Noticia:
El pleno del Senado aprobó un paquete de reformas a la Ley de Amparo que permiten “abrir” la figura legal a más mexicanos, pues una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya emitido cinco sentencias, tendrá el alcance general, y no beneficiará únicamente a los interesados.
Luego de la participación de una serie de oradores, entre ellos, Ricardo Monreal, coordinador del Partido del Trabajo; del perredista Tomás Torres, y del panista Alejandro Zapata Perogordo, el paquete de reformas a la Ley de Amparo se aprobó en lo general por 89 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
El pleno aprobó algunos cambios de forma en artículos propuestos por los senadores Tomás Torres y Rubén Velázquez, ambos perredistas, pero que no cambiaron el fondo de la iniciativa.
Las reformas a la Ley de Amparo fueron enviadas a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.
Las reformas aprobadas ayer —en la penúltima sesión del periodo ordinario de sesiones que concluye el próximo martes— amplían la posibilidad de que más mexicanos recurran al amparo, y por ende, tengan mayor acceso a la justicia.
El dictamen provino de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, la primera presidida por el PRI y la segunda por el PAN.
Pedro Joaquín Coldwell (PRI), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, comentó: “Tienen ustedes a su consideración la reforma al juicio de amparo más importante que se haya realizado en nuestro país en los últimos 25 años… en efecto, el juicio de amparo en nuestro país, del cual fuimos precursores en América Latina, hoy está muy rezagado respecto a los avances que otras naciones de nuestro subcontinente cultural han tenido en materia de protección de los derechos y las garantías que consagra la Constitución”.
Castigo a incumplidos
Los cambios a la ley avalados permitirán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se fortalezca.
De igual forma con el paquete de reformas aprobado se retirará el llamado “efecto Otero” lo que permitirá que las resoluciones protejan a todos en esas hipótesis y se crearán los plenos de circuito, que van a resolver las contradicciones de tesis, cuando éstas se presenten entre tribunales de un mismo circuito.
Los senadores confirmaron que se ampliará con los cambios legales, el sentido garantista del juicio de amparo, además de que se fortalecerá la estructura del Poder Judicial, a través de la consolidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Determinará también la procedencia de la figura jurídica en caso de violación a los derechos humanos.
En las reformas se plantea separar de su cargo a las autoridades que incumplan con un amparo.
También establece sanciones penales a la autoridad que por mala fe o negligencia desobedezca un auto de suspensión, y faculta a los tribunales de la Federación a conocer de procedimientos relacionados con delitos del orden federal.
Con lo aprobado ayer por los senadores, y que fue turnado a la Cámara de Diputados, se amplía el juicio de amparo a la protección de los derechos fundamentales contenidos en instrumentos internacionales ratificados por México. Además establece la figura de amparo “adhesivo” como solución a la falta de celeridad, que representa el juicio de amparo para mejorar las condiciones de la sentencia definitiva.
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viernes, 11 de diciembre de 2009
miércoles, 1 de octubre de 2008
Ley venezolana que atenta contra la propiedad privada.
Noticia:
La oposición denunció que la ley orgánica para la organización y gestión del territorio, aprobada este miércoles en primera discusión, es el marco jurídico que le hacía falta al oficialismo para implementar un estado autocrático en Venezuela.
Diputados de la Comisión 16 y representantes del movimiento 2D denunciaron que el instrumento atenta contra la propiedad privada y prácticamente anulará el poder de las autoridades regionales, ya que supone la configuración de una nueva estructura de gobierno sustentada en la geometría del poder, uno de los planteamientos que fue rechazado el pasado 2 de diciembre en la reforma.
La ley declara de utilidad pública e interés social la ordenación y gestión del territorio (artículo 3) determina que el Presidente ejercerá la suprema autoridad en esta materia (Articulo 17) y que tendrá potestad para designar una autoridad regional para el desarrollo de políticas, planes y proyectos de ordenación del territorio que así lo requiera (Artículo 19).
Sin embargo, determina en su disposición número 22 que serán los gobernadores quienes ejercerán la autoridad estadal en materia de ordenación del territorio.
El proyecto aprobado que pasará a segunda discusión establece la figura de un representante comunitario internacional que denunciará ante las instancias nacionales la violación de las normas territoriales y colaborara con las autoridades en la "vigilancia y control" de la adecuación de las actividades territoriales a la previsiones contenidas en la ley.
También, en el artículo 71 sujeta la inversión pública y privada a la política territorial formulada por el Ejecutivo.
El miembro del Movimiento 2D, Antonio Ecarri, alertó sobre tres disposiciones presentes en el proyecto de ley que van en detrimento al derecho a la propiedad privada, la autonomía de los estados y municipios y se dirige hacia la nueva geometría del poder.
Apuntó que el instrumento legal va en abierto menoscabo a la Constitución vigente, porque además deja por fuera a los gobernadores y a los alcaldes, figuras claves tanto en la reordenación del territorio como en los planes especiales.
"Esta es la ley 27 (...), que había quedado en la gaveta porque el Presidente no pudo aprobarla cuando dio el madrugonazo de las 26 leyes. Ahora la Asamblea Nacional viene en una carrera de 100 metros planos tratando de aprobar esta ley", señaló.
Advirtió que se trataba de una ley "peligrosísima" que desarrollaba, de manera más directa, la reforma constitucional que quedó sin efecto al someterse a votación popular en diciembre pasado.
Insistió en que el documento legal deja normas abiertas que propician las arbitrariedades y la corrupción, ya que declara al territorio como bien de utilidad pública y entrega, por tanto, la potestad al Gobierno de ocupar cualquier área que se requiera para concluir el plan de desarrollo.
"Queda, prácticamente, bajo criterio de un funcionario, cuándo tu propiedad puede estar sujeta a expropiación y cuándo no. Se está abriendo un abanico de arbitrariedades para que los funcionarios y los burócratas hagan lo que les dé la gana con las propiedades de los venezolanos y están abriendo una puerta, un boquete, para una corrupción terrible", señaló.
Ecarri hizo un llamado a los candidatos que participarán en las elecciones regionales del próximo 23 de noviembre a activarse para evitar la promulgación de este instrumento legal que ya fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional.
Instó, asimismo, a los consejos comunales, asociaciones de vecinos, y a toda la infraestructura de dirigentes populares del pais a sumarse a esta campaña contra la ley.
Afirmó que la AN pretende enrarecer el clima político para evitar los venideros comicios o propiciar la abstención. "Lo que quieren esque el venezolano se deprima y pierda confianza, pero no nos vamos a dejar".
El Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, que de acuerdo a Ecarri fue concebido para transformar a Venezuela en república socialista - sirvió como una de las bases para establecer la legislación.
Podemos: La ley instaura una autocracia en el país.
Ismael García consideró que el proyecto es un "verdadero golpe" para el pueblo, entretanto que su compañero de tolda, Juan José Molina, sostuvo que el aspecto más peligroso de este proyecto es que todo lo que está en el territorio nacional queda a libre disposición del jefe de Estado.
"Los terrenos y tierras que cada persona posee, sean del índole o de la composición jurídica que sean, pertenecerán al Estado y el Estado podrá disponer de ellos cuando desee. La ley no le deja espacio a la propiedad privada (...) será la ley marco de la confiscación de los bienes venezolanos", advirtió.
El parlamentario Ricardo Gutiérrez destacó que el proyecto legal amplía el poder del Ejecutivo y elimina potestades a las autoridades regionales.
¿Para qué iremos entonces a unas elecciones el próximo 23 de noviembre, si el Presidente tendrá potestad de designar autoridades regionales? se preguntó el asambleísta.
Comentario:
A las leyes en Venezuela ¿habría que calificarlas de Leyes Chávez?
La oposición denunció que la ley orgánica para la organización y gestión del territorio, aprobada este miércoles en primera discusión, es el marco jurídico que le hacía falta al oficialismo para implementar un estado autocrático en Venezuela.
Diputados de la Comisión 16 y representantes del movimiento 2D denunciaron que el instrumento atenta contra la propiedad privada y prácticamente anulará el poder de las autoridades regionales, ya que supone la configuración de una nueva estructura de gobierno sustentada en la geometría del poder, uno de los planteamientos que fue rechazado el pasado 2 de diciembre en la reforma.
La ley declara de utilidad pública e interés social la ordenación y gestión del territorio (artículo 3) determina que el Presidente ejercerá la suprema autoridad en esta materia (Articulo 17) y que tendrá potestad para designar una autoridad regional para el desarrollo de políticas, planes y proyectos de ordenación del territorio que así lo requiera (Artículo 19).
Sin embargo, determina en su disposición número 22 que serán los gobernadores quienes ejercerán la autoridad estadal en materia de ordenación del territorio.
El proyecto aprobado que pasará a segunda discusión establece la figura de un representante comunitario internacional que denunciará ante las instancias nacionales la violación de las normas territoriales y colaborara con las autoridades en la "vigilancia y control" de la adecuación de las actividades territoriales a la previsiones contenidas en la ley.
También, en el artículo 71 sujeta la inversión pública y privada a la política territorial formulada por el Ejecutivo.
El miembro del Movimiento 2D, Antonio Ecarri, alertó sobre tres disposiciones presentes en el proyecto de ley que van en detrimento al derecho a la propiedad privada, la autonomía de los estados y municipios y se dirige hacia la nueva geometría del poder.
Apuntó que el instrumento legal va en abierto menoscabo a la Constitución vigente, porque además deja por fuera a los gobernadores y a los alcaldes, figuras claves tanto en la reordenación del territorio como en los planes especiales.
"Esta es la ley 27 (...), que había quedado en la gaveta porque el Presidente no pudo aprobarla cuando dio el madrugonazo de las 26 leyes. Ahora la Asamblea Nacional viene en una carrera de 100 metros planos tratando de aprobar esta ley", señaló.
Advirtió que se trataba de una ley "peligrosísima" que desarrollaba, de manera más directa, la reforma constitucional que quedó sin efecto al someterse a votación popular en diciembre pasado.
Insistió en que el documento legal deja normas abiertas que propician las arbitrariedades y la corrupción, ya que declara al territorio como bien de utilidad pública y entrega, por tanto, la potestad al Gobierno de ocupar cualquier área que se requiera para concluir el plan de desarrollo.
"Queda, prácticamente, bajo criterio de un funcionario, cuándo tu propiedad puede estar sujeta a expropiación y cuándo no. Se está abriendo un abanico de arbitrariedades para que los funcionarios y los burócratas hagan lo que les dé la gana con las propiedades de los venezolanos y están abriendo una puerta, un boquete, para una corrupción terrible", señaló.
Ecarri hizo un llamado a los candidatos que participarán en las elecciones regionales del próximo 23 de noviembre a activarse para evitar la promulgación de este instrumento legal que ya fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional.
Instó, asimismo, a los consejos comunales, asociaciones de vecinos, y a toda la infraestructura de dirigentes populares del pais a sumarse a esta campaña contra la ley.
Afirmó que la AN pretende enrarecer el clima político para evitar los venideros comicios o propiciar la abstención. "Lo que quieren esque el venezolano se deprima y pierda confianza, pero no nos vamos a dejar".
El Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, que de acuerdo a Ecarri fue concebido para transformar a Venezuela en república socialista - sirvió como una de las bases para establecer la legislación.
Podemos: La ley instaura una autocracia en el país.
Ismael García consideró que el proyecto es un "verdadero golpe" para el pueblo, entretanto que su compañero de tolda, Juan José Molina, sostuvo que el aspecto más peligroso de este proyecto es que todo lo que está en el territorio nacional queda a libre disposición del jefe de Estado.
"Los terrenos y tierras que cada persona posee, sean del índole o de la composición jurídica que sean, pertenecerán al Estado y el Estado podrá disponer de ellos cuando desee. La ley no le deja espacio a la propiedad privada (...) será la ley marco de la confiscación de los bienes venezolanos", advirtió.
El parlamentario Ricardo Gutiérrez destacó que el proyecto legal amplía el poder del Ejecutivo y elimina potestades a las autoridades regionales.
¿Para qué iremos entonces a unas elecciones el próximo 23 de noviembre, si el Presidente tendrá potestad de designar autoridades regionales? se preguntó el asambleísta.
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A las leyes en Venezuela ¿habría que calificarlas de Leyes Chávez?
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