Noticia:
La Cámara de Diputados eligió por 408 votos a favor a Juan Manuel Portal como nuevo Auditor Superior de la Federación (ASF), en sustitución de Arturo González de Aragón.
Portal Martínez fue electo gracias al acuerdo entre las bancadas del PRI y PAN, y la concesión al PRD de no votar por Julián Olivas, quien junto con José Luis Nava, completaban la terna propuesta al pleno de los legisladores.
La elección del nuevo auditor coincidió con la entrega del Informe de Gestión 20022009 del órgano fiscalizador, aún a cargo de Arturo González de Aragón, en el que revela que sólo de la revisión de la Cuenta Pública 2008 se recuperaron más de 2 mil millones de pesos por irregularidades en el uso de recursos públicos en estados y municipios del país.
Durante su gestión, González de Aragón logró recuperar más de 35 mil millones de pesos, de los cuales, 10 mil 800 millones resultaron del rescate bancario, 8 mil millones de gobiernos estatales y municipales, y 3 mil millones de pesos de Pemex y Fideicomisos.
Según el reporte del auditor, la fiscalización creció de 1.9% en 2000 a 15.8% en 2007.
En relación con las denuncias presentadas, de 36 interpuestas por la ASF en contra de funcionarios que hicieron mal uso de los recursos públicos, 28 casos siguen en trámite, y ocho concluyeron sin ejercicio de la acción penal.
Luego de una negociación entre la cúpula partidista en San Lázaro, ayer Manuel Portal rindió protesta de su cargo que ocupará del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2017.
El funcionario negó que el PRI lo haya “apadrinado” para llegar al cargo de titular del máximo órgano fiscalizador.
“¿Eso dicen?, ¿cuál es la cercanía?, trabajé en Petróleos Mexicanos cuando Francisco Rojas (coordinador del PRI en la Cámara de Diputados) era director. Mi nombramiento lo da la Secretaría de la Función Pública, si ésta no hubiera querido, no estuviera aquí”.
Dijo que hay cosas que se deben mejorar, pero también defendió algunas áreas que, en opinión de González de Aragón, se encuentran bajo el rango de la opacidad, como los fideicomisos y los partidos.
A pregunta expresa sobre si el decálogo de reforma del Estado propuesto por el presidente Calderón ayudaría a reducir gastos, el próximo auditor aseguró que hasta ayer al mediodía no había leído la propuesta y desconocía su contenido total.
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miércoles, 16 de diciembre de 2009
martes, 15 de diciembre de 2009
Diputados elegirán hoy al nuevo auditor.
Noticia:
Juan Manuel Portal Martínez, José Luis Nava Díaz y Julián Olivas Ugalde son los tres candidatos a titular la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2017.
Al cierre de la edición, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD llegaron a un primer acuerdo para votar en el siguiente orden: Portal en primer lugar, Nava en segundo lugar, y a Olivas en tercero.
La Cámara de Diputados debe acordar en el pleno hoy —con al menos 333 votos— la designación del nuevo Auditor, ante su rechazo de dejar en el cargo a Arturo González de Aragón por ocho años más.
Los candidatos tienen perfiles cercanos al control de los recursos, y los tres están relacionados con la operación de la ASF.
Portal y Nava laboran actualmente en el órgano, el primero como auditor especial de Cumplimiento Financiero, y el segundo como director de inversiones físicas de la Auditoría Superior de la Federación.
Olivas trabajó también en la ASF como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y actualmente es el secretario Ejecutivo de Servicios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Decisiones entre partidos
La decisión fue resultado de un acuerdo entre los coordinadores del PRI, Francisco Rojas, del PRD, Alejandro Encinas, y del PAN, Josefina Vázquez Mota.
La comisión de Vigilancia de la ASF recibió el pasado domingo los nombres que generaban consenso, y a fin de no evidenciar una imposición se acordó elegir la terna entre los 38 aspirantes entrevistados mediante una votación secreta en urnas.
Ese ejercicio arrojó 26 planillas iguales, de los 27 diputados que participaron en la sesión del pasado domingo.
La negociación fue larga, la comisión no pudo ni siquiera debatir sobre sus impresiones de las entrevistas a los aspirantes, al menos no en sesión formal.
La elección del nuevo auditor será la última decisión del primer periodo de sesiones de la 61 Legislatura, y a diferencia de las votaciones comunes en la negociación del presupuesto o de reformas legales, el PRI no podrá utilizar sólo su mayoría para elegir a un candidato, y por ello ayer en la noche cerraron un primer acuerdo para desechar la candidatura de Olivas.
La bancada del PRD en la Cámara baja vetó a Olivas por considerar que tiene vínculos estrechos con el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, ya que el funcionario de la Corte es concuño del encargado de comunicación social del gobierno mexiquense.
Investigación de aspirantes
Los legisladores también indagaron a Manuel Portal, y resultó, en voz del petista Mario Di Costanzo, que su esposa trabaja en la secretaría de Hacienda, en una dirección general adjunta.
La selección del segundo auditor en la historia del país se llevó al límite legal, que es este 15 de diciembre, y de ahí la premura de encontrar un acuerdo para avalar política y técnicamente al nuevo titular de la ASF.
Hoy votarán en urnas por uno de los tres candidatos, y de no lograr la votación de al menos 333 votos, la terna se cancela y la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación estaría obligada a presentar una nueva y diferente.
Los vicecoordinadores del PRI, Carlos Ramírez; del PAN, Roberto Gil, y del PRD, Guadalupe Acosta, negaron tener candidatos, y afirmaron que buscarán el mejor acuerdo en aras de que el auditor llegue sin filias partidistas o fobias políticas.
Juan Manuel Portal Martínez, José Luis Nava Díaz y Julián Olivas Ugalde son los tres candidatos a titular la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2017.
Al cierre de la edición, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD llegaron a un primer acuerdo para votar en el siguiente orden: Portal en primer lugar, Nava en segundo lugar, y a Olivas en tercero.
La Cámara de Diputados debe acordar en el pleno hoy —con al menos 333 votos— la designación del nuevo Auditor, ante su rechazo de dejar en el cargo a Arturo González de Aragón por ocho años más.
Los candidatos tienen perfiles cercanos al control de los recursos, y los tres están relacionados con la operación de la ASF.
Portal y Nava laboran actualmente en el órgano, el primero como auditor especial de Cumplimiento Financiero, y el segundo como director de inversiones físicas de la Auditoría Superior de la Federación.
Olivas trabajó también en la ASF como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y actualmente es el secretario Ejecutivo de Servicios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Decisiones entre partidos
La decisión fue resultado de un acuerdo entre los coordinadores del PRI, Francisco Rojas, del PRD, Alejandro Encinas, y del PAN, Josefina Vázquez Mota.
La comisión de Vigilancia de la ASF recibió el pasado domingo los nombres que generaban consenso, y a fin de no evidenciar una imposición se acordó elegir la terna entre los 38 aspirantes entrevistados mediante una votación secreta en urnas.
Ese ejercicio arrojó 26 planillas iguales, de los 27 diputados que participaron en la sesión del pasado domingo.
La negociación fue larga, la comisión no pudo ni siquiera debatir sobre sus impresiones de las entrevistas a los aspirantes, al menos no en sesión formal.
La elección del nuevo auditor será la última decisión del primer periodo de sesiones de la 61 Legislatura, y a diferencia de las votaciones comunes en la negociación del presupuesto o de reformas legales, el PRI no podrá utilizar sólo su mayoría para elegir a un candidato, y por ello ayer en la noche cerraron un primer acuerdo para desechar la candidatura de Olivas.
La bancada del PRD en la Cámara baja vetó a Olivas por considerar que tiene vínculos estrechos con el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, ya que el funcionario de la Corte es concuño del encargado de comunicación social del gobierno mexiquense.
Investigación de aspirantes
Los legisladores también indagaron a Manuel Portal, y resultó, en voz del petista Mario Di Costanzo, que su esposa trabaja en la secretaría de Hacienda, en una dirección general adjunta.
La selección del segundo auditor en la historia del país se llevó al límite legal, que es este 15 de diciembre, y de ahí la premura de encontrar un acuerdo para avalar política y técnicamente al nuevo titular de la ASF.
Hoy votarán en urnas por uno de los tres candidatos, y de no lograr la votación de al menos 333 votos, la terna se cancela y la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación estaría obligada a presentar una nueva y diferente.
Los vicecoordinadores del PRI, Carlos Ramírez; del PAN, Roberto Gil, y del PRD, Guadalupe Acosta, negaron tener candidatos, y afirmaron que buscarán el mejor acuerdo en aras de que el auditor llegue sin filias partidistas o fobias políticas.
miércoles, 11 de noviembre de 2009
México empeora en AL en transparencia.
Noticia:
De acuerdo con el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2009, México está reprobado, pues entre 12 países de la región obtuvo una calificación de 48 puntos, mientras que entre las naciones mejor evaluadas se encuentran Costa Rica, con 69 puntos, y Perú, con 54 puntos.
El estudio es una herramienta que busca aportar transparencia en los procesos presupuestarios de los países del continente, así como fortalecer las leyes y la participación de los ciudadanos. Se construye a partir de una encuesta y califica a los países en una escala del 1 al 100, en la que 1 significa nada transparente y 100 muy transparente.
Caída de 2 puntos porcentuales
México este año cayó dos puntos porcentuales con respecto a la evaluación de 2007, cuando obtuvo 50 puntos, y 6 puntos con relación a la medición de 2005, cuando logró 54 puntos.
José María Marín, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explicó que México obtuvo su peor calificación desde 2001, porque la percepción de la ciudadanía sobre el tema ha venido creciendo por factores como que la información que presenta el gobierno es confusa, incompleta y no es útil para la rendición de cuentas.
Uno de los factores en los que México resultó peor evaluado es en la participación ciudadana (con 5%) en el Presupuesto, porque en el país no existen mecanismos que permitan a la sociedad involucrarse en la discusión del tema, dijo el especialista.
Otros de los puntos con peor evaluación fueron cambios al Presupuesto (21%); rendición de cuentas (18%); control sobre funcionarios federales (16%); asignación del Presupuesto (16%), responsabilidad de niveles de gobierno (13%) y evaluación de la Contraloría interna (10%).
“Esta encuesta se levantó en un contexto de crisis (económica), donde las condiciones adversas le pusieron una lupa al proceso presupuestario, lo que resaltó sus problemas tanto en ejecución, gestión, como en la transparencia y la información disponible”, mencionó Marín.
En México, la encuesta se envió a 149 expertos, la cual fue contestada por 77, lo que representa una cobertura de 52%.
Cuestionan al Poder Legislativo
La especialista del CIDE, Alejandra Ríos, cuestionó el papel del Poder Legislativo en la transparencia de la información presupuestal, pues indicó que ha dejado su trabajo en manos del órgano externo de control.
Dijo que México tuvo resultados “desastrosos” en materia de participación ciudadana, pues el diagnóstico revela que además de que los datos son insuficientes, se requiere de una explicación que abunde sobre los cambios en el presupuesto y su impacto.
De acuerdo con el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2009, México está reprobado, pues entre 12 países de la región obtuvo una calificación de 48 puntos, mientras que entre las naciones mejor evaluadas se encuentran Costa Rica, con 69 puntos, y Perú, con 54 puntos.
El estudio es una herramienta que busca aportar transparencia en los procesos presupuestarios de los países del continente, así como fortalecer las leyes y la participación de los ciudadanos. Se construye a partir de una encuesta y califica a los países en una escala del 1 al 100, en la que 1 significa nada transparente y 100 muy transparente.
Caída de 2 puntos porcentuales
México este año cayó dos puntos porcentuales con respecto a la evaluación de 2007, cuando obtuvo 50 puntos, y 6 puntos con relación a la medición de 2005, cuando logró 54 puntos.
José María Marín, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explicó que México obtuvo su peor calificación desde 2001, porque la percepción de la ciudadanía sobre el tema ha venido creciendo por factores como que la información que presenta el gobierno es confusa, incompleta y no es útil para la rendición de cuentas.
Uno de los factores en los que México resultó peor evaluado es en la participación ciudadana (con 5%) en el Presupuesto, porque en el país no existen mecanismos que permitan a la sociedad involucrarse en la discusión del tema, dijo el especialista.
Otros de los puntos con peor evaluación fueron cambios al Presupuesto (21%); rendición de cuentas (18%); control sobre funcionarios federales (16%); asignación del Presupuesto (16%), responsabilidad de niveles de gobierno (13%) y evaluación de la Contraloría interna (10%).
“Esta encuesta se levantó en un contexto de crisis (económica), donde las condiciones adversas le pusieron una lupa al proceso presupuestario, lo que resaltó sus problemas tanto en ejecución, gestión, como en la transparencia y la información disponible”, mencionó Marín.
En México, la encuesta se envió a 149 expertos, la cual fue contestada por 77, lo que representa una cobertura de 52%.
Cuestionan al Poder Legislativo
La especialista del CIDE, Alejandra Ríos, cuestionó el papel del Poder Legislativo en la transparencia de la información presupuestal, pues indicó que ha dejado su trabajo en manos del órgano externo de control.
Dijo que México tuvo resultados “desastrosos” en materia de participación ciudadana, pues el diagnóstico revela que además de que los datos son insuficientes, se requiere de una explicación que abunde sobre los cambios en el presupuesto y su impacto.
jueves, 5 de febrero de 2009
Corte frena transparencia en el caso Lydia Cacho.
Noticia:
Después de casi siete meses, el Comité de Acceso a la Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó frenar, de manera temporal, la entrega de la información que le solicitó la periodista Lydia Cacho sobre las investigaciones que realizó el máximo tribunal en torno a la detención de que fue objeto en diciembre de 2005.
La medida se adoptó para analizar en los próximos días si se le puede entregar la información contenida en las averiguaciones previas de su expediente, en virtud de que a partir de diciembre del año pasado entró en vigor una reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que prohíbe el acceso público a las averiguaciones previas.
El abogado de Lydia Cacho, Xavier Olea Truehart, tuvo que recurrir a la Ley Federal de Transparencia para obtener esta información, en junio de 2008, después de concluido el caso, siendo que al gobernador de Puebla, Mario Marín, la Corte le permitió tener acceso a todo el expediente desde 2007.
En respuesta a la solicitud de Olea, debido a las miles de hojas que forman parte del expediente, la Subsecretaría General de Acuerdos de la Corte pidió una serie de prórrogas para determinar qué información podía considerarse pública, cuál debía entregarse en una versión con datos suprimidos y cuál era de carácter reservada o confidencial.
Y, al cabo de casi siete meses, cuando se disponía a conceder el acceso a la información, el Comité tuvo que aplazar su decisión ante la entrada en vigor de la reforma.
Comentario:
¿Por qué un gobernador si puede tener acceso a la información y un ciudadano común no?
Después de casi siete meses, el Comité de Acceso a la Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó frenar, de manera temporal, la entrega de la información que le solicitó la periodista Lydia Cacho sobre las investigaciones que realizó el máximo tribunal en torno a la detención de que fue objeto en diciembre de 2005.
La medida se adoptó para analizar en los próximos días si se le puede entregar la información contenida en las averiguaciones previas de su expediente, en virtud de que a partir de diciembre del año pasado entró en vigor una reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que prohíbe el acceso público a las averiguaciones previas.
El abogado de Lydia Cacho, Xavier Olea Truehart, tuvo que recurrir a la Ley Federal de Transparencia para obtener esta información, en junio de 2008, después de concluido el caso, siendo que al gobernador de Puebla, Mario Marín, la Corte le permitió tener acceso a todo el expediente desde 2007.
En respuesta a la solicitud de Olea, debido a las miles de hojas que forman parte del expediente, la Subsecretaría General de Acuerdos de la Corte pidió una serie de prórrogas para determinar qué información podía considerarse pública, cuál debía entregarse en una versión con datos suprimidos y cuál era de carácter reservada o confidencial.
Y, al cabo de casi siete meses, cuando se disponía a conceder el acceso a la información, el Comité tuvo que aplazar su decisión ante la entrada en vigor de la reforma.
Comentario:
¿Por qué un gobernador si puede tener acceso a la información y un ciudadano común no?
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