El principal jefe opositor de Venezuela pide asilo en Perú.

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Manuel Rosales cree haber llegado a un lugar seguro. El alcalde de Maracaibo y líder opositor venezolano pidió ayer oficialmente asilo al Gobierno de Perú, por considerarse un perseguido político de Hugo Chávez. Rosales -ex gobernador del Estado petrolero de Zulia y ex candidato a la presidencia de Venezuela en las elecciones de 2006- vivía en la clandestinidad desde principios de mes, cuando denunció que el Gobierno había desatado una persecución judicial en su contra.

Según informó ayer el ministro de Exteriores de Perú, José Antonio García Belaúnde, el alcalde de Maracaibo llegó el domingo a Lima, con un visado de turista. Horas más tarde, el abogado de Rosales en la capital peruana, Javier Valle Riestra, dio "fe constitucional" de haber realizado todos los trámites requeridos para solicitar el asilo de su defendido. "Tiene Perú que aceptarle el asilo a este hombre. Perú no puede romper su tradición democrática de asilo", dijo Valle Riestra en la cadena CNN.

El 11 de diciembre, la fiscalía de Venezuela acusó formalmente a Rosales de enriquecimiento ilícito y, tres meses más tarde, pidió a los tribunales que emitieran una orden de detención en su contra. Desde entonces, funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar siguieron los pasos de Rosales, aun antes de que una orden de detención saliera del juzgado. La defensa del alcalde alegó que tal acoso obligó a su defendido a pasar a la clandestinidad, pues no se le garantizaba un juicio justo.

El ministro del Interior, Tareck El Aissami, dijo ayer que "de no someterse ante los tribunales", Rosales "sería un prófugo de la justicia y, en consecuencia, se activarán los mecanismos legales (...) para su captura internacional". El Aissami subrayó que Rosales afronta acusaciones por "delitos comunes (...) y no de naturaleza política".

El proceso contra Rosales se activó en octubre de 2008, en medio de la campaña de las elecciones regionales de noviembre en las que resultó electo alcalde. Chávez anunció su intención de encarcelar al opositor en medio de un acto político: "Estoy decidido a meter preso a Manuel Rosales", dijo. "Él está tratando de matarme. Yo no voy a matarlo. Yo no mato a nadie. Pero sí soy jefe de Estado".

Semanas después, la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional aprobó un informe en el que declaraba la responsabilidad política del alcalde en supuestos casos de corrupción. Rosales es el tercer venezolano que ha pedido asilo político en Perú en los últimos dos años.

Lima otorgó asilo al presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, condenado a 16 años de prisión por rebelión; y al ex gobernador de Yaracuy Eduardo Lapi, que estuvo preso 11 meses sin juicio por supuestas irregularidades en su gestión.


Comentario:

Se están pagando las consecuencias de haber permitido que avanzara Hugo Chávez en el poder.

La Fiscalía General de Venezuela pide que se encarcele al líder opositor Rosales.

Noticia:

La Fiscalía General de Venezuela pidió ayer a los tribunales que emitan una orden de detención contra el dirigente opositor Manuel Rosales, quien ha sido formalmente acusado por supuesto enriquecimiento ilícito después de que el presidente Hugo Chávez solicitara una investigación en su contra. A partir de hoy y en el transcurso de los próximos 20 días, un tribunal de control deberá decidir si Rosales será juzgado o no tras las rejas.

El 25 de octubre de 2008, el presidente Chávez anunció que su nueva misión sería llevar a Rosales a la cárcel, y desde entonces, la Asamblea Nacional y el Ministerio Público abrieron sendas investigaciones en su contra. "Estoy decidido a meter preso a Manuel Rosales. (...) Es que lo voy a meter preso. Sépalo el Zulia y sépalo Venezuela porque una calaña como ésa tiene que estar en prisión y no gobernando un Estado o gobernando un municipio. No puede estar suelto", dijo en aquella oportunidad. Mes y medio más tarde, Rosales fue imputado por cargos de corrupción.

El Ministerio Público no ha especificado cuáles son los casos puntuales sobre los que se sustenta la acusación. Sin embargo, la fiscal responsable de la investigación, Katiuska Plaza, adelantó que Rosales podría recibir una condena de entre 3 y 10 años de prisión, y en atención a "la magnitud del delito", justificó su solicitud de detención.

Hasta el momento, las actuaciones de la fiscalía se basan en dos informes, uno elaborado por la Contraloría General (Tribunal de Cuentas), y otro, por una comisión especial del Parlamento. El primero concluye que, mientras fue gobernador del Estado de Zulia, Rosales declaró la posesión de fondos y bienes que no se correspondían con su ingreso. En el segundo se señala a Rosales como responsable de supuestas irregularidades administrativas cometidas en el manejo de la Lotería del Zulia y en la donación de vehículos.

Manuel Rosales, actual alcalde de Maracaibo, ha sido gobernador del petrolero Estado de Zulia durante dos periodos consecutivos (2000-2008) y fue el candidato unitario de la oposición para enfrentarse a Chávez en las elecciones presidenciales de 2006. Tanto él como las organizaciones de oposición que le apoyan han calificado la acusación como una emboscada política y denunciaron que la fiscalía no ha permitido que sus abogados consignen las pruebas que demostrarían su inocencia. "Este pueblo se va a alzar, no podemos calarnos [soportar] que se viole la Constitución, que se violen las leyes de Venezuela, que criminalicen a quien a ellos les dé la gana", ha dicho el dirigente al conocer la noticia.

Este nuevo episodio de confrontación se produce en el marco del plan de recentralización del Estado emprendido por Chávez desde finales de noviembre, cuando los partidos de oposición ganaron las elecciones en cinco de las gobernaciones más importantes del país (Zulia, Carabobo, Miranda, Táchira, Nueva Esparta) y en la Alcaldía Mayor de Caracas. Además de Rosales, Chávez también amenazó esta semana con llevar a la cárcel al gobernador de Carabobo, Henrique Salas Feo, si se opone a la toma militar de los puertos, aeropuertos y carreteras que están bajo la jurisdicción de los Estados.

Comentario:

Tendría que ser una investigación muy rigurosa que demuestre su culpabilidad; porque si no, muchos pensaremos que se trata de una cacería de "brujas" (más bien de opositores).