Noticia:
El presidente Felipe Calderón dijo que en materia de transparencia la ciudadanía no merece simulaciones o regateos por lo que exigió a los gobiernos municipales, estatales y al federal detallar el destino del gasto público. “Basta de opacidad y derroche de los recursos”, afirmó.
El mandatario reconoció que buena parte de la insatisfacción ciudadana con la democracia se origina en que no hay una forma efectiva de manifestar su desaprobación hacia gobiernos ineficaces u opacos.
“Cada peso que recibe el gobierno debe ser monitoreado hasta su gasto de manera plena, puntual y escrupulosa”, mencionó.
Esta semana EL UNIVERSAL publicó análisis de organizaciones no gubernamentales que exhiben a los estados por incumplir las disposiciones constitucionales de transparencia y acceso a la información.
Calderón encabezó en Los Pinos la presentación del estudio sobre el proceso presupuestario en México realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
José Ángel Gurría, secretario general del organismo internacional, llamó a estados y municipios a homologar con el gobierno federal las medidas de rendición de cuentas, de responsabilidad y transparencia.
El jefe del Ejecutivo pidió también que los tres niveles de gobierno adopten los mismos criterios contables para el gasto público y generen mejores mecanismos de evaluación y difusión: “Hago un llamado respetuoso a los gobiernos estatales a que asumamos sin cortapisas los estándares de transparencia y rendición de cuentas que en este caso está promoviendo la OCDE”.
En el encuentro, el auditor de la Federación, Juan Manuel Portal, admitió que las transferencias de recursos a estados y municipios son un área de riesgo, debido a que sólo se evalúa a 5% de los municipios.
Nadie puede derrochar: Cordero
En la presentación del documento, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, afirmó que el gobierno no es rico ni tampoco el pueblo de México, y que por ello nadie se puede dar el lujo de tirar el dinero. Aseguró que el gobierno está convencido de que los ciudadanos necesitan saber cómo y en qué se gastan sus impuestos.
Más tarde, al comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, calificó de responsable la decisión de reanudar los incrementos en los precios de las gasolinas y el diesel.
El gobierno, dijo, está consciente de que fue una medida impopular: “Sin embargo, en ocasiones, resulta imprescindible actuar con responsabilidad para velar por la estabilidad, el crecimiento y equidad”.
Advirtió que si el país retrasa la política de deslices en el costo de combustibles, se generarían rezagos que implicarían ajustes mayores en los precios y mayor trabajo a las familias mexicanas para enfrentarlos.
También ante legisladores, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, dijo que en los últimos años México ha subsidiado el consumo de gasolinas de ciudadanos de Estados Unidos, ya que en algunos momentos la diferencia de precios del energético entre ambos países ha llegado a ser de 100%.
El director de la paraestatal explicó que cuando se abre un diferencial significativo de precios los estadounidenses cruzan la frontera para adquirir aquí la gasolina.
Además expresó que que el aumento responde a tendencias internacionales.
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viernes, 8 de enero de 2010
jueves, 7 de enero de 2010
Gobernación busca restringir al IFAI.
Noticia:
El gobierno federal trabaja en una reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que busca que las resoluciones del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IFAI), pasen por un tribunal antes de ser efectivas, de acuerdo con varias fuentes consultadas, entre ellas el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Ayer se le cuestionó sobre la iniciativa que trabaja el Ejecutivo federal y que pretende presentar -confirman activistas y funcionarios-, en semanas.
—Del gobierno federal, ¿hay alguna iniciativa? —se le preguntó.
—Para su revisión —respondió el secretario—. Estamos trabajando sobre eso. No le quiero adelantar una posición porque se trata de darle eficacia al instituto y evitar como ya ha pasado en algunos casos.
El funcionario dijo que el Congreso de la Unión aprobó una norma (en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales) que establece que tratándose de averiguaciones previas no se puede revelar la información, y quedaba catalogada como “confidencial”.
“Pero a los señores [comisionados], como no les gustaba la reforma, dijeron: ‘Tienes que revelar la información aunque la ley diga que no’… Un día que quedaron tres; [Juan Pablo] Guerrero y los otros dijeron: ‘¡cómo que no!’, y sacaron una reforma a sabiendas de que había una norma que declaraba confidencial la información”, dijo Gómez Mont.
Consultada sobre esas afirmaciones, la consejera presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, respondió: “Es inconstitucional”.
“Colocar un órgano de control jurisdiccional sobre las decisiones del IFAI es inconstitucional”, explicó.
“La Carta Magna es precisa a este respecto: la protección federal al derecho de acceso a la información pública debe recaer en un órgano especializado, y este órgano es el IFAI. Si el gobierno quiere que las decisiones del IFAI sean revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tendría que realizarse una modificación constitucional”, dijo.
El gobierno federal trabaja en una reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que busca que las resoluciones del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IFAI), pasen por un tribunal antes de ser efectivas, de acuerdo con varias fuentes consultadas, entre ellas el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Ayer se le cuestionó sobre la iniciativa que trabaja el Ejecutivo federal y que pretende presentar -confirman activistas y funcionarios-, en semanas.
—Del gobierno federal, ¿hay alguna iniciativa? —se le preguntó.
—Para su revisión —respondió el secretario—. Estamos trabajando sobre eso. No le quiero adelantar una posición porque se trata de darle eficacia al instituto y evitar como ya ha pasado en algunos casos.
El funcionario dijo que el Congreso de la Unión aprobó una norma (en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales) que establece que tratándose de averiguaciones previas no se puede revelar la información, y quedaba catalogada como “confidencial”.
“Pero a los señores [comisionados], como no les gustaba la reforma, dijeron: ‘Tienes que revelar la información aunque la ley diga que no’… Un día que quedaron tres; [Juan Pablo] Guerrero y los otros dijeron: ‘¡cómo que no!’, y sacaron una reforma a sabiendas de que había una norma que declaraba confidencial la información”, dijo Gómez Mont.
Consultada sobre esas afirmaciones, la consejera presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, respondió: “Es inconstitucional”.
“Colocar un órgano de control jurisdiccional sobre las decisiones del IFAI es inconstitucional”, explicó.
“La Carta Magna es precisa a este respecto: la protección federal al derecho de acceso a la información pública debe recaer en un órgano especializado, y este órgano es el IFAI. Si el gobierno quiere que las decisiones del IFAI sean revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tendría que realizarse una modificación constitucional”, dijo.
miércoles, 6 de enero de 2010
Fracasa intento de llamar a comparecer a Ebrard.
Noticia:
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió al gobierno del DF un informe detallado sobre los aumentos a las contribuciones fiscales y de servicios de los habitantes de la ciudad de México.
A propuesta de la bancada del PAN, la Comisión solicitará los datos para establecer si fue necesario aumentar las tarifas de servicios, pues en San Lázaro se destinaron recursos al DF por 85 mil millones de pesos, en los que se incluyó la línea 12 del Metro.
“Resulta inadmisible el doble discurso que por un lado promueve mayor gasto social para los más desprotegidos, y por otro ordena un incremento a servicios fundamentales para los ciudadanos del DF”, dijo el vicecoordinador del grupo panista, Roberto Gil.
El diputado panista proponía que la Permanente llamara a comparecer al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, pero los legisladores del PRD argumentaron que el Congreso no tiene facultades para llamar al mandatario.
“Hemos aceptado (en el PAN) las comparecencias del secretario de Hacienda (Ernesto Cordero), y de Economía (Gerardo Ruiz Mateos) porque vamos a dar el debate en la comisión sobre el alza en gasolina, ¿cuál es la razón para que se opongan a que el gobierno del DF venga a explicar su política de precios y tarifas?”, cuestionó Gil desde la tribuna, a lo que la diputada del PRD Enoé Uranga dijo que citar a Ebrard significa llamar a comparecer a cualquier gobernador en temas de agenda nacional.
“Que nos quedemos solamente en la parte que tiene que ver con solicitar la información en los términos de lo que nuestras facultades permiten y no abriéramos la puerta para que esto se convierta en una pasarela de gobernadores, luciendo sus malas o buenas cuentas”, dijo.
Endeudamiento, para la línea 12
El gobierno de la ciudad utilizará en su totalidad los 5 mil millones de pesos que le autorizó como línea de crédito la Cámara de Diputados para financiar la línea 12 del Metro, y contratará esa deuda de manera escalonada, dijo Mario Delgado, secretario de Finanzas local.
Explicó que todo ese techo de endeudamiento se utilizará exclusivamente para financiar el proyecto del Metro pues en 2010 se tienen vencimientos de pago con las empresas contratistas, por lo que se requieren por lo menos 6 mil millones de pesos tan sólo para pagar obra.
Durante la actual administración, está es la primera vez que el endeudamiento rebasa los 2 mil millones de pesos, rompiendo así con una política conservadora en el manejo de esa deuda.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió al gobierno del DF un informe detallado sobre los aumentos a las contribuciones fiscales y de servicios de los habitantes de la ciudad de México.
A propuesta de la bancada del PAN, la Comisión solicitará los datos para establecer si fue necesario aumentar las tarifas de servicios, pues en San Lázaro se destinaron recursos al DF por 85 mil millones de pesos, en los que se incluyó la línea 12 del Metro.
“Resulta inadmisible el doble discurso que por un lado promueve mayor gasto social para los más desprotegidos, y por otro ordena un incremento a servicios fundamentales para los ciudadanos del DF”, dijo el vicecoordinador del grupo panista, Roberto Gil.
El diputado panista proponía que la Permanente llamara a comparecer al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, pero los legisladores del PRD argumentaron que el Congreso no tiene facultades para llamar al mandatario.
“Hemos aceptado (en el PAN) las comparecencias del secretario de Hacienda (Ernesto Cordero), y de Economía (Gerardo Ruiz Mateos) porque vamos a dar el debate en la comisión sobre el alza en gasolina, ¿cuál es la razón para que se opongan a que el gobierno del DF venga a explicar su política de precios y tarifas?”, cuestionó Gil desde la tribuna, a lo que la diputada del PRD Enoé Uranga dijo que citar a Ebrard significa llamar a comparecer a cualquier gobernador en temas de agenda nacional.
“Que nos quedemos solamente en la parte que tiene que ver con solicitar la información en los términos de lo que nuestras facultades permiten y no abriéramos la puerta para que esto se convierta en una pasarela de gobernadores, luciendo sus malas o buenas cuentas”, dijo.
Endeudamiento, para la línea 12
El gobierno de la ciudad utilizará en su totalidad los 5 mil millones de pesos que le autorizó como línea de crédito la Cámara de Diputados para financiar la línea 12 del Metro, y contratará esa deuda de manera escalonada, dijo Mario Delgado, secretario de Finanzas local.
Explicó que todo ese techo de endeudamiento se utilizará exclusivamente para financiar el proyecto del Metro pues en 2010 se tienen vencimientos de pago con las empresas contratistas, por lo que se requieren por lo menos 6 mil millones de pesos tan sólo para pagar obra.
Durante la actual administración, está es la primera vez que el endeudamiento rebasa los 2 mil millones de pesos, rompiendo así con una política conservadora en el manejo de esa deuda.
El gobierno federal se cierra a transparencia.
Noticia:
El gobierno federal encontró un resquicio jurídico para evitar la entrega de datos a los ciudadanos, invocando la figura de “información inexistente”.
Desde que se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el gobierno federal utiliza con mayor frecuencia este argumento para frenar la divulgación de datos públicos oficiales, según consta en cinco iniciativas que permanecen en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Congreso.
En el primer año de funcionamiento de esta norma (2003) se recurrió a la justificación de la “información inexistente”, para responder 2.6% de las solicitudes de transparencia, mientras que en 2009 el índice alcanzó 6.2%.
En los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, prácticamente se triplicó la incidencia de esta explicación para reservar datos de interés público.
En 2004,de acuerdo con la iniciativa de ley presentada el 15 de octubre por los senadores del PRI, Alejandro Moreno, Raúl Mejía y Adolfo Toledo, la figura de “información inexistente” se utilizó en 3.2% de las solicitudes recibidas; en 2005, 3.9%; 2006, 4.6%; 2007, 4.8%; 2008, 5.9%, y en 2009, 6.2%.
En la exposición de motivos de la propuesta se precisa que el gobierno federal hace una interpretación “sesgada” del artículo 42 de la ley, en el cual se explica que las dependencias sólo están obligadas a entregar los documentos registrados en sus archivos.
Senadores de la República de las principales fuerzas políticas (PAN, PRI y PRD) aceptaron que la transparencia es un proceso aún inconcluso.
El vicecoordinador del PRD en el Senado, Silvano Aureoles, admitió que aún se presentan resistencias en esta materia en los ámbitos estatales.
El legislador del PAN, Marko Cortés, dijo que los congresos locales deben dejar de ser entes políticos y vigilar el gasto de los gobernadores.
El vocero del PRI en el Senado, Carlos Jiménez Macías, lamentó la situaciónque priva en algunas entidades del país, donde la transparencia sigue en calidad de asignatura pendiente.
El gobierno federal encontró un resquicio jurídico para evitar la entrega de datos a los ciudadanos, invocando la figura de “información inexistente”.
Desde que se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el gobierno federal utiliza con mayor frecuencia este argumento para frenar la divulgación de datos públicos oficiales, según consta en cinco iniciativas que permanecen en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Congreso.
En el primer año de funcionamiento de esta norma (2003) se recurrió a la justificación de la “información inexistente”, para responder 2.6% de las solicitudes de transparencia, mientras que en 2009 el índice alcanzó 6.2%.
En los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, prácticamente se triplicó la incidencia de esta explicación para reservar datos de interés público.
En 2004,de acuerdo con la iniciativa de ley presentada el 15 de octubre por los senadores del PRI, Alejandro Moreno, Raúl Mejía y Adolfo Toledo, la figura de “información inexistente” se utilizó en 3.2% de las solicitudes recibidas; en 2005, 3.9%; 2006, 4.6%; 2007, 4.8%; 2008, 5.9%, y en 2009, 6.2%.
En la exposición de motivos de la propuesta se precisa que el gobierno federal hace una interpretación “sesgada” del artículo 42 de la ley, en el cual se explica que las dependencias sólo están obligadas a entregar los documentos registrados en sus archivos.
Senadores de la República de las principales fuerzas políticas (PAN, PRI y PRD) aceptaron que la transparencia es un proceso aún inconcluso.
El vicecoordinador del PRD en el Senado, Silvano Aureoles, admitió que aún se presentan resistencias en esta materia en los ámbitos estatales.
El legislador del PAN, Marko Cortés, dijo que los congresos locales deben dejar de ser entes políticos y vigilar el gasto de los gobernadores.
El vocero del PRI en el Senado, Carlos Jiménez Macías, lamentó la situaciónque priva en algunas entidades del país, donde la transparencia sigue en calidad de asignatura pendiente.
El gobierno federal se cierra a transparencia.
Noticia:
El gobierno federal encontró un resquicio jurídico para evitar la entrega de datos a los ciudadanos, invocando la figura de “información inexistente”.
Desde que se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el gobierno federal utiliza con mayor frecuencia este argumento para frenar la divulgación de datos públicos oficiales, según consta en cinco iniciativas que permanecen en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Congreso.
En el primer año de funcionamiento de esta norma (2003) se recurrió a la justificación de la “información inexistente”, para responder 2.6% de las solicitudes de transparencia, mientras que en 2009 el índice alcanzó 6.2%.
En los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, prácticamente se triplicó la incidencia de esta explicación para reservar datos de interés público.
En 2004,de acuerdo con la iniciativa de ley presentada el 15 de octubre por los senadores del PRI, Alejandro Moreno, Raúl Mejía y Adolfo Toledo, la figura de “información inexistente” se utilizó en 3.2% de las solicitudes recibidas; en 2005, 3.9%; 2006, 4.6%; 2007, 4.8%; 2008, 5.9%, y en 2009, 6.2%.
En la exposición de motivos de la propuesta se precisa que el gobierno federal hace una interpretación “sesgada” del artículo 42 de la ley, en el cual se explica que las dependencias sólo están obligadas a entregar los documentos registrados en sus archivos.
Senadores de la República de las principales fuerzas políticas (PAN, PRI y PRD) aceptaron que la transparencia es un proceso aún inconcluso.
El vicecoordinador del PRD en el Senado, Silvano Aureoles, admitió que aún se presentan resistencias en esta materia en los ámbitos estatales.
El legislador del PAN, Marko Cortés, dijo que los congresos locales deben dejar de ser entes políticos y vigilar el gasto de los gobernadores.
El vocero del PRI en el Senado, Carlos Jiménez Macías, lamentó la situaciónque priva en algunas entidades del país, donde la transparencia sigue en calidad de asignatura pendiente.
El gobierno federal encontró un resquicio jurídico para evitar la entrega de datos a los ciudadanos, invocando la figura de “información inexistente”.
Desde que se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el gobierno federal utiliza con mayor frecuencia este argumento para frenar la divulgación de datos públicos oficiales, según consta en cinco iniciativas que permanecen en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Congreso.
En el primer año de funcionamiento de esta norma (2003) se recurrió a la justificación de la “información inexistente”, para responder 2.6% de las solicitudes de transparencia, mientras que en 2009 el índice alcanzó 6.2%.
En los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, prácticamente se triplicó la incidencia de esta explicación para reservar datos de interés público.
En 2004,de acuerdo con la iniciativa de ley presentada el 15 de octubre por los senadores del PRI, Alejandro Moreno, Raúl Mejía y Adolfo Toledo, la figura de “información inexistente” se utilizó en 3.2% de las solicitudes recibidas; en 2005, 3.9%; 2006, 4.6%; 2007, 4.8%; 2008, 5.9%, y en 2009, 6.2%.
En la exposición de motivos de la propuesta se precisa que el gobierno federal hace una interpretación “sesgada” del artículo 42 de la ley, en el cual se explica que las dependencias sólo están obligadas a entregar los documentos registrados en sus archivos.
Senadores de la República de las principales fuerzas políticas (PAN, PRI y PRD) aceptaron que la transparencia es un proceso aún inconcluso.
El vicecoordinador del PRD en el Senado, Silvano Aureoles, admitió que aún se presentan resistencias en esta materia en los ámbitos estatales.
El legislador del PAN, Marko Cortés, dijo que los congresos locales deben dejar de ser entes políticos y vigilar el gasto de los gobernadores.
El vocero del PRI en el Senado, Carlos Jiménez Macías, lamentó la situaciónque priva en algunas entidades del país, donde la transparencia sigue en calidad de asignatura pendiente.
El gobierno federal se cierra a transparencia.
Noticia:
El gobierno federal encontró un resquicio jurídico para evitar la entrega de datos a los ciudadanos, invocando la figura de “información inexistente”.
Desde que se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el gobierno federal utiliza con mayor frecuencia este argumento para frenar la divulgación de datos públicos oficiales, según consta en cinco iniciativas que permanecen en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Congreso.
En el primer año de funcionamiento de esta norma (2003) se recurrió a la justificación de la “información inexistente”, para responder 2.6% de las solicitudes de transparencia, mientras que en 2009 el índice alcanzó 6.2%.
En los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, prácticamente se triplicó la incidencia de esta explicación para reservar datos de interés público.
En 2004,de acuerdo con la iniciativa de ley presentada el 15 de octubre por los senadores del PRI, Alejandro Moreno, Raúl Mejía y Adolfo Toledo, la figura de “información inexistente” se utilizó en 3.2% de las solicitudes recibidas; en 2005, 3.9%; 2006, 4.6%; 2007, 4.8%; 2008, 5.9%, y en 2009, 6.2%.
En la exposición de motivos de la propuesta se precisa que el gobierno federal hace una interpretación “sesgada” del artículo 42 de la ley, en el cual se explica que las dependencias sólo están obligadas a entregar los documentos registrados en sus archivos.
Senadores de la República de las principales fuerzas políticas (PAN, PRI y PRD) aceptaron que la transparencia es un proceso aún inconcluso.
El vicecoordinador del PRD en el Senado, Silvano Aureoles, admitió que aún se presentan resistencias en esta materia en los ámbitos estatales.
El legislador del PAN, Marko Cortés, dijo que los congresos locales deben dejar de ser entes políticos y vigilar el gasto de los gobernadores.
El vocero del PRI en el Senado, Carlos Jiménez Macías, lamentó la situaciónque priva en algunas entidades del país, donde la transparencia sigue en calidad de asignatura pendiente.
El gobierno federal encontró un resquicio jurídico para evitar la entrega de datos a los ciudadanos, invocando la figura de “información inexistente”.
Desde que se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el gobierno federal utiliza con mayor frecuencia este argumento para frenar la divulgación de datos públicos oficiales, según consta en cinco iniciativas que permanecen en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Congreso.
En el primer año de funcionamiento de esta norma (2003) se recurrió a la justificación de la “información inexistente”, para responder 2.6% de las solicitudes de transparencia, mientras que en 2009 el índice alcanzó 6.2%.
En los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, prácticamente se triplicó la incidencia de esta explicación para reservar datos de interés público.
En 2004,de acuerdo con la iniciativa de ley presentada el 15 de octubre por los senadores del PRI, Alejandro Moreno, Raúl Mejía y Adolfo Toledo, la figura de “información inexistente” se utilizó en 3.2% de las solicitudes recibidas; en 2005, 3.9%; 2006, 4.6%; 2007, 4.8%; 2008, 5.9%, y en 2009, 6.2%.
En la exposición de motivos de la propuesta se precisa que el gobierno federal hace una interpretación “sesgada” del artículo 42 de la ley, en el cual se explica que las dependencias sólo están obligadas a entregar los documentos registrados en sus archivos.
Senadores de la República de las principales fuerzas políticas (PAN, PRI y PRD) aceptaron que la transparencia es un proceso aún inconcluso.
El vicecoordinador del PRD en el Senado, Silvano Aureoles, admitió que aún se presentan resistencias en esta materia en los ámbitos estatales.
El legislador del PAN, Marko Cortés, dijo que los congresos locales deben dejar de ser entes políticos y vigilar el gasto de los gobernadores.
El vocero del PRI en el Senado, Carlos Jiménez Macías, lamentó la situaciónque priva en algunas entidades del país, donde la transparencia sigue en calidad de asignatura pendiente.
martes, 5 de enero de 2010
Estados violan ley de transparencia.
Noticia:
Análisis elaborados por organizaciones no gubernamentales muestran que las disposiciones constitucionales de transparencia y acceso a la información han sido ignoradas por varias entidades federativas.
Académicos y representantes de las agrupaciones civiles coinciden en que el derecho a la información gubernamental corre el riesgo de ser “una simulación”, pues la falta de sanciones ha permitido que gobernantes, dependencias y todo el sistema burocrático se invente modelos para la opacidad.
“Distintas entidades han sofisticado sus mecanismos de evasión”, resalta Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre los más comunes está la de clasificar información como “reservada”.
Las organizaciones Article 19 y Fundar preparan un estudio para evaluar las legislaciones estatales y saber qué tanto protegen y permiten el derecho a la información pública. Lo que han hallado es que ninguna de las entidades sale bien librada. “Si las calificamos del cero al 10, la mayoría está por debajo del cinco”, dice Gabriela Morales, de Article 19.
Los estados más rezagados en acceso a la información son Baja California, Guerrero, Tamaulipas e Hidalgo.
“Hay un marco legal, pero no se ha dado los siguientes pasos: que los ciudadanos hagan efectivo este derecho, que los gobiernos rindan cuentas sobre el uso de los recursos y, sobre todo, que se sancione a quien no cumpla”, dice Guillermo Noriega, de Sonora Ciudadana.
Utilizar la Ley de Acceso a la Información Pública permitió a esta organización detectar en el entonces alcalde de Navojoa Onésimo Mariscales Delgadillo, lo que calificaron de una versión inversa de Robin Hood.
Mariscales —actual diputado federal priísta— declaró el municipio como “altamente vulnerable”. Con el dinero destinado para los más pobres pavimentó calles, pero en zonas ricas. Los ciudadanos lo bautizaron como “Hood Robin”.
El caso de Navojoa es emblemático porque se documentó que los recursos públicos no se gastaron en forma correcta. El problema, dice Noriega, es que no hubo sanciones para Mariscales.
Análisis elaborados por organizaciones no gubernamentales muestran que las disposiciones constitucionales de transparencia y acceso a la información han sido ignoradas por varias entidades federativas.
Académicos y representantes de las agrupaciones civiles coinciden en que el derecho a la información gubernamental corre el riesgo de ser “una simulación”, pues la falta de sanciones ha permitido que gobernantes, dependencias y todo el sistema burocrático se invente modelos para la opacidad.
“Distintas entidades han sofisticado sus mecanismos de evasión”, resalta Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre los más comunes está la de clasificar información como “reservada”.
Las organizaciones Article 19 y Fundar preparan un estudio para evaluar las legislaciones estatales y saber qué tanto protegen y permiten el derecho a la información pública. Lo que han hallado es que ninguna de las entidades sale bien librada. “Si las calificamos del cero al 10, la mayoría está por debajo del cinco”, dice Gabriela Morales, de Article 19.
Los estados más rezagados en acceso a la información son Baja California, Guerrero, Tamaulipas e Hidalgo.
“Hay un marco legal, pero no se ha dado los siguientes pasos: que los ciudadanos hagan efectivo este derecho, que los gobiernos rindan cuentas sobre el uso de los recursos y, sobre todo, que se sancione a quien no cumpla”, dice Guillermo Noriega, de Sonora Ciudadana.
Utilizar la Ley de Acceso a la Información Pública permitió a esta organización detectar en el entonces alcalde de Navojoa Onésimo Mariscales Delgadillo, lo que calificaron de una versión inversa de Robin Hood.
Mariscales —actual diputado federal priísta— declaró el municipio como “altamente vulnerable”. Con el dinero destinado para los más pobres pavimentó calles, pero en zonas ricas. Los ciudadanos lo bautizaron como “Hood Robin”.
El caso de Navojoa es emblemático porque se documentó que los recursos públicos no se gastaron en forma correcta. El problema, dice Noriega, es que no hubo sanciones para Mariscales.
martes, 24 de noviembre de 2009
IFAI teme limiten su autonomía.
Noticia:
La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Jacqueline Peschard denunció ayer que la autonomía del órgano de transparencia que dirige está en riesgo.
Peschard Mariscal dijo que hay una amenaza y un “intento de establecer un procedimiento para que resoluciones de órganos garantes (como el IFAI) puedan ser revisadas por un tribunal administrativo, a instancia de los sujetos obligados”.
Tras firmar un convenio de operación de Infomex para Campeche, Peschard Mariscal aseguró que hay una amenaza para la transparencia y la rendición de cuentas por el “rechazo e intentos de regresión en la generación de políticas públicas de transparencia”.
Advirtió que los logros alcanzados en la materia de transparencia han comenzado a provocar resistencias, y estas regresiones buscan sustentarse en el falaz argumento “de que es necesario que los órganos garantes estén sujetos a un control de la legalidad para evitar el riesgo de que una resolución de apertura de información pudiera vulnerar, por ejemplo, la seguridad nacional”.
La denuncia de Peschard ocurre por la posible revisión de las resoluciones del órgano de transparencia que “contravendría” con “el mandato constitucional, ya que vulneraría las cualidades de rapidez y oportunidad del procedimiento de revisión”.
La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Jacqueline Peschard denunció ayer que la autonomía del órgano de transparencia que dirige está en riesgo.
Peschard Mariscal dijo que hay una amenaza y un “intento de establecer un procedimiento para que resoluciones de órganos garantes (como el IFAI) puedan ser revisadas por un tribunal administrativo, a instancia de los sujetos obligados”.
Tras firmar un convenio de operación de Infomex para Campeche, Peschard Mariscal aseguró que hay una amenaza para la transparencia y la rendición de cuentas por el “rechazo e intentos de regresión en la generación de políticas públicas de transparencia”.
Advirtió que los logros alcanzados en la materia de transparencia han comenzado a provocar resistencias, y estas regresiones buscan sustentarse en el falaz argumento “de que es necesario que los órganos garantes estén sujetos a un control de la legalidad para evitar el riesgo de que una resolución de apertura de información pudiera vulnerar, por ejemplo, la seguridad nacional”.
La denuncia de Peschard ocurre por la posible revisión de las resoluciones del órgano de transparencia que “contravendría” con “el mandato constitucional, ya que vulneraría las cualidades de rapidez y oportunidad del procedimiento de revisión”.
domingo, 22 de noviembre de 2009
“IFAI carece de verdadera autonomía”.
Noticia:
Las percepciones sobre corrupción en México aportadas esta semana por Transparencia Internacional hacen que los mexicanos nos ruboricemos. Hemos descendido en la escala mundial a niveles comparables con países africanos tradicionalmente muy corruptos.
Frente a esta realidad, Jacqueline Peschard ofrece una serie de respuestas puntuales para luchar contra este mal endémico que se vive en México.
Asegura que en el tiempo, el acceso a la información y la transparencia terminarán modificando tales percepciones, siempre y cuando no se impongan límites sobre ambos derechos ciudadanos; imposición que hoy acecha desde diversas trincheras del poder público.
Desde su punto de vista, en la cultura gubernamental todavía no termina por asentarse una apreciación positiva con respecto a la transparencia. En la Procuraduría General de la República, por ejemplo, no se ha entendido que la transparencia podría ser un gran aliado del Estado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. De su lado, la Secretaría de la Función Pública se ha quedado a la zaga en relación con los avances que se han tenido en esta materia.
En esta entrevista Peschard habla de la protección a los datos personales, un tema grave que, a diferencia de otras sociedades, a los mexicanos todavía nos despierta poco interés.
¿Por qué si el país ha invertido tantos recursos en materia de transparencia y acceso a la información durante la última década, los mexicanos percibimos que la corrupción sigue aumentando?
No es en automático el que haya una mayor socialización del acceso a la información y que eso se traduzca en una mejor percepción de la gestión pública. El asunto de la corrupción, y particularmente lo que mide Transparencia Internacional, que son las percepciones, es algo que va a tardar mucho tiempo en poderse resolver, porque esas percepciones de corrupción no tienen que ver con los altos niveles en los gobiernos, sino en la corrupción del día a día.
¿Podríamos decir que en materia de transparencia avanzamos en lo federal, mientras que en lo local hay un rezago?
El asunto de la transparencia surge desde lo local, las primeras leyes de transparencia son en Sinaloa y Jalisco, y no es sino hasta después que surge la federal; aunque la federal sí constituye un impulso muy fuerte para que se vayan sumando los otros estados. La reforma constitucional en 2007 es un impulso que vino desde lo local.
¿Qué tan uniforme es en el ámbito local el derecho de acceso a la información pública?
No es uniforme y en buena medida la reforma constitucional de 2007 tuvo que ver con que había disparidad entre las leyes locales de transparencia. Por ejemplo, Chihuahua ha sido ejemplar, hoy el Distrito Federal es ejemplar, Morelos ha sido importante.
Desde luego lo federal tiene un impacto grande porque desde el origen hubo una buena ley, y en el ámbito federal es mucho más fácil el ejercicio de la autonomía que en el ámbito estatal; y la autonomía es fundamental para poder hacer válido el acceso a la información.
¿En Chihuahua, en el DF, en Morelos, la autoridad local se ha mantenido al margen y ha permitido que surja la autonomía de sus órganos de transparencia?
Han logrado que sus órganos locales sean plenamente autónomos.
¿El IFAI no lo es?
El IFAI no es un órgano autónomo. Estoy convencida de que le hace falta un marco mayor de autonomía, sobre todo para que puedan irse asentando sus resoluciones, alcanzando plena obligatoriedad para las dependencias gubernamentales. La autonomía no tendría que ver con que el IFAI fuera órgano garante para el Congreso o para el Poder Judicial ni siquiera que fuera una entidad sancionatoria, tiene que ver con el control de la legalidad por parte del IFAI y, por tanto, con plena aceptación de parte de los órganos vigilados.
Hoy es un órgano descentralizado del gobierno federal y aunque tenemos niveles de autonomía en el ejercicio presupuestal, de autonomía de decisión, lo que le falta es un reconocimiento, una aceptación de a de veras.
¿Con qué dependencias del Ejecutivo ha habido un mejor entendimiento y con cuáles no marcha todavía bien la relación de autoridad que reclama el IFAI?
Tenemos buen nivel de entendimiento dependiendo de quién sea el encargado del área de transparencia. Hemos tenido muy buena relación, por ejemplo, con el Seguro Social, en algún momento, en otros momentos no hemos tenido muy buena relación; hemos tenido buena relación con SEP; hemos tenido muy buena relación con Secretaría del Trabajo.
Sigue dependiendo de personas, no de instituciones…
Por eso, la autonomía para el IFAI es fundamental, es decir, nosotros somos iguales a las dependencias a las que vigilamos, estamos en el mismo plano. Mientras tanto no acaba de asentar la idea de la transparencia; de dar a conocer cómo se ejercen los recursos, cómo se toman las decisiones, todo es una molestia para las dependencias, lo ven como una actividad adicional, que es injusta porque van a dar información para que algún periodista los golpee o para que académicos hagan un artículo.
Hoy se cumplen las resoluciones pero sería muy importante para el IFAI una segunda generación de reformas para la transparencia, es decir, que del nivel actual que hay para el cumplimiento pasemos a un entendimiento claro de que las funciones del IFAI son por y para el beneficio de la gestión pública.
¿Y que sus resoluciones deben ser acatadas?
Son obligatorias, pero hay incomodidad a reconocerlas como obligatorias.
¿Qué relación existe, por ejemplo, con la PGR o la Secretaría de Relaciones Exteriores?
La Secretaría de Relaciones Exteriores, por el tipo de actividad que desempeña, es muy celosa para dar información. Hemos estado trabajando bien los últimos dos, tres años, pero sí hay cierto jaloneo. Tiene que ver más con un enorme celo frente a la responsabilidad de conducir las relaciones diplomáticas con otros países. Las negociaciones multilaterales o bilaterales que exigen cierto nivel de discreción. En el caso de PGR, la transparencia del Ministerio Público ha sido una gran preocupación; de ahí vino la reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.
¿Es grave que no exista transparencia y acceso a la información en la época donde la lucha contra el crimen organizado y la impunidad está siendo tan importante?
Me parece que en un momento en que el Estado mexicano está tan acosado por el crimen organizado y el narcotráfico, efectivamente el asunto de la transparencia puede ser un aliado del gobierno. Ahora, transparencia en ciertas cosas, en lo que tiene que ver con grandes estrategias, no con lo que tiene que ver con operativos específicos, tácticos. Eso es lo que plantean los libros sobre seguridad y transparencia, pero en estas áreas hay una enorme resistencia general.
Un brazo coadyuvante del IFAI es la Secretaría de la Función Pública, ¿ha sabido jugar ese papel de bisagra de la transparencia?
Se ha quedado un tanto a la zaga respecto de los avances que ha habido en materia de transparencia. Cuando el IFAI hace una denuncia ante Función Pública de algún servidor que no ha acatado una resolución del IFAI, Función Pública no hace ni una pequeña investigación y realmente no hay un acompañamiento.
El IFAI, además de proteger los valores de la transparencia y el acceso a la información, es la instancia del Estado protectora de los datos como expedientes médicos, información biométrica de cada individuo y datos crediticios. ¿Qué tanto se ha avanzado en este otro tema?
Las atribuciones que tiene el IFAI en materia de datos personales están inscritas dentro de la Ley de Transparencia, son seis, siete artículos, es decir, es una cosa muy breve, y la verdad es que no se trata de un tema que forme parte de la agenda pública. La sociedad no está preocupada por la protección de sus datos como sí lo está hoy en Europa. Allá tiene que ver sobre todo con el asunto de las redes sociales y de la transferencia de datos personales, que son fundamentales para todo tipo de comercio.
El resto de América Latina se encuentra en un lugar muy semejante al de México; hoy sólo Uruguay tiene una ley de protección de datos que regula a los actores privados, a las empresas, y es una ley promulgada apenas este año. Realmente no ha sido una preocupación ni de gobiernos ni de ciudadanos.
¿Qué tan rezagados vamos —del uno al 10— si nos comparamos, por ejemplo con España o con Estados Unidos?
Con respecto a España estamos como en el 0.5 de 10.
Si no resolvemos el tema de protección de datos personales primero, ¿podemos dar el paso a tener una cédula única de identidad con datos biométricos que eventualmente puedan caer en manos indeseables?
La cédula y la base de datos que alimentará la cédula de identidad es algo frente a lo que el IFAI sí tiene facultades de vigilancia, de garantizar que se cumpla con todos los principios, y de vigilar que la base de datos se use para lo que está definida que va a ser usada.
Aún no nos hemos embonado bien con la Secretaría de Gobernación ni con el Registro Nacional de Población. Hay buena voluntad de parte estas instancias pero no acabamos de amarrar un buen convenio de trabajo.
El IFAI ha estado presionando para que se haga el estudio de impacto a la privacidad, y bueno, ya se aceptó finalmente que se realice. Por cierto que en México no hay quién lo realice. Vamos a tener que encargarlo a España.
¿Cuánto tiempo pasará para que los mexicanos podamos contar con una cédula de identidad?
Creo que esto puede ser en unos cuatro o cinco años.
¿Se ven riesgos reales de reversión con respecto a las instituciones y la cultura del acceso a la información y de la transparencia?
Yo creo que reversión no es posible pero si hay tentaciones, poner límites.
¿Y hay una ciudadanía dispuesta a frenar los intentos de regresión?
Lo que nos dicen las encuestas es que hay un buen número de ciudadanos que saben lo que es el IFAI, pero creo que todavía nos falta mucho para que podamos decir que la ciudadanía ayudaría oponiendo una barrera de contención frente a cualquier tentación regresiva.
Las percepciones sobre corrupción en México aportadas esta semana por Transparencia Internacional hacen que los mexicanos nos ruboricemos. Hemos descendido en la escala mundial a niveles comparables con países africanos tradicionalmente muy corruptos.
Frente a esta realidad, Jacqueline Peschard ofrece una serie de respuestas puntuales para luchar contra este mal endémico que se vive en México.
Asegura que en el tiempo, el acceso a la información y la transparencia terminarán modificando tales percepciones, siempre y cuando no se impongan límites sobre ambos derechos ciudadanos; imposición que hoy acecha desde diversas trincheras del poder público.
Desde su punto de vista, en la cultura gubernamental todavía no termina por asentarse una apreciación positiva con respecto a la transparencia. En la Procuraduría General de la República, por ejemplo, no se ha entendido que la transparencia podría ser un gran aliado del Estado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. De su lado, la Secretaría de la Función Pública se ha quedado a la zaga en relación con los avances que se han tenido en esta materia.
En esta entrevista Peschard habla de la protección a los datos personales, un tema grave que, a diferencia de otras sociedades, a los mexicanos todavía nos despierta poco interés.
¿Por qué si el país ha invertido tantos recursos en materia de transparencia y acceso a la información durante la última década, los mexicanos percibimos que la corrupción sigue aumentando?
No es en automático el que haya una mayor socialización del acceso a la información y que eso se traduzca en una mejor percepción de la gestión pública. El asunto de la corrupción, y particularmente lo que mide Transparencia Internacional, que son las percepciones, es algo que va a tardar mucho tiempo en poderse resolver, porque esas percepciones de corrupción no tienen que ver con los altos niveles en los gobiernos, sino en la corrupción del día a día.
¿Podríamos decir que en materia de transparencia avanzamos en lo federal, mientras que en lo local hay un rezago?
El asunto de la transparencia surge desde lo local, las primeras leyes de transparencia son en Sinaloa y Jalisco, y no es sino hasta después que surge la federal; aunque la federal sí constituye un impulso muy fuerte para que se vayan sumando los otros estados. La reforma constitucional en 2007 es un impulso que vino desde lo local.
¿Qué tan uniforme es en el ámbito local el derecho de acceso a la información pública?
No es uniforme y en buena medida la reforma constitucional de 2007 tuvo que ver con que había disparidad entre las leyes locales de transparencia. Por ejemplo, Chihuahua ha sido ejemplar, hoy el Distrito Federal es ejemplar, Morelos ha sido importante.
Desde luego lo federal tiene un impacto grande porque desde el origen hubo una buena ley, y en el ámbito federal es mucho más fácil el ejercicio de la autonomía que en el ámbito estatal; y la autonomía es fundamental para poder hacer válido el acceso a la información.
¿En Chihuahua, en el DF, en Morelos, la autoridad local se ha mantenido al margen y ha permitido que surja la autonomía de sus órganos de transparencia?
Han logrado que sus órganos locales sean plenamente autónomos.
¿El IFAI no lo es?
El IFAI no es un órgano autónomo. Estoy convencida de que le hace falta un marco mayor de autonomía, sobre todo para que puedan irse asentando sus resoluciones, alcanzando plena obligatoriedad para las dependencias gubernamentales. La autonomía no tendría que ver con que el IFAI fuera órgano garante para el Congreso o para el Poder Judicial ni siquiera que fuera una entidad sancionatoria, tiene que ver con el control de la legalidad por parte del IFAI y, por tanto, con plena aceptación de parte de los órganos vigilados.
Hoy es un órgano descentralizado del gobierno federal y aunque tenemos niveles de autonomía en el ejercicio presupuestal, de autonomía de decisión, lo que le falta es un reconocimiento, una aceptación de a de veras.
¿Con qué dependencias del Ejecutivo ha habido un mejor entendimiento y con cuáles no marcha todavía bien la relación de autoridad que reclama el IFAI?
Tenemos buen nivel de entendimiento dependiendo de quién sea el encargado del área de transparencia. Hemos tenido muy buena relación, por ejemplo, con el Seguro Social, en algún momento, en otros momentos no hemos tenido muy buena relación; hemos tenido buena relación con SEP; hemos tenido muy buena relación con Secretaría del Trabajo.
Sigue dependiendo de personas, no de instituciones…
Por eso, la autonomía para el IFAI es fundamental, es decir, nosotros somos iguales a las dependencias a las que vigilamos, estamos en el mismo plano. Mientras tanto no acaba de asentar la idea de la transparencia; de dar a conocer cómo se ejercen los recursos, cómo se toman las decisiones, todo es una molestia para las dependencias, lo ven como una actividad adicional, que es injusta porque van a dar información para que algún periodista los golpee o para que académicos hagan un artículo.
Hoy se cumplen las resoluciones pero sería muy importante para el IFAI una segunda generación de reformas para la transparencia, es decir, que del nivel actual que hay para el cumplimiento pasemos a un entendimiento claro de que las funciones del IFAI son por y para el beneficio de la gestión pública.
¿Y que sus resoluciones deben ser acatadas?
Son obligatorias, pero hay incomodidad a reconocerlas como obligatorias.
¿Qué relación existe, por ejemplo, con la PGR o la Secretaría de Relaciones Exteriores?
La Secretaría de Relaciones Exteriores, por el tipo de actividad que desempeña, es muy celosa para dar información. Hemos estado trabajando bien los últimos dos, tres años, pero sí hay cierto jaloneo. Tiene que ver más con un enorme celo frente a la responsabilidad de conducir las relaciones diplomáticas con otros países. Las negociaciones multilaterales o bilaterales que exigen cierto nivel de discreción. En el caso de PGR, la transparencia del Ministerio Público ha sido una gran preocupación; de ahí vino la reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.
¿Es grave que no exista transparencia y acceso a la información en la época donde la lucha contra el crimen organizado y la impunidad está siendo tan importante?
Me parece que en un momento en que el Estado mexicano está tan acosado por el crimen organizado y el narcotráfico, efectivamente el asunto de la transparencia puede ser un aliado del gobierno. Ahora, transparencia en ciertas cosas, en lo que tiene que ver con grandes estrategias, no con lo que tiene que ver con operativos específicos, tácticos. Eso es lo que plantean los libros sobre seguridad y transparencia, pero en estas áreas hay una enorme resistencia general.
Un brazo coadyuvante del IFAI es la Secretaría de la Función Pública, ¿ha sabido jugar ese papel de bisagra de la transparencia?
Se ha quedado un tanto a la zaga respecto de los avances que ha habido en materia de transparencia. Cuando el IFAI hace una denuncia ante Función Pública de algún servidor que no ha acatado una resolución del IFAI, Función Pública no hace ni una pequeña investigación y realmente no hay un acompañamiento.
El IFAI, además de proteger los valores de la transparencia y el acceso a la información, es la instancia del Estado protectora de los datos como expedientes médicos, información biométrica de cada individuo y datos crediticios. ¿Qué tanto se ha avanzado en este otro tema?
Las atribuciones que tiene el IFAI en materia de datos personales están inscritas dentro de la Ley de Transparencia, son seis, siete artículos, es decir, es una cosa muy breve, y la verdad es que no se trata de un tema que forme parte de la agenda pública. La sociedad no está preocupada por la protección de sus datos como sí lo está hoy en Europa. Allá tiene que ver sobre todo con el asunto de las redes sociales y de la transferencia de datos personales, que son fundamentales para todo tipo de comercio.
El resto de América Latina se encuentra en un lugar muy semejante al de México; hoy sólo Uruguay tiene una ley de protección de datos que regula a los actores privados, a las empresas, y es una ley promulgada apenas este año. Realmente no ha sido una preocupación ni de gobiernos ni de ciudadanos.
¿Qué tan rezagados vamos —del uno al 10— si nos comparamos, por ejemplo con España o con Estados Unidos?
Con respecto a España estamos como en el 0.5 de 10.
Si no resolvemos el tema de protección de datos personales primero, ¿podemos dar el paso a tener una cédula única de identidad con datos biométricos que eventualmente puedan caer en manos indeseables?
La cédula y la base de datos que alimentará la cédula de identidad es algo frente a lo que el IFAI sí tiene facultades de vigilancia, de garantizar que se cumpla con todos los principios, y de vigilar que la base de datos se use para lo que está definida que va a ser usada.
Aún no nos hemos embonado bien con la Secretaría de Gobernación ni con el Registro Nacional de Población. Hay buena voluntad de parte estas instancias pero no acabamos de amarrar un buen convenio de trabajo.
El IFAI ha estado presionando para que se haga el estudio de impacto a la privacidad, y bueno, ya se aceptó finalmente que se realice. Por cierto que en México no hay quién lo realice. Vamos a tener que encargarlo a España.
¿Cuánto tiempo pasará para que los mexicanos podamos contar con una cédula de identidad?
Creo que esto puede ser en unos cuatro o cinco años.
¿Se ven riesgos reales de reversión con respecto a las instituciones y la cultura del acceso a la información y de la transparencia?
Yo creo que reversión no es posible pero si hay tentaciones, poner límites.
¿Y hay una ciudadanía dispuesta a frenar los intentos de regresión?
Lo que nos dicen las encuestas es que hay un buen número de ciudadanos que saben lo que es el IFAI, pero creo que todavía nos falta mucho para que podamos decir que la ciudadanía ayudaría oponiendo una barrera de contención frente a cualquier tentación regresiva.
miércoles, 28 de octubre de 2009
La transparencia va en retroceso: IFAI.
Noticia:
En el tema de transparencia y acceso a la información pública hay resistencias, rechazos e intentos de regresión, advirtió la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Jacqueline Peschard.
Hay entidades federativas, continuó, que reformaron sus leyes para limitar el ejercicio de ese derecho.
Al inaugurar la Sexta Semana Nacional de la Transparencia, Peschard lamentó que la reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales cancelara la posibilidad de conocer las actuaciones del Ministerio Público al concluir las averiguaciones previas.
La funcionaria recordó que más de 90% de los delitos en México quedan impunes y una de las causas principales es la inadecuada integración de las indagatorias.
El secretario de la Función Pública, Salvador Vega, quien asistió con la representación presidencial, admitió que no se ha garantizado un verdadero sistema de rendición de cuentas de la gestión pública.
En su participación, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que el sector judicial considera que la información sobre sentencias debe ser un patrimonio público.
En el tema de transparencia y acceso a la información pública hay resistencias, rechazos e intentos de regresión, advirtió la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Jacqueline Peschard.
Hay entidades federativas, continuó, que reformaron sus leyes para limitar el ejercicio de ese derecho.
Al inaugurar la Sexta Semana Nacional de la Transparencia, Peschard lamentó que la reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales cancelara la posibilidad de conocer las actuaciones del Ministerio Público al concluir las averiguaciones previas.
La funcionaria recordó que más de 90% de los delitos en México quedan impunes y una de las causas principales es la inadecuada integración de las indagatorias.
El secretario de la Función Pública, Salvador Vega, quien asistió con la representación presidencial, admitió que no se ha garantizado un verdadero sistema de rendición de cuentas de la gestión pública.
En su participación, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que el sector judicial considera que la información sobre sentencias debe ser un patrimonio público.
viernes, 25 de septiembre de 2009
Dos mujeres, responsables de la transparencia.
Noticia:
El presidente Calderón nombró como comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a Wanda Sigrid Arzt Colunga, quien ha sido cercana colaboradora, y a María Elena Pérez-Jaén Zermeño, quien desde un organismo civil y en el Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal, exigió transparencia a Andrés Manuel López Obrador.
El titular del Poder Ejecutivo envió al Senado los nombramientos para ratificarlos, previa elaboración de dictamen en comisiones.
Los cargos serían por un periodo de siete años, contados a partir del 12 de septiembre de 2009 y hasta el 11 de septiembre de 2016.
El 24 de noviembre de 2006, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la restitución de Pérez Jaén como comisionada del Instituto de Transparencia de la ciudad de México, ella declaró que “la decisión que el señor López Obrador tomó, de destituirme, y la instrucción a la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa para que fuera destituida de mi cargo como consejera ciudadana del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal fue modificada por la Corte”.
En el oficio el presidente Calderón recuerda que el IFAI se integra por cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo federal y que la ley confiere a la Cámara de Senadores y, en los recesos de ésta a la Comisión Permanente, la posibilidad de objetar dichos nombramientos.
“Como es de su conocimiento, el 12 de septiembre de 2002, el entonces presidente de la República nombró a los ciudadanos Alonso de la Veracruz Gómez Robledo Verduzco y Juan Pablo Guerrero Amparán como Comisionados del IFAI por un periodo de siete años. La vigencia de dichos nombramientos está por concluir, por lo que con la intención de no afectar el funcionamiento del órgano colegiado, es necesario realizar a la brevedad posible el nombramiento de los comisionados que habrán de ocupar las dos vacantes”.
El Presidente señaló que Arzt Colunga y Pérez-Jaén cumplen los requisitos que establece la ley, pues son mexicanas, mayores de 35 años, no han sido condenadas por algún delito doloso, se han desempeñado destacadamente en actividades profesionales relacionadas con la transparencia y el derecho a la información pública.
El presidente Calderón nombró como comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a Wanda Sigrid Arzt Colunga, quien ha sido cercana colaboradora, y a María Elena Pérez-Jaén Zermeño, quien desde un organismo civil y en el Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal, exigió transparencia a Andrés Manuel López Obrador.
El titular del Poder Ejecutivo envió al Senado los nombramientos para ratificarlos, previa elaboración de dictamen en comisiones.
Los cargos serían por un periodo de siete años, contados a partir del 12 de septiembre de 2009 y hasta el 11 de septiembre de 2016.
El 24 de noviembre de 2006, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la restitución de Pérez Jaén como comisionada del Instituto de Transparencia de la ciudad de México, ella declaró que “la decisión que el señor López Obrador tomó, de destituirme, y la instrucción a la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa para que fuera destituida de mi cargo como consejera ciudadana del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal fue modificada por la Corte”.
En el oficio el presidente Calderón recuerda que el IFAI se integra por cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo federal y que la ley confiere a la Cámara de Senadores y, en los recesos de ésta a la Comisión Permanente, la posibilidad de objetar dichos nombramientos.
“Como es de su conocimiento, el 12 de septiembre de 2002, el entonces presidente de la República nombró a los ciudadanos Alonso de la Veracruz Gómez Robledo Verduzco y Juan Pablo Guerrero Amparán como Comisionados del IFAI por un periodo de siete años. La vigencia de dichos nombramientos está por concluir, por lo que con la intención de no afectar el funcionamiento del órgano colegiado, es necesario realizar a la brevedad posible el nombramiento de los comisionados que habrán de ocupar las dos vacantes”.
El Presidente señaló que Arzt Colunga y Pérez-Jaén cumplen los requisitos que establece la ley, pues son mexicanas, mayores de 35 años, no han sido condenadas por algún delito doloso, se han desempeñado destacadamente en actividades profesionales relacionadas con la transparencia y el derecho a la información pública.
lunes, 21 de septiembre de 2009
Transparencia gana terreno en la capital.
Noticia:
Por no cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 77 servidores públicos han sido sancionados sin goce de sueldo o amonestados, en los últimos tres años, por las contralorías internas de las secretarías, delegaciones políticas y órganos autónomos de la ciudad de México.
Óscar Guerra Ford, presidente comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública local (Info-DF), reconoció que todavía hay algunas resistencias por parte de funcionarios para entregar los datos que requieren los solicitantes, pero, insistió, hay avances importantes.
De 2006 a la fecha, el instituto de transparencia de la capital ha recibido más de 340 recursos de revisión de personas que no han quedado satisfechas con la información entregada. De éstas, sólo 77 funcionarios han sido sancionados, y el resto de los casos fueron solventados después de un largo proceso jurídico.
Para Guerra Ford, no todo es negativo. “Tenemos un balance positivo porque llevamos 97% de recursos atendidos, y este miércoles daremos a conocer un informe global en el que demostraremos que hemos avanzado”, aseguró el funcionario.
Insistió en que los entes responsables de obedecer la ley de transparencia tienen mayor conciencia de su responsabilidad en este tema, y un ejemplo de ello es que hace algunos días el gobierno del Distrito Federal (GDF) giró un oficio a todas las dependencias que lo conforman para que su personal esté capacitado para atender este tipo de casos.
Sin embargo, manifestó su preocupación porque muchas secretarías y delegaciones políticas todavía no aplican la Ley de Archivos del Distrito Federal. “Hay una desorganización muy fuerte y tenemos varios casos de personas que no han encontrado una respuesta a sus solicitudes de información”, afirmó.
Aunque esta situación no representa un problema grave, pues sólo se ha registrado 12% de casos con respuestas de inexistencia, consideró que para evitar lo anterior la ley cuenta con un candado en el que interviene el contralor interno de la dependencia, y que al darse cuenta de que falta documentación puede iniciar una investigación.
Los recursos de revisión
Cuando un ente local se resiste a entregar la información requerida, el interesado podrá presentar un recurso de revisión ante el instituto capitalino. En caso de no obtener los datos, los comisionados dan vista a la Contraloría Interna de la dependencia respectiva para que sancione al funcionario que se resiste a cumplir con la ley de transparencia.
En 2007, el Info-DF presentó 89 vistas a los órganos de control interno de las dependencias. En ese año, se inhabilitó por dos años a un servidor público de la Secretaría de Finanzas del DF para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. Cuatro funcionarios —uno de la delegación Iztapalapa, otro de la delegación Cuajimalpa y dos de la Secretaría de Obras— recibieron una amonestación pública, mientras que también fue amonestado en forma privada otro servidor del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Así también recibieron recomendaciones para mejorar su desempeño en el trabajo cinco empleados de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Para 2008, esta cifra disminuyó con 52 vistas por incumplimiento de las resoluciones del pleno del Info-DF, de las cuales 30% correspondieron a dependencias del gobierno capitalino, siendo la Secretaría de Transportes y Vialidad del DF (Setravi) quien encabeza la lista, mientras que las delegaciones obtuvieron el mayor número de incumplimiento, al grado tal que Tlalpan y Tláhuac representan 62% del total de las vistas.
Respecto a este año, el Instituto de Acceso a la Información del DF todavía hace un balance sobre el cumplimiento; en tanto, en 2006 se presentaron 57 vistas.
El perfil de los solicitantes
En un informe del instituto capitalino destaca que hay un proceso de ciudadanización del acceso a la información, en el que cada vez participan más empresarios, comerciantes, empleados, obreros y mujeres que se dedican al hogar o a otra ocupación; mientras que disminuyen las solicitudes presentadas por representantes de medios de comunicación, servidores públicos, organismos no gubernamentales, académicos y estudiantes.
Además los comisionados han detectado un cambio en la escolaridad de los solicitantes. Antes había más personas con estudios de primaria o sin instrucción que pedían información; ahora han aumentado quienes tienen secundaria, bachillerato y licenciatura. También disminuyeron las solicitudes que se recibían de habitantes del estado de México y cada vez participan más los que residen en el Distrito Federal.
La mayoría de la información que piden los solicitantes está relacionada con temas de presupuesto, regulatorios, actos de gobierno, relación con la sociedad y sobre datos personales.
Algunos casos relevantes
El 3 de diciembre de 2007 un solicitante pidió conocer cuáles son las dependencias federales que deben el pago del servicio del agua y cuánto debe cada una de ellas. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) consideró que esta información era reservada, al estar protegida por el secreto fiscal previsto en los artículos 124 y 679 del Código Financiero del Distrito Federal.
Sin embargo, la persona interesada en obtener estos datos interpuso un recurso de revisión ante el Info-DF. El pleno de este instituto resolvió que la difusión de estos datos produce mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran ocasionarse con su divulgación.
Otro caso que provocó un debate intenso entre los comisionados fue una solicitud para obtener las averiguaciones previas en contra de la ex jefa de Gobierno Rosario Robles Berlanga. El 12 de febrero de 2008, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) respondió que era información reservada y confidencial, además los agentes del Ministerio Público están obligados a no proporcionar datos contenidos en las indagaciones a su cargo a terceras personas ajenas a las mismas.
El pleno del Info-DF resolvió que los agentes del Ministerio Público no incurren en responsabilidad por proporcionar a terceros o a cualquier persona el acceso a averiguaciones previas concluidas, y en los casos de que el probable responsable haya sido enterado, por parte de la propia Procuraduría de Justicica de la capital sobre la integración de una averiguación en su contra, desaparece el motivo de reserva. Sin embargo, el contenido de la misma no es para divulgarla, salvo que haya sido resuelta.
El 28 de marzo de 2008, una persona solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) conocer el tipo de cámaras de las 8 mil que se instalarían en la ciudad como parte del Proyecto del Bicentenario: si se iba a usar un software inteligente, la ubicación de las mismas, el total de éstas por delegación, entre otras peticiones.
El solicitante no obtuvo toda la información requerida y presentó un recurso de revisión que fue discutido por los comisionados, quienes consideraron que dar la ubicación exacta de las cámaras pone en riesgo la prevención y persecución de los delitos. Además, ordenaron que sólo se entregara la información por delegación y por colonia, para no vulnerar la seguridad pública.
Por no cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 77 servidores públicos han sido sancionados sin goce de sueldo o amonestados, en los últimos tres años, por las contralorías internas de las secretarías, delegaciones políticas y órganos autónomos de la ciudad de México.
Óscar Guerra Ford, presidente comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública local (Info-DF), reconoció que todavía hay algunas resistencias por parte de funcionarios para entregar los datos que requieren los solicitantes, pero, insistió, hay avances importantes.
De 2006 a la fecha, el instituto de transparencia de la capital ha recibido más de 340 recursos de revisión de personas que no han quedado satisfechas con la información entregada. De éstas, sólo 77 funcionarios han sido sancionados, y el resto de los casos fueron solventados después de un largo proceso jurídico.
Para Guerra Ford, no todo es negativo. “Tenemos un balance positivo porque llevamos 97% de recursos atendidos, y este miércoles daremos a conocer un informe global en el que demostraremos que hemos avanzado”, aseguró el funcionario.
Insistió en que los entes responsables de obedecer la ley de transparencia tienen mayor conciencia de su responsabilidad en este tema, y un ejemplo de ello es que hace algunos días el gobierno del Distrito Federal (GDF) giró un oficio a todas las dependencias que lo conforman para que su personal esté capacitado para atender este tipo de casos.
Sin embargo, manifestó su preocupación porque muchas secretarías y delegaciones políticas todavía no aplican la Ley de Archivos del Distrito Federal. “Hay una desorganización muy fuerte y tenemos varios casos de personas que no han encontrado una respuesta a sus solicitudes de información”, afirmó.
Aunque esta situación no representa un problema grave, pues sólo se ha registrado 12% de casos con respuestas de inexistencia, consideró que para evitar lo anterior la ley cuenta con un candado en el que interviene el contralor interno de la dependencia, y que al darse cuenta de que falta documentación puede iniciar una investigación.
Los recursos de revisión
Cuando un ente local se resiste a entregar la información requerida, el interesado podrá presentar un recurso de revisión ante el instituto capitalino. En caso de no obtener los datos, los comisionados dan vista a la Contraloría Interna de la dependencia respectiva para que sancione al funcionario que se resiste a cumplir con la ley de transparencia.
En 2007, el Info-DF presentó 89 vistas a los órganos de control interno de las dependencias. En ese año, se inhabilitó por dos años a un servidor público de la Secretaría de Finanzas del DF para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. Cuatro funcionarios —uno de la delegación Iztapalapa, otro de la delegación Cuajimalpa y dos de la Secretaría de Obras— recibieron una amonestación pública, mientras que también fue amonestado en forma privada otro servidor del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Así también recibieron recomendaciones para mejorar su desempeño en el trabajo cinco empleados de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Para 2008, esta cifra disminuyó con 52 vistas por incumplimiento de las resoluciones del pleno del Info-DF, de las cuales 30% correspondieron a dependencias del gobierno capitalino, siendo la Secretaría de Transportes y Vialidad del DF (Setravi) quien encabeza la lista, mientras que las delegaciones obtuvieron el mayor número de incumplimiento, al grado tal que Tlalpan y Tláhuac representan 62% del total de las vistas.
Respecto a este año, el Instituto de Acceso a la Información del DF todavía hace un balance sobre el cumplimiento; en tanto, en 2006 se presentaron 57 vistas.
El perfil de los solicitantes
En un informe del instituto capitalino destaca que hay un proceso de ciudadanización del acceso a la información, en el que cada vez participan más empresarios, comerciantes, empleados, obreros y mujeres que se dedican al hogar o a otra ocupación; mientras que disminuyen las solicitudes presentadas por representantes de medios de comunicación, servidores públicos, organismos no gubernamentales, académicos y estudiantes.
Además los comisionados han detectado un cambio en la escolaridad de los solicitantes. Antes había más personas con estudios de primaria o sin instrucción que pedían información; ahora han aumentado quienes tienen secundaria, bachillerato y licenciatura. También disminuyeron las solicitudes que se recibían de habitantes del estado de México y cada vez participan más los que residen en el Distrito Federal.
La mayoría de la información que piden los solicitantes está relacionada con temas de presupuesto, regulatorios, actos de gobierno, relación con la sociedad y sobre datos personales.
Algunos casos relevantes
El 3 de diciembre de 2007 un solicitante pidió conocer cuáles son las dependencias federales que deben el pago del servicio del agua y cuánto debe cada una de ellas. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) consideró que esta información era reservada, al estar protegida por el secreto fiscal previsto en los artículos 124 y 679 del Código Financiero del Distrito Federal.
Sin embargo, la persona interesada en obtener estos datos interpuso un recurso de revisión ante el Info-DF. El pleno de este instituto resolvió que la difusión de estos datos produce mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran ocasionarse con su divulgación.
Otro caso que provocó un debate intenso entre los comisionados fue una solicitud para obtener las averiguaciones previas en contra de la ex jefa de Gobierno Rosario Robles Berlanga. El 12 de febrero de 2008, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) respondió que era información reservada y confidencial, además los agentes del Ministerio Público están obligados a no proporcionar datos contenidos en las indagaciones a su cargo a terceras personas ajenas a las mismas.
El pleno del Info-DF resolvió que los agentes del Ministerio Público no incurren en responsabilidad por proporcionar a terceros o a cualquier persona el acceso a averiguaciones previas concluidas, y en los casos de que el probable responsable haya sido enterado, por parte de la propia Procuraduría de Justicica de la capital sobre la integración de una averiguación en su contra, desaparece el motivo de reserva. Sin embargo, el contenido de la misma no es para divulgarla, salvo que haya sido resuelta.
El 28 de marzo de 2008, una persona solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) conocer el tipo de cámaras de las 8 mil que se instalarían en la ciudad como parte del Proyecto del Bicentenario: si se iba a usar un software inteligente, la ubicación de las mismas, el total de éstas por delegación, entre otras peticiones.
El solicitante no obtuvo toda la información requerida y presentó un recurso de revisión que fue discutido por los comisionados, quienes consideraron que dar la ubicación exacta de las cámaras pone en riesgo la prevención y persecución de los delitos. Además, ordenaron que sólo se entregara la información por delegación y por colonia, para no vulnerar la seguridad pública.
lunes, 31 de agosto de 2009
IFAI exige se evite con ley falta de expedientes.
Noticia:
La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Jacqueline Peschard Mariscal, reconoció la necesidad de avanzar en las reformas a la Ley de Transparencia federal, pendientes en la Cámara de Diputados, con el fin de que se considere obligatorio para las dependencias del gobierno federal elaborar los documentos que no tengan y que deban poseer, a fin de no dar cabida a declarar la inexistencia de la información.
La funcionaria del IFAI afirmó que México es ya un referente en materia de transparencia y acceso a la información para países de América Latina.
En un comunicado difundido ayer, subrayó que tanto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental como el sistema electrónico de solicitudes de información Infomex, único sistema de esta especie en el mundo, son reconocidos como de vanguardia en la materia por las naciones de la región.
Impulso a la transparencia
En entrevista, Jacqueline Peschard señaló que el IFAI ha impulsado una cultura de la transparencia en el continente, dando asesoría, apoyando en la elaboración de leyes de transparencia a la información pública.
Como caso concreto, la funcionaria mencionó la reciente Ley de Transparencia y Libre Acceso a la Información Pública en Chile, que estuvo inspirada en el marco legal mexicano.
Destacó que en México, el sistema Infomex ya opera para el gobierno federal, 14 estados del país y cuatro Sujetos Obligados.
Sin embargo, para la titular del IFAI, ahora es necesario “que en las reformas a la Ley de Transparencia Federal, ahora pendientes en la Cámara de Diputados, se considere obligatorio para las dependencias del gobierno federal elaborar los documentos que no tengan y que deban poseer; a fin de no dar cabida a declarar la inexistencia de la información”.
Y es que actualmente eso no está contenido en la ley.
“Eso, hoy por hoy, la ley no lo dice. Nosotros hicimos una reflexión sobre lo que hacía falta en la ley, y una de las cosas que falta es que si una dependencia está obligada a tener un documento, no puede caber la inexistencia, y si por algo no lo tiene, pues lo elaboran y lo entregan”, señaló.
La comisionada dijo que con la actual ley en la materia, el pleno del Instituto a través de sus resoluciones ha insistido a las dependencias e instituciones del gobierno federal en la búsqueda de datos para no confirmar la inexistencia de los documentos.
La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Jacqueline Peschard Mariscal, reconoció la necesidad de avanzar en las reformas a la Ley de Transparencia federal, pendientes en la Cámara de Diputados, con el fin de que se considere obligatorio para las dependencias del gobierno federal elaborar los documentos que no tengan y que deban poseer, a fin de no dar cabida a declarar la inexistencia de la información.
La funcionaria del IFAI afirmó que México es ya un referente en materia de transparencia y acceso a la información para países de América Latina.
En un comunicado difundido ayer, subrayó que tanto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental como el sistema electrónico de solicitudes de información Infomex, único sistema de esta especie en el mundo, son reconocidos como de vanguardia en la materia por las naciones de la región.
Impulso a la transparencia
En entrevista, Jacqueline Peschard señaló que el IFAI ha impulsado una cultura de la transparencia en el continente, dando asesoría, apoyando en la elaboración de leyes de transparencia a la información pública.
Como caso concreto, la funcionaria mencionó la reciente Ley de Transparencia y Libre Acceso a la Información Pública en Chile, que estuvo inspirada en el marco legal mexicano.
Destacó que en México, el sistema Infomex ya opera para el gobierno federal, 14 estados del país y cuatro Sujetos Obligados.
Sin embargo, para la titular del IFAI, ahora es necesario “que en las reformas a la Ley de Transparencia Federal, ahora pendientes en la Cámara de Diputados, se considere obligatorio para las dependencias del gobierno federal elaborar los documentos que no tengan y que deban poseer; a fin de no dar cabida a declarar la inexistencia de la información”.
Y es que actualmente eso no está contenido en la ley.
“Eso, hoy por hoy, la ley no lo dice. Nosotros hicimos una reflexión sobre lo que hacía falta en la ley, y una de las cosas que falta es que si una dependencia está obligada a tener un documento, no puede caber la inexistencia, y si por algo no lo tiene, pues lo elaboran y lo entregan”, señaló.
La comisionada dijo que con la actual ley en la materia, el pleno del Instituto a través de sus resoluciones ha insistido a las dependencias e instituciones del gobierno federal en la búsqueda de datos para no confirmar la inexistencia de los documentos.
martes, 3 de febrero de 2009
Reprueba gobierno en transparencia de gasto.
Noticia:
La información pública que el gobierno mexicano difunde sobre el presupuesto dificulta que los ciudadanos puedan exigir la rendición de cuentas, asegura la organización “International Budget Partnership”, (IBP) que en su más reciente reporte, denominado “Índice de Presupuesto Abierto 2008”, da a México una calificación reprobatoria en materia de transparencia presupuestal.
“La calificación de México en el Índice de Presupuesto Abierto muestra que el gobierno proporciona alguna información al público sobre el presupuesto del gobierno central y sobre las actividades financieras a lo largo del año presupuestario. Esto dificulta que los ciudadanos exijan rendición de cuentas al gobierno por su manejo de los fondos públicos”, explica IBP, una organización sin fines de lucro con sede en Washington D.C.
IBP otorga una calificación a México de 54% en un listado en donde Guinea Ecuatorial obtine 0% y Reino Unido 88%.
En el hemisferio, Estados Unidos es el país mejor calificado con 82%. Le siguen Brasil, con 74%; Perú, 66%; Colombia, 60%, y Argetina con 55%.
El Índice de Presupuesto Abierto 2008 evalúa la cantidad y el tipo de información que el gobierno pone a disposición del público en los documentos presupuestales clave que deben prepararse durante el año presupuestal. Uno de los documentos más importantes es la propuesta del presupuesto del Poder Ejecutivo. Ésta debe contener los planes del Poder Ejecutivo para el año siguiente y el costo de las actividades propuestas. La propuesta debe estar a disposición del público y de la legislatura antes de ser finalizada; por lo menos tres meses antes del comienzo del año presupuestario para permitir suficiente análisis y debate público, explica IBP.
“En México, la propuesta proporciona alguna información al público, lo cual significa que los ciudadanos no tienen una idea completa de los planes del gobierno sobre ingresos y gasto para el año siguiente. Más aún, es relativamente difícil dar seguimiento al gasto, a la recolección de impuestos y a los préstamos durante el año”, detalla el informe.
Y agrega: “aunque México publica informes detallados a lo largo del año, la revisión de mitad de año carece de detalles importantes. También es relativamente difícil evaluar el desempeño del presupuesto en México una vez terminado el año. Se elabora un informe final el cual, sin embargo carece de detalles importantes impidiendo comparaciones útiles entre lo que se presupuestó y lo que en realidad se recolectó y gastó”.
“Adicionalmente, en México se audita menos de la tercera parte del gasto neto total y es difícil acceder a la información sobre las medidas adoptadas por el gobierno en respuesta a los hallazgos de las auditorías”, puntualiza el estudio”.
Entre las parte positivas que el IBP reconoce al país es que México cuenta con una ley de acceso a la información que ayuda a los ciudadanos a solicitar datos en materia presupuestal.
“La información presupuestaria detallada, necesaria para entender el progreso del gobierno en la implementación de un determinado proyecto o actividad, es relativamente accesible. México ha codificado el derecho al acceso a la información gubernamental y los ciudadanos por lo general gozan de este derecho en la práctica”.
IBP da extiende algunas recomendaciones para avanzar en materia de transparencia presupuestal.
“Más allá de mejorar el acceso a documentos presupuestarios clave, hay otras maneras en que el presupuesto público en México puede hacerse más transparente. Se podrían incrementar las oportunidades para la participación ciudadana en los debates presupuestarios
Comentario:
Se trata de una pésima calificación. Debe de modificar esta situación el gobierno federal.
La información pública que el gobierno mexicano difunde sobre el presupuesto dificulta que los ciudadanos puedan exigir la rendición de cuentas, asegura la organización “International Budget Partnership”, (IBP) que en su más reciente reporte, denominado “Índice de Presupuesto Abierto 2008”, da a México una calificación reprobatoria en materia de transparencia presupuestal.
“La calificación de México en el Índice de Presupuesto Abierto muestra que el gobierno proporciona alguna información al público sobre el presupuesto del gobierno central y sobre las actividades financieras a lo largo del año presupuestario. Esto dificulta que los ciudadanos exijan rendición de cuentas al gobierno por su manejo de los fondos públicos”, explica IBP, una organización sin fines de lucro con sede en Washington D.C.
IBP otorga una calificación a México de 54% en un listado en donde Guinea Ecuatorial obtine 0% y Reino Unido 88%.
En el hemisferio, Estados Unidos es el país mejor calificado con 82%. Le siguen Brasil, con 74%; Perú, 66%; Colombia, 60%, y Argetina con 55%.
El Índice de Presupuesto Abierto 2008 evalúa la cantidad y el tipo de información que el gobierno pone a disposición del público en los documentos presupuestales clave que deben prepararse durante el año presupuestal. Uno de los documentos más importantes es la propuesta del presupuesto del Poder Ejecutivo. Ésta debe contener los planes del Poder Ejecutivo para el año siguiente y el costo de las actividades propuestas. La propuesta debe estar a disposición del público y de la legislatura antes de ser finalizada; por lo menos tres meses antes del comienzo del año presupuestario para permitir suficiente análisis y debate público, explica IBP.
“En México, la propuesta proporciona alguna información al público, lo cual significa que los ciudadanos no tienen una idea completa de los planes del gobierno sobre ingresos y gasto para el año siguiente. Más aún, es relativamente difícil dar seguimiento al gasto, a la recolección de impuestos y a los préstamos durante el año”, detalla el informe.
Y agrega: “aunque México publica informes detallados a lo largo del año, la revisión de mitad de año carece de detalles importantes. También es relativamente difícil evaluar el desempeño del presupuesto en México una vez terminado el año. Se elabora un informe final el cual, sin embargo carece de detalles importantes impidiendo comparaciones útiles entre lo que se presupuestó y lo que en realidad se recolectó y gastó”.
“Adicionalmente, en México se audita menos de la tercera parte del gasto neto total y es difícil acceder a la información sobre las medidas adoptadas por el gobierno en respuesta a los hallazgos de las auditorías”, puntualiza el estudio”.
Entre las parte positivas que el IBP reconoce al país es que México cuenta con una ley de acceso a la información que ayuda a los ciudadanos a solicitar datos en materia presupuestal.
“La información presupuestaria detallada, necesaria para entender el progreso del gobierno en la implementación de un determinado proyecto o actividad, es relativamente accesible. México ha codificado el derecho al acceso a la información gubernamental y los ciudadanos por lo general gozan de este derecho en la práctica”.
IBP da extiende algunas recomendaciones para avanzar en materia de transparencia presupuestal.
“Más allá de mejorar el acceso a documentos presupuestarios clave, hay otras maneras en que el presupuesto público en México puede hacerse más transparente. Se podrían incrementar las oportunidades para la participación ciudadana en los debates presupuestarios
Comentario:
Se trata de una pésima calificación. Debe de modificar esta situación el gobierno federal.
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