Noticia:
Francisco José Barreto García El Contador es señalado por la Procuraduría del Distrito Federal como probable responsable en el delito de tentativa de homicidio en grado de coparticipación por la agresión al futbolista Salvador Cabañas.
La próxima semana, la corporación establecerá una línea de coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) para determinar cómo ejercitar de la mejor forma acción penal en su contra.
El procurador capitalino Miguel Ángel Mancera manifestó que se están corroborando los datos relevantes vertidos en la declaración de El Contador, presunto cómplice de José Jorge Balderas Garza El JJ, quien disparó a la cabeza del futbolista paraguayo el pasado 25 de enero, en el área de sanitarios del Bar Bar. En cuanto se tengan algunos reconocimientos que aún hacen falta, se estará en posibilidad de ejercer acción penal en su contra, y entonces se pedirá la orden de aprehensión.
Asimismo, aseveró que en consecuencia de las declaraciones de Barreto García, algunos de los empleados del bar podrían resultar como imputables, situación que se determinara en los próximos días.
Agregó que la PGJDF sostiene que el gerente del Bar Bar, Carlos Cázares Ocaña El Charly, no fue sólo un encubridor en la agresión del delantero paraguayo, sino que es cómplice.
En lo referente a los tres escoltas de la policía auxiliar de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) contratados por El JJ, podrían haber incurrido en delitos tanto del orden local como federal, lo se analizará con la PGR para determinar si esos ilícitos tienen que ver con delitos contra la salud.
Los policías mexiquenses son Margarito Cruz Ramírez, Mariano López Morales y Mario Zamarripa Martínez, quienes se encontraban bajo arraigo.
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lunes, 28 de junio de 2010
viernes, 25 de junio de 2010
Ratifican a nuevo titular de la PGJEM
Noticia:
Aunque perseguido aún por la sombra de la muerte de Paulette Gebara, y fuertes cuestionamientos de incompetencia como investigador, Alfredo Castillo Cervantes fue ratificado por el Congreso local como nuevo titular de la Procurador General de Justicia del Estado de México (PGJEM), respaldado por el PRI, PVEM, PSD, Nueva Alianza y Convergencia.
Durante una maratónica sesión de la 57 Legislatura local, la mayoría encabezada por los priístas logró sacar adelante la propuesta del gobernador Enrique Peña para que Castillo Cervantes encabece la PGJEM durante los 15 meses que le restan a la actual administración, con 51 votos a favor y sólo 18 en contra, provenientes de los legisladores del PRD, PT y PAN.
Al fijar su postura, el panista Jorge Isunza advirtió que no obstante que el caso Paulette evidenció las graves deficiencias y rezagos que arrastra la Procuraduría estatal, el Ejecutivo estatal lo propuso sin darse cuenta, dijo, que “nace un procurador golpeado, maltratado y sin el respaldo social que se requiere para tener un Estado eficaz”, señaló, en referencia a un reciente texto publicado por el mandatario en el que destaca textualmente esa tesis.
“No podemos entender que en un estado con una creciente descomposición en materia de seguridad, se designe un procurador con tan poco margen de maniobra, con tan poco respaldo social, como el propio gobernador escribió en su artículo y que dice, se necesita, para gobernar eficazmente”, indicó el diputado.
Isunza resaltó asimismo datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Observatorio Ciudadano, que colocan al estado de México en el primer lugar nacional en secuestros, robo de autos, feminicidios e impunidad, ya que de cada 100 delitos que se denuncian, sólo dos terminan en una sentencia.
Argumentos y estadísticas
Destacó que la entidad mexiquense ha registrado 136 averiguaciones previas por secuestro en esta administración, en tanto que de 2007 a 2009 se han registrado 556 feminicidios, de los cuales 89 ya corresponden al presente año. Por su parte, el PRD, en voz de su coordinador, Ricardo Moreno, anticipó que su voto en contra de Castillo no respondería a una “perversa alianza” con el Partido Acción Nacional, como, señaló, supone el gobernador, sino a la corrupción e inoperancia de la Procuraduría del estado de México, la cual, agregó, es un edificio que se ha convertido en “un monumental archivo” que expide copias certificadas de denuncias levantadas por los ciudadanos (para cobrar un seguro) o actas de defunción.
Destacan trayectoria de Castillo
A la defensa de Castillo surgieron los legisladores del PRI Antonio Mendoza, Carlos Iriarte y Miguel Sámano —ex secretario particular del ex gobernador Arturo Montiel—, quienes destacaron la trayectoria del hoy procurador como conocedor del derecho y su desempeño en distintos puestos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencua Organizada (SIEDO).
Al final, a los 39 votos del PRI se sumaron tres de los legisladores de Convergencia; uno del PSD; seis de Nueva Alianza y dos del PVEM; contra nueve de AN; siete del PRD y dos del PT.
Durante la sesión se discutió y aprobó la designación de 15 magistrados al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de los cuales los más cuestionados fueron Sergio Valls Esponda, hijo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la NAción, Sergio Valls Hernández; el ex director de la Facultad de Derecho, Enrique Vega, y Marco Antonio Nava, ex director jurídico del gobierno mexiquense; señalados por la oposición como simples “advenidizos” sin carrera judicial alguna.
Aunque perseguido aún por la sombra de la muerte de Paulette Gebara, y fuertes cuestionamientos de incompetencia como investigador, Alfredo Castillo Cervantes fue ratificado por el Congreso local como nuevo titular de la Procurador General de Justicia del Estado de México (PGJEM), respaldado por el PRI, PVEM, PSD, Nueva Alianza y Convergencia.
Durante una maratónica sesión de la 57 Legislatura local, la mayoría encabezada por los priístas logró sacar adelante la propuesta del gobernador Enrique Peña para que Castillo Cervantes encabece la PGJEM durante los 15 meses que le restan a la actual administración, con 51 votos a favor y sólo 18 en contra, provenientes de los legisladores del PRD, PT y PAN.
Al fijar su postura, el panista Jorge Isunza advirtió que no obstante que el caso Paulette evidenció las graves deficiencias y rezagos que arrastra la Procuraduría estatal, el Ejecutivo estatal lo propuso sin darse cuenta, dijo, que “nace un procurador golpeado, maltratado y sin el respaldo social que se requiere para tener un Estado eficaz”, señaló, en referencia a un reciente texto publicado por el mandatario en el que destaca textualmente esa tesis.
“No podemos entender que en un estado con una creciente descomposición en materia de seguridad, se designe un procurador con tan poco margen de maniobra, con tan poco respaldo social, como el propio gobernador escribió en su artículo y que dice, se necesita, para gobernar eficazmente”, indicó el diputado.
Isunza resaltó asimismo datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Observatorio Ciudadano, que colocan al estado de México en el primer lugar nacional en secuestros, robo de autos, feminicidios e impunidad, ya que de cada 100 delitos que se denuncian, sólo dos terminan en una sentencia.
Argumentos y estadísticas
Destacó que la entidad mexiquense ha registrado 136 averiguaciones previas por secuestro en esta administración, en tanto que de 2007 a 2009 se han registrado 556 feminicidios, de los cuales 89 ya corresponden al presente año. Por su parte, el PRD, en voz de su coordinador, Ricardo Moreno, anticipó que su voto en contra de Castillo no respondería a una “perversa alianza” con el Partido Acción Nacional, como, señaló, supone el gobernador, sino a la corrupción e inoperancia de la Procuraduría del estado de México, la cual, agregó, es un edificio que se ha convertido en “un monumental archivo” que expide copias certificadas de denuncias levantadas por los ciudadanos (para cobrar un seguro) o actas de defunción.
Destacan trayectoria de Castillo
A la defensa de Castillo surgieron los legisladores del PRI Antonio Mendoza, Carlos Iriarte y Miguel Sámano —ex secretario particular del ex gobernador Arturo Montiel—, quienes destacaron la trayectoria del hoy procurador como conocedor del derecho y su desempeño en distintos puestos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencua Organizada (SIEDO).
Al final, a los 39 votos del PRI se sumaron tres de los legisladores de Convergencia; uno del PSD; seis de Nueva Alianza y dos del PVEM; contra nueve de AN; siete del PRD y dos del PT.
Durante la sesión se discutió y aprobó la designación de 15 magistrados al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de los cuales los más cuestionados fueron Sergio Valls Esponda, hijo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la NAción, Sergio Valls Hernández; el ex director de la Facultad de Derecho, Enrique Vega, y Marco Antonio Nava, ex director jurídico del gobierno mexiquense; señalados por la oposición como simples “advenidizos” sin carrera judicial alguna.
martes, 22 de junio de 2010
PGR rechaza indagar homicidios comunes
Noticia:
La presunción de que los homicidios están relacionados con la delincuencia organizada no basta para que la Procuraduría General de la República intervenga en su investigación, aseguró la dependencia.
EL UNIVERSAL dio a conocer que mientras el gobierno federal acepta que en la actual administración se han registrado 22 mil 743 muertes relacionadas con la lucha contra el crimen organizado, la PGR, encargada de perseguir a los delincuentes, sólo ha iniciado mil 210 averiguaciones por homicidios graves y lesiones de enero de 2006 a abril de 2010.
En la nota se destaca que el Presidente de la República ha señalado en diversas ocasiones (febrero de 2009, abril de 2010 y junio de 2010) que del total de muertos (22 mil 743), “más de 90% están vinculados con el crimen organizado.
“La presunción de que los homicidios están relacionados con la delincuencia organizada no basta para que la PGR intervenga en su investigación, aseguró la dependencia federal”.
Añadió que “la PGR puede intervenir en los casos de delitos que tengan conexidad, es decir, que se relacionen jurídicamente con delitos federales. Sin embargo, la jurisdicción federal no es la más frecuente”.
La PGR explica en qué caso investiga homicidios: “El homicidio en particular, es originalmente competencia de las autoridades del fuero común, es decir, autoridades locales.
“Asimismo, cuando se trata de víctimas civiles inocentes, como en el caso del asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey, la facultad de investigación corresponde a las autoridades locales; sin embargo, la PGR ejerció su facultad de atracción desprendida del artículo 73 Constitucional...
“También, cuando los delitos se tipifican como federales al tratarse de personal diplomático, como en el caso del ataque al consulado de los Estados Unidos, la PGR ejerce su facultad de atracción.
Igualmente, al tratarse de homicidios contra servidores públicos federales, policías o elementos de las fuerzas armadas, la PGR inicia las averiguaciones previas correspondientes.
La presunción de que los homicidios están relacionados con la delincuencia organizada no basta para que la Procuraduría General de la República intervenga en su investigación, aseguró la dependencia.
EL UNIVERSAL dio a conocer que mientras el gobierno federal acepta que en la actual administración se han registrado 22 mil 743 muertes relacionadas con la lucha contra el crimen organizado, la PGR, encargada de perseguir a los delincuentes, sólo ha iniciado mil 210 averiguaciones por homicidios graves y lesiones de enero de 2006 a abril de 2010.
En la nota se destaca que el Presidente de la República ha señalado en diversas ocasiones (febrero de 2009, abril de 2010 y junio de 2010) que del total de muertos (22 mil 743), “más de 90% están vinculados con el crimen organizado.
“La presunción de que los homicidios están relacionados con la delincuencia organizada no basta para que la PGR intervenga en su investigación, aseguró la dependencia federal”.
Añadió que “la PGR puede intervenir en los casos de delitos que tengan conexidad, es decir, que se relacionen jurídicamente con delitos federales. Sin embargo, la jurisdicción federal no es la más frecuente”.
La PGR explica en qué caso investiga homicidios: “El homicidio en particular, es originalmente competencia de las autoridades del fuero común, es decir, autoridades locales.
“Asimismo, cuando se trata de víctimas civiles inocentes, como en el caso del asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey, la facultad de investigación corresponde a las autoridades locales; sin embargo, la PGR ejerció su facultad de atracción desprendida del artículo 73 Constitucional...
“También, cuando los delitos se tipifican como federales al tratarse de personal diplomático, como en el caso del ataque al consulado de los Estados Unidos, la PGR ejerce su facultad de atracción.
Igualmente, al tratarse de homicidios contra servidores públicos federales, policías o elementos de las fuerzas armadas, la PGR inicia las averiguaciones previas correspondientes.
miércoles, 10 de marzo de 2010
La Corte “cierra” los expedientes de PGR.
Noticia:
La Suprema Corte validó cambios legales que permiten a la Procuraduría General de la República limitar la entrega de información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En votación dividida, siete de los 11 ministros declararon válida la modificación al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que señala que sólo proporcionará información a la CNDH cuando “no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas”.
Constitucionalistas y académicos reprobaron el fallo “porque avala el estado de opacidad en el que vive la Procuraduría General de la República (PGR) y dejó sin armas a la Comisión”.
Para Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “se trata de un retroceso en derechos humanos. Uno más”.
Criticó a los ministros que se dicen defensores de las garantías individuales, pero “se achican a la primera sentencia”.
El especialista en defensa de derechos humanos y transparencia, Luis Miguel Cano, dijo que lo más grave es dejar la entrega de datos a la discreción de la PGR, que será juez y parte a la hora de decidir la información que proporcione a la CNDH, para apoyar o impedir las investigaciones a funcionarios.
Agregó que las solicitudes de la CNDH en ningún momento pueden poner en riesgo investigaciones en curso, o la seguridad de personas, porque la Comisión usa los datos sólo para determinar si algún funcionario de la PGR cometió o no violaciones de garantías.
“La CNDH en ningún momento difunde la información que le da la PGR, ya que la mantiene en reserva”, explicó.
Afirmar que la CNDH puede divulgarla es como atribuirle conductas criminales, consideró Carbonell.
La Comisión argumentó que la dependencia federal busca impedir que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas por la PGR dentro de la lucha contra el crimen organizado.
Pero la mayoría de los ministros llegaron a la conclusión de que la secrecía y discrecionalidad con que se dotó a la PGR, no vulnera ninguna disposición establecida en la Constitución.
Los ministros que no validaron el cambio legal (José Ramón Cossío, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia) coincidieron en que se vulneran las atribuciones de la CNDH y su labor de defensa de derechos humanos. “Quedarán indefensos quienes sufran maltratos en los que esté involucrada la PGR”, advirtieron.
La Suprema Corte validó cambios legales que permiten a la Procuraduría General de la República limitar la entrega de información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En votación dividida, siete de los 11 ministros declararon válida la modificación al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que señala que sólo proporcionará información a la CNDH cuando “no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas”.
Constitucionalistas y académicos reprobaron el fallo “porque avala el estado de opacidad en el que vive la Procuraduría General de la República (PGR) y dejó sin armas a la Comisión”.
Para Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “se trata de un retroceso en derechos humanos. Uno más”.
Criticó a los ministros que se dicen defensores de las garantías individuales, pero “se achican a la primera sentencia”.
El especialista en defensa de derechos humanos y transparencia, Luis Miguel Cano, dijo que lo más grave es dejar la entrega de datos a la discreción de la PGR, que será juez y parte a la hora de decidir la información que proporcione a la CNDH, para apoyar o impedir las investigaciones a funcionarios.
Agregó que las solicitudes de la CNDH en ningún momento pueden poner en riesgo investigaciones en curso, o la seguridad de personas, porque la Comisión usa los datos sólo para determinar si algún funcionario de la PGR cometió o no violaciones de garantías.
“La CNDH en ningún momento difunde la información que le da la PGR, ya que la mantiene en reserva”, explicó.
Afirmar que la CNDH puede divulgarla es como atribuirle conductas criminales, consideró Carbonell.
La Comisión argumentó que la dependencia federal busca impedir que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas por la PGR dentro de la lucha contra el crimen organizado.
Pero la mayoría de los ministros llegaron a la conclusión de que la secrecía y discrecionalidad con que se dotó a la PGR, no vulnera ninguna disposición establecida en la Constitución.
Los ministros que no validaron el cambio legal (José Ramón Cossío, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia) coincidieron en que se vulneran las atribuciones de la CNDH y su labor de defensa de derechos humanos. “Quedarán indefensos quienes sufran maltratos en los que esté involucrada la PGR”, advirtieron.
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