Noticia:
Unos 400.000 funcionarios chilenos han cancelado hoy un paro indefinido después que el Senado aprobara por unanimidad un proyecto de aumento salarial del 10%.
El anuncio lo hizo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, quien encabezó la delegación de 15 representantes de los gremios del sector público que llegaron al Congreso para ejercer presión con el objetivo de lograr el aumento salarial.
Las exportaciones de productos agrícolas, uno de los principales bienes del país, se ha visto ralentizada, forzando a las autoridades a buscar rutas alternativas para dar salida a las exportaciones.
La batalla en las calles por el ajuste de las remuneraciones del sector público comenzó a principios de noviembre y ha incluido marchas, tomas, concentraciones y paralización de actividades. Los ministerios, oficinas públicas, municipalidades, profesores, trabajadores de la salud y hasta los recolectores de basura en algunas comunas se han sumado al paro laboral de mayor intensidad y alcance en los tres años de Gobierno de Bachelet, informa Manuel Délano.
Comentario:
Que bien que terminó en buenos términos la huelga.
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viernes, 21 de noviembre de 2008
jueves, 20 de noviembre de 2008
Médicos y jueces chilenos se suman a la huelga que paraliza al país.
Noticia:
El paro de los trabajadores del Estado chileno cobró nuevos bríos ayer cuando el poderoso Colegio Médico anunció una paralización de 48 horas que comenzará hoy en todos los hospitales y centros públicos de atención de salud. Jueces y funcionarios judiciales iniciaran también movilizaciones.
Después de años de baja conflictividad laboral, en que sólo hubo estallidos aislados, la masividad de las movilizaciones de los trabajadores públicos ha sorprendido a La Moneda. Con los ministerios, la recaudación de impuestos, los profesores, las aduanas, la salud y la mayoría de los servicios estatales, incluidos los jardines infantiles, paralizados en forma indefinida o sólo operando a medias, con turnos éticos o de emergencia, la estrategia negociadora del Gobierno ha fracasado.
20.000 trabajadores públicos marcharon ayer en las calles de Valparaíso y permanecieron junto al edificio del Congreso Nacional, donde los parlamentarios votarán el proyecto de reajuste del Gobierno. Las movilizaciones, hasta ahora pacíficas, han sido masivas y a nivel nacional.
Una pancarta de los manifestantes en Valparaíso se mofaba del jefe del equipo económico, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, que hace unas semanas fue premiado en una reunión del Fondo Monetario Internacional como el mejor en este cargo en América Latina. En una foto trucada aparecía vestido con uniforme militar y rodeado por otros ministros de la presidenta Michelle Bachelet, como ocurrió en muchas ocasiones en los gabienetes ministeriales de la dictadura de Pinochet.
Con un 9,9% de inflación en los últimos 12 meses y la economía creciendo menos de lo previsto, Hacienda hizo una oferta inicial de ajuste escalonado que fue como arrojar gasolina a una hoguera. Ante el rechazo que iba a tener la propuesta en el Parlamento, ayer hizo hasta tres ofertas: la última del día fue una subida del 9,5% para la práctica totalidad de los funcionarios publicos, con la excepción de los altos cargos directivos.
"La hora de la verdad"
El portavoz del Gobierno advirtió que "no hay más negociación" y "llegó la hora de la verdad" con esta última oferta y el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, dijo que no entiende a dirigentes sindicales que "están llevando a la gente a paro tras paro para defender a los sectores más ricos de la población". Según Velasco, el reajuste propuesto es "especialmente bueno dadas las difíciles circunstancias de la economía internacional".
Aunque acudieron al Congreso los ministros más influyentes de Bachelet a convencer a los parlamentarios oficialistas, no lograron ordenar las filas internas. Democristianos y socialistas anunciaron que apoyarán el reajuste, pero el Partido por la Democracia (PPD) persistió en rechazar los tramos y criticó el predominio de una "mirada tecnocrática" . Sin todos los votos oficialistas, e incluso con ellos, el proyecto de ajuste tiene por delante un camino espinoso, pues la Concertación es minoría en el Senado por las deserciones que ha sufrido.
Los sindicatos estatales, encabezados por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), apuestan no sólo a recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación, sino a lograr un reajuste real. Su negativa a la propuesta del Gobierno es, en el fondo, el rechazo a asumir una parte de los costos del ajuste al que la economía chilena, la más abierta al exterior en América Latina, se está sometiendo.
Con el apoyo de sus bases en las calles, los sindicatos estatales anunciaron que llegarán "hasta el final", mientras los del sector privado esperan la señal de nivel de ajuste salarial que aquí surja. Como la ley de reajuste salarial debe estar aprobada durante noviembre, el escaso tiempo disponible contamina el clima negociador.
Para la coalición gobernante, a un año de la elección del sucesor de Bachelet, la desafección de los trabajadores del Estado es compleja. Miles de ellos salieron masivamente hace unos años a las calles para hacer el trabajo militante de las campañas en la segunda vuelta a favor de Ricardo Lagos en el 2000 y de Bachelet en el 2006. Los mismos que ahora piden el reajuste de 14,5% y se movilizan contra el Gobierno, fueron la reserva final de cuadros que la Concertación puso en la balanza para derrotar a los candidatos de la derecha.
Comentario:
Frente a una crisis económica mundial y complicada, es oportuno preguntar ¿no hay intenciones ocultas en esta huelga?
El paro de los trabajadores del Estado chileno cobró nuevos bríos ayer cuando el poderoso Colegio Médico anunció una paralización de 48 horas que comenzará hoy en todos los hospitales y centros públicos de atención de salud. Jueces y funcionarios judiciales iniciaran también movilizaciones.
Después de años de baja conflictividad laboral, en que sólo hubo estallidos aislados, la masividad de las movilizaciones de los trabajadores públicos ha sorprendido a La Moneda. Con los ministerios, la recaudación de impuestos, los profesores, las aduanas, la salud y la mayoría de los servicios estatales, incluidos los jardines infantiles, paralizados en forma indefinida o sólo operando a medias, con turnos éticos o de emergencia, la estrategia negociadora del Gobierno ha fracasado.
20.000 trabajadores públicos marcharon ayer en las calles de Valparaíso y permanecieron junto al edificio del Congreso Nacional, donde los parlamentarios votarán el proyecto de reajuste del Gobierno. Las movilizaciones, hasta ahora pacíficas, han sido masivas y a nivel nacional.
Una pancarta de los manifestantes en Valparaíso se mofaba del jefe del equipo económico, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, que hace unas semanas fue premiado en una reunión del Fondo Monetario Internacional como el mejor en este cargo en América Latina. En una foto trucada aparecía vestido con uniforme militar y rodeado por otros ministros de la presidenta Michelle Bachelet, como ocurrió en muchas ocasiones en los gabienetes ministeriales de la dictadura de Pinochet.
Con un 9,9% de inflación en los últimos 12 meses y la economía creciendo menos de lo previsto, Hacienda hizo una oferta inicial de ajuste escalonado que fue como arrojar gasolina a una hoguera. Ante el rechazo que iba a tener la propuesta en el Parlamento, ayer hizo hasta tres ofertas: la última del día fue una subida del 9,5% para la práctica totalidad de los funcionarios publicos, con la excepción de los altos cargos directivos.
"La hora de la verdad"
El portavoz del Gobierno advirtió que "no hay más negociación" y "llegó la hora de la verdad" con esta última oferta y el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, dijo que no entiende a dirigentes sindicales que "están llevando a la gente a paro tras paro para defender a los sectores más ricos de la población". Según Velasco, el reajuste propuesto es "especialmente bueno dadas las difíciles circunstancias de la economía internacional".
Aunque acudieron al Congreso los ministros más influyentes de Bachelet a convencer a los parlamentarios oficialistas, no lograron ordenar las filas internas. Democristianos y socialistas anunciaron que apoyarán el reajuste, pero el Partido por la Democracia (PPD) persistió en rechazar los tramos y criticó el predominio de una "mirada tecnocrática" . Sin todos los votos oficialistas, e incluso con ellos, el proyecto de ajuste tiene por delante un camino espinoso, pues la Concertación es minoría en el Senado por las deserciones que ha sufrido.
Los sindicatos estatales, encabezados por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), apuestan no sólo a recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación, sino a lograr un reajuste real. Su negativa a la propuesta del Gobierno es, en el fondo, el rechazo a asumir una parte de los costos del ajuste al que la economía chilena, la más abierta al exterior en América Latina, se está sometiendo.
Con el apoyo de sus bases en las calles, los sindicatos estatales anunciaron que llegarán "hasta el final", mientras los del sector privado esperan la señal de nivel de ajuste salarial que aquí surja. Como la ley de reajuste salarial debe estar aprobada durante noviembre, el escaso tiempo disponible contamina el clima negociador.
Para la coalición gobernante, a un año de la elección del sucesor de Bachelet, la desafección de los trabajadores del Estado es compleja. Miles de ellos salieron masivamente hace unos años a las calles para hacer el trabajo militante de las campañas en la segunda vuelta a favor de Ricardo Lagos en el 2000 y de Bachelet en el 2006. Los mismos que ahora piden el reajuste de 14,5% y se movilizan contra el Gobierno, fueron la reserva final de cuadros que la Concertación puso en la balanza para derrotar a los candidatos de la derecha.
Comentario:
Frente a una crisis económica mundial y complicada, es oportuno preguntar ¿no hay intenciones ocultas en esta huelga?
martes, 21 de octubre de 2008
Huelga general que paraliza a Grecia.
Noticia:
Una huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos mayoritarios del sector público y privado ha paralizado gran parte de Grecia. Colegios cerrados, vuelos cancelados, hospitales casi vacíos ilustran el panorama al que se enfrenta desde hoy la sociedad griega con motivo de la subida de impuestos y las reformas económicas del Gobierno.
El Sindicato de Trabajadores Privados y la Unión de Empleados Civiles han convocado esta huelga de 24 horas en señal de protesta contra la política económica que consideran anti-social del Gobierno conservador Costas Karamanlis. También han convocado una manifestación en el centro de Atenas con el lema "No aguantamos más". Los manifestantes prometen continuar con las protestas en los próximos meses contra los altos impuestos, la austeridad presupuestaria, la reforma de las pensiones y las privatizaciones de las empresas estatales.
Transporte paralizado
Uno de los sectores más afectados ha sido el de transporte y especialmente la aviación civil que ha prometido llevar a cabo un paro de cuatro horas. A raíz de la privatización de la empresa Olympic Airlines, la aerolínea estatal ha suspendido 152 vuelos nacionales e internacionales, aunque los dos vuelos previstos para Madrid no han resultado afectados. Otras líneas aéreas, como Aegean Airlines, se han sumado a este paro con más de 40 vuelos cancelados.
Mientras tanto, los puertos del país permanecerán cerrados durante toda la jornada para los pasajeros y para la descarga de mercancías, al igual que el servicio de ferrocarriles y el tren de cercanías que lleva al aeropuerto en Atenas. Los servicios de autobuses, trolebuses, tranvía y Metro seguirán el paro algunas horas durante la jornada de protesta. Por su parte, los hospitales sólo darán cabida a las urgencias, mientras los colegios, bancos y redacciones de periódicos han cerrado sus puertas durante toda la jornada.
Sin acuerdo político
El primer ministro griego Costas Karamanlis, cuyo Ejecutivo se ha visto salpicado de diversos escándalos en los últimos meses, ha prometido nuevas medidas que atiendan a las quejas de los consumidores y compensen a los trabajadores de las compañías privatizadas.
Los sindicatos aseguran que las reformas emprendidas por el Gobierno conservador llevarán a 11 millones de ciudadanos a la pobreza. Según sus datos, uno de cada cinco griegos vive ahora por debajo del nivel de la pobreza ganando menos de 5.000 euros al año.
Comentario:
Si hay un descontento mayoritario, me parece que entonces el gobierno está en serios problemas.
Una huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos mayoritarios del sector público y privado ha paralizado gran parte de Grecia. Colegios cerrados, vuelos cancelados, hospitales casi vacíos ilustran el panorama al que se enfrenta desde hoy la sociedad griega con motivo de la subida de impuestos y las reformas económicas del Gobierno.
El Sindicato de Trabajadores Privados y la Unión de Empleados Civiles han convocado esta huelga de 24 horas en señal de protesta contra la política económica que consideran anti-social del Gobierno conservador Costas Karamanlis. También han convocado una manifestación en el centro de Atenas con el lema "No aguantamos más". Los manifestantes prometen continuar con las protestas en los próximos meses contra los altos impuestos, la austeridad presupuestaria, la reforma de las pensiones y las privatizaciones de las empresas estatales.
Transporte paralizado
Uno de los sectores más afectados ha sido el de transporte y especialmente la aviación civil que ha prometido llevar a cabo un paro de cuatro horas. A raíz de la privatización de la empresa Olympic Airlines, la aerolínea estatal ha suspendido 152 vuelos nacionales e internacionales, aunque los dos vuelos previstos para Madrid no han resultado afectados. Otras líneas aéreas, como Aegean Airlines, se han sumado a este paro con más de 40 vuelos cancelados.
Mientras tanto, los puertos del país permanecerán cerrados durante toda la jornada para los pasajeros y para la descarga de mercancías, al igual que el servicio de ferrocarriles y el tren de cercanías que lleva al aeropuerto en Atenas. Los servicios de autobuses, trolebuses, tranvía y Metro seguirán el paro algunas horas durante la jornada de protesta. Por su parte, los hospitales sólo darán cabida a las urgencias, mientras los colegios, bancos y redacciones de periódicos han cerrado sus puertas durante toda la jornada.
Sin acuerdo político
El primer ministro griego Costas Karamanlis, cuyo Ejecutivo se ha visto salpicado de diversos escándalos en los últimos meses, ha prometido nuevas medidas que atiendan a las quejas de los consumidores y compensen a los trabajadores de las compañías privatizadas.
Los sindicatos aseguran que las reformas emprendidas por el Gobierno conservador llevarán a 11 millones de ciudadanos a la pobreza. Según sus datos, uno de cada cinco griegos vive ahora por debajo del nivel de la pobreza ganando menos de 5.000 euros al año.
Comentario:
Si hay un descontento mayoritario, me parece que entonces el gobierno está en serios problemas.
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