Noticia:
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, dio a conocer que están en curso investigaciones contra funcionarios por corrupción y enriquecimiento inexplicable, por lo que espera terminar el año con “varios centenares” de servidores públicos con denuncias penales.
En entrevista, Vega Casillas dijo que prevé un récord en el combate a la corrupción. Comentó que desde que se cambió la estrategia para combatir este flagelo y se involucraron dependencias como la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, entre otras, ha crecido el número de casos llevados ante los jueces penales.
Descarta que el fenómeno haya crecido, sino que el nuevo esquema para combatirlo lo hace más visible. “Uno de los efectos negativos es que aumenta la percepción de más actos”, afirma.
De acuerdo con los registros de la dependencia, mencionados por Vega Casillas, antes de 2009 se presentaban entre 10 y 20 denuncias penales contra funcionarios y empresarios por cuestiones de corrupción. El año pasado, en cambio, la SFP denunció a 160 personas.
Desde su perspectiva, la Secretaría a su cargo está “empezando a pegarle a las redes de corrupción”.
El secretario informó que se han detectado casos de enriquecimiento ilícito, pero no se han vinculado al narcotráfico, aunque precisó que existe una “gran colaboración” con la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR para cruzar información y ubicar algún vínculo.
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martes, 1 de junio de 2010
domingo, 11 de octubre de 2009
Archivan denuncias contra secretarios.
Noticia:
Por lo menos una veintena de acusaciones contra ocho secretarios de Estado presentadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en esta administración, acabaron en el archivo sin más justificación que la falta de elementos para fincar responsabilidades por presuntas irregularidades.
Incluso, las indagatorias en torno al ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño —quien murió en un accidente aéreo en noviembre de 2008—, fueron archivadas y el caso cerrado, pese a que existía evidencia de presuntas anomalías en la asignación de contratos de Pemex a una empresa familiar de transportes, cuando éste se desempeñaba en la Secretaría de Energía en el gobierno de Fox.
Sólo en el caso del secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, había nueve expedientes por presuntas irregularidades, pero fueron desechados; mientras que a la ex titular de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, ahora coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, se le abrieron cinco investigaciones sin que ninguna tuviera consecuencias.
En ninguno de los casos anteriores, la SFP dio ni los detalles de las faltas ni la argumentación por las que concluyó que no había elementos suficientes para determinar culpabilidad contra los funcionarios federales.
Igual sucedió con el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, quien libró dos acusaciones por opinar, entre otros, sobre la venta de Aeroméxico, y el supuesto beneficio que esto traería a su rival, Mexicana de Aviación.
De acuerdo con una solicitud de información con base en la Ley de Transparencia, la SFP informó que en el primer trienio del gobierno de Calderón abrió expedientes contra secretarios del Medio Ambiente, Trabajo, Reforma Agraria, Educación Pública, Turismo, Seguridad Pública y Comunicaciones y Transportes.
Obstaculizan transparencia
Aunque se solicitó claramente informara los motivos y las consecuencias de las acusaciones, la SFP entregó la información incompleta y remitió a una nueva solicitud de información.
“Pido los nombres del o los secretarios o secretarías de Estado del gabinete del presidente Felipe Calderón que hayan sido o estén aún bajo investigación por parte de la SFP y el motivo del que se derivó la investigación. Cuál es el estado de cada investigación y de las concluidas pido su resultado”, fue la petición del 13 de julio con folio 0002700130809.
La SFP respondió el 23 de septiembre —incluso en agosto pidió 20 días extras para contestar— y en los casos destinados a archivo resolvió no dar los motivos en la petición 0002700130809, sino que remitió a cada dependencia para que, mediante pago de los expedientes, se pueda saber los motivos que originaron las investigaciones y por qué resultaron absueltos.
“La información anteriormente señalada está a disposición del peticionario del folio que nos ocupa constante (sic) de un total de 1,708 fojas en copia simple, previo pago del costo de su reproducción (50 centavos por cada hoja)”.
El desglose de algunos casos
El titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira, tiene abierto el expediente DE-154/2009, pero por estar en curso no ofrecieron detalles.
En el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el anterior titular, Luis Téllez Kuenzler, dejó abiertos varios, apenas unos días antes de su salida tras el escándalo de las grabaciones telefónicas en las que decía, entre otras cosas, que extrañaba al PRI. Todos los expedientes de Téllez son clasificados como reservados y sin precisar motivo de la investigación.
En el caso de Javier Lozano, secretario del Trabajo, fue acusado de impulsar una “campaña de sabotaje” contra el gobierno del DF y el PRD, en 2007, pero sus expedientes se turnaron a archivo por falta de elementos.
La SFP fue escueta en torno a Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública, pues no proporcionó el número de expediente y sólo informó que hay una investigación abierta, pero reservada por ese motivo.
A la ex titular de la SEP le abrieron cinco, pero fueron concluidos por falta de elementos.
El régimen de excepción de las secretarías de Marina y de la Defensa las excluye de ser revisadas por la Función Pública.
La SFP explicó que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea prevé que el Presidente, como comandante supremo, nombra a los inspectores y contralores de la Sedena y la Marina.
Por lo menos una veintena de acusaciones contra ocho secretarios de Estado presentadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en esta administración, acabaron en el archivo sin más justificación que la falta de elementos para fincar responsabilidades por presuntas irregularidades.
Incluso, las indagatorias en torno al ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño —quien murió en un accidente aéreo en noviembre de 2008—, fueron archivadas y el caso cerrado, pese a que existía evidencia de presuntas anomalías en la asignación de contratos de Pemex a una empresa familiar de transportes, cuando éste se desempeñaba en la Secretaría de Energía en el gobierno de Fox.
Sólo en el caso del secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, había nueve expedientes por presuntas irregularidades, pero fueron desechados; mientras que a la ex titular de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, ahora coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, se le abrieron cinco investigaciones sin que ninguna tuviera consecuencias.
En ninguno de los casos anteriores, la SFP dio ni los detalles de las faltas ni la argumentación por las que concluyó que no había elementos suficientes para determinar culpabilidad contra los funcionarios federales.
Igual sucedió con el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, quien libró dos acusaciones por opinar, entre otros, sobre la venta de Aeroméxico, y el supuesto beneficio que esto traería a su rival, Mexicana de Aviación.
De acuerdo con una solicitud de información con base en la Ley de Transparencia, la SFP informó que en el primer trienio del gobierno de Calderón abrió expedientes contra secretarios del Medio Ambiente, Trabajo, Reforma Agraria, Educación Pública, Turismo, Seguridad Pública y Comunicaciones y Transportes.
Obstaculizan transparencia
Aunque se solicitó claramente informara los motivos y las consecuencias de las acusaciones, la SFP entregó la información incompleta y remitió a una nueva solicitud de información.
“Pido los nombres del o los secretarios o secretarías de Estado del gabinete del presidente Felipe Calderón que hayan sido o estén aún bajo investigación por parte de la SFP y el motivo del que se derivó la investigación. Cuál es el estado de cada investigación y de las concluidas pido su resultado”, fue la petición del 13 de julio con folio 0002700130809.
La SFP respondió el 23 de septiembre —incluso en agosto pidió 20 días extras para contestar— y en los casos destinados a archivo resolvió no dar los motivos en la petición 0002700130809, sino que remitió a cada dependencia para que, mediante pago de los expedientes, se pueda saber los motivos que originaron las investigaciones y por qué resultaron absueltos.
“La información anteriormente señalada está a disposición del peticionario del folio que nos ocupa constante (sic) de un total de 1,708 fojas en copia simple, previo pago del costo de su reproducción (50 centavos por cada hoja)”.
El desglose de algunos casos
El titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira, tiene abierto el expediente DE-154/2009, pero por estar en curso no ofrecieron detalles.
En el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el anterior titular, Luis Téllez Kuenzler, dejó abiertos varios, apenas unos días antes de su salida tras el escándalo de las grabaciones telefónicas en las que decía, entre otras cosas, que extrañaba al PRI. Todos los expedientes de Téllez son clasificados como reservados y sin precisar motivo de la investigación.
En el caso de Javier Lozano, secretario del Trabajo, fue acusado de impulsar una “campaña de sabotaje” contra el gobierno del DF y el PRD, en 2007, pero sus expedientes se turnaron a archivo por falta de elementos.
La SFP fue escueta en torno a Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública, pues no proporcionó el número de expediente y sólo informó que hay una investigación abierta, pero reservada por ese motivo.
A la ex titular de la SEP le abrieron cinco, pero fueron concluidos por falta de elementos.
El régimen de excepción de las secretarías de Marina y de la Defensa las excluye de ser revisadas por la Función Pública.
La SFP explicó que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea prevé que el Presidente, como comandante supremo, nombra a los inspectores y contralores de la Sedena y la Marina.
viernes, 28 de agosto de 2009
Tropiezos oficiales del vigilante.
Noticia:
Al menos en los dos primeros años de la actual administración, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió investigaciones contra cinco miembros del gabinete del presidente Felipe Calderón.
En tres casos, los funcionarios con los más altos cargos en la administración pública federal resultaron absueltos.
Con base en las disposiciones emanadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la dependencia a cargo de Salvador Vega Casillas informó que las acusaciones fueron por casos de presunto abuso de autoridad, obstaculización de trámites y hasta por opinar por la venta de Aeroméxico, pero fueron cerrados sin sanción alguna por “falta de elementos”.
Las indagatorias que permanecían abiertas hasta enero de 2009 eran en contra de quien fue titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y del actual secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto.
En el caso de Mouriño se trataba de los contratos presuntamente otorgados a empresas de su familia relacionados con la industria petrolera, según denunció en su momento Andrés Manuel López Obrador, el ex candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La Función Pública no ha precisado el estatus de esa indagatoria.
Casos archivados
Los secretarios que han sido exonerados son Rodolfo Elizondo Torres, de Turismo; Josefina Vázquez Mota, de Educación Pública (SEP), actual coordinadora de Acción Nacional en la Cámara de Diputados para la 61 Legislatura, y Javier Lozano, del Trabajo.
La información fue entregada por la Secretaría de la Función Pública con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En julio pasado se hizo una nueva solicitud para actualizar la información, pero el 24 de agosto, la Función Pública prolongó el tiempo de respuesta por 20 días hábiles, que concluyen hasta el 22 de septiembre próximo.
A Rodolfo Elizondo Torres, secretario de Turismo, se le abrió una investigación por haber emitido opiniones personales durante el proceso de venta de la compañía de aviación Aeroméxico, pero el caso fue archivado por falta de elementos.
El 4 de octubre de 2007, Elizondo Torres declaró que la venta de Aeroméxico beneficiaría a Mexicana, mientras que ese mismo día el entonces responsable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, deslindó al gobierno del proceso por no ser de su competencia.
Por esta intervención de Elizondo, la Secretaría de la Función Pública abrió una investigación en torno a esas aseveraciones, pero la envió al archivo “por falta de elementos.
Procesos en marcha
Abelardo Escobar Prieto, responsable de la Secretaría de la Reforma Agraria, fue acusado de “obstaculizar el trámite de titulación de terrenos nacionales”; la Secretaría de la Función Pública no ha informado sobre el curso que ha seguido esta indagatoria.
Josefina Vázquez Mota fue acusada de “abuso de autoridad”, pero el 18 de junio de 2008 se cerró el caso por falta de elementos, según informó escuetamente la SFP.
Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, fue acusado de impulsar una campaña de sabotaje contra el gobierno del Distrito Federal y del PRD; dicha indagatoria se fue “al archivo por falta de elementos, toda vez que no se acreditó la presunta irregularidad”.
Al menos en los dos primeros años de la actual administración, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió investigaciones contra cinco miembros del gabinete del presidente Felipe Calderón.
En tres casos, los funcionarios con los más altos cargos en la administración pública federal resultaron absueltos.
Con base en las disposiciones emanadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la dependencia a cargo de Salvador Vega Casillas informó que las acusaciones fueron por casos de presunto abuso de autoridad, obstaculización de trámites y hasta por opinar por la venta de Aeroméxico, pero fueron cerrados sin sanción alguna por “falta de elementos”.
Las indagatorias que permanecían abiertas hasta enero de 2009 eran en contra de quien fue titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y del actual secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto.
En el caso de Mouriño se trataba de los contratos presuntamente otorgados a empresas de su familia relacionados con la industria petrolera, según denunció en su momento Andrés Manuel López Obrador, el ex candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La Función Pública no ha precisado el estatus de esa indagatoria.
Casos archivados
Los secretarios que han sido exonerados son Rodolfo Elizondo Torres, de Turismo; Josefina Vázquez Mota, de Educación Pública (SEP), actual coordinadora de Acción Nacional en la Cámara de Diputados para la 61 Legislatura, y Javier Lozano, del Trabajo.
La información fue entregada por la Secretaría de la Función Pública con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En julio pasado se hizo una nueva solicitud para actualizar la información, pero el 24 de agosto, la Función Pública prolongó el tiempo de respuesta por 20 días hábiles, que concluyen hasta el 22 de septiembre próximo.
A Rodolfo Elizondo Torres, secretario de Turismo, se le abrió una investigación por haber emitido opiniones personales durante el proceso de venta de la compañía de aviación Aeroméxico, pero el caso fue archivado por falta de elementos.
El 4 de octubre de 2007, Elizondo Torres declaró que la venta de Aeroméxico beneficiaría a Mexicana, mientras que ese mismo día el entonces responsable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, deslindó al gobierno del proceso por no ser de su competencia.
Por esta intervención de Elizondo, la Secretaría de la Función Pública abrió una investigación en torno a esas aseveraciones, pero la envió al archivo “por falta de elementos.
Procesos en marcha
Abelardo Escobar Prieto, responsable de la Secretaría de la Reforma Agraria, fue acusado de “obstaculizar el trámite de titulación de terrenos nacionales”; la Secretaría de la Función Pública no ha informado sobre el curso que ha seguido esta indagatoria.
Josefina Vázquez Mota fue acusada de “abuso de autoridad”, pero el 18 de junio de 2008 se cerró el caso por falta de elementos, según informó escuetamente la SFP.
Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, fue acusado de impulsar una campaña de sabotaje contra el gobierno del Distrito Federal y del PRD; dicha indagatoria se fue “al archivo por falta de elementos, toda vez que no se acreditó la presunta irregularidad”.
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