Noticia:
Las comisiones de Justicia, Gobernación y Seguridad del Congreso de la Unión trabajarán este mes de manera coordinada y “permanentemente” hasta lograr una ley antisecuestro de pronta aplicación.
Senadores y diputados de oposición rechazaron la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) sobre este asunto y acordaron que revisarán el contenido de las 15 iniciativas que están en el Senado relacionadas con el tema para alinear un proyecto.
Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, argumentó que el proyecto propuesto por el legislador panista Alejandro González Alcocer, tiene “muchos problemas de fondo y forma”.
El priísta consideró que es necesario integrar a la propuesta los mecanismos para fortalecer la capacidad de investigación de las policías del país y atender la demanda ciudadana con una ley de aplicación inmediata.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la República, Felipe González (PAN), dijo que los secuestradores “actúan como chacales, y por tanto urge una ley de pronta aplicación, pues de lo contrario las familias no lo van a perdonar”.
Aseguró que es necesario considerar la cárcel vitalicia para sancionar a los delincuentes que ultrajan a sus víctimas.
Insisten en la pena de muerte
El coordinador del PVEM, Arturo Escobar y Vega, insistió en la necesidad de integrar la pena de muerte, pero el senador del PRD Pablo Gómez lo refutó al explicarle que ni la Constitución ni los tratados internacionales por México permiten este castigo.
Los legisladores designaron a un grupo técnico que reelabore el dictamen sobre esta ley durante una semana y acordaron reunirse nuevamente el próximo miércoles para evaluar los avances.
La agenda de prioridades de los legisladores en el Senado incluye la ley antisecuestro.
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miércoles, 14 de abril de 2010
viernes, 19 de febrero de 2010
Calderón pide ley más dura contra secuestro.
Noticia:
El Senado dio entrada formal a la reforma Antisecuestro enviada por el presidente Felipe Calderón, en la que se propone la prisión vitalicia para los plagiarios y que se permita grabar conversaciones telefónicas y en sitios públicos para reunir pruebas contra las organizaciones criminales.
Además, la iniciativa plantea realizar operaciones encubiertas, es decir, infiltrar agentes policiacos —a quienes se les asignará una clave numérica para su identificación— en las bandas de secuestradores para conocer cómo actúan los delincuentes, y en paralelo otorgar apoyo psicológico a los agentes que delincan.
El texto —que expide la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro— impulsa también colocar dispositivos electrónicos de localización y vigilancia a plagiarios tras purgar una condena, con el fin de prevenir nuevas conductas delictivas.
El paquete de reformas —turnado a las comisiones unidas de Estudios Legislativos Primera (PRI) y de Justicia (PAN)— endurece las penas para servidores públicos y secuestradores, e incluye grabar conversaciones a distancia en lugares públicos y avalar la intervención de comunicaciones telefónicas, cuando así lo amerite la investigación en torno a un plagio, se justifique ante el MP y el tiempo no exceda los seis meses.
En caso de que las grabaciones no se acepten como prueba, deberán destruirse.
Los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deberán proporcionar información de inmediato, cuando les sea requerida, e incluso por órdenes de la Cofetel, suspender líneas telefónicas para evitar que los secuestradores presos delincan desde la cárcel.
Se faculta a las autoridades a realizar acciones de vigilancia, monitoreo y rastreo en internet sobre sitios web que constituyan un medio para cometer el delito de secuestro.
También plantea recurrir a informantes anónimos, quienes podrían cobrar recompensas; además de un programa de protección de personas que colaboren con la autoridad en las investigaciones de secuestro, y otro programa, éste de apoyo a las víctimas, además de uno de restitución de derechos.
Plantea la inexcusabilidad del testigo, es decir que toda persona estará obligada a declarar cuando se encuentre en peligro la vida de la víctima y endurece las penas a los servidores públicos que revelen o divulguen información confidencial o reservada, relacionada con las investigaciones.
Los acusados de secuestro no contarán además del beneficio de la preliberación o la reducción de condena.
El Ejecutivo plantea que quienes se hagan pasar por una autoridad sin serlo para perpetrar un secuestro, y sus víctimas sean menores de edad, embarazadas, mayores de 60 años o tengan inferioridad física y mental, se les impondrán de 30 años a prisión vitalicia; 40 años de cárcel a prisión vitalicia cuando la víctima muera durante el cautiverio.
Tipifica, para no dar paso a la impunidad, distintas conductas delictivas como el secuestro exprés, la detención de una persona en calidad de rehén, y la simulación de un secuestro.
El Senado dio entrada formal a la reforma Antisecuestro enviada por el presidente Felipe Calderón, en la que se propone la prisión vitalicia para los plagiarios y que se permita grabar conversaciones telefónicas y en sitios públicos para reunir pruebas contra las organizaciones criminales.
Además, la iniciativa plantea realizar operaciones encubiertas, es decir, infiltrar agentes policiacos —a quienes se les asignará una clave numérica para su identificación— en las bandas de secuestradores para conocer cómo actúan los delincuentes, y en paralelo otorgar apoyo psicológico a los agentes que delincan.
El texto —que expide la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro— impulsa también colocar dispositivos electrónicos de localización y vigilancia a plagiarios tras purgar una condena, con el fin de prevenir nuevas conductas delictivas.
El paquete de reformas —turnado a las comisiones unidas de Estudios Legislativos Primera (PRI) y de Justicia (PAN)— endurece las penas para servidores públicos y secuestradores, e incluye grabar conversaciones a distancia en lugares públicos y avalar la intervención de comunicaciones telefónicas, cuando así lo amerite la investigación en torno a un plagio, se justifique ante el MP y el tiempo no exceda los seis meses.
En caso de que las grabaciones no se acepten como prueba, deberán destruirse.
Los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deberán proporcionar información de inmediato, cuando les sea requerida, e incluso por órdenes de la Cofetel, suspender líneas telefónicas para evitar que los secuestradores presos delincan desde la cárcel.
Se faculta a las autoridades a realizar acciones de vigilancia, monitoreo y rastreo en internet sobre sitios web que constituyan un medio para cometer el delito de secuestro.
También plantea recurrir a informantes anónimos, quienes podrían cobrar recompensas; además de un programa de protección de personas que colaboren con la autoridad en las investigaciones de secuestro, y otro programa, éste de apoyo a las víctimas, además de uno de restitución de derechos.
Plantea la inexcusabilidad del testigo, es decir que toda persona estará obligada a declarar cuando se encuentre en peligro la vida de la víctima y endurece las penas a los servidores públicos que revelen o divulguen información confidencial o reservada, relacionada con las investigaciones.
Los acusados de secuestro no contarán además del beneficio de la preliberación o la reducción de condena.
El Ejecutivo plantea que quienes se hagan pasar por una autoridad sin serlo para perpetrar un secuestro, y sus víctimas sean menores de edad, embarazadas, mayores de 60 años o tengan inferioridad física y mental, se les impondrán de 30 años a prisión vitalicia; 40 años de cárcel a prisión vitalicia cuando la víctima muera durante el cautiverio.
Tipifica, para no dar paso a la impunidad, distintas conductas delictivas como el secuestro exprés, la detención de una persona en calidad de rehén, y la simulación de un secuestro.
jueves, 18 de febrero de 2010
FCH envía propuesta de ley antisecuestro.
Noticia:
El presidente Felipe Calderón envió al Senado una nueva propuesta de ley Antisecuestro, a la cual se dará entrada oficial en la sesión de este jueves, y que contempla colocar dispositivos electrónicos de localización y vigilancia a los secuestradores que salgan de cárcel, después de purgar una condena, para prevenir nuevas conductas delictivas.
Propone intervenir comunicaciones privadas telefónicas, cuando así lo amerite la investigación en torno a un secuestro y se justifique ante el Ministerio Público, por lo que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deberán proporcionar información de inmediato y sin demora, cuando les sea requerida, e incluso por órdenes de la COFETEL suspender una línea telefónica.
También incluye avalar las "operaciones encubiertas", es decir, infiltrar agentes policiacos a las organizaciones delictivas para conocer su operación, y recurrir a informantes anónimos, la protección de personas y apoyos a las víctimas.
Propone la prisión vitalicia para los secuestradores que incurran en diversas actividades delictivas. También promueve permitir la obtención de información anónima.
La reforma del presidente Calderón incluye que las autoridades creen unidades especiales para prevenir estos delitos.
Los jueces podrán embargar bienes de los secuestradores cuando el producto, instrumentos u objetos sancionados por la ley no sean localizados.
Con la reforma se busca además tener más coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
A quienes se hagan pasar por una autoridad sin serlo para perpetrar un secuestro, y sus víctimas sean menores de edad, embarazadas, mayores de 60 años o tengan inferioridad física y mental, se le impondrán de 30 años a prisión vitalicia, propone el Ejecutivo; además, se prevé de 40 años de cárcel a prisión vitalicia para aquellos casos en que la víctima muera por cualquiera de los sujetos activos.
Endurecen además las penas a los servidores públicos y cuando se encarcele a un secuestrador se propone que sea en una entidad distinta a la que cometió el delito.
El Ejecutivo establece distintas conductas delictivas en materia de secuestro, como el secuestro exprés, la detención de una persona en calidad de rehén, y la simulación de un secuestro, la intimidación, y la intermediación en una negociación de secuestro, entre otras.
La propuesta penaliza con mayor rigor el encubrimiento; sancionará a servidores públicos que no coadyuven con el Ministerio Público en estos ilícitos.
En la exposición de motivos, enviada a través de la Secretaría de Gobernación se señala que una de los retos de los tres órdenes de gobierno es el relativo a la recopilación de información.
La iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El presidente Felipe Calderón envió al Senado una nueva propuesta de ley Antisecuestro, a la cual se dará entrada oficial en la sesión de este jueves, y que contempla colocar dispositivos electrónicos de localización y vigilancia a los secuestradores que salgan de cárcel, después de purgar una condena, para prevenir nuevas conductas delictivas.
Propone intervenir comunicaciones privadas telefónicas, cuando así lo amerite la investigación en torno a un secuestro y se justifique ante el Ministerio Público, por lo que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deberán proporcionar información de inmediato y sin demora, cuando les sea requerida, e incluso por órdenes de la COFETEL suspender una línea telefónica.
También incluye avalar las "operaciones encubiertas", es decir, infiltrar agentes policiacos a las organizaciones delictivas para conocer su operación, y recurrir a informantes anónimos, la protección de personas y apoyos a las víctimas.
Propone la prisión vitalicia para los secuestradores que incurran en diversas actividades delictivas. También promueve permitir la obtención de información anónima.
La reforma del presidente Calderón incluye que las autoridades creen unidades especiales para prevenir estos delitos.
Los jueces podrán embargar bienes de los secuestradores cuando el producto, instrumentos u objetos sancionados por la ley no sean localizados.
Con la reforma se busca además tener más coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
A quienes se hagan pasar por una autoridad sin serlo para perpetrar un secuestro, y sus víctimas sean menores de edad, embarazadas, mayores de 60 años o tengan inferioridad física y mental, se le impondrán de 30 años a prisión vitalicia, propone el Ejecutivo; además, se prevé de 40 años de cárcel a prisión vitalicia para aquellos casos en que la víctima muera por cualquiera de los sujetos activos.
Endurecen además las penas a los servidores públicos y cuando se encarcele a un secuestrador se propone que sea en una entidad distinta a la que cometió el delito.
El Ejecutivo establece distintas conductas delictivas en materia de secuestro, como el secuestro exprés, la detención de una persona en calidad de rehén, y la simulación de un secuestro, la intimidación, y la intermediación en una negociación de secuestro, entre otras.
La propuesta penaliza con mayor rigor el encubrimiento; sancionará a servidores públicos que no coadyuven con el Ministerio Público en estos ilícitos.
En la exposición de motivos, enviada a través de la Secretaría de Gobernación se señala que una de los retos de los tres órdenes de gobierno es el relativo a la recopilación de información.
La iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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