dejó pendiente la fecha en que deberá llegar la delegación.
Dirigentes del movimiento social que respalda a Zelaya habían dicho que el aplazamiento inicialmente dispuesto por el gobierno obedecía a que Micheletti no quería resolver la crisis ni que los enviados de la OEA presenciaran una movilización prevista para mañana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores hondureño había dicho en un primer comunicado que la “intransigencia” de Insulza en ser parte de la misión y en excluir de ésta a países abiertos a que se reconsidere la suspensión de Honduras de la OEA, aplicada por no restituir a Zelaya, “ha hecho imposible que se convenga la cita en la fecha prevista”.
Sin embargo, había indicado que se mantenía “toda la flexibilidad para convenir una nueva fecha de la visita”, pero “excluyendo de la misión al señor José Miguel Insulza.
El comunicado subrayaba que, “en principio, la misión de cancilleres no incluía al secretario general, en vista de su falta de objetividad, imparcialidad y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones”. Esa actitud de Insulza, según la cancillería hondureña, “ha redundado en perjuicios serios para la democracia”, Honduras y la OEA, “al extremo que su informe presentado a la Asamblea General Extraordinaria se ha descalificado por la propuesta del mediador conocida como Acuerdo de San José”.
El dirigente campesino Rafael Alegría, uno de los líderes del movimiento de resistencia popular que exige el regreso de Zelaya, dijo que la suspensión de la visita reflejaba que Micheletti se negaba a resolver la crisis y “no quiere, además, que la comisión de la OEA observe la movilización popular que tenemos para el martes”. La movilización iniciada el miércoles pasado se concentrará en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, “con miles de hondureños que siguen marchando desde diferentes regiones”, subrayó Alegría.
Expresó que la decisión de Micheletti era “propia de regímenes de facto y fascistas, y provocará una reacción más fuerte de la comunidad internacional”. Otro dirigente de la resistencia, Israel Salinas, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, había señalado que el rechazo a la OEA significaba que este organismo y EU “tienen que tomar medidas más drásticas y más fuertes para que el gobierno de facto de Micheletti caiga de una vez”.
El sindicalista dijo que Micheletti quiere “prolongar su gestión para saquear y repartirse el presupuesto del país, y que la OEA envíe una comisión incondicional que comparta los puntos de vista de los golpistas”.
lunes, 10 de agosto de 2009
Advierten en cédula riesgo a la seguridad.
Noticia:
Por su impacto en las estrategias de logística y presupuesto para los comicios presidenciales de 2012, la cédula de identidad puede generar riesgos en la seguridad nacional y de gobernabilidad en el país, estableció el Instituto Federal Electoral (IFE).
El consejero y presidente de la Comisión del Registro Electoral del IFE, Francisco Guerrero, afirmó a EL UNIVERSAL que el tema debe ser parte del debate sobre la reforma electoral para determinar si es necesario crear una institución ciudadana que haga estos trabajos o que sea el IFE el que elabore las micas en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob).
Guerrero reiteró que el anuncio del Ejecutivo sobre la cédula provocó confusión en el IFE, por lo que adelantó que los consejeros solicitaron un informe al Registro Federal de Electores para determinar los impactos sobre la credencial para votar, así otro jurídico, para conocer la posible afectación a datos personales.
Adelantó que en los próximos dos meses el IFE promoverá una ruta crítica sobre el tema, mediante una serie de foros.
¿Está obligado el IFE a proporcionar su base de datos?
Es un debate abierto, porque primero la Segob no nos ha pedido el padrón, el IFE no lo ha entregado y, tres, en el convenio de colaboración sobre la CURP quedó claro que el IFE no entregará la base de datos y que lo único que hará es que la Segob nos dará los datos de la CURP para incorporar en el proceso de entrega de credenciales, pero no es algo que tengamos considerado.
¿Participará el IFE en los trabajos de la cédula?
Esa alternativa implicaría reformas, por lo que este asunto debe incorporarse en la discusión sobre la reforma electoral de 2010. Sí creo que su posible duplicidad debe ser discutida en el Congreso, donde se van a tomar decisiones sobre esto, porque el país no está en condiciones de duplicar gastos. Solamente la depuración del padrón electoral ocupa 40% del presupuesto anual.
¿Cómo crear una institución ciudadana con la Segob y el Instituto Federal Electoral?
La ley establece que la cédula y el registro nacional ciudadano estarían bajo la Segob. Aunque durante la pasada reforma electoral se discutió la posibilidad de hacer una especie de mezcla y quedar al final como un documento de identificación.
Esa discusión fue en otro momento político…
En ese entonces se acordó que seguiría la estructura del registro electoral tal como está, pero evidentemente ahora hay el riesgo de la disputa de los recursos. El ejemplo más claro de afectación es en seguridad nacional y gobernabilidad: en 2010 hay 14 elecciones, que se llevan a cabo con base en nuestro padrón electoral y la credencial para votar.
¿Cuáles son los riesgos?
La preocupación mayor es la secrecía del padrón electoral. El IFE es garante de que esos datos no se utilicen por autoridades federales, ni de ningún otro órgano, para otros fines; otro dato que nos preocupa es que en un ambiente de astringencia económica, cuando se vea la discusión presupuestal, los legisladores deben canalizar los recursos en proyectos que están funcionando.
Por su impacto en las estrategias de logística y presupuesto para los comicios presidenciales de 2012, la cédula de identidad puede generar riesgos en la seguridad nacional y de gobernabilidad en el país, estableció el Instituto Federal Electoral (IFE).
El consejero y presidente de la Comisión del Registro Electoral del IFE, Francisco Guerrero, afirmó a EL UNIVERSAL que el tema debe ser parte del debate sobre la reforma electoral para determinar si es necesario crear una institución ciudadana que haga estos trabajos o que sea el IFE el que elabore las micas en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob).
Guerrero reiteró que el anuncio del Ejecutivo sobre la cédula provocó confusión en el IFE, por lo que adelantó que los consejeros solicitaron un informe al Registro Federal de Electores para determinar los impactos sobre la credencial para votar, así otro jurídico, para conocer la posible afectación a datos personales.
Adelantó que en los próximos dos meses el IFE promoverá una ruta crítica sobre el tema, mediante una serie de foros.
¿Está obligado el IFE a proporcionar su base de datos?
Es un debate abierto, porque primero la Segob no nos ha pedido el padrón, el IFE no lo ha entregado y, tres, en el convenio de colaboración sobre la CURP quedó claro que el IFE no entregará la base de datos y que lo único que hará es que la Segob nos dará los datos de la CURP para incorporar en el proceso de entrega de credenciales, pero no es algo que tengamos considerado.
¿Participará el IFE en los trabajos de la cédula?
Esa alternativa implicaría reformas, por lo que este asunto debe incorporarse en la discusión sobre la reforma electoral de 2010. Sí creo que su posible duplicidad debe ser discutida en el Congreso, donde se van a tomar decisiones sobre esto, porque el país no está en condiciones de duplicar gastos. Solamente la depuración del padrón electoral ocupa 40% del presupuesto anual.
¿Cómo crear una institución ciudadana con la Segob y el Instituto Federal Electoral?
La ley establece que la cédula y el registro nacional ciudadano estarían bajo la Segob. Aunque durante la pasada reforma electoral se discutió la posibilidad de hacer una especie de mezcla y quedar al final como un documento de identificación.
Esa discusión fue en otro momento político…
En ese entonces se acordó que seguiría la estructura del registro electoral tal como está, pero evidentemente ahora hay el riesgo de la disputa de los recursos. El ejemplo más claro de afectación es en seguridad nacional y gobernabilidad: en 2010 hay 14 elecciones, que se llevan a cabo con base en nuestro padrón electoral y la credencial para votar.
¿Cuáles son los riesgos?
La preocupación mayor es la secrecía del padrón electoral. El IFE es garante de que esos datos no se utilicen por autoridades federales, ni de ningún otro órgano, para otros fines; otro dato que nos preocupa es que en un ambiente de astringencia económica, cuando se vea la discusión presupuestal, los legisladores deben canalizar los recursos en proyectos que están funcionando.
Plagiarios camuflan sus casas de seguridad.
Noticia:
Los secuestradores tratan de hacerlas pasar como cualquier inmueble común; sin embargo, hay características que las identifican como casas de seguridad utilizadas por bandas de secuestradores.
Son domicilios utilizados en el Distrito Federal para resguardar a personas plagiadas. Casi siempre son rentados o pertenecen a alguno de los integrantes de la banda.
Cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) conoce alguna denuncia respecto a que una posible víctima de plagio está oculta en un domicilio, lo primero que hace es mandar a personal especializado para determinar si se trata de una posible casa de seguridad, explicó el jefe de la Policía Judicial, Jesús Jiménez Granados.
Ventanas cubiertas con cobijas, cortinas oscuras, cartones o periódico para evitar ver hacia el interior, es lo que siempre han encontrado los elementos policiacos en los sitios donde se ha rescatado a víctimas.
Rejas, alambrados, ventanas con protecciones, puertas de acero y/o vigilancia de circuito cerrado, son otros mecanismos usados de delincuentes para evitar que huya su víctima.
Casi nunca falta un sillón o cama “vigía”, cercana al lugar donde es retenido el secuestrado. Pero, por lo general, en esos espacios no hay muebles.
Esas han sido las características recurrentes observadas por investigadores en los 42 casos de secuestro registrados en la ciudad de México, del 1 de enero al 10 de julio pasado.
No obstante, algunas de esas casas fueron ubicadas en municipios del estado de México. En el DF la mayoría han sido ubicadas en Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa.
Simulan “vida normal”
En el inmueble en el que permaneció cautiva Yolanda Cevallos Coppel, quien fue asesinada el 3 de julio, se encontraron algunas de estas características, luego de recibir una llamada anónima que señalaba que allí había una mujer cautiva. Las ventanas estaban cubiertas con cobijas, y los vecinos hablaron de que sólo veían a una mujer entrar y salir.
“Los secuestradores designan a una sola persona para hacer los mandados, para hacerse de los alimentos para todos, y de aparentar que todo en esa casa es normal”.
Es por ello que en el plagio de quien fuera directora de Prevención de la Fundación Oceánica, una de las participantes, Jenny Fabiola Rosas Ortiz, tenía la encomienda de barrer la banqueta todas las mañanas, para hacerse pasar como una ama de casa común.
Sin embargo, casi no había movimiento. La joven iba a comprar comida para la víctima y el resto de la banda; sus cómplices casi siempre permanecían en el interior.
Esa casa, que ahora está en proceso de extinción de dominio para que pase a manos del gobierno del Distrito Federal, fue rentada un mes antes por uno de los secuestradores para cometer el secuestro.
En los casos de los jóvenes Fernando Martí y Antonio Equihua, de 15 y 17 años respectivamente, y de Yolanda Cevallos Coppel, las casas de seguridad de los plagiarios estuvieron ubicadas en la delegación Xochimilco. Las tres víctimas fueron asesinadas.
Aplican extinción de dominio
De igual manera, la hija de Nelson Vargas, Silvia Vargas Escalera, estuvo oculta, durante los tres días que duró su cautiverio, en el 51 de la calle Bellavista, en la colonia Lomas de Padierna, en la delegación Tlalpan.
En la zona hay pocas casas, y en la que fue asesinada la joven, es la penúltima de una calle ubicada sobre una loma. Las vecinas sí observaron cosas extrañas, pero no dieron aviso a la policía capitalina.
“Vimos a tres o cuatro cabrones que iban en una camioneta, llevaban una metralleta e ingresaron a la casa”, narraron durante un recorrido realizado en el lugar que ahora es resguardado por cerca de 20 policías federales, quienes han ocupado el interior.
La dueña, quien vive en otra entidad, rentó el inmueble a través de una inmobiliaria, pues dijo que no tenía tiempo para cobrar la renta, narró una de sus conocidas.
Se trata de una casa de planta baja y un primer piso, con un alambrado en su fachada.
Para ocultar el interior, los secuestradores habían colocado un enlonado color naranja que cubría el patio e imposibilitaba la visión hacia adentro, pues tiene ventanas amplias.
Las vecinas contaron que la dueña ha pedido que le sea devuelta su casa, y que según ella les narró, las autoridades dijeron que revisaban la posibilidad de entregársela, pues la Ley de Extinción de Dominio, la cual entró en vigor a partir del pasado 1 de junio, no puede aplicarse de manera retroactiva.
Dicha normatividad es para confiscar los inmuebles que sean usados por bandas de la delincuencia organizada.
Resalta el domicilio de los hermanos Israel y Noé Cañas Ovalle, de 29 y 31 años, respectivamente, presuntos integrantes de la banda de La Flor, ubicada en calle de Pipizahua, colonia Santo Domingo, delegación Coyoacán, donde, a decir de la Procuraduría de Justicia capitalina, se encontró un cuarto denominado de seguridad.
Casi siempre las víctimas permanecen vendadas de ojos, con los pies y las manos amarrados y la boca tapada.
Los secuestradores tratan de hacerlas pasar como cualquier inmueble común; sin embargo, hay características que las identifican como casas de seguridad utilizadas por bandas de secuestradores.
Son domicilios utilizados en el Distrito Federal para resguardar a personas plagiadas. Casi siempre son rentados o pertenecen a alguno de los integrantes de la banda.
Cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) conoce alguna denuncia respecto a que una posible víctima de plagio está oculta en un domicilio, lo primero que hace es mandar a personal especializado para determinar si se trata de una posible casa de seguridad, explicó el jefe de la Policía Judicial, Jesús Jiménez Granados.
Ventanas cubiertas con cobijas, cortinas oscuras, cartones o periódico para evitar ver hacia el interior, es lo que siempre han encontrado los elementos policiacos en los sitios donde se ha rescatado a víctimas.
Rejas, alambrados, ventanas con protecciones, puertas de acero y/o vigilancia de circuito cerrado, son otros mecanismos usados de delincuentes para evitar que huya su víctima.
Casi nunca falta un sillón o cama “vigía”, cercana al lugar donde es retenido el secuestrado. Pero, por lo general, en esos espacios no hay muebles.
Esas han sido las características recurrentes observadas por investigadores en los 42 casos de secuestro registrados en la ciudad de México, del 1 de enero al 10 de julio pasado.
No obstante, algunas de esas casas fueron ubicadas en municipios del estado de México. En el DF la mayoría han sido ubicadas en Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa.
Simulan “vida normal”
En el inmueble en el que permaneció cautiva Yolanda Cevallos Coppel, quien fue asesinada el 3 de julio, se encontraron algunas de estas características, luego de recibir una llamada anónima que señalaba que allí había una mujer cautiva. Las ventanas estaban cubiertas con cobijas, y los vecinos hablaron de que sólo veían a una mujer entrar y salir.
“Los secuestradores designan a una sola persona para hacer los mandados, para hacerse de los alimentos para todos, y de aparentar que todo en esa casa es normal”.
Es por ello que en el plagio de quien fuera directora de Prevención de la Fundación Oceánica, una de las participantes, Jenny Fabiola Rosas Ortiz, tenía la encomienda de barrer la banqueta todas las mañanas, para hacerse pasar como una ama de casa común.
Sin embargo, casi no había movimiento. La joven iba a comprar comida para la víctima y el resto de la banda; sus cómplices casi siempre permanecían en el interior.
Esa casa, que ahora está en proceso de extinción de dominio para que pase a manos del gobierno del Distrito Federal, fue rentada un mes antes por uno de los secuestradores para cometer el secuestro.
En los casos de los jóvenes Fernando Martí y Antonio Equihua, de 15 y 17 años respectivamente, y de Yolanda Cevallos Coppel, las casas de seguridad de los plagiarios estuvieron ubicadas en la delegación Xochimilco. Las tres víctimas fueron asesinadas.
Aplican extinción de dominio
De igual manera, la hija de Nelson Vargas, Silvia Vargas Escalera, estuvo oculta, durante los tres días que duró su cautiverio, en el 51 de la calle Bellavista, en la colonia Lomas de Padierna, en la delegación Tlalpan.
En la zona hay pocas casas, y en la que fue asesinada la joven, es la penúltima de una calle ubicada sobre una loma. Las vecinas sí observaron cosas extrañas, pero no dieron aviso a la policía capitalina.
“Vimos a tres o cuatro cabrones que iban en una camioneta, llevaban una metralleta e ingresaron a la casa”, narraron durante un recorrido realizado en el lugar que ahora es resguardado por cerca de 20 policías federales, quienes han ocupado el interior.
La dueña, quien vive en otra entidad, rentó el inmueble a través de una inmobiliaria, pues dijo que no tenía tiempo para cobrar la renta, narró una de sus conocidas.
Se trata de una casa de planta baja y un primer piso, con un alambrado en su fachada.
Para ocultar el interior, los secuestradores habían colocado un enlonado color naranja que cubría el patio e imposibilitaba la visión hacia adentro, pues tiene ventanas amplias.
Las vecinas contaron que la dueña ha pedido que le sea devuelta su casa, y que según ella les narró, las autoridades dijeron que revisaban la posibilidad de entregársela, pues la Ley de Extinción de Dominio, la cual entró en vigor a partir del pasado 1 de junio, no puede aplicarse de manera retroactiva.
Dicha normatividad es para confiscar los inmuebles que sean usados por bandas de la delincuencia organizada.
Resalta el domicilio de los hermanos Israel y Noé Cañas Ovalle, de 29 y 31 años, respectivamente, presuntos integrantes de la banda de La Flor, ubicada en calle de Pipizahua, colonia Santo Domingo, delegación Coyoacán, donde, a decir de la Procuraduría de Justicia capitalina, se encontró un cuarto denominado de seguridad.
Casi siempre las víctimas permanecen vendadas de ojos, con los pies y las manos amarrados y la boca tapada.
La Corte discute hoy eliminar el fuero militar.
Noticia:
El proyecto de sentencia para que los militares puedan ser juzgados por autoridades civiles llega hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la oposición del gobierno federal y con la mayoría de ministros dividida.
El documento del ministro José Ramón Cossío Díaz propone que los militares que cometan delitos contra la población sean juzgados por tribunales civiles y no por el Ejército, como ocurre en la actualidad.
Debido al tema, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, visitó personalmente a cada uno de los ministros del máximo tribunal para presentarles sus argumentos en contra de que se limite el fuero militar.
El funcionario federal no sólo les expuso argumentos jurídicos, sino la preocupación del gobierno federal respecto a que si prospera la propuesta se pondría en riesgo a las Fuerzas Armadas, su institucionalidad y la lucha contra el crimen organizado, según datos recabados por este diario.
El secretario explicó que los soldados involucrados en agresiones a civiles atentan contra la disciplina militar, por lo cual deben ser juzgados bajo el fuero de guerra.
Gómez Mont también pidió revisar la opción de desechar, de inicio y sin entrar a la discusión de fondo, el juicio de amparo que detonó este asunto.
Antes que el titular de Gobernación, la Secretaría de la Defensa, a través de la Procuraduría de Justicia Militar, también intercedió ante los ministros.
Fuentes dentro de la Corte consideran difícil que prospere el proyecto del ministro José Ramón Cossío.
El proyecto de sentencia para que los militares puedan ser juzgados por autoridades civiles llega hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la oposición del gobierno federal y con la mayoría de ministros dividida.
El documento del ministro José Ramón Cossío Díaz propone que los militares que cometan delitos contra la población sean juzgados por tribunales civiles y no por el Ejército, como ocurre en la actualidad.
Debido al tema, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, visitó personalmente a cada uno de los ministros del máximo tribunal para presentarles sus argumentos en contra de que se limite el fuero militar.
El funcionario federal no sólo les expuso argumentos jurídicos, sino la preocupación del gobierno federal respecto a que si prospera la propuesta se pondría en riesgo a las Fuerzas Armadas, su institucionalidad y la lucha contra el crimen organizado, según datos recabados por este diario.
El secretario explicó que los soldados involucrados en agresiones a civiles atentan contra la disciplina militar, por lo cual deben ser juzgados bajo el fuero de guerra.
Gómez Mont también pidió revisar la opción de desechar, de inicio y sin entrar a la discusión de fondo, el juicio de amparo que detonó este asunto.
Antes que el titular de Gobernación, la Secretaría de la Defensa, a través de la Procuraduría de Justicia Militar, también intercedió ante los ministros.
Fuentes dentro de la Corte consideran difícil que prospere el proyecto del ministro José Ramón Cossío.
Ni reforma migratoria, ni Canadá retira visas.
Noticia:
En el inicio de la Cumbre de Líderes de América del Norte, Estados Unidos descartó que haya condiciones legislativas para instrumentar una reforma migratoria y Canadá determinó no dar marcha atrás a la imposición del visado a visitantes mexicanos.
Ayer el presidente Felipe Calderón sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos Barack Obama y Stephen Harper, de EU y Canadá.
Sobre la primera reunión, el embajador de México en EU, Arturo Sarukhán, dijo que en el Congreso estadounidense dominan otros asuntos antes que el migratorio. Por su parte, el embajador en Canadá, Francisco Barrio, dijo que se acordó dar seguimiento al tema de las visas.
En el inicio de la Cumbre de Líderes de América del Norte, Estados Unidos descartó que haya condiciones legislativas para instrumentar una reforma migratoria y Canadá determinó no dar marcha atrás a la imposición del visado a visitantes mexicanos.
Ayer el presidente Felipe Calderón sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos Barack Obama y Stephen Harper, de EU y Canadá.
Sobre la primera reunión, el embajador de México en EU, Arturo Sarukhán, dijo que en el Congreso estadounidense dominan otros asuntos antes que el migratorio. Por su parte, el embajador en Canadá, Francisco Barrio, dijo que se acordó dar seguimiento al tema de las visas.
Descartan desaparecer atención a pobreza.
Noticia:
A 12 años de su creación, el programa Oportunidades no desaparecerá, afirmó el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero.
El funcionario aseguró que aunque hay muchos “lamiéndose los bigotes” para usarlo con fines electorales, el gobierno federal impedirá esa intención y, más allá, lo fortalecerá con el fin de combatir a fondo la pobreza.
Ante las versiones de que se buscaría transferir el programa a los gobiernos estatales, en la elaboración del presupuesto del próximo año, Cordero advirtió que no es botín político de nadie, y adelantó que en la elaboración del presupuesto 2010, este será uno de los programas que la Sedesol va a “defender” y a “proteger” para mantenerlo bajo la tutela federal.
El funcionario celebró, junto con el gobernador Marcelo de los Santos (PAN), los 12 años de la creación del apoyo. En su discurso, dijo que lo ideal es que no se extinga completamente, sino que las familias después de un periodo en el programa, puedan graduarse como lo hacen muchas familias, una vez superados los retos.
Cordero indicó que el programa debe durar “lo que sea necesario” y lo importante es que cada familia al final tenga mejores elementos para romper el círculo de la pobreza; en ese sentido aseguró que en lo que toca a esta administración, esta ayuda se mantendrá hasta 2012.
Oportunidades fue creado el 8 de agosto de 1997, en la administración de Ernesto Zedillo, última administración del PRI, pero bajo el nombre de Progresa. Posteriormente el entonces presidente Vicente Fox lo mantuvo, al igual que el actual mandatario, Felipe Calderón, ya bajo otra denominación.
En 2004, en este municipio de la Huasteca se incorporó a la familia beneficiaria el número 5 millones.
A 12 años de su creación, el programa Oportunidades no desaparecerá, afirmó el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero.
El funcionario aseguró que aunque hay muchos “lamiéndose los bigotes” para usarlo con fines electorales, el gobierno federal impedirá esa intención y, más allá, lo fortalecerá con el fin de combatir a fondo la pobreza.
Ante las versiones de que se buscaría transferir el programa a los gobiernos estatales, en la elaboración del presupuesto del próximo año, Cordero advirtió que no es botín político de nadie, y adelantó que en la elaboración del presupuesto 2010, este será uno de los programas que la Sedesol va a “defender” y a “proteger” para mantenerlo bajo la tutela federal.
El funcionario celebró, junto con el gobernador Marcelo de los Santos (PAN), los 12 años de la creación del apoyo. En su discurso, dijo que lo ideal es que no se extinga completamente, sino que las familias después de un periodo en el programa, puedan graduarse como lo hacen muchas familias, una vez superados los retos.
Cordero indicó que el programa debe durar “lo que sea necesario” y lo importante es que cada familia al final tenga mejores elementos para romper el círculo de la pobreza; en ese sentido aseguró que en lo que toca a esta administración, esta ayuda se mantendrá hasta 2012.
Oportunidades fue creado el 8 de agosto de 1997, en la administración de Ernesto Zedillo, última administración del PRI, pero bajo el nombre de Progresa. Posteriormente el entonces presidente Vicente Fox lo mantuvo, al igual que el actual mandatario, Felipe Calderón, ya bajo otra denominación.
En 2004, en este municipio de la Huasteca se incorporó a la familia beneficiaria el número 5 millones.
Alcaldías de todo el país, en quiebra.
Notcia:
La escasa captación tributaria y la caída en los ingresos petroleros anunciada desde mayo pasado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha impactado a por lo menos 95% de las 2 mil 435 alcaldías que existen en el país, de acuerdo con informes de los gobiernos estatales.
La crisis financiera por la que atraviesan los ayuntamientos obligó a muchos de ellos a suspender la seguridad pública y la recolección de basura, y a otros más a decretar reducciones salariales, despidos masivos y suspensión de obra pública.
Durante los primeros seis meses del año, las entidades federativas y el Distrito Federal vieron reducir las aportaciones en 21.3% respecto al mismo periodo de 2008. En términos reales, eso equivale a un recorte de 49 mil millones de pesos, señalan cifras de la SHCP.
Los efectos de ese desplome se han magnificado también por el esquema que rige el ejercicio del dinero público, afirma Saúl Arella, director de investigaciones del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).
“El instrumento de planeación para los municipios ha sido el Presupuesto de Egresos y no la Ley de Ingresos, que es lo que les permitiría saber con cuánto están contando y desde luego haber previsto los efectos de esta crisis. Ahora ya traen obra comprometida, cuentas por pagar a proveedores y se les está cayendo la capacidad de recaudación local”, explica.
En los municipios, sobre todo los pequeños y pobres, las consecuencias de ello llevan a sus alcaldes a condiciones de angustia, como demandar un rescate financiero para no caer en rebeldía.
“Si en dos semanas no recibimos una respuesta tendremos que salir a las calles a manifestarnos”, advierte Cuauhtémoc Calderón Galván, presidente de Zacatecas y de la Asociación de Alcaldes de Acción Nacional (ANAC).
La escasa captación tributaria y la caída en los ingresos petroleros anunciada desde mayo pasado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha impactado a por lo menos 95% de las 2 mil 435 alcaldías que existen en el país, de acuerdo con informes de los gobiernos estatales.
La crisis financiera por la que atraviesan los ayuntamientos obligó a muchos de ellos a suspender la seguridad pública y la recolección de basura, y a otros más a decretar reducciones salariales, despidos masivos y suspensión de obra pública.
Durante los primeros seis meses del año, las entidades federativas y el Distrito Federal vieron reducir las aportaciones en 21.3% respecto al mismo periodo de 2008. En términos reales, eso equivale a un recorte de 49 mil millones de pesos, señalan cifras de la SHCP.
Los efectos de ese desplome se han magnificado también por el esquema que rige el ejercicio del dinero público, afirma Saúl Arella, director de investigaciones del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).
“El instrumento de planeación para los municipios ha sido el Presupuesto de Egresos y no la Ley de Ingresos, que es lo que les permitiría saber con cuánto están contando y desde luego haber previsto los efectos de esta crisis. Ahora ya traen obra comprometida, cuentas por pagar a proveedores y se les está cayendo la capacidad de recaudación local”, explica.
En los municipios, sobre todo los pequeños y pobres, las consecuencias de ello llevan a sus alcaldes a condiciones de angustia, como demandar un rescate financiero para no caer en rebeldía.
“Si en dos semanas no recibimos una respuesta tendremos que salir a las calles a manifestarnos”, advierte Cuauhtémoc Calderón Galván, presidente de Zacatecas y de la Asociación de Alcaldes de Acción Nacional (ANAC).
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