Los operativos en estados continuarán: Gobernación.

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Un franco reclamo de parte de los gobernadores del PRD y del PRI recibió el presidente Felipe Calderón durante la 26 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, por la forma, argumentaron, en que se practicó el operativo del 26 de mayo en el estado de Michoacán, en la que se detuvo a una treintena de funcionarios públicos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Frente a la posición, la Secretaría de Gobernación aseguró anoche que actuó debidamente en la acción realizada en Michoacán, y señaló que “seguirá actuando en este tipo de operaciones bajo los propios criterios de seguridad que no siempre corresponden a los de los mandatarios locales”.

Precisó que en el caso de Michoacán, la reserva de la información permitió que no resultara en un operativo cruento.

Antes, en el mismo foro, el presidente Calderón aseguró que en esta lucha no hay lugar para titubeos, divisiones, ni deslealtades, y que quien traicione desde el servicio público la confianza de la sociedad y sirva a criminales “no habrá fuero partidista o consideración política alguna que lo libre de la acción de la justicia”.

Aceptó que el crimen organizado se infiltró en los distintos niveles de gobierno; que claramente se está ante una grave amenaza para la sociedad, y que está en juego el futuro de la democracia en México.

De ahí la importancia, adujo, de desarticular cuanto antes estas redes que construyó la delincuencia organizada ante años de tolerancia y corrupción.

Aún así, en el encuentro, los mandatarios estatales del PRD, en voz del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y los priístas, a través del gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, recriminaron la acción federal, no así el combate que liderea contra estas organizaciones criminales.

Ahí, Marcelo Ebrard demandó un trato justo, como integrantes del Poder Ejecutivo en los estados, y dijo que actuar de manera unilateral sólo “siembra la desconfianza, la duda y nos parece que eso es injusto e inconveniente”.

El gobernador michoacano, Leonel Godoy, dijo que con ese operativo se violó la soberanía del estado, y le reprochó a Calderón que no se haya dado una coordinación, cuando él siempre ha dado muestras de cooperación en materia de seguridad. Incluso le entregó por escrito su queja y en entrevista posterior, exigió respuesta y castigo a los responsables de la incursión en el Palacio de Gobierno de su entidad.

Ebrard propuso en la reunión hacer un esfuerzo similar para enfrentar el creciente desempleo y las dificultades económicas.

“Ojalá que así como se hizo en el caso de la influenza y de la seguridad, también la emergencia económica merezca un esfuerzo de una política de Estado similar, de la misma altura, de la misma intensidad y de la misma urgencia”, declaró.

Sobre el tema, González Parás expresó su preocupación de que se añadan a los problemas de la inseguridad los de la crisis económica por la que atraviesa el país.

“Es importante tomar medidas para enfrentar también la crisis económica y las implicaciones, que habría en materia de delincuencia. Para enfrentar estas dos crisis se requieren fortalecer los climas de confianza y de unidad”, dijo el mandatario estatal.

González Parás fijó la posición de los 18 gobernadores del PRI y, aunque Ebrard pidió no impulsar estos operativos con fines electorales, el mandatario neoleonés fue más directo:

Incluso, Calderón endosó la responsabilidad del incremento del crimen y su infiltración en las esferas de gobierno, a la pretensión de administrarlo, tolerarlo o permitirlo durante años. “El hecho es que ahora estamos pagando los costos de años de permisividad y tolerancia ante la criminalidad”, argumentó.

Reveló que ha habido “arreglo tácito o en algunos casos explícitos entre instituciones de seguridad y delincuentes”, lo que acrecentó la impunidad, fruto de la corrupción y el miedo.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, respondió a gobernadores que los operativos implementados “son perfectibles”.


Comentario:

Si el gobierno federal le hace caso a los reclamos, entonces nos quedamos donde siempre: con la delincuencia a todo galope. ¿Eso es lo que quieren?

Ejército amplía operativos en Nuevo León.

Noticia:


La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvo el lunes a 37 uniformados de las Secretaria de Seguridad de Apodaca, San Nicolás, Monterrey y de la Estatal.

La mañana de este martes amanecieron sitiadas las corporaciones de Escobedo, Guadalupe y Juárez.

Estos operativos, según dieron a conocer las autoridades, buscan detener a los policías que se involucran en actividades ilícitas con miembros del crimen organizado, quienes a cambio de cuotas a los efectivos, obtienían protección.

Estas detenciones se dan a una semana de que las fuerzas castrenses detuvieran en Michoacán a 10 alcaldes y 20 servidores públicos por presuntos vínculos con narcotraficantes.

Las acciones coordinadas entre el Ejército, los federales y el estado, arrancaron el lunes a las 8:00 horas cuando centenares de militares tomaron las comandancias de los municipios metropolitanos de San Nicolás, Apodaca, y Monterrey, mientras que la Agencia Federal y la Procuraduría de justicia local, hacían lo propio en el Cuartel Estatal.

Alrededor de las 16:00 horas, la Sedena confirmó las primeras 29 detenciones, para las 19:00 ya eran 33 y fue hasta las 23:00 cuando se informó de que en total había 37 policías detenidos.

De dicho número, 9 son de Seguridad Publica Estatal, 8 de la Policía de Monterrey, 14 de la corporación policiaca de Apodaca y 6 de San Nicolás.

A su vez se dio a conocer que 10 de los detenidos de Apodaca son comandantes y jefes de grupo y uno de Seguridad Estatal es jefe de operaciones, y el resto policías rasos.

El secretario de seguridad publica en el estado, Aldo Fasci Zuazua aseguró que los operativos continuaran durante este miércoles y podrían ampliarse a otras corporaciones municipales, o incluso incrementarse las detenciones de Seguridad Pública Estatal, ya que los militares están trabajando conforme va cambiando el turno de los uniformados.

El procedimiento es: las fuerzas castrenses llegan, desarman a los policías y se les pide la documentación de porte de arma, junto con una identificación oficial.

Uno por uno, los policías pasan a cotejar su identidad con los nombres de sospechosos que celosamente resguarda un comandante del Ejército.

Cuando uno de estos coincide al uniformado se le separa del resto y al cabo de unas horas se le traslada a la Séptima Zona militar para iniciar el interrogatorio.

De acuerdo a información que proporcionó la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) a EL UNIVERSAL, las diversas ‘narcolistas’ que han sido decomisadas en operativos y aprensiones en semanas pasadas, contienen el nombre, rango y cantidades pagadas, a unos 300 uniformados y comandantes de corporaciones policiacas del estado.

Hasta ahora se ha revisado el 85% de las mencionadas corporaciones y se espera que concluya en los primeros minutos de este martes, para que después se amplíe a otros municipios.

La Sedena, los policías federales y las corporaciones de seguridad en el estado han guardado el nombre de los policías que han sido separados de sus cargos en tanto no se les aclare su situación jurídica, ya que según se informó se están ejecutando ordenes de aprensión, de arraigo y de presentación, por lo que aun no pueden dar mayor información.


Comentario:

El combate a la delincuencia y corrupción ahora si va en serio.