Noticia:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio bajo el cual todos los juzgados y tribunales federales del país se verán obligados a no suspender el cobro del arancel de 10% para la importación de vehículos usados al país.
Dicho arancel fue decretado por el presidente Felipe Calderón, el 22 de diciembre de 2008. La aplicación del arancel fue impugnada en diversos sectores, en especial en la frontera norte, mediante la promoción de juicios de amparo.
Y esos juicios de amparo ocasionaron que diversos tribunales federales emitieran sentencias contradictorias. Mientras unos consideraron —al inicio de los juicios— que era necesario suspender el cobro del arancel hasta que se resolviera el fondo del asunto, otros consideraron que no se podía hacer y, por tanto, quienes quisieran introducir un vehículo usado al país tenían que pagar el arancel y esperar a que su juicio terminara para saber si se les devolvía o no.
Para corregir este problema y establecer un criterio único, al resolver la contradicción de tesis número 281/2009, los ministros de la Segunda Sala resolvieron que resulta improcedente conceder la suspensión contra los requisitos y el impuesto de 10% a la importación de vehículos usados.
Determinó que otorgar la medida cautelar ocasionaría perjuicios al interés social y contravendría disposiciones de orden público, debido a que el Estado está interesado en que no se afecte la economía nacional.
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jueves, 1 de octubre de 2009
miércoles, 11 de febrero de 2009
Exigen reabrir frontera a autos.
Noticia:
La unión hizo la fuerza, gracias a ello, los elementos del Ejército y la Policía Federal se limitaron a observar de lejos la toma de la aduana protagonizada por cientos de personas para protestar por obstáculos impuestos a la importación de autos usados.
“¡Nos vemos el 5 de julio!”, “¡déjennos trabajar!”, gritaban algunos.
Asimismo, en el contexto de estas movilizaciones se afirmó que el Congreso de la Unión está por promover una controversia constitucional ante la Corte contra las autoridades federales de Hacienda y Economía por aumentar el gravamen para la legalización de vehículos usados.
A su vez el presidente del Grupo Especializado de Autos Usados, Gilberto Leyva Camacho, amenazó con convocar a una huelga de pagos de impuestos para que el gobierno entienda que no han podido ganar ni un peso desde que la actividad cayó prácticamente a cero.
Unos 300 tractocamiones esperaban en carreteras estadounidenses para cruzar a México, y a unos pasos de la puerta, el empresario ofrecía disculpas por los inconvenientes.
Justificó: “Las responsables son las autoridades federales, que en vísperas de Navidad “salieron con su madruguete” al publicar un decreto que cuadruplicó los costos de importación, y de un plumazo derogó una ley que tendría que seguir vigente hasta 2014 y que permite la introducción de autos de países no participantes en el Tratado de Libre Comercio.
La situación ha provocado daños económicos “incalculables” a los vendedores estadounidenses de vehículos, quienes ya pidieron la intervención del embajador de México en ese país, aseguró el empresario, quien exigió que se regrese a los precios del año pasado.
Una plataforma de tráiler habilitada como templete sirvió a aspirantes a diputaciones federales para presentarse ante los manifestantes; sin embargo, ninguno se atrevió a identificarse ante el riesgo de recibir los abucheos de los presentes que los han culpado de su situación.
La única buena noticia fue para los vendedores de autopartes, quienes desde el lunes podrán importar sus unidades.
El senador panista por Baja California, Alejandro González Alcocer, esperó que los manifestantes llegaran a la cita, el bulevar Bellas Artes delegación Mesa de Otay, para informarles que presentó una iniciativa para reducir 70% los costos de importación de automóviles usados.
El presidente de la Cámara de Comercio local, Mario Escobedo Carignan, recibió la noticia por teléfono. El empresario aseguró que el Congreso federal planea presentar una controversia constitucional porque las medidas impuestas por las secretarías de Hacienda y de Economía violan los derechos contenidos en la Carta Magna.
Comentario:
¿Por qué los políticos reaccionan con tanta lentitud ante un problema?
La unión hizo la fuerza, gracias a ello, los elementos del Ejército y la Policía Federal se limitaron a observar de lejos la toma de la aduana protagonizada por cientos de personas para protestar por obstáculos impuestos a la importación de autos usados.
“¡Nos vemos el 5 de julio!”, “¡déjennos trabajar!”, gritaban algunos.
Asimismo, en el contexto de estas movilizaciones se afirmó que el Congreso de la Unión está por promover una controversia constitucional ante la Corte contra las autoridades federales de Hacienda y Economía por aumentar el gravamen para la legalización de vehículos usados.
A su vez el presidente del Grupo Especializado de Autos Usados, Gilberto Leyva Camacho, amenazó con convocar a una huelga de pagos de impuestos para que el gobierno entienda que no han podido ganar ni un peso desde que la actividad cayó prácticamente a cero.
Unos 300 tractocamiones esperaban en carreteras estadounidenses para cruzar a México, y a unos pasos de la puerta, el empresario ofrecía disculpas por los inconvenientes.
Justificó: “Las responsables son las autoridades federales, que en vísperas de Navidad “salieron con su madruguete” al publicar un decreto que cuadruplicó los costos de importación, y de un plumazo derogó una ley que tendría que seguir vigente hasta 2014 y que permite la introducción de autos de países no participantes en el Tratado de Libre Comercio.
La situación ha provocado daños económicos “incalculables” a los vendedores estadounidenses de vehículos, quienes ya pidieron la intervención del embajador de México en ese país, aseguró el empresario, quien exigió que se regrese a los precios del año pasado.
Una plataforma de tráiler habilitada como templete sirvió a aspirantes a diputaciones federales para presentarse ante los manifestantes; sin embargo, ninguno se atrevió a identificarse ante el riesgo de recibir los abucheos de los presentes que los han culpado de su situación.
La única buena noticia fue para los vendedores de autopartes, quienes desde el lunes podrán importar sus unidades.
El senador panista por Baja California, Alejandro González Alcocer, esperó que los manifestantes llegaran a la cita, el bulevar Bellas Artes delegación Mesa de Otay, para informarles que presentó una iniciativa para reducir 70% los costos de importación de automóviles usados.
El presidente de la Cámara de Comercio local, Mario Escobedo Carignan, recibió la noticia por teléfono. El empresario aseguró que el Congreso federal planea presentar una controversia constitucional porque las medidas impuestas por las secretarías de Hacienda y de Economía violan los derechos contenidos en la Carta Magna.
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¿Por qué los políticos reaccionan con tanta lentitud ante un problema?
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