Noticia:
Ocurrió el jueves en Santa Cruz, la capital del oriente boliviano. Dos reporteros de la cadena de televisión Unitel filmaban la detención de un agricultor en pleitos de tierras con el Estado. Un grupo armado lo trasladaba, maniatado y encapuchado, al aeropuerto, para enviarlo a La Paz. Los dos periodistas seguían al convoy, hasta que una de las furgonetas embistió su vehículo. Tres hombres de paisano los obligaron a bajar, los golpearon y ametrallaron la cámara, que se llevaron consigo, destrozada. Los reporteros identificaron a los asaltantes como miembros de la unidad de élite de la policía.
Se trata del más reciente de los incidentes con los medios que han jalonado el mandato de Evo Morales, cuya alergia a los periodistas es compartida por sus aliados bolivarianos. Este mismo sábado, el Gobierno venezolano anunciaba la clausura de 29 emisoras de radio -que se unirán a las 34 ya cerradas en agosto- y nuevas sanciones contra la asediada Globovisión. También el canal ecuatoriano Teleamazonas y varias radios podrían tener los días contados si prospera la cancelación de licencias exigida el domingo pasado por el presidente Rafael Correa. Y en Managua, Daniel Ortega arremetía ayer de nuevo contra los periodistas, acusándolos de servir "a los enemigos del pueblo".
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a 1.300 publicaciones del continente, ha dado la voz de alarma. "En los tres últimos años se está imponiendo un patrón de acoso sistemático a los medios independientes en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y, en menor grado, Argentina", explica desde Bogotá Enrique Santos, presidente de la SIP. "Los presidentes emplean contra ellos un lenguaje agresivo y beligerante, ligándolos a complós, minando su credibilidad. Todo ello acompañado de medidas específicas para asfixiarles".
En otros lugares, como México, Centroamérica, Brasil o Colombia, la violencia contra los periodistas está ligada sobre todo al crimen organizado o la corrupción. Lo preocupante con Hugo Chávez y sus aliados, insiste la SIP, es que se han embarcado en una ofensiva de Estado contra la libertad de expresión.
Da la impresión de que la prensa estorba al Socialismo del Siglo XXI. Los medios, afirman los dirigentes bolivarianos, responden a "intereses de la oligarquía y el imperialismo" y "tergiversan la realidad". "Hay una serie de vicios que tiene la prensa, que son un atentado a los intentos de cambio para bien de nuestra América", declaraba recientemente Rafael Correa, que ha anunciado que, desde la presidencia de turno de Unasur, propondrá un organismo regional para "vigilar" a los medios.
¿Tienen algún fundamento esas denuncias? ¿Está la prensa demasiado "politizada"?
"En Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua vivimos un proceso de polarización extrema, y es inevitable que eso se refleje en los medios", asegura Marco Dipp, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia. Además, la falta de una oposición articulada y la fragilidad institucional han convertido a la prensa "en uno de los principales instrumentos de fiscalización del poder". Y eso tiene sus riesgos.
"Claro que hay errores y excesos", afirma Enrique Santos, pero son parte "de la dinámica de la libertad de información, de la lucha de opinión. Para eso están los instrumentos legales". Sin embargo, las acciones emprendidas por los mandatarios bolivarianos van mucho más allá de los roces tradicionales entre el poder y los medios, y apuntan a una estrategia de control de la información y limitación de la libertad de prensa.
Una estrategia que repite el mismo esquema: empieza con insultos y descalificaciones, sigue con agresiones físicas por parte de grupos de choque oficialistas (sobre todo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua), acoso judicial, medidas de asfixia (como el reparto de pautas publicitarias o los impuestos al papel fijados en Ecuador) y el cierre de medios. Simultáneamente, estos Gobiernos, denuncia la SIP, están conformando poderosas redes de prensa con fondos públicos para usarlos como aparato de propaganda.
Venezuela marca la pauta. La clausura de Radio Caracas Televisión y de 34 emisoras, el acoso a Globovisión o la "ley mordaza" que el Gobierno coló en la reciente de ley de educación, generan un panorama de paulatino silenciamiento de los medios.
Rafael Correa se ha convertido en el alumno más aventajado de Chávez. Desde su programa semanal de radio, a imagen del Aló, Presidente, recomienda cosas como esta: "Apaguemos el televisor y tengamos la mente limpia. No es necesario leer periódicos". "Nunca antes un presidente había convertido a la prensa en su principal enemigo", dice Emilio Palacio, editor de Opinión del diario El Universo, en la mira del Gobierno.
Correa apuntaba maneras cuando en 2007 se refirió a una reconocida periodista ecuatoriana como "gordita horrorosa", porque le había hecho unas preguntas que le incomodaron. De los insultos pasó a los hechos y desempolvó una ley expedida durante la dictadura, en 1975, que ha servido para emprender procesos judiciales contra varios medios, algunos por "atentado contra la seguridad nacional". Al mismo tiempo, las autoridades han iniciado un proceso de revisión de las licencias de radio y televisión, como en Venezuela, y ya han advertido que van a caer "algunas vacas sagradas". Los efectos se empiezan a sentir y la autocensura, detecta la SIP, está anidando en muchos medios ecuatorianos.
En Bolivia se han registrado 90 agresiones a periodistas en los últimos nueve meses, señala Marco Dipp. "De momento no hay leyes mordaza, pero el temor es que, después de las elecciones de diciembre, se incluyan en la anunciada reforma judicial". Evo Morales ha suspendido las conferencias de prensa y sometido a escarnio público a algunos reporteros. "Sólo el 10% de los periodistas son dignos", ha dicho. El resto, miente. "¿Diremos la verdad si hablamos bien del Gobierno?", se pregunta la periodista Silvia Padilla.
Su homólogo Daniel Ortega no se queda atrás. Según la SIP, el Gobierno ha concentrado pautas publicitarias en medios de comunicación pertenecientes a la familia del presidente, además de recurrir a un poder judicial controlado por el sandinismo para asediar a los periodistas incómodos, como Carlos Fernando Chamorro. Otra veces son las turbas oficialistas las encargadas de poner orden a base de asaltos y palizas.
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lunes, 7 de septiembre de 2009
jueves, 13 de agosto de 2009
SIP: Justicia firme, clave en libertad de prensa.
Noticia:
La libre prensa es una necesidad, un requerimiento y uno de los más grandes logros democráticos, afirmó Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dijo que el acceso a la información permite conocer diferentes explicaciones sobre la realidad, por lo que “la confiabilidad, la veracidad y la oportunidad ya no son un asunto únicamente del gobierno: hoy día, la publicidad de la verdad es una responsabilidad del Estado, de la prensa y de la sociedad civil”.
Ortiz Mayagoitia inauguró el Primer Foro Nacional sobre Libertad de Expresión y Prensa, Jurisprudencia y Estándares Internacionales, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la que asisten directores de periódicos, magistrados, académicos e investigadores.
Alejandro J. Aguirre, primer vicepresidente de la SIP, señaló que una justicia firme es la mejor garantía para que exista libertad de expresión y de prensa en una verdadera democracia.
El también subdirector del Diario de las Américas en Miami, Estados Unidos, consideró que al interior de la SIP la mayor preocupación, sin duda, no solamente es la violencia en contra de los periodistas y los medios de comunicación a manos del crimen organizado, sino el grado de impunidad al que estos delitos pueden quedar.
Comentó que la impunidad es parte de un círculo vicioso del cual se nutre la violencia.
Por eso, le dijo al presidente de la Suprema Corte, siempre será nuestro pedido especial a quienes tienen la ambición de administrar la justicia que se articulen todos los mecanismos para que la justicia se aplique con prontitud, rigurosidad y equidad.
Víctimas de acoso y violencia
En representación del licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, y también Presidente de la Comisión contra la Impunidad de la SIP, su hijo, Juan Francisco Ealy Ortiz Jr., Director General de EL UNIVERSAL, afirmó que las agresiones contra las libertades, especialmente las de expresión, no afectan únicamente a los periodistas, sino que gremios clave como los juzgadores son igualmente víctimas de acoso y violencia. “A todos nos debe quedar claro que con ello no sólo se afecta a personas específicas y se hunde en drama a sus colegas y sus familias, sino que son mutilados derechos esenciales de los ciudadanos en su conjunto”, comentó.
Dijo que México encara dos tragedias que impactan a la democracia y que no se pueden soslayar. La primera agregó, se refiere a la impunidad con la que proceden los agresores. “La impunidad, la debilidad del Estado para imponer la vigencia de la ley, es el principal aliciente para que los hechos de violencia y los atropellos contra las libertades se multipliquen y perpetúen, señaló.
La otra tragedia es la apatía de la autoridad, de los legisladores, de muchos de los juzgadores y del propio gremio de los periodistas para entender en qué medida este Estado de cosas mina las bases mismas de la sociedad y pone el futuro de todos nosotros y de nuestros hijos en manos de los violentos”.
Consideró que el gobierno debe concretar acciones que inspiren a que México no siga siendo uno de los países en los que se asesina a más periodistas, sólo superado por naciones como Somalia e Irak, que viven una guerra civil declarada.
Recordó que desde 1987, hace 22 años, en que la SIP sistematizó sus referentes, se tiene registrado el asesinato de 75 periodistas y la desaparición de nueve trabajadores de los medios de comunicación en México.
“Contra lo que ocurre en otras naciones, en nuestro país existe una particular atmósfera de impunidad en la mayoría absoluta de todos estos casos”, expuso durante su mensaje ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia e integrantes de la SIP.
Juan Francisco Ealy Ortiz Jr. hizo un llamado para que durante la legislatura que está por comenzar el Congreso de la Unión evite actitudes de indolencia y simulación y dote a la autoridad del marco jurídico que le otorgue herramientas y le establezca compromisos para actuar con eficacia en este tema.
Dijo que juzgadores y medios deben trabajar juntos en las defensas de las libertades.
Nueva forma de difundir
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz, reconoció que los periodistas y las autoridades y, sobre todo la sociedad civil, están construyendo una nueva forma de acceder a la información, de difundirla y de publicarla.
“Estamos aprendiendo nuevos mecanismos para documentar nuestras propias explicaciones de la realidad en que vivimos”.
Precisó que “en la libertad de prensa está presente la intención de buscar la verdad y darla a conocer públicamente para bien del entorno social, político y cultural. En gran medida, de esto se trata la democracia constitucional”.
Este Primer Foro Nacional sobre Libertad de Expresión y Prensa durará tres días en los que participarán especialistas en derecho penal, académicos, investigadores y periodistas.
La libre prensa es una necesidad, un requerimiento y uno de los más grandes logros democráticos, afirmó Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dijo que el acceso a la información permite conocer diferentes explicaciones sobre la realidad, por lo que “la confiabilidad, la veracidad y la oportunidad ya no son un asunto únicamente del gobierno: hoy día, la publicidad de la verdad es una responsabilidad del Estado, de la prensa y de la sociedad civil”.
Ortiz Mayagoitia inauguró el Primer Foro Nacional sobre Libertad de Expresión y Prensa, Jurisprudencia y Estándares Internacionales, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la que asisten directores de periódicos, magistrados, académicos e investigadores.
Alejandro J. Aguirre, primer vicepresidente de la SIP, señaló que una justicia firme es la mejor garantía para que exista libertad de expresión y de prensa en una verdadera democracia.
El también subdirector del Diario de las Américas en Miami, Estados Unidos, consideró que al interior de la SIP la mayor preocupación, sin duda, no solamente es la violencia en contra de los periodistas y los medios de comunicación a manos del crimen organizado, sino el grado de impunidad al que estos delitos pueden quedar.
Comentó que la impunidad es parte de un círculo vicioso del cual se nutre la violencia.
Por eso, le dijo al presidente de la Suprema Corte, siempre será nuestro pedido especial a quienes tienen la ambición de administrar la justicia que se articulen todos los mecanismos para que la justicia se aplique con prontitud, rigurosidad y equidad.
Víctimas de acoso y violencia
En representación del licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, y también Presidente de la Comisión contra la Impunidad de la SIP, su hijo, Juan Francisco Ealy Ortiz Jr., Director General de EL UNIVERSAL, afirmó que las agresiones contra las libertades, especialmente las de expresión, no afectan únicamente a los periodistas, sino que gremios clave como los juzgadores son igualmente víctimas de acoso y violencia. “A todos nos debe quedar claro que con ello no sólo se afecta a personas específicas y se hunde en drama a sus colegas y sus familias, sino que son mutilados derechos esenciales de los ciudadanos en su conjunto”, comentó.
Dijo que México encara dos tragedias que impactan a la democracia y que no se pueden soslayar. La primera agregó, se refiere a la impunidad con la que proceden los agresores. “La impunidad, la debilidad del Estado para imponer la vigencia de la ley, es el principal aliciente para que los hechos de violencia y los atropellos contra las libertades se multipliquen y perpetúen, señaló.
La otra tragedia es la apatía de la autoridad, de los legisladores, de muchos de los juzgadores y del propio gremio de los periodistas para entender en qué medida este Estado de cosas mina las bases mismas de la sociedad y pone el futuro de todos nosotros y de nuestros hijos en manos de los violentos”.
Consideró que el gobierno debe concretar acciones que inspiren a que México no siga siendo uno de los países en los que se asesina a más periodistas, sólo superado por naciones como Somalia e Irak, que viven una guerra civil declarada.
Recordó que desde 1987, hace 22 años, en que la SIP sistematizó sus referentes, se tiene registrado el asesinato de 75 periodistas y la desaparición de nueve trabajadores de los medios de comunicación en México.
“Contra lo que ocurre en otras naciones, en nuestro país existe una particular atmósfera de impunidad en la mayoría absoluta de todos estos casos”, expuso durante su mensaje ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia e integrantes de la SIP.
Juan Francisco Ealy Ortiz Jr. hizo un llamado para que durante la legislatura que está por comenzar el Congreso de la Unión evite actitudes de indolencia y simulación y dote a la autoridad del marco jurídico que le otorgue herramientas y le establezca compromisos para actuar con eficacia en este tema.
Dijo que juzgadores y medios deben trabajar juntos en las defensas de las libertades.
Nueva forma de difundir
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz, reconoció que los periodistas y las autoridades y, sobre todo la sociedad civil, están construyendo una nueva forma de acceder a la información, de difundirla y de publicarla.
“Estamos aprendiendo nuevos mecanismos para documentar nuestras propias explicaciones de la realidad en que vivimos”.
Precisó que “en la libertad de prensa está presente la intención de buscar la verdad y darla a conocer públicamente para bien del entorno social, político y cultural. En gran medida, de esto se trata la democracia constitucional”.
Este Primer Foro Nacional sobre Libertad de Expresión y Prensa durará tres días en los que participarán especialistas en derecho penal, académicos, investigadores y periodistas.
viernes, 23 de enero de 2009
Mil días de pesadilla informativa en Bolivia.
Noticia:
Los primeros mil días de gestión del presidente de Bolivia, Evo Morales, se han convertido en una pesadilla para los informadores y los medios de comunicación, que han sufrido atropellos, agresiones, la destrucción de instalaciones y herramientas de trabajo por culpa de la intolerancia y la ausencia de garantías para la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.
El balance de la tortuosa relación entre el Gobierno y los medios es de un comunicador muerto y más de 250 agredidos - 200 de ellos, en 2008 -, además de numerosos ataques a oficinas de medios audiovisuales tanto del sector privado como gubernamentales. Es el peor resultado en 26 años de democracia.
También han sido días frustrantes para el presidente Evo Morales, que, desencantado por el manejo de la información, ayer inauguró un periódico oficial con el que completará su aparato de difusión, integrado por un canal de televisión y la radio estatal, ambas con repetidoras en todo el país, y 40 emisoras de radio comunitarias.
El presidente boliviano se siente ninguneado por los medios de comunicación, a los que ha declarado sus enemigos. Se siente también ofendido y provocado por la información distorsionada que, se lamenta, publican todos los días.
En la mayor parte de sus discursos ante sus seguidores, Morales ha lanzado duras críticas contra los informadores "mentirosos", "tergiversadores", "vendidos", "corruptos" y "enemigos". Morales suele asimismo individualizar con nombre y apellidos al comunicador y al medio que ha publicado una información que no es del gusto gubernamental o que considera falseada.
En agosto del año pasado, durante una reunión con sus partidarios de la Coordinadora Nacional para el Cambio en Cochabamba, Morales hizo notar la presencia en el acto de comunicadores "porque ya no hay un prefecto que les pague plata", antes de condenar la filtración de una presunta infidencia de algunos informadores locales que sacaron a relucir una supuesta confesión íntima hecha en el pasado por Morales.
"Eso se habían guardado los amigos de la prensa para sacarme la mugre: Evo hace llorar a las mujeres. Imagínense qué de sucios. Quiero decirles qué de sucios son los periodistas o los políticos [que] usan a los periodistas", señaló el presidente Morales ante sus partidarios, que de forma inmediata procedieron a hostigar a los comunicadores que cubrían el acto.
Las agresiones arreciaron especialmente entre agosto y septiembre, a la par que los conflictos sociales en todo el país. En estos conflictos grupos de exaltados asaltaron, golpearon con palos, patadas, puños y látigos a los trabajadores de la prensa, que perdieron sus herramientas de trabajo ante la pasividad de la policía. Ésta ya había experimentado el enojo de las turbas en La Paz y, aparentemente, tenía órdenes de no intervenir, como reflejó la prensa local.
Además de los dos centenares y medio de agredidos - y, en el caso de las mujeres, amenazadas de muerte y de violación por agitadores allegados al partido oficialista -, las instalaciones y los equipos móviles de empresas de televisión, como ATB - del grupo español Prisa -, Unitel, PAT y Gigavisión, fueron en unos casos asaltados y en otros apedreados por los movimientos sociales. También los medios estatales fueron atacados y, en algunos casos, sufrieron graves daños materiales, lo mismo que otros medios que igualmente se identifican con el Gobierno sufrieron los efectos de la furia de radicales pertenecientes a las corrientes autonomistas.
El comunicador Carlos Quispe murió a fines de marzo de 2008 a causa de las graves heridas causadas por una paliza que varias personas, presuntamente del Comité de Vigilancia del lugar, le propinaron cuando se encontraba en la cabina de locución de la Radio Municipal Pucarani.
El padre de la víctima informó de que uno de los agresores dijo "ésta es la boca que habla", tras lo cual llovieron los latigazos y golpes en la cara hasta dejarlo muy malherido. Dos días después falleció en un hospital de La Paz.
Otra comunicadora fue herida de bala en un pie durante la ocupación militar del aeropuerto de Cobija. En esa capital se aplicó la censura de prensa y la discriminación, pues se permitió sólo la presencia de medios afines al Gobierno. Los demás fueron trasladados fuera del departamento de Pando.
La Asociación Nacional de la Prensa, que agrupa a los propietarios de medios del país, exigió públicamente en varias oportunidades "las mayores garantías y protección a todos los medios y a los periodistas para evitar que se registren los frecuentes ataques" como los que se produjeron en al menos seis ciudades del país. Asimismo, protestó "enérgicamente contra toda acción destinada a acallar a la prensa" desplegada por "grupos radicales oficialistas y opositores que vulneran la libertad de prensa y de expresión, y con ello la Constitución y los derechos humanos".
La Asociación de Periodistas de La Paz y los sindicatos de trabajadores de prensa del país también protestaron por los ataques a sus afiliados y anunciaron que, junto con los medios, se procedería a abrir causas judiciales contra los agresores. Las denuncias no han llegado a 30 y la fiscalía ha asumido las investigaciones. Hasta ahora, solamente dos agresores - un miembro de la policía que, vestido de paisano, golpeó a un camarógrafo, y un agitador del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales - han sido encausados.
Las organizaciones de profesionales y medios han mantenido una firme lucha para impedir que el nuevo texto constitucional incluya un artículo que establezca que tanto las informaciones como las opiniones emitidas por los medios "deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad". Según el constitucionalista Carlos Alarcón, este artículo convertiría "un deber ético o moral de veracidad y responsabilidad en un deber jurídico constitucional". La comisión parlamentaria anunció que iba a revisar el texto para evitar conflictos posteriores en torno a la libertad de expresión y el derecho a la información.
La prensa está siempre expuesta a intimidaciones y presión, pero nunca había sufrido tantas afrentas públicas contra su dignidad profesional y aún menos provenientes tanto de las más altas instancias del país como de los sectores empobrecidos de Bolivia, tradicionalmente los más defendidos por los medios impresos y audiovisuales de la nación.
Comentario:
Es una situación verdaderamente alarmante la que viven en Bolivia los comunicadores. Y se quejaba la izquierda de las dictaduras militares de los setentas. ¿Quién está peor?
Los primeros mil días de gestión del presidente de Bolivia, Evo Morales, se han convertido en una pesadilla para los informadores y los medios de comunicación, que han sufrido atropellos, agresiones, la destrucción de instalaciones y herramientas de trabajo por culpa de la intolerancia y la ausencia de garantías para la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.
El balance de la tortuosa relación entre el Gobierno y los medios es de un comunicador muerto y más de 250 agredidos - 200 de ellos, en 2008 -, además de numerosos ataques a oficinas de medios audiovisuales tanto del sector privado como gubernamentales. Es el peor resultado en 26 años de democracia.
También han sido días frustrantes para el presidente Evo Morales, que, desencantado por el manejo de la información, ayer inauguró un periódico oficial con el que completará su aparato de difusión, integrado por un canal de televisión y la radio estatal, ambas con repetidoras en todo el país, y 40 emisoras de radio comunitarias.
El presidente boliviano se siente ninguneado por los medios de comunicación, a los que ha declarado sus enemigos. Se siente también ofendido y provocado por la información distorsionada que, se lamenta, publican todos los días.
En la mayor parte de sus discursos ante sus seguidores, Morales ha lanzado duras críticas contra los informadores "mentirosos", "tergiversadores", "vendidos", "corruptos" y "enemigos". Morales suele asimismo individualizar con nombre y apellidos al comunicador y al medio que ha publicado una información que no es del gusto gubernamental o que considera falseada.
En agosto del año pasado, durante una reunión con sus partidarios de la Coordinadora Nacional para el Cambio en Cochabamba, Morales hizo notar la presencia en el acto de comunicadores "porque ya no hay un prefecto que les pague plata", antes de condenar la filtración de una presunta infidencia de algunos informadores locales que sacaron a relucir una supuesta confesión íntima hecha en el pasado por Morales.
"Eso se habían guardado los amigos de la prensa para sacarme la mugre: Evo hace llorar a las mujeres. Imagínense qué de sucios. Quiero decirles qué de sucios son los periodistas o los políticos [que] usan a los periodistas", señaló el presidente Morales ante sus partidarios, que de forma inmediata procedieron a hostigar a los comunicadores que cubrían el acto.
Las agresiones arreciaron especialmente entre agosto y septiembre, a la par que los conflictos sociales en todo el país. En estos conflictos grupos de exaltados asaltaron, golpearon con palos, patadas, puños y látigos a los trabajadores de la prensa, que perdieron sus herramientas de trabajo ante la pasividad de la policía. Ésta ya había experimentado el enojo de las turbas en La Paz y, aparentemente, tenía órdenes de no intervenir, como reflejó la prensa local.
Además de los dos centenares y medio de agredidos - y, en el caso de las mujeres, amenazadas de muerte y de violación por agitadores allegados al partido oficialista -, las instalaciones y los equipos móviles de empresas de televisión, como ATB - del grupo español Prisa -, Unitel, PAT y Gigavisión, fueron en unos casos asaltados y en otros apedreados por los movimientos sociales. También los medios estatales fueron atacados y, en algunos casos, sufrieron graves daños materiales, lo mismo que otros medios que igualmente se identifican con el Gobierno sufrieron los efectos de la furia de radicales pertenecientes a las corrientes autonomistas.
El comunicador Carlos Quispe murió a fines de marzo de 2008 a causa de las graves heridas causadas por una paliza que varias personas, presuntamente del Comité de Vigilancia del lugar, le propinaron cuando se encontraba en la cabina de locución de la Radio Municipal Pucarani.
El padre de la víctima informó de que uno de los agresores dijo "ésta es la boca que habla", tras lo cual llovieron los latigazos y golpes en la cara hasta dejarlo muy malherido. Dos días después falleció en un hospital de La Paz.
Otra comunicadora fue herida de bala en un pie durante la ocupación militar del aeropuerto de Cobija. En esa capital se aplicó la censura de prensa y la discriminación, pues se permitió sólo la presencia de medios afines al Gobierno. Los demás fueron trasladados fuera del departamento de Pando.
La Asociación Nacional de la Prensa, que agrupa a los propietarios de medios del país, exigió públicamente en varias oportunidades "las mayores garantías y protección a todos los medios y a los periodistas para evitar que se registren los frecuentes ataques" como los que se produjeron en al menos seis ciudades del país. Asimismo, protestó "enérgicamente contra toda acción destinada a acallar a la prensa" desplegada por "grupos radicales oficialistas y opositores que vulneran la libertad de prensa y de expresión, y con ello la Constitución y los derechos humanos".
La Asociación de Periodistas de La Paz y los sindicatos de trabajadores de prensa del país también protestaron por los ataques a sus afiliados y anunciaron que, junto con los medios, se procedería a abrir causas judiciales contra los agresores. Las denuncias no han llegado a 30 y la fiscalía ha asumido las investigaciones. Hasta ahora, solamente dos agresores - un miembro de la policía que, vestido de paisano, golpeó a un camarógrafo, y un agitador del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales - han sido encausados.
Las organizaciones de profesionales y medios han mantenido una firme lucha para impedir que el nuevo texto constitucional incluya un artículo que establezca que tanto las informaciones como las opiniones emitidas por los medios "deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad". Según el constitucionalista Carlos Alarcón, este artículo convertiría "un deber ético o moral de veracidad y responsabilidad en un deber jurídico constitucional". La comisión parlamentaria anunció que iba a revisar el texto para evitar conflictos posteriores en torno a la libertad de expresión y el derecho a la información.
La prensa está siempre expuesta a intimidaciones y presión, pero nunca había sufrido tantas afrentas públicas contra su dignidad profesional y aún menos provenientes tanto de las más altas instancias del país como de los sectores empobrecidos de Bolivia, tradicionalmente los más defendidos por los medios impresos y audiovisuales de la nación.
Comentario:
Es una situación verdaderamente alarmante la que viven en Bolivia los comunicadores. Y se quejaba la izquierda de las dictaduras militares de los setentas. ¿Quién está peor?
lunes, 3 de noviembre de 2008
Marruecos prohíbe la difusión del semanario francés L'Express por atentar contra el islam.
Noticia:
El ministerio de comunicación de Marruecos ha prohibido la difusión del actual número del semanario francés L'Express de acuerdo el artículo 29 del código de la prensa del reino. Según ese artículo se podrá prohibir la difusión de cualquier publicación que "atente contra el islam, la institución monarquica, o la integridad territorial o el orden público".
El número del semanario L'Express estaba dedicado a El choque Cristo - Mahoma, en los que se incluía seis artículos, como Jésus, el mensaje rebelde, y Mahoma, profeta y guerrero. El número estaba dedicado a este tema en el contexto de la reunión que el 4 de noviembre arranca en Roma, y en la que se reunirán una cincuentena de dirigentes católicos y musulmanes para tratar el diálogo interreligioso.
En la portada del mismo se puede ver dos imágenes de Jesús y Mahoma. "Con el fin de no herir la sensibilidad religiosa de nuestros lectores marroquíes, habíamos tomado el cuidado de hacer una portada específicamente dedicada a la edición internacional, llevando la cara de Mahoma tapada, de acuerdo con la costumbre islámica", asegura Christian Makarian, director delegado de L'Express en declaraciones que recoge la propia publicación en su página web. Makarian recuerda que el "grabado usado en la portada de este número es un manuscrito del siglo XVI y que no ha sido objeto de ninguna modificación con respecto al original. Pese a esta atención particular, que muestra nuestro respeto al público marroquí y la fe musulmana, hemos sido embargados. No lo comprendo". Makarian es además autor del libro que lleva el mismo título que el número de L'Express.
El ministerio de comunicación de Marruecos no especifica si la prohibición está motivada por la portada del semanario o por algún contenido de los seis artículos. Determinados temas son tabú en la prensa marroquí, y el código de prensa afecta sobre todo a periodistas marroquíes. En 2007, por ejemplo, un tribunal de Marruecos condenó a dos años de prisión a dos periodistas del extinto semanario Nichan por publicar y recoger los chistes más populares en Marruecos sobre la religión, el rey Mohamed VI o el sexo
Comentario:
Por tratarse de culturas muy diferentes, los diarios occidentales deberían ser más cuidadosos al publicar temas que "ofendan" a los musulmanes.
El ministerio de comunicación de Marruecos ha prohibido la difusión del actual número del semanario francés L'Express de acuerdo el artículo 29 del código de la prensa del reino. Según ese artículo se podrá prohibir la difusión de cualquier publicación que "atente contra el islam, la institución monarquica, o la integridad territorial o el orden público".
El número del semanario L'Express estaba dedicado a El choque Cristo - Mahoma, en los que se incluía seis artículos, como Jésus, el mensaje rebelde, y Mahoma, profeta y guerrero. El número estaba dedicado a este tema en el contexto de la reunión que el 4 de noviembre arranca en Roma, y en la que se reunirán una cincuentena de dirigentes católicos y musulmanes para tratar el diálogo interreligioso.
En la portada del mismo se puede ver dos imágenes de Jesús y Mahoma. "Con el fin de no herir la sensibilidad religiosa de nuestros lectores marroquíes, habíamos tomado el cuidado de hacer una portada específicamente dedicada a la edición internacional, llevando la cara de Mahoma tapada, de acuerdo con la costumbre islámica", asegura Christian Makarian, director delegado de L'Express en declaraciones que recoge la propia publicación en su página web. Makarian recuerda que el "grabado usado en la portada de este número es un manuscrito del siglo XVI y que no ha sido objeto de ninguna modificación con respecto al original. Pese a esta atención particular, que muestra nuestro respeto al público marroquí y la fe musulmana, hemos sido embargados. No lo comprendo". Makarian es además autor del libro que lleva el mismo título que el número de L'Express.
El ministerio de comunicación de Marruecos no especifica si la prohibición está motivada por la portada del semanario o por algún contenido de los seis artículos. Determinados temas son tabú en la prensa marroquí, y el código de prensa afecta sobre todo a periodistas marroquíes. En 2007, por ejemplo, un tribunal de Marruecos condenó a dos años de prisión a dos periodistas del extinto semanario Nichan por publicar y recoger los chistes más populares en Marruecos sobre la religión, el rey Mohamed VI o el sexo
Comentario:
Por tratarse de culturas muy diferentes, los diarios occidentales deberían ser más cuidadosos al publicar temas que "ofendan" a los musulmanes.
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